Sentencia SC6505-2015/2007-00403 de mayo 27 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 05266-31-10-001-2007-00403-01

(Aprobado en sesión de dos de septiembre de 2014).

Magistrado Ponente

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

Bogotá, D. C., veintisiete de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS «Consideraciones

1. Mirado en todo su contexto el fallo del Tribunal, establece la Corte que esa autoridad, para colegir que el reconocimiento de hija del causante Fabio de Jesús González Cardona que se hizo a la actora, sí surtió efectos patrimoniales en relación con la totalidad de los demandados, adujo, en concreto, los siguientes razonamientos:

1.1.Respecto de Érika González Farfán, que fue notificada del auto admisorio de la demanda el 21 de abril de 2008 mediante aviso, según las previsiones del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, es decir, dentro del año a que alude el artículo 90 de la misma obra y, por lo mismo, no se configuró la caducidad contemplada en el inciso final del artículo 10 de la Ley 75 de 1968.

1.2.Y en cuanto hace a Antonia Farfán Núñez y Claudia Vanessa González Farfán, destacó las siguientes particularidades del caso:

a) La presentación de la demanda se realizó “antes de que acaeciera el bienio a que alude el artículo 10 de la ley 75 de 1968”.

b) Es, por lo tanto, aplicable el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

c) Pese a que “el 29 de julio de 2008 -dentro del año- le otorgaron poder al Dr. Oscar Jaime Quintero Vargas para interponer incidente de nulidad, el juzgado sólo le reconoció personería al abogado y dispuso que las demandadas se notificaron por conducta concluyente cuando resolvió el incidente de nulidad -negándolo- el 29 de octubre de 2008”.

d) No debió tenerse “a los demandados por notificados por conducta concluyente del auto admisorio de la demanda en la fecha en que fue notificado el auto de 29 de octubre de 2008, (…), en tanto [que] dicha actuación debió realizarse cuando [se] dio impulso al incidente de nulidad por indebida notificación, porque resulta un contrasentido que [se] haya surtido el trámite propio de un incidente -concedió traslado (…), folio 83 C. 1- (…), y sólo [vino] a reconocerle personería al abogado que formuló el incidente (…) una vez lo resolvió”.

e) El “acto de reconocer personería al abogado de los demandados no dependía de ninguna actuación de la parte demandada porque era actuación del A quo, quien debió dar estricto cumplimiento a los términos a los que alude el [artículo] 124 del Código de Procedimiento Civil”.

f) A la solicitud de nulidad elevada por las precitadas demandadas “ni siquiera se le debió dar trámite”, puesto que ellas no habían sido notificadas del auto admisorio de la demanda.

g) La “labor del juez no puede contraerse a una actitud pasiva o de mero espectador, así su actuación esté formalmente en consonancia con lo dispuesto en una determinada norma”, como quiera que en los términos de los artículos 2º, 37, 38 y 179 del Código de Procedimiento Civil, entre otros, y 228 de la Constitución Política, “las autoridades jurisdiccionales deben en cada caso y de acuerdo con las circunstancias pertinentes, cumplir con los deberes consagrados en el Código de Procedimiento Civil, lineamientos inscritos dentro del marco de un procedimiento jurisdiccional eficiente y dotado de plenas garantías para la prevalencia efectiva de los derechos sustanciales de los asociados, conforme a las circunstancias del caso objeto de examen”.

Apoyado en esas circunstancias, el ad quem, en definitiva, coligió que las mencionadas accionadas “se notificaron por conducta concluyente (…), cuando presentaron el escrito por medio del cual otorgaron poder a un abogado para promover el incidente de nulidad, razón por la cual, de conformidad con el inciso 3º del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, una vez allegado el poder, el juez de primera instancia debió reconocerle personería al togado cuando le dio traslado a la nulidad invocada y no pasados casi tres meses, pues de esta manera los derechos de la parte demandante resultarían claramente vulnerados al estar de por medio el término de caducidad de los efectos patrimoniales de la sentencia” (se subraya).

2. Aunque pareciera que el ataque frontal de la providencia impugnada se refiere a hechos ocurridos dentro del proceso, es claro que el censor denunció la sentencia del Tribunal por ser directamente violatoria de los artículos 10º de la Ley 75 de 1968, 2539 del Código Civil, 90 y 330 del Código de Procedimiento Civil, sin cuestionar la forma en que ocurrieron los hechos que se tuvieron como probados en el proceso y en tal sentido se acepta el tiempo de presentación de la demanda, su admisión y la notificación del proveído en el que se adoptó esa determinación, por aviso, a Érika González Farfán y, por conducta concluyente, a Antonia Farfán Núñez y Claudia Vanessa González Farfán.

Igualmente, que se dio el otorgamiento de poder por parte de ellas a un abogado para que solicitara la nulidad de lo actuado, y que se presentó esa petición, su trámite y definición. Así mismo, el tiempo que transcurrió desde cuando las citadas accionadas confirieron el referido mandato y hasta la fecha del auto en el que el juzgado del conocimiento le reconoció personería para actuar al respectivo profesional del derecho.

3. Sin embargo, aunque la sala considera que efectivamente existe un error en cuanto a la norma escogida para aplicar al caso respecto al tratamiento que ha de darse a la comparecencia de las demandadas al proceso, es decir, a la aplicación del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil en relación con el 10 de la ley 75 de 1968 para efectos de la notificación de las dos demandadas que no fueron vinculadas con el aviso inicial, sin entrar en discusiones respecto a la aplicabilidad o no del artículo 90 del mismo estatuto procesal, es claro que ha debido tenerse en cuenta el inciso primero de la citada norma y no el tercero, pues no se trata de la simple presentación de un poder sino de una actuación en la que se hace referencia al conocimiento que el apoderado actuante, y por ende sus representadas, tuvieron respecto de la providencia de cuya notificación se trataba, es decir, el auto admisorio de la demanda.

Al efecto señala el artículo mencionado en su parte primera: “Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma… …se considerará notificada personalmente de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o diligencia.”

4. Obsérvese que en el presente caso, el apoderado de las demandadas se refirió expresamente al auto de apertura del proceso para reclamar la nulidad por su indebida notificación, lo que da cuenta del conocimiento de su existencia, dando lugar a que en forma inmediata quedaran notificadas de manera personal de la providencia, tal y como lo ordena el inciso primero, sin necesidad de aplicar la solemnidad indicada en el tercer apartado, en el cual se exige que se reconozca personería al apoderado y que la notificación en tal caso se surta por conducta concluyente precisamente el día en que tal actuación se realice, pues es claro que en este caso no se hizo solamente la presentación de un poder al despacho judicial sino que se aludió a una providencia en concreto, que era precisamente la que debía noticiarse a las accionadas.

5. No obstante lo anteriormente observado por la sala, la aplicación de una normatividad equivocada resulta intrascendente en este caso, pues hace innecesario el análisis que trajo el tribunal respecto a la aplicabilidad del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ya que para el caso, la actuación del apoderado se presentó dentro del bienio señalado por al artículo 10 de la ley 75 de 1968 (30 de julio de 2008) y en esa fecha se entienden notificadas sus representadas en forma personal, salvo la que ya había sido vinculada mediante aviso, que también lo fue, y con mayor razón dentro del tiempo.

4. El cotejo de los planteamientos del Tribunal y los que para atacarlos presenta el recurrente, deja al descubierto que la acusación no se encamina válidamente a demostrar el yerro que encontró la Corte sino uno diferente, no aceptable para casar la decisión impugnada, y que por el contrario el aquí expuesto es intrascendente y no alcanza a desvirtuar el análisis central de la decisión, es decir, que la notificación efectivamente se alcanzó dentro del término que exige la ley para que la sentencia tenga efectos patrimoniales.

5. En consecuencia, el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 13 de marzo de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Familia, en el proceso que se dejó plenamente identificado en los comienzos de este proveído.

Costas en casación a cargo de las recurrentes. Como agencias en derecho se fija la suma de $6.000.000.oo, habida cuenta que la parte actora replicó la demanda con la que se sustentó dicho recurso extraordinario. La Secretaría de la Sala elabore la correspondiente liquidación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen».