Sentencia SC5798-2014/2009-00978 de mayo 9 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC5798-2014

Rad.: 05001-31-10-003-2009-00978-01

(Aprobado en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil catorce)

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá D.C., nueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. La demanda de casación

Dos cargos planteó la demandante en procura de lograr que sea casada la sentencia objeto de impugnación. La Corte los resolverá en el orden lógico que corresponde, es decir, en primer lugar el que acusó el quebranto de la ley sustancial por violación indirecta y luego aquél que denunció la violación por recta vía.

Cargo segundo.

Con respaldo en el motivo inicial enlistado en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se atribuyó a la sentencia impugnada ser indirectamente violatoria de los artículos 1068 numeral 14, 1740, 1741, 1742 y 1746 del Código Civil, como consecuencia de los errores de hecho y de derecho en los que incurrió el tribunal al apreciar las pruebas del proceso, en el caso del último, debido a la vulneración del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

1. Empezó el recurrente por reproducir los “raciocinios probatorios” que esgrimió el sentenciador de segunda instancia en su fallo.

2. Seguidamente, enrostró a esa autoridad la comisión de los siguientes dos errores de hecho:

2.1. El cercenamiento de la declaración rendida por el señor Gustavo Alonso Gómez Pineda, toda vez que el tribunal pasó por alto que él indicó que el señor Sánchez Ochoa “normalmente se encontraba en estado de alicoramiento”, circunstancia que, pese a ser de “gran significado para comprender la personalidad del testador y para hacer una seria evaluación de la prueba”, dicho juzgador ignoró.

2.2. Haberle restado “fuerza probatoria al indicio grave derivado de la no contestación de la demanda por quedar ‘como una ínsula que no puede soportar las pretensiones’”, defecto que, por una parte, calificó como “un problema de hecho” y, por otra, estimó que aconteció como “consecuencia del análisis desarticulado que del resto de la prueba hizo el tribunal”, pues en tal virtud fue “que luego se encontró con la que llamó ‘ínsula’ probatoria, para entrar a negarle toda eficacia a pesar del valor que la propia ley le confiere, al calificar el art. 95 del Código de Procedimiento Civil como indicio grave la conducta omisiva y negligente de la parte demandada”.

3. Denunció luego que el tribunal cometió error de derecho, toda vez que, en punto de la valoración probatoria, “se limitó a traer a colación, inclusive parcialmente, lo que cada uno de los testigos expresó, para luego, sin conjuntarlos y sin ningún esfuerzo razonativo (sic) en torno de cada uno de ellos y en su comunión, concluir que esa prueba no demostraba más allá que Juan Pablo Duque Pareja ‘trabajaba como conductor’ del testador, ‘sin que esas relaciones hubiesen traspasado el umbral, meramente laboral’”, ponderación que, por lo tanto, “es un remedo mal hecho de lo que imperativamente exige el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil”, que reprodujo.

En consonancia con lo anterior, concretó la acusación afirmando que el sentenciador de segunda instancia no apreció en conjunto las pruebas del proceso, “ni tuvo en cuenta las ‘reglas de la sana crítica’ para sopesarlas, ni mucho menos expuso ‘razonadamente el mérito’ que a cada prueba asignaba”, labores del sentenciador a las que se refirió seguidamente en abstracto y que sustentó con la transcripción de varios segmentos de algunos pronunciamientos de esta corporación, relacionados con tales temas.

Precisó que los “hechos en bruto” que quedaron acreditados en el proceso, fueron los siguientes:

i) Que Juan Pablo Duque Pareja era trabajador del señor Mario Enrique Sánchez Ochoa y de su cónyuge Lucy Edelmira Murillo Agudelo.

ii) Que el trabajo de Duque Pareja era el de conductor particular o privado del testador y de la demandante.

iii) Que Duque Pareja era una persona humilde, de escasos recursos, necesitado de su trabajo.

iv) Que el testador, señor Mario Enrique Sánchez Ochoa, era ‘dominante’, ‘temperamental’, de carácter fuerte y permanentemente estaba embriagado.

v) Que Duque Pareja fue testigo instrumental del acto testamentario de su empleador.

vi) Que en dicho testamento se instituyó como heredera universal a la demandada, señora Luz Magnolia Velásquez Cañas.

vii) Que la heredera no tenía ningún vínculo de parentesco o de familia con el testador. Era su amiga.

viii) Que en el testamento se dejó sin derecho alguno a la demandante, quien además de ser persona invidente, era la cónyuge del testador desde hacía veintiocho años.

ix) Que la demandada no contestó la demanda, o por lo menos lo hizo extemporáneamente cuando había prelucido la oportunidad para realizar el acto procesal”.

Aseveró que el ad quem, no obstante que constató tales circunstancias, “salvo las involucradas en los errores de hecho demostrados, dejó de conjugarlas y apreciarlas en la forma como ordena el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, porque otras hubieran sido las conclusiones si el tribunal bajo reglas de experiencia bien claras y conocidas hubiese estimado la relación establecida entre empleador y trabajador, teniendo en cuenta las características de la personalidad del primero, la condición socioeconómica del segundo, sin olvidarse de las particularidades del acto que se estaba celebrando, así como el tipo de trabajo que el testigo realizaba (conductor privado), que permite una relación permanente con un entramado de confidencialidad y control que lo hace propicio para dependencias más entrañables que la de la mera subordinación laboral”.

Luego de emitir su concepto, con ayuda del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, respecto de lo que es “la subordinación laboral”, el recurrente observó:

Si alrededor de esta regla legal, que es regla de la sana crítica para la apreciación de las pruebas en este caso, se examina el rol de testigo del testamento que cumplió el señor Duque Pareja, claramente se nota que esta tarea nada tenía que ver con sus funciones o labores de conductor del testador. De ahí que su presencia en el acto no pudiera ser justificada por la simple subordinación laboral, pues si esto nada tenía que ver con el trabajo de conductor que él ordinariamente cumplía, otra tenía que ser la razón; razón que sin duda alguna se encuentra en un estadio más allá de la subordinación laboral, más fuerte, y si se quiere arbitrario, impuesto por un empleador dominante, de fuerte carácter, sometido a los efectos permanentes del alcohol, que antes que de un testigo imparcial e independiente de su última voluntad, lo que requería era la presencia de una persona sujeta a su querer, y sumisa a sus órdenes extralaborales, que guardara silencio sobre su intención de desproteger a su cónyuge invidente y favorecer a una amiga íntima. En palabras más crudas, lo que el testador requería no era un veedor alerta de su acto, sino un cómplice pasivo y silencioso de su dañina intención.

En ese orden de ideas, si el tribunal hubiese apreciado las pruebas del proceso en la forma ordenada por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, habría “descubierto entonces esa subordinación calificada que ha predicado la Corte Suprema de Justicia”, atestación en sustento de la cual se indicó:

(…) hubiera visto que la personalidad del testador (de carácter fuerte, dominante, temperamental), como la identifican los testigos, sumada a su estado de embriaguez permanente, que fue condición que el tribunal pretermitió, como quedó visto, conjugada con la humildad y necesidad del testigo testamentario, era el campo abonado para que el testador exhibiera ante su trabajador un poder de dominación mayor al que surge de la simple relación laboral, hasta el punto de hacerlo concurrir como testigo de un acto reprochable desde todo punto de vista, inclusive desde la perspectiva del mismo testigo, puesto que con su papel extralaboral estaba cometiendo un acto de deslealtad con la señora Edelmira Murillo Agudelo, para quien también trabajaba, según lo explicaron los testigos y lo constató el tribunal, pero sin derivar de ese hecho ninguna consecuencia, precisamente porque se abstuvo de cumplir con el deber de armonizar las pruebas y de justificar razonadamente el mérito otorgado a las distintas pruebas, lo cual solo hizo con las que descartó, entre ellas el indicio grave por la no contestación de la demanda, que mirado en conjunto con el resto de la prueba adquiere una fuerza persuasiva que necio resulta negar, porque él arroja certeza sobre los hechos de la demanda, los cuales dan cuenta de una subordinación absoluta del testigo al testador, en todo caso mayor a la de la subordinación laboral”.

4. El censor solicitó casar el fallo cuestionado y que, en sede de segunda instancia, la Corte acceda a las pretensiones elevadas en la demanda.

Consideraciones.

1. De las declaraciones de los señores Consuelo Castaño Builes, Carlos Arturo Mesa Roldán, Gustavo Alonso Gómez Pineda y María Magdalena David Hernández, así como del interrogatorio que absolvió la demandante, el tribunal infirió la comprobación, por una parte, de la relación laboral que para la fecha en la que el señor Mario Enrique Sánchez Ochoa otorgó el testamento objeto de la acción existió entre éste y el señor Juan Pablo Duque Pareja y, de otra, que dicho nexo no incidió sobre la “independencia, autonomía, capacidad volitiva y de discernimiento” del último, lo que lo condujo a estimar que, por lo tanto, el prenombrado testigo instrumental no estaba incurso en la inhabilidad establecida en el numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil y, en definitiva, a negar las súplicas de la demanda.

2. Contrastados esos razonamientos del sentenciador, que constituyen la plataforma fáctica de su fallo, con los reproches que en el cargo que ahora ocupa la atención de la Sala le formuló el recurrente, los cuales se redujeron a denunciar el cercenamiento del testimonio rendido por el señor Gustavo Alonso Gómez Pineda, en cuanto hace a que dicho deponente afirmó que el testador Sánchez Ochoa se mantenía en “estado de alicoramiento”, la indebida reducción del valor probatorio del indicio grave derivado del hecho de que la demandada determinada no contestó el libelo que dio origen al juicio y que las pruebas no fueron valoradas en la forma prevista por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, resulta patente que el censor no los cuestionó y que, por lo mismo, ellos continúan brindándole respaldo suficiente a las deducciones a las que, en el campo de los hechos, arribó el tribunal, atrás reseñadas.

3. Ahora bien, la sola circunstancia de que el ad quem, al compendiar el testimonio rendido por el señor Gustavo Adolfo Gómez Pineda, no hubiese hecho expresa referencia a la manifestación del deponente relacionada con el estado de alicoramiento en el que, según el deponente, se mantenía el señor Mario Enrique Sánchez Ochoa, no supone la preterición de ese hecho por parte de la corporación judicial, toda vez que el citado declarante fue el único que aludió a esa eventualidad.

Ninguno de los otros testigos, en particular, los señores Consuelo de Jesús Castaño Builes, Carlos Arturo Mesa Roldán y María Magdalena David Hernández, personas más allegadas al causante, por ser empleados suyos, efectuaron manifestación semejante.

Así las cosas, es dable entender que el tribunal no tuvo por acreditado tal hecho con la sola versión del señor Gómez Pineda y que, por consiguiente, no hizo referencia al mismo, sin que, por lo tanto, su actitud califique como un yerro fáctico.

La precedente hipótesis no sufre ninguna variación, como consecuencia de que la demandante, en el interrogatorio de parte que absolvió, también hubiere sostenido que su esposo, el señor Sánchez Ochoa, era un “borracho cotidiano”, pues tal manifestación no reúne los requisitos del numeral 2º del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, para tenerla como prueba de confesión.

4. No obstante lo anterior, si en gracia de discusión se admitiera la comprobación en el proceso del mencionado hecho, habría que concluir que él carece de entidad suficiente para revertir las conclusiones que el juzgador obtuvo respecto de las características de la relación laboral que existió entre Sánchez Ochoa y Duque Pareja, toda vez que tal circunstancia lo que evidenciaría, a lo sumo, es que el trato que cualquier persona tuviera con el primero era difícil, pero no que el referido nexo que mantuvieron los citados señores supuso para el último una dependencia que le impidiera actuar con autonomía en todos los actos que realizaba, ajenos a su trabajo.

5. De lo precedentemente consignado se sigue, al tiempo, que el tribunal no actuó de manera injustificada o caprichosa cuando, en relación con el indicio consistente en la falta de contestación de la demanda por parte de la accionada determinada, sostuvo que ese medio de convicción “emerge como una ínsula que no puede soportar las pretensiones”, inferencia que, así las cosas, no es constitutiva de ningún error de estirpe probatorio.

6. Finalmente, se advierte que el ad quem no vulneró el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, como quiera que en su fallo se refirió, una a una, a las pruebas en las que afincó sus conclusiones y que éstas fueron fruto de la apreciación panorámica que efectuó de tales medios de convicción.

Sobre este particular, encuentra la Corte que la acusación formulada con base en el indicado precepto, adicionalmente, es defectuosa, puesto que se enderezó a comprobar el desacierto de las conclusiones a que arribó el tribunal respecto de las particulares circunstancias que rodearon la relación laboral que existió entre el testigo instrumental —Duque Pareja— y el testador —Sánchez Ochoa—, cuestionamiento que solo procedía por la vía del error de hecho.

En lo tocante con ese tipo de equívoco y el de derecho, enseña la jurisprudencia de esta corporación:

Es un desacierto en la formulación del cargo o cargos confundir los dos yerros, puesto que a pesar de tener la misma consecuencia, o sea el quebranto de la ley sustancial, de todos modos presentan diferencias que les dan entidad propia. En efecto, se da el error de hecho cuando el fallador equivocadamente cree en la existencia o inexistencia en el proceso del medio de prueba, o también, cuando al existente le da una interpretación manifiestamente contraria a su contenido. Por el contrario el error de derecho ocurre, cuando existiendo la prueba en el proceso y partiendo el juzgador de dicha existencia, no le concede la eficacia probatoria que le asigna la ley o le niega la que sí le otorga, por interpretar erradamente las normas que regulan la producción o ineficacia de la prueba’ (Sentencia 11 de junio de 1992)”.

Y añade:

En esa misma dirección, cuando se denuncia error de derecho porque se le imputa al sentenciador la transgresión del principio de la apreciación en conjunto de las pruebas, adoptado por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, caso que también presupone la contemplación objetiva de los distintos medios probatorios pero efectuada de manera aislada, sin hilación o coherencia precedida como debe ser de un análisis eminentemente lógico y científico, ha dicho igualmente la Corte que ‘debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto pedido en el artículo 187, o sea, poniendo de manifiesto cómo la apreciación de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia ...En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente fáctico, la referida tarea valorativa se ciñó a la norma citada, no será admisible la prédica del error cuando bajo el pretexto de su demostración, lo que persigue es la sustitución del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en éste la cuestión queda ya bajo el error de hecho que, como se sabe, tiene una naturaleza distinta a la del error de derecho (Sentencia 067 del 4 de marzo de 1991)” (CSJ SC, 28 abr. 1995, rad. 4174 - negrillas fuera del texto).

7. El cargo, por lo tanto, no se abre paso.

Cargo primero.

También con fundamento en la primera de las causales de casación, se denunció la Sentencia del tribunal por ser directamente violatoria de los artículos 1068 numeral 14 del Código Civil por errónea interpretación; y 1740, 1741, 1742 y 1746 de la misma obra, así como del preámbulo y de los artículos 1º, 4º, 5º, 13, 42, 43, 47 y 95, numerales 1º y 2º, de la Constitución Política, por falta de aplicación.

El censor desarrolló el ataque, en los siguientes términos:

1. El tribunal, no obstante hallar demostrado que el señor Juan Pablo Duque Pareja laboraba como conductor al servicio del señor Mario Enrique Sánchez Ochoa y de la esposa de éste, señora Lucy Edelmira Murillo Agudelo, la aquí demandante, para la época en la que aquél otorgó el testamento cuestionado en el presente asunto, optó por negar la nulidad absoluta de ese acto jurídico, toda vez que, —con apoyo en la postura doctrinal adoptada por la Corte— dicho sentenciador de instancia estimó que “(…) ‘la subordinación laboral a la que puede estar vinculado el testigo testamentario respecto de las personas mencionadas en el referido ordinal, no es suficiente para configurar la inhabilidad allí prevista, sino cuando está sujeto en grado sumo al sometimiento y subordinación patronal…’, que fue un más allá normativo que no halló demostrado con la pruebas aducidas”.

2. Ese fue el núcleo esencial de la Sentencia de segunda instancia; sin embargo, la Corte, en el pronunciamiento que se invocó en ella, precisó que el alcance del numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil debía determinarse en cada supuesto, según sus especiales circunstancias, por lo que dicha providencia no constituye “un precedente absoluto que sirva de rasero para todos los futuros casos”, de ahí que el tribunal, al definir el genuino sentido de la precitada norma, debió mirarla “conforme a la Constitución Política de 1991 y en consideración a las particularidades que el caso ofrecía (situación de vulnerabilidad de la demandante, dada la condición de invidente que el tribunal verificó)”, reparo que el censor soportó en los razonamientos que a continuación se resumen:

2.1. Las normas constitucionales prevalecen frente a las de jerarquía inferior (C.P., art. 4º); el artículo 241 constitucional propugna por la integridad de la Carta Política que incluye su preámbulo, en tanto que en él se contemplaron “valores y principios de orden filosófico que se desarrollan luego en todo el ordenamiento jurídico”; la estructura del Estado Social de Derecho se sustenta, fundamentalmente en “el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (art. 1º, ib.), principios que, por consiguiente, son de obligatoria observancia tratándose de la interpretación de “todas las normas expedidas antes o después de la iniciación de la vigencia de la Constitución de 1991”, y a partir de esos postulados se brinda especial protección a las personas discapacitadas y a la familia, entendida ésta como núcleo de la sociedad.

2.2. El artículo 1068 del Código Civil consagra “unas prohibiciones a algunas personas para actuar como testigos en el otorgamiento de un testamento, lo que significa que las inhabilidades allí señaladas de manera expresa no son simples formalidades intrascendentes sino que son normas de orden público y de acatamiento estricto por cuanto son de contenido prohibitivo e imperativo”.

2.3. La anterior postura llevó al recurrente a sostener, adicionalmente, lo siguiente:

(…) las prohibiciones de testimoniar en el otorgamiento de un testamento solemne contenidas en el artículo 1068 del Código Civil, jamás podrán ser interpretadas sin tener en cuenta que forman parte de un Estado Social de Derecho según lo dispuesto en el artículo 1º de la Carta; o con desconocimiento de la protección que constitucionalmente se halla establecida para las personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental según el mandato contenido en el artículo 13 de la Constitución Política; ni tampoco podrán interpretarse haciendo caso omiso de la primacía de los derechos inalienables de la persona y la protección a la familia como institución básica de la sociedad que de manera expresa se consagran en los artículos 5º y 42 de la Constitución; ni mucho menos podrá ser desconocido por el intérprete del artículo 1068 del Código Civil, el contenido del artículo 47 de la Carta que ordena adelantar políticas específicas de protección a las personas que padecen disminución física, sensorial o síquica; ni será lítico al intérprete de ese texto legal hacer caso omiso del artículo 95 de la Constitución Política en cuanto en él se dispone como un deber de observancia obligatoria respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, así como obrar con respeto al principio de solidaridad; ni tampoco podrá el intérprete pasar por alto que el artículo 2 de la Constitución asigna como uno de los fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta; y, si ese intérprete es el juez como funcionario del Estado, habrá de tener especial cuidado en la integración de la Constitución al texto legal que se aplica para administrar justicia, pues no podrá invocar para omitir esa integración de la Carta Política con los textos legales, la autonomía judicial que le otorga el artículo 230 superior, pues el sometimiento del juez en sus providencias al imperio de la ley, incluye desde luego el acatamiento a la ley suprema que es la Constitución Política.

2.4. En tal orden de ideas, el casacionista aseveró que el tribunal, al fijar el alcance del numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil, que reprodujo, “se limitó a la transcripción de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y en su labor de interpretación ni siquiera hizo ninguna mención de las normas constitucionales a que se ha hecho referencia en este escrito, ni de la especial aplicación de ellas al caso concreto, lo cual indica que tal interpretación adolece de la grave falencia de no aplicar el principio de la integración de la norma legal con las normas constitucionales que imponen que esa interpretación tenga en cuenta los principios, valores y mandatos que la Constitución establece en las normas aquí analizadas”.

Al respecto, añadió que si el ad quem “hubiere integrado la norma del Código Civil (art. 1068, num. 14), con los principios y valores constitucionales que consagran los textos legales que han sido analizados, hubiera concluido que el alcance que la Sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia ha dado a la prohibición que consagra el artículo del Código Civil antes señalado, era adecuado para reprochar el testamento otorgado por el señor Mario Enrique Sánchez Ochoa en desmedro de los intereses de su cónyuge supérstite, porque cuando la persona que se considera afectada por las disposiciones de la carta testamentaria se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, como ocurre con la señora Murillo Agudelo, por razón de su invidencia o ceguera, la ‘rigidez’ interpretativa que ha predicado la Corte para garantizar ‘la independencia y autonomía del testador’, debe ceder para en un ejercicio de ponderación de derechos, otorgarle al disminuido físico o sensorial, y por ende en una situación de alta vulnerabilidad, la protección que demandan los principios y valores constitucionales establecidos por las normas mencionadas, las cuales son de aplicación especial y preferente en casos como el que se analiza, como claramente lo establece el artículo 5º de la Constitución Política en asocio con el artículo 13 del mismo estatuto”.

2.5. De conformidad con el criterio que la Corte consignó en la sentencia que orientó la del tribunal, si bien es verdad que la subordinación laboral que pudiera tener el testigo testamentario con el testador y/o con su cónyuge, al momento de efectuarse tal manifestación de voluntad, no es suficiente para configurar la inhabilidad prevista en el ya varias veces citado numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil, también lo es que esta corporación dejó “a salvo la posibilidad de que ese criterio interpretativo frente a otros casos concretos que deben ser evaluados ‘de conformidad con las particularidades de cada evento, que por supuesto el juez ha de analizar con el detenimiento necesario (…)’, sea morigerado”, por lo que era propio concluir en el caso sub lite, que el vínculo laboral demostrado entre el testigo testamentario Duque Pareja, por una parte, y los esposos Sánchez-Murillo, por el otro, “era suficiente para predicar la inhabilidad” de aquél.

2.6. La tesis general de la Corte, a la que se ha venido haciendo referencia, tiene cabida solamente en “casos donde la igualdad de los interesados no está desvirtuada por la realidad fáctica, pero no para eventos donde entran en juego los derechos de personas disminuidas física, sensorial o síquicamente, es decir, con una debilidad manifiesta, cuyo amparo reclama una exégesis como la que se propone, esto es, que partiendo de la Constitución, y de las normas que en ella velan por la protección preferente de las personas en las condiciones señaladas, se haga una lectura menos rígida del artículo 1068 numeral 14 del Código Civil, para leer en él como motivo de inhabilidad suficiente, determinante de la nulidad del testamento, la presencia testimonial de una persona con subordinación laboral o de trabajo con el testador o su consorte, como en el caso ocurre”.

3. Adicionalmente, el recurrente atribuyó al tribunal la comisión de otro error de estirpe jurídica, consistente en que dicha autoridad “introdujo a la norma un aditamento perfectamente extraño a su tenor cuando quiso buscar un vínculo distinto al de dependiente, trabajador o doméstico, como lo es el ‘contacto personal o familiar’, cuando ni siquiera eso es lo que ha sostenido la jurisprudencia de la Sala que dijo acoger, porque una cosa es que ‘la subordinación laboral’ que dimana del normal contrato de trabajo no sea ‘suficiente para configurar la inhabilidad allí prevista’, según el entender de la Corte, y otra muy distinta es pensar que además del vínculo laboral la ley exige otro tipo de nexo, llámese ‘personal o familiar’ (palabras del tribunal), social o profesional, etc., para entender minada la independencia e imparcialidad del testigo”.

4. Por estimar trascendentes los errores hermenéuticos que denunció, el censor solicitó casar la sentencia recurrida, y situada en la posición del tribunal, acoger el petitum del libelo con el que se dio inicio al proceso.

Consideraciones.

1. Como se extracta del compendio que se hizo de la providencia impugnada, para arribar a la decisión confirmatoria del fallo desestimatorio dictado en primera instancia, el tribunal, en concreto, procedió de la siguiente manera:

1.1. Trajo a colación, entre otras, la Sentencia de esta corporación proferida el 13 de octubre de 2006, en la que, con relación al numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil, se señaló que “el simple hecho de la subordinación laboral a la que pueda estar vinculado el testigo testamentario respecto de las personas mencionadas en el referido ordinal, no es suficiente para configurar la inhabilidad allí prevista”, puesto que ello acontece solamente cuando quien desempeñó dicho rol, estaba “sujeto en grado sumo al sometimiento y subordinación patronal, al tal extremo que no le deje posibilidad de independencia y autodeterminación, todo de conformidad con las particularidades de cada evento, que por supuesto el juez ha de analizar con el detenimiento necesario”.

1.2. Con esa compresión de la mencionada norma, el ad quem dirigió su actividad a establecer, conforme las pruebas recaudadas en el proceso, si “el testigo instrumental Juan Pablo Duque Pareja, se encontraba incurso o no en la (…) causal de inhabilidad” que ella contempla, para lo que se refirió a los testimonios rendidos por los señores Consuelo Castaño Builes, Carlos Arturo Mesa Roldán, Gustavo Alonso Gómez Pineda, María Magdalena David Hernández, Francisco María Espinel Orozco y el propio Duque Pareja, que descartó por no haber sido juramentado, y al interrogatorio de parte absuelto por la actora, señora Lucy Edelmira Murillo Agudelo.

De esos elementos de juicio infirió, por una parte, que “Juan Pablo Duque Pareja, cuando fungió como testigo en la memoria testamentaria del fallecido Mario Enrique Sánchez Ochoa, trabajaba como conductor al servicio de éste, pero también transportaba a (su) consorte (…), la aquí demandante, en cumplimiento de su labor, sin que esas relaciones hubiesen traspasado el umbral meramente laboral. En desarrollo de ese oficio, el señor Duque Pareja recibía las órdenes que le daba el aludido causante, quien las emitía con su temperamento dominante, como lo hacía (con) sus demás trabajadores y su consorte, la señora Lucy Edelmira, quien le reprochó aquella actitud”.

Y, por otra, que “…Las referidas pruebas no dan cuenta, ni por asomo, que la independencia, autonomía, capacidad volitiva y de discernimiento del testigo instrumental testamentario, el señor Duque Pareja, estuviese afectada en algún grado, por ser trabajador, ya de la accionante o del testador o que, de algún modo, la voluntad de éste para testar, hubiese estado afectada en algún grado por la intervención de ese testigo antes, durante y después de la confección de su última declaración de voluntad (…)”.

2. Si ello fue así, es pertinente afirmar que el sentenciador, a efectos de definir el genuino sentido y alcance del numeral 14 de artículo 1068 del Código Civil, sujetó su criterio al adoptado por la Corte en distintos fallos, en los que, en síntesis, ha predicado que el referido motivo de inhabilidad para ser testigo instrumental testamentario, no se configura por la mera existencia de un vínculo laboral entre quien actúa como tal y el testador o su cónyuge, pues esa sola circunstancia no comporta, indefectiblemente, menos en los tiempos de ahora, por una parte, que el trabajador se halle en una situación de dependencia tal, que ocasione la disminución o el cercenamiento de su credibilidad e imparcialidad; y, por otra, que con su intervención en el referido acto notarial, constriña o impida a quien deja memoria de su voluntad sobre el destino de sus bienes, para actuar con total libertad y autonomía.

3. Sobre esta temática resulta conveniente reproducir, incluso a espacio, los siguientes pronunciamientos de esta corporación, en la medida que ellos ilustran su postura, frente al comentado precepto.

3.1. En Sentencia de 24 de junio de 1997 (rad. 4605), la Sala, de un lado, reseñó las providencias en las que había interpretado el numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil con anterioridad y, por otra, refrendó tal postura, proveído que, como se aprecia, es posterior a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.

Sostuvo la Corte:

Y al ocuparse de la inhabilidad que consagra el numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil, que prohíbe, entre otras personas, a los dependientes o domésticos del testador, ser testigo del testamento, esta corporación también ha expresado, desde hace muchos años, que para que exista la dependencia de que trata dicho precepto, o sea ‘…para que un individuo esté sujeto a la autoridad de otro, es preciso que aquél esté de tal modo subordinado a éste, que no pueda obrar con entera independencia en ninguno de sus actos, como sucede verbi gratia con el poder que ejerce el padre sobre los hijos no emancipados, el del tutor sobre el pupilo, el del superior sobre los inferiores, y el amo sobre el criado. Si esto no se entendiera así, resultaría que el número de personas que pudieran servir de testigos en los testamentos solemnes, quedaría muy restringido, pues en la sociedad el cambio constante y la constante sucesión de relaciones mutuas entre los asociados, hace que ninguno de éstos goce de completa y verdadera independencia’ (Cas. Civ. de 31 de agosto de 1893, G.J. tomo IX, p. 9). Luego, tutelando la anterior doctrina, la Corte repitió que ‘No es cualquier dependencia la que inhibe para ser testigo de un testamento, porque de ser así las cosas, y dada la complejidad de las relaciones económicas actuales, el sistema de hecho de interdependencia que se destaca en ese orden, la inhibición de que se ha hecho mérito, y que es una excepción, vendría a trocarse en una regla con grave perjuicio general. La inhabilidad, por lo tanto, a que se refiere tal norma no puede ser otra sino la que provenga de una completa dependencia económica y hasta personal, que se traduzca en un obedecimiento completo, por esa razón, a las órdenes del amo’ (Cas. Civ. de 6 de octubre de 1942, G.J. tomo LIV, bis, p. 158). Posteriormente, la Corte puntualizó que el colono aparcero tampoco se encontraba comprendido en la inhabilidad para ser testigo de que trata el numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil, ‘…dada la definición que trae el Diccionario de la Academia de la palabra dependiente, pues el aparcero no está ligado con vínculo alguno de dependencia, sea de autoridad o de subordinación económica con el testador, desde luego que entre los dos lo que existe es un contrato (LXXIII, p. 100). Y después, bajo los auspicios de los anteriores criterios, también dijo esta corporación que ‘…el carácter de socio, así sea industrial o capitalista, descarta por completo la subordinación o falta de autonomía que una persona puede tener respecto de otra y que son esenciales para que pueda hablarse de dependencia o doméstico para los efectos de la inhabilidad que establece el mentado numeral 14 del artículo 1068. No habiendo ni la una ni la otra, desaparece la inhabilidad que consagra ese texto legal para servir como testigo de un testamento (Cas. Civ. de 14 de marzo de 1974, G.J. CXLVIII, p. 74).

Más adelante observó:

Las citas jurisprudenciales que anteceden constituyen sólido testimonio de la conducta permanente adoptada por esta corporación en el sentido de que no basta, como lo pretenden las recurrentes, que la inhabilidad para intervenir como testigo en un testamento se mida con la sola prueba de la subordinación jurídica que exista entre éste y el testador, sino que es necesario averiguar hasta qué punto dicha relación o vinculación carcome la capacidad volitiva del dependiente, con fuerza suficiente para determinar la nulidad del respectivo testamento, regla que no se deteriora ni siquiera en presencia de una relación laboral, como acontece en el presente caso, pues aunque es indiscutible que la subordinación es de la esencia de relaciones de tal naturaleza, no puede afirmarse con la misma certeza que todo empleado sometido al régimen de subordinación es, en mérito de ese sólo hecho, dependiente de su empleador, pues si así lo fuere, todo empleado por la sola razón de serlo, sería inhábil para los efectos aquí investigados, conclusión que la Corte ha condenado en virtud de las poderosas razones de orden legal y social expuestas en los distintos fallos aquí reproducidos parcialmente, y que en la actualidad cobran singular importancia si se tiene en cuenta que la legislación laboral imperante en el país desde hace algo más de medio siglo, ha venido procurando, además de sus fines de higiene social, por asegurar la independencia económica y moral del trabajador, sin desmedro de las exigencias laborales de la empresa, sustrayendo de la influencia excesiva del empleador aquellas condiciones de vida que se reputan sustanciales para la dignidad humana del trabajador. Por tal razón se ha hecho menester indagar si un empleado subordinado es o no, independiente del empleador, pues éste lo será o no, según los hechos lo determinen.

(…) De manera que, en resumen, puede afirmarse, sin hesitación alguna, que el numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil no contempla la inhabilidad del empleado, por ser tal, sino la del dependiente o doméstico, por cuanto la situación actual del trabajador frente a la del empleador, si bien es de subordinación no es de dependencia, y como tal es testigo idóneo, no solamente para declarar en juicio, sino aun para intervenir en el otorgamiento de un acto solemne realizado por su empleador, como lo es el del testamento; la vinculación jurídica del empleado u obrero con el empleador ciertamente apareja, por sí sola, la subordinación. Pero no la dependencia. Y el que invoque ésta, debe probarla, desde luego, por otros motivos que no sean propiamente la condición de empleado u obrero.

3.2. Con posterioridad, la Corte, al definir sobre la nulidad de un testamento fundada en el inciso final del artículo 1068 del Código Civil —que exige que al menos dos “de los testigos deberán estar domiciliados en el lugar en que se otorga el testamento”— señaló:

La prohibición, por lo tanto, en los términos del artículo 1068 del Código Civil, para ser testigo testamentario, debe entenderse referida a quienes no pueden dar fe de las circunstancias que rodearon la confección del testamento, bien por motivos de incapacidad general o por presentar fallas sensoriales notorias, ya porque no obstante ser capaces para declarar, existen razones serias para dudar de su credibilidad, como el interés, el parentesco y la profesión o estado de los testigos (CSJ SC, 26 Oct. 2004, rad. 1999-00137-01).

3.3. Y en Sentencia de 13 de octubre de 2006, que fue la que guio el fallo del tribunal, se expuso:

El testamento, como acto unipersonal por medio del cual el testador ordena la distribución total o parcial de sus bienes a través de disposiciones cuyos efectos se difieren para después de su fallecimiento, exige para perfeccionarlo la observancia de ciertas solemnidades, según la especie o circunstancias concurrentes en el momento, sin las cuales nacerá con vicios que a la postre conducirán a invalidarlo. En tratándose del abierto, nuncupativo o público, es decir, aquel en que el disponente hace sabedores de sus determinaciones a los comparecientes al acto, debe extenderse por escrito, y si existe notario ante éste y tres testigos, o ante cinco, si en el lugar no existiere notario.

En torno a la estrictez con que debe procederse en este tema, ha expresado la Corte que ‘en materia de nulidades, y especialmente en las referentes a los testamentos, el criterio debe ser siempre restricto y jamás de ampliación, por lo grave que es dejar, sin fundamentos muy sólidos y sin razones muy evidentes, ineficaz e inoperante la última voluntad del testador’ (G.J. t. LIV bis, p. 157; LXXXIV, p. 366 y CXIII, p. 108).

Surge evidente, entonces, que el propósito del legislador ha sido el de propender por la estabilidad, firmeza y cumplida ejecución de la última voluntad de quien decide disponer de sus bienes mediante alguna de las formas testamentarias preestablecidas; por esa razón, únicamente son susceptibles de invalidar los actos solemnes de aquella especie respecto de los cuales se demuestre en forma fehaciente la existencia de errores en su otorgamiento que, sin resquicio de duda, estructuren alguna de las precisas y concretas causales de nulidad consagradas en el ordenamiento positivo, y no cualquier otro vicio o irregularidad.

Sin embargo, en orden a mantener razonablemente la voluntad postrera del testador, la doctrina jurisprudencial de la corporación viene propendiendo por atenuar la severidad de los antiguos principios atinentes a los requisitos formales, para dar cabida a conceptos más amplios que conduzcan evitar la ineficacia y la burla de las manifestaciones expresadas por el disponente.

Es así como, verbi gratia, la trascendencia que antaño tenía el domicilio de los testigos instrumentales no persiste hoy en día, al ser evidente que correspondía a una exigencia tendiente primordialmente a identificarlos o localizarlos cuando surgiera la necesidad de hacerlos comparecer a declarar dentro de alguna causa litigiosa, de suerte que ahora no tiene razón de ser, debido a la facilidad que la tecnología, los medios de comunicación y de transporte brindan para lograr tales objetivos, porque ‘que la ley exija que dos de los testigos testamentarios tengan su domicilio en el lugar del testamento, esto no significa que quienes tienen domicilio en lugar distinto, son inhábiles para declarar, porque si se autoriza intervenir como tales a unos y otros, los domiciliados y los no domiciliados, debe predicarse que todos serían idóneos para ese propósito ... el domicilio de los testigos ha perdido su razón de ser ... la formalidad externa del testamento sobre que dos de tales testigos, a lo menos, tengan domicilio en el lugar en que se otorga, ha perdido su utilidad práctica, razón por la cual no tiene la virtud de aniquilarlo’ (Sent. Cas. Civil de 26 de octubre de 2004, exp. C6867931840011999-0137-01), (no publicada aún oficialmente); reitera así la Corte esta precisión, tanto más si se considera que el derecho no está llamado a anquilosarse sino a evolucionar en forma armoniosa con las transformaciones sociales, extrayendo en cada caso el fin buscado por el legislador al consagrar las diversas hipótesis normativas.

No obstante, tal entendimiento no puede significar que la participación de los testigos instrumentales carezca de importancia, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo previsto en el artículos 1070, inciso 1º, y 1072 del Código Civil, su presencia es esencial en el acto de otorgamiento del testamento, a fin de que escuchen las disposiciones del testador y puedan dar fe de ellas en el futuro, en caso de controversia sobre su contenido y alcance o acerca de las formalidades de su celebración.

(…) En cuanto toca con la pretendida invalidez del acto postrero de disposición de la señora Pérez Ramírez con asidero en la condición de doméstica de la testigo Olga Betancur Calderón respecto de la asignataria Raquel Trujillo Camacho, ha de verse que frente a la misma el ad quem, siguiendo las directrices jurisprudenciales de esta corporación, si bien consideró encontrarse acreditado, sin lugar a dudas, que para la época de la extensión, otorgamiento y autorización del documento notarial que recoge el testamento ciertamente se desempeñaba en tales labores, igualmente encontró que ‘la subordinación laboral que aparece establecida en el plenario respecto de la testigo testamentaria, no vicia de nulidad el acto testamentario, puesto que no es esa la dependencia la que inhibe para ser testigo, sino el completo sometimiento o subordinación de una persona a otra, que se traduzca en un obedecimiento completo, a las órdenes de su amo, sometimiento éste que para nada se vislumbra en este caso, pues de las versiones rendidas en el expediente no se estableció que la relación laboral entre la testigo y la señora Raquel Trujillo Camacho fuese de tal envergadura que su capacidad volitiva se encuentre afectada por ese grado de subordinación o dependencia laboral’.

Según los casacionistas, con ese entendimiento incurrió el tribunal en error jurídico en la interpretación de los fallos invocados para sustentarlo, como quiera que, aunque con ellos se abordó el asunto de la nulidad testamentaria bajo la causal consagrada en el numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil, no era menos cierto que allí también se había puesto de presente el tema de la dependencia o subordinación del empleado en general, dejando por fuera el específico aspecto de los ‘domésticos’, cuya sola enunciación, aseguran, da por sentada la presencia de aquellos conceptos; fuera de lo anterior, sostienen que dejó de observar que entre las características propias del empleado del servicio doméstico, se encuentra la de convivir y compartir permanentemente con su empleador o patrono, particularidades que, por lo demás, se establecieron en el proceso.

En este sentido es de advertir que, como así lo ha interpretado esta Sala en varias sentencias de casación (G.J. t. IX, p. 9; LIV, bis, p. 158; CCXLVI, p. 1464, entre otras), el simple hecho de la subordinación laboral a la que pueda estar vinculado el testigo testamentario respecto de las personas mencionadas en el referido ordinal, no es suficiente para configurar la inhabilidad allí prevista, sino cuando esté sujeto en grado sumo al sometimiento y subordinación patronal, a tal extremo que no le deje posibilidad de independencia y autodeterminación, todo de conformidad con las particularidades de cada evento, que por supuesto el juez ha de analizar con el detenimiento necesario; de ahí que pueda concluirse que eso fue precisamente lo que hizo el sentenciador de segundo grado, pues no se limitó a acoger literalmente la causal de inhabilidad de la testigo Betancur Calderón, sino que, con base en el caudal probatorio, procedió a escudriñar si esa relación laboral restringía a tal punto la capacidad volitiva de la misma, aspecto que no encontró demostrado. (CSJ SC, 13 Oct. 2006, rad. 2000-00512-01).

4. Ninguna duda queda, por consiguiente, que el criterio recogido en esos fallos, fue el que adoptó el tribunal respecto del numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil, como quiera que, según se desprende de su sentencia, mirada en todo su contexto, y no fraccionadamente, dicha autoridad estimó que la configuración de la inhabilidad allí prevista solamente se daba en aquellos casos en los que, a más de existir entre el testigo instrumental y el testador un vínculo contractual de linaje laboral, tal relación, por sus características factuales propias, hubiese implicado, para aquél, un nexo de dependencia que afectara negativamente su autonomía y, por ende, su credibilidad; o, para éste, que el testamento por él otorgado, no fuese reflejo de su más sincera y pura voluntad.

5. Frente a esa actividad hermenéutica del sentenciador de segunda instancia, el recurrente, sin refutarla frontalmente, propuso un enfoque diverso, toda vez que, en su concepto, la circunstancia de discapacidad de la actora, señora Lucy Edelmira Murillo Acevedo, por ser invidente, considerada a la luz de los principios y valores consagrados en la Constitución Política de 1991, particularmente, los relacionados con el derecho fundamental a la igualdad y con la especial protección que en ese ordenamiento jurídico superior se brinda a las personas con afectaciones físicas o sensoriales, que las colocan en un plano de vulnerabilidad manifiesta, determinaba una interpretación distinta del numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil, que conducía a concluir, en definitiva, que el sólo hecho de mediar entre el testigo instrumental Duque Pareja, como trabajador, y el testador Sánchez Ochoa, como empleador, una relación laboral, permitía colegir que el primero estaba inhabilitado para intervenir en la condición anotada en el testamento abierto o nuncupativo otorgado por el segundo ante el Notario Catorce de Medellín y, por lo mismo, generaba la nulidad de ese acto, como se reclamó en el libelo introductorio.

6. Analizada con el mayor detenimiento la propuesta interpretativa que en torno del numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil planteó el censor, se encuentra que ella está soportada en un supuesto netamente fáctico, como es, en concreto, la discapacidad visual de la actora.

Es que fue con apoyo en ese particular hecho, que el recurrente abogó por una comprensión distinta del indicado precepto, en la medida que consideró que de habérsele apreciado y valorado conforme a las normas constitucionales que invocó y al análisis que de ellas hizo, el tribunal hubiese colegido, en primer lugar, que la vinculación laboral que existió, para la época en la que se otorgó el testamento materia de la litis, entre los señores Juan Pablo Duque Pareja y Mario Enrique Sánchez, era suficiente para avizorar que aquél estaba incurso en la inhabilidad contemplada en el citado precepto; y, en segundo término, que, por consiguiente, las pretensiones del libelo introductorio estaban llamadas a acogerse.

Sobre el particular, conviene memorar que el reparo que, en concreto, el censor le hizo al tribunal, consistió en que no interpretó el ya tantas veces mencionado numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil “conforme a la Constitución Política de 1991 y en consideración a las particularidades que el caso ofrecía (situación de vulnerabilidad de la demandante, dada la condición de invidente que el tribunal verificó)” (negrillas fuera del texto).

Del mismo modo, insistir en que la tesis del impugnante se edificó sobre la base de que “si el tribunal hubiera integrado la norma del Código Civil (art. 1068 num. 14) con los principios y valores constitucionales que consagran los textos que han sido analizados, hubiera concluido que el alcance que la Sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia ha dado a la prohibición que consagra el artículo del Código Civil antes señalado, era adecuado para reprochar el testamento otorgado por el señor Mario Enrique Sánchez Ochoa en desmedro de los intereses de su cónyuge supérstite, porque cuando la persona que se considera afectada por las disposiciones de la carta testamentaria se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, como ocurre con la señora Murillo Agudelo, por razón de su invidencia o ceguera, la ‘rigidez’ interpretativa que ha predicado la Corte para garantizar ‘la independencia y autonomía del testador’, debe ceder para en un ejercicio de ponderación de derechos, otorgarle al disminuido físico o sensorial, y por ende en situación de alta vulnerabilidad, la protección que demandan los principios y valores constitucionales establecidos por las normas mencionadas, la cuales son de aplicación especial y preferente en casos como el que se analiza, como claramente lo establece el art. 5º de la Constitución Política en asocio con el art. 13 del mismo estatuto” (subrayas y negrillas fuera del texto).

A lo que añadió que “el criterio general de la Corte, que fue el que tuvo en cuenta el tribunal sin parar mientes al llamado de la corporación a evaluarlo con el ‘detenimiento necesario’ frente a las ‘particularidades’ ofrecidas por casos futuros, está concebido, como la misma Corte lo anota, para proteger y salvaguardar la última voluntad del testador, su independencia y su autonomía, para casos donde la igualdad de los interesados no está desvirtuada por la realidad fáctica, pero no para eventos donde entran en juego los derechos de personas disminuidas física, sensorial o síquicamente, es decir, con una debilidad manifiesta, cuyo amparo reclama una exégesis como la que se propone, esto es, que partiendo de la Constitución, y de las normas que en ella velan por la protección preferente de las personas en las condiciones señaladas, se haga una lectura menos rígida del art. 1068 num. 14 del Código Civil, para leer en él como motivo de inhabilidad suficiente, determinante de la nulidad del testamento, la presencia testimonial de una persona con subordinación laboral o de trabajo con el testador o su consorte, como en el caso ocurre” (subrayas y negrillas fuera del texto).

7. En suma, se colige que la alegación del recurrente no es, por ende, de puro derecho, en tanto y en cuanto que, se reitera, comportó la aducción del señalado hecho.

De esa constatación se desprenden las siguientes dos conclusiones que, como se verá, implican el fracaso de la acusación:

7.1. Tratándose de la violación directa de la ley sustancial, que como motivo autónomo de casación contempla el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, la Corte invariablemente ha predicado que su debida sustentación, debe circunscribirse a lo estrictamente jurídico, en procura de acreditar el quebranto de las normas cuya vulneración se denunció.

La razón de lo precedente reside en que “si el recurrente, con el fin de poder demostrar un error jurídico, hace incursiones en el campo de los hechos para deducir de allí sucesos diferentes a los trascendentes que en el mismo terreno haya encontrado el tribunal, tal circunstancia estará poniendo por sí sola de presente que el censor discrepa de la sentencia acusada no sólo en la cuestión de derecho sino también en la de hecho; que la disconformidad sobre lo primero tiene origen en la disconformidad de lo segundo; y que, por ende, no se trata de violación directa sino de violación indirecta. Situación esta última que configura un motivo especial de casación, sujeto a un régimen técnico también especial y distinto en todo caso del que es propio de la violación directa” (CSJ SC, 28 Nov. 1969, CXXXII, 193 y 194; 17 Feb. 1972, CXLII, 46 y 47; 18 Jul. 1984, no publicada; 15 mayo 1992, G.J. T. CCXVI, p. 413 - negrillas no son originales).

Se sigue de lo precedentemente expuesto, que en el cargo examinado se entremezclaron los motivos de casación relacionados con la violación directa y la indirecta de la ley sustancial, los cuales, por ostentar distinta naturaleza, no pueden ser confundidos.

Al respecto, tiene decantado la Corte:

(…) la violación de las normas sustanciales se puede presentar al margen de toda discusión sobre la plataforma fáctica del litigio, caso en el cual la queja casacional debe encauzarse por la vía directa, o como consecuencia de yerros jurídicos o fácticos del juzgador en la tarea de apreciar las pruebas, evento en el cual la infracción de aquellas se produce por rebote, es decir, de forma indirecta. Pero una y otra vía, en cuanto ligadas a una misma apreciación del fallo, no se pueden entremezclar en un mismo cargo, como lo ha hecho la censura, dado que se repelerían mutuamente, sin que la Corte pueda escoger el camino por cuenta del censor, dada la naturaleza eminentemente dispositiva que se predica del recurso de casación” (CSJ SC, 10 Nov. 2003, rad. 7285 - el destacado es propio).

La deficiencia puesta de presente, per se, le quita toda posibilidad de éxito a la acusación.

7.2. Como viene de comprobarse, el aspecto principal de la censura radica en la cuestión fáctica relativa a la discapacidad de la actora, en tanto que esa circunstancia se adujo como la determinante de la interpretación que, en relación con el numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil, sugirió el casacionista.

Empero resulta que ese hecho, la invidencia de la señora Murillo Agudelo, no fue esgrimido en la demanda como fundamento de la acción intentada, ni se alegó durante el proceso y, por lo mismo, no fue analizado por el ad quem. Su aducción sólo vino a realizarse en casación y, más concretamente, en desarrollo del cargo que se estudia.

Prueba por demás diciente de ello, es el hecho de que a pesar de que en la Sentencia de primera instancia se propugnó, en líneas generales, por una interpretación de la norma en comento similar a la que luego predicó el tribunal, la parte demandante, y recurrente en casación, al sustentar la apelación que propuso contra dicho fallo, no esgrimió en apoyo de tal impugnación el hecho de la invidencia de la actora y, menos aún, sugirió que esa circunstancia, debía guiar el criterio para dilucidar el verdadero sentido del numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil.

Así las cosas, es forzoso colegir que el advertido hecho corresponde a un medio nuevo, inadmisible en casación, sin que para su reconocimiento como tal, sea óbice que el cargo auscultado hubiese sido propuesto por la senda de la violación directa de la ley sustancial, pues como se vio, mirado su contenido, la acusación es mixta.

En torno de la alegación de circunstancias fácticas que no fueron debatidas en el respectivo proceso, la Corte ha expresado lo siguiente:

(…) Descartados los argumentos de puro derecho y los medios de orden público, que nunca serán materia nueva en casación, lo demás, esto es, los planteamientos legales o extremos no formulados o alegados en instancia, son campo vedado al recurso extraordinario… ‘…Esto no implica que no se puedan aducir en casación argumentos que no se hicieron en instancia, a condición que ellos tengan un carácter puramente jurídico, que no se mezcle ningún elemento de hecho, lo que vale decir que los medios mixtos en que se mezclan elementos de hecho y de derecho no son aceptados en casación (XLI bis. subraya la Sala)…Por consiguiente, en toda esta materia de las alegaciones jurídicas y de los planteamientos legales relacionados con los hechos y distintos de las razones de puro derecho y de orden público, se da el medio nuevo, pero únicamente cuando tales alegaciones no fueron formuladas en instancia” (CSJ SC, 22 Jun. 1956, G.J. T. LXXXIII –se destaca).

Si no es posible considerar el hecho fundante del reproche en examen, ninguna base tiene la Corte para escudriñar en el fondo, la interpretación que del numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil realizó la acusación.

8. En forma reiterada, la Sala, en los párrafos anteriores, reseñó las apreciaciones que el tribunal consignó en su fallo para descartar que el testigo instrumental Juan Pablo Duque Pareja estuviese incurso en la igualmente identificada inhabilidad.

Ese conjunto de argumentos desvirtúan, por sí solos, el otro yerro jurídico que el recurrente le enrostró al ad quem, habida cuenta que no fue el criterio de éste, al interpretar el numeral 14 del artículo 1068 del Código Civil, incluir como uno de los factores contemplados por la norma, que entre quien fungió como testigo de un testamento y el autor de dicho acto, a más de la existencia del nexo laboral a que se ha hecho referencia, hubiese mediado un “contacto personal o familiar”, expresión que fue utilizada únicamente por la actora en la declaración de parte que rindió y que el tribunal, al compendiar su versión, reprodujo, pero sin apropiársela.

9. Por lo expuesto, el cargo examinado no está llamado a buen suceso.

IV. Decisión

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de casación civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso ordinario antes referenciado.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Tásense por Secretaría, incluyendo la suma de $ 6.000.000 como agencias en derecho a favor de los demandados.

En su oportunidad, devuélvase el expediente a la corporación de origen.

Notifíquese».