Sentencia SC6996-2017/2013-02961 de mayo 22 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC6996-2017

Rad.: 11001 02 03 000 2013 02961 00

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

(Aprobado en sesión de veinticinco de enero de dos mil diecisiete)

Bogotá, D. C., veintidós de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. El recurso de revisión es una garantía procesal de justicia a través del cual puede reabrirse la cosa juzgada, por considerar que se está en presencia de situaciones relevantes y trascendentes que habilitan el rompimiento de la estructura de firmeza e inmutabilidad de una decisión judicial. En esa dirección, este remedio procesal destella como el mecanismo idóneo por excelencia para vulnerar o permear la ejecutoria de las determinaciones judiciales.

Al respecto, la Corte expuso:

“Por sabido se tiene que los fallos judiciales, una vez proferidos dentro de las formas propias de cada juicio, cuando, por disposición legal, no son susceptibles de recurso alguno o que admitiéndolos vencen los términos sin que se formulen por la parte interesada, devienen firmes y constituyen ley del proceso, dado que adquieren la categoría de cosa juzgada. Esa garantía constituye, sin duda, seguridad jurídica para todos los asociados y hace parte de la salvaguarda constitucional del debido proceso (art. 29); amén de estar regulada, expresamente, esa consecuencia en la normatividad procesal civil (art. 331).

Sin embargo, esa prerrogativa no emerge como un axioma o un concepto absoluto. Y no lo es, dado que, circunstancias de diferente índole existen, por lo general externas a los juicios, que tornan permeable la institución de la cosa juzgada; en otras palabras, la res judicata cede ante situaciones de tal trascendencia que, eventualmente, vulneran en forma abierta el ordenamiento jurídico de la nación alcanzando a trasgredir el orden público.

Bajo esa orientación, con el propósito de remediar semejante situación y, particularmente, con miras a resguardar los derechos de los sujetos procesales ante una vulneración grave y específica, fue establecido el recurso extraordinario de revisión, dirigido, entonces, a quebrar la firmeza de la decisión emitida cuando la misma resulta impregnada de tales vicios; empero, la procedencia del mismo, como extraordinario que es, está supeditado a los taxativos casos autorizados por el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil” (CSJ SC 31 de julio de 2013, Rad. 2010 01816 00).

2. De tales planteamiento surge, entonces, que no obstante el propósito de la firmeza de los fallos, que no es otro que brindarle a las partes y a la comunidad en general la seguridad de que el caso ventilado en una determinada causa litigiosa, queda excluido de una nueva y futura contienda; existen eventos en que tal ejecutoria no implica, imprescindiblemente, un acatamiento irrestricto, en la medida en que la determinación cuestionada puede, eventualmente, devenir impregnada de vicios de tal magnitud que aconsejan, como ya se dijo, en aras de la garantía de justicia, revisar lo actuado y decidido.

3. Por tanto, en línea de principio, con este recurso no es factible controvertir los cimientos que sustentan la sentencia censurada, o discutir los problemas debatidos en el pleito, menos propiciar una nueva oportunidad para formular hechos exceptivos; tampoco reviste el propósito de mejorar la prueba aportada al litigio, pues ello implicaría abrir la compuerta a una tercera instancia, que nuestro ordenamiento jurídico no la contempla. Es incontrovertible, por las características de este mecanismo de defensa, que la relación procesal de la que da cuenta el trámite cumplido en las respectivas instancias ya está cerrada o concluida, luego no es posible replantear el conflicto.

La Sala, sobre el particular ha expresado:

“(…) no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi” (CSJ SC 16 de mayo de 2013, Rad. 01855).

4. De manera que, mediante esta garantía procesal, con miras a socavar los cimientos del fallo opugnado, sólo pueden estudiarse aquellas circunstancias que coincidentes con las causales previstas por la normatividad vigente, resultan invocadas por el reclamante. De ahí deriva, sin equívoco alguno, que la relación procesal conformada en las respectivas instancias y las vicisitudes allí evaluadas, quedan cerradas o concluidas en este trámite.

Bajo esa perspectiva, el recurrente debe someterse, con el rigor plasmado en las disposiciones pertinentes, a las causales señaladas por el legislador, así como a las características de su fundamentación, observando, igualmente, los tiempos previstos para reclamar la revisión y por los motivos a que haya lugar.

5. A esta altura, se hace preciso resaltar que en esta oportunidad el ataque extraordinario contra la sentencia del ad quem lo ejerce quien intervino como demandante en el juicio ordinario de unión marital de hecho, sin que haya operado la caducidad, puesto que se inició (6 dic. 2013) a menos de diez días de su ejecutoria (16 dic. 2011).

6. En esa dirección, la Sala advierte que la parte recurrente, como quedó reseñado, invocó como motivo de revisión y a ello redujo su queja, la hipótesis fáctica contemplada en el numeral 1º del artículo 380 del C. de P.C., referente a: “Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Constituyendo en concreto, lo basilar de la argumentación expresada, en los siguientes términos:

“con fundamento en todas las pruebas nuevas aportadas (declaraciones extrajuicio y certificaciones), queda plenamente demostrada la existencia de la unión marital de hecho entre Zenaida Macías Plata y León Vaisberg Chejter, en calidad de hombre y mujer, que sin estar casados formaron una comunidad de vida permanente y singular; con ellos también quedó plenamente demostrado los elementos primordiales expresados en sentencia por el tribunal de toda unión marital de hecho, como son: la idoneidad marital, la comunidad de vida marital y la causa marital”.

Según criterio reiterado de la Corte, señalado en SC de 17 de junio y 4 de noviembre de 2014, Rad. 2009-01826-00 y 2011-02049-00, respectivamente, los elementos que configuran dicha causal son los siguientes:

“a) que [s]e trate de prueba documental; b) que dicha prueba, por existir con la suficiente antelación, hubiese podido ser aportada al proceso; c) que su ausencia de los autos haya sido debida a fuerza mayor o caso fortuito, o a obra de la parte contraria (dolo), favorecida con la sentencia; d) que el hallazgo se produzca después de proferido el fallo; y e) que la citada prueba sea determinante de una decisión diferente a la adoptada en él, es decir, que sea trascendente”.

7. Sin embargo y, teniendo en cuenta los presupuestos reseñados frente a las “pruebas nuevas” aportadas por la actora y, advirtiendo no solo la finalidad del recurso extraordinario de revisión, reitérase, quebrantar la firmeza de un decisión cuando la misma resulta impregnada de vicios, pues es el mecanismo idóneo por excelencia para vulnerar o permear la ejecutoria de las determinaciones judiciales; sino también la clase, la fecha y el contenido del material probatorio allegado; es del caso anticipar el fracaso de este medio impugnativo, en la medida que las pruebas que la gestora reseñó como constitutivas de ese novedoso hallazgo, no responden a las expectativas requeridas por el Estatuto Procesal Civil.

8. En efecto, la interesada propone como medios de acreditación de la Unión Marital de Hecho, que afirma, sostuvo con el señor León Veisberg Chejter (q.e.p.d.), los siguientes:

i) Las declaraciones extrajuicio rendidas ante notario por los señores Mario Alberto Ramírez Galindo y María Delsy Galeano Suárez (24 de septiembre y 10 de noviembre de 2012);

ii) La comunicación suscrita por el rabino del cual se indica fue el líder espiritual de Veisberg Chejter (15 de enero de 2012) y,

iii) Las constancias de la Fonoaudióloga que trató los quebrantos de audición del referido señor y la Alcaldía Local de Teusaquillo, barrio en el que se señala la residencia actual de la señora Macías Plata (10 de enero y 28 de febrero de 2012).

Respecto de los cuales, es necesario precisar, de un lado, que la referida causal hace alusión a “documentos” y, específicamente a aquellos que no pudieron ser aportados por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria y, de otro, que en definitiva las declaraciones extrajuicio no constituyen “documentos” sino testimonios, razón por la cual no son susceptible de ser valoradas como tal medio de prueba, que es en ultima el exigido por la normatividad reseñada.

9. Por lo tanto, de lo alegado por la actora y de las “nuevas pruebas” que pretende hacer valer, se advierte que lo pretendido por la recurrente, con este mecanismo extraordinario de defensa, es reabrir el debate, teniendo en cuenta que pretende hacer valer, entre otros, “declaraciones extrajuicio” que fueron recepcionadas con posterioridad al fallo objeto de cuestionamiento (2 de diciembre de 2011), lo que significa que no son preexistentes a este, sino producidas con posterioridad, suerte que también corren los demás escritos y, en ese orden, es claro que no se satisface ninguno de los presupuestos exigidos por la ley procesal para la prosperidad de la citada causal.

En relación con lo reseñado, la corporación tiene sentado que:

“dada la finalidad propia del recurso, no se trata (…) de mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dictó la sentencia cuyo aniquilamiento se busca, o de producir otra después de pronunciado el fallo; se contrae (…) a demostrar que la justicia, por absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su preexistencia fue imposible de oportuna aducción por el litigante interesado, profirió un fallo que resulta a la postre paladinamente contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente injusto”, puesto que no “es lo mismo recuperar una prueba que producirla o mejorarla”, ya que, de lo contrario, no habría jamás cosa juzgada, y bastaría con que la parte vencida en juicio adecuara la prueba en revisión o produjera otra.

De allí que, desde este punto de vista, “la prueba de eficacia en revisión (…) debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la acción”, de donde si no constituye “esa pieza documental –bien por su contenido o por cualquier otra circunstancia– una auténtica e incontestable novedad frente al material (…) recogido en el proceso, la predicada injusticia de esta resolución no puede vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido” (CSJ SC 4 Nov. 2014 rad. 2011-02049-00).

10. No obstante lo anterior, y en virtud de la particularidad del material fáctico aportado, en especial las dos (2) declaraciones extrajuicio y la comunicación del líder espiritual, atrás referidas, es necesario pronunciarse al respecto, porque reitérese, mientras la reseñada causal exige la existencia de un documento encontrado con posterioridad al fallo, la interesada allega en realidad testimonios unos rendidos ante notario y, otro dirigido “a quien corresponda” y, si bien los mismos constan en un escrito, también lo es, que tal circunstancia no varía la naturaleza del medio probatorio requerido, es decir, la esencia del documento, pues independientemente que el contenido se encuentra plasmado en un papel, lo cierto es, que de ellos se advierte la declaración de un tercero; luego entonces tal falencia, trae consigo sin duda alguna el rechazo de lo pretendido por la actora.

Sobre el particular, esta Sala ha expresado que:

“(…) la circunstancia de que esas declaraciones se consignen en un escrito, ello es importante, no transforma el testimonio en prueba documental, en orden a excluirlo de la exigencia de la ratificación, diligencia esta que, tratándose de documentos declarativos emanados de terceros, sólo es necesaria cuando la parte contraria lo solicite (nral. 2º, art. 22, Decreto 2651/91, hoy nral. 2º art. 10 Ley 446/98). Al fin y al cabo, no puede confundirse el documento como continente, que es una cosa, con las manifestaciones vertidas en él, más precisamente, con el acto documentado, en este caso el testimonio.

“Esa transmutación –es cierto– no puede ocurrir, porque las disposiciones probatorias, ab antique, han diferenciado esencial y diáfanamente los dos medios de prueba en comento –testimonio y documento–, de suyo, dueños de fisonomía propia y, por contera, de autogobierno y sustantividad, fijándole a cada uno la forma precisa para ser incorporados al plenario” (Cas. Civ., 19 Nov. 2001, Rad. 6406, citada en CSJ SC, 18 sep. 2013, Rad. 00105-01 y 10 nov. 2014, Rad. 2007-00941-00).

Y, en un caso que guarda simetría con el actual, en esta precisa materia, la Corte tuvo oportunidad de señalar que:

“(…) En cuanto hace al dislate fundado en que el tribunal no hizo actuar el numeral 2º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, respecto de los escritos que obran a folios 213 y 214 del cuaderno principal, en los cuales se expresó que “[l]os abajo firmantes, (….), manifestamos que conocemos de trato, vista y comunicación a la [s]eñora Fracelina del Carmen Grimaldo Grimaldo y que convivió aproximadamente como veinte (20) años con el [s]eñor Juan Alberto Peñaranda Uribe, con quien tenía una relación permanente”, suscritos por un numeroso grupo de personas, son pertinentes las siguientes apreciaciones:

2.3.1. Como medios de prueba autónomos e independientes que son, no es factible confundir el testimonio y los documentos, elementos de juicio sometidos, cada uno, a un régimen propio en cuanto a su solicitud, el primero, o aducción, los segundos, decreto, práctica y valor demostrativo.

Ahora bien, la circunstancia de que las declaraciones de terceros se recojan en actas que constan por escrito y que, en su forma, pudieran calificarse como documentos, no desvanece la advertida distinción y, mucho menos, torna aplicable a aquellas el régimen que el Código de Procedimiento Civil prevé para estos.

2.3.2. Según se desprende de los artículos 214 y 226 a 228 de la obra en cita, el testimonio es la declaración que en relación con los hechos que interesan a un proceso rinde quien no ocupa la posición de parte en él, mediante la cual relata, bajo la gravedad de juramento y ante la autoridad judicial respectiva, la información que tiene sobre los mismos, de forma espontánea, exacta y completa, debiendo exponer “la razón de la ciencia de su dicho” y explicar “las circunstancias de tiempo, modo y lugar” en las que ellos tuvieron ocurrencia y, además, la forma como llegaron a “su conocimiento”.

2.3.3. De suyo que si, como atrás se registró, en los medios de convicción sobre los que versó la queja del censor que se analiza, personas distintas a quienes tienen la calidad de parte en el presente litigio, informaron el conocimiento que tenían sobre el hecho más relevante de la controversia, como era la convivencia que, según ellas, existió por más de veinte años entre la aquí demandante y el señor Juan Alberto Peñaranda Uribe, esas manifestaciones califican como genuinos testimonios y, por lo mismo, independientemente de que consten por escrito, no eran permeables a las reglas propias de los documentos…” (Subrayados fuera de texto) (CSJ SC 9 jun. 2015, Rad. 2010-00430-01).

11. Ahora bien, en lo que se refiere a las certificaciones o constancias suscritas por la fonoaudióloga del señor Vaisberg Chejter y el Alcalde Local de Teusaquillo, en el que afirma la primera que el paciente asistía a consulta acompañado de la señora Zenaida Macías, a quien presentaba como esposa y, era la persona que encontraba cuando se trasladaba al apartamento de aquel, y el segundo que se limita a informar la residencia actual de la aquí actora, es necesario manifestar que además de no cumplir con el elemento ya descrito, esto es, la preexistencia material de la prueba, pues datan de 10 de enero y 28 de febrero de 2012, tampoco cumplen con la exigencia de la trascendencia del material probatorio arrimado.

Y, ello es así porque de lo afirmado por la galeno y la autoridad referida, no puede colegirse cuál fue en realidad, la relación que existió entre los nombrados, ni el período de duración de la misma, ni sus características, por lo tanto, se trata de una situación fáctica que nada sugiere frente a la declaración de unión marital de hecho solicitada por la recurrente.

12. Concretando las anteriores precisiones al aspecto que es materia de análisis, se observa que las afirmaciones expuestas en el recurso extraordinario no comprenden los elementos exigidos para la configuración de la causal primera de revisión; en tanto que, de una parte, las pruebas aportadas no eran preexistentes al fallo objeto de debate sino producidas con posterioridad al mismo y, de otra, que como medios probatorios no constituyen documento sino testimonios, además brilla por su ausencia la transcendencia o relevancia que permitiera advertir que de haber sido aportados durante el trámite del sub júdice hubiesen incidido necesariamente en la decisión final adoptada; por el contrario, se advierte la inconformidad de la recurrente frente a la sentencia adversa, pues no resultó favorable a su fines, empero ello no significa que a través de pruebas mejoradas y realizadas con posterioridad, como aquí quedó demostrado, pueda lograr quebrantar la firmeza de una sentencia debidamente ejecutoriada.

No sobra reiterar que de un estudio ponderado de la demanda de revisión planteada, los alegatos y las pruebas allegadas ante esta corporación, lo que se pretende en realidad es la reapertura del debate judicial ya clausurado con el fallo sometido a revisión.

13. En conclusión de lo discurrido, la Corte colige que no se configuran los requisitos establecidos en el ordenamiento procesal para declarar probada la causal de revisión propuesta, y por tanto corresponde declarar infundado el recurso extraordinario interpuesto.

A pesar de la improsperidad de las acusaciones, debido a que la recurrente está beneficiada con amparo de pobreza, no procede imponerle condena en costas de conformidad con la previsión contenida en el inciso primero del artículo 163 del Código de Procedimiento Civil.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión objeto del presente pronunciamiento.

2. Sin condena en costas, en razón de habérsele concedido a la actora amparo de pobreza (fls. 77-79 cd. Corte).

3. Comunicar esta decisión al ICBF para los efectos de su incumbencia. Ofíciese en tal sentido.

4. Devolver, cumplido lo anterior, el expediente al juzgado de origen, junto con copia de esta providencia. Una vez lo anterior, archívese lo actuado.

Notifíquese y cúmplase».