Sentencia SC7805-2015/2010-00006 de junio 19 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 11001 31 03 033 2010 00006 01

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Bogotá, D.C., diecinueve de junio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Pertinente resulta mencionar ab initio que en 1970, cuando se adoptó el Código de Procedimiento Civil a través de los decretos 1400 y 2019, en el artículo 97, se contempló la posibilidad de que el demandado, junto con otras defensas que podía asumir, presentara excepciones previas. Estos impedimentos procesales debían tramitarse observando el procedimiento previsto para los incidentes y su decisión se adoptaba mediante auto (arts. 98 y 99). Existía, entonces, total claridad en el legislador en cuanto que la sentencia que, eventualmente, debiera dictarse, estaba reservada para la definición de las pretensiones y de las excepciones que no tuvieran el carácter de previas (art. 302 ib.).

La justificación de esa regulación evidenciaba el criterio acogido por la normatividad patria en torno a que dichos mecanismos no confrontaban lo sustancial del conflicto; solo tenían como función mejorar o depurar el procedimiento con miras a finiquitar en el fondo la contienda.

Así se refirió, en reciente oportunidad, la Corte sobre dicho mecanismo:

(…) una excepción cuya naturaleza es eminentemente previa o de previo pronunciamiento, equivalente a las que en pretérita oportunidad eran conocidas como dilatorias procesales o, simplemente, procesales (exceptiones dilatoriae judicis). Esta última connotación dimana de sus elementos, pues resulta innegable que su cometido no es el de enervar las pretensiones, ni procura inmiscuirse con el fondo de la cuestión debatida con miras a extinguir el derecho sustancial reclamado, sino, contrariamente, a impedir que el funcionario profiera una sentencia de fondo en la que aborde los aspectos sustanciales. Su objetivo fundamental es, pues, suspender, temporal o definitivamente, para oportunidad distinta, el fallo en ciernes; para decirlo en otros términos, su formulación por el demandado (que es ineludible) está determinada por el interés de persuadir al funcionario judicial de no proferir en las condiciones que evidencia el litigio, el fallo definitivo, habida cuenta que en su parecer existen circunstancias especiales que afectan el procedimiento (CSJ SC 15 de enero de 2010, Exp. 1998 00181 01).

Plasmado lo anterior, deviene incuestionable que tales instrumentos, en línea de principio, no tienden a desvanecer el derecho del actor sino a mejorar el trámite del proceso pertinente, precisamente, con miras a propiciar una sentencia de mérito; por tanto, las causas que conducen a su estructuración no conciernen, ciertamente, con las pretensiones y su viabilidad.

2. No obstante esa nitidez conceptual que allí quedó registrada (art. 97), se introdujo una excepción a dicha regla y, en el texto original de la mentada norma, concretamente, en el inciso 2º del numeral 8º, se autorizó que las circunstancias que dieran origen a la ‘cosa juzgada, transacción, prescripción o caducidad’, podían aducirse como excepciones previas. Esta disposición legislativa dio lugar a lo que la doctrina y jurisprudencia llamaron ‘excepciones mixtas’, es decir, defensas que podían, indistintamente, aducirse como excepciones de fondo atendiendo su naturaleza y/o, como previas.

La Corte, en la providencia memorada, expuso:

(….) por mandato del último inciso del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, el demandado está habilitado para proponer “como” previas las excepciones de cosa juzgada, transacción o caducidad, cuya naturaleza sustancial no niega, ni por ello se desdibuja, pero que por diversas razones de política judicial, la economía del proceso entre ellas, autoriza diligenciar anteladamente. Es claro, entonces, que no asumen, por esa razón, el carácter de previas, pues a la vista está que no inciden en la regularidad del trámite procesal, sino en la relación sustancial, solo que el legislador, de manera francamente sui generis, habilita su alegación en las mismas condiciones y bajo el mismo trámite que aquellas.

3. Esta situación, por supuesto, tuvo importantes defensores y detractores. Se resaltaron las bondades de dicha regulación; empero, también, hubo reparos significativos, principalmente alrededor de la restricción que surgía para poder impugnar la providencia que las resolvía a través de los recursos extraordinarios, habida cuenta que estos solo procedían en contra de sentencias según el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, mientras que la resolución de dichas excepciones correspondía adoptarla mediante auto interlocutorio.

4. En el año 1989, se expidió el Decreto 2282 y, si bien, a través del mismo, se introdujeron varias modificaciones al Código de Procedimiento Civil, las disposiciones existentes sobre dicha forma de oponerse al accionar del demandante no fue alterada, salvo la exclusión de la ‘prescripción’ de ese listado. Empero, el legislador fue claro en que el funcionario de turno, competente para decidirlas, debía hacerlo a través de auto. Así permaneció la norma y, en el año 2010, se produjo una importante modificación.

5. En efecto, con la expedición de la Ley 1395 de esa anualidad, se modificó el artículo 97 quedando de la siguiente forma: i) podían aducirse también como excepciones previas, la cosa juzgada, la transacción, la caducidad de la acción, la prescripción extintiva y falta de legitimación en la causa; y, como una importante novedad, se estableció que ii) Cuando el juez encuentre probada cualquiera de estas excepciones, lo declarará mediante sentencia anticipada. Ese texto está vigente hasta cuando entre a regir el artículo 100 de la Ley 1546 de 2012 (Código General del Proceso), que excluye, por completo, la posibilidad de aducir esa clase de excepciones como previas.

6. De manera que la reforma adoptada por la Ley 1395 de 2010, no solo incrementó el número de eventos que podían invocarse bajo la cuerda procedimental de los impedimentos procesales, sino que, validó la inconformidad registrada de tiempo atrás sobre la necesidad de habilitar los recursos extraordinarios frente a la decisión que al resolverlas las declaraba probadas y, ciertamente, el mecanismo para lograr tal fin fue establecer que su definición debía hacerse mediante sentencia, aunque la misma, por expresa consagración, procedía de manera ‘anticipada’.

Desde luego, dicha reforma implica ajustar a ese propósito las restantes normas del Código de Procedimiento Civil, alusivas al tema, pues existen algunas disposiciones verbigracia, el artículo 302 ibídem, que expresamente dice que la sentencia es aquella decisión que resuelve excepciones de fondo y no previas, regulación que pareciera engendrar alguna contradicción que, en verdad, no existe siguiendo esa línea interpretativa.

7. Cumple resaltar que la génesis de la ley señalada evidencia con claridad incontrovertible el propósito buscado por el legislador. Los ponentes justificaron la reforma incorporada con la siguiente reflexión (informe de ponencia para primer debate en Cámara de Representantes al Proyecto de Ley 255 de 2009 —Cámara— y 197 de 2008 del Senado):

“ART. 6º—Para unificar la decisión de las llamadas excepciones mixtas, las cuales pueden ser presentadas como previas, se modifica el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, adicionándose la prescripción extintiva y falta de legitimación en la causa, las cuales se decidirán mediante sentencia en caso de prosperar, teniendo en cuenta que su contenido es de derecho sustancial, dejando a salvo, de esta manera, la interposición de recursos, particularmente los extraordinarios” (hace notar la Sala).

Posteriormente (mayo de 2010), se adicionó dicha ponencia con el siguiente texto:

“la resolución de estas excepciones, la cual será mediante sentencia anticipada. Con esta propuesta se crea la posibilidad de que estos asuntos, que son sustanciales, puedan ser objeto de casación”.

La propuesta para el segundo debate en la Cámara de Representantes continuo igual y, a la postre, así se aprobó.

8. En definitiva, por esa vía, objetivo principal de la modificación plasmada, se hizo realidad la posibilidad de que la providencia que resuelva una de aquellas excepciones, sea susceptible de atacarse a través ya de la casación ora de la revisión (C.P.C., arts. 366 y 379), habida cuenta que dichas normas prevén tales medios de impugnación frente a sentencias, naturaleza de la que goza la providencia que resuelve esa clase de excepciones a partir de la vigencia de aquella disposición.

Desde luego, la regulación de estas últimas reglas jurídicas no distingue en cuanto a si la sentencia proferida es ‘anticipada’ o no, luego, sin resquemor alguno el recurso extraordinario es procedente.

9. Ahora, de cara al caso bajo estudio, por sabido se tiene que transitar por los caminos propios del recurso extraordinario de casación, como de tiempo atrás se ha establecido, tanto por la jurisprudencia de esta corporación al igual que por la doctrina patria, impone el acatamiento de un mínimo de formalidades que, de manera perentoria, han sido establecidas por los artículos 373 y 374 del Código de Procedimiento Civil, reflejo inequívoco de la consagración constitucional del art. 29, alusivo al debido proceso.

Bajo esa consideración, deviene inevitable que al confrontarse una sentencia judicial a través de este medio de impugnación, su promotor resulte compelido a enjuiciar la totalidad de argumentos que la corporación acusada exhibió como soportes del fallo adoptado (thema decissus); es decir, el embate debe ser preciso y claro (art. 374 ibíd.), por ello, la exposición de motivos, soporte de la censura, ha de blandirse en forma tal que abarque todos los aspectos basilares de la misma. Además, en cuanto que el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, contempla diversas vías para confutar la decisión recurrida, cada motivo que el inconforme considere válido para formular el reproche pertinente, debe ser encausado por la senda casacional que le corresponda; en otros términos, no es posible involucrar, simultáneamente, en un solo cargo, aspectos anejos a una u otra causal de casación, amén de guardar la simetría que impone una embestida de tales características. Sin perjuicio, por supuesto, de la directriz y potestad extendida a la Corte por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.

2. Al revisar el escrito aducido por el promotor del recurso extraordinario, observa la Sala que el mismo no se avino, en rigor, a los postulados señalados precedentemente.

2.1. Por ejemplo, en folio 17, al desarrollar el cargo formulado, el actor afirmó lo que sigue:

“El artículo 29 que consagra el debido proceso Constitucional se desconoce en la sentencia en la medida en que no se dio aplicación al principio consagrado en el artículo 187 que señala ‘Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigna a cada prueba’

Es decir, para el impugnante, el tribunal violó una regla concerniente con la apreciación de las pruebas recaudadas, es decir, el fallador incurrió en un error de derecho y no de hecho como fue el trazado de la acusación.

En otro aparte de la sustentación (fl. 23), expuso:

“(…..) sin dar oportunidad al debate probatorio necesario para demostrar los hechos de la demanda y validez de las pretensiones” (la corte hace notar), camino que condujo al desconocimiento del derecho a la igualdad ante la ley.

La queja, en ese contexto, no alude, en verdad, al hecho de haberse ignorado o supuesto elementos de juicio, equivocaciones que caracterizan el error de hecho; la inconformidad del recurrente concierne con haber precipitado la decisión sin que el recaudo probatorio necesario para la demostración de los hechos alegados, hubiese podido ser allegado al proceso. Para el impugnante, el tribunal no proveyó la posibilidad de traer a juicio la probanza indispensable y, contrariamente, dictó sentencia anticipada. En ese orden, el juzgador se apartó de las reglas que regulan la disciplina probatoria, es decir, resolvió sin contar con las pruebas pedidas por las partes (arts. 174 y 183 ibíd.), hipótesis que conduciría, eventualmente, a una violación de las normas que rigen dicha actividad, (error de derecho), o a estructurar una nulidad procesal, en todo caso, la causa del enojo debió canalizarse por otra vía.

Más adelante (fl. 26), persistiendo en el desliz referido, sostuvo:

“Si la entidad demandada negó hechos determinados para el proceso, esas negaciones indefinidas, no podían ser tomadas como prueba para declarar demostrada la excepción de falta de legitimación por pasiva”. En esta ocasión, en sentir del casacionista, a determinadas manifestaciones de la accionada, efectuadas en la contestación de la demanda, el fallador les dio categoría de negaciones indefinidas y, además, las validó para dar por acreditados ciertos hechos, lo que, en su sentir, no procedía.

Todos los anteriores eventos constituyen parte del fundamento de la acusación, sin embargo, de ser ciertos, estructurarían un típico error de derecho o, según las circunstancias, un vicio procesal con capacidad para generar nulidad de la actuación cumplida, pues atañen, por un lado, a las normas que rigen la petición, decreto, incorporación y valoración de los medios persuasivos o en la necesidad de que el juez falle con observancia de los elementos de prueba que las partes solicitaron de manera oportuna y procedente; por otro, en la observancia estricta del debido proceso.

Sin embargo, como se recordará, el actor trazó el embate como un yerro de hecho, dejando al descubierto una mixtura que es repulsada por la dinámica del recurso analizado.

Al respecto, esta corporación, en multitud de pronunciamientos ha valorado el tema, de los que huelga memorar el siguiente:

“Por consiguiente, la conculcación indirecta de la ley sustancial basada en errores probatorios, presupone especificar en forma prístina y concreta la clase de yerro, las pruebas de las cuales se predica, su demostración inequívoca, importancia e incidencia en la sentencia con una argumentación simétrica a su especie, sin confusión, mezcla, simbiosis, ni desviación alguna por tratarse de conceptos diferentes, excluyentes e incompatibles, no susceptibles de reclamación simultánea en un mismo cargo”.

“A dicho propósito, [l]a Corte de vieja data, ha iterado la natural dicotomía de los errores de hecho y de derecho e imposibilidad de invocarlos al mismo tiempo respecto de unos mismos elementos de convicción. En tratándose de yerros fácticos, menester señalar la suposición, preterición o alteración, ya por adición ora por cercenamiento de las pruebas, y ‘si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción’ (C.P.C., art. 374, in fine) (…) A este propósito, ‘es sabido que en el campo de la casación, el error de hecho y el de derecho, ‘no pueden ser de ninguna manera confundidos’, pues aquel ‘implica que en la apreciación se supone o se omitió una prueba’, mientras que este parte de la base de ‘que la prueba fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia’ (Sent. 187 oct 19/2000, Exp. 5442); esta diferencia permite decir que ‘no es admisible para la prosperidad del cargo en que se arguye error de hecho, sustentarlo con razones propias del error de derecho, ni viceversa, pues en el fondo implica dejar enunciado el cargo pero sin la sustentación clara y precisa que exige la ley; y, dada la naturaleza dispositiva del recurso de casación, le está vedado a la Corte escoger a su libre arbitrio entre uno y otro yerro’ para examinar las acusaciones (Sents. 77 sep. 15/98, Exp. 4886; 112 oct. 21/ 2003, Exp. 7486; entre otras)’ (cas. civ. Sent. Abr. 23/2009, Exp. 11001-31-03011-2002-00607-01). En sentido análogo, ‘el error de derecho excluye la preterición y la suposición de prueba, bases estas que sustentan el error de hecho; y se presentan en síntesis cuando la sentencia exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reclama; o cuando viendo la prueba en su exacta dimensión no le atribuye a ella el mérito que la ley le asigna para demostrarlo;o, en fin, cuando se lo niega por estimar que el medio fue ilegalmente producido cuando así no sucedió’” (CSJ SC sep. 14/2011, Exp. 2005 0036601).

Ahora, si el ataque formulado tendía a cuestionar la sentencia por lo anticipada y, con ello, evidenciar la precipitud en la definición de la litis, comportando el cercenamiento de la oportunidad para un debate probatorio amplio con miras a acreditar el supuesto de hecho invocado en la demanda, igualmente, el actor desvió su camino, pues tal yerro, de haber existido, no implicaría un error de hecho, pues el sentenciador no pretirió pruebas ni dio por existentes algunas sin que obraran en el expediente; lisa y llanamente, concluyó un procedimiento establecido en la ley, empero, agotando todas las etapas procesales señaladas.

Obsérvese que en providencia de veintitrés (23) de junio de dos mil once (2011), —folio 49 del cuaderno 2—, el a quo dispuso el traslado de las excepciones previas formuladas por la parte demandada, incluyendo la de falta de legitimación por pasiva. El actor, aprovechando ese espacio procesal radicó el memorial que obra en folios 50 a 54 y, en dicho escrito, como elementos de persuasión, pidió que se tuvieran en cuenta “los documentos que obran en el expediente y las copias de la providencia del honorable tribunal – Sala Civil que estoy agregando” (fl. 54 ibíd.).

Y, cuando el juez de primera instancia resolvió tales excepciones, aplicó el numeral 6º del artículo 99 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en ausencia de pruebas por practicar (todas eran documentales), decidió las excepciones, tal cual quedó plasmado en la providencia de siete (7) de septiembre de dos mil once (2011) —folios 61 a 65 de la misma encuadernación—. Cumple resaltar que esa disposición, en su momento, fue sometida al control de constitucionalidad y mediante Sentencia C-494 de 2 de octubre de 1997, fue declarada ajustada a la Carta Política.

Ante el superior, como soporte del recurso de apelación formulado, el actor sostuvo: “En conclusión, se considera que el despacho adopta en la providencia conclusiones prematuras y que no pueden adelantarse sin que previamente se surta el debido proceso constitucional (sic) y se aporten suficientes elementos de juicio para determinar la existencia y el alcance de la responsabilidad contractual que se demanda» (fls. 9 a 13, cdno. 3). Sin embargo, no hizo petición adicional de pruebas (C.P.C., art. 361), ni formalizó la reclamación, por la vía que correspondía, tendiente a lograr que se acometiera el debido proceso ante una eventual vulneración; en fin, esa realidad procesal y la argumentación del recurso extraordinario evidencian que el tribunal no incurrió en el error de desatender pruebas existentes ni supuso las que no hacían parte del acervo probatorio. En ese orden, sin duda, no es un problema que condense un yerro de facto y, el proferimiento de la sentencia anticipada, es, en rigor, la aplicación de una norma procesal (arts. 97 y 99 ibíd.), luego de dicho proceder no puede endilgársele al tribunal error alguno.

Lo expuesto deja al descubierto que respecto de este cargo, el impugnante, de manera simultánea, refirió a aspectos relativos a errores de derecho y de hecho; además, los argumentos esbozados aluden a diferentes causales de casación, entremezcla que, como se advirtió, no resulta admisible en casación.

2.2. Pero el incumplimiento de las exigencias señaladas no solo se redujo al asunto reseñado. Ciertamente, el inconforme estructuró el ataque sobre temas que no hicieron parte de la base de la sentencia, es decir, no hay la correspondencia o simetría necesarias para exhibir un cargo idóneo.

Obsérvese que el Tribunal en la sentencia emitida afirmó que:

en ninguna de las pretensiones los demandantes reclaman el pago derivado de la promoción de la marca ‘Fagor’, de la cual es titular la sociedad cooperativa aquí demandada”.

“De la misma forma se puede observar que no se está pidiendo que se declare que la sociedad cooperativa debe ser condenada por ser responsable frente a los demandantes por su participación en la celebración, desarrollo y ejecución de un contrato. Todo lo contrario, las pretensiones apuntan inequívocamente a que se declare que existió un contrato de agencia comercial” —hace notar la Sala— (fls. 73 y 74, cdno. de segunda instancia).

Por tanto, si el tribunal focalizó su motivación en las súplicas o pretensiones, el actor, para exhibir una acusación acorde con los cánones del recurso invocado, debió demostrar que, en las pretensiones incorporadas en el libelo genitor sí aparecían las referencias echadas de menos por el ad quem.

No obstante, el libelista, en la sustentación de la acusación extraordinaria, para confutar las reflexiones del sentenciador, sostuvo que dicho funcionario apreció de manera inadecuada la demanda, concretamente, el aspecto fáctico de la misma y su contestación (fls. 24 y 25). Así lo puntualizó:

“El Tribunal desconoce el contenido de los hechos 4, 8 y 16 que señalan (….). El honorable tribunal no realizó ninguna valoración de la contestación de la demanda y particularmente de lo siguiente (…)” —las líneas no son originales—.

Situación semejante desnuda un desenfoque del cargo, habida cuenta que, para el sentenciador, las exigencias requeridas debieron estar incorporadas en las pretensiones, mientras que el recurrente alude a la demanda y, en particular, a los hechos y su contestación.

Y el impugnante agregó:

“sin que hubiera realizado el estudio de la génesis del Contrato y los actos contractuales por los cuales manifestó su presencia e interés en el contrato de manera que no puede negarse su vinculación solidaria a las obligaciones del contrato y, sobre todo, no se analizó que la acreditación de marca beneficia al propietario de la marca y de ahí su innegable solidaridad en las obligaciones que además surgieron por su iniciativa directa unas veces y otras a través de su filial” (fl. 23, cdno. de la Corte).

El argumento toral del sentenciador alude a la ausencia de petición expresa sobre la solidaridad de la demandada respecto de las obligaciones de su filial, empero, como acaba de reseñarse, el casacionista enfocó su planteamiento a otros aspectos.

Sobre la correspondencia que, necesariamente, debe existir entre las motivaciones del fallo recurrido y la acusación formulada, entre muchas otras decisiones, la Corte ha expuesto:

“Al respecto, pertinente es insistir en que los ataques en casación deben guardar total simetría con los fundamentos en los que el sentenciador de instancia respaldó las decisiones que adoptó en frente del litigio, puesto que, como aquí acontece, cuando el recurrente no es fiel a las razones que sirvieron de fundamento a la sentencia cuyo quiebre persigue, deja de atacar las que verdaderamente le prestaron pie de apoyo, que la no ser removidas, impiden, per se, que el respectivo pronunciamiento se derrumbe.

“En el punto, la Corte ha sido insistente al sostener que ‘(…) ‘el recurso debe orientarse a desvirtuar con sentido objetivo de integralidad la base jurídica del fallo; de no hacerlo, de no hacerse cargo en forma circunstanciada de todas las apreciaciones de fondo que conforman esa base o lo que a ello equivale en últimas, si desatiende la estructura del juicio jurisdiccional discutido y se aparta de la línea argumental que inspira la solución que en derecho se le imprime a la controversia por virtud de dicho juicio, el mencionado recurso es improcedente, improcedencia (…) que responde a necesidades conceptuales que sin duda se identifican con la naturaleza misma que en nuestro medio el ordenamiento le reconoce al recurso de casación (…)’’’ (Cas. Civ., Sent. Mar. 27/1992. Reiterada en fallo de mar. 25/1999, Exp.5089)” (CSJ SC dic. 9/2011, Rad. 2007 00892 01).

2.3. A lo anterior debe agregarse que la inconformidad exteriorizada aparece incompleta, pues algunos aspectos que sirvieron de soporte al fallo quedaron desprovistos de ataque. Resaltase lo que sigue:

“Pero, se itera, ninguna pretensión está encaminada a que se declare que la sociedad cooperativa es solidariamente responsable por ser la controlante o matriz de la sociedad Fagor industrial S.A. Colombia, quien es su filial o controlada” (fl. 74 ibíd.).

“Por lo tanto, si existió el anterior contrato, mal pueden los demandantes venir a reclamar esa misma pretensión (declararque existió contrato de agencia mercantil) frente a la sociedad cooperativa ‘Fagor industrial’ con base en los mismos hechos”.

“Ahora bien, no puede decir la parte demandante que se le está conculcando el debido proceso al no permitírsele utilizar este trámite para demostrar que la empresa demandada, como titular de la marca ‘Fagor’, es responsable de pagar por los servicios eficientes de acreditación y promoción de la misma, toda vez que ninguna de las pretensiones está orientada a pedir dicho pago (…)” —la Sala hace notar— (fl. 77, cdno. similar).

Para la corporación de segunda instancia, las pretensiones insertas en el libelo no reclaman el establecimiento, a cargo de la demandada, del compromiso de pagar las contraprestaciones y sanciones derivadas del contrato de agencia comercial, atendiendo su condición de solidaria. En esa medida, el tribunal infirió que la acción incoada no buscaba responsabilidad semejante. Bajo esa consideración, si el fallador erró al elucubrar de tal manera, al casacionista le correspondía emprender el ataque frente a tales conclusiones, sin embargo, el cargo no se ocupó de dicho tema.

Pero aparece otra afirmación del ad quem de mayor contundencia que, igualmente, quedó desprovista de confutación. El sentenciador, respecto del contrato de agencia comercial,manifestó:

“se dio fue frente a la sociedad colombiana Fagor industrial S.A., y no frente a la sociedad cooperativa Fagor Industrial”. (fl. 77, sentencia del tribunal).

Y, a partir de ello, se dedujo por parte del juez de segunda instancia la falta de legitimación en la pasiva. Sin embargo, para el actor,atestación de semejante jerarquía no ameritaba pronunciamiento alguno y, en efecto, quedó sin combatir. Se limitó a presentar su propia perspectiva más no enfrentó dicho argumento. No se controvirtió la percepción del fallador sobre la autoría del contrato.

Las apreciaciones vindicadas no fueron objeto de censura, al menos no se visualiza una confrontación directa por parte del impugnante. Y, si, las mismas quedaron libres de ataque continúan sirviendo de soporte al fallo, situación que permanece inalterada habida cuenta que a la Corte no le es permitido abordar circunstancias que el recurrente no involucró en su acusación.

3. Ahora, de dar por superadas las anteriores situaciones, suficientes, en todo caso, para conducir al fracaso la censura; abordando en el fondo la propuesta impugnativa, igualmente el recurso resulta frustráneo.

En efecto, según el fallador, la razón esencial para proferir sentencia fue porque encontró que la demandada Fagor industrial S.A. Coop., no tenía legitimación para hacer parte de la contienda judicial y no la tenía en cuanto que el contrato de agencia comercial “se dio fue frente a la sociedad colombiana Fagor industrial S.A., y no frente a la sociedad cooperativa Fagor Industrial» (fl. 77, sentencia del tribunal).

Para el juzgador de segunda instancia, entonces, la cooperativa accionada no podía, válidamente, ser convocada a proceso en cuanto que las pretensiones insertas en el libelo tenían como fundamento fáctico la celebración de un contrato de agencia comercial; empero, el tribunal encontró que dicho vínculo si bien era una realidad, quienes concurrieron a su celebración fue la parte actora y la sociedad Fagor industrial S.A., más no la demandada.

Teniendo como referente esa percepción, en la medida en que las prestaciones derivadas de un negocio jurídico, en línea de principio, solo pueden exigirse a quienes concurrieron a darle vida al mentado pacto, resultaba coherente que si la accionada no hizo parte del contrato de agencia comercial señalado en autos, como así lo concluyó, las declaraciones y condenas reclamadas no podían hacerse valer frente a ella. Esa forma de reflexionar antes que evidenciar yerro alguno, pone de presente la coherencia conceptual del fallo alrededor de los vínculos, obligaciones y deberes provenientes de dichos ejercicios contractuales.

Basta nada más revisar el texto del artículo 1317 de la ley de los comerciantes, para concluir que la condición de parte la asumen, de un lado, ‘el empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo’, por otro, ‘La persona que recibe dicho encargo’, que se denomina ‘agente’. Y, las prestaciones contempladas, incluyendo, por supuesto, la retribución del agente (art. 1322, ibíd.), y las sumas previstas en el artículo 1324 ibídem, refieren a este último en cuyo favor se constituyen y a cargo del agenciado. En fin, son las partes las llamadas a soportar una u otra carga derivada de dicho pacto.

En ese orden, como lo señaló el fallador, las pretensiones formuladas aludían al pago de comisiones, la indemnización pertinente por la terminación injusta del contrato y otras sumas exigibles únicamente al empresario en su calidad de agenciado, no podían ser acogidas no tanto porque resultaran improcedentes, sino, en la medida en que se reclamaban a un sujeto de derechos que no hizo parte de la negociación. Por manera que la demandada no era la llamada a responder por tales prestaciones.

Ahora, en el entendido y, de ello, no existe duda alguna, que la legitimación en causa, en particular la pasiva, alude al compromiso legal o contractual de quien debiendo la prestación respectiva es llamado a proceso para su satisfacción, de suyo surge que la decisión del tribunal resultó acertada, pues, según lo asentó en el fallo cuestionado, quien estaba compelido a responder por los reclamos de la parte actora no era la demandada sino quien, con ella, había celebrado el contrato de agencia comercial e, itérase, para el tribunal, ese vínculo se estableció entre los accionantes y la sociedad Fagor industrial S.A.

El artículo 1324 de la última codificación citada, establece, a propósito de las partes y las cargas económicas ante determinados sucesos, lo que sigue:

“(…) a su terminación el agente tendrá derecho a que el empresario le pague una suma equivalente a (…) (…). Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato, sin justa causa comprobada, deberá pagar al agente (…). La misma regla se aplicará cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario» (hace notar la Corte).

Y, según lo reflexionó el fallador, la demandada, citada como fue en su calidad de empresaria, no ejercía dicho oficio y, por ello, no podía comprometérsele a sufragar las sumas de dinero a que aludía la actora.

Analizada la sentencia y la acusación formulada en su contra, dentro de ese contexto, aflora, sin resquemor alguno, que, ciertamente, la accionada no era la sociedad convocada a satisfacer los requerimientos económicas de la promotora del reclamo.

4. La Corte, en las últimas décadas, ha insistido en que el libelo incoativo debe ser evaluado por el funcionario judicial integrándolo en su texto completo, es decir, la descripción fáctica e inclusive, la fundamentación jurídica, deben sopesarse en armonía con las pretensiones formuladas tratando, así, de proyectar con la mayor fidelidad lo que el accionante reclamó de la jurisdicción.

Sin embargo, ese ejercicio no puede desbordar el verdadero propósito que la parte actora expresó o materializó en las súplicas formuladas, pues, en tal hipótesis, se estaría desconociendo el principio de congruencia de los fallos judiciales en cuanto que “la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda (…)”.

Y, como se recordará, el juzgador de segunda instancia fue persistente en que en ‘las pretensiones’, la parte actora no elevó la solicitud para declarar o condenar en los términos que ahora, en este recurso extraordinario, trata de reivindicar.

5. No debe olvidarse que el juez de segundo grado dejó plasmado, expresamente, que en las pretensiones formuladas, los accionantes no solicitaron que la condena reclamada a cargo de la cooperativa se hiciera atendiendo esa solidaridad; contrariamente, resaltó el ad quem, las súplicas procuraban establecer la responsabilidad a cargo de dicho ente, como empresaria o contratante, en todo caso, como parte directa del negocio, situación que no fue acreditada en el expediente.

A ello debe agregarse, como se recordará, que esas reflexiones del tribunal no fueron combatidas por el casacionista, manteniéndose incólume tal parecer.

6. Atendiendo esa misma argumentación, queda en evidencia que la evaluación sobre el origen de la relación contractual (verbal) de la empresa española y la persona natural y, luego, la jurídica, colombianas, se tornaba innecesaria e intrascendente, habida cuenta que, para la corporación falladora las pretensiones procuraban la declaratoria de existencia del contrato de agencia comercial y, dicho pacto, como se precisó líneas anteriores, tuvo ocurrencia entre personas diferentes, luego no había lugar a pronunciamientos diferentes.

El cargo no prospera.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veintitrés (23) de julio de dos mil doce (2012), proferida dentro del proceso ordinario promovido por la sociedad ‘las viviendas Ltda. —Dotacero—’ y Eduardo Peña Gómez, contra la cooperativa ‘Fagor industrial S.A. Coop.’.

Costas a cargo de la parte recurrente. Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $ 6.000.000, atendiendo, además, que la opositora hizo presencia en este trámite, dando respuesta al recurso.

Cópiese, notifíquese y, en su momento, devuélvase.

Aprobado en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil quince».