Sentencia 2006-00210 de mayo 19 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 25269-3103-001-2006-00210-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jesús Vall De Rutén Ruiz

SC6265-2014

Bogotá, D. C., diecinueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «La demanda de casación

Al amparo del numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, propone cinco cargos, todos replicados. La Sala se ocupará de ellos en su orden lógico, desatando inicialmente el cuarto, para luego, en conjunto, el tercero y quinto, por estar destinados a derribar distintos puntales del fallo atacado, y por la influencia que la resolución de uno tiene sobre el otro; los cargos primero y segundo no serán desatados, en la medida en que el tercero recoge en integridad los reproches y argumentos esgrimidos en aquellos.

Cargo cuarto

1. Por la vía directa de la causal primera de casación, denuncia la violación de los artículos 1458, 946, 1740, 1741, 1742 y 1766 del Código Civil, el primero por utilización indebida, los restantes por falta de aplicación.

Luego de transcribir apartes del fallo y de los artículos 1458 ídem y 1º Decreto 1712 de 1989, señala que el ad quem hizo operar una norma “insubsistente”, es decir, que reguló el supuesto fáctico que se le planteó con base en el artículo 1458 del Código Civil, sin reparar en que el Decreto 1712 de 1989 lo había modificado totalmente, y, que en tal virtud, ante la ausencia de la insinuación, procedía declarar la nulidad absoluta de la donación, toda vez que la posibilidad de considerarla válida “hasta la suma no insinuable” desapareció del ordenamiento jurídico con el cambio legislativo.

2. A renglón seguido, asevera que esa errada aplicación normativa condujo a que se dejaran de aplicar las reglas relativas a las nulidades y sus efectos, puesto que el Tribunal, al haber hallado que el acto encubierto en la escritura pública 2098 de 8 de noviembre de 2004 de la Notaría Primera del círculo de Facatativá era una donación realizada omitiendo la insinuación, debió haberla anulado íntegramente y, como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta, ordenar la restitución del inmueble junto con sus frutos, en lugar de limitarse a declarar la invalidez parcial del negocio (fls. 34 a 36, cdn. de la Corte).

Consideraciones

1. En la acusación, cuyo contenido valga decir no es la primera vez que se plantea ante la Corte, se endilga al ad quem la violación directa de la ley sustancial por falencias en la aplicación del artículo 1458 del Código Civil, después de su reforma mediante el canon 1º del Decreto 1712 de 1989; o en otros términos, se indica que la ausencia de insinuación en una donación conlleva a su nulidad absoluta, sin que sea posible considerar válida la porción del negocio jurídico que no exceda de los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes consagrados en la normatividad.

2. Sobre el particular, la jurisprudencia ha sido pacífica al entender que los alcances de la modificación legislativa de 1989 no son otros que, por una parte, facultar al notario donde antes solo podía obrar el juez, y por otra, aumentar y actualizar el parámetro cuantitativo del requisito de la insinuación; de donde acertadamente se infiere que cualquier negocio jurídico celebrado en cuantía inferior a la establecida por el legislador, o la porción de aquel que no supere dicho baremo, conserva su validez en razón a la naturaleza y finalidad de la referida exigencia.

En efecto, al analizar la cuestión y establecer la correcta hermenéutica de las disposiciones involucradas, la Sala señaló:

“El Decreto 1712 de 1989, que modificó el precepto 1458 del Código Civil, estatuye en su primer inciso, en lo pertinente, que ‘corresponde al notario autorizar mediante escritura pública, las donaciones cuyo valor exceda la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales (…)’.

“Y aferrado a la letra del precedente inciso, estima el censor que la donación no insinuada que sobrepase el aludido tope es absolutamente nula en su totalidad y no, como se decretó, nula tan solo en cuanto exceda de ese límite, aduciendo que, a diferencia del precepto 1458, la norma vigente no estatuye la validez parcial del contrato en eventos semejantes, de manera que han de aplicarse los artículos 1740 y 1741 de esa codificación que consagran la nulidad de todo el acto o contrato.

“Pero tal parece que en su labor hermenéutica no paró mientes el impugnante en el inciso 2º del referido decreto, conforme al cual ‘las donaciones cuyo valor sea igual o inferior a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, no requieren insinuación’. Y atendidos los términos de este segundo inciso, forzoso es concluir que la nulidad por carencia de autorización solo operará en tanto la donación exceda de esa suma, ya que lo demás sería exigir insinuación también para la cantidad menor, contrariando, ahí sí, la expresa disposición legal.

“Y, contra lo opinado por el censor, la interpretación en comento en ninguna forma se opone a lo dispuesto por el artículo 1740 del Código Civil, según el cual ‘es nulo todo acto o contrato al que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes’; pues la insinuación y la nulidad que su carencia acarrea están referidas nada más que a la cuantía de la donación, por lo que nada se opone que el contrato sea válido hasta la mencionada suma en la medida en que la ley no prescribe para ello la aludida autorización.

“Es que, bien mirado el asunto, en lo fundamental la modificación al artículo 1458 no consistió más que en aumentar, por razones obvias, de dos mil pesos a cincuenta salarios mínimos el valor a partir del cual la donación ha de ser insinuada y de otro lado, en facultar al notario para otorgar la correspondiente autorización en los eventos ‘en que donante y donatario sean plenamente capaces, lo soliciten de común acuerdo y no se contravenga ninguna disposición legal’.

“Por lo demás, vistas las cosas desde la perspectiva que viene de analizarse, no podría concluirse más que la finalidad de la insinuación, que obedece a ‘intereses de orden superior’, no es en el fondo otra que la de proteger al donante, quien en tal virtud, antes como ahora deberá demostrar para obtener esa autorización que conserva lo necesario para su congrua subsistencia (D. 1712/89, art. 3º), lo cual explica que el comentado requisito sea en lo esencial meramente cuantitativo. Al fin y al cabo, hay que decirlo, donar no es de ninguna manera un acto ilícito; jamás lo ha sido y muy seguramente jamás lo será; y al punto resulta ser así que la ley nunca ha mirado con malos ojos, desconfiadamente, a quien es magnánimo, bienhechor con sus congéneres. Antes bien, aceptando la filantropía y el altruismo de algunos, adopta medidas, como de hecho lo es la insinuación, para precaver que esa generosidad no llegue a extremos tales que pueda comprometer su propia subsistencia o la de los suyos”(1).

3. Abordado nuevamente el tópico bajo estudio se encuentra que los razonamientos trascritos, dado su acierto y buen juicio, conservan actualidad y vigencia, sin que se vislumbren o existan razones ni motivos, como tampoco los aporta el recurrente, para variar lo que hasta ahora ha sido un criterio interpretativo estable, imponiéndose por fuerza reiterar el recto entendimiento que se viene dando al artículo 1458 del Código Civil conforme al texto modificado por el Decreto 1712 de 1989.

4. Por tanto, el cargo no prospera.

Cargo quinto

1. Aduce el quebranto directo del artículo 1746 del Código Civil, por “interpretación errónea”.

2. En desarrollo del embate, luego de transcribir y comentar el contenido de los cánones “1740, 1741, 157 y 1458” ídem, así como del precepto vulnerado, indica que este fue entendido equivocadamente por el tribunal “pues, aun cuando encontró acreditado que la donación celebrada entre las partes contenida en la escritura pública 2098 del 8 de noviembre de 2004” era nula por no haber sido insinuada, “y que por tanto, era del caso regular las prestaciones mutuas, entendió que ‘resultaba contradictorio ordenar la restitución de frutos, cuando ese fue el móvil determinante que lo llevó [al demandante] a efectuar la donación, según lo dicho en el libelo demandatorio (fls. 36 a 48 cdn. 1)’ (fl. 62. cdn. 2)”.

Con apoyo en jurisprudencia de esta corporación, pasa a concluir que la norma en comento exige que, una vez declarada la nulidad de un acto o contrato, las cosas vuelvan al estado en que se hallarían si el negocio no se hubiese celebrado, lo cual presupone la restitución de los frutos.

3. Basándose en lo anterior, increpa al ad quem porque a pesar de encontrar acreditada la nulidad parcial de la donación, “negó la restitución de los frutos, sin detenerse en que siendo nulo el contrato, no podía mantener sus efectos más allá de la parte considerada válida, es decir, no podía negar la restitución de los frutos como en efecto dispuso” (fls. 36 a 38, cdn. de la Corte).

Cargo tercero

1. Acusa a la sentencia de transgredir indirectamente la ley sustancial, por falta de aplicación de los artículos 3º del Decreto 1712 de 1989, 1443, 1458, 1740, 1741, 1742 y 1746 del Código Civil, derivados de los errores de hecho en que incurrió el juzgador al apreciar las escrituras públicas 678 de 5 de abril de 2004 y 2098 de 8 de noviembre del mismo año, otorgadas ante las notarías Segunda y Primera del círculo de Facatativá respectivamente, y omitir la apreciación de los dictámenes periciales.

2. Combate el razonamiento del ad quem en torno a la cuantificación de la donación, particularmente la conclusión según la cual “como valor de la donación ha de tenerse ‘aquel que las partes fijaron como precio en las compraventas, ya que al ser el negocio oculto una donación entiéndese que la voluntad del donante estaba circunscrita al precio que pactó en los negocios jurídicos celebrados, que a su vez corresponde con el valor catastral de cada uno de los inmuebles para el año 2004’ (fl. 61 cdn. 2)”.

Aduce que tal inferencia es el núcleo de los yerros denunciados, que consisten en dar por demostrado, sin estarlo, que el valor de los inmuebles objeto de la donación es el que consta en los documentos públicos —$15.460.000,00 y $22.000.000,00—, y, en no tener por acreditado, estándolo, que el monto real es el reportado en las experticias —de $40.000.000,00 a $41.748.000,00 y de $71.270.000,00 a $75.000.000,00—.

3. Para demostrar el error, transcribe el contenido del artículo 3º del Decreto 1712 de 1989, según el cual, el instrumento otorgado para solemnizar las donaciones debe “‘contener la prueba fehaciente del valor comercial del bien (…)’”; pasa a sintetizar el contenido de las escrituras públicas, y concluye que de estas no se desprende la cuantía que el legislador reclama, la cual “no se puede extraer del avalúo catastral”; inferencia que soporta con jurisprudencia de la Corte.

En igual sentido, increpa al tribunal por no haber tenido en cuenta los informes de los expertos para establecer la cuantía en comento, puesto que, a pesar de haberlos considerado para determinar el acaecimiento de la simulación relativa, los dejó de lado a efectos de averiguar la validez de las donaciones, sin percatarse de que en aquellos sí reposa la evidencia del “valor comercial de” los bienes.

4. Finalmente, señala que de no haberse incurrido en los yerros denunciados, se habría concluido que la donación del apartamento requería de la insinuación, y la orden de restitución, frente a ambos inmuebles, habría tenido un alcance calculado con base en el valor real de los mismos, incluyendo los frutos (fls. 29 a 34).

Consideraciones

1. Analizadas las denuncias planteadas por el casacionista en cada uno de los embates compendiados, encuentra la Corte que están llamadas a prosperar, pues rompen la presunción de legalidad y acierto de la providencia cuestionada y conducen a su quiebre. Las acusaciones se despachan en conjunto, habida cuenta de que lo que se decida frente a la cimentada en la vía directa, necesariamente incide en el pronunciamiento a efectuar sobre la construida con base en la vía indirecta.

2. Ciertamente, el problema que plantea el quinto cargo, alude a los efectos de la nulidad sobre los negocios jurídicos, puesto que lo que allí se reprocha al ad quem es no ordenar la restitución de frutos a pesar de haber determinado que la donación de un bien era parcialmente inválida.

Al punto, el artículo 1746 del Código Civil, cuya vulneración se denuncia, establece que “(l)a nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa ilícita. En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las especies o de su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos, y la posesión de buena fe o mala fe de las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente artículo”; consagrando “los efectos retroactivos de la nulidad, sin distinguir su clase, al afectar el pasado, por cuanto las cosas deben volver al estado anterior a la celebración del contrato, como si este no hubiese existido. Son estos los efectos ex tunc de la sentencia declarativa de la nulidad, que permiten suponer como lo ha dicho la corporación que ‘el acto o contrato no tuvo existencia legal, y entonces, por imperativo de lógica, hay que restaurar las cosas al estado en que se hallarían si dicho acto o contrato no se hubiese celebrado’ (G.J. CXXXII, pág. 250)”(2).

La norma en comento disciplina, de manera general, los efectos que produce la invalidación judicial de un vínculo contractual, legitimando a quienes concurrieron a la celebración del negocio jurídico a ser restablecidos al statu quo existente a la fecha de su perfeccionamiento; restitución que, salvo los asuntos especialmente regulados por los artículos 1525 y 1747 ídem —objeto o causa ilícita y contratos con incapaces—, no se agota con la devolución de las cosas dadas y recibidas en ejecución del contrato inválido —non valet—, sino que también envuelve, por razones lógicas, jurídicas —quod nullum est nullum producit effectum— y de elemental equidad, los frutos, rendimientos, mejoras, gastos, expensas, y llegado el caso, las indemnizaciones por la pérdida de aquellas, para lo cual, por expreso mandato legal se aplican las estipulaciones consagradas en los artículos 961 y siguientes ibídem.

En otros términos, el efecto retroactivo de la nulidad obliga a los contratantes, recíprocamente, a efectuar unas restituciones mutuas; esto es, a devolver a su contraparte todo lo recibido como contraprestación del acto —lato sensu— anulado, incluyendo, además de lo que efectivamente se entregaron, los frutos —inter alia—, razón por la cual, el juzgador se encuentra en el deber de decretarlos, atendiendo para su cómputo a la buena o mala fe del convocado y a lo que se pruebe en la litis, sin que exista en el ordenamiento jurídico una regla legal —distinta a las ya citadas— que lo excuse de efectuar tal condena o le permita atender a la voluntad de las partes al momento de contratar.

En efecto, en el artículo 1746 ejusdem el legislador estableció con precisión el efecto ex tunc de la declaración de nulidad, por ser esta “la forma más grave de invalidez negocial”(3), resultado que solo puede variar ante la existencia de una disposición imperativa que así lo indique, verbi gratia, los artículos 1525 y 1747 del Código Civil, pues se reitera: “la interpretación que dimana del art. 1746 del C. Civil, no puede ser otra que la que su propio tenor literal ofrece en cuanto declara que el ‘derecho’ que ‘las partes’ tienen ‘para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo’, lo ‘da’ ‘La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada’. En otras palabras, la señalada sentencia ‘da’ el derecho a las restituciones mutuas, entre ellas, el derecho a reivindicar la cosa y el crédito por mejoras o frutos, o sea que la declaración de nulidad trae como efectos acciones reales o personales destinadas a hacer valer derechos de uno u otro linaje, que generalmente se resuelven por virtud de la acumulación de las respectivas pretensiones, como disposiciones consecuenciales de la nulidad”(4).

De lo anterior se concluye que el Tribunal vulneró la norma sustancial a que alude el censor, en la medida en que, a pesar de considerar nula una porción de la donación que recayó sobre el predio identificado con el folio de matrícula 156-19031, se abstuvo de ordenar las restituciones mutuas, en particular la de los frutos, apoyándose simplemente en que “si como quedó probado (…) la intención del demandante era la de donarle a su esposa y a sus hijos los inmuebles sobre los que recaen los negocios jurídicos, resulta contradictorio ordenar la restitución de los frutos, cuando ese fue el móvil determinante que lo llevó a efectuar la donación”; pues como quedó dicho, para nada importa, de cara al artículo 1746 del Código Civil, la voluntad o intención de las partes al momento de celebrar el contrato nulo, ya que su invalidación apareja la eliminación de sus efectos iniciales y finales y genera el derecho y la obligación de efectuar las restituciones del caso.

Así las cosas, en punto de frutos y con respecto al inmueble al que se refiere la escritura pública 2098 de 8 de noviembre de 2004, otorgada ante la Notaría Primera del círculo de Facatativá, se casará el fallo atacado.

3. Ahora bien, en el cargo tercero se increpa al ad quem por incurrir en desatinos fácticos en la apreciación probatoria, que lo condujeron a concluir erradamente que “como valor de la donación ha de tenerse ‘aquel que las partes fijaron como precio en las compraventas, ya que al ser el negocio oculto una donación entiéndese que la voluntad del donante estaba circunscrita al precio que pactó en los negocios jurídicos celebrados, que a su vez corresponde con el valor catastral de cada uno de los inmuebles para el año 2004’ (fl. 61 cdn. 2)”.

En síntesis, el impugnante asevera que debido a la equivocada observación de las escrituras públicas contentivas de los negocios simulados, el juzgador cuantificó las donaciones —y por ende las restituciones— con base en el valor que aparece en aquellas, sin parar mientes en que la ley exige que se parta del valor comercial de los bienes donados, el cual se encuentra acreditado en el proceso mediante las pruebas periciales cuya apreciación, a ese respecto, fue omitida.

a) Efectivamente, el artículo 3º del Decreto 1712 de 1989 establece que, tratándose de donaciones, “[l]a escritura pública correspondiente, además de los requisitos que le son propios y de los exigidos por la ley, deberá contener la prueba fehaciente del valor comercial del bien, de la calidad de propietario del donante y de que este conserva lo necesario para su congrua subsistencia” (subrayas fuera de texto), mientras que el canon 1º ídem señala que “[c]orresponde al notario autorizar mediante escritura pública, las donaciones cuyo valor excede la suma de 50 salarios mínimos mensuales, siempre que donante y donatario sean plenamente capaces, lo soliciten de común acuerdo y no se contravenga ninguna disposición legal (…)”.

Del recto y armónico entendimiento de estos preceptos, se infiere con precisión que la tasación de las donaciones, a efectos de determinar si su valía hace necesaria la insinuación, debe surgir del valor que los activos involucrados tienen en el comercio. Luego, de allí se deduce que en la sentencia denunciada sí se incurrió en un yerro al determinar dichos montos con base en el avalúo catastral de las heredades, equivocación que salta a la vista en la lectura del pasaje del fallo atrás transcrito, donde se indica, expresamente, que se parte del valor consignado en las escrituras y que este coincide con el avalúo catastral.

Es que, como lo tiene dicho la Corte, “el avalúo catastral y el avalúo comercial, tienen naturalezas, metodologías y finalidades diferentes que impiden asimilarlos (…).

“Justamente, el avalúo catastral fue concebido por las normas tributarias con el fin de determinar la base gravable del impuesto predial. Así lo establece el artículo 7º del Decreto 3496 de 1983, al expresar que ‘el avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las edificaciones en él comprendidas’, mientras que el artículo 3º de la Ley 44 de 1990, señala que “la base gravable del Impuesto Predial Unificado será el avalúo catastral, o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial unificado’.

“Tal estimación se efectúa a través de un procedimiento generalizado y abstracto, con base en la información que se obtiene a través de los procesos de formación y conservación catastral y, además, teniendo en cuenta parámetros objetivos que se aplican a los bienes que se hallan en una determinada zona, en aras de obtener una aproximación probabilística, o como refiriera la Corte Constitucional, es una estimación que se logra ‘mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario’ (Sentencia C-467 de 1993). Para tal fin, según prevé el artículo 8º del Decreto 3496 de 1983, reiterado en el artículo 61 de la Resolución 2555 de 1988 dictada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se toman las ‘zonas homogéneas geoeconómicas teniendo en cuenta los valores unitarios que las autoridades catastrales determinen’, al paso que según el artículo 67 de dicha resolución, en el avalúo catastral no se tienen en cuenta ‘los valores histórico, artístico, afectivo, ‘good will’ (sic) y otros valores intangibles o de paisaje natural que pueda presentar un inmueble’.

“3.2. Por su parte, el avalúo comercial representa el valor de un bien en el mercado, en un momento y en un lugar determinado, teniendo en cuenta sus características particulares. En ese sentido, el artículo 2º del Decreto 1420 de 1998, señala que ‘se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más favorable por el cual este se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien’. No se trata ya de un dato tendiente a fijar el monto de un tributo, sino de la tasación concreta de un bien, de acuerdo con las reglas de la oferta y la demanda, atendidas, desde luego, la movilidad y el dinamismo de la economía, así como las condiciones especiales de ese sector del comercio. A diferencia del avalúo catastral, es posible que aquí sí se tomen en consideración circunstancias especiales como el valor histórico, cultural o artístico de un predio, o incluso, su entorno paisajístico.

“3.3. Como es fácil apreciar, no cabe confundir o asimilar una y otra noción, de tal suerte que cuando el artículo 3º del Decreto 1712 de 1989 ordena acreditar el avalúo comercial, no basta con aportar el avalúo catastral, porque con ello no se acredita cuál es el costo real que en el mercado tiene un inmueble específico, en una época y en un sitio específico.

“Es más, la propia ley ha hecho la distinción de ambas valoraciones —la catastral y la comercial—, al advertir, por ejemplo, que en materia de arrendamientos el valor comercial de un predio no podrá ser superior al doble del avalúo catastral (L. 56/85, art. 9º y L. 820/2003, art. 18); o cuando consigna que en el proceso de expropiación, ‘el precio de base de la enajenación —forzosa— (…) no podrá ser inferior al setenta por ciento (70%) del avalúo comercial’ y en caso de que ‘no se presentaren posturas admisibles, se citará para una segunda subasta, en la cual será postura admisible la oferta que iguale al 70% del avalúo catastral’. Ello muestra que el propio legislador es consciente de la diferenciación que allí subyace.

“(…) Por lo demás, el hecho de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi sea el llamado a expedir los certificados catastrales, en los cuales se incluye el avalúo catastral de un inmueble, conforme regula el artículo 27 de la Ley 14 de 1983, en armonía con el artículo 19 del Decreto 3496 de 1983, y la posibilidad de que esa misma institución efectúe avalúos comerciales, cual prevé el Decreto 1420 de 1998, no implica que unos y otros puedan ser equiparados, porque —se insiste— su naturaleza, metodología y finalidad son por completo diferentes. Entonces, aunque la entidad que puede efectuar los avalúos sea la misma, ello no los hace iguales, pues cada una de esas valoraciones tiene las connotaciones ya mencionadas”(5).

Así las cosas, mal podía el Tribunal equiparar dichos conceptos y partir de la estimación catastral para determinar el monto de las donaciones, resguardándose en lo que consideró constituía la voluntad del donante, pues la conducta que de aquel exige el ordenamiento jurídico es la de averiguar, apoyándose en las evidencias decretadas y practicadas, el avalúo comercial de las propiedades objeto del negocio subyacente y de esa manera determinar su validez o nulidad.

b) En el sub examine, como lo anunció el inconforme, obra un dictamen pericial decretado por auto de 18 de octubre de 2007 (fl. 175, cdn. 1); rendido por el experto el 28 de abril de 2008 (fls. 296 a 302 vto.); aclarado y complementado el 10 de julio siguiente (fls. 326 a 328), y objetado por error grave el 18 de julio (fls. 356 a 360).

En dicho informe el experto estimó el valor comercial de los bienes objeto de la litis, para el año 2004, data en la que se celebraron los negocios jurídicos, en $71.270.000,00 —la casa— y $41.748.000,00 —el apartamento—; adicionalmente se pronunció sobre los frutos.

Para desatar la inconformidad expresada por los demandados frente a la experticia, que a la postre fue declarada infundada por el a quo, el 5 de agosto de 2008 se decretó un segundo informe (fl. 372), que fue rendido el 19 de diciembre de 2008 (fls. 385 a 403), aclarado y complementado el 18 de febrero de 2009 (fls. 409 a 411), y cuyo resultado arrojo las sumas de $75.000.000,00 y $40.000.000,00, para la casa y el apartamento respectivamente; también opinó con respecto a las mejoras.

El ad quem, por su parte, se apoyó en dichas evidencias para arribar a la conclusión de que los contratos atacados eran simulados, advirtiendo que “los simuladores, pactaron como precio de las ventas aquellos que aparecen en el avalúo catastral, indicio que también en estos casos reviste contundencia. Los peritajes incorporados demuestran que los precios reales de los bienes para la época de los negocios eran muy superiores a los que aparecen registrados en las escrituras públicas contentivas de los negocios cuya simulación se pretende” (fl. 59, cdn. de 2ª inst.); sin embargo, al momento de tasar las donaciones, dejó de lado de manera inexcusable e inexplicable las experticias y se atuvo al valor que reportaban los negocios aparentes.

Pues bien, el obrar del juzgador de instancia denota a todas luces un claro desvío en su laborío de apreciación física de las probanzas, particularmente de los dictámenes periciales, en tanto en cuanto, de ellos se obtiene con claridad el valor comercial de los inmuebles objeto de donación, baremo que no es otro que el exigido por la normatividad para determinar la validez de los actos cuestionados, así como el monto de las restituciones.

La diferencia entre las cuantías tomadas por el Tribunal y las determinadas por los peritos son:

InmuebleValor registrado en las escrituras públicasTasación del 1er peritaje(6)Estimación de la 2ª experticia(7)Cuantía tomada por el tribunal(8)
Apartamento(9)$15.460.000,00(10)$41.748.000,00$40.000.000,00$15.460.000,00
Casa(11)$22.000.000,00(12)$71.270.000,00$75.000.000,00$22.000.000,00

Para la Sala, los dictámenes aportados al proceso son precisos, se encuentran debidamente soportados y son idóneos para acreditar el valor que según las leyes de la oferta y la demanda tienen los predios, amén de que fueron sometidos a contradicción y cuentan con eficacia demostrativa; entonces, el fallo del tribunal debió soportarse en ellos, o, en su defecto, de manera motivada, restarles credibilidad.

De lo anterior se colige que la providencia impugnada pasó por alto el contenido de las pericias, y por ello arribó a la errada convicción de que la donación encubierta en la escritura pública 678 resultaba válida, al haberse efectuado por la suma de $15.460.000,00; que la contenida en el instrumento 2098 —cuantificada en $22.000.000,00— era parcialmente nula, por sobrepasar el límite legal en $4.100.000,00, y que los convocados debían restituir tan solo el 18.64% del inmueble en cuestión; situación que conduce indefectiblemente a casar la decisión.

c) Las citadas evidencias, particularmente la tasación arrojada por el primer peritaje, contrastadas con el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2004 ($358.000), época de celebración de los contratos, llevan a la conclusión de que las dos donaciones superan el tope de 50 salarios establecido en el artículo 1º del Decreto 1712 de 1989, por lo que deberá declararse su nulidad en todo lo que exceda dicho límite.

En efecto, el salario mínimo para la data en cuestión equivalía a $358.000, lo que se traduce en que toda donación por valor superior a $17.900.000,00, debía ser insinuada, y en caso de no cumplirse esta exigencia, el negocio jurídico deviene nulo en el exceso.

4. Ahora bien, como atrás se explicó, los efectos de la nulidad conllevan, entre otros, a la necesidad de retrotraer las cosas a su estado inicial, como si no hubiese existido el acto invalidado, dando lugar a las restituciones mutuas, razón por la cual, las mismas deben calcularse frente a los dos negocios jurídicos bajo estudio, atendiendo a los parámetros establecidos en los artículos 961 y siguientes del Código Civil.

5. Corolario de lo indicado es la prosperidad de los cargos y el quiebre de la sentencia recurrida, para proferir en sede de instancia la que deba reemplazarla, previo a lo cual, con fundamento en los artículos 179, 180 y 375 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, se decretará la prueba de oficio que adelante se indicará.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 22 de noviembre de 2010, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso ordinario promovido por XXXXXXXXXXXXXXXXXX contra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXX XXXXX y XXXXXXXXXXXXX.

Previamente a la sentencia sustitutiva, se decreta la práctica de un dictamen pericial, para que se determine con exactitud el valor de la totalidad de los frutos producidos o que hubiesen podido producir los inmuebles identificados con los números de matrícula inmobiliaria 156-38904 y 156-19031 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Facatativá, desde las fechas de suscripción de los contratos anulados hasta el día en que se rinda el informe, y la naturaleza y monto de las mejoras efectuadas desde las mismas calendas.

Sin costas por la prosperidad del recurso de casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(1) Sent. Cas. Civ. de 16 de diciembre de 2003, exp. 7593; reiterada, entre otras, en Sent. Cas. Civ. de 24 de noviembre de 2010, exp. 15076.

(2) Sent. Cas. Civ. de 2 de agosto de 1999, exp. 4937.

(3) Cesare Massimo Bianca, Derecho Civil —el contrato—, Trad. Fernando Hinestrosa y Edgar Cortés, Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 633.

(4) Sent. Cas. Civ. de 15 de julio de 2000, exp. 5218.

(5) Sent. Cas. Civ. de 31 de agosto de 2010, exp. 00180.

(6) Fl. 300, cdno. 1.

(7) Fl. 388, cdno. 1.

(8) Fl. 61, cdno. de 2ª inst.

(9) Correspondiente al número 101 del bloque B, de la “C 14 4C-24 o K 5 13-131” de Facatativá; matrícula inmobiliaria Nº 156-38904.

(10) Escritura pública 678 del 5 de abril de 2004 de la Notaría Segunda del círculo de Facatativá; folios 33 y 33 vuelto, cuaderno 1.

(11) Ubicada en el lote Nº 6 de la urbanización Los Laureles, Calle 15 Nº 5-46 de Facatativá; matrícula inmobiliaria Nº 156-19031.

(12) Fls. 25 y 25 vto., cdn. 1.