Sentencia SC5208-2017/2013-01881 de abril 18 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC5208-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2013-01881-00

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Alonso Rico Puerta

(Discutido en sesión de primero de marzo de dos mil diecisiete)

Bogotá, D. C., dieciocho de abril de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. En razón de haberse formulado el presente recurso de revisión en vigencia del anterior ordenamiento procesal, de acuerdo con el artículo 624 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para resolverlo se aplicarán en lo pertinente las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

2. El citado medio de impugnación extraordinario, autoriza proponerlo el artículo 379 ibídem contra las sentencias ejecutoriadas, debiendo fundarse en alguna de las causales expresamente consagradas en el canon 380 del señalado ordenamiento procesal e incoarse dentro de los términos previstos en el artículo 381 ídem.

Se estima que el aludido recurso constituye una garantía de justicia, toda vez que de alcanzar prosperidad y dependiendo del motivo legal en que se haya fundado, es factible aniquilar la decisión injusta, o asegurar el ejercicio del derecho de defensa cuando haya sido seriamente quebrantado, o preservar el instituto de la cosa juzgada.

En cuanto a la finalidad de la mencionada impugnación extraordinaria, en sentencia CSJ SC, 30 sep. 1999, rad. Nº 6464, se indicó:

“[…] ‘el recurso de revisión es un remedio extraordinario que la ley concede para atacar precisamente la fuerza de cosa juzgada material atribuible a una determinada sentencia, o por mejor decirlo al pronunciamiento jurisdiccional en ella contenido, cuando éste último de manera notoria hiere la garantía de la justicia o es producto de un proceso seguido con manifiesto quebranto del derecho de defensa’ (sentencia 3479 10 de junio de 1993).

De las anteriores características se desprende que el recurso de revisión no constituye una instancia adicional del proceso, cerrado como está en virtud de la sentencia cuyo ataque se impetra por vía de revisión. Y de allí se deduce con claridad, que él no está instituido para replantear el debate, mejorar la prueba o presentar los argumentos de modo más explícito u ordenado. Se ha dicho, en efecto, que ‘no es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relación ni tampoco hay lugar a la fiscalización de las razones fácticas y jurídicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y específicas que, constituyendo verdaderas anomalías, condujeron a un fallo erróneo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez más la revisión no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, según se dejó apuntado, el que se llegó a una definitiva situación de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que sólo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las anómalas circunstancias que en ‘numerus clausus’ y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad indica el Art. 380 recién citado" (sentencia 029 del 25 de julio de 19971)”.

Acerca de algunos otros aspectos que caracterizan el señalado medio de impugnación, la Corte en el fallo CSJ SC, 3 sept. 2013, rad. n° 2010-00906-00, sostuvo:

“En virtud de las características que posee el aludido recurso, el juez no puede ocuparse oficiosamente de la acreditación de los hechos alegados para fundarlo; como lo ha explicado esta Corte, ‘corre por cuenta del recurrente la carga de la prueba, de modo que le corresponde demostrar que efectivamente se presenta el supuesto de hecho que autoriza la revisión de la sentencia, compromiso que sube de tono si se tiene en cuenta que el presente es un recurso extraordinario y que, con su auxilio, se pretende socavar el principio de la cosa juzgada formal’. (…)”(1).

3. En cuanto al motivo de revisión, como se indicara, corresponde a la causal sexta del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, el cual se configura por “[h]aber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente”.

La expresión “colusión” presupone la existencia de un pacto ilícito de las partes en daño de un tercero y de acuerdo con ello podría originarse -por ejemplo- en la acción concertada entre demandante y demandado para perjudicar o causarle daño a ese tercero; en tanto que por “maniobra fraudulenta” cabe entender, aquellas actuaciones engañosas o falaces representativas de una mentira disfrazada con artificio, la cual en el proceso podría provenir de una parte en perjuicio de la otra y como lo ha señalado la Corte, “significa entonces todo proyecto o asechanza oculta, engañosa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin”(2).

Esta corporación en el fallo CSJ SC, 3 sep. 2013, Rad. n° 2010-00906-00, respecto del citado motivo de revisión en lo pertinente sostuvo:

“Para la configuración de esta causal urge, pues, que ‘los hechos aceptados por el juzgador para adoptar la decisión impugnada, no se ajusten a la realidad porque fueron falseados, a propósito, por alguna de las partes intervinientes en el proceso, mediante una actividad ilícita y positiva que persigue causar un perjuicio a la otra o a terceros; hechos fraudulentos que deben quedar plenamente probados en el recurso, por cuanto, en desarrollo del principio de la buena fe, se presume que el comportamiento adoptado por las personas está exento de vicio’ […]”(3).

Así mismo en la Sentencia CSJ SC, 30 oct. 2007, Rad. n° 2005-00791-00, se precisó:

“Con insistencia ha precisado la jurisprudencia que para la estructuración de este específico motivo de revisión es indispensable el concurso simultáneo de los siguientes factores: a) que exista colusión de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con entidad suficiente para determinar el pronunciamiento de una sentencia inicua; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; y, c) que tales circunstancias no hayan podido alegarse en el proceso.

Ha de tenerse en cuenta que colusión y maniobra fraudulenta no corresponden a idénticas conductas susceptibles de ser confundidas; por esa razón, el legislador al consagrar la causal de revisión aquí invocada, cuando utilizó los términos ‘colusión u otra maniobra fraudulenta’, con la primera quiso aludir a una especie de la segunda. En efecto, la colusión, como su acepción idiomática lo indica, exige un conciliábulo enderezado a causar perjuicio a un tercero, mientras que en la maniobra fraudulenta no es indispensable la presencia de tal pacto avieso. Esta última puede corresponder a la estrategia procesal de una de las partes encaminada a disfrazar la realidad procesal en pos de engañar al juzgador y hacerlo incurrir en error para obtener por esa senda una sentencia que, al no amoldarse a la realidad fáctica, es decir, a la verdad, indudablemente vendrá a ser injusta y, por tanto, susceptible de invalidar, tras la prosperidad de la pretensión formulada a través del recurso extraordinario de revisión”.

Igualmente, en el fallo CSJ SC, 11 jul. 2000, Rad. n° 7074, con relación a las “maniobras fraudulentas” se dijo:

“Conviene recordar acerca del alcance de las denominadas maniobras fraudulentas, que la Corte ha dicho que ‘[…] comportan una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación torticera, una maquinación capaz de inducir a error al juzgador a proferir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultación de los mismos parcialmente, por medios ilícitos; es, en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia’ […]”(4).

4. En el presente caso, la causal de revisión en estudio se adujo estructurada con base en las siguientes circunstancias atribuidas al demandante en pertenencia Noé del Carmen Salgado Monroy, las cuales se calificaron como fraudulentas: (i) invención de una posesión contraria a la realidad, en tanto “no fue única y exclusiva”; (ii) emplear testigos “[…] ‘conestados (sic), entrenados, dirigidos, preparados y acomodados’” para que rindieran declaraciones “engañosas” y; (iii) afirmar el desconocimiento de la propietaria del inmueble, cuando sabía de la existencia del proceso penal adelantado en contra de aquella.

De igual forma, se argumentó que el móvil se hallaba edificado por la deficiente valoración probatoria del tribunal, cuando en su sentencia de segunda instancia, revocatoria del fallo del a quo y estimatoria de la pretensión de usucapión, pretermitió apreciar las manifestaciones del reclamante en la inspección judicial practicada como prueba anticipada el 16 de febrero de 1999, en donde reconoció que su posición se reducía a 10 años.

Siguiendo los lineamientos sentados en precedencia, ninguna de las situaciones invocadas por la recurrente tienen la entidad o idoneidad de configurar ‒ni siquiera en el plano simplemente afirmativo‒, la causal sexta del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, siendo suficiente para sostener tal aserto, destacar la falta de exposición concreta y certera del “proyecto o asechanza oculta, engañosa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin” que se endilga al promotor del proceso de usucapión.

4.1. Auscultada la sustentación respectiva, puede advertirse como la misma en lugar de dar cuenta de las conductas específicas realizadas con fraude, enuncia una suerte de discrepancias con la valoración probatoria del ad quem, las que luego contrasta con su propia postura, para finalmente calificar como maniobras fraudulentas, a la divergencia inferida entre tales extremos.

Semejante ejercicio intelectual, obliga a concluir que el cargo tiene por exclusivo cimiento las especulaciones de la parte vencida derivadas de su inconformidad con lo resuelto.

Además y como consecuencia lógica de la mentada deficiencia reveladora del carácter inconsistente del recurso, se tiene que ninguna demostración eficiente de la supuesta maquinación fue obtenida en el presente trámite.

A tono con lo decantado, resulta de recibo memorar que el recurso extraordinario de revisión, repele todo propósito de simple replanteamiento de la cuestión probatoria y jurídica, y por ello le es propio «evitar que el debate pueda ser reabierto de cualquier manera, so pretexto de volver la mirada a la prueba para intentar un nuevo y mejor escrutinio de ella, o para reclamar una más aguda o perspicaz interpretación de la ley, cosa que siempre será posible como hipótesis, pero que es insuficiente por sí, para desquiciar el valor de una solución hallada con la genuina participación de todos los sujetos del proceso, decisión que repítase, es por regla general inexpugnable. (CSJ SC, 29 ago. 2008, Rad. 2004-00729, reiterada en SC8448-2016, 24 jun., rad. 2010-01759).

4.2. La simple verificación de la inexistencia de aseveración específica en el escrito de demanda sobre las condiciones de tiempo, lugar y modo de la actividad ilícita y positiva denunciada, conduce al fracaso de la impugnación extraordinaria, en tanto tal escenario supone la falta de sustrato fáctico a confirmar para desvirtuar la presunción de buena fe que recae sobre el comportamiento de las personas.

No obstante, conviene recalcar que con insistencia se ha exigido que la maquinación propia de la causal alegada corresponda al ámbito extraprocesal, aunque con directa incidencia en la definición del juicio, resultando impertinente cualquier nueva formulación de actuaciones suscitadas o atendidas al interior de dicho escenario.

Esta Sala concretamente ha reclamado que la situación calificada como maniobra fraudulenta “resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de él, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, o que pudieron serlo, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir que al juez de revisión se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio” (CSJ AC, 18 Dic. 2006, Rad. 2003-00159).

Tan básico presupuesto se extraña en el presente caso, donde aspectos como la fidelidad de los testimonios recaudados, el carácter exclusivo de la posesión habilitante de la declaración de pertenencia, la valoración de la inspección judicial extraprocesal y la precisa determinación de las personas llamadas por el derecho sustancial a oponerse a la pretensión, no sólo pudieron ser discutidas, sino que efectivamente merecieron debate en las respectivas instancias, tal cual consta en los respectivos fallos de primer y segundo grado, último de los cuales, incluso, intentó refutarse por vía de casación cuya demanda inadmitiera esta Corporación en proveído del 24 de octubre de 2011.

4.3. Junto a lo anterior, especial mención merece la constante alusión a la defraudación por ocultamiento del supuesto de coposesión que padecía el bien inmueble y donde según se sostiene, era protagónica la participación del progenitor del demandante, Moisés Salgado.

Sobre dicha acusación, es necesario reseñar de forma armónica con los raciocinios precedentes, que la exclusividad en la posesión es un tema propio de la controversia suscitada en el proceso censurado; por ello, no es admisible que luego por vía de esta impugnación extraordinaria, trate de renovarse la estrategia defensiva con elementos y perspectivas que no fueron oportunamente propuestas en las instancias.

Ciertamente, la mentada coposesión es circunstancia propia de la desacreditación del carácter exclusivo de la tenencia material acompañada del ánimo de señor y dueño que reclamó el pretensor y cuya invocación no se revela efectuada en ninguna de las distintas oportunidades de contradicción, tales como la contestación y los alegatos de conclusión en ambas instancias.

En este sentido, dicho aspecto del cuestionamiento resulta novedoso e injustificado en tanto refiere a acontecimientos previos al proceso y que necesariamente debían conocerse y aducirse en el mismo, sin que se haya cumplido carga alguna encaminada a excusar su retardada invocación. Sobre tal particular se ha precisado:

“aunque la norma no lo diga expresamente, constituye requisito inherente a dicha causal que las maniobras fraudulentas se hayan conocido con posterioridad al pronunciamiento del fallo impugnado, toda vez que es obvio que de haberse notado su presencia con anterioridad al mismo, ese discernimiento habría permitido la utilización de los medios de impugnación ordinarios que, en modo alguno, pueden ser suplidos por el recurso extraordinario de revisión” (CSJ AC, 13 Oct. 2011, Rad. 2011-02100-00, reiterado en AC4489-2014, 5 ago., 2014-00366-00).

Se agrega que en todo caso, la prosperidad de la causal, al amparo de un evento como el que se viene analizando, no sólo exige una adecuada formulación y fehaciente acreditación, sino que junto a ello es preciso que el demandante en revisión exhiba un interés actual, serio, concreto y subjetivo, en tanto que la previsión normativa correspondiente exige que la maniobra fraudulenta debe generar agravio directo en el impugnante, a tono con lo cual establece la fórmula “siempre que haya causado perjuicios al recurrente”.

5. Las razones expuestas conducen inexorablemente a desestimar la impugnación extraordinaria, por lo que de conformidad con el inciso final del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, se condenará a la recurrente en costas y perjuicios, efectuándose la liquidación de aquellas de acuerdo con el artículo 393 ídem y el de estos mediante trámite incidental, garantizándose su pago con la caución prestada hasta el monto de la suma asegurada.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión formulado por la Asociación Amigos de Lubavitch, frente a la sentencia de 14 de enero de 2011 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de declaración de pertenencia promovido por Noé del Carmen Salgado Monroy contra Luz Marina Orjuela Beltrán, al que se citó a la recurrente para integrar el contradictorio.

2. CONDENAR a la recurrente al pago de las costas y perjuicios causados por el trámite de este asunto, cuyo pago se podrá hacer efectivo con la caución prestada hasta el monto de la suma asegurada. En la liquidación de dichas expensas procesales, inclúyase por concepto de agencias en derecho, la suma de tres millones de pesos ($3’000.000).

3. DEVOLVER, en su oportunidad, el expediente al juzgado del conocimiento, agregándole copia del presente fallo y archivar la actuación adelantada en esta corporación.

Cópiese y notifíquese».

1 Se elimina subrayado del texto original.

2 G.J. tomo CLXV, pág. 27, reiterada en sentencias de 11 de marzo de 1994, 3 de septiembre de 1996, entre otras.

3 Se hace alusión a las sentencias de 3 de octubre de 1999 y 14 de diciembre de 2000, Exp. 7269. Se elimina el subrayado en del texto original.

4 Menciona el fallo de 30 de junio de 1988.