Sentencia SC6795-2017/2006-00028 de mayo 17 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC6795-2017

Rad.: 63001 31 03 002 2006 00028 01

Magistrada Ponente

Dra. Margarita Cabello Blanco

(Aprobado en sesión de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis)

Bogotá, D. C., diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.

Decide la Corte el recurso de casación que el demandante Julio Ignacio Gutiérrez Sanabria formuló contra la sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior de Armenia dentro del proceso ordinario que él promovió contra el Edificio Terminal de Transportes De Armenia.

Antecedentes

1. La demanda se presentó solicitando como pretensiones las siguientes:

a. Declarar la nulidad del proyecto de división, y de varios artículos del reglamento de copropiedad del ente acusado, contenido en la escritura pública Nº 2794 del 15 de octubre de 1985 de la Notaría Tercera del círculo de la capital del Quindío.

b. Declarar la nulidad de las decisiones comprendidas en el Acta Nº 001 de 22 de septiembre de 1986 de la Asamblea General de Propietarios en los puntos alusivos a la reforma del reglamento vertidas en el instrumento público antes citado.

c. Declarar nula la escritura Nº 3869 de 19 de noviembre de 1986 de la Notaría Tercera de Armenia, mediante la cual se modificaron los estatutos de la pasiva.

d. Dejar sin efecto el Acta Nº 018 de 15 de julio de 1999 dimanante de la Asamblea de Propietarios del Edificio Terminal de Transportes de Armenia.

e. Condenar a la convocada, previa experticia, al pago de las sumas que el señor Gutiérrez Sanabria canceló a título de expensas comunes desde el 26 de noviembre de 1991 y desde el 15 de noviembre de 1994, atendiendo la fecha de tradición de los inmuebles de su propiedad, y hasta la presentación del libelo, con sus correspondientes intereses legales.

f. Conminar a la accionada a pagar al demandante, previo peritaje, los perjuicios materiales y morales generados, luego de la decisión de la Administración de reconstruir parte del Edificio tomada en la Asamblea Extraordinaria de 15 de julio de 1999, y, finalmente,

g. Disponer la demolición de las obras realizadas por la copropiedad después del terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999, tendientes a la reconstrucción de la heredad, al contravenir las normas estatutarias que debieron atenderse.

2. Las súplicas compiladas se sustentaron en los hechos que se sintetizan a continuación:

La Sociedad Terminal de Transportes S.A., antes Terminal de Transportes Ltda., constituyó propiedad horizontal del Edificio Terminal de Transportes, al amparo de la Ley 182 de 1994, mediante escritura pública de 15 de octubre de 1985 otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Armenia.

El proyecto de división presentado en ese instrumento, relacionó los bienes comunes y privados existentes, creando la figura de bienes privados de uso exclusivo de la terminal y áreas privadas de uso público, categorías que no aparecen enunciadas en la descripción de las unidades contenidas en el artículo 17 del reglamento de propiedad horizontal, pero que se hizo “para efectos de la fijación del coeficiente de copropiedad (art. 28) y de gastos (art. 44)”.

Ambas categorías de inmuebles, que no tienen matrícula inmobiliaria independiente acorde con las normas de propiedad horizontal, pertenecen en copropiedad a los dueños de fundos exclusivos; la terminal, en cambio, solo ostenta sobre ellos un dominio aparente, sin acceso a registro inmobiliario.

El artículo 6º del reglamento de propiedad horizontal, se acusa de ilegal, pues viola expresamente el ordenamiento jurídico, al dar un carácter supletorio a la regulación existente sobre propiedad horizontal en Colombia.

Del artículo 7º se reclama que faculta al concejo administrativo para dictar un Estatuto interno con el voto favorable de la demandada, autorización que el Decreto 1365 de 1986, solo concede a la asamblea general.

Planteó que los preceptos 11, 13, 14, 16 y 17 de la normativa denunciada, infringen la Constitución y la ley al otorgar a los promitentes compradores de bienes privados, los mismos derechos y obligaciones que tienen los propietarios, definiendo como dueño a quien reúna los requisitos incluidos en aquellos artículos y no a quienes aparezcan en el registro.

Referente a la denominación de bienes privados de uso público y de uso exclusivo de la terminal, dijo, crea una distorsión jurídica en la fijación del coeficiente de copropiedad establecido en el reglamento, asignándole a la Sociedad un porcentaje del 48.25% del total de coeficientes y otorgándole, ilegalmente un poder descomunal sobre bienes privados de los que no tiene titularidad, pues sumando todas las modalidades de bienes, asciende a un total de 51.75% de coeficiente.

Manifestó que son contrarios a derecho los artículos 29, 44, 45, 57, 66 y 67 del reglamento atacado, al tener en cuenta para la determinación del coeficiente de copropiedad el área y no el valor económico de los bienes privados; al fijar el coeficiente de gastos de la copropiedad con base a factores de ponderación distorsionados por incluirse bienes de uso público y privado que en realidad son comunes; al calificar la obligación derivada de expensas como real y no personal a cargo del propietario; al consagrar como factor para la participación de los propietarios en la asamblea, el área del respectivo bien, cuando lo válido es atender “el valor de cada piso o departamento de su dominio”; y, al establecer que la elección de los miembros del consejo administrativo debe tener en cuenta el área de cada bien privado.

Informa, que el 22 de septiembre de 1986 la Asamblea General de propietarios, según Acta 001 del mismo año, aprobó las modificaciones de los planos del Edificio del Terminal, sin mencionar la reforma de los coeficientes, ni establecer bienes privados, centrándose la decisión en la forma estructural del inmueble; desprendiéndose de esa acta que la reforma estatutaria se adoptó por el 90.04% de los coeficientes, cuando de acuerdo con la Ley 182 de 1948, necesita de la aprobación de todos los propietarios de los bienes privados, lo que no ocurrió así dado que varios de ellos, a pesar del derecho de dominio que tienen, no participaron en la decisión.

Mediante instrumento público 3869 de 19 de noviembre de 1986, el gerente de la Sociedad Terminal de Transportes, protocolizó ilegalmente la reforma del reglamento; y tanto en ella como en la escritura de 9 de febrero de 1987, se advierte que la modificación involucra puntos no incluidos en el acta, vicios estos de forma y fondo que ameritan la nulidad de todos los actos.

Aduce, que el Edificio Terminal de Transporte sufrió a consecuencia del terremoto de 25 de enero de 1999, notorios daños que impulsaron a la asamblea general a tomar, irregularmente, la decisión de reparar parte del mismo, sin reconstruirlo en su totalidad; que en asamblea extraordinaria del 15 de julio de esa anualidad, figuran personas naturales y jurídicas que no ostentaban la calidad de dueños sobre bienes privados; por ende, los coeficientes que se atendieron en la reunión, están distorsionados, amén que, en ese día se decidió que el proceso de reconstrucción estaría a cargo del consejo administrativo, circunstancia indelegable conforme lo previene el canon 15 de la Ley 182 de 1948.

Que a raíz de los perjuicios que generó el terremoto, la Previsora S.A. pagó a la copropiedad la suma de $600.198.426 producto de la póliza multirriesgos de áreas comunes, de los cuales $383.323.125 correspondía a la inversión de áreas construidas en su totalidad, y el resto se utilizaría para la reparación de los bloques menos afectados, distribución que no fue atendida, pues el consejo administrativo desprotegió las áreas demolidas en su totalidad, creando desigualdad y ocasionándole a los propietarios de los bienes ubicados en los módulos I y II pérdidas incalculables que deben resarcirse.

3. Luego de que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y Primero Civil Municipal de Armenia rehusaran el conocimiento del asunto, y propuesto el conflicto negativo de competencia, el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial lo envió a la agencia municipal por considerar improcedente la existencia de la colisión competencial, quien admitió la demanda mediante proveído de 25 de octubre de 2001, la tramitó por el cauce del juicio verbal sumario, y dictó sentencia el 29 de septiembre de 2005 declarando probada la excepción de caducidad propuesta por la pasiva.

El Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, en fallo de tutela de 9 de diciembre de 2005 (fls. 1003-1015), dispuso la nulidad de todo lo actuado y ordenó imprimir el trámite del proceso ordinario conforme a las disposiciones legales vigentes. Subsiguientemente, el órgano de conocimiento (Juzgado Primero Civil Municipal), al estimar que el asunto era de mayor cuantía rechazó la demanda, disponiendo enviar la actuación a los Juzgados Civiles del Circuito (fl. 1017).

4. Efectuado nuevo reparto, el caso correspondió al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Armenia, quien inicialmente, por auto de 2 de marzo de 2006 objetó la aceptación del libelo por faltar el requisito de procedibilidad (conciliación); más la decisión la revocó el superior, con auto de 4 de julio de 2006, y en su lugar se admitió la demanda.

Notificada aquella la parte convocada la contestó oponiéndose a las pretensiones y formulando las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de la nulidad del reglamento contenido en la E.P. 2794 del 15 de octubre de 1985, del acta del 22 de septiembre de 1986 y de la reforma protocolizada por el instrumento público 3869 de 19 de noviembre de 1986; ratificación del reglamento contenido en la escritura 2794 citada y de la reforma inserta en el documento de 19 de noviembre de 1986; validez de la determinación de bienes privados de uso público en una propiedad horizontal, prescripción de la acción; caducidad de la impugnación de las decisiones de asamblea y ausencia de legitimación en la causa por pasiva.

5. A la primera instancia, luego de agotarse las formas propias del juicio ordinario, puso fin la sentencia de 18 de mayo de 2012, declarando probada la excepción de prescripción extintiva de la acción, en relación con las pretensiones primera, segunda y tercera; encontró demostrado de oficio el medio exceptivo llamado improcedencia de la acción respecto de la súplica de nulidad del Acta Nº 018 de 15 de julio de 1999 emanada de la Asamblea General de Propietarios del Edificio Terminal de Transportes de Armenia, y subsecuentemente denegó las demás reclamaciones.

El funcionario de primer grado aludió al régimen de las nulidades y, confrontando aquél, con las pretensiones de la demanda infirió que la causal alegada era un vicio propio de la nulidad absoluta, además determinó que el término de prescripción que en el caso resultaba aplicable, de diez años, estaba vencido.

Cuanto hace a la nulidad del Acta Nº 018 de 15 de julio de 1999 emanada de la Asamblea General de Propietarios, la encontró improcedente, pues la súplica debía surtirse por el sendero del proceso abreviado.

Por último señaló que no resultaba posible interpretar el libelo para analizar la indemnización de perjuicios pedida, ya que el camino idóneo es el del juicio ordinario de responsabilidad civil, y como en el asunto, no se discutió la responsabilidad de los órganos de administración de la propiedad horizontal, no era factible estudiarla.

6. El promotor del litigio formuló recurso de apelación, argumentando básicamente que los daños debieron ser reconocidos por la no reconstrucción de los bienes de propiedad del actor, sin ser necesario considerar factores de responsabilidad, pues ella es objetiva según lo ordena el artículo 15 de la Ley 182 de 1948.

Que el fallador de conocimiento, debió limitarse a acatar la orden del juez de tutela, sin entrar a valorar si medió un marco contractual o extracontractual para definir la contienda, dado que la obligación de reconstrucción era de tipo objetivo.

Se desconoció el pedimento séptimo de reconocimiento de perjuicios materiales y morales, pues el juzgador soslayó su deber de interpretar la demanda conforme al mandato superior que reclama la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

Finalmente expuso que, el Acta Nº 018 no podía ser violatoria de reglas imperativas como las contenidas en el artículo 15 de la Ley 182 de 1948, por suerte que la nulidad era de naturaleza absoluta y no relativa, según lo entendió el a quo.

La sentencia del tribunal

Refirió en primer lugar a los presupuestos procesales, y cuando analizó el relativo a “la demanda en forma” expuso que, teniendo en cuenta la formulación de las súplicas habidas en el libelo, “claramente se advierte, que existe indebida acumulación de pretensiones”, volviendo sobre el contenido de cada una de ellas.

Seguidamente anotó:

“Siendo así, nos encontramos entonces ante pretensiones que no pueden tramitarse por el mismo procedimiento, deficiencias que no fueron corregidas por el juez de conocimiento, pese a que en un principio fueron alegadas mediante los mecanismos exceptivos otorgados al demandado para atacar la validez del libelo genitor”. (Negrilla original del texto).

Si bien es cierto que el canon 228 superior, dijo, reclama la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, recordó que ese mandato no implica, que el juez haga la demanda,

“ya que ello es una actividad exclusiva del actor, pero en la fase iniciativa del proceso, el juez, en uso de la facultad de control que ejerce sobre la forma de la demanda debió inadmitirla para su corrección y si no fue así, el demandado pudo formular los reparos pertinentes a través de la proposición de la excepción previa de inepta demanda fundada en ésta indebida acumulación de pretensiones, como en efecto lo hizo, pero el a quo, la declaró no próspera argumentando que tanto el fallo de tutela como al resolver el recurso de apelación contra el auto que inadmitió la demanda, el superior ordenó darle el trámite de procedimiento ordinario, sin entrar a analizar el fondo de la excepción previa planteada”.

Aludió a la decisión de tutela proferida por el Tribunal Superior de Armenia de 9 de diciembre de 2005, a través de la cual se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio del escrito genitor, y ordenó que al asunto se le impartiera el rito del juicio ordinario conforme las reglas generales de competencia, trasuntando lo que al respecto consignó esa sentencia, misma de la que expresó, no obligaba al a quo a tramitar todas las pretensiones bajo la senda del proceso ordinario, ni le limitaba sus facultades para subsanar el proceso, “ni menos lo obligaba a fallar sin estudiar los presupuestos procesales”.

Se refirió al proveído de 4 de julio de 2006, mediante la cual la Sala Civil - Familia - Laboral resolvió la apelación del auto de 2 de marzo del mismo año mediante el cual se rechazó la demanda por no haberse agotado la conciliación extrajudicial, y advirtió que en dicho pronunciamiento no se analizó la indebida acumulación de pretensiones, pues no fue objeto del recurso, “así que si bien ordenó admitir la demanda sin exigir el requisito de procedibilidad, ello no le impedía al Juez de conocimiento analizar y resolver la excepción previa planteada por la demandada”.

Destacó que no obstante lo expuesto, constituye más que una simple potestad, un deber del operador judicial interpretarla y fijar su alcance, por supuesto, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento, vale señalar, sin alterar el verdadero querer de la parte actora.

Agregó posteriormente: “en el sub examine, y en aras de evitar un fallo inhibitorio, la Sala limitará su estudio a la prosperidad o no de las pretensiones que debían tramitarse por el proceso ordinario, prescindiendo de analizar las súplicas que tienen un trámite diferente al ordinario”; además, recalcó, tampoco es procedente que so pretexto de interpretar el libelo como lo pretende el promotor, se resuelva como pretensión principal la contenida en el numeral séptimo, pues claramente se formuló como consecuencial de la nulidad del Acta Nº 018 de 15 de julio de 1999; y que además alude al pago de perjuicios materiales.

Descendió a la acreditación de la legitimación en la causa por activa y pasiva dentro del presente proceso y, recordó que su competencia, en el marco de la alzada, la fija directamente el recurrente “al determinar los aspectos que no comparte del proveído impugnado”, correspondiéndole fundamentar su crítica de manera clara y delimitada; dicho lo cual analizó uno a uno los puntos de censura contra la sentencia combatida, destacando que es únicamente sobre ellos respecto de los que adquiere la habilitación legal para pronunciarse.

Abordó la réplica atinente a que se estudie la indemnización de perjuicios solicitada como pretensión autónoma, y no como derivada de la declaratoria de la nulidad del Acta Nº 018 de 15 de julio de 1999 emanada de la Asamblea General de Propietarios del Edificio Terminal de Transportes de Armenia, pues en el fondo existe una responsabilidad objetiva, a pesar de que en el libelo introductorio no se haya pedido así.

Coligió al respecto, que del escrito impugnativo, sus argumentos develan la formulación de “pretensiones nuevas que no fueron pedidas ni debatidas en primera instancia, que de aceptarse quebrantaría los derechos de defensa y contradicción de la contraparte y transgrediría los principios de buena fe y lealtad procesal”, pues los daños reclamados en el primer nivel referían a los derivados de la nulidad del acta mencionada, no de una responsabilidad objetiva.

Una hermenéutica diversa, indicó, desconocería el principio dispositivo que rige el juicio civil, amén de la congruencia regulada en el artículo 305 del CPC.

A diferencia de lo alegado por el demandante, expresó que “el hecho de haberse tramitado por un procedimiento diferente más garantista como el ordinario en manera alguna sanea dicha irregularidad, que de no existir en este caso pretensiones que sí debían tramitarse por dicho procedimiento, generaría una nulidad insubsanable”.

Del ataque relativo a la interpretación de la demanda echada de menos para que fallara de fondo la solicitud de nulidad de las actas de asamblea y condenar por perjuicios, reiteró que esa facultad no es absoluta; por el contrario, “es restringida en casos en los cuales es inevitable atenerse a lo alegado y pretendido por el actor”; y trajo a colación jurisprudencia de esta Corte alusiva al tema.

Por último manifestó, que no existiendo más aspectos de apelación, y dado que no fue atacado lo resuelto por el a quo respecto a las pretensiones de nulidad del proyecto de división contenido en la escritura Nº 2794 del 15 de octubre de 1985, y la nulidad del instrumento Nº 3869 de 19 de noviembre de 1986, mediante el cual se reformaron los estatutos del Edificio Terminal de Transportes de Armenia, “a la Sala no le queda otro camino que confirmar la decisión de primer grado en este punto”.

La demanda de casación

Cinco cargos fueron los aceptados por la corporación de los once originalmente propuestos en el libelo casacional, los cuales se decidirán en su orden lógico, de suerte que, por referir a vicios de procedimiento, inicialmente se despachará el tercero (capítulo 11) relativo a la nulidad del procedimiento invocada; luego se ocupará la Sala de la cuarta acusación (capítulo 13) relacionada con la inconsonancia del fallo. Seguidamente se abordarán, de forma conjunta, por fundarse en idénticos supuestos jurídicos los embates primero (capítulo 5) y segundo (capítulo 6), ambos trazados por la vía directa de la ley sustancial. Por último, se acometerá el estudio del quinto cargo (capítulo 15), alusivo también al quebranto recto de la Constitución.

Cargo tercero. (Capítulo 11)

Con fundamento en el numeral quinto del artículo 368 procesal civil, se acusa “el numeral segundo del fallo del tribunal en cuanto se inhibe para resolver las pretensiones segunda y cuarta de la demanda y por consiguiente hay nulidad”.

Discurrió así:

“En fallo de tutela de 9 de diciembre de 2005, el Tribunal Superior de Armenia declaró la nulidad de todo lo actuado a partir, inclusive, del auto admisorio de la demanda, ‘para que se le imprima a la demanda, el trámite del proceso ORDINARIO conforme a las reglas generales de competencia’. (sic).

En virtud de la invalidación dispuesta por el Tribunal, el Juzgado 4º Civil del Circuito de Armenia al resolver sobre la demanda, la rechazó por no haberse agotado el requisito de la conciliación prejudicial.

Esta decisión fue apelada y el recurso resuelto por la Sala de Decisión Civil - Familia del Tribunal Superior de Armenia, mediante providencia de 4 de julio de 2006, obrando ‘como superior funcional del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Armenia’, y en tal carácter, resolvió revocar el auto apelado y en su lugar dispuso: ‘admitir la demanda ordinaria presentada por el señor Julio Ignacio Gutiérrez Sanabria (…) Someter el asunto al trámite consagrado en los artículos 398 y ss. Del Código de Procedimiento Civil.

(…).

La anterior providencia se notificó y causó ejecutoria.

El Nº 5 del artículo 368 del CPC establece como causal de casación haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado.

El numeral 3º del artículo 140 del CPC establece como causal de nulidad; ‘cuando el Juez procede contra providencia ejecutoriada el superior’”.

Posteriormente, a efectos de cumplir con la debida “demostración del cargo”, asentó los siguientes planteamientos:

“El juez constitucional le ordenó al de conocimiento tramitar el proceso como ordinario.

El superior jerárquico del Juez del conocimiento 2º Civil del Circuito de Armenia -fue (sic) quien admitió la demanda y ordenó imprimirle el trámite como ordinaria.

El juez del conocimiento –2º Civil del Circuito de Armenia– acató lo resuelto por el superior y tramitó el proceso como ordinario.

Si el superior ordenó tramitarlo como ordinario y eso fue lo que cumplió el juzgador de primera instancia, ¿cómo se puede ahora reprocharle que no haya inadmitido la demanda, si esta fue admitida por su inmediato superior? Cómo se puede reprochar que se haya tramitado como ordinario, si eso fue lo que le ordenó el inmediato superior? (sic)”.

En algún momento, este proceso se tramitó como verbal sumario y se dictó sentencia de única instancia por parte del Juzgado 1º Civil Municipal de Armenia, en audiencia efectuada el 29 de septiembre de 2005. El señor Gutiérrez Sanabria, interpuso tutela y el Tribunal Superior de Armenia, en fallo de 9 de diciembre de 2005, en su parte resolutiva, declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio inclusive y ordenó que s ele imprima el trámite del proceso ORDINARIO.

Debe tenerse presente que la demanda de este proceso se presentó el 20 de febrero de 2001 (sic).

En el sub lite, el juzgador de segunda instancia entra en franca rebeldía contra lo dispuesto por el superior jerárquico del juez de primera. Estima que la demanda ha debido ser inadmitida porque, a su juicio, existe indebida acumulación de pretensiones (sic)”. (Mayúscula y negrilla original del texto).

Por tanto, agrega, olvidó el Tribunal Superior que fue esa misma corporación la que ordenó imprimirle a la demanda el trámite del juicio ordinario conforme a las reglas generales de competencia; de manera que ante su soslayo se genera una nulidad “al desconocer que se actuó por orden del superior y como consecuencia de inhibirse de fallar”.

Finalmente concluyó que, el sentenciador a quo no podía inadvertir lo dispuesto por ese colegiado al admitir el libelo, y tampoco le era posible modificar la decisión de ese órgano para acatar lo que hoy reprocha el funcionario de segundo grado.

Consideraciones

1. Se fundamenta la acusación en la causal quinta del artículo 368 del Código Procesal Civil referente a “Haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado”.

La nulidad surge como uno de los principales mecanismos que procura la salvaguarda de las formas propias del juicio, siempre que afecten de modo importante la eficiencia del mismo, por estar concebida excepcionalmente para aquellos casos en que el vicio no pueda corregirse de otra manera por no alcanzar el acto su finalidad. Es entendida como “la sanción que produce la ineficacia de lo actuado en un proceso, cuando este no se ha ceñido a las prescripciones de la ley que regula el procedimiento” (Sentencia de 30 de junio de 2006, Rad. Nº 2003 00026).

Igualmente, es una manifestación del formalismo moderado que debe respetarse en toda controversia como resguardo para las partes de la igualdad de armas; hace referencia a los actos del proceso y sus formas dentro del mismo; su presencia se relaciona con errores in procedendo, por existir cuando ocurre “apartamiento de formas”, más no de cualquiera, sino de aquellas específicamente señaladas por el autor de las reglas dentro de su libertad de configuración legislativa; pero además, para que pueda ser declarada se requiere que cumpla ese vicio con el requisito de no haber sido saneado.

En el litigio que ocupa la atención de la Sala, expone el recurrente que se incurrió en la causal contemplada en el numeral 3º del artículo 140 del CPC, de acuerdo con la cual, el proceso es nulo en todo o en parte, “cuando el Juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia”, pues consideró que, “si el tribunal admitió la demanda como ordinaria y sin condicionamientos”, ese mismo colegiado debe resolverla acogiendo las pretensiones, “tal como se indica en el acápite de esta demanda denominado alegato propio de instancia”.

2. Aquella se cimienta en la obligación que implica para el funcionario de inferior jerarquía, acatar los dictados del superior; así lo dispone el canon 362 del CPC, al señalar que en el auto de obedecimiento a lo resuelto por el ad quem, el juez debe disponer todo lo necesario para el cumplimiento del mandato proferido por aquél.

Al respecto, se ha considerado:

“La causal de nulidad que se produce (…) está destinada a preservar el orden de los procesos y el acatamiento de las decisiones judiciales por parte de los jueces que, siendo de grado inferior dentro de la competencia funcional que se ejerce en relación con un proceso determinado, deben cumplir con las decisiones que profieran los jueces de grado superior, cuando éstos resuelvan los recursos de queja, súplica, apelación, casación y revisión, o en su caso la consulta”(1).

3. De la sustentación del cargo se concluye, que el cuestionamiento es por el primer aparte del motivo en mención, esto es, proceder contra decisión en firme del ad quem; causal aquella que no admite una interpretación diferente a que el pronunciamiento desconocido provenga de quien supera en jerarquía funcional a quien dicta la providencia censurada, siendo producidas ambas en el mismo trámite.

Por ende, ha destacado la Sala, “los proveídos de cualquier naturaleza en asuntos diferentes al que es objeto de estudio por este sendero excepcional, así tengan una relación conceptual o identidad de tema, no encajan en el supuesto que se indica”(2).

Igualmente se ha precisado lo siguiente,

“Con relación a la causal de nulidad procesal consagrada en el artículo 140 (num 3º) del C. de P. C., modificado por el decreto 2282 de 1989, ha dicho repetida y uniformemente esta Sala, que cualquiera que constituya el motivo o irregularidad que al reseñado efecto pueda dar lugar, el mismo ha debido presentarse dentro de la actuación judicial donde se reclama la declaración de existencia del aludido vicio procesal y la imposición de las consecuencias a él inherentes (…) Sobre el particular, sostuvo la Corte en oportunidad anterior, que según se infiere de la naturaleza y estructura de los motivos en que se sustenta la referida causal de nulidad, “sólo cabe considerar los vicios procesales que dimanen del mismo proceso o actuación procesal en curso para su configuración; o, lo que es igual, no incluye, para su estructuración los trámites o las providencias judiciales surtidas y dictadas en otros procesos preexistentes a aquél en que se alegan, por significativa que pueda ser la relación o conexidad entre unos y otros” (sent. de 2 de diciembre de 1999, Exp. 5292)”(3). (Subraya fuera de texto).

Ya se sabe, que nuestro sistema de justicia desconcentrado, está concebido como una estructura jerarquizada funcionalmente; de tal suerte que las decisiones adoptadas por los jueces, en principio, son vinculantes para los funcionarios de inferior escalafón, respetándose por ende la organización de la rama judicial en sus distintas jurisdicciones (art. 11 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 4º de la Ley 1285 de 2009).

4. En el presente caso, el censor se duele porque, el tribunal se inhibió para decidir sobre las súplicas segunda y cuarta, desconociendo que con el fallo de tutela de 9 de diciembre de 2005, esa misma corporación declaró nulo todo lo actuado y ordenó que se imprimiera el trámite del juicio ordinario.

Agregó que, aunque en virtud de esa decisión constitucional el Juzgado rechazó la demanda por no haberse agotado el requisito de la conciliación prejudicial, al apelarse fue revocado el pronunciamiento por el mismo fallador plural.

5. La jurisdicción constitucional, es diferente de la ordinaria; pues la primera la integran, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 270 de 1996, a más de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en virtud de sus competencias residuales sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad “los jueces y corporaciones que deban proferir las decisiones de tutela o resolver acciones o recursos previstos para la aplicación de los derechos constitucionales. (Subraya fuera de texto).

5.1. Dado que en este asunto, la decisión ejecutoriada del superior, que dice la censura fue soslayada, se adoptó en el marco de un procedimiento constitucional (art. 86), significa que no fue dictada, en estrictez, dentro de la actuación judicial donde se reclama la declaración de existencia del vicio procesal, independientemente de la conexidad que tiene respecto del juicio por donde se tramitaron las pretensiones incoadas por el demandante Julio Ignacio Gutiérrez Sanabria.

5.2 En adición de lo dicho, y clarificado que el fallo presuntamente desconocido, provino de una jurisdicción diferente de la ordinaria, al recurrirse en casación una actuación proveniente de la Sala Civil - Familia del Tribunal de Armenia, no puede perderse de vista que su superior jerárquico funcional es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, no otra autoridad diferente, mucho menos si pertenece a la jurisdicción constitucional.

Al efecto, esta corporación, respecto de la jerarquía funcional que tiene sobre los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en AC de 4 de julio de 2013, Rad. 2013-00070-00, señaló que:

“(…) conviene aclarar que el superior al que se refiere la norma es necesariamente el jerárquico funcional, que en el caso concreto en el que se profirió la sentencia materia del recurso, por tratarse de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 11 y 15 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de Administración de Justicia) es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y no la Corte Constitucional”.

Por tanto, si bien la decisión que se dice fue desconocida, la profirió el mismo órgano judicial, esto es, el tribunal superior, en ella, aquél actuó como juez de tutela y no de la justicia ordinaria, de manera que no fue un superior funcional quien dictó la orden presuntamente inadvertida, como lo exige el numeral 3º del motivo de nulidad invocado.

6. Ahora bien, aunque se hiciera abstracción de todo lo expuesto, entendiendo que por especificidad, la circunstancia alegada se adecúa a la descripción del motivo de nulidad, obsérvese que, en el mismo pronunciamiento de tutela, la Corporación del Distrito Judicial de Armenia manifestó:

Y si el Juez Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, ordenó imprimirle a la citada demanda el trámite del proceso VERBAL SUMARIO, al avocar el Juez Primero Civil Municipal y el conocimiento de la misma debió imprimirle el trámite correspondiente, ya que al asumir la competencia, cuenta con todas las facultades legales para que el proceso no finalice con una sentencia inhibitoria o un proceso viciado de nulidad, es más, constituye un deber del funcionario.

Pues cuando un juez de superior categoría se declara incompetente frente a una determinada demanda, y ordena enviársela a otro funcionario que por competencia funcional es de inferior categoría, esto no significa que esté obligado a continuar con el procedimiento indicado por el de mayor categoría.

Lo anterior significa, que el proceso tramitado en el Juzgado Primero Civil Municipal de esta ciudad, donde es demandante el señor Julio Ignacio Gutiérrez Sanabria, y demandado el Edificio Terminal de Transporte de Armenia, el cual concluyó con sentencia fechada 29 de septiembre del presente año, adolece de un defecto procedimental por habérsele dado el trámite que no corresponde, lo cual constituye una vía de hecho conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia arriba citada.

Como consecuencia de la vía de hecho por haberse actuado fuera del procedimiento establecido en la ley para este tipo de procesos, se hace necesario decretar la nulidad a partir del auto que admitió la demanda, para que se le imprima el trámite del proceso ordinario conforme a las prescripciones legales”. (Subraya fuera de texto).

6.1. De donde, cual lo consignara la sentencia combatida, lo dicho en el fallo que resolvió la acción constitucional no compelía al a quo a tramitar la totalidad de las pretensiones bajo la senda del juicio ordinario; tampoco lo privaba de las facultades con que contaba para subsanar el proceso; y menos aún lo conminaba a resolver la litis sin estudiar los presupuestos procesales.

6.2. El tribunal, al examinar la concurrencia de aquellos presupuestos, encontró colmados todos menos el relacionado con la demanda en forma, estimando que se produjo la indebida acumulación de pretensiones –evaluación que podía hacer de manera oficiosa– no obstante y en su deber de interpretar su contenido, se pronunció de fondo respecto de las que debían tramitarse por el cauce del proceso ordinario.

6.3. Finalmente, la escisión que realizó el sentenciador al momento de despachar las pretensiones y declarar la indebida acumulación, no era un asunto de linaje meramente potestativo; puesto que, las formas procesales, tiene por establecido el artículo 6º del CPC, son de orden público y por consiguiente de obligatorio cumplimiento; “y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares”; norma que, en la especie examinada, se concatena con lo ordenado por el artículo 86 de la misma obra según el cual, el juez, al admitir la demanda que reúna los requisitos legales, le impartirá el trámite que legalmente corresponda, aunque el convocante “haya indicado una vía procesal inadecuada”.

Habida cuenta de lo discurrido en precedencia, el cargo no se abre paso.

Cargo cuarto (capítulo 13)

Con apoyo en la causal segunda del artículo 368 se acusa la incongruencia de la sentencia, al incurrirse en una decisión citra petita.

Expuso, que el ad quem estimó que la pretensión séptima del libelo referente a la indemnización por daños, no es autónoma sino que estaba subordinada a la declaratoria de nulidad del Acta 018 de la Asamblea de 15 de julio de 1999.

Plantea que la súplica, contentiva de una reclamación de perjuicios derivados de la decisión “de la administración de reconstruir una parte del edificio” tiene el carácter de “principal y para ello basta su lectura”.

Finalmente advierte: “si el tribunal hubiere entendido que la pretensión 7ª es independiente la hubiere resuelto, por lo que corresponde casar la sentencia y en sede de instancia revocar la sentencia apelada y en su lugar despachar favorablemente la pretensión 7ª”.

Consideraciones

1. La inconsonancia establecida en el artículo 368 del Estatuto de Enjuiciamiento Civil corresponde a un error in procedendo que se presenta,

“cuando el sentenciador, por un lado, quebranta los linderos de la controversia trazados por las partes en la demanda y en su contestación, en particular, cuando lo resuelto no guarda completa armonía con las pretensiones o con las excepciones que han sido alegadas o que pueden ser reconocidas de oficio y, por el otro, cuando se despreocupa de los supuestos que integran la causa petendi o, dicho de otra forma, se aparta de los extremos fácticos que delimitan el litigio. (…). Por tanto, para establecer la presencia de esta irregularidad se hace necesario el cotejo objetivo entre lo pedido por el actor, el fundamento fáctico de las súplicas, las excepciones aducidas por el demandado y las que, sin requerir ser invocadas, resulten probadas en el proceso, por una parte, y el contenido concreto de la decisión del juzgador, por la otra, (…).’ (Sentencia de 7 de marzo de 1997, Exp. 4636)” (Cas. Civ., sentencia de 16 de diciembre de 2005, Rad. 1993-0232-01).

Conviene memorar que, en tratándose de este motivo de casación, es requisito que la desarmonía denunciada no sea producto del entendimiento que el sentenciador haya dado a la demanda, a su contestación o a los medios de convicción, pues en tales supuestos el motivo de casación aplicable es el primero.

Al efecto, ha referido la corporación que, “al momento de formular un ataque por esta causal, no puede el recurrente soportarse en errores de juicio en que hubiere podido incurrir el sentenciador, los cuales sólo podrían tener acogida bajo la causal primera, de suerte que ‘si la disonancia proviene del entendimiento de la demanda o de alguna prueba, la falencia deja de ser in procedendo para tornarse en in iudicando, la cual tiene que fundarse necesariamente en la causal primera de casación, ya que de existir el yerro, este sería de juicio y no de procedimiento’ (CCXLIX, Vol. II, 1468)”. (CSJ SC. Sentencia de 19 de enero de 2005, radicación n. 7854). (Subraya fuera de texto).

2. Una de las exigencias del recurso de casación consiste, en que sus causales tienen una configuración propia y autónoma que las torna inconfundibles, por manera que le está vedado al recurrente transitar indistintamente por una u otra alegando falencias que no se avienen al motivo del ataque.

3. En la argumentación sobre la que el censor basó la acusación, apuntalada en la inconsonancia del fallo, se advierte que discurrió por un sendero, reservado al primero de los motivos que consagra el precepto 368 procesal civil, alusivo a la violación de la ley sustancial derivada de la “apreciación de la demanda”.

Habida cuenta de lo señalado, es ostensible que el cargo en examen desconoce la regla de técnica en precedencia advertida, toda vez que su sustentación se circunscribió, en esencia, a reprocharle al ad quem el entendimiento dispensado a las súplicas contenidas en el escrito genitor del litigio.

Obsérvese que el actor, inició por recordar que para el tribunal, la pretensión séptima estaba subordinada a la declaratoria de nulidad del acta, desconociendo que aquella era autónoma y principal, por lo que incurrió en una indebida lectura.

Y finalmente, patentiza aún más el dislate, la apuntación última que hace al exponer, se itera, en la lacónica formulación del cargo:

“Si el tribunal hubiere entendido que la pretensión 7ª es independiente la hubiere resuelto, por lo que corresponde casar la sentencia y en sede de instancia revocar la sentencia apelada y en su lugar despachar favorablemente la pretensión 7ª”. (Negrilla fuera de texto).

Es decir, más allá de vislumbrarse una acusación a los linderos del pleito trazados por las partes, el ataque denota un error de pupila indebidamente canalizado; aspecto vedado en el marco de esta opugnación excepcional por no poder transitar promiscuamente el censor por las diversas causales que viabilizan el recurso casacional.

En razón de lo hasta aquí señalado, el cargo no se abre paso.

Cargo primero (capítulo 5)

Con estribo en la causal inicial de casación contemplada en el artículo 368 procesal civil –vía directa– se denunció el numeral primero de la sentencia acusada, por falta de aplicación del artículo 2536 del Código Civil modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1936, aplicación indebida del canon 8º de la Ley 791 de 2002 e interpretación errónea del artículo 41 de la Ley 153 de 1887.

Tras señalar que el tribunal confirmó “la declaración de prescripción en relación con la pretensión primera”, manifestó que en el tránsito legislativo vinculado con el fenómeno prescriptivo, ya sea por la vía adquisitiva o extintiva, la ley permite elegir el “término más favorable para el prescribiente, pero escogido uno, ese término ha debido transcurrir íntegramente”, y en el caso analizado, según la legislación anterior (Ley 182 de 1948) reguladora de la propiedad horizontal, “no existe un término especial de prescripción”, por lo que resultaba aplicable la norma general del canon 2356 del C.C., donde la prescripción extintiva es veintenaria.

Advirtió, que el artículo 41 de la ley citada no distingue entre la prescripción extintiva o liberatoria, y además determina, que escogida una, para que sea aplicable, debe haber transcurrido íntegramente el respectivo lapso temporal, de manera que al optarse por el de la Ley 791 de 2002, “los diez años se habrían consumado el 27 de diciembre de 2012”.

Más adelante señaló:

“El juzgador de instancia interpreta erróneamente el artículo 41 de la Ley 153 de 1887 al restringirle sus efectos únicamente para la prescripción adquisitiva y por ello le da cabida a la prescripción de diez años –existe aquí aplicación indebida el (sic) artículo 8º de la Ley 791 de 2002– y no contempla la de veinte años –existe aquí falta de aplicación del artículo 2536 del Código Civil y del artículo 1º de la Ley 50 de 1936, que prevén la prescripción de veinte años.

Si el juzgador de instancia no hubiera cometido los yerros denunciados, habría concluido que el término prescriptivo aplicable es el de veinte años, los cuales no habían corrido para la fecha de presentación de la demanda”.

Cargo segundo (capítulo 6)

Por la misma vía directa e invocando idénticas disposiciones sustanciales, se cuestionó la decisión del tribunal, pero, aunque los argumentos fueron trasunto fiel de los expuestos en el cargo anterior, ésta vez se dolió de la “falta de aplicación del artículo 41 de la Ley 153 de 1887”.

Consideraciones

1. La vulneración recta de las normas sustanciales, que como motivo de casación contempla la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, sólo se produce cuando, el sentenciador deja de emplear en el caso controvertido, la norma a que debía sujetarse y, consecuencialmente, hace actuar disposiciones materiales extrañas al litigio, o cuando habiendo acertado en la norma rectora del asunto yerra en la interpretación que de ella hace.

También ha sido criterio reiterativo de la Sala, que cuando la denuncia se orienta por esta vía, presupone que el censor viene aceptando plenamente las conclusiones fácticas y probatorias deducidas por el tribunal.

Acorde con lo mismo, ha sostenido la corporación que,

“cuando el ataque en casación se funda en la causal que se comenta, compete al recurrente centrar sus juicios exclusivamente sobre los textos legales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o erróneamente interpretados, prescindiendo de cualquier consideración que implique discrepancia con las apreciaciones fácticas del fallador, cuestión esta que sólo puede abordarse por la vía indirecta de la misma causal”. (CSJ SC Feb. 18 de 2004. Radicación 7037, reiterado en CS oct. 3 de 2013, Radicación 2000-00896).

2. Ambos cargos enunciados, se analizarán conjuntamente puesto que tienen idéntica fundamentación, al invocar que no se hubiera hecho actuar el canon 2536 del C.C., y la aplicación indebida del artículo 8º de la Ley 791 de 2002. La única diferencia entre los dos es que, mientras el primero denuncia la interpretación errónea del artículo 41 de la Ley 153 de 1887, el otro reclama su falta de aplicación.

3. Como aclaración previa, es menester señalar que ningún interés asiste al demandante para que en casación, le reprochara al tribunal haber ratificado el numeral inicial del fallo de primera instancia que declaró probada la excepción de fondo de prescripción extintiva de la acción, por ser el apelante, que en el caso lo fue la parte actora, quien está llamado a delinear “mediante una protesta explícita asentada en la sustentación de la alzada, aquellos aspectos de la sentencia impugnada que piden sean examinados por el ad quem” (CSJ, SC del 28 de junio de 2013, Rad. 1998-05970-01), de modo que al exteriorizarse las razones de la disconformidad, quedan “zonas del litigio por fuera de la impugnación, a las cuales el juez no puede acceder mediante una actividad inquisitiva que le permita sustituir al recurrente en la delimitación del ‘objeto’ del recurso” (CSJ, SC del 8 de septiembre de 2009, Rad. 2001-00585-01).

Sobre el punto, conviene memorar “que en tanto ‘no es posible traer al recurso extraordinario asuntos sobre los cuales no se haya discutido en la segunda instancia por no haber sido objeto de apelación, y por haber sido aceptada por el recurrente la decisión sobre ellos tomada por el fallador de la primera instancia, toda alegación que sobre estos particulares se produzca en casación queda en el vacío…’ (Casación Civil de 26 de octubre de 1964 y 29 de abril de 1975)” (CSJ, SC del 7 de septiembre de 1993, Rad. 3475, GJ CCXXV, pág. 434, reiterada en CSJ SC Auto de May. 16 de 2016, Rad. 2011 00571).

Por ende, y al no haber sido el llamado medio exceptivo, materia de inconformidad al presentar la alzada frente a la decisión que finiquitó el primer grado, esa parte de la censura impedía su análisis en el recurso extraordinario de casación.

4. De otro lado, y así se pasara por alto lo anterior, de todos modos, al acometer el estudio de los dos cargos conjuntados se observa, que ambos están lejos de guardar la exigida simetría frente a las razones aducidas por el juzgador ad quem, por no tener la debida consonancia y armonía con lo argumentado en la sentencia.

Al efecto:

4.1. La decisión del tribunal, previo a abordar la cuestión, señaló los aspectos en que la parte demandante sustentó el recurso de apelación, describiéndolos uno a uno y recordando, que su competencia se limitaba a los motivos de inconformidad del impugnante.

4.2. Seguidamente anotó, que el apelante pretende en el trámite de la alzada, que se estudie la indemnización de perjuicios como pretensión autónoma y no como derivada de la solicitud de nulidad del Acta 018, conforme se solicitó en el escrito inicial de demanda, deduciéndose súplicas nuevas que de aceptarse violentaría los derechos de defensa y contradicción de la contraparte, máxime cuando, dijo, el rito civil se gobierna por el principio de la congruencia contemplado en el canon 305 del CPC, reflexiones estas de las que concluyó, no logran desvirtuar la argumentación vertida en la decisión del a quo, “pues ni siquiera la controvierte, ya que se limita a plantear pretensiones nuevas”.

4.3. Del ataque relativo a la interpretación de la demanda echada de menos para que fallara de fondo la solicitud de nulidad de las actas de asamblea y condenar por perjuicios, amén de señalar que esa no es una potestad irrestricta, por ende restringida a los eventos en que se dificulta determinar su verdadero sentido, expresó: “como en este caso en que en todas las actuaciones alegó la nulidad de las actas de asamblea general y la consecuente condenación en perjuicios”.

4.4. Finalizó, con la siguiente exposición el juzgador de segundo grado:

“No existiendo más puntos de apelación, y siendo que no fue atacado lo decidido por el a quo respecto a las pretensiones de nulidad del proyecto de división contenido en la escritura pública Nº 2794 del 15 de octubre de 1985 de la Notaría Tercera de Armenia, mediante la cual se reformaron los Estatutos del Edificio Terminal de Transportes de Armenia (Quindío), y la nulidad de la escritura Nº 3869 de 19 de noviembre de 1986 de la Notaría Tercera de Armenia, a la Sala no le queda otro camino que confirmar la decisión de primer grado en este punto”.

5. Revisado el contenido de las acusaciones (causal primera - vía directa), se advierte que se vislumbra su marcada asimetría en tanto que las explicaciones enarboladas se desvían de la correspondencia necesaria respecto a lo expresado por la sentencia, como acaba de trasuntarse, supuesto en el que, recogiendo las palabras de la Corte,

“el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar’ (auto de 18 de diciembre de 2009, Exp. 6800131030012001-00389 01) o que ‘resulta desenfocado, pues deja de lado la razón toral de la que se valió el ad quem para negar las pretensiones (…) Ignorado fue, entonces, el núcleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisión, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte”. (Auto de 30 de agosto de 2010, 1999-02099-01, reiterado en CSJ CS Auto de 2 de noviembre de 2011, Radicación 2003-00428)”.

Síguese de lo manifestado, que la argumentación medular de los cargos conjuntados no combatieron ninguno de los puntales de la decisión acusada; el tópico del fenómeno prescriptivo fue extraño a la motivación del juzgador Colegiado; y el recurrente, en puridad, desdeñó de los temas torales de la providencia.

Los aspectos reproducidos en precedencia quedan incólumes, al no ser tachados, siendo aquellos las bases más importantes de la construcción jurídica tejida por el tribunal, develándose la formulación de una crítica desenfocada que riñe con la técnica casacional máxime cuando, se itera, la infracción recta de la ley sustancial invocada en los cargos respecto del proveído combatido, desmerecen una precisa relación de causalidad.

Por ende, las acusaciones resultan inidóneas y no prosperan.

Cargo quinto (capítulo 15)

Indicó la crítica que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional “es posible atacar una sentencia por violación directa de la Constitución”; y, con la actuación desplegada en el sub exámine, anota que se conculcaron los artículos 2º, 29, 228, 229 superiores.

Discurrió sobre los trece años que han transcurrido desde que se presentó la demanda y el “tortuoso camino procesal” del asunto, discriminando una por una las etapas cumplidas.

Seguidamente realizó, apoyado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, unos comentarios sobre debido proceso, los fines estatales y el derecho a una pronta y eficaz administración de justicia, solicitando “que se disponga lo necesario para que se resuelva el caso sometido a la decisión del Estado”.

Por último, en el acápite que denominó “alcance de la impugnación” se refirió a los hechos de la demanda, a la caducidad propuesta como excepción de fondo junto a su regulación procesal civil y en el C. de Co., la prescripción de la acción, la no convalidación de la nulidad por objeto ilícito y, a “la aplicación en el presente proceso del artículo 86 de la Ley 675 de 2001”.

Consideraciones

1. Aunque el libelista no lo dice expresamente, se infiere del contenido del escrito, que la acusación se enmarca dentro de los contornos de la causal primera que contempla el artículo 368 de enjuiciamiento civil, por violación de la normativa sustancial, vía directa.

2. Decantado se encuentra, que desde los mismos inicios del recurso extraordinario de casación en Colombia hasta la fecha, esta corporación, apoyada en el ordenamiento superior y legal, y en las atribuciones que le corresponden como máximo órgano judicial ordinario, ha fijado claras reglas en torno a los requisitos, tanto de forma como de técnica, que debe cumplir este excepcional mecanismo de impugnación.

Por ello, a partir de su naturaleza y características, así como de lo previsto en el Decreto 2651 de 1991; de leyes como la 446 de 1998 y, por supuesto, de lo regulado en las normas de enjuiciamiento que gobiernan la materia, ha habido una constante línea jurisprudencial sobre la labor que debe acometer el recurrente para lograr que su reproche sea considerado en el fondo del asunto; por ende, en su exigente tarea de sustentación, el promotor debe cumplir un mínimo de formalidades, mismas respecto de las cuales se establecieron diversas pautas encaminadas a puntualizar el alcance de las disposiciones evocadas.

3. Sin ser necesario acometer el análisis de los motivos en que se soporta el embate, conviene recordar que, tratándose de la causal primera de casación, acorde con el artículo 374, numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, al recurrente le corresponde, entre otras, señalar con precisión las “normas de derecho sustancial” que estime infringidas, hipótesis que, como lo ha sostenido la Corporación, se materializa con, “señalar cualquiera de las disposiciones de esa naturaleza” (auto de 18 de diciembre de 2006); obviamente, en la medida en que constituya basamento esencial de la sentencia cuestionada, como así aparece regulado por la normativa ejusdem.

3.1. La Sala, a propósito de la causal primera de casación ha expuesto que,

“… en el marco de dicho motivo casacional, es deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas, cualquiera que sea la vía que haya escogido para perfilar su acusación: la directa o la indirecta, sin que, tratándose de esta última, pueda excusarse su señalamiento a pretexto de la demostración de los errores de apreciación probatoria que se le endilguen al fallo, o de la determinación de las normas probatorias supuestamente quebrantadas –cuando se predique la comisión de un yerro de derecho–, pues si a esto último se limitare el recurrente, omitiendo la mencionada exigencia, quedaría trunca la acusación, en la medida en que no podría la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cuáles disposiciones materiales habrían sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado” (auto de 7 de diciembre de 2001, Radicación 0482-01).

La sustentación del medio de impugnación, a riesgo de no abrirse paso con su deserción consecuencial, no puede sustraerse de reseñar qué reglas de verdadera estirpe sustantiva considera violentadas, destacando, eso sí, que como de vieja data lo tiene definido la Corte, tienen esa naturaleza aquellas que “en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación”(4), al tiempo que “constituyen la médula del litigio, en tanto que en ellas aparece consignado el supuesto de hecho o la consecuencia jurídica que es objeto de debate…”(5) de manera que “… no cualquier norma de derecho sustancial… debe denunciarse vulnerada, sino una que sea pertinente a lo decidido, bien con la pretensión o con la oposición (…)”(6).

3.2. No obstante el imperativo prenombrado, el cargo se encuentra ayuno de tal presupuesto, dado que el recurrente desdeñó de esa carga invocando los artículos 2º, 29, 228 y 229 superiores; infracción que, dijo, se amparaba en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Tradicionalmente, venía enfatizando esta corporación, “que sí bien las disposiciones de la Constitución enuncian verdaderas normas jurídicas, no todas tienen el mismo alcance y significación normativa, de modo que muchas de ellas por su indeterminación o su contenido supremamente concentrado, no constituyan regla jurídica conforme a la cual pueda decidirse directamente un determinado asunto o litigio”. (Auto Abr. 10 de 2000, Rad. 0484).

Igualmente, y a propósito de los contenidos fundamentales que sirven de estribo para apuntalar la causal primera de casación por motivo de su desconocimiento, había puntualizado la Sala que,

“es indiscutible que los preceptos de la Constitución Política que consagran derechos, como es el caso de aquéllos que establecen las prerrogativas fundamentales inherentes a las personas, ostentan, ciertamente, naturaleza sustancial, en tanto que de su aplicación y eficacia pueden surgir, modificarse o terminar situaciones jurídicas específicas. Empero ello no significa que el carácter sustancial de las normas constitucionales, particularmente cuando actúan en el contexto anteriormente mencionado, deba conducir necesariamente a que su invocación en un cargo en casación sea suficiente para colegir la aptitud del mismo, puesto que, por regla general, las mencionadas disposiciones superiores están llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual serán los preceptos de ésta, y no los de la Carta Política, los que directamente se ocupen o hayan debido ocuparse de la problemática decidida en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir son las legales que hizo actuar, inaplicó o interpretó erróneamente”. (Negrilla fuera de texto) (CSJ SC auto de 5 de agosto de 2009, Radicación 2004-00359).

Tratándose de preceptos superiores, cuando ellos se denunciaban como infringidos, la Sala venía expresando que esa queja no resultaba necesariamente suficiente para colegir la idoneidad de un cargo en un ataque casacional debido a que, en línea de principio, las mencionadas disposiciones fundamentales estaban abocadas a reglamentarse mediante leyes. Pese a ello, conviene precisar lo siguiente:

3.3. Los mandatos hallados en la Norma Normarum, atendiendo el carácter vinculante y no simplemente programático que regentan, amén de tener una aplicación predominante frente al resto del ordenamiento estatal, pueden tener vocación de sustancial sin que sea inexorable su desarrollo legal; incluso, cuando el juzgador aplica las normas sustantivas “contenidas en la ley sin tomar las previsiones que se imponen para mantener la correspondencia entre ésta y la Carta Política, produce un dislocamiento del andamiaje jurídico en que se asienta el correspondiente derecho legal”(7).

3.4. La Constitución como texto normativo donde aparecen insertos los principios rectores de la Nación personificada, por sabido se tiene, no puede entenderse hoy dada su textura abierta, como un mandato destinado únicamente al legislativo, que sólo afectará a los demás órganos estatales en la medida que sus directrices se hayan reproducido en forma de normas jurídicas; ello sería tanto como negar el tránsito del Estado Legislativo al Constitucional.

En esa dirección, el concepto de ley sustancial no solamente se predica de las normas de rango simplemente legal; por ende comprende las reglas constitucionales que reconocen las garantías fundamentales de la persona, así como toda otra disposición de la Constitución en la medida en que aquella regule una relación jurídica en lo concerniente a derechos en los implicados en la misma.

Lo anterior significa, bien se ha dicho, que nada obsta para fundar “un cargo en casación por violación de normas de la Constitución”(8); máxime cuando, este recurso extraordinario no está consagrado en interés únicamente de la ley, sino igual y fundamentalmente, de un escaño superior dentro de nuestra estructura de fuentes del derecho concretado en la Constitución Política.

Con todo, es necesario que al menos constituyan, cuando esas disposiciones resultan denunciadas, las reglas jurídicas conforme a las cuales “pueda decidirse directamente un determinado asunto o litigio”. (Auto abr. 10 de 2000, Rad. 0484).

3.5. Pues bien, en este asunto, los cánones superiores aludidos, concernientes respectivamente a los fines esenciales del Estado, la garantía al proceso debido, la autonomía de la función judicial y el acceso a la administración de justicia, cuya aplicación directa, principal y prevalente son indiscutibles (art. 4º C.P. art. 5º Ley 57 de 1887), no son las reglas a partir de las cuáles, concretamente se resolvió el debate o ha debido hacerse, pues el tema en él debatido fue la nulidad de instrumentos públicos dentro del marco de la propiedad horizontal, amén de la responsabilidad derivada de los órganos de Administración del demandado Edificio Terminal de Transporte de Armenia, aspectos que, en estrictez, se tornan ajenos frente a las directrices fundamentales denunciadas como quebrantadas.

De tal suerte, habida consideración que no contemplan los supuestos hipotéticos y las consecuencias jurídicas que pudieron ser inadvertidos o inaplicados por el ad quem, sino que consagran principios que inspiran la actividad jurisdiccional, la inconsistencia del libelo, trasluce diamantina.

4. No obstante ser suficiente lo dicho en precedencia para desestimar la acusación, el censor también olvidó, conforme con las exigencias ínsitas del recurso de casación, que el libelo debe contener la exposición de los fundamentos de cada embate, en forma clara y precisa esto es, sin ambigüedad alguna, de suerte que no surja duda sobre la identificación de la denuncia invocada.

Al efecto, la demanda debe ser perceptible por la inteligencia sin duda ni confusión, es decir, que sea “fácil de entender no sólo en su presentación sintáctica, sino también en su construcción lógica”, e igualmente debe ser precisa, lo que alude a que la recriminación sea exacta, rigurosa, y “contenga todos los datos que permitan individualizarla dentro de la esfera propia de la causal que le sirve de sustento” (CSJ SC Sentencia sep. 15 de 1994, Rad. 960).

Tales formalidades, se encuentran inobservadas en el escrito casacional, bastando recordar, que el amplio libelo en que se fundamentó el cargo se rotuló “ALEGATO PROPIO DE INSTANCIA” (Subraya y mayúscula original del texto) (fl. 128), discurriendo en conformidad, vale destacar, con una reproducción de los hechos incorporados en la demanda genitora y las excepciones propuestas; aspectos estos que son, en línea de principio, ajenos a la discusión que gobierna la opugnación extraordinaria, pues la actividad discursiva está limitada; de ahí que no toda inconformidad sea posible presentarla ante los estrados de la Corte, por no estarle autorizado al impugnante exponer una mera alegación que refleje su discrepancia con el fallo interpelado; mucho menos lo está para, como lo hizo en su extensa exposición del embate, formular divagaciones abstractas que en nada afecten la argumentación cardinal del tribunal, dado que tiene la obligación de desvirtuar las presunciones de legalidad y acierto que acompañan aquella decisión.

Merced a lo explicado en las motivaciones condensadas, fracasa la acusación.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

1. NO CASA la sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior de Armenia dentro del proceso ordinario que él recurrente promovió contra el Edificio Terminal de Transportes de Armenia.

2. CONDENAR en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6.000.000.oo) M/cte., por haber sido objeto de réplica.

Notifíquese.

Magistrados: Alvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 CSJ SC Sentencia de 22 de noviembre de 1999, Rad. 5296.

2 CSJ SC Sentencia de 18 de sept. de 2014, Rad. 2012-02110.

3 CSJ SC Sentencia de 31 de mayo de 2006, Rad. 1997-10152-01, reiterada en la SRC6958-2014.

4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Auto de 1º de abril de 2004. Exp. 08758-31-84-001-1999-00915-01.

5 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Auto de 22 de noviembre de 2010, Exp. 11001-31-03-006-2000-00950-01.

6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Auto de 13 de marzo de 2008, Exp. 11001-3103-034-2000-05547-01.

7 (CSJ Sent. Dic. 16 de 1997, Rad. 4837).

8 Corte Constitucional C-596 de 24 de mayo de 2000.