Sentencia 2004-00218 de junio 3 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

SC6907-2014

Rad.: 76001-31-03-005-2004-00218-01

(Aprobada en Sala de veinticinco de febrero de dos mil catorce)

Bogotá, D.C., tres de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «3. La demanda de casación.

Los tres cargos formulados por la sociedad demandante, replicados por el banco convocado, la Corte los estudiará conjuntamente, puesto que como se verá, se sirven de consideraciones comunes. Además, porque salvo el último, que suma otros preceptos, en todos se denuncia la violación directa de los mismos artículos 1602, 1603, 1617, 1625-1, 2235, 2535 y 2536 del Código Civil; 871, 882, 880 y 884 del Código de Comercio; 111 de la Ley 510 de 1999; 64, 65, 68 y 72 de la Ley 45 de 1990; 4º, 6º, 17, 18, 25, 38 y 55 de la Ley 546 de 1999.

Cargo primero

1. Sostiene la recurrente que teniendo ella la calidad de comerciante, al recibir una cuenta pague o de finiquito, se encontraba facultada, por mandato del artículo 880, citado, para reclamar la rectificación de errores, omisiones, partidas duplicadas o cualquier otro vicio de la misma.

Considera que al limitarse ese derecho, el tribunal se llevó de calle los demás preceptos supra relacionados. En síntesis, porque al otorgarse los créditos en UPAC, ese sistema contenía factores ilegales, cual lo reconocieron el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, como son la DTF, la capitalización de intereses y el anatocismo.

Luego, dice, al pagarse las obligaciones, en dinero y con inmuebles, no por ello perdía el derecho a reclamar contra esas específicas circunstancias, todas las cuales a la postre incidieron en un mayor valor al realmente debido.

2. Acota la censura que ninguna consecuencia es dable predicar al entregar por convenio una cosa distinta a la estipulada, pues en contra del ad quem, no hay diferencias entre ese negocio jurídico y la solución normal de la deuda, dado que ambos modos extinguen la obligación original, uno con el objeto inicialmente pactado y el otro con otra prestación.

La dación en pago efectuada, por lo tanto, no impedía reclamar contra los créditos otorgados. Tampoco servía de obstáculo para aplicar el artículo 880 del Código de Comercio, las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, así como las normas legales invocadas.

3. En lo demás, la impugnante se ocupa de evocar los preceptos referidos a los constructores de unidades de vivienda, contenidos en la Ley 546 de 1999. Por ejemplo, los integró al sistema (art. 4º, numeral 5º), los hizo parte del consejo superior de vivienda (art. 6º, num. 9º), les aplicó las condiciones de los créditos de vivienda y desembolsos (arts. 17, 18 y 25), ordenó convertir los créditos otorgados en UPAC a UVR (art. 38) y los consideró canalizadores de recursos y les concedió la facultad de información (art. 55).

Subraya, por lo anterior, que no es cierto, como equivocadamente concluyó el sentenciador de grado, que el mencionado cuerpo normativo haya limitado el campo de aplicación a las personas naturales.

La Corte Constitucional, agrega, ratificó y amplió las citadas disposiciones normativas, pues si quería “controlar las tasas de interés y los créditos de vivienda, tenía que también controlar los créditos a los constructores que son por naturaleza los intermediarios entre el sector financiero y los usuarios finales”, como así lo entendió en la Sentencia C-955 de 2000.

4. Frente a lo expuesto, la recurrente concluye que la violación de los preceptos coartó la posibilidad de comprobar la “indebida aplicación de los abonos y demás factores ilegales, como son: DTF, capitalización de intereses, cobro de intereses sobre intereses (anatocismo), cobro en exceso de intereses; y se impidió la devolución de esas sumas de dinero”.

5. Solicita, en consecuencia, se case la sentencia del tribunal y se sustituya por una que acoja sus pretensiones.

Cargo segundo

1. En su desarrollo, la censura rechaza la tesis del tribunal, según la cual las decisiones sobre el UPAC pronunciadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, son aplicables únicamente a las personas naturales.

1.1. Para demostrar que esas decisiones también se extienden a las personas jurídicas, entre ellas a las sociedades constructoras, la impugnante se vale de las siguientes premisas:

1.1.1. La Constitución Política, en virtud de la supremacía que le es inherente, irradia todo el ordenamiento jurídico como “directiva prevalente”, frente a las alternativas hermenéuticas de una o varias normas legales.

1.1.2. Las sentencias interpretativas de un precepto por el tribunal constitucional, tienen los mismos efectos de la interpretación auténtica. Ergo, cobijan situaciones o hechos pasados, no por ser retroactivas, sino porque debido a la unidad entre la norma interpretada y la interpretativa, se entiende que ésta empezó a regir al tiempo con aquélla.

1.1.3. El fallo de inexequibilidad de una norma equivale a expulsarla del ordenamiento jurídico, en una especie de derogatoria negativa, en todos los ámbitos, espacial, temporal, personal y material, sin distingo de ninguna clase.

1.1.4. La inconstitucionalidad de la DTF (variación de las tasas de interés en la economía), introducida en el artículo 16, literal f) de la Ley 31 de 1992, como fórmula para indexar la UPAC, de suyo más costosa que el índice de precios al consumidor (IPC), declarada en fallo C-383 de 1999, beneficia a todas las personas naturales o jurídicas.

1.1.5. Como la Sentencia C-700 de 1999, mediante la cual, utilizando la técnica de la ultractividad (prolongación de las normas excluidas hasta cierta fecha), declaró inexequible las bases estructurales del sistema UPAC, contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (D. 663/93), esto significa que igualmente se derrumbaron en todos los ámbitos.

1.1.6. Lo mismo se predica de la inexequibilidad del artículo 121, ibídem (sobre capitalización de intereses de créditos de vivienda a largo plazo), pues aunque la Sentencia C-747 de 1999, declara la inconstitucionalidad condicionada de la norma, cuando siempre debe ser incondicionada, lo que permite son efectos ultractivos, en cuanto no se aplica a hechos nuevos, como a los pagos a capital o a intereses posteriores a ese fallo.

1.1.7. La nulidad declarada por el Consejo de Estado del artículo 1º de la Resolución 18 de 30 de junio de 1995, por cuya virtud la Junta Directiva del Banco de la República dispuso calcular el valor de la UPAC sobre un porcentaje de la DTF, según sentencia de 21 de mayo de 1999, con efectos hacia el pasado, cobija a todos los deudores de ese sistema, al margen de que sean personas naturales o jurídicas.

1.2. Seguidamente, la impugnante cita las normas referidas a los constructores de unidades de vivienda, contenidas en la Ley 546 de 1999, para mostrar que no es cierto, como erradamente lo concluyó el ad quem, que ese cuerpo normativo limitó el campo de aplicación a las personas naturales.

Por ejemplo, integró al sistema a dichos empresarios (art. 4º, num. 5º), los hizo parte del Consejo Superior de Vivienda (art. 6º, num. 9º), les aplicó las condiciones de los créditos de vivienda y desembolsos (arts. 17, 18 y 25), ordenó convertir los créditos otorgados en UPAC a UVR (art. 38) y los consideró canalizadores de recursos y les concedió la facultad de información (art. 55).

La Corte Constitucional, agrega, ratificó y amplió dichos preceptos, pues en general, si “(...) quería controlar las tasas de interés y los créditos de vivienda, tenía que también controlar los créditos a los constructores que son por naturaleza los intermediarios entre el sector financiero y los usuarios finales (...)”, como así lo entendió en la Sentencia C-955 de 2000. Entre otras, al señalar que el interés a cobrar dentro del sistema para construir, financiar y adquirir viviendas debía incluir únicamente el servicio del crédito y los costos de administración.

En coherencia, la misma corporación, en fallo C-1140 de 2000, otorgó a todos los usuarios del sistema UPAC, la posibilidad de reclamar a las entidades financieras, o por conducto de los jueces, lo pagado en exceso por capital y accesorios, y por capitalización de intereses.

Y en la sentencia SU-846 de 2000, la Corte Constitucional dejó claramente establecido que la nulidad declarada por el Consejo de Estado, tenía aplicación retroactiva. Además, incorporó esos mismos efectos a sus fallos de inconstitucionalidad y a sus providencias interpretativas.

2. En el cargo igualmente se sostiene que ninguna consecuencia es dable predicar al entregar por convenio una cosa distinta a la estipulada, pues en contra del ad quem, no hay diferencias entre ese negocio jurídico y la solución normal de la deuda, dado que ambos modos extinguen la obligación original, uno con el objeto pactado y el otro con otra prestación.

La dación en pago efectuada, por lo tanto, no impedía reclamar contra los créditos otorgados. Tampoco servía de obstáculo para aplicar el artículo 880 del Código de Comercio, las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, así como las normas legales invocadas.

3. En ese contexto, la recurrente concluye que el tribunal, al interpretar erróneamente las disposiciones que regulan la dación en pago, así como al no extender a los constructores la normatividad en cuestión y las sentencias citadas, “(...) impidió que se comprobara la indebida aplicación de los abonos y demás factores ilegales, como son: DTF, capitalización de intereses, cobro de intereses sobre intereses (anatocismo), cobro en exceso de intereses; y se impidió la devolución de esas sumas de dinero”.

4. Pide, por lo tanto, se case la sentencia impugnada y se sustituya por una que acoja en su totalidad las pretensiones de la demanda.

Cargo tercero

1. Además de las normas arriba citadas, también se denuncia la violación directa de los artículos 1º, 2º, 3º, 13 y 243 de la Constitución Política; 175 del Código Contencioso Administrativo (D. 1/84); y 332, inciso 3º del Código de Procedimiento Civil.

2. Lo anterior, según la censura, al desconocer el tribunal la cosa juzgada incorporada en varias sentencias, algunas con efectos erga omnes, y de paso los derechos, principios y valores en esas providencias salvaguardados.

2.1. Para empezar, la proferida por el Consejo de Estado el 21 de mayo de 1999, declarando la nulidad del artículo 1º de la Resolución 18 de 30 de junio de 1995, por cuya virtud la Junta Directiva del Banco de la República dispuso calcular el valor de la UPAC sobre un porcentaje de la DTF.

Sostiene que al expulsarse del ordenamiento la disposición, sus efectos se proyectaron a la fecha en que se introdujo subrepticiamente, dejando las cosas en su estado original, como si no hubiesen existido, cobija a todos los deudores del sistema UPAC, independientemente de que sean personas naturales o jurídicas.

2.2. El fallo de la Corte Constitucional SU-846 de 2000, donde se dejó sentado que la nulidad declarada por el Consejo de Estado no sólo tenía aplicación retroactiva, sino que incorporó esos mismos efectos a sus fallos de inconstitucionalidad y a sus providencias interpretativas.

2.3. La Sentencia C-383 de 1999 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la DTF (variación de las tasas de interés en la economía), introducida por el artículo 16, literal f) de la Ley 31 de 1992, como fórmula para indexar la UPAC, con efectos inmediatos en todos los ámbitos, entre ellos el personal, y prohibió la capitalización de intereses.

2.4. La Sentencia C-700 de 1999 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró inconstitucional el sistema UPAC, contenido en el Decreto 663 de 1993 (EOSF), sin distinciones, utilizando la técnica de la ultractividad (prolongación de las normas excluidas hasta cierta fecha).

2.5. La Sentencia C-747 de 1999, sobre la inexequibilidad del artículo 121 del citado Decreto 663 de 1993, relativo a la capitalización de intereses de créditos de vivienda a largo plazo, con efectos también ultractivos, en cuanto no se aplica a hechos nuevos. Y los pagos a capital o a intereses posteriores a ese fallo, tienen esa connotación.

2.6. La Sentencia C-955 de 2000, relativo a que, contrariamente a como lo concluyó el tribunal, la Ley 546 de 1999, sí contiene normas dirigidas a los constructores de unidades de vivienda, sin que haya limitado su campo de aplicación únicamente a las personas naturales.

En efecto, entre otras, integró al sistema a dichos empresarios (art. 4º, num. 5º), los hizo parte del Consejo Superior de Vivienda (art. 6º, num. 9º), les aplicó las condiciones de los créditos de vivienda y desembolsos (arts. 17, 18 y 25), ordenó convertir los créditos otorgados en UPAC a UVR (art. 38) y los consideró canalizadores de recursos y les concedió la facultad de información (art. 55).

La Corte Constitucional, en el citado fallo, ratificó y amplió dichos preceptos, toda vez que si “(...) quería controlar las tasas de interés y los créditos de vivienda, tenía que también controlar los créditos a los constructores que son por naturaleza los intermediarios entre el sector financiero y los usuarios finales (...)”. Por ejemplo, al señalar que el interés a cobrar dentro del sistema para construir, financiar o adquirir viviendas, debe pagar únicamente el servicio del crédito y los costos de administración.

2.7. El fallo C-1140 de 2000, por cuya virtud otorgó a todos los usuarios del sistema UPAC, la posibilidad de reclamar a las entidades financieras, o a los jueces, lo pagado en exceso por capital y accesorios, y por capitalización de intereses.

3. En lo demás, la censura sostiene que ninguna consecuencia es dable predicar al entregar por convenio una cosa distinta a la estipulada, pues en contra del ad quem, no hay diferencias entre ese negocio jurídico y la solución normal de la deuda, dado que ambos modos extinguen la obligación original, uno con el objeto pactado y el otro con otra prestación.

La dación en pago efectuada, por lo tanto, no impedía reclamar contra los créditos otorgados. Tampoco servía de obstáculo para aplicar el artículo 880 del Código de Comercio, las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, así como las normas legales invocadas.

4. Frente a ese panorama, la recurrente concluye que el tribunal, al interpretar erróneamente las normas que regulan la dación en pago, así como al no extender a los constructores la normatividad en cuestión y ciertas sentencias, éstas constitutivas de cosa juzgada, “impidió que se comprobara la indebida aplicación de los abonos y demás factores ilegales, como son: DTF, capitalización de intereses, cobro de intereses sobre intereses (anatocismo), cobro en exceso de intereses; y se impidió la devolución de esas sumas de dinero”.

5. Solicita, en consecuencia, que se case la sentencia recurrida y se reemplace por una que acoja en su totalidad las pretensiones del libelo introductorio.

Consideraciones

1. El estudio conjunto de los tres cargos se justifica, porque como se observa, además de lo supra indicado, respecto de las normas denunciadas como violadas, en todos se controvierte no sólo la conclusión del tribunal sobre el pago de la obligación adquirida, así sea una parte en dinero y otra con inmuebles, sino también lo relativo a la aplicación de la Ley 546 de 1999 y de las sentencias de la Corte Constitucional C-383, C-700 y C-747 de 1999, SU-846, C-955 y C-1140 de 2000, y la del Consejo de Estado de 21 de mayo de 1999.

2. Sin embargo, al sostener la censura en el contexto de la acusación y desde el mismo escrito genitor, que el caído sistema UPAC contenía ítems ilegales, tales como, en sus propias palabras, “corrección monetaria”, “liquidación de intereses sobre intereses” y “capitalización implícita de intereses en el valor constante”, resulta necesario identificar que el superior, al confirmar el fallo absolutorio del juzgado, no lo hizo sobre la base de considerar constitucionales o legales dichos factores.

El ad quem, por el contrario, antepuso a ese análisis, el hecho sobreviniente de la dación en pago, cuyo contenido, en su sentir, implicaba punto final a las relaciones entre las partes, sin ninguna posibilidad de reclamar. Además, en la hipótesis de no haberse concretado ese negocio jurídico, al sostener que la sociedad demandante no era destinataria de los “(...) beneficios de reliquidación y abonos previstos en la Ley 546 de 1999 (...)”, dado que de ella no se podía predicar el derecho fundamental a una vivienda digna, lo cual era propio de las personas naturales.

3. Precisión de capital importancia, puesto que a lo largo de la acusación, la convocante recurrente insiste en que el sistema UPAC, expulsado por inconstitucional e ilegal del ordenamiento jurídico, en todos los ámbitos, contenía factores prohibidos, como la DTF, la capitalización de intereses y el anatocismo, según lo reconoció la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en las sentencias evocadas.

En relación con los anotados rubros, se advierte, de un lado, que si la censura reclama la aplicación de las normas citadas, al igual que los fallos mencionados, por considerarlos, se repite, inconstitucionales e ilegales, y de otro, que si el sentenciador de segundo grado, al confirmar el fallo del juzgado, lo hizo sin calificar de constitucionales o legales las antedichas partidas, salta de bulto que ello no pudo ser lo que, al decir de los tres cargos, “impidió que se comprobara la indebida aplicación de los abonos y demás factores ilegales, como son: DTF, capitalización de intereses, cobro de intereses sobre intereses (anatocismo), cobro en exceso de intereses; y (...) la devolución de esas sumas de dinero”.

El tribunal, por lo tanto, en ese específico punto, no incurrió en los yerros iuris in iudicando que sobre el particular se le imputan, toda vez que si no hizo adjetivación al respecto, ningún hecho puede surgir de la nada. En ese sentido, la protesta, edificada sobre la base de considerar ilegales e inconstitucionales dichos factores, se queda en un simple alegato de conclusión, puesto que la casación, en el ámbito de la causal primera, fue instituida, entre otras cosas, para erradicar los errores cometidos en los campos de aplicación e interpretación de la ley sustancial, y de valoración probatoria, lo cual supone un ejercicio intelectual antecedente, propio de las instancias.

Bien es sabido que el recurso en cuestión, de suyo eminentemente extraordinario, no tiene por mira el litigio, en sí mismo considerado, como thema decidendum, sino la sentencia del ad quem, o la del juzgado tratándose de un recurso per sáltum, como thema decisum. Aspectos que, como tiene explicado la Corte, “(...) marca[n] ostensible diferencia entre las funciones de juzgamiento en instancia y la[s] que competen[n] al tribunal de casación, toda vez que aquellas son expresión de atribuciones amplias de los juzgadores para examinar las cuestiones de hecho y de derecho, en tanto que las de la Corte en casación están restringidas a examinar las causales invocadas dentro de los términos de cada una de ellas (...)”(1).

En ese orden, cuando se denuncia la comisión de errores de aplicación e interpretación de la ley, o de valoración probatoria, se entiende que ese trabajo fue realizado por el sentenciador de grado, sólo que equivocadamente. De ahí que como tiene explicado la Sala, por el camino de la causal primera, el “(...) único análisis que puede formularse como sustento del cargo ha de limitarse a las normas sustanciales que considere inaplicadas, aplicadas indebidamente o interpretadas en forma equivocada, con absoluta prescindencia de consideraciones que, en tanto discrepantes de la apreciación del juzgador en el campo fáctico, persigan un nuevo examen crítico en este aspecto”(2).

Así las cosas, al no contener el fallo atacado ningún juicio de valor sobre los factores aludidos, el estudio se reduce a los argumentos que llevaron a dar al traste con las pretensiones. De una parte, al hecho sobreviviente de la dación en pago, lo cual, en sentir del tribunal, implicaba renuncia recíproca a cualquier acción entre los contendientes; y de otra, a los alcances de la Ley 546 de 1999, conocida como de vivienda, en cuanto, al decir del ad quem, excluía a las personas jurídicas, dado que de ellas no se podía predicar el derecho a una vivienda digna.

4. Relativo a esto último, contrastada la providencia cuestionada con el contexto de la acusación, se hace necesario precisar que al denunciarse la violación directa de la ley sustancial, esto supone que el juzgador no se equivocó al apreciar los hechos y pruebas del proceso, en concreto, que el crédito fue otorgado para la construcción de vivienda y que el deudor era una persona jurídica. Se trata, entonces, de un problema de subsunción de esas circunstancias, así fijadas, en las hipótesis normativas, respecto a su aplicación y alcance.

Cuando se denuncia la violación de un precepto material, la censura, tiene dicho la Sala, no debe “(...) separarse, un ápice siquiera, de la quaestio facti, cual y como fue apreciada por el sentenciador, so pena de resultar inidónea la acusación en caso de que ello ocurra (...)”(3), toda vez que, en ese evento, la Corte “(...) trabaja [es] con los textos legales sustantivos únicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos están probados o no están probados, parte de la base de una u otra cosa, y sólo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos”(4).

4.1. Ex profeso se trae a cuento lo anterior, porque relativo a los alcances de la Ley 546 de 1999, la recurrente, en todos los cargos, edifica los errores estrictamente jurídicos sobre la base de afirmar que el tribunal, en forma absoluta, excluyó como destinatarias de esa normatividad a las personas jurídicas, en particular, a las sociedades constructoras de vivienda.

Esto, sin embargo, no es cierto, porque como antes quedó compendiado, el sentenciador de segundo grado refirió que el sistema UPAC había sido utilizado no sólo para la “financiación de vivienda a largo plazo”, sino también para “regular créditos con destino a constructores”. Por esto, dijo, como la inexequibilidad de la citada técnica económica “(Sent. C-700/99)”, había afectado todas las “(...) formas de contratación que utilizaban esa modalidad de crédito, la Ley 546 de 1999 sustituyó sólo parte de las disposiciones declaradas inexequibles, concretamente las que se referían a la financiación en cuanto a compra y construcción de vivienda a largo plazo (...)” (resaltado ex texto).

En consecuencia, si en relación con el decaimiento del sistema UPAC y con la expedición de la Ley 546 de 1999, la sentencia atacada cobijó a los “constructores” y a los créditos de “construcción” de vivienda, salta de bulto, sin más, que el tribunal no pudo incurrir en ninguno de los errores juris in iudicando denunciados en coherencia en todos los cargos.

4.2. Distinto es que el ad quem haya concluido que como los “constructores” de vivienda, llámense personas naturales o jurídicas, no aplicaban para los “(...) beneficios de reliquidación y abonos previstos en la Ley 546 de 1999 (...)”, pues de ellas, particularmente de las últimas, en estricto sentido, no podía predicarse el derecho fundamental a una vivienda digna, las pretensiones no podían salir avante.

En ninguno de los cargos, desde luego, la recurrente suscita polémica en torno a la anterior conclusión, porque una cosa son los abonos previstos en el artículos 40 y siguientes de la citada normatividad, claro está, respecto de “(...) obligaciones vigentes que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la financiación de vivienda individual a largo plazo (...)”; y otra, totalmente distinta, el tratamiento jurídico de otros créditos en UPAC, en sí mismo considerados, como los otorgados a los constructores de vivienda.

Al margen de la naturaleza jurídica de tales alivios, la recurrente, precisamente, en el contexto de la acusación, dirige su reclamación a otros efectos derivados de la inconstitucionalidad del sistema UPAC (Sents. C-383, C-700 y C-747/99) y de la exequibilidad condicionada de los artículos 17, numeral 2º, y 25 de la Ley 546 de 1999 (Sent. C-955/2000). Entre ellos, según los tres cargos, como se dijo, el derecho a comprobar la “indebida aplicación de los abonos y demás factores ilegales, como son: DTF, capitalización de intereses, cobro de intereses sobre intereses (anatocismo), cobro en exceso de intereses”, y a solicitar la “devolución de esas sumas de dinero”, en los términos del artículo 880 del Código de Comercio y de los fallos de la Corte Constitucional C-1140 y SU-846 de 2000.

Frente a los precedentes, claramente se advierte que el tribunal tampoco pudo incurrir en los errores estrictamente jurídicos que, con referencia a la ley citada y a otras normas, así como a ciertas sentencias, y en esos específicos tópicos, en contexto se le imputan. Si el ad quem identificó que el objeto jurídico del proceso se circunscribía a los abonos o alivios dichos, mientras para la recurrente se trataba del derecho a solicitar la rectificación de los errores, omisiones, partidas duplicadas u otros vicios de la cuenta pague o de finiquito, resulta incontrastable que la discrepancia entre el sentenciador y la acusadora gira alrededor de un hecho, lo cual, por sí, descarta cualquier error iuris in iudicando, en consideración a que, por lógica, la tarea de subsunción normativa exige de antemano fijar debidamente el cuadro factual y probatorio del proceso.

5. Si se interpreta con amplitud la acusación como referida a la comisión de un error de hecho en la apreciación de la demanda introductora, pues al fin de cuentas, la divergencia entre el juzgador y la censura, arriba puesta de presente, la involucra, y que por ese camino se produjo la violación mediata de las nomas denunciadas, al igual que el desconocimiento de la cosa juzgada, desde esa arista, el ataque igualmente está llamado al fracaso.

5.1. Si el tribunal entendió que el escrito genitor presentado por la sociedad demandante, deudora del crédito otorgado para la construcción de unidades de vivienda bajo el controvertido sistema UPAC, se dirigía a obtener los “abonos y beneficios de la Ley 546 de 1999”, el error resulta “manifiesto” (CPC, arts. 368, num. 1º, inc. 2º, y 374, in fine), puesto que como pasa a verse, las pretensiones y los hechos tenían otro significado.

En efecto, las declaraciones y condenas solicitadas, partieron, en general, de la circunstancia de haberse dificultado el pago de la obligación, debido a la excesiva onerosidad y al desequilibrio económico generado por el sistema UPAC, como consecuencia de la “corrección monetaria”, la “liquidación de intereses sobre intereses” y la “capitalización implícita de intereses en el valor constante”, todo aunado a la declaratoria de “inconstitucionalidad de las bases de creación de ese engendro financiero” y de la “capitalización de intereses”.

En ese orden, las pretensiones no se podían negar a partir de considerar que como el crédito de marras se relacionaba con la “construcción” de viviendas y no con la “financiación de vivienda individual a largo plazo”, porque así ello sea cierto, la causa que las soportaba, objetivamente considerada, de manera alguna podía tener esa interpretación.

5.2. El error, entonces, parece incidente. Sin embargo, en los términos del embate, inclusive de cara a la demanda genitora del litigio, como el yerro hay que ligarlo con la calificación de ilegal e inconstitucional de los factores que se sindican de colapsar el sistema UPAC, efectuada y martillado insistentemente por la censura, esa trascendencia se diluye.

5.2.1. En la teoría del derecho, los efectos de una sentencia de nulidad, para el caso, de un acto administrativo, y de un fallo de inexequibilidad de una norma, hacen la diferencia. En general, mientras la primera expulsa del tráfico jurídico la ilegalidad encontrada, desde su nacimiento, por tratarse de una sanción; el segundo, por el contrario, salvo que disponga expresamente otra cosa, no deroga el precepto desde sus orígenes, sino a partir de la ejecutoria de la decisión, y como tal, deja vivas las situaciones consolidadas mientras rigió.

En el último evento, al decir de la Sala, lo “(...) ejecutable hasta entonces no podrá seguirse ejecutando en razón de haberse comprobado esa contradicción con la Carta Política y también con proyección obvia hacia el futuro; en el ámbito del pasado campea por el contrario el dogma de la no retroactividad, es decir, que todas las situaciones jurídicas constituidas, perfeccionadas o consolidadas bajo el imperio de la normatividad declarada inexequible, y de ellas son caracterizada expresión los fallos judiciales pasados en autoridad de cosa juzgada, permanecen incólumes y conservan su validez no obstante la inexequibilidad de la ley que les sirvió de fundamento”(5).

La exequibilidad es un adjetivo procedente del latín exsequibĭlis, traduciendo aquello que se puede ejecutar, “que se puede hacer, conseguir o llevar a efecto”(6).

Tratándose de los efectos que generan las providencias declaratorias de exequibilidad de una norma jurídica, de antaño tiene dicho la Corte, en doctrina consolidada y centenaria: “Las sentencias sobre inexequibilidad de las leyes sólo pueden obrar para el futuro, porque si tuvieran efecto retroactivo y alcanzaran a anular leyes desde su origen, ningún derecho habría firme, y la inseguridad social y la zozobra serían permanentes y mayores cada día. Semejante resultando indica que es inaceptable la teoría de la retroactividad de aquellas sentencias”(7).

Según la misma doctrina, luego reiterada en 1927, en procura de dar identidad a la institución y de explicar el porqué el juzgamiento respectivo recaía exclusivamente sobre normas vigentes, señaló “(...) no siendo la decisión sobre inexequibilidad, según la acepción jurídica de este vocablo, otra cosa que la declaración de que el acto sobre que ella versa no puede ejecutarse, tal declaración presupone la vigencia de dicho acto, ya que lo que no está en vigor, por el solo hecho de no estarlo, no es susceptible de ejecución”(8).

Dando rigor y estatura a la doctrina, la Corte ya en 1922 diferenciaba conceptualmente la inexequibilidad y la nulidad: “La nulidad es cosa distinta de la inexequibilidad. La primera invalida el acto desde su origen, la segunda no, apenas impide que continúe cumpliéndose”(9); y en 1927 añadió: “(...) la inexequibilidad produce efectos únicamente para lo futuro, ello equivale a una derogación de la ley sobre la cual recayó, en que respeta la situación creada por ella, pero no a una nulidad de carácter civil, en términos de reponer las cosas al estado anterior (...) porque como lo ha dicho también el Acuerdo 3 de 17 de julio de 1915, la declaración de inexequibilidad con alcance de nulidad absoluta produciría una situación de inseguridad social, puesto que permitiría a las autoridades y a los particulares desconocer las leyes con el pretexto de ser inexequibles”(10).

De modo que el criterio de esta Corporación ha sido invariable en un tránsito de décadas sin rodeos, sentenciando siempre que la declaratoria de inexequibilidad genera efectos pro futuro, vale decir, ex nunc. Claro, hoy el control constitucional concentrado está en manos de la Corte Constitucional nacida a partir de 1991, porque esta misma Corte abrió paso a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que la generó.

Esto, sin embargo, no significa una renuncia a la propia doctrina que por décadas ha profesado, con el objetivo de que sean respetadas las situaciones jurídicas consolidadas o establecidas al amparo de las leyes para entonces vigentes, y a los derechos adquiridos con justo título; sin desconocer, por supuesto, las variantes que el mismo juzgador puede introducir hacia el pasado en una sentencia judicial cuando de interpretar o de juzgar una ley se trata, determinando en el caso concreto el efecto del fallo (Sent. C-444/2011), eso sí, siempre y cuando respeten principios, valores y derechos como los previstos en el art. 58 de la actual Carta, el principio de la buena fe, el debido proceso y por antonomasia el derecho fundamental a la seguridad jurídica. Doctrina justamente la plasmada por el legislador en el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991 (Sents. C-113/93), y 45 de la Ley 270 de 1996 (precepto juzgado en la C-037/96), incluyendo decisiones como la C-527 de 1994, etc.

5.2.2. El artículo 16, literal f) de la Ley 31 de 1992, mediante el cual asignó a la Junta Directiva del Banco de la República fijar la metodología de cálculo de la UPAC, “procurando que esta también refleje los movimientos de la tasa de interés en la economía”, es el elemento común de las sentencias del Consejo de Estado de 21 de mayo de 1999 y de la Corte Constitucional C-383 de 1999. La última, al declarar inconstitucional esa expresión; y aquélla, porque la Resolución Externa 18 de 1995, declarada nula, por cuya virtud ató dicho cálculo a la a la DTF, esto es, al promedio ponderado de las tasas de interés de captación del sector financiero, fue adoptada con base en esa disposición.

Lo relevante, como señaló la Corte Constitucional, la decisión de inexequibilidad proyectaba sus efectos hacia el futuro, al decir que la expresión abolida “(...) no puede tener aplicación alguna, tanto en lo que respecta a la liquidación, a partir de este fallo, de nuevas cuotas causadas por créditos adquiridos con anterioridad y en lo que respecta a los créditos futuros (...)”. Esto significa que todas las situaciones ejecutadas y consolidadas durante la vigencia del precepto, no sufrieron mengua alguna, entre ellas, de un lado, los pagos efectuados bajo el imperio de la metodología adoptada por la Junta Directiva del Banco de la República, y de otro, la cosa juzgada administrativa.

(i) Sobre lo primero, a propósito del tema, así lo dejó sentado la Sala, al decir que las “(...) cuotas o sumas canceladas antes de la sentencia de constitucionalidad (mayo de 1999), conservaban total validez; se mantenían intangibles y, solamente, resultaban afectadas las ‘nuevas’ cuotas, tanto de los créditos anteriores como de los futuros”. Luego, “(...) no es procedente pretender restitución alguna que derive de los aspectos fácticos y jurídicos valorados en esa determinación (...)”(11).

(ii) En ese mismo precedente, la Corte concluyó que la sentencia del Consejo de Estado, citada, carecía de efectos hacia el pasado, entre otras cosas, porque en la “(...) perspectiva de la devolución de dineros cobrados en exceso por razón de la fórmula adoptada (...), la desaparición de la Resolución 18 no representaba, en sí misma, solución alguna, ésta sólo apareció con la sentencia citada y con los límites de aplicación en el tiempo allí previstos (...)”. Además, porque resultaba contrario a la más elemental lógica que tuviera “(...) más efectos el acto derivado (la resolución), que su génesis normativa (la L. 31/92) (...)”.

Sin embargo, se precisa ahora, en refuerzo de lo anterior, que la tesis de los efectos ex tunc (desde entonces), respecto de la cosa juzgada administrativa, predicada en la sentencia de la Corte Constitucional SU-846 de 2000, cuya aplicación igualmente demanda la censura, no deben entroncarse con el simple resultado de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, sino también con su ratio decidendi.

Como se observa en la providencia del Consejo de Estado, transcrita en la demanda de casación, la nulidad se produjo no porque fuera ilegal la DTF, pues al fin de cuentas la Junta Directiva del Banco de la República, ajustó su comportamiento a los designios del legislador, entre otras cosas impuestos como “un deber legal”, el cual no le era dable “desobedecer”(12), sino porque en la metodología empleada para calcular la UPAC, las “(...) tasas de interés son un elemento de menor relevancia, prácticamente ni siquiera obligatorio, pues la ley no lo impone, sino que recomienda que se ‘procure’ su inclusión en el proceso de cálculo (...). Por lo mismo, resulta claro que el componente principal y prácticamente único de dicho cálculo, no podía ser otro que el señalado por el antes citado artículo 134 del Decreto 663 de 1993, esto es, el IPC (...)”.

La tesis sostenida por la Sala acerca de los efectos ex nunc de la sentencia de nulidad en cuestión, igualmente la explica lo anterior, porque en ella no se hizo ningún juicio de valor sobre los pagos realizados bajo el imperio de la metodología fijada por el emisor. La misma Corte Constitucional, en el fallo SU-846 de 2000, señaló que como los “efectos retroactivos” de la providencia del Consejo de Estado, debían entenderse “en el sentido que dejó sin efectos la resolución del Banco de la República desde el mismo día en que ésta fue expedida, hacía necesario que ese organismo (...) actuase de forma inmediata para dar plena eficacia a aquéllos. Así, en sesión extraordinaria del primero (1º) de junio de 1999, la Junta Directiva del Banco, expidió la resolución en la que se estableció el nuevo valor del UPAC”.

5.2.3. En consecuencia, al considerarse válidos los pagos de créditos hipotecarios línea constructor, otorgados bajo el sistema UPAC, resulta claro que las acciones judiciales expeditas a favor de los deudores y en contra de quienes corresponda, señaladas en distintas sentencias, a efectos de obtener la revisión de las liquidaciones y las restituciones o compensaciones a que haya lugar, bien por pagos ilegales, ya por la indebida o por la falta de imputaciones, en fin, no pueden derivarse de hechos sucedidos antes y ligados a la declaración de nulidad de la Resolución Externa 18 de 1995 de la Junta Directiva del Banco de la República y a la inexequibilidad de la DTF y del UPAC.

Desde luego, si hasta la fecha de tales decisiones, los pagos efectuados siguiendo la metodología entonces vigente, en palabras de esta misma Corporación, conservan “total validez”, se mantienen “intangibles” y “solamente” resultan “afectadas las ‘nuevas’ cuotas, tanto de los créditos anteriores como de los futuros”, esto excluye, en los términos del artículo 880 del Código de Comercio, citado como violado, el derecho de solicitar la rectificación de una cuenta de pago o de finiquito, puesto que aquello, esto es, la fijación del cálculo para establecer la unidad de pago, en esos específicos tópicos, no es lo mismo que “errores, omisiones, partidas duplicadas u otros vicios”.

5.3. La intrascendencia del error de hecho en la decisión final, respecto de la apreciación de la demanda, entonces, resulta palpable, por no existir una relación de causa a efecto. Si en ese escrito, en los términos dichos, no se alude a ninguna falla de la cuenta definitiva, pues en general, todo se enarbola alrededor de la declaración de nulidad del citado acto administrativo y de las sentencias de inexequibilidad mencionadas, el desenlace del pleito no puede ser distinto.

Y si bien hubo pagos posteriores a los fallos de nulidad e inconstitucionalidad, independientemente que hayan sido en dinero o en especie, en el libelo genitor se omite afirmar si los mismos fueron efectuados bajo la fórmula de cálculo expulsada del ordenamiento. Por lo demás, en la hipótesis de una sentencia sustitutiva sobre el particular, la Corte no puede pasar por alto observar, conforme a las escrituras públicas contentivas de las daciones en pago, que allí las obligaciones extinguidas por ese modo fueron expresadas en dinero.

6. Resta establecer si el tribunal incurrió en error iuris in iudicando, al negar las pretensiones sobre la base de considerar que el hecho sobreviniente de la dación en pago, las neutralizaba. Sin embargo, así se concluya que la decisión, en el punto, es equivocada, la sentencia seguiría sosteniéndola el otro argumento basilar que no fue infirmado, el relacionado con los alcances de la Ley 546 de 1999, y la intrascendencia del error de hecho en la apreciación de la demanda.

La Corte, en consecuencia, se releva de estudiar el particular, porque como tiene explicado, cuando la sentencia acusada “se basa en varios motivos jurídicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisión jurisdiccional, no es difícil descubrir que si la censura en casación es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, aún en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada”(13).

7. Ninguno de los cargos, en consecuencia, se abren paso.

4. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 10 de diciembre de 2010, proferida por el tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por XXXX, en liquidación contra el Banco XXXX.

Las costas del recurso corren por cuenta de la parte demandante recurrente. En la liquidación respectiva, inclúyase la suma de seis millones de pesos ($6’000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que la demanda de casación fue replicada.

Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Sentencia de 25 de enero de 2008, expediente 373, reiterando sentencia de 10 de septiembre de 1991.

(2) Sentencia de 3 de noviembre de 2011, expediente 1, reiterando doctrina anterior.

(3) Sentencia de 10 de octubre de 2006, expediente 26099, reiterando CCXLIII-51.

(4) Sentencia 40 de 25 de abril de 2000, expediente 5212, reproduciendo LXXXVIII-504.

(5) Sentencia 62 de 31 de mayo de 2006, expediente 5525, reiterando CCXVI-190.

(6) RAE, Diccionario esencial de la lengua española, 22 ed. Madrid: Espasa Calpe, 2006, pág. 647.

(7) CSJ. Acuerdo o sentencia número 3 del 17 de julio de 1915.

(8) CSJ. Sala Plena. Sentencia del 28 de marzo de 1927, M.P. Luzardo Fortoul.

(9) CSJ. Sala Plena. Acuerdo o providencia 7 del 28 de octubre de 1922.

(10) CSJ. Sala de Negocios Generales. Sentencia del 13 de agosto de 1926, M.P. Francisco Tafur.

(11) Sentencia de 24 de enero de 2011, expediente 457.

(12) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-353 de 2013.

(13) Sentencia 134 de 27 de junio de 2005, reiterando G. J. Tomos LXXXVIII-596 y CLI-199.