Sentencia SC5516-2016 de abril 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Álvaro Fernando García Restrepo

SC5516-2016

Rad.: 08001-31-03-008-2004-00221-01

(Aprobado en sesión de 24 de noviembre de 2015)

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016)

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante CÉSAR ULISES LAFAURIE HENRÍQUEZ, frente a la sentencia del 18 de abril de 2012, dictada por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario que él promovió en contra del BANCO POPULAR S.A.

ANTECEDENTES

1. En el escrito introductorio, que obra del folio 1 al 8 del cuaderno principal, se formularon como pretensiones, en síntesis, las siguientes:

1.1. Declarar que entre las partes se celebró un “contrato de compraventa, bajo la modalidad de martillo o licitación privada, sobre el Lote Nº 57”, que se materializó en la subasta realizada en la ciudad de Santa Marta, el 7 de mayo de 2004.

1.2. Declarar que dicho contrato fue cumplido por el actor, quien como comprador, pagó el precio convenido; e incumplido por la demandada, enajenante que “no entreg[ó] al rematante (...) la cosa vendida”.

1.3. Declarar que el BANCO POPULAR S.A., como consecuencia de dicho incumplimiento, es “civilmente responsable de los perjuicios materiales, que incluye[n] el daño emergente y [el] lucro cesante, así como [de los] morales ocasionados al Sr. CÉSAR ULISES LAFAURIE HENRÍQUEZ”.

1.4. Imponer las costas del proceso al accionado.

2. En sustento de tales solicitudes, se adujeron los hechos que pasan a indicarse:

2.1. Mediante aviso de prensa, la nombrada institución financiera publicitó la almoneda, entre otros, del “Lote de Equipo Fluvial # 57”, compuesto por: “CASA FLOTANTE DE DOS ESTRUCTURAS[,] PLANCHÓN, CONO, ESTRUCTURA, TRÍAS, CASETA, WINCHE, TANQUE, GANCHO [y] MARTILLO DE MARINETE”.

2.2. Esos artefactos le fueron adjudicados al actor, como mejor postor, en diligencia verificada el 7 de mayo de 2004, por la suma de $ 14.614.200.oo, que él pagó mediante consignaciones que efectuó los días 6 y 12 del mismo mes.

2.3. En razón de dicha adquisición, el señor Lafaurie Henríquez, con fecha 17 y 18 también de mayo de 2004, realizó las siguientes gestiones: mediante carta dirigida a la Inspección Fluvial de Magangué, autorizó al señor Rafael Machado Baños para retirar de allí los bienes comprados, puesto que se encontraban en los patios de esa dependencia; contrató al señor Alfredo Herazo para su arreglo, adecuación y cargue; y le ordenó al capitán del remolcador “BARRANCABERMEJA” que se trasladara desde Puerto Gamarra, Cesar, al mencionado municipio, “con el fin de transportar hasta Barranquilla, el lote # 57 adjudicado”.

2.4. El 18 de mayo, en las horas de la tarde, la empleada del banco Nancy Ossa Maestre, le comunicó telefónicamente al demandante que “(...) ‘no podía hacerse la entrega efectiva del bien..., por haber problemas con los paramilitares y otras personas de la región que imposibilitaban la entrega’ y que en consecuencia, devolviera el ACTA DE ADJUDICACIÓN Nº 400-040025 por valor de $ 14.614.200.00”, manifestación en frente de la cual éste le expresó a aquélla, “que ya había procedido a enviar un remolcador por el Lote # 57 y que había contratado un personal que ya se había traslado a Magangué”.

2.5. No obstante lo anterior, “[a]nte la insistencia de la funcionaria del BANCO POPULAR de romper en forma abrupta e inesperada el negocio jurídico (...)” y de su “vehemente” afirmación “de que bajo ninguna circunstancia se haría la entrega de los bienes, porque se dio una orden por escrito en tal sentido, al demandante no le quedó otra opción que devolver el acta de adjudicación, a lo que procedió mediante comunicaciones escritas del 18 y 19 de mayo de 2004”.

2.6. El día siguiente —20 de mayo—, el gestor del litio dirigió una carta a la gerencia del banco en Barranquilla, en la que le advirtió que el recibo, por su parte, de la suma de $ 14.614.200,oo, que había pagado como precio de los bienes, no implicaba su renuncia a la reclamación de los perjuicios ocasionados.

2.7. En esa misma fecha, según certificación del inspector fluvial de Magangué, se hizo presente en la oficina a su cargo, el señor Antonio Sotomayor Goez, capitán del remolcador “Barrancabermeja”, con el fin de recoger los bienes adjudicados al señor Lafaurie Henríquez, los cuales, atendiendo la orden escrita del 18 de mayo de 2004, impartida por el señor David Salamanca Rojas, de la Gerencia del Martillo del Banco Popular, no le fueron entregados.

2.8. Pese a las conversaciones que adelantaron el actor y el señor Jaime Henao López, en representación de la presidencia de banco, con el propósito de encontrar solución a la reclamación de perjuicios formulada por el primero, la entidad se negó al pago de los mismos.

2.9. El daño material del demandante está representado en los siguientes rubros y valores, sin perjuicio de otros que resulten probados en el proceso:

a) Transporte fluvial en la [r]uta Gamarra - Magangué / Magangué - Barranquilla; o Gamarra - Magangué / Magangué - Gamarra, por valor de $ 32.000.000.00. 

b) Anticipo pagado al contratista para el trabajo de arreglo y adecuación de los bienes adjudicados (...), por $ 1.500.000.00. 

c) Los intereses de los dineros consignados en el BANCO POPULAR los días 6 y 12 de mayo de 2004 hasta la fecha de su devolución. 

d) Las (...) ganancias futuras frustradas, motivadas por el incumplimiento en la entrega de los bienes adquiridos en licitación privada, que tasamos en m[á]s de $ 40.000.000.00. 

2.10. La demandada subastó el 26 de septiembre del año en cita el mismo lote de bienes, por la suma de $ 40.500.000.oo.

3. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, al que le correspondió por sorteo conocer el asunto, admitió la demanda con auto del 19 de octubre de 2004(1), que notificó personalmente al banco, por intermedio de su apoderada general, en diligencia verificada el 9 de diciembre del mismo año(2).

4. En tiempo, la accionada contestó el libelo introductorio, escrito en el que se opuso a sus pretensiones, se pronunció de distinta manera sobre los hechos en que se apoyaron las mismas y formuló, con el carácter de meritoria, la excepción que denominó ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, sustentada en el provecho indebido que el actor pretendía obtener de los contratos de transporte y arreglo de los bienes que adquirió, que celebró con terceros(3).

5. Rituada la instancia, la señalada oficina judicial le puso fin con sentencia del 11 de febrero de 2011, en la que accedió a las pretensiones, pero solamente en lo que respecta al daño emergente reclamado, que fijó en la suma de $ 23.931.369.oo, junto con los intereses moratorios a la tasa más alta certificada por la Superintendencia Financiera. Aparejadamente, reconoció prosperidad parcial a la excepción de “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA”, en cuanto hace al “lucro cesante” solicitado(4).

6. Ambas partes apelaron el fallo del a quo. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, mediante el suyo, que data del 18 de abril de 2012, lo revocó para, en su defecto, negar la totalidad de las pretensiones del libelo introductorio e imponer al promotor de la controversia, el pago de las costas en las dos instancias(5).

LA SENTENCIA DEL AD QUEM 

Para arribar a la decisión desestimatoria que produjo, dicha autoridad, en concreto, invocó las siguientes razones:

1. De los hechos consignados en la demanda, de la aceptación que de la mayoría de ellos hizo el banco en la contestación, de los documentos allegados con esas actuaciones, de los inspeccionados en diligencia practicada en el curso del proceso y del testimonio de la señora Nancy Ossa Martínez, “no hay la menor duda sobre la realización de la venta en pública subasta de una serie de bienes que luego no fueron entregados al actor por la negativa del banco, conforme a su aserto”.

2. Pese a lo anterior, habida cuenta la conducta que asumieron las partes luego de la realización de dicho negocio jurídico, “NO puede llegarse a la fácil conclusión de que en este evento existió un mero y simple incumplimiento del vendedor al decidir unilateralmente no entregar las mercancías enajenadas”, puesto que lo ocurrido, en verdad, fue “la realización por parte del Banco de una propuesta de proceder a la resolución voluntariamente convenida del contrato (...), donde el comprador aceptó, casi que inmediatamente, al retorno del acta de adjudicación de bienes respectiva y que se le reintegrara, a través de una persona jurídica designada por él, la suma de $ 14.614.200.00 pagada como precio de esos bienes”.

3. En apoyo de la anterior inferencia, el tribunal puso de presente que tanto en la demanda, como en el testimonio rendido por la ya citada Nancy Ossa Maestre, se indicó, aunque con diferencia de fechas, que esta última contactó al actor y le solicitó devolver el “acta de adjudicación”, lo que él hizo, por escrito, al “muy poco tiempo (la misma tarde del 18 —en versión del actor— o de la tarde del 17 a la mañana del 18 —en la versión de la declarante—)”.

Añadió que en la comunicación con la cual el accionante realizó dicha gestión, fechada el 18 de mayo de 2004, aquél “NO dejó constancia de un condicionamiento o reserva en el consentimiento dado a esa resolución del contrato”; que tampoco se pronunció en tal sentido, en la carta que remitió al banco al día siguiente, con el propósito de cambiar los datos de la cuenta en donde debía consignarse, para su retorno, el dinero pagado como precio; y que fue sólo “a partir del tercer día, en su misiva del día 20 de ese mismo mes y año, donde com[enzó] a modificar su conducta al manifestar que: ‘la aceptación de esta devolución de lo cancelado $ 14.614.200 no implica que se renuncie a eventuales reclamaciones por perjuicios ocasionados por el incumplimiento referido’”.

4. Enseguida, el ad quem puntualizó, de un lado, que debe “entenderse que el señor César Lafaurie, en principio, aceptó los términos iniciales en los cuales el Banco le manifestó su imposibilidad de cumplir con lo contratado, es decir con la mera devolución del dinero anteriormente recibido como pago del precio de esos bienes; acordada así esa disolución de la venta ha de entenderse que la ‘resolución de ese contrato’ terminó siendo de ‘mutuo acuerdo’”.

Y, de otro, que “[d]e la redacción del hecho onceavo de la demanda, se extrae el reconocimiento de tal situación, al señalarse que inicialmente el actor puso reparos a la ‘ruptura’ de la negociación pero que terminó accediendo a ella ante la insistencia de la funcionaria del Banco”, relato fáctico que transcribió.

5. En tal orden de ideas, el tribunal, en definitiva, concluyó que “no es procedente en el presente caso acceder a las pretensiones ‘declarativas’ numeradas uno y dos del memorial de la demanda, en las cuales se pretende el reconocimiento de que la negociación celebrada entre las partes terminó por una conducta unilateral e injustificada del Banco Popular y en consecuencia de ello no es posible acceder a la concesión de las indemnizaciones que se pretenden se deriven de esa conducta”.

LA DEMANDA DE CASACIÓN(6) 

Contiene tres cargos, de los cuales la Corte, en el auto del 11 de septiembre de 2013(7), sólo admitió a trámite el primero, al que, por ende, circunscribirá la Sala su estudio, en aras de la definición del recurso extraordinario que ahora ocupa su atención.

CARGO PRIMERO

Con respaldo en la causal inicial del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se denunció la sentencia de segunda instancia por ser indirectamente violatoria de los artículos 63, 1602 a 1605, 1608, numeral 2º, y 1613 del Código Civil, así como de los artículos 870, 871, 924, 925, 928 y 942 del Código de Comercio, por error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda, de su contestación y de otras pruebas determinadas”.

1. Extractados los diversos reproches que, a lo largo de la acusación, en forma dispersa, el censor formuló, se establece que éste, en definitiva, le endilgó al ad quem la comisión de los siguientes yerros:

1.1. Errada apreciación del hecho once de la demanda, toda vez que la Corporación sentenciadora entendió que allí el accionante reconoció la celebración de una convención “orientad[a] a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato”, cuando lo realmente expresado allí fue que “al actor no le quedó otra opción que devolver el acta de adjudicación y reclamar su dinero, porque la funcionaria del Banco dijo vehemente y categóricamente que NO IBA A HABER ENTREGA (...). No hubo la propuesta por parte del banco, hubo una exigencia, todo el tiempo hubo una exigencia de que devolviera el Acta, porque los bienes comprados no se iban a entregar”.

1.2. Indebida ponderación del testimonio de la señora Nancy Ossa Maestre, que reprodujo en lo pertinente, puesto que en él, “por ninguna parte[,] se aprecia que la demandada hubiese propuesto una terminación o resolución del contrato por mutuo acuerdo, ni que hubiese existido una insinuación por parte del Banco en tal sentido: los términos fueron impositivos, (...). El banco tomó, de manera unilateral y arbitraria, la decisión de anular el remate y en consecuencia exigió la devolución del Acta, el demandado (sic) ‘debía’ proceder en tal sentido. Del tenor de la declaración no se observa, ni es posible inferir, que el banco le dejara al actor la opción o facultad de devolver el acta. No[,] por el contrario, él ‘debía’ devolver el acta. Luego si el comprador no tenía la facultad de actuar en un sentido u otro, no es posible concluir, lógicamente, que hubo propuesta de terminar el contrato por mutuo acuerdo, o de resolverlo por mutuo acuerdo”.

1.3. Preterición del escrito de contestación de la demanda, especialmente en lo tocante con la respuesta que se dio a los hechos 11, 12, 13 y 19 del libelo introductorio y con algunos de los planteamientos esgrimidos en sustentó de la excepción allí propuesta, toda vez que de tales manifestaciones se desprende prueba de confesión proveniente del banco, respecto de su incumplimiento contractual.

Adelante, en relación con el último hecho mencionado —19—, el censor advirtió que si la entidad no se consideraba responsable de los perjuicios irrogados al actor como consecuencia de haberse sustraído a atender sus deberes contractuales, no es lógico que en la carta 902-02608-04 que le envió, le hiciera “oferta de pago explícita” del valor del flete por el “trayecto Gamarra-Magangué” y de “los intereses causados sobre los dineros consignados por el actor”.

1.4. Desconocimiento de los siguientes documentos:

1.4.1. Carta “calendada el 18 de [m]ayo de 2004, suscrita por el Sr. DAVID SALAMANCA ROJAS, Analista Técnico Pregonero, de la ‘GERENCIA DEL MARTILLO, ventas ágiles, compras seguras’, (...) dirigida al Doctor Sergio Coll Jiménez, inspector fluvial Magangué, del MINISTERIO DE TRANSPORTE”, cuyo contenido a continuación reprodujo (fl. 28, cdno. 1).

1.4.2. Oficio MT-4127-2-000079 del 20 de mayo de 2004, que el nombrado Inspector le remitió al actor, donde le expresó la imposibilidad en que se encontraba para atender la solicitud de entrega de los bienes conformantes del “Lote # 57” del remate verificado por el martillo del Banco Popular, debido a la instrucción impartida precisamente en la comunicación precedentemente relacionada (fl. 27, cdno. 1).

1.4.3. Las “CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN MARTILLOS”, en concreto, las “NORMAS DE ÉTICA” previstas en el “aparte segundo”, que reprodujo en lo que estimó necesario (fl. 102, cdno. 1).

2. En sustento de la acusación, el recurrente además señaló:

2.1. Conforme a la doctrina de esta Corporación, al interpretar una demanda, los sentenciadores de instancia deben proceder “con criterio jurídico y no mecánico, de modo racional, lógico, y científico, amén de ceñido a la ley”, aserto que sustentó con transcripción parcial de un pronunciamiento de la Corte.

2.2. En el escrito generador de esta controversia, no se hizo la más mínima referencia a la terminación por mutuo acuerdo del contrato celebrado por las partes, sino a su incumplimiento, por la no entrega de los bienes enajenados, que quedó comprobado con la confesión proveniente de la entidad demandada.

2.3. En todos los casos de incumplimiento contractual, hay lugar al resarcimiento de los perjuicios irrogados con esa conducta, como lo establecen los artículos 925 y 942 del Código de Comercio.

2.4. Buena parte de las normas que al inicio de la censura denunció como quebrantadas, que reprodujo y comentó espaciadamente.

3. Al cierre, concluyó, en primer lugar, que de “los hechos analizados se desprende que la sociedad bancaria demandada, actuó con culpa grave, que en materia civil equivale a dolo”, toda vez que “sacó a la venta, en pública subasta[,] unos bienes sobre los cuales no había recibido orden de vender. O sea, A SABIENDAS, ofreció por medio de prensa, realizó la diligencia de remate y recibió el pago de unos bienes que no estaba autorizado para vender, de hecho esto significa que engañó al público ofreciendo en venta pública bienes que ni le pertenecían[,] ni estaba autorizado para vender, no actuó con la debida trasparencia que pregona en sus documentos. Y que (...) en la etapa final, no entregó”.

Y, en segundo término, que “[c]omo consecuencia directa de esta conducta”, el banco demandado “es responsable de todos los perjuicios” que se derivaron “de no haberse cumplido la obligación”.

4. Pidió casar el fallo combatido y que, en su reemplazo, se efectúen las declaraciones y condenas reclamadas en la demanda introductoria del proceso.

CONSIDERACIONES

1. El fundamento toral del fallo desestimatorio adoptado por el Tribunal, consistió en que la terminación del contrato celebrado por las partes se produjo por mutuo acuerdo de ellas, y no por incumplimiento, toda vez que el banco, como vendedor, ante la imposibilidad de hacer entrega de los bienes enajenados, le propuso a aquél finiquitar dicho negocio jurídico de esta manera, lo que el señor Lafaurie Henríquez aceptó casi de inmediato, pues ahí mismo devolvió el “acta de adjudicación” y autorizó el reintegro de la suma que había pagado por concepto del precio, inferencia fáctica a la que dicha corporación arribó con base, fundamentalmente, en el hecho once de la demanda y en el testimonio de la señora Nancy Ossa Maestre.

2. Al confrontar tal deducción fáctica, con los referidos elementos de juicio, así como con los demás medios de convicción que el censor señaló como preteridos, se establece la incursión por parte del ad quem en los desatinos fácticos que se le enrostraron, como pasa a analizarse:

2.1. Hecho once de la demanda.

2.1.1. Reza el mismo:

Ante la insistencia de la funcionaria del BANCO POPULAR de romper en forma abrupta e inesperada el negocio jurídico que se había iniciado entre el BANCO POPULR (sic) S.A. y el actor, y de manifestar de forma vehemente, que bajo ninguna circunstancia, se haría entrega de los bienes, porque se dio una orden por escrito en tal sentido, al demandante no le quedó otra opción que devolver el acta de adjudicación, a lo que procedió mediante comunicaciones escritas del 18 y 19 de mayo de 2004(8).

2.1.2. Siendo ese su contenido, resulta manifiesto el yerro que en relación con su interpretación hizo el tribunal, para deducir de tal exposición, por un lado, que el banco le propuso al aquí accionante la terminación del contrato por mutuo acuerdo y, de otro, que éste último aceptó esa oferta voluntariamente.

2.1.3. Como de la simple lectura de dicho relato fáctico se desprende, apreciado en el contexto que le corresponde, esto es, la demanda misma, lo que allí se plasmó fue lo siguiente:

a) En primer lugar, que el banco, por intermedio de su empleada Nancy Ossa Maestre, informó al demandante su determinación de no entregar los bienes conformantes del “Lote # 57”, que él había adquirido en la diligencia del 7 de mayo de 2004, y lo requirió para que devolviera el “acta de adjudicación”, a efecto de poder reembolsarle la suma de dinero que pagó como precio.

b) Y, en segundo término, que ante la firmeza de esa decisión, “no le quedó otra opción” al señor Lafaurie Henríquez que entregarle al banco la indicada acta, lo que hizo por mediante comunicaciones fechadas el 18 y 19 de mayo del año en cita.

2.1.4. En suma, debe descartarse que en el libelo introductorio, en ese hecho o en algún otro, se admitió que el banco, a través de la llamada telefónica que hizo doña Nancy Ossa Maestre, le propuso al actor consentir en la terminación del contrato de compraventa entre ellos celebrado recibiendo a cambio, únicamente, el dinero que había pagado como precio; y, más aún, que aquél aceptó voluntariamente tal oferta, pues como ya se reseñó, lo que se dijo fue algo bien distinto, esto es, que ante la absoluta imposibilidad de que le entregaran los bienes que había comprado, el demandante no tuvo otro camino que devolver el “acta de adjudicación” y aceptar que le reintegraran la suma de dinero correspondiente al precio.

2.1.5. De consiguiente, erró de facto el Tribunal cuando, luego de afirmar que “la ‘resolución de ese contrato’ terminó siendo de ‘mutuo acuerdo’”, estimó que “[d]e la redacción del hecho onceavo de la demanda, se extrae el reconocimiento de tal situación, al señalarse que inicialmente el actor puso reparos a la ‘ruptura’ de la negociación pero que terminó accediendo a ella ante la insistencia de la funcionaria del Banco”.

2.2. Testimonio de la señora Nancy Ossa Maestre, recepcionado en diligencia del 27 de julio de 2006(9).

2.2.1. La deponente, en forma espontánea, relató:

S[í] conozco al señor C[É]SAR LAFAURIE, en varias ocasiones lo atendí en el Banco Popular donde yo soy empleada, del proceso conozco realmente desde que se inici[ó], es relacionado con la venta a través de un remate comercial del Banco Popular de una casa flotante del Ministerio de Transporte Fluvial (sic) que se realiz[ó] el 7 de mayo de 2004, el 17 de mayo me llaman de la Gerencia del Martillo a informarme que la venta de la casa flotante se iba a hacer la anulación del bien rematado, me causó sorpresa porque mientras yo había manejado el martillo se había presentado, inmediatamente me puse en comunicación con el señor LAFAURIE que fue el adjudicatario del bien para comunicarle que el bien rematado se iba a anular por lo tanto se le iba a hacer la devolución del dinero y para efectuar el desembolso o esa devolución debía presentarme el acta original y la copia de la entidad, el señor LAFAURIE me contest[ó] que se encontraba en Cartagena y que al día siguiente o sea el 18, me llevaría los documentos necesarios para la respectiva devolución, el 18 en las horas de la mañana lleg[ó] a mi oficina (...) con los documentos solicitados, yo los remití a la Gerencia del Martillo en Bogot[á] y ellos se encargaron de hacer la respectiva devolución en una cuenta que el señor LAFAURIE nos design[ó] en la carta con que hizo la remisoria de los documentos anteriormente señalados. 

De sus restantes manifestaciones, cabe señalar que la testigo, por una parte, explicó que “[l]as razones que el banco tuvo para hacer la anulación fue una comunicación que recibió por parte de la entidad MINISTERIO DE TRANSPORTE para anular el mismo”; y, por otra, precisó que la comunicación telefónica a la que aludió, tuvo lugar el día 17 de mayo de 2004 en horas de la tarde y que éste devolvió los documentos que le solicitó al día siguiente, en la mañana.

2.2.2. Como lo reprochó el casacionista, de la analizada versión mal podía, y puede, inferirse la prueba del supuesto acuerdo de voluntades encaminado a poner fin al contrato de compraventa sobre el que versó este litigio, pues la declaración en comento, ni siquiera implícitamente, hizo alusión a que ello hubiere tenido ocurrencia.

2.2.3. Lo que la testigo relató consistió, en primer lugar, en que fue notificada por el personal de la Gerencia del Martillo del Banco Popular, de que habían adoptado la decisión de “hacer la anulación” de la subasta del lote de bienes adquirido por el aquí demandante; en segundo término, que se le ordenó informarle a él esa determinación; y, por último, que así lo hizo telefónicamente, comunicación en la que le solicitó la devolución del “acta original y la copia de la entidad” para poder proceder a reintegrarle el valor del precio pagado.

2.2.4. Con estricto apego a las palabras de la testigo, resulta evidente que la gerencia del Martillo del Banco Popular, unilateralmente, optó por sustraerse a los efectos derivados del remate en cuestión y que, correlativamente, esa fue la determinación que la señora Nancy Ossa Maestre le informó al señor Lafaurie Henríquez, por lo que, se itera, ningún mérito había para que el tribunal, como equivocadamente lo hizo, entendiera que el banco buscó poner fin al referido contrato de mutuo acuerdo con el comprador y que eso fue lo que en últimas aconteció, puesto que el último, luego de algunos reparos iniciales, consintió en ello.

2.2.5. Es indiscutible, entonces, que fue el sentenciador de segunda instancia quien, fruto de su inventiva, adicionó indebidamente el medio de convicción analizado, para ver en él la prueba de un hecho sobre el que ese elemento de juicio no se ocupó, actitud con la que lo tergiversó e incursionó en el error de hecho que el censor le atribuyó.

2.3. Contestación de la demanda(10).

2.3.1. Examinado su contenido, en lo que aquí interesa, cabe desatacar:

a) Al responderse el hecho noveno, se dijo que la entidad, “por intermedio de la funcionaria Nancy Ossa Maestre, informó a César Ulises Lafaurie Henríquez, de la imposibilidad de entregar el lote N° 57 que le fue rematado, (...)” (se subraya).

b) Como sustento de la excepción de “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA”, se expuso:

El 7 de mayo de 2004, César Ulises Lafaurie Henríquez compró unos bienes por el martillo del Banco popular (lote N° 57) por un precio de $ 14.614.200, dinero que canceló los días 6 ($ 800.000) y 12 de mayo (13.814.200) y que en razón de no poder cumplir el Banco con la entrega, le fue devuelto el 21 del mismo mes y año, mediante consignación en la cuenta corriente N° 08106633871 del Banco de Colombia, perteneciente a la Compañía Transnaval Costeña Ltda. 

A partir del incumplimiento del Banco de un negocio de $ 14.614.200, que valga la anotación le fueron reintegrados, el demandante pretende derivar en nueve (9) días perjuicios materiales por $ 73.865.000 y morales por 1000 gramos oro ($ 34.000.000 aprox.), o sea por alrededor de $ 107.865.000. 

(...) 

(...), pues los perjuicios que se reclaman no tienen relación de causalidad inmediata o directa con el incumplimiento del demandado, (...) (se subraya).

2.3.2. De la valoración conjunta de esas manifestaciones, se establece que el banco, al replicar el libelo introductorio, confesó, por intermedio del apoderado judicial que lo representó(11), la circunstancia de no haber hecho entrega de los bienes enajenados al comprador.

2.3.3. Tal reconocimiento implicó, a la vez, la demostración del incumplimiento por parte del accionado, pues era su principal obligación efectuarle al adquirente la tradición de la cosa vendida(12), que comportaba su entrega material(13), la cual, según lo admitió, no realizó.

2.3.4. Como quiera que el ad quem orientó su juicio por el camino del mutuo disenso contractual, es palpable, entonces, que ignoró la prueba de la insatisfacción de los deberes del banco demandado, surgidos con ocasión del negocio que celebró con el actor.

2.4. La prueba documental.

2.4.1. En la carta que el 18 de mayo de 2004 el señor David Salamanca Rojas, analista técnico pregonero del Banco Popular, le remitió al doctor Sergio Coll Jiménez, inspector fluvial de Magangué(14), le expresó:

De acuerdo a la conversación sostenida con el [s]eñor MISAEL DÍAZ, el día de hoy solicito de la manera m[á]s comedida abstenerse de entregar los bienes que se relacionan con el lote Nº 57 a nombre de C[É]SAR ULISES LAFAURIE HENR[Í]QUEZ, del [r]emate programado en la ciudad de Santa Marta el pasado 7 de [m]ayo de 2004, ya que por parte de la entidad nunca nos lleg[ó] la autorización para la venta en subasta.

2.4.2. A su turno, mediante misiva identificada como MT-4127-2-000079 del 20 de mayo de 2004, el citado señor Coll Jiménez le manifestó al aquí demandante que “la entrega de los bienes relacionados en lote 57 del remate en el martillo del Banco Popular, no se puede efectuar, según lo solicitado por el señor David Salamanca Rojas en el oficio del 18 de [m]ayo/2004 de la Gerencia del Martillo del Banco Popular (anexo fotocopia)”(15).

2.4.3. Cada uno de esos medios de prueba y los dos en conjunto, acreditan igualmente el incumplimiento del banco, pues evidencian que no hubo entrega al comprador de los bienes conformantes del Lote Nº 57, que él subastó en diligencia del 7 de mayo de 1994.

3. Doble fue, pues, el error del Tribunal, porque, de un lado, supuso la celebración de un acuerdo de voluntades entre las partes, dirigido a extinguir el contrato de compraventa primigeniamente celebrado por ellas; y, de otro, dejó de apreciar el incumplimiento de esa convención por parte del banco vendedor, en la medida que no hizo entrega de los bienes enajenados, desatinos en relación con los cuales reluce su trascendencia, toda vez que fue como consecuencia de ellos que esa Corporación negó tanto la responsabilidad civil contractual del demandado, como el reconocimiento de los perjuicios cuyo resarcimiento solicitó el actor.

Al respecto, debe enfatizarse que la actitud asumida por el aquí demandante, de devolver el “acta de adjudicación” y admitir el reintegro del dinero que había pagado como precio de los bienes por él subastados, no supuso su aceptación, ni siquiera implícita, de una supuesta terminación consensuada de la compraventa, pues como ya se consignó, la gestión del banco no estuvo dirigida a formularle a aquél una propuesta en tal sentido sino a tratar de sustraerse de los efectos jurídicos derivados de su propio incumplimiento contractual con la sola devolución del precio, bajo la condición de que el comprador le retornara el documento en el que se recogió la subasta realizada.

Con otras palabras, lo que el banco intentó fue obligar al demandante a aceptar la terminación unilateral del contrato bajo el apremio de que sólo así le devolvería el dinero que ya había consignado en favor de la entidad, comportamiento que dista mucho de la existencia de un acuerdo entre los contratantes para separarse de la compraventa entre ellos ajustada.

4. El cargo analizado, por lo tanto, se abre camino, razón por la cual habrá de casarse el fallo impugnado.

SENTENCIA SUSTITUTIVA

1. Verificada la ausencia de irregularidades que puedan ocasionar la invalidación de lo actuado, así como la satisfacción de los presupuestos procesales, es del caso resolver de fondo el litigio.

2. En frente de la acción resolutoria del contrato de compraventa celebrado por las partes con indemnización de perjuicios intentada, el juzgado del conocimiento, en su fallo del 11 de febrero de 2011, declaró la responsabilidad civil del banco demandado y lo condenó a indemnizarle al actor solamente el daño emergente, que tasó en la suma de $ 23.931.369.oo, junto con los intereses moratorios a la “tasa máxima certificada por la Superfinanciera” causados a partir del vencimiento de término fijado para su pago (3 días siguientes a la ejecutoria) y hasta cuando el mismo se verifique.

En cuanto hace al lucro cesante, acogió la excepción de “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA” y, en tal virtud, negó su reconocimiento.

3. Para arribar a tales determinaciones, en síntesis, afirmó:

3.1. Con el comportamiento de las partes en el proceso y las pruebas recaudadas, se acreditó el contrato de compraventa que ellas celebraron y su incumplimiento por parte del banco, puesto que éste, como vendedor, no hizo entrega de los bienes objeto del mismo, aspecto del debate en torno del que apuntó, adicionalmente, que no existía discrepancia entre los litigantes.

3.2. Con tal base, pasó al estudio de los daños cuyo resarcimiento se reclamó en la demanda, tópico de la contienda sobre el que observó:

3.2.1. La factura Nº 0575, del 17 de mayo de 2004, por valor de $ 32.000.000.oo, expedida por la “Compañía Mercantil La Costeña Ltda.”, a cargo del señor Lafaurie Henríquez, por el transporte desde Magangué hasta Barranquilla de la mercancía que adquirió, no puede ser tenida en cuenta como prueba, puesto que la citada empresa “no lleva su contabilidad en regla, lo cual de acuerdo con el art. 19 del Código de Comercio se sanciona con ineficacia probatoria”.

3.2.2. Respecto de la experticia elaborada por el Capitán Humberto Daniel Torres Gutiérrez (fls. 125 a 128, cdno. 1), “prospera la objeción” por error grave que formuló la parte demandada, habida cuenta que se incluyó “como elemento integrante del valor del transporte el rubro de reposición de equipos que se ignora si fue o no contratado por el demandante y la compañía transportadora, y por haber proyectado el valor del flete al año 2006, cuando debía serlo al año 2004”.

3.3. De los factores para determinar el valor del flete, relacionados en el dictamen que, como prueba de la objeción, rindió el señor Wilson de Jesús Wilches Bermúdez (fls. 161 a 171, cdno. 1), sólo deben tomarse los correspondientes a los “elementos básicos”, ya que se desconoce cuál fue el acuerdo de las partes contratantes, lo que arroja el siguiente resultado:

— Combustible$ 7.600.515,oo  

— Roll (gastos de nómina, tripulación, 

dotación y seguros)$ 4.980.883,oo  

SUB TOTAL $ 12.581.398,oo 

AUI (30%)$ 3.774.419,oo 

TOTAL$ 16.355.817,oo  

Esa cantidad “será la que se tendrá por establecida al momento de resolver este ítem”.

3.4. Como el contrato de prestación de servicios que el actor celebró con el señor Alfredo Herazo, para “el arreglo y adecuación de los bienes adjudicados”, no fue tachado de falso por el ente accionado, se tendrá en cuenta el valor del anticipo allí pactado, en la suma de $ 1.500.000.oo, como uno de los factores para el cálculo de los perjuicios sufridos por aquél.

3.5. Los intereses causados sobre el precio pagado ($ 14.614.200.oo), rubro que el banco se allanó a atender, ascienden, conforme el segundo dictamen atrás mencionado, a la cantidad de $ 124.174.94.

3.6. Suman los perjuicios $ 17.979.991.94, monto que traído a valor presente, con base en el índice de precios al consumidor, totaliza $ 23.931.369.oo.

3.7. Como en el libelo introductorio no se señaló “cu[á]l era el uso” que el actor “pretendía darle a los elementos que adquirió”, las valoraciones del lucro cesante que hicieron los dos auxiliares de la justicia “carecen de respaldo fáctico”, toda vez que las realizaron “sin fundamento alguno”, esto es, sin estar establecido “que el demandante (...) repararía” los elementos que compró “y los dedicaría al negocio de fletamento, para de allí deducir unos ingresos que supuestamente dejó de percibir (...) al no poder destinar los elementos del lote Nº 57 a la realización de tal negocio jurídico”, conclusiones que, por ende, “se basan en meras suposiciones” y que, por carecer de “bases ciertas”, no son atendibles.

3.8. En consideración a que “el demandante no demostró a través de otros medios probatorios este concepto -lucro cesante-, no resulta posible su reconocimiento”.

3.9. Respecto de los perjuicios morales, “no aparece en el plenario prueba alguna demostrativa de que la circunstancia de haberse frustrado la compra de los elementos integrantes del lote Nº 57 (...), hubiere causado (...) daños de esta naturaleza, los cuales[,] tratándose de responsabilidad civil contractual, no se presumen, por lo cual, de afrontarlos, deb[ió] la parte demandante demostrarlos”.

4. Ambas partes, según ya se registró, apelaron el comentado fallo. En sustento de sus inconformidades, expusieron los razonamientos que a continuación se compendian:

4.1. El actor alegó(16):

4.1.1. La ineficacia probatoria que el a quo aplicó respecto de la factura Nº 0575, expedida por la “Compañía Mercantil Costeña Ltda.”, no estaba llamada a hacerse actuar, por cuanto la mencionada sociedad no fue parte en el proceso y, de conformidad con las previsiones de los artículos 68 y 69 del Código de Comercio, solamente en relación con quienes ostenten tal condición, son predicables las sanciones allí contempladas.

4.1.2. Según informe del perito, que milita a folios 132 y 133 del cuaderno principal, dicha factura aparece pendiente de pago en las declaraciones de renta de los años 2004 y 2005 de la transportadora, como se evidencia en las copias que aquél obtuvo y aportó.

4.1.3. La objeción que se propuso contra el primer dictamen pericial, “[n]o debe prosperar (...) pues no se pueden desconocer las reglas de la costumbre mercantil y de la ley, para calcular el valor del flete”.

4.1.4. Apreciadas en conjunto tanto la mencionada experticia, como la que se rindió como prueba de la objeción, se concluye que “[n]o es procedente, entonces, el cálculo realizado por el a-quo de $ 16.355.817.00[,] porque los factores que inciden en [la cuantificación] del valor del flete[,] no son caprichosos: se rigen por normas de orden fiscal, mercantil y por la costumbre comercial”.

Sobre este mismo punto, el impugnante, más adelante, precisó:

(...) no se puede desconocer la experiencia de un perito naval y de un perito contable y financiero, quienes ubicaron el valor del flete en un máximo de $ 32.000.000.00 y un mínimo de $ 25.340.534.00. En ese rango debe establecerse ‘la justa proporción’ de que habla la sentencia apelada, en lo que daño emergente se refiere, en lo que toca al valor del flete adeudado a mi representado (sic).

Los medios de prueba aducidos cuentan con un fundamento irrefutable, claro y explícito: por otro lado, la calidad de los peritos no ha sido cuestionada por la demandada: uno es perito naval, con experiencia que sabe lo que dice y el otro, es contable y financiero, con una solidez científica en el área de su saber, que la contraparte no tiene elementos para refutar. 

Las conclusiones a que arribó la experticia vertida en el proceso, durante la etapa probatoria, es concluyente[,] en el sentido de que menos de $ 25.340.534.00 no se puede reconocer [por] el valor del flete. NO EXISTE DUDA de que el a quo al valorar la capacidad de convicción del medio probatorio —prueba pericial— desconoció las reglas especiales y técnicas de la navegación fluvial y de la contabilidad fiscal. 

4.1.5. En lo que atañe con el lucro cesante, el apelante reprodujo en literal d) del hecho 23 de la demanda y, de manera insistente, afirmó que si el actor se ha dedicado al “fletamento” de naves por más de veinte años, era factible presumir, como lo hicieron los peritos, que ese iba a ser el destino de los elementos que subastó.

Con tal base, se refirió a los dos dictámenes periciales rendidos en el curso de lo actuado y acotó que ambos son coincidentes en admitir que “un armador profesional como el actor, invierte en estos elementos para repararlos y luego dedicarlos al negocio del fletamento”.

Añadió que pese a que los expertos no coincidieron en “la vida útil de las embarcaciones” y a que ello dio “lugar a una variación de las cifras”, nada permitía al juzgador de primera instancia “concluir como lo hizo (...), sin ningún criterio de equidad, como lo dispone la Carta Política (art. 230) y la ley adjetiva, de que no hay ninguna utilidad futura para el actor”, razonamiento que tildó de “absurdo” y de indebidamente beneficioso del banco.

4.1.6. Desde otro ángulo, el recurrente advirtió que “negar que un contratante incumplido (sic), burlado por un poderoso banco[,] no padezca perjuicios inmateriales, es una desmesura inconmensurable. Luego, también debe condenarse por perjuicios inmateriales. El disgusto emocional producido por el incumplimiento debe ser reconocido, tasado por el Juez. Este aspecto tampoco puede pasar inadvertido ante una situación subjetiva como la que padeció el Sr. Lafaurie. Taso los perjuicios morales e[n] un salario mínimo legal mensual”.

4.1.7. En definitiva, el apoderado del promotor del litigio abogó por que el “valor del flete”, no sea “inferior a $ 25.340.534.90” y “las utilidades dejadas de percibir”, estén “alrededor de $ 312.999.892.74, sin que la justicia sienta o perciba que está enriqueciendo sin causa a un empresario cumplido, cuando en la realidad SI está prohijando, hasta ahora, que una entidad bancaria burle futuras utilidades de otro empresario trabajador. Los intereses por la tenencia de los dineros ascienden a $ 124.174.94”.

4.2. El banco, a su turno, expresó(17):

4.2.1. Como el actor no probó los perjuicios morales que reclamó, “la primera instancia acertó en no concedérselos”.

4.2.2. Con excepción de los intereses causados sobre el dinero que el demandante consignó los días 6 y 12 de mayo de 2004, capital que le fue devuelto el 21 siguiente, rendimientos que la entidad “reconoce deber”, los “demás perjuicios materiales pretendidos no se acreditaron por el interesado”.

4.2.3. En el proceso se estableció que el desplazamiento del remolcador “Barrancabermeja” de Gamarra a Magangué “no tuvo ocurrencia”, puesto que la Inspección Fluvial del primero de esos municipios certificó la inexistencia de registro alguno sobre el otorgamiento de permiso para zarpar, el 18 de mayo de 2004.

4.2.4. Si el banco, por intermedio de Nancy Ossa Maestre, informó el 17 de mayo de 2004 al aquí demandante de la imposibilidad de hacerle entrega de los bienes conformantes del Lote Nº 57 rematados por él, ningún sentido tuvo que éste, al día siguiente, diera la orden para el desplazamiento de la nave atrás mencionada, con el propósito de recoger tales elementos.

4.2.5. La comparecencia del capitán del citado remolcador, señor Antonio Sotomayor Goez, a la Inspección Fluvial de Magangué, el 20 de mayo de 2004, no permite colegir que pudiera retirar los bienes en cuestión, pues la persona autorizada para ello era el señor Rafael Machado Baños, según lo indicó y acreditó el propio actor.

4.2.6. El “pago del flete” y del anticipo por valor de $ 1.500.000.oo, que se estipuló en el contrato de prestación de servicios para el “arreglo y adecuación” de los artefactos comprados a efecto de poderse realizar su transportación a Barranquilla, no se verificó por parte del señor Lafaurie Henríquez, lo que hace inviable predicar la existencia de un perjuicio para él, por estos conceptos.

4.2.7. El demandante hizo consistir el lucro cesante que reclamó, en la “diferencia entre el precio que él pagó y el de venta del equipo fluvial al ser rematado nuevamente”, ganancia que los peritos Torres Gutiérrez y Wilches Bermúdez “arbitrariamente variaron” por las utilidades derivadas del uso de los equipos, sin que, por lo tanto, exista “concordancia entre lo que buscaba la prueba -fijar el perjuicio que el demandante adujo en la demanda- y el contenido del concepto, pues determinar futuras utilidades frustradas por aumento en el precio de venta de los equipos, es diferente a establecer el lucro cesante de ellos”.

Así las cosas, el apelante concluyó que el actor “no cumplió con probar en qué consistían lo que denominó futuras ganancias frustradas, ni c[ó]mo llegó a establecer su monto, por lo que no hay motivo para condenar al demandando por este supuesto daño”.

5. La respuesta del banco de ser ciertos los hechos primero a sexto de la demanda(18), en los que el actor afirmó la celebración del contrato de compraventa sobre el que se circunscribió el litigio(19), es prueba de confesión de esa circunstancia, suficiente, por lo tanto, para tener por acreditado el primero de los presupuestos estructurales de la acción intentada, cual es, precisamente, la existencia de la convención que se pretende resolver(20).

6. Díjose atrás, al desatar el recurso extraordinario que el actor formuló contra la sentencia absolutoria de segundo grado, y ahora se reitera, que la contestación del libelo introductorio también contiene prueba de confesión sobre el incumplimiento, por parte del banco, de su obligación de entregarle al comprador los bienes vendidos, como quiera que así lo admitió dicha entidad al pronunciarse sobre su hecho noveno y al sustentar la excepción meritoria de “ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA”, que propuso.

Tal comprobación aparece refrendada, como igualmente ya se hizo notar, con los documentos allegados, en particular, los que militan a folios 27 y 28 del cuaderno principal, que se analizaron a espacio al despacharse el único cargo que recibió impulso procesal en casación.

A esos escritos se añade ahora, de un lado, la certificación expedida el 4 de julio de 2004 por el Inspector Fluvial de Magangué, señor Sergio Coll Jiménez(21), que es del siguiente tenor:

Que el día 20 de [m]ayo de 2004, se presentó en estas oficinas de la inspección fluvial de Magangué el señor Antonio Sotomayor Goez, Capitán del remolcador BARRANCABERMEJA, quien manifestó que traía órdenes del señor César Lafaurie, para recibir los bienes rematados por el Banco Popular (el lote Nº 57, compuesto por: bote [c]asa flotante, bote martinete y demás accesorios), a lo cual se le informó que de acuerdo a lo solicitado por el señor David Salamanca Rojas en su oficio del 18 de [m]ayo/2004 de la Gerencia del Martillo del Banco Popular, no se puede efectuar dicha entrega. 

Después de las aclaraciones del caso, el Capitán presentó el libro diario de navegación del citado remolcador, en el cual aparece anotado que arribaron a este puerto el día 19 de [m]ayo/2004 procedentes de Gamarra (Cesar). 

Se les concedió permiso de zarpe con destino al puerto de Gamarra, escotero en su viaje Nº 67. 

Y, de otro, la declaración rendida en diligencia del 27 de julio de 2006 por el señor Rafael Antonio Machado Baños(22), quien manifestó que “[c]onozco al señor C[É]SAR LAFAURIE hace como 5 años, lo conozco porque yo trabajo con él en unos remolcadores, (...) el día 17 de mayo salimos a rescatar 2 botes que había rematado, entonces zarpamos otro muchacho que se llama Herazo y yo el 18 de mayo a las 9:00 a.m., llegamos a Magangu[é] a las 3:00 de la tarde, inmediatamente llamé a C[É]SAR LAFAURIE, me contest[ó] que aguantara porque tenía problemas con el Banco Popular, me dijo ll[á]meme en una hora y lo llam[é] tipo 4:00 de la tarde[,] habl[é] con él, me dijo el remolcador BARRANCABERMEJA viene bajando para rescatar lo que él remató, pero entonces tenía que esperar porque el banco le dijo que aguantara ahí, entonces lo llam[é] al día siguiente, me dijo véngase porque ya no [hay] nada, seguimos bajando con el remolcador por[que] ya no había nada”.

Precisó que hubiese gastado aproximadamente cinco días en poner a flote los equipos que fue a rescatar, que los dos botes estaban en el río, “entre YATI y MARCA TULIA”, que parte de los bienes estaban en tierra y que él se regresó para Barranquilla en el citado remolcador.

Como los dos medios de convicción precedentemente reseñados refuerzan la demostración del incumplimiento contractual investigado, es del caso colegir que de estas probanzas y de las anteriormente comentadas, aflora la plena demostración de dicha circunstancia y que, consecuentemente, concurre en este asunto, el segundo requisito axiológico de la resolución contractual perseguida.

7. En punto de los perjuicios, el actor alegó su afectación material y moral.

En relación con lo primero, puso de presente el valor del transporte fluvial que contrató para el traslado de los bienes hasta Barranquilla ($ 32.000.000.oo)(23); el anticipo de $ 1.500.000.oo, que pactó al convenir su arreglo y adecuación, para que pudieran ser movilizados(24); los intereses que se causaron sobre la suma de dinero que pagó como precio ($ 14.614.200.oo) desde el 6 y 12 de mayo de 2004 hasta cuando le fue devuelta (21 de los mismos mes y año)(25); y “[l]as ganancias futuras frustradas, motivadas por el incumplimiento en la entrega de los bienes adquiridos en licitación privada, que tasamos en m[á]s de $ 40.000.000.oo”(26).

Y respecto de lo segundo, que “está representado en un mil gramos oro o su equivalente en salarios mínimos legales o en UVR”(27).

Para dilucidar esas reclamaciones, son pertinentes las siguientes apreciaciones:

7.1. En el plano jurídico y, más exactamente, en el del derecho de daños, el perjuicio es “todo detrimento, menoscabo o deterioro, que afecta bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con su esfera espiritual o afectiva, o con los bienes de su personalidad” y, como tal, es “el elemento estructural más importante de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, al punto que sin su ocurrencia y demostración, no hay lugar a reparación alguna”(28).

7.2. Ahora bien, todo daño, para que sea susceptible de reparación, debe ser cierto y, en el caso de la segunda clase de responsabilidad atrás mencionada -contractual-, provenir directamente del incumplimiento de las obligaciones a cargo del demandado.

La certidumbre del daño, refiere a su “existencia u ocurrencia tangible, incontestable o verosímil, ya actual, ora ulterior, acreditada por el demandante como presupuesto ineluctable de la condena con pruebas idóneas en su entidad y extensión”(29).

Y la causalidad, a que el daño sea “ocasionado por la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de las obligaciones del deudor”(30).

7.3. Los perjuicios patrimoniales, al tenor del artículo 1613 del Código Civil, “comprende[n] el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga[n] de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”.

Siguiendo las voces del artículo 1614 ibídem, por la primera de esas modalidades se entiende “(...) ‘...la pérdida misma de elementos patrimoniales, los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento del pasivo, causados por los hechos de los cuales trata de deducirse la responsabilidad; en tanto que el lucro cesante, cual lo indica la expresión, está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirían luego, con el mismo fundamento de hecho’, (...) (Se subraya. Sent. del 29 de septiembre de 1978)”(31).

7.4. Aplicados los conceptos anteriores al resarcimiento de perjuicios patrimoniales invocado por el actor, en cuanto hace al daño emergente, se establece:

7.4.1. Habrá de tenerse como tal, el flete correspondiente al transporte de los materiales en cuestión, desde Magangué hasta Barranquilla, contratado por el actor con la “Compañía Mercantil Costeña Ltda.”, sin importar que su pago no se hubiere realizado a la fecha de presentación de la demanda, toda vez que la celebración de ese convenio, per se, implicó que el patrimonio del señor Lafaurie Henríquez resultara gravado con un pasivo, equivalente al monto que debe pagar por ese concepto.

Como prueba de dicha contratación y del valor acordado, se tendrá en cuenta la factura 0575 del 17 de mayo de 2004, expedida por la mencionada empresa a cargo de César Lafaurie Henríquez, que en original obra a folio 26 del cuaderno Nº 1, documento que, en cuanto hace a las partes de este proceso, no adolece de la ineficacia probatoria predicada por el a quo, pese a haberse establecido con los informes periciales presentados por el señor Jorge Eliécer Ariza Flórez(32), que la citada transportadora no llevaba su contabilidad con sujeción a las normas contables, pues ella no integra ninguno de los extremos del proceso, sin que, por ende, sean aplicables las previsiones de los artículos 68 a 70 del Código de Comercio.

En refuerzo de lo anterior, se encuentra que el prenombrado auxiliar de la justicia conceptuó:

Como con el estado actual de contabilidad, que no tenía registrada en los libros la información correspondiente al período que había que examinar, verificar y constatar, se solicitó y obtuvo una fotocopia de las declaraciones de renta y complementarios de los años 2004 y 2005, en donde en el reglón correspondiente a las cuentas por cobrar, aparecen cifras de $ 73.933.000.oo y $ 38.982.000.oo, respectivamente, dentro de las cuales está pendiente de pago la factura Nº 0575 de [m]ayo 17 de 2004, por valor de $ 32.000.000.oo, a favor (sic) de CARLOS (sic) LAFAURIE HENRÍQUEZ, según relaciones o anexos que obtuvimos de la empresa, los cuales se adjuntan al presente dictamen junto con las fotocopias de las declaraciones de renta (...)(33).

Es ostensible, por lo tanto, la existencia del crédito en favor de la empresa transportadora y a cargo del aquí demandante, sin que el desorden contable de la primera, lo desvirtúe e impida su reconocimiento.

No está demás advertir que la certificación de folio 29 del cuaderno principal, ya analizada, acredita suficientemente que el 20 de mayo de 2004 se hizo presente en la Inspección Fluvial de Magangué el capitán del remolcador “Barrancabermeja”, con el propósito de recoger los bienes adquiridos por el actor; que no se le entregaron, debido a la orden de no hacerlo, impartida por el señor David Salamanca Rojas, de la Gerencia del Martillo del Banco Popular, mediante escrito fechado el 18 de esos mismos mes y año; que según el libro diario de navegación que el capitán le exhibió al Inspector, la citada nave arribó a ese puerto —Magangué— el 19, proveniente de “Gamarra (Cesar)”; y que se le concedió permiso para zarpar con destino a ese mismo puerto.

Dicho elemento de juicio, aunado a la declaración del señor Rafael Antonio Machado Baños, atrás reproducida en lo pertinente, confirma la celebración del contrato para el traslado de los equipos subastados y su ejecución por la empresa transportadora. Del mismo modo, desvirtúa que la no entrega de los bienes, hubiese tenido por causa la carencia de autorización para su retiro por parte del capitán Sotomayor Goez, pues es evidente que el mencionado testigo, que era la persona facultada para reclamarlos, se hallaba en la embarcación, al punto que retornó, a bordo de la misma, a la ciudad de Barranquilla.

Empero como el promotor de este litigio, se vio obligado a desistir del transporte de los materiales por él adquiridos en virtud, precisamente, del incumplimiento del banco, que no hizo la entrega de los mismos, tal situación conduce a que deba reconocerse, por concepto del flete, solamente la mitad del monto convenido, esto es, la suma de $ 16.000.000.oo, pues es esa la cantidad que, de conformidad con el artículo 1620 del Código de Comercio(34), el señor César Lafaurie Henríquez está obligado a pagar a la transportista, norma legal aplicable al caso, por la expresa remisión contenida en el artículo 3º del Decreto 2689 de 1988(35), contentivo del Estatuto Nacional de Navegación Fluvial vigente para la época de los hechos.

Habida cuenta del tiempo transcurrido, el anotado valor se traerá a valor presente, para lo cual se aplicará la fórmula Va = Vp X Índice final / Índice inicial, en la que la suma actualizada (Va), es igual a su valor histórico (Vh) multiplicado por el índice de precios al consumidor del mes hasta el que se va a realizar la actualización (índice final), dividido por el índice de precios al consumidor del mes del que se parta (índice inicial).

Al respecto, debe recordarse que los referidos índices de precios al consumidor son hechos notorios que no requieren de prueba en el proceso (art. 177, inc. 2º, CPC).

El índice de precios al consumidor para octubre del año que avanza, último dato de que se dispone, fue de 124.61929; y para el 17 de mayo de 2004, fecha de la factura atrás mencionada, era de 79.04433.

Así las cosas, se tiene:

Va = $ 16.000.000.oo X 124.61929 / 79.04433, lo que arroja la suma de $ 25.225.195.oo.

Queda por decirse, que no habiéndose comprobado aquí, que la información de la no entrega de los bienes al comprador se verificó el 17 de mayo de 2004, en tanto éste sostuvo que la llamada efectuada por la señora Nancy Ossa Maestre con tal fin, tuvo ocurrencia al día siguiente, sin que ninguna de esas versiones hubiese sido corroborada, mal puede admitirse la alegación de la parte demandada, consistente en que la contratación del transporte de los bienes la hizo el actor a sabiendas de que no le iban a ser entregados.

7.4.2. Se desechará, como elemento integrante del daño emergente, la suma de $ 1.500.000.oo que, como anticipo, se pactó en el contrato de prestación de servicios que el demandante celebró con el señor Alfredo Herazo (folio 26, cuaderno Nº 1), pues de ese documento no se infiere su pago, ni que aquél haya quedado adeudando tal cantidad, sin que pueda desconocerse que las restantes pruebas recaudas, en especial, la declaración del señor Rafael Antonio Machado Baños, dejaron en claro que ese convenio no se ejecutó en lo más mínimo, toda vez que, como se sabe, los equipos adquiridos no fueron entregados materialmente por el banco.

7.5. Ya en lo que hace al lucro cesante, debe precisarse que, en tratándose de la ganancia futura, su reconocimiento como tal, depende de la alta probabilidad objetiva de que llegare a obtenerse, en el supuesto de no haber tenido ocurrencia el suceso dañino, y que, por lo mismo, no puede confundirse con el mero sueño de obtener una utilidad, que no es indemnizable, por corresponder a un daño hipotético o eventual.

Al respecto, la doctrina de la Corte tiene sentado que:

(...) el daño puede proyectarse hacia el futuro a condición de que haya motivos suficientes para esperar su ocurrencia; ello obedece a que la obligación actual de reparar el daño a cargo de quien es civilmente responsable debe comprender la indemnización de todos los perjuicios que haya sufrido o pueda sufrir la víctima que provengan de la culpa que se le imputa al demandado, lo cual incluye aquellos que no se presentan de manera inmediata sino después, pero de los que existe la certeza de que sobrevendrán. (...). Otra cosa es que el perjuicio futuro pueda ser cierto, o eventual o incierto: el primero se configura si hay una probabilidad suficiente de su suceso; el segundo, si ésta no se presenta y por lo mismo puede acaecer o no; únicamente aquél puede ser objeto de resarcimiento, toda vez que justamente hay motivos valederos para prever que su llegada posterior va a afectar necesariamente el patrimonio de la víctima; por contera, no puede ser considerado como una mera expectativa (se subraya)(36).

Con tal comprensión de la cuestión, síguese a ver si alguno de los rubros reclamados por el accionante tipifica como lucro cesante y, por ende, procede su reparación:

7.5.1. En cuanto a los intereses comerciales causados sobre la suma pagada por el demandante por concepto del precio de los bienes subastados ($ 14.614.200.oo), es indiscutible que corresponden a un beneficio económico que aquél hubiese percibido, de no haber tenido que desprenderse de ese capital y que, por lo mismo, ellos se ubican dentro del concepto del lucro cesante ahora examinado.

Así las cosas, se accederá a su reconocimiento, en razón a que desde antes del proceso, el banco estuvo de acuerdo en atender tal prestación, según lo expresó en el punto cuarto del oficio del 10 de agosto de 2004(37), y porque en la sustentación de la alzada, no cuestionó su pago.

Este rubro fue tasado por el perito Wilches Bermúdez, sin reparo de las partes, en la suma de $ 124.174.94(38), cantidad que también, debido al paso del tiempo, se corregirá monetariamente mediante la aplicación de la fórmula atrás registrada, teniendo en cuenta la fecha en que se devolvió el capital (21 de mayo de 2004), con el siguiente resultado:

Va = $ 124.174.94 X 124.61929 / 79.04433, que totaliza $ 195.771.06.

7.5.2. Con relación al perjuicio consistente en las “ganancias futuras frustradas”, no se accederá a su reconocimiento, toda vez que en el proceso se carece de bases objetivas para determinar su causación y cuantía.

En efecto, el demandante omitió toda especificación sobre su ocurrencia. La única mención al respecto, aparece consignada en el hecho veintitrés del libelo introductorio, en el que incluyó como uno de los factores del perjuicio material por él experimentado, “d) Las futuras ganancias (...) frustradas, motivadas por el incumplimiento en la entrega de los bienes adquiridos en licitación privada, que tasamos en m[á] de $ 40.000.000”.

Nada explicó el actor sobre en qué consistía tal ganancia, o la manera cómo iba a obtenerla, omisiones que impiden evaluar el grado de probabilidad de su consecución y, con ello, que pueda tenérsele como un lucro cesante futuro susceptible de indemnizarse.

No se trata aquí, como lo expuso el apoderado del actor, de negar que éste hubiese podido obtener una utilidad, si la compraventa que ajustó con el banco demandado hubiese llegado a buen fin, sino de algo bien distinto, como es que el señor Lafaurie Henríquez no fijó los contornos de la ganancia que reclamó como perjuicio material y, debido a ello, tornó imposible la concreción de ese rubro.

7.6. Algo similar ocurre en relación con el perjuicio moral solicitado. El demandante se limitó a pedir su resarcimiento, sin suministrar ninguna base fáctica que le brindara apoyo.

Se suma a lo anterior que, tratándose aquí de una responsabilidad civil contractual, no se avizora la pertinencia de su causación.

7.7. La corrección monetaria que sobre las sumas de $ 16.000.000.oo y $ 124.174.94 se cause a partir del 1º de noviembre de 2015, deberá liquidarse con sujeción a las previsiones indicadas en los numerales 7.4.1 y 7.5.1 precedentes y al mandato del inciso final del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.

8. Las circunstancias analizadas, al mismo tiempo, imponen desestimar la excepción de mérito formulada por la parte demandada, ya que no es jurídicamente admisible aducir ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, cuando se reclama el resarcimiento de perjuicios derivados del comprobado incumplimiento de obligaciones contenidas en un contrato bilateral válido, independientemente de que se acrediten cabalmente los mismos.

9. Como lo decidido en el fallo apelado no guarda la correspondencia debida con lo pedido en la demanda y con lo que aquí habrá de disponerse, la Corte optará por su total revocatoria para, en reemplazo del mismo, adoptar las determinaciones pertinentes.

Habida cuenta que el reconocimiento de los perjuicios reclamados es parcial, las costas en ambas instancias correrán a cargo del banco demandado, pero sólo en un 40%.

No hay lugar a costas en casación por el éxito de dicha impugnación extraordinaria.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del dieciocho (18) de abril de dos mil doce (2012), proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del presente proceso.

En sede de segunda instancia, REVOCA el fallo de primer grado emitido en ese mismo asunto por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la citada capital, fechado el 11 de febrero de 2011, y, en defecto del mismo, RESUELVE:

1. Declarar no probada la excepción de ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, propuesta por el accionado, BANCO POPULAR S.A., en la contestación de la demanda.

2. Declarar que entre el señor CÉSAR ULISES LAFAURIE HENRÍQUEZ, como comprador, y el BANCO POPULAR S.A., como vendedor, se celebró un contrato de compraventa, bajo la modalidad de “martillo” o “licitación privada”, que versó sobre los bienes muebles identificados en el escrito introductorio de esta controversia y se materializó en subasta realizada en la ciudad de Santa Marta, el siete (7) de mayo de dos mil cuatro (2004).

3. Declarar que dicho contrato fue incumplido por el BANCO POPULAR S.A., como quiera que no entregó al comprador, los bienes enajenados.

4. Declarar que el BANCO POPULAR S.A. es, por lo tanto, civilmente responsable de los perjuicios que con el referido incumplimiento le ocasionó al gestor de la controversia, señor CÉSAR ULISES LAFAURIE HERNRÍQUEZ.

5. Condenar al BANCO POPULAR S.A. a pagar al señor CÉSAR ULISES LAFAURIE HENRÍQUEZ, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este fallo, por concepto de perjuicios materiales, las siguientes sumas de dinero: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 25.225.195.oo), a título de daño emergente; y de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETENCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SEIS CENTAVOS ($ 195.771.06), a título de lucro cesante, valores corregidos monetariamente hasta el 31 de octubre de 2015.

Parágrafo: La indexación que en relación con dichos rubros se cause a partir de la fecha atrás indicada, deberá liquidarse con sujeción a las previsiones de los numerales 7.4.1. y 7.5.1 de la sentencia sustitutiva proferida y al mandato del inciso final del artículo 308 del Código de Procedimiento Civil.

6. Negar los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales reclamados, en todo aquello que no fue contemplado en el punto precedente.

7. Condenar al pago de las costas en las dos instancias, al BANCO POPULAR S.A., pero sólo en un cuarenta por ciento (40%). En la liquidación de las de segunda, inclúyase como agencias en derecho la suma de ochocientos seis mil doscientos diez pesos ($ 806.210.oo).

8. Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Luis Armando Tolosa Villabona, Presidente—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez.

1 Fl. 39, cdno. 1.

2 Fl. 49, ib.

3 Fls. 50 a 56, ib.

4 Fls. 192 a 208, ib.

5 Fls. 34 a 43, cdno. 2.

6 Fls. 16 a 52, cdno. 3.

7 Fls. 55 a 61, ib.

8 Fl. 3, cdno. 1.

9 Fls. 90 a 92, ib.

10 Fls. 50 a 56, ib.

11 Artículo 197 del Código de Procedimiento Civil. Reza: “Modificado Decr. 2282 de 1989, art. 1º, mod. 94. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el artículo 101”.

12 Artículo 905, Código de Comercio. Expresa en lo pertinente: “La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. (...)”.

13 Artículo 928, ib., que es del siguiente contenido: “El vendedor estará obligado a entregar lo que reza el contrato, con todos sus accesorios, en las mismas condiciones que tenía al momento de perfeccionarse; y si la cosa vendida es un cuerpo cierto, estará obligado a conservarla hasta su entrega so pena de indemnizar los perjuicios al comprador, salvo que la pérdida o deterioro se deban a fuerza mayor o caso fortuito, cuya prueba corresponderá al vendedor”.

14 Fl. 28, cdno. 1.

15 Fls. 27, ib.

16 Alegatos de conclusión presentados en la segunda instancia (fls. 8 a 21, cdno. 2).

17 Alegatos de conclusión presentados en la segunda instancia (fls. 22 a 26, cdno. 2).

18 Fl. 50, cdno. 1.

19 Fl. 2, ib.

20 Tiene dicho la Corte que “[l]a existencia de un contrato válidamente celebrado, la lesión o menoscabo que ha sufrido el demandante en su patrimonio y la relación de causalidad entre el incumplimiento imputado al demandado y el daño causado, son los elementos que estructuran la responsabilidad contractual” (CSJ, SC del 27 de marzo de 2003, Rad. n. 6879).

21 Fl. 29, cdno. 1.

22 Fls. 93 y 94, ib.

23 Literal c) del hecho 8º y literal a) del hecho 23 de la demanda (fls. 2 y 5, ib.).

24 Literales b) de los hechos 8º y 23 de la demanda (fls. 3 y 5, ib.).

25 Literal c) del hecho 23 de la demanda (fl. 5, ib.).

26 Literal d) del hecho 23 de la demanda (fl. 5, ib.).

27 Hecho 24 de la demanda (fl. 5,ib.).

28 CSJ, SC del 1º de noviembre de 2013, Rad.: 1994- 26630-01.

29 CSJ, SC del 9 de septiembre de 2010, Rad.: 2005-00103-01.

30 CSJ, SC del 18 de enero de 2007, Rad.: 1999-00173-01.

31 CSJ, SC del 28 de junio de 2000, Rad.: 5348.

32 Fls. 131 y 132 a 133, cdno. 1.

33 Fl. 133, cdno. 1.

34 El artículo 1620 del Código de Comercio consagra: “Antes del zarpe, el cargador podrá desistir del contrato pagando al transportador la mitad del flete convenido, los gastos de cargue y descargue y la contraestadía”.

35 La norma citada expresaba: “En todo lo relacionado con la navegación fluvial regirán el presente estatuto, el Código de Comercio y demás normas legales”. Dicho estatuto fue derogado por la Ley 1242 de 2008.

36 CSJ, SC del 10 de septiembre de 1998, Rad.: 5023.

37 Fl. 36, cdno. 1.

38 Dictamen visible del fl. 161 al 166 del cuaderno principal.