Sentencia SC788-2018/2012-02174 de marzo 22 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC788-2018

Rad.: 11001-02-03-000-2012-02174-00

(Aprobado en sesión de nueve noviembre de dos mil diecisiete)

Magistrado Ponente

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

Bogotá, D. C., veintidós de marzo de dos mil dieciocho.

Decide la Corte el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Ayxa Patricia Arias Cuesta contra la sentencia de 24 de febrero de 2010, corregida el 5 de mayo siguiente, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario del Fondo Nacional del Ahorro-FNA frente a aquella y Jesús Humberto Romero Fernández.

I. Antecedentes

1. Mediante demanda radicada el 18 de noviembre de 2002, el Fondo Nacional del Ahorro pidió el cumplimiento del contrato de compraventa que el 6 de mayo de 1997 suscribió respecto de un inmueble con las personas que convocó y, en consecuencia, condenarlas a pagarle el saldo insoluto del precio pactado y los perjuicios.

2. Como dirección para notificarlas señaló la “calle 36 Nº 69F-65 de Bogotá D.C.” correspondiente a ese bien (fls. 33 al 39 cdno. 1).

3. Admitido el libelo por auto de 28 de marzo de 2003 adicionado el 28 de abril posterior, se inscribió en el folio de matrícula pertinente el 28 de mayo de ese año (fls. 52 y 53, cdno. 1; 16 y 17, cdno. 4).

4. Con constancia de que la empresa de correo entregó a Jorge Martínez, en esa nomenclatura, el citatorio destinado a Jesús Humberto Romero Fernández, y de que similar aviso enviado a Ayxa Patricia Arias Cuesta y el de notificación al primero no fueron recibidos porque “la persona a notificar no vive ni labora allí”, el 10 de mayo de 2004 la actora pidió emplazarlos, invocando el numeral 3 del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, a lo que el 31 del mismo mes el Juzgado Doce Civil del Circuito de la capital de la República accedió (fls. 69 al 92 cdno. 1).

5. Cumplido el llamamiento edictal sin que nadie se presentara, el despacho nombró curador ad lítem para representar a los convocados, quien contestó sin proponer excepciones (fls. 93 al 99).

6. Tras agotar la etapa probatoria y correr traslado para alegar, el 11 de agosto de 2009 la oficina judicial accedió a las súplicas del pliego introductorio y dispuso consultar la decisión (fls. 193 al 205).

7. En sentencia de 24 de febrero de 2010, notificada por edicto fijado el 2 de marzo siguiente y desfijado el 4 del mismo mes y enmendada por auto de 5 de mayo de ese año, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá desató el grado jurisdiccional confirmando la resolución de primer grado (fls. 5 al 12, cuaderno del Tribunal).

8. Atendiendo la solicitud de la entidad vencedora, por providencia de 9 de noviembre de 2010, corregida el 13 del siguiente mes en el sentido que se publicitaría por estado, la autoridad judicial emitió orden compulsiva dentro del mismo expediente por los valores reconocidos (artículo 335 ídem). Además, dispuso el embargo del bien raíz materia de la disputa previa, que se materializó el 25 de enero siguiente (fls. 1 al 12, cuaderno 2, y 12 cuaderno 4).

II. El recurso de revisión

1. Como soporte de su impugnación, Ayxa Patricia Arias Cuesta adujo las causales contempladas en los numerales sexto y séptimo del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, aunque sólo la última fue admitida, por lo que la Sala centrará su atención en ella.

2. Sustentó la reclamación en los hechos que se resumen así:

a) Mediante escritura pública Nº 781 de 6 de mayo de 1997, el Fondo Nacional del Ahorro le vendió a ella y a Jesús Humberto Romero Fernández un local comercial por sesenta millones ochenta y seis mil pesos ($60.086.000), de los cuales recibió dieciocho millones veinticinco mil ochocientos pesos ($18.025.800).

b) Asimismo, pactaron que los cuarenta y dos millones sesenta mil doscientos pesos ($42.060.200) restantes serían cancelados con el producto de un crédito ya aprobado por el Banco Central Hipotecario, que se entregaría directamente al acreedor.

c) El 7 de noviembre de 2002, los compradores radicaron en el Departamento de Crédito del FNA una petición relacionada con el tema, “donde al final….después de sus firmas indican como dirección para correspondencia la calle 36 Nº 78-45 barrio Modelia de esta ciudad [Bogotá], teléfono 4295827, cuya copia original se radicó igualmente en la División Administrativa de dicha entidad” (destacado original).

d) Como finalmente fue negado el empréstito destinado a solucionar el saldo, el 18 de ese mes, el Fondo Nacional del Ahorro los demandó por considerar que le adeudaban el correspondiente importe, informando al juzgado que podían ser notificados en el “Local número 106 que forma parte de la manzana E -propiedad horizontal- urbanización ‘Carlos Lleras Restrepo’, ubicado en la calle 36 Nº 69F-65 de Bogotá D.C.”

e) Por otra parte, el 21 de la misma mensualidad la entidad estatal les respondió su solicitud, dirigiéndoles la comunicación a la nomenclatura que previamente le indicaron en el respectivo oficio.

f) En pronunciamiento de 28 de marzo de 2003, adicionado el 21 de abril de igual periodo, el despacho admitió el libelo y el 4 de mayo siguiente se les remitió “citación para diligencia de notificación personal” a la dirección suministrada por su oponente, obteniéndose certificación de que no vivían ni trabajaban allí.

g) Teniendo en cuenta lo anterior, el 10 de mayo del siguiente año, el apoderado del Fondo pidió emplazarlos omitiendo informar la nomenclatura que el 7 de noviembre penúltimo le indicaron a su poderdante, lo que conllevó que se les designara un curador ad litem que los representara, quien amén de que sólo fue enterado del proveído que dio curso a la demanda mas no del que lo complementó, no se opuso ni formuló excepciones por desconocer los pormenores de la negociación.

h) Por lo relatado, la sentencia desfavorable a sus intereses alcanzó ejecutoria, e iniciado el cobro coercitivo de sus condenas al tenor del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil la orden de apremio se publicitó por estado, resolviéndose proseguir el recaudo (9 de septiembre de 2011).

i) Así las cosas, se produjo la causal de nulidad prevista en el artículo 140-9 ídem, que no ha sido saneada.

j) Además, se hallan en la oportunidad prevista en el inciso 3 del artículo 142 ejusdem en armonía con el 2 del 381 del mismo compendio normativo, pues sólo transcurrió un año y medio desde cuando se inscribió el embargo y se enteraron de la sentencia.

III. Trámite del recurso extraordinario

1. El 21 de septiembre de 2012 fue radicada la demanda y el 26 de octubre posterior el Magistrado Ponente inadmitió a trámite por extemporaneidad la causal sexta del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil también alegada, al tiempo que fijó la caución de que trata el inciso 1º del artículo 383 ídem (fls. 41 y 41).

2. Otorgada la garantía, ordenó al Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá remitir el respectivo expediente (fls. 43 al 66).

3. Recibida la actuación y después de que Jesús Humberto Romero Fernández precisara que pretendía obrar como coadyuvante, el 7 de abril de 2014 dio curso al libelo, reconoció al interviniente dicha calidad y ordenó correr traslado al Fondo Nacional del Ahorro (fls. 55 al 58, 59 y 72 al 75).

4. Como el 23 de mayo siguiente prosperó el recurso de reposición del demandado contra el anterior pronunciamiento, dispuso devolver el proceso para que previamente el juzgado expidiera a costa de la impugnante copias destinadas a efectivizar la sentencia enjuiciada (fls. 86 al 88 y 105 al 109).

5. Cumplido lo anterior, rechazó el escrito introductorio al estimar que la censora aún contaba con la opción de alegar nulidad dentro de la ejecución. Sin embargo, al definir la súplica de la afectada, el Magistrado que seguía en turno revocó dicha determinación, por lo que finalmente aquel fue admitido, ordenando de nuevo dar traslado a la entidad financiera pública (fls. 114 al 146).

6. El Fondo destacó que el 14 de noviembre de 2003, en el local objeto de la venta, la empresa postal “Josaca” entregó a Jorge Martínez, al parecer el mismo que luego atendió el secuestro del inmueble, la citación destinada a Jesús Humberto Romero Fernández, por lo que desde entonces éste conoce la existencia del proceso pero no compareció a notificarse, sin que por otra parte aparezca constancia de lo sucedido con el aviso remitido a Ayxa Patricia Arias Cuesta para análogo propósito, quien calla en torno a estas actuaciones. Sin embargo, cuando de nuevo gestionó las comunicaciones a través de Servientrega, fueron devueltas “…porque las personas a notificar no viven ni laboran allí”.

Como excepción de mérito formuló la que denominó Notificación del auto admisorio de la demanda en legal forma”, fundada en los sucesos acabados de relacionar y en que para la fecha que radicó aquella “no conocía perfectamente la nueva dirección de correspondencia de los peticionarios”, pues, en las peticiones que antes de “7 de noviembre de 2002” le elevaron, la censora y Jesús Humberto Romero Fernández no la indicaron; y, la que señalaron en esa fecha postrera es de correspondencia” (sic) para colmar los requisitos del derecho de petición (D. 1/84), pero en ningún caso para “notificaciones judiciales”, puesto que la “entidad estatal no profiere providencias judiciales ni mucho menos notifica las mismas”, máxime que su respuesta sólo se produjo el 21 de aquel mes, previo traslado de su División Administrativa a la Oficina Jurídica, de lo que informó a los petentes el 12 del mismo periodo. Además, reseñó la actuación posterior cumplida para vincular a los demandados mediante curador, y relievó que el 31 de agosto de 2012 Romero Fernández otorgó poder a un abogado para que lo represente en el cobro coercitivo.

Igualmente, formuló la defensa de fondo que intituló “Inexistencia de la providencia judicial objeto del recurso extraordinario de revisión”, aduciendo que siendo ésta “compuesta” el ataque “fue mal interpuesto”, toda vez que sólo cobija la sentencia de 24 de febrero de 2010 mas no la providencia de 5 de mayo siguiente con que el Tribunal la corrigió (fls. 176 al 181).

7. Corrido el traslado de dicha oposición, la actora replicó que si bien antes de la demanda no se podía hablar de dirección para notificaciones judiciales, una vez interpuesta servía para ese fin la nomenclatura que el 7 de noviembre de 2002 informó para correspondencia. Puso de presente que el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989 y la Ley 794 de 2003, no distingue entre uno y otro propósito, limitándose a sancionar por omitir informar el “lugar donde hubiera podido encontrarse al demandado”. Sostuvo que la circunstancia de que el Fondo tenga varias dependencias no excusa su responsabilidad y mucho menos sirve para hacer más gravosa la situación de los demandados, máxime que reconoce que se le informó la nueva dirección conforme a la codificación contencioso administrativa vigente aunado a que el 21 del precitado mes dirigió a ella la contestación a su petición. Y, agregó que, si en gracia de discusión se admitiera que para esas calendas ignoraba dicha nomenclatura, sin duda estaba al tanto de la misma cuando solicitó su emplazamiento el 10 de mayo de 2004.

Aseguró que si el citatorio fue recibido por Jorge Martínez, y además éste atendió el secuestro del predio donde se hizo el intento de vincularlos al litigio, se corrobora que ellos no ostentaban la tenencia del bien.

Sobre la segunda defensa de mérito, puso de presente que pidió la nulidad de “todo” lo tramitado desde el emplazamiento irregular, incluyendo las sentencias de primer grado y consulta, sin que se torne necesario hacer alusión a todas y cada una de las actuaciones o providencias ulteriores” (fls. 186 al 190).

8. El proceso prosiguió con la apertura a pruebas, y culminado su recaudo se dio traslado común a los intervinientes para alegar de conclusión, oportunidad que aprovecharon reiterando las posiciones ya expresadas (fls. 206 al 216).

9. Agotadas las etapas enunciadas, es pertinente dictar sentencia que resuelva la impugnación.

IV. Consideraciones

1. El recurso de revisión tiene por propósito impugnar de manera excepcional aquellas sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada y que el censor considera contrarias al ordenamiento, para reabrir el litigio original con todas las garantías que inicialmente se le negaron y restablecerle el derecho desconocido, dependiendo su prosperidad de que demuestre que se configura alguna de las precisas causales señaladas en la legislación procesal civil.

En tal sentido, este remedio extraordinario constituye un límite al principio de la cosa juzgada en aras de la primacía del derecho material frente al formal, es decir, que privilegia la justicia sobre la seguridad jurídica.

Sobre el particular, la Corte ha sostenido que,

(…) aparece consagrado por el derecho positivo como remedio que se endereza a quebrantar la fuerza de la cosa juzgada, el recurso de revisión, cuya finalidad es pues invalidar por injusta una sentencia firme, para que por consiguiente la jurisdicción pueda considerar nuevamente el litigio planteado en proceso anterior y fallarlo con arreglo a derecho (G.J. t. CXLVIII, 1ª parte, pág. 14).

Semejante privilegio tiene importantes limitaciones, en cuanto los motivos de revisión no solo son taxativos sino que su aplicación debe hacerse con un criterio restrictivo, en otras palabras, únicamente las causales expresamente contempladas por el legislador tienen la potencialidad de socavar la cosa juzgada y la interpretación de la situación fáctico-jurídica debe ceñirse estrictamente a los contornos de la misma.

Su finalidad no es reeditar el debate de fondo primigenio, brindando al impugnante renovadas oportunidades probatorias, permitiéndole exponer novedosos puntos de vista o subsanando su incuria al omitir los mecanismos ordinarios de defensa, sino examinar si circunstancias extrínsecas que encajan en los motivos previstos por el legislador influyeron de manera decisiva en la adopción de una resolución que debe ser removida por tener más peso la perentoriedad de corregir la injusticia contenida en ella que la cosa juzgada.

Al respecto, la Sala ha dicho que

«Debido a su carácter excepcional y los fines que está llamado a alcanzar, las causas que lo justifican, además de estar consagradas con criterio taxativo y por ende de entendimiento restringido, se originan en circunstancias, que en términos generales son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna, es decir, que rebasan el ámbito propio de éste y por esencia constituyen aspectos novedosos frente a él, pero que lo vician en forma decisiva. De ahí que se descarten, en principio, como motivos justificantes del mismo, todos aquellos aspectos que por haber constituido tema de decisión, fueron alegados, discutidos y decididos en el proceso en el cual se dictó la sentencia recurrida, porque de no ser así, se estaría frente a un replanteamiento in extenso del debate judicial concluido, que al fin de cuentas no es el objetivo del recurso en comentario, como inicialmente quedó explicado».

2. Como reclama la censora al tenor de lo preceptuado en el numeral 7 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, amerita invalidar la sentencia la circunstancia de «[e]star el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 152 [140], siempre que no haya saneado la nulidad», de donde se infiere que la disposición apunta a proteger el derecho fundamental al debido proceso en su más prístina manifestación, como es la posibilidad de ser enterado de la actuación judicial iniciada en contra y, por esa senda, acceder al abanico de posibilidades de contradicción que brinda el ordenamiento jurídico, pues, de no darse aquella, queda cercenada de tajo cualquier posibilidad ulterior de ejercicio de esos privilegios.

Suficientemente decantado está que a partir del Decreto 2282 de 1989, la referencia al artículo 152 corresponde al 140 del Código de Procedimiento Civil, cuyo numeral 8 contempla la nulidad del proceso «[c]uando no se practica en legal forma la notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél o de éste, según el caso, del auto que admite la demanda…», regla que precisa el alcance de la remisoria, en cuanto no sólo estipula los eventos de absoluta omisión del trámite para vincular a la contraparte, sino cuando éste se cumple irregularmente.

En todo caso, esto debe mirarse a la luz del principio de trascendencia que rige esta materia, pues, no a cualquier yerro puede conferírsele entidad suficiente para dar al traste con la actuación procesal, sino a aquellos que afecten radicalmente el derecho fundamental de contradicción, tema a examinar puntualmente.

3. En ese sentido, para verificar si el trámite seguido acá acompasa con los dictados legales pertinentes, es preciso memorar estos.

El numeral 11 del artículo 75 ídem impera al promotor de toda demanda informar «[l]a dirección de la oficina o habitación donde el demandante y su apoderado recibirán notificaciones personales, y donde han de hacerse al demandado o a su representante mientras éstos no indiquen otro, o la afirmación de que se ignoran, bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la demanda».

En el primer caso, tratándose el destinatario de una persona natural, se le remite una comunicación «a la dirección que le hubiere sido informada al Juez de conocimiento como lugar de habitación o de trabajo de quien debe ser notificado personalmente» citándolo para que comparezca a notificarse dentro del plazo legal, y «[u]na copia de la comunicación, cotejada y sellada por la empresa de servicio postal, deberá ser entregada al funcionario judicial o a la parte que la remitió, acompañada de constancia expedida por dicha empresa, sobre su entrega en la dirección correspondiente, para efectos de ser incorporada al expediente». Cumplido el término concedido, si comparece el convocado, se le debe enterar el proveído; si no lo hace, para ese último propósito se le envía un aviso (art. 320 íb.).

Ahora, conforme al numeral 4 del artículo 315, si el citatorio es devuelto, «…con la anotación de que la persona no reside o no trabaja en el lugar, o porque la dirección no existe, se procederá, a petición del interesado, como lo dispone el artículo 318», esto es, realizando el emplazamiento previsto allí.

No obstante parecer que en este evento, automáticamente fracasa la citación se debe hacer el llamamiento edictal, es evidente que ello procede en la medida que el promotor haya cumplido la obligación que le impera el memorado artículo 75-11 de suministrar las direcciones de notificación de que disponía, máxime que el 319 íd. sanciona con multa, condena en perjuicios, nulidad y noticia a la justicia penal si se prueba que «…el demandante, su representante o apoderado conocían el lugar donde hubiera podido encontrarse al demandado». Es decir, el edicto no podría darse por el simple hecho objetivo que el citatorio sea devuelto, sino que el extremo activo debe ignorar cualquiera otro sitio donde para ese fin pudiera ser localizado el oponente.

4. Entrando en el estudio puntual del asunto, en primer lugar cabe anotar que si bien la sentencia objeto de la censura quedó en firme el 9 de marzo de 2010 y esta demanda de revisión se radicó el 21 de septiembre de 2012, la recurrente no excedió el término legal de dos años, toda vez que frente a la causal examinada el plazo comienza «a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de cinco años. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público, los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de la fecha del registro».

Como en el plenario no obra prueba alguna que indique que la censora se enteró del aludido fallo de alguna otra manera, cabe atenerse a su manifestación de que ello sucedió cuando el embargo decretado en el ejecutivo seguido a continuación del juicio ordinario se inscribió en el folio de matrícula respectivo, 25 de enero de 2011, esto es, apenas un año y ocho meses antes de que presentara este libelo y en todo caso dentro de los cinco años máximos previstos en la ley.

5. Por otra parte, situación fáctica que no suscita discusión por desprenderse del correspondiente documento aportado en la oportunidad pertinente, decretado como prueba y que no fue impugnado de ninguna manera, es que el 7 de noviembre de 2002 Ayxa Patricia Arias Cuesta y Jesús Humberto Romero Fernández radicaron en “Archivo y correspondencia” del Fondo Nacional del Ahorro un escrito con algunas observaciones y solicitudes relacionadas con el contrato de compraventa que los ligaba, y en la parte final señalaron «[c]orrespondencia calle 30ª Nº 78ª-45», amén de números de fax y teléfono (fls. 2 y 3, cdno. del recurso).

Igualmente, que la demanda ordinaria en que se dictó la sentencia reprochada fue interpuesta el 18 de ese mismo mes, indicando como dirección para notificar a dichas personas la correspondiente al local comercial objeto del negocio (fl. 39 cdno. 1 del ordinario).

Sin embargo, tres (3) días después la entidad estatal respondió la petición mediante escrito dirigido a la nueva nomenclatura suministrada, el que sin duda fue recibido por los destinatarios, siendo que la impugnante lo anexa al escrito con que promueve la revisión (fl. 1 ídem).

Finalmente, que el 10 de mayo de 2004, fundado en la circunstancia contemplada en el numeral 3 del artículo 318, puesto que no fue posible citar a Ayxa Patricia Arias Cuesta ni notificar por aviso a Jesús Humberto Romero Fernández en la nomenclatura que desde un comienzo informó al juzgado, el apoderado del Fondo pidió y obtuvo su emplazamiento, cuya infructuosidad determinó que se les nombrara curador ad lítem, dando lugar a que por ello se consultara la sentencia adversa a los representados por ese auxiliar, que fue confirmada.

6. Examinado el escenario fáctico que se acaba de explicitar a la luz de las disposiciones enunciadas, es patente que se configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y por esa vía la de revisión del numeral 7 del artículo 380 ídem, toda vez que la vinculación al proceso ordinario de Ayxa Patricia Arias Cuesta no se produjo en legal forma, al cercenar de raíz su posibilidad de comparecer personalmente y defenderse, pues, teniendo el Fondo Nacional del Ahorro una dirección que ella misma le suministró apenas once (11) días antes de demandarla, no la informó al juzgado, como se lo exige el numeral 11 del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, limitándose a señalar la del local comercial objeto del litigio, pese a que sí tuvo en cuenta aquella cuando tres (3) días después contestó la petición donde quedó consignada esa información.

Y si bien es comprensible que la entidad esperara que el intento de notificación en la nomenclatura que indicó rindiera fruto, cuando a la postre en la práctica ello no sucedió porque “la persona a notificar no vive ni labora allí”, no era válido que al amparo del numeral 3 del artículo 318 pidiera el emplazamiento, pues, como ya se dijo, desde un comienzo ha debido aportar la nueva que tenía, y en todo caso en cualquier momento en que no se contara con otra, máxime que el 319 ídem reprocha «[s]i se probare que el demandante, su representante o apoderado conocían el lugar donde hubiera podido encontrarse al demandado…».

Al respecto, la Sala ha dicho que

«Ya concretamente en relación con el emplazamiento del demandado, debe decirse que para que el mismo proceda válidamente, es preciso que colme rigurosamente todas y cada una de la exigencias establecidas en la ley; rigorismo que nace precisamente de las evidentes desventajas que pueden derivarse para el demandado de semejante forma de notificación. Valga en este momento insistir entonces en que, como ya quedó visto, a la buena fe y a la lealtad del actor, a su manifestación juramentada en cuanto a los presupuestos que obligan al emplazamiento del demandado, se remite la ley en principio; pero, como es apenas natural, si esa manifestación del demandante resulta falsa, contraria a la verdad, si constituye en últimas un engaño, deviene anómalo el emplazamiento, lo cual acarrea, aparte de las sanciones contempladas por el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil, la nulidad de lo actuado que, como ya fue advertido, puede invocarse mediante el recurso de revisión. Es la que se acaba de describir, la situación aquí planteada; pues el demandado en el proceso ordinario, que en su oportunidad fue emplazado y representado por un curador ad litem, alega que el actor sí sabía, al contrario de lo que afirmó en su demanda, cuál era el lugar de su domicilio» (CJS SC, 4 dic. 1995, exp. 5269).

7. No se advierte que la nulidad haya sido saneada, pues, por no haber sido notificada Ayxa Patricia no la podía alegar, además como no acudió al proceso ordinario como tampoco al ejecutivo, no podía sanearla.

Y, si bien la oportunidad para plantearla se amplió como lo prevé el inciso 3 del artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, es decir, «…como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia», lo cierto es que cuando la interesada dijo haberse enterado de lo actuado, sin que exista prueba en contrario, es decir, el 25 de enero de 2011 con la inscripción del embargo del inmueble, había vencido dicha oportunidad desde el 19 de diciembre de 2010, puesto que el mandamiento de pago y su corrección se notificaron el día 14 del mismo mes.

En efecto, dada la índole de la defensa autorizada por la ley, se trataba de una excepción previa que conforme al inciso final del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil debió proponerse como reposición contra aquél auto, pues, así se desprende no sólo de su naturaleza correctiva del ritual sino del inciso primero del artículo 143 que señala «[n]o podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien no la alegó como excepción previa, habiendo tenido oportunidad para hacerlo» (se destaca).

Incluso, tal posición se sostuvo en el auto que dispuso rechazar el recurso de revisión que ahora se decide (fls. 115 a 121). Sin embargo, interpuesto el recurso de súplica, el Magistrado que seguía en turno revocó la decisión argumentando que

«se pregona una indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en el cognitivo, que ya no puede aducirse allí mismo porque venció el plazo para pronunciarse sobre el mandamiento de pago, en las actuaciones coercitivas seguidas a continuación» (fls. 131 a 144).

Además, en el inciso tercero del artículo 142 del código de procedimiento civil los términos para alegar la nulidad son amplias máxime cuando no se ha podido actuar ene l proceso ordinario ni tampoco en el ejecutivo, como en este caso, y que por lo tanto no se ha saneado la nulidad. Así se establece que: “La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia , o mediante el recurso de revisión se no se alegó por la parte en las anteriores oportunidades…”, lo que quiere decir, que en este caso, no saneada la nulidad y no alegada en oportunidades anteriores, bien podía aducirse en el trámite del recurso extraordinario que ese estudia.

8. No prospera la defensa de mérito denominada «Notificación del auto admisorio de la demanda en legal forma» porque contradice lo señalado anteriormente, puesto que, a riesgo de ser reiterativos, para el 18 de noviembre de 2002 el Fondo Nacional sí conocía la nueva dirección donde los petentes recibían correspondencia.

Ahora, si la misma fue aportada para cumplir los requisitos que el Decreto 1 de 1984 fijaba a todo derecho de petición, no por ello podía ignorarse para la notificación judicial, en la medida que era el lugar donde era viable localizar a Ayxa Patricia según ella misma informó al Fondo, máxime que el concepto de lugar para «correspondencia» cobija cualquier sitio a donde pudiera remitirse a una persona una comunicación como son las que se libran conforme a los artículos 315 y 320 del Código de Procedimiento Civil.

La existencia de diversas dependencias al interior de la entidad estatal no excusa la falta, pues se trata de una entidad con personería única que debe tener organizada y centralizada la información que le llega para evitar que la misma se diluya y no se refleje en sus actuaciones, entre ellas las judiciales.

Las alegaciones en torno al supuesto conocimiento que el otro demandado, Jesús Humberto Romero Fernández, tuvo de la existencia del proceso, aunque en gracia de discusión se admitieran sus supuestos de hecho, no son relevantes, en la medida que no es quien solicita la revisión, pues su condición de coadyuvante no implica que sobre él verse la presente discusión, sino simplemente le permite aportar elementos de juicio en beneficio de quien sí lo es, en la medida que «…pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida» .

En ese sentido, incluso si se demostrara que se enteró del proceso, faltaría probar que trasladó la información a Ayxa Patricia.

Tampoco medra la excepción de mérito consistente en «Inexistencia de la providencia judicial objeto del recurso extraordinario de revisión» porque supuestamente no se atacó el auto que el 5 de mayo de 2010 dictó el tribunal para corregir su sentencia de 24 de febrero anterior, toda vez que la pretensión es suficientemente comprensiva de esos proveídos al solicitar la nulidad de «todo lo actuado», amén de que dicho pronunciamiento no define nada sustancial, limitándose a precisar que el número del juzgado de primera instancia era doce (12), no once (11).

9. Llegados a este punto, es pertinente señalar que la nulidad que se declarará será desde el auto admisorio de la demanda, únicamente respecto de la impugnante Ayxa Patricia Arias Cuesta, frente a quien se deberá renovar la actuación.

No así en relación con Jesús Humberto Romero Fernández, quien conformó la parte pasiva en el juicio ordinario a título de litisconsorte necesario toda vez que junto con aquella adquirió el bien, puesto que no fue promotor del recurso de revisión, de tal suerte que la actuación en el juicio ordinario, en cuanto sea compatible con lo que aquí se resuelve, continúa incólume; es decir, que no se le reactivan oportunidades procesales, comenzando porque continúa notificado mediante curador ad litem, y las pruebas practicadas conservan respecto de él plena eficacia.

Ello por cuanto un fundamento de las nulidades adjetivas es el de protección, conforme al cual solo el agraviado puede alegarlas, y en esa medida sólo respecto de él se pueden decretar, a la luz de los principios -general- de economía y –especial- de conservación; el primero de los cuales, propende por el máximo resultado procesal con el menor gasto de tiempo, recursos, esfuerzos, etc.; y, el segundo procura mantener en la mayor medida posible la validez y eficacia de los actos procesales.

No se ignora que el último apartado del inciso tercero del artículo 142 del Código de Procedimiento Civil prevé que «[l]a declaración de nulidad sólo beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio necesario», pero ello sólo implica que le aprovecharán las actuaciones en ese proceso de la litisconsorte triunfante, conforme lo prevé el artículo 51 ib.

Al respecto, en un caso semejante, la Sala rectificó su posición en relación con el entendimiento que a esta norma procesal debía dársele, al explicar en proveído CSJ SC, 4 jul. 2012, exp. 2010-00904-004, que

«El artículo 142 ibídem disciplina la oportunidad y el trámite de las “nulidades” de índole procedimental; el último apartado del inciso tercero, como se desprende de su fácil lectura, en manera alguna ordena que en tratándose de “litisconsortes necesarios” el vicio en favor de uno invalide las actuaciones surtidas respecto de los otros; llanamente establece que “[l]a declaración de nulidad sólo beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio necesario”.

Y beneficiar, en el contexto aludido, no significa dejar sin efecto actuaciones, sino simplemente resaltar que ante la bienandanza de la petición de nulidad de un litis consorte necesario, los demás se aprovecharán de sus excepciones, de sus pruebas, de sus recursos y de sus alegatos, etc.; lo cual guarda perfecta concordancia con el artículo 51 ib en el entendido de que “cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerá a los demás”.

En suma, una interpretación lógica y sistemática de las reglas incorporadas en los preceptos 142 y 143 del Código de Procedimiento Civil, lleva a determinar que cuando se decreta una nulidad, lo procedente es renovar exclusivamente la actuación viciada, sin reparar en que el solicitante integre un litisconsorcio necesario, pues, los “beneficios” de los demás “litisconsortes” dependerán del resultado de los actos que formule aquél».

Lo anterior significa que en materia de nulidades, pese a la existencia de litisconsorcio necesario, la invalidación de la actuación frente a uno, no conlleva automáticamente a abolir toda la actuación frente a todos, siendo lo preciso entender la salvedad contenida en el artículo 142 citado, como el beneficio intrínseco que le puede suponer a todo litisconsorte necesario, la suerte que pueda correr la renovada actuación que se surta frente a quien sí se le nulitó el proceso, y por ende, se le restablecieron términos para proponer excepciones, pedir pruebas, alegar en conclusión, etc.

10. No se fulminará ninguna de las sanciones previstas en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil, pues si bien puede predicarse que el Fondo Nacional del Ahorro conocía la dirección donde podría ser enterada Ayxa Patricia Arias Cuesta, no se observa que haya sido por malicia que no la aportó, sino meramente por una falta de comunicación entre sus distintas dependencias y el profesional que llevaba su representación judicial.

11. En síntesis, se concluye que en este asunto se configuran los requisitos del numeral 7 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil para acceder a lo reclamado, puesto que a pesar de que la demandante conocía una dirección donde la actual quejosa podría ser localizada ante la infructuosidad del intento en otra, no la informó sino que solicitó el emplazamiento; la nulidad no ha sido saneada; la defensa que apuntaba a contradecir esa realidad y la que acusaba de no ser comprensivo el ataque de todas las providencias que deberían ser objeto de la revisión fueron desvirtuadas; la única que directamente se aprovecha de la invalidez que se decreta es quien la alegó, sin perjuicio del beneficio que el otro demandado tenga en su condición de litisconsorte necesario; y no obstante lo dicho, no se aprecia actuación dolosa del Fondo Nacional del Ahorro que precise imponerle las sanciones previstas en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil.

12. Por último, no se condenará en costas por haber prosperado el recurso.

V. Decisión

En armonía con las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar la nulidad de lo actuado en el proceso ordinario del Fondo Nacional del Ahorro contra Jesús Humberto Romero Fernández y Ayxa Patricia Arias Cuesta, únicamente respecto de lo actuado en relación con la última de las mencionadas, con posterioridad al auto admisorio de la demanda, pues, frente al primero conservan validez las pruebas practicadas.

2. Sin costas.

3. Cancelar la caución que otorgó la parte recurrente en este asunto, previas las constancias de rigor.

4. Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al juzgado de origen, a excepción de la actuación relativa al recurso de revisión. Ofíciese.

5. Archivar, en su momento, el expediente aquí formado.

Notifíquese,

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta.—Margarita Cabello Blanco.—Álvaro Fernando García Restrepo.—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.—Ariel Salazar Ramírez.—Luis Armando Tolosa Villabona