Sentencia SC7824-2016/2006-00272 de junio 15 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001 31 03 029 2006 00272 01

Magistrada Ponente:

Margarita Cabello Blanco

Aprobado en sesión de dieciséis de junio de dos mil quince

Bogotá, D.C., quince de junio de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la señora María Esperanza Castellanos, demandante, contra la sentencia proferida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011), por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario por ella instaurado contra Wilson Lancheros, Adan Robayo Santana y las sociedades radio Taxi Aeropuerto S.A. y Liberty Seguros S.A.

Antecedentes

1. La accionante, ante el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá, despacho escogido una vez agotado el correspondiente reparto (folio 52, cuaderno Nº 1), a través de apoderado judicial designado al efecto, demandó a las personas y entidades señaladas en precedencia, reclamando, en esencia que: “se condene a los demandados al pago de los daños materiales y morales así: a. daños materiales A.1 Lucro cesante. Se deberá cancelar por este rublo a la señora María Esperanza Castellanos la suma de cuatoscientos (sic) sesenta y dos millones de pesos m/cte ($ 462.000.000). C- Daños morales y de relación (sic)”. Respecto de este último perjuicio, de manera puntual, expuso:

“Con motivo de la comisión del hecho realizado, mi poderdante ha sufrido trastornos emocionales, depresión, angustia, que le ha afectado, su vida, las relaciones interpersonales, los cuales avalúo en:

“1. 1000 Salarios mínimos mensuales legales, para la señora María Esperanza Castellanos.

2. Los intereses legales (art. 1617 del C.C.) de las sumas antes indicadas, a partir del día 23 de Octubre de 2.005, y hasta cuando se verifique su pago.

3. La indexación de la suma antes determinadas (sic), a partir del día 23 de Octubre de 2.005, y hasta cuando se verifique su pago, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor que certifique el ‘DANE’.

4. En subsidio de las anteriores pretensiones patrimoniales, solicito se reconozcan los daños Materiales y Morales, que resulten demostrados y tasados pericialmente.

(…)”

(Folios 166 y 167, cuaderno principal).

2. Las súplicas memoradas contienen los aspectos fácticos que se compendian:

2.1. El día veintitrés (23) de octubre de dos mil cinco (2005), la demandante se transportaba en el vehículo de placas SFN-100, de servicio público (taxi), manejado por el señor Wilson Lancheros, y, durante el recorrido, colisionó con los automotores de placas VDF-784 y SGQ-125, cuyos conductores, en su orden, eran Wilson Zapata y Ronald Vergara.

Para esa fecha, la señora Castellanos contaba 43 años de edad, gozaba de excelente estado de salud y, según la Resolución 497 de 1997, expedida por la ‘Superintendencia Bancaria’, su expectativa de vida era de 35.52 años más.

2.2. En el libelo se afirmó que el taxi en el que se desplazaba la accionante era de propiedad del señor Adan Robayo Santana; se encontraba afiliado a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., y, además, respecto del mismo, estaba vigente un seguro de responsabilidad civil contractual emitido por la sociedad Liberty Seguros S.A.

2.3. A raíz del accidente, la pasajera (demandante), sufrió heridas de consideración y el Instituto de Medicina Legal, las dictaminó así:

“Anamnesis: Asiste a tercer reconocimiento legal, se revisan reconocimientos anteriores, de las lesiones descritas en dichos reconocimientos presenta: marcha con muleta auxiliar izquierda persisten dos cicatrices de 1 cms de longitud cada una en la cara anterior externa de rodilla derecha, visibles no ostensibles. Edema en la rodilla derecha, arcos de movilidad de la rodilla derecha severamente disminuidos, flexión de la pierna sobre el muslo hasta 90 grados. Cicatriz lineal y oblicua de 5 cms de longitud en la región frontal izquierda, cicatriz hipercromica de 3 cms de longitud paralela a la anterior frontal izquierda, cicatriz de 2 cms de longitud y otra de 1 cm de longitud en parpado superior izquierdo. Presenta: conclusión mecanismo causal: contundente, corte contundente incapacidad medico (sic) legal: definitiva. Cincuenta (50) días. Secuelas medico legales: deformidad física que afecta el rostro, de carácter permanente, perturbación funcional de miembro, de carácter permanente: Perturbación funcional de órgano de carácter permanente, a determinar otros secuelas si las hubiere la paciente debe ser valorada por odontología forense”.

2.4. La accionante, para la fecha del siniestro, era empleada de la Congregación de Hermanos de las Escuelas Cristianas —Instituto San Bernardo de la Salle—, ‘devengando la asignación mensual en la suma de quinientos mil pesos m/cte ($ 500.000) mensuales (sic), e igualmente se desempeñaba prestando sus servicios los fines de semana en el establecimiento de comercio, cantares 60 y 70, devengando la asignación mensual de seiscientos mil pesos m/cte ($ 600.000)’.

2.5. La víctima, promotora de esta acción, por razón del accidente, perdió sus empleos y está ‘viviendo de la caridad de su familia y amigos en la actualidad’.

2.6. Debido a la situación presentada, la actora y sus dos hijos, menores de edad ambos, ‘han sufrido el padecimiento del estado de salud, físico, y psicológico de su madre, irreparables daños de afección, angustia, dolor, como son los petitum (sic) Doloris (Daños Morales)’. Luego, tanto a ella como a su prole, los responsables del hecho que motivaron esta acción, deben repararles los perjuicios materiales, morales y de relación.

3. En su momento, una vez fueron vinculados formalmente al proceso, los demandados resistieron la acción incoada y, con tal propósito, por separado, se manifestaron respecto de las pretensiones y, además, propusieron excepciones de fondo bajo las siguientes características:

3.1. La aseguradora Liberty Seguros S.A., se opuso rotundamente a las súplicas formuladas (folios 60 a 65, cuaderno Nº 1), aduciendo que la naturaleza de su intervención no habilitaba una decisión en donde se le hiciera responsable de manera solidaria. Sobre los hechos dijo que algunos eran ciertos y otros, la mayoría, no le constaban.

Las defensas que adujo las denominó: ‘Inexistencia de obligación de indemnizar por ausencia de culpa’, soportada en que hasta tanto no se estableciera la responsabilidad de su asegurado, no era posible que fuera llamada a efectuar alguna erogación, pues las características del contrato de seguro así lo imponen; ‘Culpa de un tercero’, en cuanto que el señor William Fernando Cortés quien conducía el vehículo de placas SGQ125, fue el causante de la colisión, luego es a él a quien le corresponde asumir el compromiso indemnizatorio; ‘Límite del valor Asegurado’, que, conforme lo regula el artículo 1079 del C. de Co., ante la eventualidad de declararse responsable del siniestro al chofer del automotor de placas SFN100, su amparado, la obligación de la aseguradora no podía exceder del monto de lo asegurado.

3.2. A su turno, el señor Adán Robayo Santana, en escrito obrante en folios 82 a 85, expuso, frente a lo pedido por el gestor de la demanda, que: ‘No nos pronunciamos, nos atenemos a lo que procesalmente se establezca Frente a las Pretensiones (sic) contenidas en el Libelo Demandatorio (sic)’; alusivo a los hechos aceptó algunos y de los demás expuso que no le constaban. En cuanto a los medios exceptivos formulados, los llamó ‘Falta de Legitimidad por pasiva’, bajo el argumento que si bien el automotor de placas SFN-100 figura a nombre del señor Robayo, lo cierto es que él, el 21 de marzo de 1995, lo vendió a la empresa Elbert Beltrán y Cia, hoy, Districars Ltda, por tanto, para el momento del accidente, no tenía el control o no era el guardián del bien con el que se generó el daño; ‘Llamamiento de poseedor o tenedor’, sustentada en que la última sociedad mencionada, el 24 de marzo de 1995, enajenó dicha máquina a los señores Mireya Aurora Sánchez y Luis Alfonso Cajamarca, quienes, a su vez, lo transfirieron al señor Alberto Camacho, persona que para la fecha del suceso trágico era el poseedor del rodante; ‘Litisconsorcio necesario’, fundamentada en que, además de los demandados convocados, debieron ser citados, en esa misma calidad, los señores Wilson Zapata Velandia, Luis Pacheco García y Computaxi, vinculados todos ellos al taxi de placas VDF 784; Ronald Vergara Ardila, Lilia María de Vergara y Seguros del Estado, responsables del taxi de placas SGQ 125; ‘Temeridad y Mala Fe’, fundada en que en el diagnóstico emitido por el Instituto de Medicina Legal alusivo a la salud de la víctima (demandante), en ningún momento se dice que ella perdió los dientes por razón del accidente y, sin embargo, en este proceso, se piden exorbitantes sumas de dinero por esa y otras razones; además, no fueron afectadas las pólizas que existen para responder por siniestros como el acaecido.

3.3. El señor Wilson Lancheros fue notificado personalmente el veinticinco (25) de enero de dos mil siete (2007) – folio 101, cuaderno Nº 1), empero, vencido el término para contestar el libelo, guardó silencio.

3.4. La transportadora Radio Taxi Aeropuerto S.A., a su turno, dio respuesta a la reclamación formulada (folios 107 a 114 ib); escrito en el cual hizo expresa su intención de oponerse a las súplicas. Sobre los hechos, aceptó algunos y, respecto de otros, dijo no constarles. Las excepciones de mérito que propuso las llamó ‘No recaer en cabeza de la sociedad demandada las calidades que exige la ley para salir al pago de los perjuicios en calidad de tercero civilmente responsable’.

Expuso, para sustentarla, que dicha empresa no tenía vínculo alguno con el conductor del taxi SFN 100, señor Wilson Lancheros, por tanto, no puede atribuírsele responsabilidad por quien no estaba a su cuidado. Sin embargo, sostuvo, existe un contrato de afiliación con el carro o los propietarios del mismo y, el taxi de placas SFN100, para el 19 de noviembre de 1992, efectivamente, se encontraba afiliado a la empresa. Sobre los perjuicios reclamados, manifestó que no estaban suficientemente probados.

4. En su momento, la actora, adujo reforma del escrito incoativo (folios 165 a 173), que, por auto de veintiuno (21) de marzo de dos mil siete (2007), fue admitido. En lo fundamental, dicha actuación procesal implicó la incorporación al proceso de un nuevo accionado (Alberto Camacho); en lo demás, no hubo alteración del factum u otros aspectos.

Las accionadas Radio Taxi Aeropuerto S.A., y Liberty Seguros S.A., se pronunciaron frente a lo pedido en el proceso y, básicamente, asumieron igual posición que cuando dieron respuesta a la inicial actuación.

5. Siguiendo con la actuación prevista para esta clase de controversias judiciales, el cinco (5) de septiembre de dos mil siete (2007), se llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P.C., sin que haya habido conciliación ni, tampoco, alteración de los términos del litigio. Posteriormente, el veinticinco (25) del mismo mes y año, se abrió el plenario a pruebas. Culminada esta última etapa y fenecida la oportunidad para alegar de conclusión, el juzgador de conocimiento, el veintitrés (23) de abril de dos mil diez (2010), profirió el fallo de fondo (folios 673 a 690, cuaderno principal).

En dicha decisión, exoneró, por falta de legitimación en causa, a los señores Adán Robayo Santana y a Wilson Lancheros; declaró no probadas las excepciones propuestas por Radio Taxi Aeropuerto S.A., Liberty Seguros S.A., contrariamente, las declaró responsables de los perjuicios reclamados y, junto al señor Alberto Camacho González, les impuso condena al pago de ellos.

6. La anterior determinación fue recurrida en apelación por ambos extremos; en cuanto a la actora, al elevar la alzada, lo hizo de manera ‘parcial’ y adhirió al recurso formulado por su contraparte. El Tribunal acusado, al resolver la impugnación, lo que tuvo lugar el diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011) —folios 300 a 323—, decidió revocar los numerales 2º a 4º y 6º; modificar el numeral 5º y confirmar el numeral 1º de la determinación de primer grado. En definitiva, se decidió acoger la defensa blandida por Liberty Seguros S.A., lo que implicó su absolución; el lucro cesante reconocido en primera instancia ($ 134.731.223., fue negado y, en cuanto al perjuicio moral (numeral 5º.), su cuantía se incrementó a $ 40.000.000. M/cte.

7. La actora, en tiempo, frente a la decisión final emitida, concurrió a pedir sentencia complementaria argumentando para ello que, el ad-quem, no había emitido pronunciamiento alguno en lo relacionado con el ‘daño a la vida de relación’ (folios 327 a 357), no obstante que dicha petición fue incluida en la demanda, los alegatos de conclusión y en la audiencia prevista en el artículo 360 del C. de P.C. El juzgador negó la adición pedida.

En ese orden, lo resuelto en una y otra providencia indujo al promotor de esta acción, únicamente, a recurrir en casación, censura que, en su momento, la Corte admitió a trámite.

La sentencia del tribunal

El juzgador ad-quem acometió el estudio del tema litigado y, primeramente, dejó señalado que las condiciones necesarias para adoptar una determinación que resolviera el fondo, concurrían, en su totalidad, al proceso; también aludió a la ausencia de vicios o irregularidades que afectaran las actuaciones cumplidas. Respecto del fondo de la contienda, en lo esencial, asentó:

i) Que la litis concernía con una responsabilidad contractual derivada de las lesiones generadas a la accionante quien, como pasajera del vehículo SFN 100, es decir, en desarrollo de un contrato de transporte, terminó involucrada en un accidente con las consecuencias mencionadas;

ii) Que, por ello, en un comienzo, aquellas personas que conformaban la pasiva, citadas en calidad de conductor, propietario y poseedor del automotor, así como la empresa afiliadora y a la aseguradora, debían atender dicho reclamo.

2. Bajo esa percepción, el tribunal, en seguida, dejó plasmado que la prosperidad de las pretensiones dependía de la acreditación de:

‘un vínculo concreto de la naturaleza indicada entre quien como demandante reclama por la ilicitud de una conducta y aquél señalado como demandado es la persona a quien dicha conducta se le imputa’ (contrato); ii) ‘que esta última consiste en la inejecución o en la ejecución retardada o defectuosa de una obligación que por mandato de la ley o por disposición convencional es parte integrante del ameritado vínculo; iii) ‘que el daño cuya reparación económica se exige consista, básicamente, en la privación injusta de una ventaja a la cual el demandante no habría tenido derecho (daño) de no mediar la relación tantas veces mencionada’.

3. A partir de tales reflexiones, sostuvo, la relación contractual, referida a un contrato de transporte, estaba demostrada en el proceso, pues, para el momento del accidente, la actora era pasajera del automotor indicado líneas atrás, luego, ese primer requisito aparecía acreditado. Las consecuencias derivadas de dicho pacto, dijo, comprende a la sociedad Radio Taxi Aeropuerto S.A., vínculo del que expresó:

“Por manera que debe tenerse como un hecho probado la existencia del contrato de transporte celebrado entre la demandante y Radio Taxi Aeropuerto S.A., en consideración a que por su naturaleza consensual el mismo quedó perfeccionado cuando la actora tomó el automotor de servicio público (taxi) de placas SFN-100 para que fuera transportada de un lugar a otro, con la aquiescencia del conductor Wilson Lancheros” (folios 311 y 312, sentencia del tribunal).

4. El juez de la apelación afirmó, adicionalmente, con fundamento en el artículo 1003 del Código de Comercio, que el transportador debía responder por los daños generados a los pasajeros, con mayor razón si de las causales de exoneración allí previstas ninguna concurrió en el sub-examen. En esa perspectiva expuso:

“De suerte pues, que como la culpa devenida del incumplimiento no fue desvirtuada por la demandada Radio Taxi Aeropuerto S.A., no queda sino concluir que la misma permanece incólume, y por lo mismo en este punto se confirmará la sentencia apelada aunque por las razones plasmadas en esta providencia” (folio 314, del cuaderno del tribunal).

5. En lo que hace a la llamada en garantía, es decir, la aseguradora (Liberty Seguros S.A.), la corporación acusada optó por liberarla de cualquier reclamación, habida cuenta que el contrato de aseguramiento tenía como tomador y asegurado al señor Adán Robayo Santana, empero, si dicha persona fue exonerada en primera instancia, sin que alguno de los sujetos procesales replicara tal determinación, implicaba que esa decisión debía confirmarse. En ese orden, si la obligación de dicha empresa pendía de la responsabilidad de su asegurado, quien fue excluido de la litis, por obvias razones, esa sociedad debía, también, ser liberada.

6. El juzgador, luego de plasmar tales postulados, se encaminó a la cuantificación del perjuicio y, al respecto, puntualizó:

6.1. Alusivo al perjuicio moral, tanto para su definición como para su clasificación (morales objetivados y morales subjetivos o ‘pretium doloris’), invocó lo que en reciente oportunidad dijo la Corte Suprema de Justicia; posteriormente, señaló que en el expediente aparecía suficiente prueba sobre el daño generado a la actora y que tal detrimento derivó del accidente de tránsito, concluyendo que en desarrollo del ‘principio’ del ‘arbitrium judicis’ correspondía señalarle a la demandante una suma de cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) m/cte.

6.2. En cuanto a los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, el tribunal expuso que la demandante solicitó, durante el trámite de la alzada, que la afectación causada fuera nuevamente tasada atendiendo que, con posterioridad a la decisión de primer grado, debido a las lesiones y secuelas derivadas, el último dictamen incrementó la incapacidad, luego, la valoración de las pruebas allegadas durante el trámite de la apelación debía llevarse a cabo y, sobre el punto, sostuvo:

“Se advierte, sin embargo, que los aducidos documentos carecen del poder demostrativo que pretende imprimirles el impugnante como quiera que no cumplen las formalidades previstas en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, si se considera que por tratarse de documentos privados dispositivos provenientes de terceros, debieron suministrarse debidamente autenticados, lo cual no se cumplió en la medida en que solo se allegaron unas copias simples sin valor probatorio” (folios 318 y 319 ib).

“Basta lo anterior no solo para que no se acceda a la nueva tasación que de los perjuicios materiales (lucro cesante) solicitó la parte actora, sino para que se denieguen los perjuicios reclamados a título de lucro cesante, pues en este punto le asiste razón a la sociedad impugnante Radio Taxi Aeropuerto S.A en cuanto a que la demandante ‘no cumplió a cabalidad ‘las reglas de la carga de la prueba en materia civil’ y, de forma concreta, el principio jurídico fundamental ‘onus probando incumbit actori’, en la medida en que debió demostrar los ingresos que según ella percibió como empleada de la Congragación de Hermanos de la Escuelas Cristianas – Instituto San Bernardo de la Salle y en forma ocasional del establecimiento denominado Cantares 60 y 70”.

Después de tales consideraciones, el ad-quem agregó, a propósito del lucro cesante, que en el expediente no aparecía acreditado que el despido o la pérdida del empleo por parte de la actora hubiese tenido como causa directa el accidente; empero, de aceptarse esa razón, dijo, entre la demandante y su empleador existió una conciliación, por tanto, ante un incumplimiento lo que correspondía, por mandato legal, era promover la acción pertinente para hacer real esa prestación.

A lo anterior sumó que la ‘certificación’ obrante en folio 37 del cuaderno principal, solo es una copia simple y, en conformidad con el precepto 254 del C. de P. C., no puede brindársele valor probatorio.

Y, alusivo a la constancia expedida por la gerente de la empresa Cantares 60s y 70s, allegada al proceso en desarrollo del artículo 101 del C. de P.C., y, concretamente, dentro de la oportunidad allí prevista para modificar pruebas, el fallador consideró que esa oportunidad era restringida y no aplicaba para el evento descrito, pues, según lo esbozó, en el sub-lite no hubo variación de los términos del pleito y, bajo esas condiciones, no había lugar a aplicar dicha disposición. En ese orden, la aducción de elementos de convicción (certificación) tuvo lugar por fuera de los tiempos previstos en la ley, es decir, resultó extemporánea.

No obstante, sostuvo el fallador, al dejarse de lado tal apreciación jurídica, de todas maneras, la valoración del referido documento no puede implicar acoger su contenido, habida cuenta que:

“No indica que los servicios que se dijo fueron prestados por la demandante fueran constantes y que siempre devengara una suma mensual, a lo que cabe agregar que ni siquiera se especificó el año en el que se prestaron los servicios como contratista independiente” (folio 321 idem). Y concluyó:

“Por manera que como la demandante no probó que efectivamente hubiere sido contratada para desempeñar otras actividades laborales, ni mucho menos que hubiese podido obtener un ingreso por la suma de $ 462.000000. (sic) deprecada, aflora evidente que no se puede reconocer suma alguna por el rubro de lucro cesante”.

Luego de discernir en esos precisos términos, resolvió la instancia disponiendo la confirmación de la sentencia proferida por el a-quo, aunque, como se advirtió, con las modificaciones allí registradas, es decir; i) excluyó al señor Adán Robayo; ii) la empresa aseguradora, también, fue excluida, pues su suerte dependía de su asegurado; iii) negó el lucro cesante por cuanto que la documental allegada para soportarlo lo fue en copias simples; y, iv) la prueba que acreditaba esta modalidad de perjuicio se adujo en una etapa que la ley no permitía allegarla (art. 101).

En tiempo, la demandante solicitó al fallador ad-quem la complementación de la decisión adoptada y, ante este pedimento, se dijo por la corporación acusada:

“Consideró en este caso la parte demandante que en la sentencia de segunda instancia el Tribunal ‘solamente hizo una valoración de los daños morales, pedidos en al (sic) demanda, pero dejo (sic) de hacer un estudio, valoración y condena en concreto, frente a los daños a la vida de relación, reclamados en las pretensiones de la demanda (Fols 44 a 51 C.1), y su reforma (Fols 127 a 136 C.1), en el recurso de apelación adhesivo, presentado por el suscrito (Fols. 231 a 253 C.2) y dentro de la audiencia y el resumen de los alegatos presentados dentro de la misma, celebrada a voces del Art. 360 del C.P.C.’.

“Más es evidente que lo solicitado no cabe dentro de la hipótesis de la adición, pues más allá de la denominación de ‘daño a la vida de relación’ a que hizo referencia el petente, lo cierto es que la decisión del tribunal comprendió todos los extremos que enmarcaron la controversia suscitada entre las partes y no se observa que haya otro punto sobre el que sea forzoso decidir. Bien se comprenderá entonces que la decisión no tuvo omisión alguna que genere una complementación.

“Desde luego que en la providencia se señalaron cuáles fueron las específicas razones que le dieron convicción a la corporación sobre el caso concreto. No puede entonces el petente fundar la discrepancia de los argumentos de la decisión con los que a su juicio debieron ser tenidos en cuenta, pues mecanismos como la adición no pueden servir como elementos anarquizadores (sic) del procedimiento cuando con ellos se procura transmutar las decisiones adoptadas”.

La demanda de casación

Con fundamento en el artículo 368 del C. de P. C., acudiendo a la vía indirecta de la causal primera, el actor presentó en un solo cargo las inconformidades frente al fallo adoptado por el tribunal. La acusación alude a la comisión de evidentes errores de hecho y, además, algunas equivocaciones de derecho, en materia probatoria.

Cargo único

1. El casacionista fustiga la sentencia emitida por la corporación de segunda instancia porque, según lo aseveró, incurrió en la violación, vía indirecta, de los artículos 1613, 1614 y 2341 del C.C.; del 1003 del C. de Co., y del 16 de la Ley 446 de 1998, trasgresión que provino de la labor probativa que cumplió, al incurrir en dicha actividad en yerros tanto en lo fáctico como en lo jurídico, dando lugar al desconocimiento de los preceptos 179,180 y 307 del C. de P.C.

1.1. En efecto, según lo argumentó el recurrente, el sentenciador negó a varios de los documentos allegados al proceso, a petición de la parte actora, el poder de persuasión que la normatividad vigente les tiene reservado; empero, más allá de ese desliz, el juzgador se abstuvo de cumplir el compromiso que le asiste en su condición de director del proceso, es decir, hacer uso oficioso en materia de pruebas, en procura, ya de corroborar algunos de los aspectos de hecho esgrimidos o, dado el caso, la atestación de la cuantía del daño inferido.

El tribunal se equivocó, afirmó, cuando, al evaluar el tema relativo al lucro cesante, consideró que los medios de persuasión allegados, unos, no podían ser sopesados en favor de la demostración de esa modalidad dañina, dado que se allegaron a las diligencias en copia simple; otros, en cuanto que se aportaron durante la audiencia prevista en la norma 101 del C. de P.C., sin que se hayan presentado las circunstancias fácticas y jurídicas establecidas en dicha disposición para ‘modificar’ las pruebas solicitadas, por tanto, al desconocerse las condiciones para ese propósito, según el juez de la alzada, la certificación incorporada en esa oportunidad resultó extemporánea.

También erró el funcionario cuando, al desechar esas pruebas no procedió, como le correspondía, concretarlas para propiciar la indemnización reclamada. Ese dislate se hace más palpable cuando el mismo juez de segundo grado sostuvo que las lesiones de la actora habían provenido del accidente de tránsito informado en la demanda, a tal punto, vindicó el memorialista, que hubo condena por perjuicios morales. Y, si ello fue así, como en efecto aconteció, al Tribunal le correspondía, en aplicación de los artículos 179,180 y 307 del C. de P.C., hacer uso oficioso de su potestad-deber probatoria.

En los siguientes términos el recurrente condensó su reproche:

“Lo anterior, por supuesto, no es lo que ocurre con el error que ahora se denuncia pues el tribunal desestimó como pruebas tendientes a obtener la cuantificación del lucro cesante de la demandante los siguientes documentos: a) la ‘certificación’ que aparece al fl. 37 del c. ppal., bajo la consideración de que es tan solo ‘una copia simple sin valor probatorio, que no reúne las condiciones exigidas en el artículo 254 del C. de p.c.; b) la certificación que expidiera la gerente de la empresa Cantares 60 y 70 donde hizo constar que la demandante prestó sus servicios como contratista independiente como cocinera, y que por cada turno trabajado se le pagaba $ 35.000 con el argumento que hizo residir en que en la audiencia del artículo 101 los apoderados de las partes ‘dejan incólumes los hechos de la demanda y de la contestación, lo que implica que no señalaron nuevas condiciones para el litigio’, por lo que la certificación solicitada incorporar como prueba ‘(…) con fundamento en el parágrafo antes citado (fls. 179 y 185 C.1), no resulta procedente por extemporánea’; c) la ‘información general del dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral’ de fecha 21 de abril de 2010 en el que consta que la demandante presenta ‘un porcentaje de pérdida de capacidad laboral’ del 61.04%, documento presentado por la demandante en el trámite propios de la segunda instancia, pues dijo que ‘(…) los aducidos documentos carecen del poder demostrativo que pretende imprimirles el impugnante como quiera que no cumplen las formalidades previstas en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, si se considera que por tratarse de documentos privados dispositivos provenientes de terceros, debieron suministrarse debidamente autenticados, lo cual no se cumplió en la medida en que no solo se allegaron unas copias simples sin valor probatorio’.

“Así, pues, el tribunal tenía a la mano el remedio para enmendar las falencias probatorias que advirtiera en los tres documentos anteriores, remedio que no era otro que el decreto ex officio de los mismos y, de ese modo, abrirle el paso a la cuantificación del perjuicio padecido por la actora en su vertiente de lucro cesante. No haber procedido en este sentido comportó la transgresión de los artículos 179, 180 y 307 del C. de p.c.” (folios 28 y 29, cuaderno de la Corte).

La corporación acusada debió valorar la necesidad o utilidad de la prueba y proceder a su decreto, con mayor razón si, precedentemente, había desechado las allegadas por la gestora de la indemnización. Al no hacerlo en esa forma desconoció las normas aludidas (arts. 179,180 y 307 C. de P.C.).

1.2. En cuanto a los errores de hecho en que supuestamente incurrió el fallador, se le endilga haber aseverado que la señora María Esperanza Castellanos no había demostrado que la pérdida del trabajo en la Congregación de Hermanos de las Escuelas Cristianas, tuvo lugar por razón del accidente. Afirmó que el juez le brindó ‘un sentido diferente’ al hecho de que la actora había sido despedida de la entidad señalada, yerro que se hace más evidente cuando el propio juzgador sostuvo que la indemnización que la actora había recibido, lo fue por razón del retiro arbitrario. A lo cual debe agregarse que frente a la pérdida del trabajo en la forma referida, la gestora del reclamo, por su disminuida capacidad laboral, no podía aspirar a otra ocupación.

Y como la terminación del contrato señalado no se debió a una causa justa, era evidente que el mismo provenía de la reducción, significativa por cierto, del desempeño de la señora Esperanza Castellanos, y, de ahí, la indemnización que le fuera reconocida por su anterior empleador.

Además, constitutivo de otro error de hecho, según el impugnante, el tribunal desconoció la existencia del oficio que obra en folio 228, del cuaderno principal, y, el contrato memorado, ajustado por la recurrente con la entidad citada en precedencia, obrante en folio 482 ídem., que de haberlos tenido en cuenta le hubiesen permitido concluir que para el momento del accidente ella estaba vinculada y devengaba la suma de $ 500.000., mensuales.

Otra de las equivocaciones del fallador giró alrededor del no reconocimiento de la indemnización por ‘los daños a la vida de relación’, frente a lo cual, el actor manifestó:

“En el anterior orden de ideas, no puede menos de decirse que el tribunal entremezcló o confundió el daño a la vida de relación con el perjuicio moral. Confusión que, obviamente, comporta una negativa (tácita o implícita) al reconocimiento del daño padecido por la actora en su vida de relación.

“A la anotada conclusión se llega justamente por lo que se destaca de la providencia inmediatamente citada. Precisa advertir, ad cautelam, de que no se está ante una incongruencia por mínima petita, porque al juzgador le fue expresado por la demandante en la solicitud de complementación que debía definir lo concerniente a la aludida clase de perjuicios y pronunciarse sobre la respectiva pretensión, lo que recibió la respuesta ya señalada en la que manifiesta que su decisión ‘(…) comprendió todos los extremos que enmarcaron la controversia (…)’, lo que expresa que después de anotar que ‘el daño a la vida de relación’, es una denominación de la parte demandante. El juicio del tribunal no fue omisivo sino desestimatorio. Es decir, el error del tribunal en el punto no es in procedendo sino in iudicando; más exactamente, facti in iudicando por lo que adelante se dirá” (folio 30 demanda de casación).

Y luego de memorar un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre el daño a la vida de relación (13 de mayo de 2008, Exp. 11001 3103 006 1997 09327 01), afirmó:

“Siendo, por tanto, clara la autonomía conceptual del daño a la vida de relación respecto del perjuicio moral, conforme a las anteriores precisiones jurisprudenciales, se debe afirmar que con relación a él el tribunal incurrió en error de derecho por el no decreto ex officio de la prueba que en segunda instancia le fuera solicitada por la demandante. Ciertamente, la actora pidió que se tuviera como prueba el dictamen sobre la pérdida de la capacidad laboral realizado por el Instituto de Seguros Sociales el 21 de abril de 2010 en el que se determinó que esa pérdida ascendió al 61.04% (f.224, c. Trib.). El tribunal entonces dispuso tener como pruebas las ‘copias simples aportadas por la parte actora en el escrito que antecede. Estímense en su valor legal al momento de desatar la controversia’ (f. 228 ib.). Y al desatar la controversia, como se sabe, decidió descartarlas como prueba precisamente por tratarse de unas copias que carecen de la autenticación legalmente requerida (fs. 317 y 318 ib.)” (folio 32, ejusdem).

Consideraciones

1. Con miras a resolver el recurso extraordinario formulado por la parte demandante, oportuno resulta dejar claro, desde ya, que si bien el casacionista reseñó las eventuales equivocaciones del fallador, es decir, la desestimación probativa de los documentos allegados para acreditar el lucro cesante y el daño a la vida de relación sufridos por la actora, tanto en primera como en segunda instancia, en rigor, no cuestionó tales desvíos; dejó de lado emprender la confrontación para demostrar el yerro del tribunal. En ese orden, el recurrente enfrentó lo que, para él, resultó ser el verdadero error del juzgador, consistente en el no uso de la facultad oficiosa para decretar pruebas, sentido en el que la Corte proyectará el estudio emprendido.

2. También aparece propicio el momento para indicar que las partes no controvirtieron el acaecimiento del accidente y, surgido de ese suceso, el perjuicio infligido a la impugnante; tampoco confutaron la falta de legitimación de aquellas personas que la corporación acusada optó por liberar de la reclamación formalizada. Así las cosas, ajenos aparecen dichos aspectos al recurso extraordinario, emergiendo, como único punto en discordia, la cuantía del referido detrimento.

3. Bajo tal perspectiva, el análisis del planteamiento impugnativo se abordará en la siguiente forma:

i) los errores de derecho; postulación dentro de la cual serán estudiadas, inicialmente, las facultades oficiosas del juez en materia de pruebas; luego de ello, las supuestas equivocaciones alrededor del daño generado a la vida de relación.

ii) seguidamente, el examen comprenderá los hipotéticos desvíos del ad-quem en lo factual, empezando por el vínculo laboral de la actora con la congregación de hermanos de las escuelas cristianas, el salario devengado por ella y el nexo causal en la terminación de dicha relación.

3.1. Es deber del juez en estos tiempos actuales y frente a la visión publicista del proceso, velar por la efectividad de la tutela de los derechos planteados en el litigio, a fin de cumplir con la verdadera razón y objetivo final de la jurisdicción, cual es el cumplimiento del valor constitucional de justicia.

Para el adecuado ejercicio de esa función, nuestro ordenamiento procesal le entrega al director del caso, entre otras, dos herramientas esenciales, como son la iniciativa probatoria de oficio, respetando siempre las prerrogativas que asisten a cada sujeto procesal, sin desconocer las reglas de aportación, y el control en las actuaciones de las partes bajo el principio de buena fe procesal.

Por definido se tiene entonces, que el acceso a la administración de justicia, como derecho fundamental que es, no debe mirarse solo desde la perspectiva de poder acudir ante los agentes judiciales para dejar en sus manos la resolución del conflicto pertinente; esa es, sin duda, una de las dos caras de tan significativa garantía. La otra perspectiva que destella de tal situación concierne con la verdadera y efectiva claridad reclamada, es decir, la obtención de una decisión ajustada a la realidad procesal, antes que a una verdad formal; se busca en esa doble orientación, la plena satisfacción del derecho controvertido. Lo dicho hasta aquí, implica, sin duda, que el funcionario competente ponga al servicio de esa causa litigiosa todas sus facultades y poderes de dirección e instrucción (art. 37 y ss C. de P.C.), con miras a dirimir, en definitiva, a qué puede aspirar el justiciable. No se trata, entonces, de un mero formalismo; de acceder a la judicatura por el prurito de ser escuchado. A ese propósito debe sumarse el volcamiento irrestricto del funcionario, con todas las potestades atribuidas por la ley, para lograr reconocer o negar la prestación reclamada.

Y, por supuesto, en función de concretar esos objetivos, surge de manera principal el ejercicio de la labor demostrativa, pues, allí, sin duda, anida una importantísima parte de la actividad judicial; no resulta una casualidad que desde tiempos antiguos se refiera a aquella máxima en cuanto a que al juez se le deben dar las pruebas de los hechos que soportan el sustento normativo a aplicar, para que él, a su vez, conceda a quien corresponda el derecho en disputa. Referente que, desde luego, permeado como ha sido por la concepción del nuevo Estado de derecho, ha mutado y, hoy por hoy, no solo al extremo interesado le asiste el compromiso de acreditar el supuesto fáctico de la norma que invoca (art. 177 ib.), sino que al propio funcionario, por ministerio de la ley, le ha sido asignado un rol protagónico en las controversias llevadas a su conocimiento y, sobre sus hombros descansa, de manera principal, se reitera, el deber de incorporar al plenario los elementos de convicción suficientes para que, al momento de finiquitar el asunto, con apego a la ley, satisfaga la expectativa del litigante.

Y, para cumplir esa preponderante labor, en gran variedad de situaciones, la normatividad le provee la facultad oficiosa de traer al proceso los medios suasorios que considere necesarios. No le es dable tornarse pasivo; esperar que las partes le entreguen dicho material; a él, de manera irrestricta, se le encomienda una actividad juiciosa con miras a arrimar al proceso lo necesario para poder dirimir la controversia y no solamente para ello sino para hacer efectiva y real la aspiración del usuario a que la justicia sea bien y debidamente administrada; es, sin duda, la forma más evidente de acceder, como lo manda la Carta Política, a la administración de justicia.

En esa dirección, hipótesis litigiosas como el reconocimiento de frutos, mejoras, intereses o perjuicios, exigen a cargo del juzgador denodados esfuerzos para llevar al proceso los medios de persuasión suficientes para, con total claridad, desnudar si a quien los reclama le asiste el derecho o, contrariamente, debe liberarse al deudor de su reconocimiento; esa labor conclusiva es correctamente aceptable solo en la medida en que exista material disuasivo en uno u otro sentido y, tal situación debe derivar de una actividad indiscutidamente oficiosa del funcionario, tendiente a suplir vacíos o deficiencias de orden fáctico (piezas procesales incompletas) o jurídico (copias simples o extemporáneas), en esa labor demostrativa; al no visualizarse tal circunstancia destellaría una omisión constitutiva de un proceder anómalo o deficitario del servicio de justicia.

La Corte Suprema de Justicia ha tenido la oportunidad, en multitud de ocasiones, de evaluar el tema y, ha expuesto:

“Ahora bien, el deber de decretar y practicar pruebas de oficio (arts. 37, num. 4º, 179 y 180 C. de P.C.), cuando ‘la utilidad y necesidad de la prueba, surgiera de la misma ley, por esta exigirla imperativamente, o de las circunstancias propias del proceso respectivo, como cuando indubitablemente conduce al hallazgo de la verdad real y a determinar la decisión final’ (Sentencia de casación de 5 de mayo de 2000, expediente 5165), se impone en los casos ‘en que es obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la genética en los procesos de filiación o impugnación; la inspección judicial en los de declaración de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. De análogo modo para impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades’, eventos, en los cuales, ‘es ineludible el ‘decreto de pruebas de oficio’, so pena de que una omisión de tal envergadura afecte la sentencia’ (cas. civ. sentencia de 15 de julio de 2008, [SC-069-2008], exp. 1100131030422003-00689-01).

Específicamente, el legislador establece el expresado deber tratándose de la condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, por cantidad y valor determinados a cuyo propósito ‘[c]uando el juez considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, decretará de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin’ (artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 137) y su omisión, considerada la naturaleza instrumental de la norma, ‘orientadora de la actividad procesal del juez’ (cas. civ. sentencia de 25 de febrero de 2005, exp. 7232), puede tipificar un error de derecho (Cas. Civ. 12 de septiembre de 1994, expediente 4293)’ (Sent. Cas. Civ. de 13 de abril de 2005, expediente 1998-0056-02, reiterada en Sent. Cas. Civ. de 29 de noviembre de 2005, Expediente 01592-01)’ (cas.civ. sentencia de 12 de diciembre de 2006, [SC-174-2006], Expediente 11001-31-03-035-199800853-01) denunciable ‘a través de la vía del recurso extraordinario de casación apoyado en la causal primera, por la transgresión de normas de disciplina probatoria que conducen fatalmente a la violación de preceptos sustanciales, obviamente en el entendido de que se reúnan los demás requisitos de procedibilidad, y la preterición de tales medios de convicción tenga trascendencia para modificar la decisión adoptada’ (cas.civ. sentencia de 15 de julio de 2008, [SC-069-2008], exp.1100131030422003-00689-01) y, en determinadas hipótesis, de desconocer el derecho a la prueba integrante del debido proceso, ‘constituye nulidad procesal, en los términos del numeral 6º del artículo 140 del C. de P.C.’ (cas. civ. sentencia de 28 de junio de 2005, [SC-136-2005], exp. 7901), ‘que puede alegarse inmediatamente después de ocurrida en la actuación siguiente (artículo 143, inciso 5º CPC); pero en el evento en que tampoco haya existido esta oportunidad, por haberse proferido ya sentencia de segunda instancia, dicha irregularidad puede alegarse en casación’ (cas. civ. de 22 de mayo de 1998, expediente 5053, reiterada en la sentencia de 28 de junio de 2005), más no un yerro fáctico —hace notar la corte— (CSJ SC 29 de abril de 2009, Ref. Exp. 2002-00435-01).

La corporación, recientemente, volvió a revisar el punto y dijo:

“También se produce este desfase cuando el sentenciador, sin razón y existiendo serios motivos para que lo haga, no acude a las facultades conferidas por los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil de decretar pruebas de oficio necesarias en la verificación de ‘los hechos relacionados con las alegaciones de las partes’, sin que ello conlleve suplir las cargas desatendidas por estas y que le son propias, sino el esclarecimiento de aquellas situaciones que obstruyen el deber de administrar pronta y cumplida justicia, pero siempre y cuando esa omisión tenga relevancia en la forma como se desató el pleito.

Es así como su práctica se hace imprescindible, entre otros, en asuntos de filiación, para verificar la relación genética de los involucrados; en los trámites de pertenencia, donde es obligatoria la inspección judicial del bien, salvo cuando se trata de viviendas de interés social; y cuando se requieren para imponer una condena resarcitoria integral, al ocasionar un perjuicio que debe ser indemnizado.

Sin embargo, una recriminación por este sendero solo se verifica si el medio de convicción está claramente sugerido o insinuado en el expediente, porque de no ser así, se estaría desconociendo la discrecionalidad con que cuenta el fallador al respecto. Ello ocurre, por ejemplo, cuando obra la prueba aunque indebidamente aducida o incorporada, hipótesis en la cual, de ser trascendente en la decisión, se hace imperioso regularizarla, porque de no hacerlo se produce una grave desatención de los elementos que conforman el plenario.

De antaño tiene explicitado la Sala que ‘uno de los avances más importantes que ha tenido el derecho procesal ha sido el de darle al juez o magistrado que tiene a su cargo el trámite de determinada controversia judicial la potestad de decretar pruebas de oficio. El proceso en estas circunstancias, si bien conserva su naturaleza dispositiva, morigera su estructura a través de la prerrogativa que se le concede al funcionario con el fin de acudir en la búsqueda de la llamada verdad real, con la cual pasa de simple espectador del debate entre los litigantes a convertirse en el director del mismo con plenos poderes, aunque respetando, como es obvio, las reglas aplicables fijadas por el legislador (…) El tema de la prueba de oficio hay que estudiarlo desde dos frentes que son disímiles, aunque se complementan (…) El primero hace referencia a los casos en los cuales por expreso mandato del legislador es obligatorio e ineludible el ‘decreto de pruebas de oficio’, so pena de que una omisión de tal envergadura afecte la sentencia, pudiendo ser aniquilada a través de la vía del recurso extraordinario de casación apoyado en la causal primera, por la transgresión de normas de disciplina probatoria que conducen fatalmente a la violación de preceptos sustanciales, obviamente en el entendido de que se reúnan los demás requisitos de procedibilidad, y la preterición de tales medios de convicción tenga trascendencia para modificar la decisión adoptada (…) El punto fue recientemente analizado por la corporación, en la sentencia N° 069 de 15 de julio de 2008, expediente 000689-01, en la que se precisó que ‘no solo es una facultad que tiene el juez sino que también es un deber, mucho más si se tiene en cuenta que hay algunos casos en que es obligatorio ordenarlas y practicarlas, como por ejemplo la genética en los procesos de filiación o impugnación; la inspección judicial en los de declaración de pertenencia; el dictamen pericial en los divisorios; las indispensables para condenar en concreto por frutos, intereses, mejoras o perjuicios, etc. De análogo modo para impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades’ (…) El segundo alude a las situaciones procesales en las cuales el juez, en aras de resolver el asunto sometido a su composición, puede usar la facultad discrecional de acudir a dicho mecanismo con el fin de aclarar los puntos oscuros o confusos que interesan al proceso (…) Es cierto que, en principio, el decreto de pruebas de oficio no es un mandato absoluto que se le imponga fatalmente al sentenciador, puesto que él goza de una discreta autonomía en la instrucción del proceso, circunstancia por la que no siempre que se abstenga de utilizar tal prerrogativa equivale a la comisión de su parte de un yerro de derecho. Además, no puede perderse de vista que hay casos en los cuales la actitud pasiva u omisiva del litigante que tiene la carga de demostrar determinada circunstancia fáctica, es la generadora del fracaso, bien de las pretensiones ora de sus defensas, por haber menospreciado su compromiso en el interior de la tramitación y en las oportunidades previstas por el legislador (…) Además, no puede perderse de vista, tal como lo tiene definido la jurisprudencia de la Sala, que para que pueda acusarse válidamente mediante la presente vía de impugnación extraordinaria una sentencia por haber incurrido en error de derecho respecto de una prueba y, más concretamente, por no haber decretado alguna de oficio dentro de la discrecionalidad que le es propia al juzgador, es requisito inexcusable, insoslayable e imperativo que la misma obre en el expediente, pues, de no hallarse físicamente en él no es válido aceptar una acusación de dicho talante’ (sentencia de 24 de noviembre de 2008, expediente 1998-0052901. En iguales términos fallos de 15 de diciembre de 2009, expedientes 1999-01651-01 y 2006-00161-01) (CSJ SC 21 de octubre de 2013, Exp. 2009-00392-01).

Tal es la tendencia, día a día, de transformar la manera de cumplir la labor judicial que, las diferentes codificaciones adoptadas en los últimos tiempos, tienden, marcadamente, a comprometer al juzgador a modificar su rol en la dirección del pleito. Por ejemplo, el actual artículo 180 del C. de P.C., cuando de la prueba oficiosa se trata, alude a que los jueces ‘podrán’, decretarlas; mientras que la Ley 1564 de 2012 (C.G. del P.), al reproducir dicha disposición, en el nuevo artículo 170, consagró que ‘El juez deberá’ ordenarlas, luego, la opción de actuar de oficio ha venido diluyéndose en el tiempo y, sin duda, el funcionario, como director del litigio, asumirá el papel que, por naturaleza, como depositario de la facultad de resolver conflictos, condensa el compromiso de involucrarse hasta encontrar, de serle posible, por su propia iniciativa, las pruebas que le lleven a dilucidar la contienda a él entregada. En la actualidad, atendiendo los marcos jurídicos vigentes y las pautas doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, la única cortapisa en el ejercicio oficioso con tal objetivo, reflejo de un punto de equilibrio procesal, es que dicha facultad no termine siendo utilizada para liberar, en términos absolutos, a las partes de asumir la carga procesal que les corresponde, por ello, vía jurisprudencial se han ido estableciendo situaciones de especial importancia en donde se hace necesario la participación oficiosa del funcionario para bien del litigio.

En el presente asunto, el impugnante se duele por cuanto que el tribunal, frente al compromiso de dilucidar el reclamo de la indemnización de perjuicios derivados del accidente de tránsito del que fue víctima la demandante, consideró que los elementos persuasivos allegados por ella no podían ser tenidas en cuenta porque, de un lado, se allegaron en copias simples (ante la segunda instancia), de otro, por haberse aducido en la oportunidad contemplada en el artículo 101 del C. de P.C., sin sobrevenir las condiciones fácticas para que así hubiese podido procederse, luego, en últimas, se adjuntaron de manera extemporánea.

Una y otra situación que, como se dejó visto, el casacionista no se ocupó de controvertir, puso en evidencia la necesidad o no de que el fallador asumiera una actitud diferente a la observada en materia de pruebas. Para el censor, el tribunal incurrió en un error de derecho, pues al desechar los elementos allegados, como se encontraba frente a un reclamo indemnizatorio, le correspondía desplegar su poderío de conductor de la controversia e incorporar de oficio los medios que consideraba necesarios y útiles para poder completar la prueba y dispensar la justicia que se le reclamó; no era, entonces, una mera potestad u opción que tenía el juzgador.

Y, sin duda, en ese contexto, al impugnante le asiste la razón.

En efecto, lo primero que debe dejarse en claro es que la parte actora no fue omisiva o negligente en la actividad probatoria, pues la realidad procesal evidencia que allegó al plenario diferentes documentos (historia clínica, certificación o concepto emitido por el ISS), referentes al estado de salud de la demandante y las secuelas que le dejó el accidente; también se aportaron algunas certificaciones de los empleos que desempeñaba al momento del siniestro. Bajo ese orden de cosas, la aplicación, por parte del Tribunal, de las directrices insertas en los artículos 179,180 y 307 del C. de P.C., no tendía a suplir las cargas asignadas a la accionante.

En segundo lugar, aflora, sin ninguna resistencia, que el tema debatido se relaciona con uno de los diferentes casos que la propia normatividad considera como justificativo para el decreto oficioso de pruebas, es decir, la ‘condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante’ (art. 307 C. de P.C.), cuyo propósito no es otro que concretar la condena a que haya lugar, en lugar de extender un pronunciamiento adverso o negativo del derecho reclamado, por la sola razón de carecer o no existir elementos demostrativos para esa concreción.

En el estricto terreno de la labor probatoria, observa la Corte que cuando el tribunal desestimó los elementos allegados (tanto por no tener nota de autenticidad o ser, simplemente, copias informales), se limitó a desprenderse de dicho material y aplicar como elemento de valoración las consecuencias derivadas de la carga que pesaba sobre el actor en cuanto a acreditar las afirmaciones hechas; pero, desdeñó sopesar sus facultades oficiosas o, siquiera, la viabilidad o no de ejercitarlas.

A ello debe agregarse que a diferencia de lo considerado por el a-quo, el fallador de segunda instancia desechó la prueba incorporada en desarrollo de la audiencia del artículo 101 ibídem, determinación que, al margen de apreciarse acertada, pues no fue un asunto involucrado en la impugnación extraordinaria, lo cierto es que dejó huérfana aquella causa que atinente al reclamo de perjuicios, por ministerio de la ley, ameritaba una actitud proactiva con miras a recoger dichos elementos que los acreditaran o atestaran su cuantía; sin embargo, el Tribunal se mostró renuente sobre el particular, dejando en clara vulneración no solo el derecho en litigio, como se advirtió, sino también la misma función judicial.

Por supuesto, tal actividad no podía comprender, indistintamente, todos los reclamos habida cuenta que algunas de las súplicas formuladas en la demanda no tienen vocación de prosperar, luego, alrededor de las mismas no operaba igual oficiosidad, aspectos que adelante se precisaran por la Corte.

En ese contexto el cargo prosperará.

3.2. El daño a la vida de relación.

Para el impugnante, la situación acaecida alrededor de esta modalidad de perjuicio, no refleja una situación de incongruencia por mínima petita, sino un evidente caso de negación del derecho reclamado, pues el fallador, al confundirlo con los daños morales, cuando solo reconoció estos últimos, de manera implícita o tácita, negó aquel resarcimiento.

Tal postura encuentra soporte, inclusive, en los planteamientos de la misma corporación acusada, cuando resolvió no acoger la ‘complementación’ solicitada por la demandante, sostuvo:

• “(…) la decisión del tribunal comprendió todos los extremos que enmarcaron la controversia suscitada entre las partes y no se observa que haya otro punto sobre el que sea forzoso decidir. Bien se comprenderá entonces que la decisión no tuvo omisión alguna que genere una complementación” (folio 363, cuaderno de segunda instancia).

No obstante lo referido por el impugnante y lo sostenido por el tribunal, la situación señalada no describe, en verdad, una determinación contraria a tal o cual súplica del libelo y, menos, como en el caso presente, referida a la afectación a la vida de relación. Considera la Corte que resolver de manera negativa uno de los pedimentos de las partes, ya se haga con la motivación pertinente y de manera expresa, o sobrevenga sin ninguna explicación y, además, emerja en forma tácita o implícita, de todas formas impone explicitar un mínimo de argumentación sobre lo fáctico o jurídico que induzca a creer que ese fue el sentido de la decisión.

La sentencia proferida no destinó, siquiera, una línea a definir o conceptualizar esa clase de detrimento; no hay mención, por ninguna parte, sobre la existencia o no del perjuicio a la vida de relación; no se valoraron aspectos que objetivamente hubiesen podido consolidar la idea de la existencia de un menoscabo a ese derecho; tampoco se analizaron las circunstancias especiales de la demandante para concluir que, efectivamente, había sido vulnerado su entorno con respecto a ella misma y a sus cercanos. En fin, del fallo impugnado no puede inferirse que, en rigor, el tribunal haya desestimado esa pretensión.

Y si se trata de haber confundido el perjuicio moral con el de la vida de relación, como así lo sostiene el casacionista, no puede otra conclusión extraerse que, para el ad-quem, las dos clases de lesión no son una misma cosa y, en ese contexto, con mayor veras, lo que cabe afirmar es que el juzgador dejó de pronunciarse sobre la vulneración de un derecho que, dada la autonomía del mismo, su procedencia imponía ser evaluada de manera independiente y, al no hacerse, el error no atañe a una decisión adversa sino a un olvido o preterición.

En la perspectiva descrita por el impugnante, la fusión de esa dualidad de quebranto (moral y daño vida de relación), implicó la resolución de uno de ellos y, por ende, el desdén por el otro. Y, si, al funcionario judicial le asiste el deber de emitir pronunciamiento sobre todo lo que las partes le soliciten y, con mayor razón, si ese pedimento constituye uno de los extremos o elementos de la relación procesal, al no hacerlo respecto del daño a la vida de relación, como lo denuncia el actor, sin importar la razón para no emitir decisión sobre el particular (confusión), lo evidente es que, en definitiva, no expresó su parecer en ningún sentido, es decir, acogiendo o desestimando la súplica formulada.

Bajo esa percepción, el eventual error del juez de segundo grado no atañe a una negación del derecho sino a una evidente ausencia en su valoración y definición, situación aneja a la congruencia de las decisiones judiciales, equivocación que cuenta con su propia causal de casación, lo que se echa de menos en el escrito sustentatorio del recurso extraordinario presentado, tornando inidóneo el ataque formulado. 

2.3. No obstante, al margen de tal situación, válida, eso sí, para no acoger la impugnación en ese aparte, evaluado el ataque bajo la cuerda casacional planteada por el promotor del recurso extraordinario, emerge que el error denunciado no existió. 

En efecto, al observar la demanda aducida y su reforma, integradas en un solo documento, encuentra la Corte que el actor fue quien, desde el comienzo, fusionó tanto el detrimento moral como el de vida de relación, por tanto, el ad-quem, se limitó a pronunciarse alrededor de una sola clase de detrimento; la lectura que brindó a lo expuesto por el demandante refleja, de manera fiel, la forma como se presentó y reclamó la indemnización. En dicho escrito, expresamente, dijo:

“2. Que como consecuencia de la anterior pretensión, se condene a los demandados al pago de los daños materiales y morales así:”. Y cuando los discriminó, en el acápite reservado para los morales, aludió a ‘daños morales y de relación’. Es decir, en la misma formulación de las pretensiones se materializó, en una sola, la aspiración a la indemnización por concepto de daños morales y de relación.

Lo anterior es corroborado cuando se pidió la cuantificación patrimonial de ese perjuicio, pues se aludió a ‘1000 Salarios mínimos mensuales legales, para la señora María Esperanza Castellanos’, sin que se haya discriminado cuanto por uno u otro (moral y daño de relación), lo que permite inferir que para el accionante eran uno mismo.

Pero no solamente de esa circunstancia puede derivarse tal situación, pues cuando el gestor de este recurso describió, en los hechos, la magnitud de la afectación que sufrió debido al accidente, indistintamente, refirió:

“Mi representada, María Esperanza Castellanos, y sus menores hijos, Ángela Cristel y Rudy Andrés Puentes Castellanos han sufrido el padecimiento del estado de salud, físico, y psicológico de su madre, irreparables daños de afección, angustia, dolor, como con los petitum doloris (daños morales) —hecho Nº 11—.

“En consecuencia, el accidente le ha ocasionado a mi poderhabiente y sus menores hijos, perjuicios por concepto de daños materiales, morales y de relación, que deben ser cancelados por el responsable del hecho que han dado lugar a esta demanda” (hecho Nº 12, folio 169, cuaderno principal).

Y, previamente, cuando esbozó la razón del reconocimiento de perjuicios, al anunciar los ‘morales y de relación’, expuso: “Con motivo de la comisión del hecho realizado, mi poderdante ha sufrido trastornos emocionales, depresión, angustia, que le ha afectado, su vida, las relaciones interpersonales” (folio 166 ib.).

Esa misma percepción es validada cuando el accionante aludió a las pretensiones subsidiarias del literal C. En el numeral 4º (folio 167), se pidió que: “se reconozcan los daños Materiales y morales, que resulten demostrados y tasados pericialmente”. Luego, para la víctima, los daños morales y de vida de relación, no son diferentes.

Dado que se trata de detrimentos distintos, que no pueden ser confundidos, al ser reclamados debió indicarse un referente económico para cada uno de ellos, aspecto que no se hizo; además, su naturaleza, diferente a la del daño moral, comporta una afectación proyectada a la esfera externa de la víctima, sus actividades cotidianas; relaciones con sus más cercanos, amigos, compañeros, etc., a diferencia de los daños morales que implican una congoja; impactan, directamente, su estado anímico, espiritual y su estabilidad emocional, lo que, sin duda, al describirse en el libelo respectivo de qué manera se exteriorizan, deben mostrarse diversos, empero, como se anunció líneas atrás, su promotor cuando expuso el factum del debate describió unas mismas circunstancias como indicadoras de los dos daños.

Y, si, en gracia de discusión, la Corte aceptara que en el escrito incoativo fueron pedidos de manera autónoma e independiente los daños morales y de vida de relación, habría que concluir, prontamente, que el impugnante no señaló, puntualmente, de qué forma se le generó el daño a la vida de relación, pues, como atrás se indicó, no hubo señalamiento concreto de la repercusión en el círculo o frente a los vínculos de la actora. Es más, no se apreció o describió, en particular, qué nexos o relaciones se vieron afectadas, sus características o la magnitud de tal incidencia. Resulta incontrovertible que toda limitación en la salud física o mental de un individuo impacta negativamente su entorno; sin embargo, ante una reclamación judicial, no puede la víctima dejar al juez conjeturar las repercusiones concretas de esa situación perjudicial y, en el presente asunto, la afectada se despreocupó de indicar las particularidades del detrimento denunciado, luego, no es dable aseverar su existencia real, determinada y concreta.

En fin, la actividad deficiente de la corporación de segundo grado, en materia probatoria, como atrás quedó registrado, no puede considerarse que comprenda esta modalidad de daño.

2.2. Atinente a los errores de hecho, como se recordará, según la queja del impugnante, se redujeron a:

i) no haber valorado en el sentido apropiado la pérdida del trabajo de la actora. Para el casacionista, lo correcto de ver en esa situación era que al disminuirse la capacidad laboral de la demandante, al intentar conseguir un nuevo trabajo (por haber perdido el anterior), le resultaría muy difícil obtener un nuevo empleo. Además, no obstante haber aceptado que la indemnización reconocida por el empleador de la perjudicada evidenciaba el despido sin justa causa, desechó que, precisamente, la merma en su rendimiento sí fue el detonante para la terminación del mencionado pacto; y,

ii) El fallador no valoró el oficio obrante en folios 228 y 482, del cuaderno principal, relativos a la relación que existió entre la señora Castellanos y la congregación de hermanos de las escuelas cristianas y la remuneración mensual que ella obtenía de tal entidad.

Cumple decir, alrededor del primer aspecto, que el juzgador expresamente dijo: “en el plenario no se encuentra plenamente demostrado que el despido de que fue objeto la demandante hubiera sido por razón o como consecuencia directa del accidente de trabajo” (folio 319, cuaderno de segunda instancia). Es decir, para el ad-quem quedó desprovista de la demostración pertinente esa afirmación de la parte demandante. Inferencia esta que reluce huérfana de ataque; el censor no enfrentó esa conclusión del juzgador.

Y, si la acusación se focaliza solo en el hecho de que ‘la demandante no iba a poder de hallar una nueva ocupación —por lo menos en condiciones similares a las que tenía antes del accidente—’, aparece que aun aceptando como cierta esta consecuencia, el origen del daño no podía, como así lo visualizó el tribunal, atribuirse a los demandados, pues si la actora quedó en situación de buscar nuevo trabajo fue por la sencilla razón de que su empleador la despidió y, si esa determinación fue sin justa causa, incluida en esa ilegalidad la reducción de su rendimiento, pues a él, a su antiguo patrón, deben atribuírsele todos los efectos sobrevinientes de una decisión arbitraria como esa.

Ciertamente, atendiendo el texto de la Ley 100 de 1993, ante la eventualidad de un accidente de un trabajador (al margen de que el suceso se califique como laboral o no), el porcentaje de disminución de su capacidad de desempeño comporta la adopción de, entre otras medidas o soluciones, la reubicación de dicha persona o, según las circunstancias, la pensión por invalidez. Pero, en ningún caso, la ley autoriza que las secuelas dejadas por el acontecimiento dañino sean expuestas como un motivo suficiente para aniquilar la relación existente.

Si el contrato laboral que la señora María Esperanza Castellanos mantenía con la congregación de hermanos de la escuelas cristianas feneció, tal cual ella lo aseveró, de manera arbitraria, de suyo surge que quien procedió con vulneración de la ley, es decir, la entidad señalada, es quien debe hacerse responsable de las consecuencias surgidas, pues, como se advirtió, el afectado debió continuar con su vínculo ya cumpliendo la función asignada antes del accidente o, en otra, si no quedó en capacidad de realizarla, dado el caso, procederá la pensión por invalidez, asunto que, por supuesto, deberá valorarse atendiendo cada situación en particular.

En definitiva, en el asunto que se examina, el nexo causal entre la conducta del victimario —demandados— y el daño generado a la señora Esperanza Castellanos por el despido de su trabajo, ha sido roto; no existe ese vínculo causa-efecto. En rigor, itérase, la pérdida del empleo no puede ser atribuible al accidente y las secuelas dejadas en la humanidad de la actora, esa determinación solo tiene origen en la actitud de la sociedad quien dio por terminado, unilateral e injustamente, el referido contrato. 

En ese orden, si la perjudicada, al verse desvinculada, pensionada o no, al intentar establecer una nueva relación y enfrentar las limitaciones o restricciones provenientes del accidente que, en mayor o menor grado, afectaban las posibilidades de obtenerlo (queja concreta del impugnante), tal hipótesis evidencia que la concreción del daño no era, en rigor, la pérdida de un lucro cesante derivado de ese supuesto proyecto laboral, pues en verdad no tenía ocupación y al no contar con ella mal puede aseverarse que se le privó de una ganancia. La afectación, en estrictez, deviene de la oportunidad de incrementar sus ingresos a partir de una nueva relación de tal naturaleza, es decir, se le privó, eventualmente de una oportunidad (la de conseguir un trabajo), y, en ese sentido, la denuncia sobre el perjuicio generado no podía encauzarse alrededor de un lucro cesante sino otra modalidad de afectación. 

En ese orden, la documental que el tribunal ignoró, según la denuncia del actor (contrato de trabajo y certificación sobre la remuneración de la demandante), concernía con un aspecto fáctico incontrovertible, alusivo a la vinculación existente, su terminación y la suma que para ese momento devengaba la demandante. Una situación de ese linaje sí denotaría un daño en la modalidad de lucro cesante, circunstancia que, en verdad, no acaece en el caso examinado, habida cuenta que la descripción fáctica del casacionista alude no a unas ganancias del empleo perdido sino de aquellas que, muy probablemente, iría a perder por sus limitaciones físicas, en otros términos, el detrimento provendría de la remuneración reducida por las lesiones y no del que perdió.

En reciente oportunidad la Corte analizó el daño desde la perspectiva del lucro cesante y la pérdida de oportunidad, habiendo dicho lo que sigue:

“Las últimas doctrinas sobre la materia —a pesar de que existen corrientes que la ubican dentro del género lucro cesante— también marcan fronteras entre ambas, y más importante aún, coinciden en que el apreciable grado de la posibilidad debe ser suficiente, de suerte que la oportunidad perdida no resulta indemnizable si representa apenas una probabilidad abstracta y vaga, una esperanza débil de derecho.

Para los profesores Félix Trigo Represas y Marcelo López Mesa, “el daño emergente es el más cierto de todos los daños patrimoniales, por cuanto parte de la base de un desembolso efectivo o de un menoscabo tangible. Un grado menos de certidumbre y nos encontramos con el lucro cesante, que se basa en la disminución de ingresos, extremo que debe fundarse en un juicio de probabilidad. Finalmente, en cuanto a la pérdida de chance existe la necesidad de realizar otro juicio de probabilidad, solo que de naturaleza más flexible, para apreciar así, si el damnificado se ha visto privado de obtener una ganancia, o si al menos, ello es verosímil”(1) (negrilla fuera de texto).

En palabras de Gastón Salínas Ugarte(2) la pérdida de oportunidad es una forma de daño en la cual la certidumbre del mismo aparece imprecisa, aun cuando se halla presente; razón por la cual en la aplicación del moderno derecho indemnizatorio, cuando los tribunales han reconocido perjuicios al amparo de ese concepto, han dejado claro que en esos eventos la cuantía se establece en virtud de lo que la doctrina francesa ha enseñado como la desaparición de la probabilidad de un suceso favorable o pérdida del chance de obtener una ganancia, debiendo contemplarse de una forma restrictiva y su reparación nunca puede formularse en los mismos términos que si el daño no se hubiera producido y el resultado hubiera sido beneficioso al perjudicado.

Más adelante expresó el mismo autor que: “No se trata, por supuesto, del tradicional lucro cesante, pues el daño que este importa, es cierto en la medida en que el damnificado tiene un interés legítimo a la percepción de esos lucros al momento del evento dañoso. En otras palabras, el rubro lucro cesante no indemniza la pérdida de una mera expectativa o probabilidad de beneficios económicos futuros, sino el daño que supone privar al patrimonio damnificado de la obtención de lucros a los cuales su titular tenía derecho, es decir, título, al tiempo en que acaece el eventos damni. Cuando el daño se origina en frustración de una esperanza razonable, en la pérdida de una chance, de una probabilidad fundada, nos encontramos frente a esta categoría de daño, donde coexiste un elemento de certeza con un elemento de incertidumbre” (destaca la Sala).

A partir de las reflexiones memoradas, debe decirse que tanto la pérdida de oportunidad como el lucro cesante futuro, pese a que el censor los entremezcla, pertenecen a categorías diversas pues atienden fuentes obligacionales distintas, pero además se diferencian por los grados de certidumbre que en una y otra se registran.

En la primera, existe un razonable juicio de posibilidad, relativo a la concreción futura de un resultado útil donde se combinan la certidumbre y la fluctuación, pero partiéndose de la base de que el afectado se hallaba en una posición de privilegio que le permitiría obtener un beneficio, y el actuar ilícito de otra persona le impide fructificar tal situación de prosperidad. De hecho, no escasean en la doctrina especializada ejemplos de esta nueva modalidad de daño. Piénsese, en la actuación del agente demandado en responsabilidad civil que con su proceder, impidió que alguien, habiéndose inscrito a un concurso o licitación y superado la mayoría de sus fases, por una indebida digitación o calificación, lo excluyó de la posibilidad de obtener el empleo o resultar adjudicatario del contrato; el deportista que con una trayectoria reconocida y después de haber obtenido distintos premios, es atropellado por un automotor en la proximidad de la última competencia donde se había perfilado como seguro ganador; el evento del descuido del abogado que no recurre una providencia con el propósito de que sea revocada; o de la persona que, por no recibir la información suficiente y pertinente, pierde la oportunidad de resolver si adopta una decisión diferente de la que finalmente tomó frente a una negociación significativa, para solo mencionar, a título meramente enunciativo, algunos de los supuestos más frecuentemente citados por la literatura sobre la materia.

En el segundo evento, esto es en el ámbito del lucro cesante futuro, no se indemniza la pérdida de una probabilidad sino la obtención de dividendos a los cuales tendría derecho la víctima, pero bajo el esquema de una privación de ganancia cierta.

4.3 No ha sido pacifica la ubicación del acaecimiento del daño por pérdida de la “chance”; algunos autores han expresado que se trata de un método de cuantificación del daño, creyendo con ello haberse resuelto el problema respecto a la incertidumbre causal que el mismo devela(3) y que ha puesto en duda en muchos sistemas su aceptación.

(…)

Sus presupuestos axiológicos, para que pueda considerarse como daño indemnizable según la elaboración jurisprudencial de esta corporación refieren a: (i) Certeza respecto de la existencia de una legítima oportunidad, y aunque la misma envuelva un componente aleatorio, la “chance” diluida debe ser seria, verídica, real y actual; (ii) Imposibilidad concluyente de obtener el provecho o de evitar el detrimento por razón de la supresión definitiva de la oportunidad para conseguir el beneficio, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización que el porvenir podría convertir en inconveniente; y (iii) La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado; no es cualquier expectativa o posibilidad la que configura el daño, porque si se trata de oportunidades débiles, lejanas o frágiles, no puede aceptarse que, incluso, de continuar el normal desarrollo de las cosas, su frustración inevitablemente conllevaría en la afectación negativa del patrimonio u otros intereses lícitos. Dicho de otro modo, el afectado tendría que hallarse, para el momento en el cual ocurre el hecho dañino, en un escenario tanto fáctico como jurídicamente idóneo para alcanzar el provecho por el cual propugnaba (CSJ SC 4 de agosto de 2014, expediente 1998 07770 01)”.

Fijados esos derroteros, emergen, de manera nítida, dos inferencias: de un lado, las pretensiones del impugnante respecto a la situación de la demandante y su reclamo por la reducción de ingresos ante un nuevo empleo, no pueden referir a la modalidad dañina de lucro cesante; de otro, de darse las circunstancias necesarias para estructurar un perjuicio, lo sería bajo la modalidad ‘pérdida de oportunidad’, empero, para ello, como se dejó visto, al damnificado le correspondía acreditar la presencia de los requisitos que la doctrina ha enlistado para tornar viable tal súplica, asunto que no aparece, siquiera, reclamado por esa senda.

A partir de las anteriores reflexiones, este segundo cargo no prospera.

3. Ahora, en cuanto que la primera acusación resultó acogida, corresponde emitir el pronunciamiento pertinente, sin embargo, como a continuación se precisará, es del caso la adopción de algunas pruebas, por lo que la Corte hará uso de su potestad oficiosa en esa materia.

Sentencia sustitutiva

El fallo de reemplazo será adoptado una vez se recaude la prueba pericial que corresponde incorporar, pues la cuantía del perjuicio sufrido por la actora no está definida en autos.

Decisión

En mérito de lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia proferida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011), por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso referido al inicio de esta determinación.

Subsecuentemente, antes de adoptar la decisión de instancia, se ordena:

1. Tener en cuenta, con los alcances probatorios que la ley pertinente ha dispuesto, la documental allegada por la parte actora en desarrollo de la audiencia de que trata el artículo 101 del C. de P.C.

2. El actor deberá allegar, debidamente autenticadas, en conformidad con lo previsto en los artículos 252 y 254 del C. de P.C., la historia clínica de la demandante y la certificación sobre las secuelas derivadas del accidente.

3. Librar comunicación al gerente o administrador del establecimiento ‘Cantares 60 y 70’ para certifique, de manera detallada: i) qué labor desempeñaba la demandante en ese establecimiento; ii) el valor cancelado por esos servicios; iii) existía o no reconocimiento de alguna suma de dinero diferente y a qué título; iv) que tiempo destinaba la señora María Esperanza Castellanos para cumplir las actividades convenidas; v) la calidad de vinculación, es decir, la clase de contrato que regía esa relación; vi) la periodicidad del pago; vii) el tiempo de duración de dicho vínculo; viii) la causa de la terminación o si el mismo continúa vigente; y, ix) si, de haber culminado dicho vínculo, se precisará la fecha de tal evento, así como si existió indemnización y porqué razón.

4. Se designada al experto contador Danilo Pedroza Benítez para que en el término de quince (15) días, contados a partir de su posesión, proceda a conceptuar sobre lo siguiente:

El lucro cesante pasado y futuro que la demandante dejó de percibir en el establecimiento ‘Cantares 60 y 70’.

Sin condena en costas por haber prosperado el recurso de casación.

Notifíquese y devuélvase.

Magistrados: « Luis Armando Tolosa Villabona—Margarita Cabello Blanco—Alvaro Fernando García Restrepo—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez».

1 Trigo Reperas, Félix y López Mesa, Marcelo. Tratado De la Responsabilidad Civil. Cuantificación del daño. Fondo Editorial del Derecho y la Economía. Buenos Aires 2006.

2 Salinas Ugarte, Gastón. Responsabilidad Civil Contractual. Tomo I. Editorial Abeledo Perrot. Santiago de Chile 2011.

3 Medina Alcoz, Luis. La teoría de la pérdida de oportunidad. Estudio jurisprudencial y doctrinal de derecho de daños público y privado. Pág. 87.