Sentencia SC6652-2015/2006-00335 de mayo 28 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente

Dr. Jesús Vall De Rutén Ruiz

SC6652-2015

Rad.: 11001-31-03-037-2006-00335-01

(Aprobada en sesión de veintiocho de abril de dos mil quince)

Bogotá D.C., veintiocho de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

A. Aun cuando el cargo que se estudia alude a preceptos procesales de índole probatoria, es del caso colegir que como no tuvieron un desarrollo que claramente pudiese hacer derivar la acusación hacia el planteamiento de errores probatorios de derecho, el riesgo de mixtura de este tipo de yerros con el de hecho debe entenderse superado. Y así, se admitió sobre la base de entender que el recurrente manifiesta su disconformidad con las conclusiones probatorias del tribunal, por errores fácticos que le atribuye en la apreciación de determinadas probanzas, pues al paso que el tribunal ve en ellas tenencia y no posesión del inmueble por parte del antecesor de los demandantes, William Jesús Santiago Ariza, y aun en la de éstos, el recurrente se esfuerza por demostrar que con las pruebas recaudadas (dos testimonios, un dictamen y una inspección judicial en la que se aportaron documentos por la parte actora) las posesiones de ambos -antecesor y sucesores- quedaron cabalmente acreditadas.

B. Pero, como lo ha reiterado la Sala, estas discrepancias o puntos de vista diversos en lo tocante a las conclusiones que pueden emanar de la prueba no son suficientes para el quiebre del fallo, así vengan planteados con una ilación argumentativa más persuasiva que la del juzgador, porque lo que exige la configuración del error de hecho, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, es que esta falencia que indirectamente conduce a la violación de normas sustanciales, sea ostensible o protuberante, es decir, que fluya o se manifieste sin mayores esfuerzos con la sola comparación entre las conclusiones del tribunal y lo que la prueba acredita.

La evidencia del error de hecho probatorio como requisito detonante de la violación indirecta de normas sustanciales encuentra su razón de ser en que la casación no es una instancia adicional del proceso, en la que la Corte pueda, de la mano de la censura, avizorar y acoger puntos de vista distintos que puedan también emanar de las pruebas para arribar a una conclusión contraria a la adoptada por el juez ad quem, si esta no luce absurda y tiene asidero en las pruebas del proceso. Ello porque su objeto no es el caso sino la sentencia, y además porque habiendo sido aquel sometido a escrutinio en dos instancias, por dos autoridades distintas, la solución del mismo contenida en la decisión que se impugna es de esperar que sea acertada y legal. Debido a lo anterior, la sentencia recurrida llega a la Corte cobijada por una presunción de acierto y legalidad en la apreciación fáctica y en las conclusiones jurídicas del tribunal, corporación que, al igual que el juez de primera instancia, goza de discreta autonomía en la apreciación de las pruebas, que la Corte debe respetar a no ser que el recurrente demuestre que en esa apreciación, el juzgador cometió un error evidente o manifiesto de hecho, lo que acontece cuando el fallo se sitúa ostensiblemente por fuera de lo razonable, o es abiertamente contradictorio o arbitrario frente al elenco probatorio (cfr. CSJ SC 102-1995 del 31 de agosto de 1995, rad. 4507).

Ha afirmado de manera constante esta corporación que

“‘si el punto es dudoso o las pruebas se prestan a diversas interpretaciones o es menester argüir esforzados razonamientos para convencer que la conclusión debe ser otra, el error manifiesto queda descartado (XLIII, pág. 799; LXXXIII, pág. 245)’.Y ha dicho también en que si ‘márgenes de duda permitieran a la Corte sustituir con otro el criterio del sentenciador de instancia en la apreciación del material probatorio, entonces se desfiguraría el recurso de casación para tornarse en una instancia más del proceso’ (CVIl, página 277)” (CSJ SC del 11 de octubre de 1978, G.J. CLVIII primera parte nº 2399-27, pág. 267)

A lo anterior debe agregarse que ese error de hecho evidente o manifiesto ha de ser trascendente; esto es, ha de ser decisivo o determinante en la adopción de la decisión impugnada, de manera que de no haber sido cometido por el tribunal otra hubiese sido la conclusión que hubiera tenido que acoger, justamente la que el cargo propone. De nada serviría dejar acreditado el yerro si de todos modos la sentencia habría de mantenerse debido a la nula incidencia o inocuidad de falencia aducida.

C. A las anteriores consideraciones de índole técnica, debe agregarse que, de acuerdo con el Código Civil colombiano, la posesión, como tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, se traduce en una situación de hecho constituida por dos elementos esenciales, uno de los cuales, el corpus o tenencia material —detentación de la cosa—, está presente en la mera tenencia, al punto de ser su esencia, de modo que la diferencia específica que distancia a aquel fenómeno de esta, y lo define en nuestro derecho, es el elemento interno (animus) consistente en la intención o deseo de poseer la cosa como dueño. Pero precisamente por ser una situación de hecho calificada por un estado interno que no es fácil sondear de modo directo, su demostración debe venir acompañada de actos inequívocos y contundentes que reflejen de manera cabal una conducta frente al bien de quien se dice su poseedor, con manifestaciones idóneas perceptibles por terceros, esto es

“…una serie de actos de inconfundible carácter y naturaleza, que demuestren su realización y vínculo directo que ata a la cosa poseída con el sujeto poseedor. Tales actos deben guardar íntima relación con la naturaleza intrínseca y normal destinación de la cosa que se pretende poseer, y así vemos que el artículo 981 del Código Civil estatuye, por vía de ejemplo, que la posesión del suelo deberá probarse por hechos positivos de aquéllos a que sólo da derecho de dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios y cerramientos, el cultivo de plantaciones y sementeras y otros de igual significación”. (G. J. XLVI, pág. 712).

Se advierte en el citado precepto el afán del legislador por destacar que las manifestaciones externas de la posesión son aquellos hechos positivos que suelen ejecutar los dueños, de modo que los actos de detentación en los que no se perciba señorío sobre la cosa, no pueden constituir soporte sólido de una demanda de pertenencia, por supuesto que los hechos que no aparejen de manera incuestionable el ánimo de propietario de quien los ejercita (animus rem sibi habendi), apenas podrán reflejar tenencia material de las cosas (CSJ SC 025-1998 del 25 de abril de 1998, rad. 4680. En el mismo sentido, entre otras, SC 183-2001 del 21 de septiembre de 2001, rad. 5881; SC 301-2005, del 30 de noviembre de 2005, rad. 8788).

D. Aunque para el tribunal los demandantes no probaron su posesión ni la de su antecesor, simultáneamente, en un segmento del fallo reconoce que “con las declaraciones de Ernesto Orellanos Ortiz y Reinaldo Antonio Díaz se estableció la posesión respecto de los aquí demandantes” (fl. 45, cdno. 6).

Pero lo cierto es que, a pesar de esa contradicción, la corporación echó de menos en las declaraciones testificales que examinó, “cuáles fueron los actos de posesión de quien se tildó como poseedor anterior, el señor William Jesús Santiago Ariza, pues la referencia que de él hacen es muy somera” (fl. 47, cdno. 6).

E. Pues bien, puesta la Corte en la tarea de hacer el debido cotejo entre la afirmación de la censura y las conclusiones del tribunal en punto de estas pruebas, sin hesitación alguna concluye que los yerros denunciados —en punto de no ver en ellas los actos positivos que como poseedor hubo de ejercitar en su momento el antecesor de los demandantes y percibir respecto de este solo una alusión somera por parte de los testigos— no tienen las connotaciones que se acaban de explicar, esto es, no aparecen como evidentes ni menos como trascendentes.

En efecto, los dos testimonios, el dictamen pericial y la inspección judicial, pruebas que el tribunal examinó para concluir lo antedicho, no son en manera alguna contundentes como para que la Corte, en sede casacional, admita el yerro que se le endilga al tribunal.

1. Esto es así por cuanto lo que dijo Ernesto Orellanos Ortiz (fls. 132 a 136, cdno. 1) fue que conocía “a los demandantes desde toda la vida”. Describió el bien, dijo que los demandantes tienen más de cuatro años en ese predio, que llegaron a él pues “le compraron” a su “antiguo dueño de la casa de nombre William Jesús Santiago Ariza”. Ante pregunta acerca de cómo se relacionaron los hoy demandantes con el señor William Jesús Santiago, indicó que él imagina “que en la Costa, porque el señor Armando Baca es un hombre público y el señor William es barranquillero”. Desconoció el valor por el cual se realizó la negociación, indicó que el vendedor tenía más de 20 años de contacto físico con el predio, que cuando lo visitaba tenía ahí un taller de pinturas y su oficina. Preguntado acerca de si sabe quién detenta el dominio o la posesión de ese predio contestó “no, yo siempre conocí a William Santiago en esa casa”, siempre supo “que él era el propietario de esa casa, nunca supe que hubiera tenido problemas policivos, que haya sido violentamente el ingreso de él, yo siempre supe que era el propietario de la casa y la primer vez que llegué pregunté a uno de los celadores por el señor William Santiago, y me dio razón, siempre he sabido que él es el propietario, nunca hubo comentario alguno en su vida personal”. Y en relación con los demandantes, e indagado acerca de cómo ha sido la posesión de ellos, indicó que habían ingresado de manera normal, que el predio sufrió notables cambios, “de aquí al cielo”.

Requerido por el apoderado de la parte demandada acerca del tiempo de estar radicado en Bogotá indicó que desde el año 80, cuando su padre fue trasladado a esta ciudad; que conoció a William Jesús Santiago del cual es aun hoy amigo, que siempre lo visitó en su casa y por ello le respondió al juez que aquél tenía su oficina y taller en la edificación; que no conoció de diligencia judicial de secuestro ni a los vecinos de William.

Por su parte, el declarante Reinaldo Antonio Díaz (fls 136 a 139, cdno. 1) indicó que a Armando Baca lo conocía cinco años atrás, por ser tío de Amalia, esposa de su sobrino Danilo Martínez. Y a William Santiago Ariza lo conoció, hace más de 30 años, en una fiesta en Barranquilla y luego coincidieron cinco años después en Bogotá; indica que William lo invitó a su casa del barrio antiguo Niza; que “como a los tres meses de su invitación yo fui a visitarlo porque recuerdo que era la navidad de 1985, algo así. Conocí allí a su esposa la señora Rosiris y a unos tres hijos que tenía en ese tiempo”; que fue unas diez veces a visitar a William, quien siempre le dijo que era de su propiedad y hace como cuatro años se enteró que “el señor Santiago le había vendido la casa al doctor Armando Bacca y el doctor Armando Baca tiene como unos cuatro años de estar viviendo en esa casa y dice que es su casa, siempre lo he conocido como el nuevo propietario”. Conoce perfectamente la dirección del inmueble, no recuerda qué actos de señor y dueño realizó William Santiago pero sí indica que éste era bastante descuidado porque la casa estaba en un estado lamentable; no sabe quién pagaba los impuestos o los servicios públicos, como tampoco si otras personas diferentes ostentaran la calidad de poseedores. Indica que ignora totalmente cómo fue la posesión de William Santiago frente al predio; que los demandantes ingresaron a él por compra que hicieron a Santiago, que los demandantes han hecho reparaciones totales pero por cuenta de quién o de dónde sacaron el dinero no lo podría decir, aunque sabe que el señor Bacca ha ocupado posiciones importantes. Del señor Santiago informa que sabe que es comerciante que puede decir que su edad es de unos 60 años, que no sabe si trabajara o no en la casa, en la que vio unos cuadros pintados por él, que hace unos 4, 5, 6 o 7 años no lo ve, que el día de navidad tenía una invitación pero se canceló por lo que aceptó la de Santiago, a quien conoció con su esposa y sus tres hijos, pequeños entonces.

Como es patente, estas declaraciones se focalizan más en las relaciones personales de los testigos con quienes se dicen poseedores, que en los hechos positivos de estos, ejercitados sobre el predio litigado, en particular, en lo que hace al antecesor William Jesús Santiago Ariza. Y es eso, precisamente, lo que echó de menos el tribunal, dado que en relación con este último aspecto, es evidente que los declarantes afirman que William Santiago y los actores fungían como propietarios del inmueble, pero en relación con el primero, ningún hecho positivo idóneo suyo para demostrar ese ánimo de propiedad dieron a conocer, con lo cual la ciencia de su dicho en cuanto a modo, tiempo y lugar de la afirmación que reiteradamente indicaron, se desvanece, no pudiendo ser, en consecuencia, tildado el juez de la alzada de reo de error de hecho en la apreciación de estos testimonios. Vivir en el predio con la familia, tener allí un taller o la oficina, sin más, no pueden ser razonablemente considerados como demostrativos de posesión.

2. En el acta de inspección judicial practicada al inmueble el 9 de diciembre de 2009, se dejó constancia de que dicha diligencia fue atendida por el actor Armando Antonio Baca Mena así como que “dentro del predio se encuentra el demandado señor Efraín Pachón Roncancio” (fl. 372, cdno. 1), circunstancia ésta que el tribunal tuvo en consideración para refrendar su conclusión acerca de que dicha probanza no era demostrativa de la posesión, y que en verdad, configura un yerro de apreciación, pues la presencia del demandado en la diligencia desarrollada dentro del inmueble, no desquicia ni enerva la posesión y más bien alude al evidente interés de aquel en el desarrollo del proceso que en su contra se sigue.

Con todo, advierte la Corte que la percepción que directamente la autoridad judicial puede hacer en el predio va orientada a reconocer su existencia y particularidades, así como a “verificar los hechos relacionados en la demanda y constitutivos de la posesión alegada por el demandante” (CPC, art. 407 num. 10). De forma directa y más en conjunto con otras probanzas, puede llegar a facilitarle la deducción acerca de la posesión alegada, no solo de los hechos positivos actuales sino de otros ejecutados en el pasado y que han dejado su huella en el predio inspeccionado. Pero, en líneas generales, más que actos posesorios idóneos ejecutados por el antecesor lo que puede patentizarse con ella son los que el demandante ha realizado y realiza. Allí percibirá directamente las mejoras y adecuaciones, podrá recoger testimonios de vecinos que den luz acerca de los hechos investigados —linderos, actos posesorios pasados, percepción de la comunidad acerca de la posesión aducida, etc—. No está de más recordar que la inspección judicial, como prueba obligatoria en procesos de pertenencia, vino a ser adoptada desde la Ley 15 de 1943, en la que se conminaba al juez a no fallar si no había practicado la inspección ocular, diligencia dentro de la cual eran citados los colindantes y en la que el juez recibía sus declaraciones así como la de las demás personas que estimare necesario, todo con la finalidad de buscar que quedasen acreditados la continuidad, efectividad, publicidad y tranquilidad de la posesión invocada por el demandante, así como la explotación económica del predio por parte del poseedor. Asuntos todos que aún hoy puede una inspección dilucidar.

En esta que se realizó, además de una descripción pormenorizada de la vivienda, se estableció que el predio tenía servicios de agua, energía eléctrica, gas natural, teléfono, televisión por cable e internet a nombre de Armando Antonio Baca Mena, el codemandante. Y se recogió el debate acerca de asuntos probatorios (que el dictamen se extendiera a otras pruebas, la aportación de documentos en esa diligencia, la solicitud de que se oyera en declaración a un testigo por parte del demandado), sin que quedara nada más indicado. Es claro que ninguna referencia se hizo allí a la posesión del antecesor.

3. En relación con el trabajo pericial, en el que descuella su casi nula fundamentación, y en lo que algo tiene que ver la posesión del antecesor y los demandantes, el experto afirma, sin explicación alguna, que la construcción tiene una antigüedad de 35 años aproximadamente y designa a quienes ocupan actualmente el inmueble. Por consiguiente, más allá de la conducencia de esta prueba para demostrar por sí misma hechos positivos de posesión realizados en el pasado, nada allí apunta a esa dirección.

De lo dicho debe concluirse que ninguna de las pruebas fueron erróneamente apreciadas por el tribunal, ni de ellas puede deducirse siquiera, como la censura lo afirma, que la posesión de quien les vendió a los demandantes, William Jesús Santiago Ariza, estuviese cabalmente acreditada, con las características que la jurisprudencia ha venido realzando.

El cargo, en consecuencia, no se abre paso.

F. Ante la improsperidad del recurso de casación se impone condenar en costas a los impugnantes, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, las cuales deberá liquidar la Secretaría, incluyendo por concepto de agencias en derecho el valor que aquí se fijará, para lo que se tiene en cuenta que la demanda fue replicada.

V. Decisión

En mérito de las anteriores consideraciones, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 25 de noviembre de 2011 dictada por la Sala Civil del tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso de la referencia.

Se condena en costas del recurso de casación a los recurrentes. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6.000.000).

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».