Sentencia 2006-00225 de mayo 9 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

SC5801-2014

Rad.: 23001-31-03-002-2006-00225-01

(Aprobado en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil catorce)

Bogotá D.C., nueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. La inconformidad del impugnante se circunscribió a la negativa del tribunal a declarar la simulación absoluta deprecada en las súplicas principales de la demanda, pese a que esa corporación, como se hizo notar al compendiarse los argumentos en los que soportó su fallo, igualmente desestimó la pretensión subsidiaria, consistente en que se declarara nulo absolutamente el contrato base de la acción, determinación esta que, al no haber sido cuestionada, resulta intangible para la Corte, de ahí el alcance parcial que tiene el recurso de casación objeto de este pronunciamiento.

2. Ahora bien, en punto de la simulación absoluta solicitada, el ad quem optó por desestimarla con base en dos consideraciones esenciales:

2.1. En primer lugar, que la confesión en que se fundó el a quo para declararla próspera, no se configuró, pues dicha autoridad separó impropiamente las varias manifestaciones que hizo la accionada al responder el libelo introductorio, lo que contradice el principio de indivisibilidad que rige dicho medio de convicción, y de esta manera dejó de apreciar que aquella negó que hubiese abusado de las condiciones de salud del actor y afirmó que con la transferencia efectuada, este cumplió la obligación que tenía con su progenitora de devolverle el inmueble, como consta en el documento privado que suscribió el 13 de marzo de 1992.

2.2. Y, en segundo término, que valorados los medios persuasivos recaudados en el proceso, no obra prueba que la acredite sino que, por el contrario, se incorporaron elementos de juicio que la niegan, en particular, los siguientes: el documento privado otorgado por el actor el 13 de marzo de 1992, quien lo reconoció ante notario público en esa misma fecha; y la declaración de la señora XXX.

3. Siendo ello así, como en efecto lo es, resulta evidente que ninguno de los señalados argumentos aducidos por el tribunal fueron eficazmente atacados por el censor, como pasa a analizarse:

3.1. Ya se dilucidó que la razón esencial para que el sentenciador de segundo grado estimara inexistente la prueba confesión en la que el a-quo estructuró su fallo, fue la indivisibilidad que predicó respecto, por una parte, de las respuestas que la demandada dio a los hechos del escrito con el que se dio inicio a la controversia y, por otra, de las explicaciones adicionales que en torno de ellos, allí mismo consignó.

3.2. Ese preciso aspecto, el de la indivisibilidad, no fue siquiera contemplado por el recurrente, de modo que ninguna apreciación efectuó sobre el particular y, mucho menos, una dirigida a enervar la postura que en el punto asumió el ad quem, limitándose a insistir en la ocurrencia de la confesión, planteamiento este que, como es obvio, no alcanza a desvirtuar tal fundamento medular del fallo de segunda instancia, pues se hacía necesario discutir y comprobar que el hecho confesado y las explicaciones que sobre él se adicionaron, eran escindibles.

Al respecto, cabe memorar que —como lo tiene precisado la Corte— “no menos conocido es que ‘(...) la ley deja al arbitrio de los jueces el análisis de la confesión para calificarla de individua o dividua, según que de su contenido encuentren que el hecho añadido como explicación tenga o no conexión íntima con el confesado; que los dos sean inseparables, o separables, el juicio que en el punto se forme el tribunal es intocable en casación, a menos que aparezca ostensiblemente contraevidente con la prueba que la realidad ostenta’” (G.J. t. CLI, pág. 5, citada en CSJ SC, 4 Abr. 2002, Rad. 6941) (se resalta).

3.3.Por resultar ello fundamental, es pertinente reproducir, en lo que corresponde, el documento suscrito y reconocido ante notario por el demandante el 13 de marzo de 1992, que reza:

Yo, XXX, mayor y vecino de Montería, identificado con la cédula de ciudadanía 6.858.023 de Montería, por el presente hago constar:

1. El inmueble urbano situado en esta ciudad, barrio Chuchurubí, calle 21 con carrera 2ª, #21-06 y ficha catastral 01-2-223-011-00 y a que hace referencia la escritura pública 788 de 19 de mayo de 1989 de la Notaría Primera de Montería, que fue otorgada a mi favor por la señora XXX, es de propiedad de XXX y por tanto el instrumento público a que aludo es simulado en todas sus partes, ya que yo no he intervenido en esta negociación, no he pagado precio alguno, no he recibido nada, no he poseído nunca dicho bien y ni siquiera conozco a la persona que figura como vendedora. Que se trata de una escritura de confianza a pedido de mi hermana legítima XXX.

(...) Por tanto, siendo yo un testaferro me obligo a traspasar el dominio de tales bienes en el momento en que mi hermana disponga por escrito a favor de ella o de la persona que ella indique. Que no puedo ni usar tales bienes, ni gravarlos ni enajenarlos so pena de incurrir en los delitos y sanciones previstas en el Código Penal.

Para constancia firmo en Montería a los 13 días del mes de marzo de 1992.

3.4. El tribunal —según se enunció— extrajo de ese documento que quienes son parte en el proceso, “no convinieron disimular el acto contractual” que celebraron, ni plasmaron en él nada diferente a su genuina voluntad, por lo que con la compraventa aquí controvertida, el actor dio cumplimiento a la obligación que había adquirido con su hermana XXX, de devolverle el inmueble objeto del litigio, transfiriéndolo a quien ella le indicó, esto es, a su hija XXX.

Con el indicado escrito, además, quedó desvirtuado el fundamento aducido en la demanda a favor de la simulación deprecada, esto es, que la accionada se hubiere valido de la presunta enfermedad sufrida por su tío para que éste suscribiera la escritura pública contentiva de la compraventa y, por consiguiente, que dicho negocio jurídico hubiese tenido el propósito de engañar, desmintiéndose también la alegación del demandante sobre el perjuicio que le habría sido irrogado, toda vez que él admitió, por una parte, que la casa sobre la que ella versó, era de propiedad de su hermana XXX; y, por otra, que no canceló suma de dinero alguna por la misma a la vendedora XXX.

3.5. Teniendo como punto de partida que de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de la Corte solamente el yerro “evidente, paladino, manifiesto u ostensible, es decir, de naturaleza tal que exista palmaria contradicción entre lo allí afirmado y la realidad que surja de los autos” (CSJ SC, 3 Jun. 2008, Rad. 1997-11872-01) configura el “error de hecho manifiesto” de que trata el inciso 2º del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, encuentra la Sala, cotejado el contenido objetivo de la referida probanza y las conclusiones a las que, en cuanto a ella, arribó el tribunal, que en ningún error o, por lo menos, en uno de la advertida naturaleza, incurrió esa corporación al apreciarla, pues sus deducciones fácticas acompasan con las manifestaciones que en el referido documento plasmó el actor, circunstancia que por sí misma impide reconocer prosperidad a la queja del censor.

3.6. Se adiciona a lo anterior que el planteamiento del recurrente, consistente en que la sola circunstancia de que la señora XXX no fue la adquirente del mencionado inmueble desvirtúa el contenido del documento de 13 de marzo de 1992, en particular, la obligación que allí el demandante reconoció de regresarle el inmueble a aquélla, carece de virtud para desvirtuar las conclusiones del tribunal derivadas de la precitada pieza procesal, pues dicha autoridad no soportó su juicio en que la nombrada persona hubiese sido quien compró el inmueble a la señora XXX sino, lo que es bien distinto, en que el promotor de este litigio reconoció expresamente que no fue él quien en realidad, de un lado, realizó dicho negocio jurídico y, de otro, pagó el precio convenido en la escritura pública 788 de 19 de mayo de 1989, otorgada en la Notaría Primera de Montería.

3.7. En lo concerniente con la declaración rendida por la señora XXX(1), basta señalar que al preguntársele sobre la venta que hizo de la casa ubicada en la calle 21 con carrera 2ª de la citada ciudad, contestó: “Yo le vendí al doctor XXX, él nunca la vendió, la casa la ponen a nombre de XXX y XXX quería quedarse con la casa y XXX se la pedía para dársela a sus hijas, XXX no quiere dar la casa, el doctor XXX me llamó para decirme que XXX se quería quedar con la casa”, y al cierre de la diligencia, la testigo insistió en que le había vendido del predio a XXX, quien le pagó el precio que pactaron.

Como en el caso de la prueba documental anteriormente analizada, es forzoso, entonces, colegir que en ningún desatino mayúsculo incurrió el sentenciador de segunda instancia cuando invocó el memorado testimonio como prueba de refuerzo para arribar a la conclusión de que el señor XXX “no fue el real comprador” del objeto de la litis y que el mismo “no pagó valor alguno por él”, en tanto que ese fue el sentido de las manifestaciones de la declarante, quien es, precisamente, la persona que, según su propio dicho, vendió ese bien al señor XXX, esposo de XXX y padre de la aquí demandada, dejando en claro la deponente que el inmueble fue puesto a nombre del actor por aquéllos.

4. Manteniéndose sólidos todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia impugnada, deviene como obligado corolario que la misma no está llamada a casarse y que, por consiguiente, resulta inane examinar el reproche del recurrente relativo a la preterición de las pruebas que especificó, acusación que, adicionalmente, resulta frustránea, por cuanto no satisface la exigencia formal de su debida comprobación, prevista en el numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, como quiera que el censor se limitó a enunciar las pruebas presuntamente omitidas y, por lo mismo, no realizó ninguna labor de contraste, como tenía que hacerlo, entre su contenido objetivo y lo que de ellas debió inferir el juzgador.

De manera insistente ha predicado la Corte que para la debida acreditación de los yerros fácticos no es suficiente relacionar “las pruebas que se estiman mal apreciadas” y expresar “una crítica razonada sobre la tarea evaluativa que en torno a ellas hizo el fallador”, pues son necesarios “argumentos tan concluyentes que la sola exposición del recurrente haga rodar por el piso la labor probatoria del tribunal’ (Cas. Civil, feb. 23/2000, exp. 5371), propósito que no se alcanza contraponiendo ‘la interpretación que de las pruebas hace el censor con la que hizo el Tribunal’, sino confrontando ‘la sentencia con el derecho objetivo y la violación patente del sentenciador’, de suerte que para exhibir la evidencia y la trascendencia del error, se torna indispensable ‘cotejar lo expuesto en el fallo con lo representado por la prueba, a fin de que de esa confrontación brote el desacierto del sentenciador, de manera clara y evidente” (CSJ SC, 29 Feb. 2000, Rad. 6184, reiterada en CSJ SC, 31 Mar. 2001, Rad. 7141 y en CSJ SC, 9 Feb. 2004, Rad. 7577) (El subrayado no pertenece al texto original).

5. El cargo auscultado, por lo tanto, no está llamado a prosperar.

V. Decisión

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería en el proceso ordinario antes referenciado.

Costas del recurso extraordinario a cargo del recurrente. Tásense por Secretaría, incluyendo la suma de $6.000.000 como agencias en derecho a favor de la parte demandada.

En su oportunidad, devuélvase el expediente a la corporación de origen.

Notifíquese».

(1) Folios 744 y 745, cuaderno 3.