Sentencia 2010-02075 de mayo 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001 0203 000 2010 02075 00

SC 5191-2014

Magistrada Ponente:

Dr. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil catorce.

Aprobado en sesión de trece de noviembre de dos mil trece

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El exequátur se erige en la vía idónea que el legislador diseñó para convalidar en territorio colombiano las sentencias judiciales y pronunciamientos afines emitidos en el extranjero, y reconocerles efectos.

Se trata, sin duda, de un mecanismo excepcional, puesto que el principio de la soberanía parte del supuesto consistente en que la administración de justicia es una función exclusiva del Estado, que además de ser independiente, carece de subordinación a jurisdicciones foráneas, como lo ha precisado la Corte al señalar que “las sentencias proferidas por jueces extranjeros no surten efectos en Colombia, a menos que, con sujeción a la legislación patria se conceda a ellas, con el lleno de los requisitos establecidos por el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, el exequátur correspondiente” (sent., ago. 12/97, Exp. 6174).

2. En esa misma línea conceptual, el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil prescribe que “las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”.

De la reciprocidad en su modalidad diplomática se ha dicho que surge “cuando entre Colombia y el país de donde proviene la decisión judicial objeto del exequátur, se ha suscrito tratado público que permita igual tratamiento en este Estado extranjero a las sentencias emitidas por jueces colombianos, de manera que como contraprestación a la fuerza que estas tengan en aquél, las suyas vinculen en nuestro territorio” (sent., sep. 25/96, Exp. 5524).

Y en relación con la reciprocidad legislativa, en ese mismo pronunciamiento la Corte destacó que ella emerge al “reconocérsele efectos jurídicos a las sentencias de los jueces colombianos por la legislación del país de donde proviene la decisión materia de exequátur, pues igual fuerza vinculante tendrán las decisiones de sus jueces en el territorio nacional, siendo entendido que esta forma de reciprocidad puede ser a su vez basada en textos legales escritos o en la práctica jurisprudencial imperante en el país del fallo objeto de exequátur”.

3. Si bien puede afirmarse, en principio, que los fallos proferidos en el exterior que declaren el divorcio del matrimonio civil son susceptibles de homologarse en Colombia, siempre que la causal que lo propició guarde afinidad con las consagradas en la legislación doméstica colombiana, o que no se oponga a normas de orden público —exceptuadas las de procedimiento—, es necesario que se cumplan en su integridad las exigencias contempladas en los artículos 694 y 695 del Código de Procedimiento Civil.

4. Con ese antecedente es preciso destacar que aunque la sentencia traída por la demandante con el ánimo de obtener su reconocimiento y lograr su eficacia en Colombia es de aquellas que declaran el divorcio de un matrimonio civil, ello,per se,no es suficiente para conceder la pretendida homologación, pues el actor tenía la carga de acreditar —con arreglo a lo prescrito en el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil— la reciprocidad legislativa o la diplomática que permitiera convalidar el pronunciamiento definitivo proveniente de los tribunales de Rótterdam, y tal requerimiento no se satisfizo.

5. En armonía con lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia según escrito visible a folio 32, quedó debidamente acreditado que no existe tratado alguno suscrito entre Colombia y el Reino de los Países Bajos sobre la materia o, dicho en otras palabras, que entre ellos no hay reciprocidad diplomática.

6. De otra parte, no obra ningún medio de convicción que demuestre que entre tales dos Estados exista reciprocidad legislativa, puesto que no hubo respuesta al oficio remitido por la Corte para efectos de recaudar la información correspondiente.

Es del caso, además, poner de presente que en pronunciamiento reciente de esta misma corporación se dejó explícito que “la parte actora no demostró que entre la República de Colombia y el Reino de los Países Bajos existiera tratado o convenio relativo al reconocimiento recíproco de las sentencias judiciales proferidas en esos Estados (reciprocidad diplomática), ni que allí se les otorguen efectos a los fallos proferidos por las autoridades nacionales colombianas (reciprocidad legislativa).

“Efectivamente, se observa, en primer lugar, que la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Corte ‘que una vez revisados los archivos de esta oficina, no se encontró acuerdo bilateral sobre esa materia en particular, celebrados entre Colombia y Países Bajos’ (fl. 79); por otra parte, se aprecia que aun cuando no se logró la traducción oficial de los documentos visibles a folios 80 a 82 del expediente, conforme lo ordenado en autos de 12 de abril de 2010 y de 12 de octubre de 2011, el cónsul general de Colombia en el Reino de los Países Bajos manifestó que según información reportada por la dirección general de legislación, administración de justicia y asistencia jurídica del Ministerio de Justicia de dicho Estado ‘no existe dentro de la legislación holandesa una ley que regule la reciprocidad en materia de exequátur para sentencias de jueces extranjeros’” (sent., dic. 19/2012, Exp. 2006-01448-00).

En el mismo sentido, véanse sentencias de 19 de octubre de 2009, Expediente 2003-22265-2 y Expediente 2003-00065-02, de 19 de diciembre de 2012, Expediente 2006-01448-00 y de 17 de enero de 2014, Expediente 2007-01997-00.

7. Ante la situación planteada, esto es, dada la ausencia de la reciprocidad necesaria para conceder el exequátur solicitado, forzoso resulta concluir que la convalidación debe negarse, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta sentencia.

Decisión

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

1. NEGAR la solicitud de exequátur que formuló la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX respecto de la sentencia proferida el 23 de junio de 1997 por la Quinta Sala de lo Civil del Tribunal de Distrito Judicial de Rótterdam, Reino de los Países Bajos, que declaró el divorcio del matrimonio contraído por ella con el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2. Sin costas en la actuación.

Notifíquese».