Sentencia SC6496-2015 de mayo 27 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC6496-2015

Radicación: 11001-0203-000-2011-01550-00

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Aprobado en Sala de veinticuatro de febrero de dos mil quince.

Bogotá, D.C., veintisiete de mayo de dos mil quince

EXTRACTOS: «3. Consideraciones

3.1. Como quedó trasuntado el “iudicium rescindens” que se enarbola en esta sede extraordinaria se finca en la causal primera del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que erige como causal revisoría: “Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

3.2. El recurso de revisión, suficiente es conocido, se encuentra consagrado como una medida excepcional encaminada a sacrificar la inmutabilidad de la cosa juzgada, en los eventos en que una sentencia concluyente, en firme, no obstante estar amparada por la presunción de legalidad y acierto, es contraria a la justicia y al derecho.

3.3. Por esto, el recurso de revisión no es un medio idóneo para volver abiertamente sobre lo discurrido en las instancias del proceso, sino que al tener el carácter de extraordinario y exceptivo, únicamente procede, respecto de determinadas sentencias en firme, en los casos previsto por el legislador y en las precisas hipótesis normativas, las cuales, en línea general, atañen a cuestiones desconocidas en la actuación judicial donde fueron proferidas.

En palabras de la Corte, los hechos en revisión deben tener “(…) venero en circunstancias que, en términos generales, son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque no empece antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redundó en la adopción de una resolución injusta”(1).

Como en ocasión reciente se señaló, el medio de defensa en cuestión “(…) no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi(2).

De manera que si la impugnación se fundamenta en hechos y pruebas inmanentes o presentes al interior del juicio, es claro, no se trataría de cuestiones nuevas ignoradas por la parte agraviada y desconocidas del juzgador, encontradas luego, sino de una auténtica reedición del litigio, en cuanto no lo trasciende, ajena, por lo tanto, al objeto preciso y directo del recurso extraordinario.

3.4. La sentencia sobre excepciones de mérito en un proceso ejecutivo, no es refractaria, por regla de principio general, al instituto de la cosa juzgada material, en cuanto el artículo 512 del estatuto adjetivo, con la modificación introducida por el Decreto 2289 de 1989, le confiriere las anotadas consecuencias.

3.4.1. Sin embargo, frente a las directrices supra indicadas, la causal invocada en el caso en procura de derruir el fallo del tribunal, no se estructura.

En efecto, según la recensión efectuada, el ad quem negó seguir adelante la ejecución dirigida a obtener el pago de una suma líquida de dinero, al declarar fundadas las excepciones de mérito, la derivada del negocio causal y la de falta de poder bastante del representante de la demandada para suscribir el título valor por la cuantía reclamada.

Lo anterior, porque en lo relativo al desplazamiento de las cantidades controvertidas de la Sociedad Salud Familiar IPS Limitada, a la sazón ejecutante, hacia la entonces Clínica Salud Familiar S.A., demandada en el proceso compulsivo, no se arribó a la convicción del hecho, dado que los elementos acopiados eran endebles para dejar por sentado que efectivamente ocurrió el traslado patrimonial, con un fin específico, pagar el precio de una compraventa.

En palabras del juzgador de segunda instancia, del “(…) estudio global de las anteriores probanzas no se advierte, con la certeza que se precisa, que el valor reclamado por medio de esta ejecución hubiere salido con destino a la demandada y tampoco entrado a las arcas de la sociedad ejecutada, tampoco que a su nombre fuera pagado (…) valor alguno a Cajanal EPS en liquidación (…)”.

3.4.2. Conforme a la demanda contentiva del recurso de revisión, para la recurrente, evocando apartes del fallo impugnado, acerca del traslado o entrega de la suma mutuada a la ejecutada, el tribunal planteó la duda, al utilizarse expresiones como que ello había ocurrido “(…) al parecer (…)”, “(…) no se demostró su titularidad por tanto no existe certeza (…)”, “(…) las anteriores declaraciones son insuficientes para patentar la transacción consultada (…)”, “(…) tampoco aparece que efectivamente hubiera recibida por a quien iba dirigida (…)”, “(…) bastante confusas, imprecisas e insuficientes son las pruebas que obran en el expediente como para dar asidero al contrato de mutuo comercial (…)”, en fin, “(…) un negocio causal que no se advierte menos sin las pruebas claras y contundentes que lo enseñen (…)”.

El contraste, como se observa, pone de presente que la sociedad recurrente, en realidad, se vale del medio de impugnación extraordinario con el fin de cejar la incertidumbre, en concreto, para mostrar la entrega efectiva de ciertos dineros a la entonces ejecutada, a título de préstamo, cosa que no pudo hacer en el curso del proceso ejecutivo, puesto que las pruebas solicitadas con ese propósito, una vez decretadas, inclusive instadas oficiosamente, fueron incorporadas, cual lo afirma, sin su culpa, después de proferida la decisión atacada.

En su sentir, en efecto, los documentos adosados luego, “(…) por su contenido, claridad, especificidad, precisión, contundencia y por la calidad de las partes que intervinieron en su fabricación (…), aclaran precisan y complementan las pruebas que obran en el expediente para dar asidero al contrato de mutuo comercial (…)”.

3.4.3. Así las cosas, salta de bulto, el hallazgo de los documentos relacionados y que podrían dar certeza al derecho reclamado, tuvo su origen en el mismo proceso, como consecuencia de la actividad probatoria de la Sociedad Salud Familiar IPS Limitada, entonces ejecutante, y de la aplicación del principio inquisitivo en esa precisa materia.

3.5. Aunque lo considerado es suficiente para declarar infundado el recurso, no sobra señalar, en la posición de la impugnante, si la obligación de la entonces ejecutada, con las características de claridad, expresividad y exigibilidad se ha tornado, en virtud del fallo cuestionado, en incierta y discutida, se entiende, si se trata de superar una incertidumbre, como es el efectivo traslado de unos dineros de una sociedad a otra, la polémica es propia de las instancias y no de una sede extraordinaria.

3.6. El recurso, en consecuencia, está llamado al fracaso.

4. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara infundado el recurso de revisión formulado por José Aldemar Uribe Orozco, cesionario de la sociedad Salud Familiar IPS Limitada, respecto de la sentencia de 28 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, en el proceso ejecutivo incoado por la cedente contra Clínica Ibanasca S.A., antes Clínica Salud Familiar S.A., ahora Centro Integral Médico Quirúrgico del Tolima Sion S.A.

Consecuentemente, condena al recurrente a pagar costas y perjuicios, para cuyo pago se ordena hacer efectiva la caución otorgada. Las primeras, liquídense por la secretaría de la Sala, incluyendo en la misma, dada la oposición al recurso, la suma de tres millones de pesos de ($ 3’000.000), por concepto de agencias en derecho.

En su momento, devuélvase el proceso ejecutivo a la oficina de origen y archívese la actuación de la Corte.

Cópiese y notifíquese.»

(1) CSJ. Civil. Sentencia 234 de 1º de diciembre de 2000, expediente 7754, evocada en fallos 29 de junio de 2007, expediente 00042, y de 27 de abril de 2009, expediente 01294, entre otros.

(2) CSJ. Civil. Sentencia de 16 de mayo de 2013, expediente 01855, reiterando doctrina anterior.