Sentencia SC5917-2017/2014-01139 de mayo 2 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC5917-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2014-01139-00

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

(Aprobado en sala de ocho de febrero de dos mil diecisiete)

Bogotá, D. C., dos mayo de dos mil diecisiete.

Decide la Corte la solicitud de exequátur presentada por la señora María Rosalba Portillo Rojas, respecto de la sentencia de divorcio proferida el once (11) de julio de dos mil seis (2006), por el Juzgado Oficial de Westerburg, Alemania.

I. Antecedentes

1. La actora, a través de apoderado judicial designado para el efecto, solicitó homologar la providencia referida precedentemente, proveído mediante el cual, en la ciudad de Westerburg, Alemania, se declaró disuelto el matrimonio civil que había contraído con el señor Rudolf Willi Piroth, de nacionalidad Alemana.

2. Como soporte de la petición formulada, se presentaron los siguientes hechos:

a) María Rosalba Portillo Rojas y Rudoff Willi Piroth, de nacionalidad colombiana y alemana, respectivamente, contrajeron matrimonio civil el veintiuno (21) de septiembre de dos mil uno (2001), unión de la cual no se procrearon hijos.

b) Los cónyuges, ante la autoridad judicial correspondiente en la República Federal de Alemania, radicaron la pretensión de divorcio y el once (11) de julio de dos mil seis (2006), el funcionario encargado aceptó disolver ese vínculo civil mediante Sentencia 41F761-2005.

c) La traducción de los textos foráneos, fue realizada por la señora Dorothee Grote, quien es traductora oficial acorde con la Resolución 2501 de 1994, del Ministerio de Justicia y del Derecho.

d) No existe tratado específico entre Colombia y Alemania sobre el reconocimiento reciproco del valor de providencias pronunciadas por autoridades judiciales de ambos países en causas matrimoniales.

e) No obstante lo anterior, la legislación alemana contempla la posibilidad de que las sentencias extranjeras tengan efectos en dicho territorio.

f) Junto con la solicitud se allegaron documentos como, el registro civil de matrimonio de la pareja, poder para actuar y, ejemplar auténtico de la sentencia que se pretende homologar.

II. El trámite observado

1. Cumplidas las exigencias formales, se admitió la demanda por auto de ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014) (fl. 25), habiéndose ordenado correr traslado al Ministerio Público, por el término de cinco (5) días, acorde con el artículo 695 núm. 3 del C. de P.C.

2. La Procuraduría, a través de su respectivo agente, manifestó que se opone “a la petición de exequatur, en razón a que, como se ha dejado reseñado, en el fallo emitido por el Juzgado Oficial de Westerburg, República de Alemania, no se indicó la causal con fundamento en la cual se decretó el divorcio impetrado, supuesto indispensable para establecer si ella se encuentra consagrada en nuestro ordenamiento jurídico como hecho generador de la disolución del contrato matrimonial”.

3. El diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014), se ordenó la etapa probatoria, disponiendo el recaudo de las solicitadas por la parte actora.

3.1. De oficio, se dispuso librar comunicación al señor Cónsul de Colombia en Frankfurt (Alemania), solicitándole obtener, legalizar, traducir y remitir las copias certificadas, con indicación de su vigencia actual, de los textos legales de acuerdo con los cuales es permitida, en el territorio alemán, la ejecución de sentencias extranjeras proferidas en causas de divorcio.

4. En su momento, la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio visible en folio 46, informó que “entre la Republica de Colombia y la República Federal de Alemania no existe convenio sobre ejecución de sentencias judiciales”.

5. Atendiendo la anterior comunicación, por exhorto Nº 007, se decidió solicitar al Consulado de Colombia en Frankfurt (Alemania) para que acreditara, de existir, la reciprocidad legislativa entre ambas naciones.

6. A través de escrito obrante en folio 57, el Representante General de Colombia en Frankfurt, remitió “la respuesta recibida por parte del Ministerio de Justicia de Hesse, así como la respuesta del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania sobre la normativa vigente que regula la ejecución de sentencias judiciales en materia de divorcio de matrimonio civil y reconocimiento de sentencias extranjeras, que reposa en esta oficina”.

7. Por auto de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015), y con miras a la comprobación de la reciprocidad legislativa, se ordena la traducción de los documentos obrantes en folios 52-56, a fin de tenerse en cuenta, según lo estipulado en los artículos 188, 259 y 260 del C. de P.C.

8. Vencida la etapa probatoria, se concedió a los sujetos procesales un término común de cinco días (art. 695.6 C. de P. C.), con el propósito de que presentaran sus alegaciones finales (fl. 66), el cual venció en silencio.

9. El veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciséis (2016), la suscrita magistrada ordena requerir por última vez a la parte actora, para que allegue la traducción pertinente de los documentos obrantes en folios 52 a 56, lo cuales son indispensables para proferir el fallo; adicionalmente, se aporte constancia de la ejecutoriedad de la sentencia y la aclaración del trámite por el cual se llevó a cabo la disolución del vínculo, estas observaciones se hacen a la luz de lo estipulado en el artículo 694.3 del Código de Procedimiento Civil.

10. A través de providencia adiada veintidós (22) de noviembre de la misma anualidad, se reconoce personería a la Dra. Gloria Esperanza Brand Daza como apoderada de la parte demandante; se autoriza la expedición de las copias auténticas de los escritos visibles en folios 52-56 para la finalidad propuesta; por último, se le requiere a la actora dar cumplimiento al auto anterior.

11. Según informe secretarial de fecha once (11) de enero de dos mil diecisiete (2017), se corrobora que a pesar del tiempo transcurrido la parte no ha concurrido a satisfacer las cargas ordenadas.

III. Consideraciones

1. La resolución de los conflictos es un asunto que atañe a la administración de justicia y, solo pueden cumplir ese encargo quienes estén autorizados expresamente por la ley para tales propósitos, lo anterior, en la medida en que aspectos como el orden público resultan involucrados, en especial, la soberanía nacional. Esa premisa pone de relieve que, en principio, solo las sentencias y/o determinaciones equivalentes, emitidas por jueces o funcionarios patrios, tienen efectos en Colombia.

No obstante, en virtud de los principios de cooperación y reciprocidad internacional han llevado a alterar esa regla y, hoy en día, es posible que una decisión adoptada por un operador judicial foráneo genere consecuencias en territorio nacional.

2. Empero, esa prerrogativa está supeditada al cumplimiento de varios requisitos y, principalmente, a la obtención del exequátur. Dentro de este trámite, entre otras condiciones, debe acreditarse que en el país de donde proviene la providencia objeto de homologación, se brinda a los pronunciamientos de los jueces nacionales un tratamiento similar, es decir, que allí, también, pueden ser cumplidos los fallos de los jueces de Colombia.

En efecto, esa directriz está regulada expresamente en el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:

Las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia.

Alrededor de esta exigencia, la Corte, en forma reiterada y constante, en varios fallos, ha manifestado que para otorgar valor a las determinaciones extranjeras es indispensable que se acredite la existencia de la reciprocidad sobre la materia, ya provenga de un pacto multilateral o bilateral o de la propia normatividad.

Así lo ha expresado:

“… en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia…” (G. J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309, entre otras).

3. Al descender al estudio del asunto objeto de petición, se observa que en folio 46 del expediente se encuentra certificación proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, en donde se informa que “una vez revisado el archivo de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de esta dirección, se constató que entre la República de Colombia y la República Federal de Alemania no existe Convenio sobre la Ejecución de Sentencias Judiciales”, Constatando con ésta la ausencia de reciprocidad diplomática entre ambos países.

4. Ahora bien, en lo que a la reciprocidad legislativa se refiere, la misma no está plenamente demostrada en el proceso, toda vez que, el Cónsul General de Colombia en Alemania aporta toda la documentación necesaria para cumplir tal fin (fls. 52-56), sin embargo, no obra en el expediente la traducción pertinente para poder darle la aplicabilidad necesaria y así cumplir con el trámite del proceso.

Por lo anterior, en el presente asunto, al no existir tratado en mención, surge la necesidad de acreditar la reciprocidad legislativa y a ello debe proceder la parte accionante, atendiendo que es una carga procesal que le compete, con sujeción a las disposiciones contempladas en el artículo 188 del C. de P.C.

Sin embargo, pese a las aclaraciones e insistencias por parte del despacho, como desde el comienzo se dispuso, se requirió por última vez a la interesada para el efecto, sin ningún resultado positivo, al punto que se ordenó el desglose de los documentos pero nunca se llevó a cabo la traducción.

Por otra parte, se le ordenó a la interesada aportar la constancia de firmeza de la decisión que se pretende homologar y especificar el trámite mediante el cual se llevó a cabo la disolución del vínculo matrimonial, circunstancias que nunca fueron probadas ni aclaradas por la recurrente.

5. En consecuencia, frente a la incuria probatoria inmediatamente dicha, cuya carga indudablemente gravitaba en cabeza de la parte actora, no queda alternativa distinta que negar el exequatur solicitado.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. Denegar la solicitud de exequátur que presentó la señora María Rosalba Portillo Rojas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

2. Sin costas en la actuación.

Notifíquese.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.