Sentencia SC6493-2017/2015-01074 de mayo 12 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC6493-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2015-01074-00

(Aprobado en sesión de veintidós de marzo de dos mil diecisiete)

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá D.C., doce de mayo de dos mil diecisiete.

Decide la Corte sobre la solicitud de exequátur promovida por Roberto Faletti respecto de la sentencia dictada el 24 de julio de 2008 por el Tribunal de Bérgamo Sección Primera Civil, República de Italia.

I. Antecedentes

A. La pretensión.

El demandante, a través de apoderado judicial, solicitó homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual se declaró que el solicitante no era el padre biológico, del entonces menor, Roberto André Faletti Paredes, y en consecuencia, se concedió la impugnación de paternidad pretendida por éste. [Folio 28].

B. Los hechos.

1. Roberto Faletti, de nacionalidad italiana, y Sady Luz Paredes Carreazo, colombiana, iniciaron una relación sentimental desde 1988, de la que presuntamente el 19 de noviembre de 1994, nació un niño llamado Roberto André.

2. En febrero de 1995, el mencionado señor lo reconoció como su hijo y en consecuencia, se hizo cargo de su manutención a pesar de la considerable distancia geográfica que existía entre los dos.

3. Sin embargo, en el año 2001, el progenitor se enteró por comunicación telefónica, que el infante no era su descendiente biológico, por lo que viajó al país para verificar tal información.

4. En esa misma anualidad, se sometió junto con el pequeño a una prueba de ADN, en la que científicamente se demostró que él no era el padre de éste.

5. Posteriormente, la madre y el niño se trasladaron al territorio italiano, donde éste consiguió la ciudadanía.

6. En virtud de lo anterior, el solicitante presentó ante el Tribunal de Bérgamo, acción de “impugnación de reconocimiento del menor como hijo natural”, por defecto de veracidad.

7. Surtido el trámite correspondiente, en el que el menor fue representado por curador especial de conformidad con las normas italianas, y luego de que se practicara por entidades reconocidas en dicho territorio, de nuevo la prueba de ADN, la que excluyó la paternidad, el juzgador foráneo, en Sentencia de 24 de julio de 2008, accedió a las pretensiones y en consecuencia, ordenó realizar la anotación en el respectivo registro civil del, entonces, adolescente.

C. El trámite del exequátur.

1. En Auto de cinco de junio de 2015, se admitió la demanda y se corrió el traslado de rigor a la persona afectada, esto es, al señor Roberto André Faletti Paredes y a los agentes del Ministerio Público. [Folio 34, c. 1].

2. La funcionaria del ente de control, encargada para la defensa de la infancia, la adolescencia y la familia, luego de discurrir sobre las normas relativas al exequátur, manifestó que encontraba procedente otorgar efectos jurídicos a la decisión de impugnación de paternidad, toda vez que se trataba de una determinación legítima desde el punto de vista internacional y su contenido guarda consonancia con el régimen de la filiación regulado en la legislación patria. [Folio 38, c. 1].

De igual forma, refirió, que la determinación se había proferido de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1060 de 2006 y demás normas concordantes de la normatividad colombiana, pues se había determinado por prueba de ADN que el menor no era hijo del demandante, y dentro del trámite procesal, no sólo se había garantizado la representación del adolescente por intermedio de un curador especial, sino que también se verificó la intervención del Ministerio Público, quien coadyuvó la pretensión, y volvió a practicarse la prueba de ADN.

Finalmente, indicó que era necesario recordar que de acuerdo con la Corte Constitucional colombiana en la Sentencia T-160 de 2013 “si bien la caducidad de la acción tiene como fin que se proteja la seguridad jurídica, en los casos en los que exista una prueba de ADN que dé certidumbre de que el vínculo de paternidad no existe, la caducidad no debe constituir un obstáculo para que se garantice el goce de los demás derechos fundamentales que se encuentran un juego en los casos en los que se discute la filiación… Por lo tanto, cuando hay certeza de la inexistencia del vínculo filial al hacer un estudio concreto del caso concreto el juez deberá atender las minucias del asunto y ser más flexible a la hora de observar el cumplimiento de dicho requisito procesal”. [Folio 38].

3. La procuradora delegada para asuntos civiles se pronunció sobre los hechos afirmados e indicó que se oponía a las pretensiones, pues no era viable conceder el exequátur, toda vez que la acción de impugnación fallada por el Tribunal de Bérgamo, mediante la cual se revocó el estatus de hijo natural reconocido por Roberto Faletti a Roberto André Faletti Paredes, fue instaurada con fecha posterior al vencimiento del término de ciento cuarenta (140) días, contados a partir del momento en que el demandante tuvo conocimiento de que no era el padre biológico del demandado, como lo establece la Ley 1060 de 2006, por lo que desconoce el ordenamiento nacional. [Folio 47, vto].

4. Emplazado el demandado, sin que acudiera a notificarse, se le designó curador ad litem, con quien se surtió la notificación, auxiliar que al contestar la demanda señaló que no se cumplía el requisito indicado en el numeral 2º del artículo 694 del Código del Procedimiento Civil, toda vez que la acción de impugnación se inició en el tribunal foráneo en septiembre de 2007, fecha para cual según la normatividad colombiana, concretamente la Ley 1060 de 2006, dicha acción ya había caducado. [71, c. 1].

5. En la debida oportunidad se admitieron las pruebas presentadas con la demanda, y se ordenó librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y la República de Italia existían convenios internacionales vigentes sobre reciprocidad en el reconocimiento de sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales de ambos países; así como al cónsul de nuestro país en Milán, para que enviara con destino al proceso, copia total o parcial, de la ley vigente en ese territorio, referida a la materia del litigio. [Folio 75].

5. Finalmente se corrió traslado para alegar, conforme a lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 695 del Código de Procedimiento Civil. [Folio 146, c. 1].

II. Consideraciones

1. El artículo 625 del Código General del Proceso, que establece las reglas para la transición de legislación de aquellas controversias que se iniciaron bajo el anterior estatuto procesal, en sus numerales 1 a 4 fija patrones especiales para los procesos ordinarios, abreviados, verbales de mayor y menor cuantía, verbales sumarios y ejecutivos. Y respecto a otros asuntos en los numerales 5 y 6 precisa que:

5. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

6. En los demás procesos, se aplicará la regla general prevista en el numeral anterior. (subrayado fuera del texto).

De lo que se colige que, al no existir una referencia concreta al exequátur en los numerales 1 a 5, queda inmerso dentro de la última regla transcrita, por lo que en aquellos trámites de homologación que iniciaron antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inició.

En ese orden, como en el caso bajo estudio, la demanda se presentó el 15 de mayo de 2015, cuando aún no se encontraba vigente la nueva legislación, se resolverá de acuerdo a las normas del anterior estatuto procesal.

2. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otras naciones se les otorgue validez en la nuestra siempre y cuando en aquellas se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial colombiano.

La reciprocidad diplomática se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre nuestro país y la nación donde se profirió el fallo, de modo que en su territorio se le otorgue valor a las decisiones pronunciadas por la jurisdicción colombiana. A falta de esos convenios, debe acreditarse que hay reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, en la consagración en ambas naciones de disposiciones legales con igual sentido.

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que “[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia”. (G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; CSJ, 4 mayo 2012, rad. 2008-02100-00)

Además del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el capítulo I del libro V del título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y la providencia que se pretende se reconozca, deberá cumplir con los requerimientos previstos en el artículo 694 del mismo ordenamiento, cuyo numeral segundo señala que para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en nuestro país, no se debe oponer “a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento”.

3. En el asunto que se analiza, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que “una vez consultado el archivo del grupo interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos jurídicos internacionales de este Ministerio, se pudo establecer que en el mismo no reposa información sobre la suscripción de tratados bilaterales o multilaterales en materia de reconocimiento recíproco de sentencias, en los que la República de Colombia y la República de Italia sean Estados Parte”. [Folio 79].

De manera, que sobre la homologación de sentencias entre Colombia e Italia, en temas de impugnación de filiación, no existe evidencia de la reciprocidad diplomática entre ambas naciones. No obstante, de las pruebas recaudadas en el expediente se desprende la de carácter legislativo.

Así, a instancia del interesado se obtuvo copia debidamente legalizada y traducida de la normatividad que regula el reconocimiento de las sentencias extranjeras en el territorio de la República de Italia, en la que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 218 de 31 de mayo de 1995, por la que se modificó el sistema italiano de derecho internacional privado, en su artículo 64, “la sentencia extranjera es reconocida en Italia sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno cuando: a) el juez que la pronunció podía conocer del proceso, de acuerdo con los principios de competencia jurisdiccional propios de la legislación italiana; b) el auto introductivo del proceso se puso en conocimiento del demandado de conformidad a lo previsto por la Ley del lugar donde se llevó a cabo el proceso y no fueron violados los derechos esenciales de la defensa; c) las partes se constituyeron en juicio según la ley del lugar donde se llevó a cabo el proceso, o la contumacia fue declarada de conformidad a tal ley; ella tiene efectos de cosa Juzgada según la ley del lugar en la cual se pronunció; d) ella no es contraria a otra sentencia pronunciada por un juez italiano con efecto de cosa juzgada; e) ella no es contraria a otra sentencia pronunciada por un juez italiano con efecto de cosa juzgada; f) no hay un proceso en curso ante juez italiano por la misma causa y entre las mismas partes, que haya iniciado antes del proceso extranjero; g) sus disposiciones no producen efectos contrarios al orden público”.

Por consiguiente, es claro que dicho Estado reconoce las sentencias proferidas por Colombia, y por ende, ante la reciprocidad legislativa, las proferidas en Italia, son ejecutables en este país.

4. Ahora bien, para la procedencia de la homologación de la sentencia extranjera no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad legislativa, sino que es necesario corroborar que la decisión que se somete al exequátur no contravenga el orden público, concepto sobre el que esta corporación ha tenido la oportunidad de precisar que “no es más que la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado en aras de salvaguardarlo”. (CSJ SC, 8 Jul 2013, rad. 2008-2099-00)

De ahí que la noción que se impone acoger es la de “orden público internacional”, el cual habrá de ser atendido por el juez estatal cuando se trata del reconocimiento y la ejecución de un fallo “sólo para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser acogida cuando contradice los principios fundamentales” (Ibídem).

Sobre ese instituto, en la providencia CSJ SC, 5 nov. 1996, rad. 6130, la Sala expuso lo siguiente:

“(…) de entre las distintas concepciones doctrinarias que se preocupan por explicar el tema en procura de reducir la noción de ‘orden público’ a límites razonables y evitar que su empleo pueda llevar al sistemático destierro del derecho extranjero aun ocasionándole inútil agravio a los propios nacionales inmersos también en la sociedad universal, la que hoy en día predomina al menos en el entorno continental americano… es aquella que entiende y define al ‘orden público’ como una cláusula de reserva destinada en cuanto tal a evitar que una ley extranjera, calificada normalmente como la competente para regir determinado asunto, tenga que ser acogida no obstante que la aplicación que de ella se hizo contradice en forma manifiesta los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional. Pero no debe olvidarse que… lo que en este plano le concierne al ‘orden público’ es, en último análisis, un problema de justicia que obliga a advertir la evolución de ese concepto en el espacio y en el tiempo, examen que por lo tanto ha de adecuarse siempre a criterios jurídicos actualmente en vigor y no a la consulta literal de disposiciones que cual ocurre por ejemplo con los artículos 19 y 20 del Código Civil colombiano, al tomarlas de manera aislada traen como resultado el hacer prevalecer un ‘orden público’ defensivo y destructivo, no así el ‘orden público’ dinámico, tolerante y constructivo que reclama la comunidad internacional en el mundo contemporáneo (el subrayado es propio).

Posteriormente, el fallo CSJ SC, 30 ene. 2004, rad. 2002-00008-01 reiteró que la excepción de “orden público” frente a la homologación de una providencia judicial extranjera puede acogerse únicamente en caso de contradicción con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Otorgarle mayor amplitud —sostuvo la Corte— implicaría aceptarla como “‘un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos’ que conducirían al ‘absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su país’””.

Y en la Sentencia CSJ SC, 27 jul. 2011, rad. 2007-01956-01, se indicó:

c. La noción de “orden público” en el “derecho internacional privado”, concuerda con el criterio de la doctrina, al señalar, que es diferente a la concebida en áreas como el “constitucional” y el “privado interno”, pues en el ámbito de aquel, en el evento de llegar a contrariar principios fundamentales del ordenamiento jurídico, se erige como una excepción a la aplicación de la ley extranjera cuando se demanda el “reconocimiento y ejecución de un fallo foráneo”.

d. En procura de generar alguna ilustración al respecto, se tiene por ejemplo, que en Alemania el “orden público internacional”, también denominado “orden público absoluto”, o “cláusula de reserva”, se ha explicado esquemáticamente de la siguiente manera: “En una comunidad internacional existen principios básicos comunes, que reflejan el tipo de civilización o de formación jurídica a que pertenece ese grupo de países. Por ello no existe inconveniente para un país aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica se basan en principios no sólo diferentes sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces de este Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios”(1).

Por su lado el Tribunal Supremo de España consideró que el “orden público internacional” es posible entenderlo como “(…) el conjunto de principios jurídicos, públicos y privados, políticos, económicos, morales e incluso religiosos, que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada(2).

En suma, el concepto que acoge el “Derecho Internacional Privado” es el de “orden público internacional” que difiere de la noción de “orden público interno”, que en palabras de Werner GOLDSCHMIDT “constituye la barrera de la autonomía de las partes y abarca la totalidad del derecho civil coactivo”.(3)

La distinción a la que se ha hecho mención tiene profunda significación, pues de ello se desprende que en la jurisprudencia de muchos países una norma obligatoria de derecho interno no necesariamente prevalece en asuntos internacionales (se resalta).

Del anterior estudio de derecho comparado y de la jurisprudencia de la Sala, se concluye que el concepto de orden público, que puede evitar el reconocimiento de sentencias extranjeras, hace referencia a los postulados básicos o fundamentales de las instituciones y por ende, en principio, el desconocimiento de una norma imperativa dentro del derecho interno, per se, no conlleva al reconocimiento del referido concepto, lo será, si ello trae como consecuencia el resquebrajamiento de garantías de linaje superior, tales como el ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe y el respeto al debido proceso.

En la doctrina del derecho internacional privado, el concepto de orden público internacional ha ocasionado variados debates, pero la mayoría se sitúa en una corriente restrictiva o minimalista que lo identifica con los principios fundamentales relativos a justicia y moralidad que el Estado desee proteger, los cuales pueden ser tanto de naturaleza sustantiva como de orden procesal.

Dentro de la categoría de “orden público internacional sustantivo” se encuentran los principios de “no abuso de los derechos”, “buena fe”, “fuerza obligatoria del contrato”, “prohibición de discriminación y expropiación sin indemnización” y “prohibición de actividades contrarias a las buenas costumbres, como la proscripción de la piratería, el terrorismo, el genocidio, la esclavitud, el contrabando, el tráfico de drogas y la pedofilia”.(4)

Y en la de “orden público internacional procesal” se incluyen las garantías fundamentales que permitan asegurar la defensa y un juicio ecuánime, como el derecho a recibir una adecuada notificación, una oportunidad razonable de defensa, igualdad entre las partes y un procedimiento justo ante un juzgador imparcial.(5)

4.1. En el caso bajo estudio, la Corte no encuentra que se hayan desconocido disposiciones pertenecientes al denominado “orden público internacional”, dado que se acreditó que el demandado compareció al proceso de impugnación de filiación, en donde se le designó curador especial para que lo representara y ejerciera su defensa, quien solicitó que se realizaran nuevas pruebas científicas, dado que las allegadas estaban en idioma extranjero; así como también intervino el Ministerio Público.

De igual forma, se encuentra que para descartar la paternidad se realizaron varios exámenes, dentro de ellos, el análisis de los polimorfismos del ADN, cuyo resultado indicó que la paternidad respecto del demandante se excluía, estudio realizado por perito que es un reconocido profesional, responsable de un centro público de indudable seriedad e idoneidad en el país en el que se profirió la sentencia.

Finalmente, en tal providencia se indicó que la Corte Costituzionale della Repubblica italiana “con sentencia número 112 del 22 de abril de 1997, ha declarado no fundada la exequibilidad constitucional del artículo 263 del Código Civil, en la parte en la cual se establece que la impugnación del reconocimiento del hijo menor pueda ser acogida solamente cuando sea considerada por el juez concerniente al interés del menor mismo, puesto que no puede haber conflicto entre el favor veritatis y favor minoris, mientras que el interés primario y también para el menor se concreta en la averiguación de la autenticidad de la relación de filiación”.

Tales consideraciones concuerdan con lo dispuesto en la Ley 721 de 2001 y en el artículo 223 del Código Civil, modificado por el artículo 9º de la Ley 1060 de 2006, y el numeral 7º del artículo 27 de la Constitución Política, normas que establecen la obligatoriedad de la práctica de la prueba de ADN en todos los procesos para establecer la paternidad o la maternidad; la necesidad de que al menor se le designe curador una vez impugnada la filiación para que lo defienda en el proceso, y la última que contempla la intervención del Ministerio Público cuando sea necesario en defensa de los derechos y garantías fundamentales.

De igual forma, la Corte Constitucional, en sentido análogo al expuesto por el juzgador foráneo, indicó en la Sentencia C-258 de 2015, que:

cumpliendo con las funciones encargadas por el constituyente, al revisar casos en los que lo que se debate es la paternidad de un presunto padre y/o al estudiar diferentes demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 721 de 2001, ha resaltado la importancia de la prueba de ADN en los procesos de filiación[35], la cual se deriva no sólo del hecho de que dicha prueba permite que las personas tengan una filiación acorde con la realidad, sino también porque conlleva la protección y reconocimiento de derechos tales como: la personalidad jurídica, la dignidad humana, el derecho a tener una familia y formar parte de ella, el derecho al estado civil, y el derecho a conocer con certeza la identidad de los progenitores.

De lo dicho se tiene entonces, que dada la importancia que adquiere la prueba antropo-heredo-biológica en los procesos de filiación, pues dicho examen ha sido reconocido en el mundo científico como el medio con más alto nivel de probabilidad para excluir y/o para establecer la paternidad o maternidad, la autoridad judicial no puede omitir su decreto en los casos en los que se pretenda la declaración o impugnación de dicha paternidad o maternidad.

Por consiguiente, la importancia de la prueba radica no sólo en que puede establecer los verdaderos vínculos de filiación de una persona, sino en el efecto que de ello se deriva, que consiste en la protección efectiva de los derechos del presunto hijo a la personalidad jurídica, a tener una familia y formar parte de ella, a tener un estado civil, y a la dignidad humana. De igual manera, supone la protección de los derechos fundamentales del presunto padre o madre a decidir libremente y en pareja el número de hijos que desea tener, a la personalidad jurídica, a la filiación y al acceso efectivo a la administración de justicia.

Lo expuesto deja en evidencia que la providencia objeto de homologación no quebrantó los principios fundamentales del derecho internacional en su aspecto procesal, ni quebrantó garantías procesales del demandado, tales como una oportunidad razonable de defensa, notificación adecuada e igualdad de tratamiento a las partes, así como la práctica de pruebas reconocidas internacionalmente como la de ADN.

4.2. Ahora bien, tampoco se encuentra que dicha decisión desconozca el orden público internacional sustantivo por no haberse impugnado la paternidad dentro del término establecido por la ley colombiana, sino de conformidad con la normatividad italiana que no establece caducidad alguna, tal como lo expusieron la procuradora delegada para asuntos civiles y el curador ad litem del demandado, porque el debatido en juicio corresponde a un asunto que no compromete un interés que trascienda el particular de las partes y sea susceptible de protección bajo la cláusula de “orden público”, en especial porque el demandado ya no es menor de edad.

Ahora bien, es preciso aclarar que el concepto de “orden público internacional” de un país no puede ser confundido con el de “orden público interno” de ese Estado, noción que según se ha explicado en la doctrina nacional “se refiere a las le­yes imperativas en el derecho privado, las cua­les no pueden ser desconocidas o derogadas por convenciones entre particulares, como lo dice, impropiamente, el artículo 16 del Código Civil”.(6)

Ha distinguido la doctrina que existen dos tipos de normas imperativas, aquellas que se consideran de “orden público de dirección” y las de “orden público de protección”. Mientras en las primeras, cuyo contenido puede ser político, económico o social, se condensan los principios fundamentales de las instituciones y la estructura básica del Estado o de la comunidad, las segundas fueron destinadas por el legislador a proteger un determinado sector o grupo, y por ende, no representan los valores y principios fundantes o esenciales del Estado, en los cuales se inspira su ordenamiento jurídico.

Solamente las de “orden público de dirección” interesan al derecho internacional privado para integrar el concepto de “orden público internacional” del Estado en que se pide la homologación de sentencias judiciales.

En esa perspectiva deben entenderse las precisiones efectuadas por esta Corte en uno de los pronunciamientos antes citados, referentes a que “en principio, el desconocimiento de una norma imperativa propia del “foro” del juez del exequátur, per se, no conlleva un ataque al mencionado instituto [orden público internacional], lo será, si ello trae como consecuencia el resquebrajamiento de garantías de linaje superior…”, y a que en la jurisprudencia de diversos países se ha admitido que “una norma obligatoria de derecho interno no necesariamente prevalece en asuntos internacionales” (CSJ SC, 27 jul. 2011, rad. 2007-01956-01).

El artículo 216 del Código Civil, modificado por el artículo 4º de la Ley 1060 de 2006, a cuyo tenor “Podrán impugnar la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la unión marital de hecho, el cónyuge o compañero permanente y la madre, dentro de los ciento (140) días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológico”, es del segundo grupo mencionado de las normas de orden público interno.

En efecto, el aludido precepto, que consagra el término para incoar la acción de impugnación de la progenitura, no corresponde a una disposición que involucre los intereses, principios y valores fundamentales del Estado colombiano.

Por esa razón no puede considerársele como parte del “orden público internacional” que puede aducirse como causal para denegar el exequátur de la sentencia cuya copia debidamente legalizada se aportó con la demanda, el cual, como también se exige de la ley o de una decisión judicial extranjera, no introduce “un elemento de intolerable desequilibrio en el seno del ordenamiento jurídico del foro” (CSJ SC, 19 jul. 1994, rad. 3894).

Con otras palabras, aunque el precepto impone un plazo para accionar que se ha considerado válido en el ordenamiento positivo, no ocurre lo mismo para los efectos analizados en el contexto internacional, en el que prevalece el derecho de las personas de conocer su verdadera filiación y la obligación del Estado a otorgar reconocimiento de las sentencias cuando el país donde se profirió el fallo, procede de la misma manera con los pronunciamientos judiciales colombianos (reciprocidad legislativa).

De igual forma, esta corporación, ya ha reconocido en sede de exequátur, sentencias de impugnación de paternidad en condiciones similares a la que es objeto de este trámite.

En efecto, en providencia de 8 de noviembre de 2011, se reconoció efectos a un fallo extranjero dentro de un caso en el que no se cumplió el término referido por la normatividad colombiana para el inicio de la acción, por considerar que existía un plazo de “uno o dos años contados a partir del conocimiento por el legitimado de las circunstancias”, lo que era analógico a la ley colombiana.

En esa oportunidad además se indicó que:

Bajo el entendimiento expuesto, en el caso concreto no se observa contrariedad manifiesta u ostensible de la ley nacional.

El estado civil de las personas es cuestión de orden público, y éste se afecta al negarse el derecho a conocer la verdadera identidad del origen biológico o verdad de procedencia genética de la persona, derecho fundamental indisociable del sujeto, inherente a su personalidad jurídica, integrante de los principios o valores esenciales y universales de los derechos humanos, que tratándose de los niños comporta a su interés preferente y prevalente conforme a los principios aceptados por las naciones y la comunidad internacional (CSJ SC, 8 nov. 2011, rad. 2009-002019-00).

Se concluye, entonces, que el reconocimiento del fallo proferido por el Tribunal de Bérgamo, República de Italia, tampoco vulnera el “orden público internacional sustantivo”.

5. Finalmente, en lo que respecta al requisito dispuesto en el numeral 3º de la norma precitada, impone destacarse que al plenario se allegó copia debidamente ejecutoriada y legalizada de la aludida providencia, como enseguida se explica.

Se cumplen los requisitos de apostilla y traducción por intérprete oficial, como lo reglan, en su orden, la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. Además, la decisión está en firme, de conformidad con las leyes italianas, tal y como puede extraerse de las pruebas allegadas al expediente.

Sobre ese aspecto, la Sala sostuvo que:

En el año 1998 a través de la Ley 455, se aprobó la ‘Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros’, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticación diplomática o a través de cónsul, por la colocación de un sello de apostilla, rigiendo en los términos previstos en ella y respecto de los países suscriptores.

Luego, en la actualidad, la legalización de documentos públicos —incluidos los que emanan de autoridad o funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado—, provenientes del extranjero y a que alude la mentada convención de la Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, para los documentos que no reúnen las condiciones que allí se mencionan.

6. Así las cosas, de lo consignado se colige que la sentencia respecto de la cual la parte actora pretende que surta efectos en el país, alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, y no compromete el orden público internacional, pues la decisión contenida en dicho proveído no es contraria a los principios fundamentales del Estado.

Adicional a lo anterior, constata esta instancia que el objeto del referido pronunciamiento no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso.

7. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a la determinación jurisdiccional sometida al presente trámite.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el exequátur de la Sentencia de 24 de julio de 2008, proferida por el Tribunal de Bérgamo sección primera civil de la República de Italia, mediante la cual se declaró que el solicitante no es el padre biológico de Roberto André Faletti Paredes.

2. Para los efectos previstos en los artículos 6º, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de nacimiento de Roberto André Faletti Paredes. Por secretaría, líbrense los oficios a que haya lugar.

Sin costas en el trámite.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona. 

(1) BARTIN, citado por Marco Gerardo MONROY CABRA, en “Liber Amicorum”, homenaje al profesor Carlos Holguín Holguín, Bogotá, 1ª ed., Ed. Rosaristas, 1996.

(2) Sentencia de 5 de abril de 1966, citada por Luis Fernando ALVAREZ LONDOÑO y otros. Derecho Internacional Privado - Estudios de Derecho Internacional 4. Bogotá, Unijaveriana.

(3) Werner GOLDSCHMIDT. Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado. 2ª ed., Buenos Aires, Ed. Jurídicas Europa América, 1952, pp. 441 y ss.

(4) Asociación de Derecho Internacional: Informe Provisional, Conferencia de Londres, junio de 2000, y LXX Conferencia Bienal, Nueva Delhi, 2 a 6 de abril de 2002, recuperado de www.ila-hq.org

(5) Ibídem.

(6) HOLGUÍN HOLGUÍN, Carlos. La noción de orden público en el campo internacional, en: Revista de la Academia Colombia­na de Jurisprudencia. Bogotá, núm. 290-29 (agosto de 1990 a febrero de 1991), pp. 9 y ss.

Sentencia de exequátur

Exp. 11001-02-03-000-2015-01074-00

Demandante: Roberto Faletti.

Decisión objeto del trámite: respecto de la sentencia dictada el 24 de julio de 2008, por el Tribunal de Bérgamo Sección Primera Civil, República de Italia.

Asunto: Impugnación de paternidad en la que se declaró que mediante la cual se declaró que el solicitante no era el padre biológico de Roberto André Faletti Paredes.

Decisión de la Corte: Concede el exequátur porque:

1. Existe reciprocidad legislativa entre Colombia y el Estado donde fue proferida la sentencia objeto de homologación.

2. Se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil (la providencia se encuentra ejecutoriada y se aportó en copia debidamente autenticada y legalizada.

3. El asunto no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos.

4. En el país no existe proceso sobre lo debatido.

5. La decisión no se opone a disposiciones nacionales de orden público.

6. La impugnación se otorgó porque se practicó prueba de ADN, con la que se constató que el demandado, quien fue representado por un curador especial, por ser en ese entonces menor, no era hijo del demandante. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 721 de 2001.