Sentencia SC6822-2015/2004-00099 de junio 1º de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 15001-31-03-003-2004-00099-01

(Aprobado en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil quince)

Magistrado ponente

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Bogotá, D. C., primero de junio de dos mil quince

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandante María del Carmen Villate Caicedo, frente a la sentencia del 14 de julio de 2011 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso de la recurrente y Hortensia Caicedo de Villate, Guiomar Yolanda Villate Caicedo, Gloria Estela Villate Caicedo, Ana Victoria Villate Caicedo y María Luisa Villate Molano contra Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP., la que llamó en garantía a la Compañía de Seguros La Previsora S.A. y a Aseguradora Colseguros S.A.

Antecedentes

A. Mediante demanda (fls. 3 a 9, cdno. 1) repartida al Juzgado 3° Civil del Circuito de Tunja, las actoras mencionadas pretenden que se declare a la Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP. responsable de los perjuicios ocasionados a aquellas por la muerte de Carlos Alberto Guzmán Villate en hechos ocurridos el día 25 de junio de 2000, en el municipio de Toca (Boyacá). En consecuencia piden que se la condene a pagar, en favor de la madre del occiso, María del Carmen Villate Caicedo, por perjuicios materiales $350.000.000,oo, o lo que resultare probado, y por perjuicios morales el equivalente en pesos a 3.000 gramos oro. Las demás demandantes, piden que se condene a la demandada a pagarles por perjuicios morales, a cada una, el equivalente en pesos a 1.000 gramos oro.

B. Como fundamento fáctico de esas pretensiones aducen que el 25 de junio de 2000, Carlos Alberto Guzmán Villate, entonces con 22 años de edad, acudió a la casa de su amiga y vecina Yolanda Moreno con el fin de ayudarle a destapar un sifón en la terraza, para lo cual el joven, al intentar introducir un tubo de acero galvanizado, del que optó por servirse para adelantar la tarea mencionada, recibió una descarga eléctrica proveniente de un cable de alta tensión de las redes eléctricas que se encontraba a muy poca distancia de la terraza. Trasladado con prontitud al centro de salud ubicado a cincuenta metros del lugar del accidente, falleció allí, a pesar de los esfuerzos de los médicos que lo atendieron.

Agregan que para la época del accidente, el servicio de energía en el municipio de Toca era suministrado por la empresa demandada, la que debió estar siempre vigilante en el mantenimiento de las redes, de forma que los cables de conducción de energía -que no tenían ningún revestimiento- quedasen fuera del alcance de las personas y de las residencias en donde ellas habitan. Estos cables estaban situados muy cerca de la terraza en la cual la víctima perdió su vida, aspecto éste que, anotan, debió prever la demandada asegurándose de que las distancias adecuadas se cumplieran de forma que no fuera puesta en riesgo la vida de las personas, dada la actividad peligrosa que desarrollaba.

Indican que el occiso había nacido el 16 de febrero de 1978 en Bogotá, en el seno del hogar formado por Jorge Alberto Guzmán y María del Carmen Villate, cursaba para la época del infortunio 11° grado en el Colegio Plinio Apuleyo Mendoza, en el municipio de Toca, donde su madre lo llevó a vivir poco tiempo después de su nacimiento, pues allí residían los abuelos y tías, quienes le prodigaron todo el cariño y comprensión a la par que ayudaron a su madre en la manutención y estudio del menor, ante el abandono de su padre.

C. La empresa demandada se opuso a las pretensiones (fls. 62 a 67, cdno. 1). Arguyó que de acuerdo con las averiguaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, según las copias aportadas por la demandante, la víctima subió a la terraza inundada de una vivienda con la intención de destapar un sifón y para ello intentó introducir allí un tubo metálico de aproximadamente seis metros de longitud, operación durante la cual la pieza se inclinó por su peso, entrando en contacto con la red de distribución de energía, lo que produjo una descarga eléctrica que segó la vida de Carlos Alberto Guzmán Villate. Estos hechos le sirvieron como fundamento para aducir como excepción meritoria la que denominó “culpa exclusiva de la víctima”.

La demandada llamó en garantía (fls. 1 a 3, cdno. 2) a la Compañía de Seguros La Previsora S.A. y a Aseguradora Colseguros S.A., empresas que, en unión temporal, habían expedido en favor de aquella una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual. Convocadas que fueron, por separado dieron contestación tanto al llamamiento como a la demanda, así:

Ambas se apoyaron en el informe consignado por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, para plantear como excepción de fondo la culpa exclusiva de la víctima.

Aseguradora Colseguros S.A. propuso además como excepciones a las pretensiones de la demanda la “inexistencia de perjuicio material” pues el occiso dependía económicamente de su madre y no se encontraba en etapa productiva, y “pago parcial” derivado de cualquier cancelación de alguna suma que hubiesen recibido las actoras de las entidades de previsión u otras aseguradoras o empresas de medicina prepagada. Como excepciones de fondo al llamamiento en garantía alegó la “limitación de la responsabilidad de las aseguradoras”, “aplicación de deducible”, “ajuste del valor a indemnizar de acuerdo al grado de agotamiento del valor asegurado” así como cualquier otro medio exceptivo que resultare probado.

La Compañía de Seguros La Previsora S.A., junto con la ya mencionada culpa exclusiva de la víctima, adujo también como excepción a las pretensiones de la demanda la “carencia de obligación de cancelar perjuicios materiales”. Y como excepciones de fondo al llamamiento en garantía alegó el “ajuste del valor a indemnizar de acuerdo al grado de agotamiento del valor asegurado”, la “limitación en la responsabilidad de las aseguradoras” y la “exclusión en vigencia de la póliza por lucro cesante”.

D. El juzgado de conocimiento puso fin a la instancia con sentencia (fls. 137 a 148, cdno. 1) en la que, al declarar probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, negó las pretensiones de la demanda y exoneró de responsabilidad a las empresas aseguradoras llamadas en garantía.

E. En sustento del recurso de apelación que en tiempo la parte actora impetró (fls. 8 a 14 cdno. 6), adujo ésta que no había existido culpa exclusiva de la víctima “sino que también la entidad demandada fue copartícipe en la causación del daño” (fl. 9 ídem resaltado fuera de texto), porque si la red de energía hubiese estado bajo tierra o hubiese tenido los elementos de protección adecuados, el daño no se hubiera producido. Además, se quejó de que el a quo hubiese atribuido a la actora la carga de acreditar las fallas en el mantenimiento de las redes.

F. El tribunal, con la sentencia objeto del recurso de casación, confirmó la de primera instancia.

La sentencia del tribunal

Resumido el litigio y ubicada la causa en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas, procede el juez colegiado a analizar el caudal probatorio, del cual, luego de su referencia genérica, concluye en primer lugar, que efectivamente el 25 de junio de 2000, en el inmueble situado en la calle 5 No.6-48 de Toca, Carlos Alberto Guzmán, queriendo destapar un desagüe, utilizó un tubo de acero galvanizado de 6 metros de largo -más alto que la misma edificación, de 5.50 metros-, el cual al arquearse durante su manipulación, hizo contacto con las redes de conducción de energía, lo que ocasionó a la víctima una descarga eléctrica que produjo su muerte.

En segundo lugar, afirma el ad quem que la distancia de la red de conducción de energía más cercana a la construcción era de 3.80 metros en sentido vertical. Y, entre el sifón de la terraza y la red eléctrica, era de 5.10 metros por lo que el tubo era más largo en 90 centímetros.

En tercer lugar, que el tubo galvanizado conductor de energía, de 6 metros de largo y un peso de 6.24 kilogramos, no es un elemento idóneo para remover la obstrucción del sifón.

Tras aludir a la presunción que en favor de la víctima contempla el artículo 2356 del Código Civil, prosigue con el análisis de la excepción de “culpa exclusiva de la víctima” alegada por la parte pasiva. A tono con el a quo, expresa que “sin mayor esfuerzo se puede sustraer que la víctima por falta de pericia, experiencia o por ignorancia no previó que al utilizar un tubo de esas dimensiones y metálico además, podía alcanzar las redes de energía eléctrica” (fl. 60, cdno. 6). Para afianzar tal conclusión, transcribe fragmentos de las declaraciones de Isaías Fonseca sobre lo que vio desde la calle; y de Yolanda Moreno, atinente a la manera como, con ayuda de Freddy Zambrano, subieron ella y el occiso el tubo a la azotea (“y luego subió Carlos Alberto y cogió la varilla igual está, vamos mirando el piso ubicando el sitio cuando dio el chispazo del sitio, inmediatamente Alberto soltó la varilla y empezó a caer, pero ambos estábamos mirando al piso…” –f. 61). Sobre esta declaración, indica la colegiatura que deja en claro que la víctima cifró su atención en el piso y no observó que la varilla por lo larga podía hacer contacto con las redes eléctricas, lo que demuestra imprevisión de la víctima, máxime si se tiene en cuenta que dicho artefacto, eficaz conductor de energía, no era idóneo para destapar el sifón, a más de que el suelo se encontraba húmedo.

En relación con el reproche de la parte demandante referido a la distancia que mediaba entre la red eléctrica y la edificación, alude el ad quem a lo que dijeron María Elizabeth Espejo Álvarez, Ana Judith Villate, Blanca Lilia Ochoa y Carlos Roberto Guío, acerca de que las cuerdas estaban “muy bajitas” (ib.) y que ningún maestro se podía subir a hacer arreglos por ello. Seguidamente expresa que confrontará dichas declaraciones con el dictamen pericial y las fotografías que muestran las diferentes distancias a las que se encuentran las redes eléctricas en sentido vertical y horizontal, refiriéndose con detalle al cuadro presentado por la parte demandada en su alegato y atinente a los diversos retiros reglamentarios, según “la norma 007” (ib), distancias que confrontadas con las existentes en el inmueble y hasta el lugar donde se encuentra el sifón, le permiten concluir “que las redes instaladas por la empresa de energía de Boyacá S.A. ESP, cumplen con la norma legal 007, reclamada para esta actividad, de llevar energía eléctrica a las residencias”. Se refiere asimismo a los salientes de los pisos segundo y tercero de la edificación, de los que dice que “se van acercando al poste de conducción de las redes eléctricas, que demuestra el incumplimiento de la construcción del espacio que debe observar respecto de los postes de luz “(fl. 64).

De todo lo anterior concluye el juez de la alzada que el siniestro acaeció por culpa exclusiva de la víctima pues realizó una serie de actividades para las cuales no era apto o calificado —pues no se acreditó que fuese profesional en el ramo eléctrico, de la construcción o de la plomería—; con elementos no indicados para ello, lo que, aunado a la dimensión del tubo galvanizado que utilizó, ocasionó que hiciese contacto con las redes de conducción eléctrica,

“en forma horizontal. La medida horizontal, no fue determinante en el hecho, toda vez que del sifón a las redes eléctricas existía una distancia de 5.0 m y el tubo tenía 6.0 m de longitud, por consiguiente si hubiera tenido los 0.50 centímetros, más en la terraza, respecto al poste, de nada hubiera valido, toda vez que el elemento sobrepasaba esta medida. Y si no tocaba las redes de conducción eléctrica en forma horizontal, las hubiera tocado en forma vertical, por lo ya analizado.” (fl. 65).

La demanda de casación

De los dos cargos erigidos contra la sentencia impugnada, la Corte admitió el segundo, que pasa a examinar.

Segundo cargo 

Con fundamento en la causal primera de casación, en este cargo se acusa la sentencia del tribunal de violar los artículos 1613, 1614, 2356 del Código Civil, 8° de la Ley 153 de 1887, 16 de la Ley 446 de 1998 por falta de aplicación y 306 del Código de Procedimiento Civil por aplicación indebida, con violación medio de los artículos 115, 174, 175, 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho y de derecho cometidos por el ad quem en la apreciación de las pruebas que singulariza.

En orden a desarrollar sus acusaciones, y previa transcripción de parte de las consideraciones del fallo, le imputa al juez de la alzada la comisión de los siguientes errores de hecho:

— No dar por probado, estándolo, que las redes eléctricas no tienen la distancia vertical exigida por la norma técnica.

—No dar por probado, estándolo, que el accidente ocurrió por fallas en cuanto al mantenimiento de las redes, trazado de la red y construcción de la misma.

— Dar por probado, sin estarlo, que existió incumplimiento de la construcción en lo atinente al espacio que debía guardar con respecto a los postes de luz.

Con la finalidad de demostrarlos, explica que el dictamen pericial determinó que la distancia vertical de la primera línea de conducción más cercana a la construcción es de 3.80 metros y que en forma horizontal se encuentra sobre la construcción. Pero la norma de seguridad establece que la distancia encima o debajo de balcones y techos accesibles a personas debe ser de 4.6 metros. Reproduce la conclusión del perito en el sentido de que los hechos acaecieron por fallas en el cuidado o mantenimiento de las redes, en su trazado y construcción. Sin embargo, acota, el tribunal en forma contraevidente, apoyándose en el mismo dictamen concluyó que esas redes cumplían la norma 007, por lo cual tergiversó dicha pericia.

Alude seguidamente al documento en el que el Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Toca señaló que la vivienda donde ocurrió el accidente “se construyó antes de crearse por acuerdo la oficina de planeación e infraestructura en este municipio, por tal motivo revisado el archivo de esta secretaría, no se encontró la licencia de construcción” (fl. 15 cdno. Corte). De dicha probanza apunta la censura que como la licencia de construcción es el único documento idóneo para determinar si la edificación fue construida conforme a lo autorizado por las autoridades municipales, el Tribunal omitió la apreciación de dicho documento, y concluyó, como producto de su imaginación, que el hecho de que los pisos segundo y tercero de la edificación se fueran acercando al poste de conducción de las redes eléctricas, “demuestra el incumplimiento de la construcción del espacio que debe observar respecto de los postes de luz” (fl. 15 cdno. Corte).

Le atribuye al tribunal yerro de derecho cuando afirmó que el occiso, al intentar destapar el desagüe y utilizar para ello un tubo galvanizado de 6 metros hizo que este contactara con las redes de conducción de energía. Arguye que tal afirmación la extrajo del documento que obra al folio 25 del cuaderno tres, el cual, junto con los demás visibles desde el folio 23 al 50 del mismo cuaderno, carecen de valor probatorio, con violación de los artículos 115 y 253 del Código de Procedimiento Civil.

Consideraciones

1. De la lectura del fallo puede advertirse que el Tribunal sentó dos conclusiones basilares: una, referida a la conducta de la empresa de energía, en la que no encontró reproche, y otra atinente a la que desplegó la víctima, que calificó de culposa, a punto tal que confirmó la sentencia del a quo, que había declarado probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima.

2. La parte demandante controvierte ambas, pero debe resaltarse de una vez que desde la sustentación de la alzada admitió que el comportamiento de la víctima contribuyó a la producción del accidente, porque al expresar las razones de su disentimiento por haber acogido el a quo la referida excepción de “culpa exclusiva de la víctima”, en el escrito de sustentación de la apelación a la sentencia de primera instancia expresó que “también la entidad demandada fue copartícipe en la causación del daño” (fl. 12, cdno. 6), sin aportar, en consecuencia, reparo alguno a la culpa que el fallo le atribuyó al occiso.

Ello impediría que la Corte examine el error de derecho de que se acusa el ad quem por el mérito probatorio que le otorgó a copias simples de la investigación que, con ocasión de los hechos en que murió Carlos Alberto Guzmán, adelantó la Fiscalía General de la Nación, pues de allí –dice la censura- tomó el Tribunal los detalles de los acontecimientos que le permitieron deducir la culpa del occiso, por cuanto esa acusación va dirigida precisamente a desvirtuar dicho error de conducta. De hallarse próspera la acusación, la Corte, como tribunal de instancia y con miras a dictar la sentencia que reemplace la casada, debería respetar esa afirmación del juzgado dado que el apelante no la cuestionó y por ende no hace parte de los reproches de la alzada. En suma, la culpa de la víctima, a partir de la sustentación del recurso vertical, es asunto pacífico en este proceso.

Con todo, no escapa a esta Sala que los argumentos de la censura para cuestionar tardíamente esta conclusión en sede de casación, resultan además contradictorios con la posición sostenida por la demandante en las instancias, si se tiene en cuenta que descalifica unos documentos que en opinión del censor sirvieron al Tribunal para reconstruir el episodio en el que perdió la vida Carlos Alberto Guzmán, sin reparar que ellos también fueron aportados con la demanda (cfr. folios 14 a 22, cdno. 1). Además de la referida contradicción que implica un acto contrario a la lealtad procesal que debe honrar, tal acusación resulta intranscendente e incompleta pues el juzgador colegiado no sólo no hizo referencia alguna a los documentos cuya valor probatorio se cuestiona, sino que su conclusión acerca de cómo habían sucedido los hechos la dedujo, pues así lo aseveró en el fallo, de “las diferentes declaraciones rendidas dentro del proceso” (fl. 60, cdno. 6), y en particular, del dicho de Yolanda Moreno Becerra, parte del cual transcribe, para de él concluir que “la víctima cifra su atención es en el piso y no observa que la varilla (tubo) por larga pudiera hacer contacto con las redes eléctricas, lo que demuestra imprevisión por parte de la víctima, le faltó diligencia y cuidado al realizar la maniobra de meter el tubo en el sifón”.

3. Situándose la Corte en el examen de los cuestionamientos a la primera conclusión, ha de recordar que el ad quem, con base en el peritazgo –que el experto acompañó, entre otros anexos, con la copia de un documento rotulado con el nombre de la empresa demandada y alusivo a las “distancias mínimas verticales y horizontales en redes de 34.5-13.2-11.4 kv”-, afirmó que las redes eléctricas cumplían con las distancias que los reglamentos prescribían a más de que los voladizos en el segundo y tercer nivel de la vivienda donde acontecieron los fatídicos hechos acercaron la edificación al poste de conducción de las redes eléctricas, “lo que demuestra el incumplimiento de la construcción del espacio que debe observar respecto de los postes de la luz” (fl. 64 cdno. 6). Para la corporación de segundo grado las redes estaban situadas a una distancia vertical de la edificación, compatible con las reglas adoptadas por la misma empresa; la distancia horizontal, era indiferente, dado el tamaño del tubo; y en la construcción de la vivienda -en sus niveles segundo y tercero-, no se había guardado o respetado el espacio entre ella y los postes de luz.

En adición a lo anterior, el Tribunal comparó la distancia entre las redes de energía y el sifón que quería reparar la víctima -de 5.1 metros-, con el tamaño del tubo de acero galvanizado utilizado para tal efecto, -6 metros-, constatando que éste era más largo en 0.90 metros (fl. 60 cdno. 6). De todo ello deduce que el tamaño del tubo determinó el daño con independencia de la distancia vertical u horizontal existente entre los cables y la vivienda.

La censura combate eficazmente las primeras dos razones del Tribunal. En efecto, de la necesaria comparación entre lo que acredita el dictamen pericial y lo que el Tribunal afirmó con base en esa probanza, aflora el error que la censura le achaca al fallo, pues no se percató de que de acuerdo con el peritaje la distancia que debía guardarse entre las redes eléctricas y la terraza era de 4.6 metros, y no de tan solo de 3.0 metros, no obstante lo cual afirmó que la Empresa de Energía de Boyacá cumplía con la “norma legal 007”.

Examinada la experticia puede constatarse que el perito electricista (fl. 74, cdno. 1) partió de las reglas técnicas que la misma empresa demandada adoptó para la instalación de redes de energía, acompañando al peritaje (anexo 4) el referido documento en el que se describen los diversos retiros horizontales o verticales que deben mediar entre las redes y las edificaciones. Allí se regulan dos distancias verticales mínimas: una, de 3 metros cuando las redes pasan “encima o debajo de techos o voladizos no accesibles”; y otra de 4.6 metros cuando los cables quedan situados “encima o debajo de balcones y techos de accesibles a personas” (subraya la Sala).

El Tribunal tomó la distancia vertical que el anexo 4 asigna como la mínima que debe dejarse “encima o debajo de techos o voladizos no accesibles”, esto es, 3.0 metros. El mismo documento explica que “un techo, balcón o área es considerada accesible a personas, si existen puertas, rampas, gradas o escaleras de mano (de Gato) para llegar a ella”.

No se percató el Tribunal que al dictamen acompañó el perito un bosquejo (fl. 11, cdno. 5) del corte transversal de la vivienda en el que puede apreciarse que en su terraza o tercer piso (lugar del accidente) existe una puerta de acceso, con lo cual la distancia mínima que debían guardar las redes de energía respecto de la vivienda era de 4.6 metros y no de 3 metros. Tal conclusión puede fácilmente corroborarse a partir de la descripción de los hechos de la demanda, así como también de la que el mismo ad quem acoge, en la cual se indica con claridad cómo la víctima –en el primer piso-, Fredy Zambrano –en el segundo piso- y Yolanda Moreno –en la terraza- fueron subiendo el tubo galvanizado desde la calle –donde estaba inicialmente Carlos Alberto Guzmán- hasta la terraza, pieza ésa que pasó por las manos de estas personas en ascenso continúo hasta ser recibida por la víctima quien “subió corriendo” (fl. 22, cdno. 1), lo que confirma que la mencionada terraza disponía de puerta de acceso.

Acota la Corte, por lo demás, que en dicha pericia el experto brindó al proceso elementos de juicio que apuntan a esclarecer aspectos técnicos atinentes a las medidas que deben respetarse por razones de seguridad. Se trata de medidas que la propia empresa demandada ha adoptado y que, a juzgar por la nota de pie de página inserta en el mencionado anexo, son tomadas del “National Electrical Safety Code” (fl. 9 in fine, cdno. 5), lo que denota un estándar que en este específico campo de la tecnología es dable aplicar para propender por la seguridad y salubridad de bienes y personas. Lo indicado, en otras palabras, significa, que el incumplimiento de esas normas mínimas refleja entonces la inobservancia de las medidas de previsión.

En relación con la afirmación de la recurrente, referida a la falta de apreciación, por parte del Tribunal, de la certificación proveniente de la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Toca -pues de no haberla omitido hubiera concluido que la vivienda donde sucedieron los hechos no violaba las normas de construcción ya que ello solo puede predicarse por confrontación con la respectiva licencia urbanística, que no fue posible diligenciar ante la inexistencia de la entidad encargada de expedirla, cuando el inmueble fue construido-, es menester indicar que aun cuando puede verificarse de la sola lectura del fallo que el Tribunal no mencionó para nada ese documento, lo cierto es que el mismo no arroja luces sobre los aspectos determinantes que debían esclarecerse, a saber, si los postes y las redes se instalaron antes o después del levantamiento de la vivienda, y en especial, de su tercer piso; y si la antigüedad de la edificación, no obstante su construcción posterior al tendido de la red, permitía a la sociedad distribuidora adoptar los correctivos pertinentes en orden a procurar la protección de los usuarios.

No obstante lo anterior, conforme indica la censura, es lo cierto que el tribunal afirma que la vivienda viola reglamentos sobre espacio público, sin que exista dato alguno que lleve a esa deducción. En otras palabras, para concluir que la empresa de energía demandada había dado cumplimiento a sus propios estándares de seguridad -acordes con pautas internacionalmente acogidas-, dicha empresa, sobre la que se presume su culpa en razón de la actividad peligrosa que desarrolla, debía haber impulsado la averiguación para establecer si los postes de conducción y las redes de energía habían sido instalados antes o después de la construcción de la vivienda, en especial sus pisos segundo y tercero, y que tanto lo fueron, único aspecto que posibilitaría comprobar si, con independencia de la violación de reglas sobre espacio público en la edificación, lo que en este caso se desconoce, la demandada podía quedar eximida de la presunción que sobre ella pesa en relación con su culpa, en lo que a estas instalaciones eléctricas se refiere.

Pero el tribunal, conforme lo denota el recurso extraordinario, supuso que la vivienda incumplía reglas de espacio público, o más precisamente, infirió que la empresa demandada había instalado las redes conductoras de energía antes de la construcción de la casa, suposiciones todas que la llevaron a exonerar de culpa a la electrificadora.

4. Mas, advierte la Corte que los ataques que el cargo formula quedaron incompletos, por cuanto, como se anticipó, el Tribunal afirmó, con base en las distancias entre la casa y las redes frente al tamaño del tubo de acero galvanizado, que de todos modos, por razón de la dimensión de este, aquellas distancias eran indiferentes, lo que en otras palabras significa que, aun de hallarse culposa la conducta de la sociedad demandada no tenía ella incidencia causal en el fatídico desenlace, aspecto que no fue confutado en la demanda de casación.

Repárese que, en efecto, el juez de la apelación destacó que la medida horizontal no fue determinante en el hecho, y que del sifón a las redes eléctricas mediaba una distancia de 5.1 metros y el tubo tenía 6 metros… “y si no tocaba las redes de conducción eléctrica en forma horizontal, las hubiera tocado en forma vertical” (fl. 65, cdno. 6). Esta segunda conclusión, la apoyó en “las diferentes declaraciones rendidas dentro del proceso” (fl. 60) y en el dictamen pericial.

Por supuesto que entendiendo que la sentencia arriba a la Corte amparada por la presunción de acierto y legalidad en cuanto a los aspectos fácticos y jurídicos plasmados allí por el juzgador, la labor del casacionista debe dirigirse a derruir eficazmente todos los fundamentos que presten soporte a la decisión impugnada, pues de no opugnarlos todos o de quedar al menos uno en pie, que le brinde suficiente apoyo, la Corte debe dejarla incólume, lo cual no es más que efecto de la naturaleza dispositiva del recurso extraordinario, a la par que el reconocimiento de que la casación no es una instancia adicional del proceso. A lo anterior se suma el hecho de que, como la Corte ha tenido por averiguado de tiempo atrás, el juez de la instancia goza de una discreta autonomía en la apreciación de las pruebas

según los dictados de la sana crítica, esto es, está bajo el apremio de enjuiciarlas con soporte en el sentido común, la lógica y las reglas de la ciencia y de la experiencia. Precisamente, por razón de esos principios es que cuando la imputación formulada al fallo sea la comisión de un yerro fáctico -causal 1ª, vía indirecta- su demostración presupone, entre otras exigencias, que la inferencia probatoria atacada sea abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba, lo cual comporta que sólo se estructurará en la medida en que sea tan notorio que a simple vista se manifieste, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros términos, de tal magnitud que resulte ostensiblemente contrario a la evidencia del proceso (CSJ SC del 28 de junio de 2011, rad. 05001 31 03 002 1998 00869 00).

Y es que importantes detalles sobre el deceso de Carlos Alberto Guzmán quedaron sin ser despejados ni menos puestos de presente en el cargo, los cuales hubieran brindado un panorama más comprensivo sobre el peso de la cercanía de las redes a la vivienda en el desenlace examinado, y de suyo hubiese planteado un ataque a este segmento de las consideraciones del Tribunal, que quedó ayuno de impugnación. 

En efecto, no se aludió a la estatura del fallecido, a su posición al momento de producirse la descarga, ni a la forma como debió de tomar el tubo (en la demanda se indica que “al elevar el tubo para introducirlo…” fl.5, cdno.1), y en general a la imposibilidad de que, atendido ese contexto, el hecho se hubiese presentado de haber respetado la demandada las distancias horizontales y verticales (el cargo sólo aludió a esta) entre las redes y la vivienda, con base precisamente en el dictamen y el tamaño comprobado del tubo; en fin, nada de esto lo presentó el casacionista a efectos de evidenciar -como era de su cargo- cuán lejos estaba el tribunal en su conclusión, y como la negligencia de la electrificadora pudo incidir eficazmente en la producción del daño reclamado.

Por supuesto que, como ya se ha reiterado, no compete a la Corte suplir las deficiencias del cargo, tomar la posición del juez de instancia y, motu proprio, averiguar si la conclusión del tribunal descansa en la razón. Al punto insiste esta Sala en que  

Específicamente, en la concurrencia de conductas, “deviene fundamental establecer con exactitud la injerencia de este segundo factor en la producción del daño, habida cuenta que una investigación de esta índole viene impuesta por dos principios elementales de lógica jurídica que dominan esta materia, a saber: Que cada quien debe soportar el daño en la medida en que ha contribuido a provocarlo, y que nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado por otro. (v. G. J. Tomos LXI, pág. 60, LXXVII, pág. 699, y CLXXXVIII, pág. 186, Primer Semestre, entre otras); (…) lo cual quiere decir que (...) el juez debe graduar cuantitativamente la relación de causalidad (...) y la cuantía del daño, a fin de reducir la indemnización mediante el juego de una proporción que al fin y al cabo se expresa de manera matemática y cuantitativa (...)”, (G.J. Tomo CLXXXVIII, pág. 186, antes citada), (cas. civ. de 25 de noviembre de 1999, S-102-99 [5173]), correspondiendo “al juez, medir la incidencia causal (...) de cada uno en la producción del daño, para graduar el monto de la indemnización que les corresponde asumir, actividad en la que goza de un amplio margen de discrecionalidad, pero que desde luego debe orientar por las circunstancias propias del caso y la evidencia emergente de las pruebas incorporadas al proceso, razón por la cual su criterio al respecto sólo puede ser modificado cuando se demuestre que ‘(...) se sustrae a esos criterios objetivos y por la vía de la arbitrariedad y el mero subjetivismo llega a conclusiones contraevidentes y carentes de razonabilidad, que a simple vista se descubren como tales’ (Cas. Civ. del 21 de febrero de 2002)” (cas. civ. sentencia de 30 de marzo de 2005, [SC-051-2005], exp. 9879). (CSJ SC del nueve de julio de 2010, rad. 11001-3103-035-1999-02191-01). 

En conclusión el cargo no se abre paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del 14 de julio de 2011 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el proceso de María del Carmen Villate Caicedo, Hortensia Caicedo de Villate, Guiomar Yolanda Villate Caicedo, Gloria Estela Villate Caicedo, Ana Victoria Villate Caicedo y María Luisa Villate Molano contra Empresa de Energía de Boyacá S.A. ESP., la que llamó en garantía a la Compañía de Seguros La Previsora S.A. y a Aseguradora Colseguros S.A.

Costas del recurso a cargo de la parte impugnante. Para su tasación la Secretaría deberá tener en cuenta la suma de $6.000.000.ºº atendiendo al hecho de que la demandada de casación fue replicada.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».