Sentencia 2006-00235 de junio 24 de 2014

SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC8045-2014

Radicación 11001-31-03-024-2006-00235-01

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá, D.C., veinticuatro de junio de dos mil catorce.

3. La demanda de casación.

Al amparo de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, un cargo propone la recurrente. Acusa la sentencia de violar, de manera indirecta, los artículos 1495, 1501, 1502, 1517,1518, 1546, 1562, 1602, 1603, 1609 del Código Civil, 864, 865, 870, 871 y 872 del Código de Comercio, como consecuencia de los errores fácticos en los cuales incurrió el tribunal al apreciar las pruebas.

3.1. Tras puntualizar que el desatino radica en no haber tenido por demostrados los incumplimientos de la demandada, en especial, el de restituirle al cliente L....... N.........., y en la forma como dio por probado que la accionante había desatendido la prestación de entregar una bodega, hace ver cómo a partir de la estipulación 11 del convenio de 21 de diciembre de 2004, obrante a folios 25 a 29, el juez de segundo grado dio por sentado, por un lado, la obligación de esta de devolver un predio; lo cual le sirvió para decir que la de aquella de regresar al susodicho cliente por tarde el 12 de septiembre de 2003, fue modificada, en cuanto aceptó que continuara atendiéndolo, a cambio de que siguiera con el inmueble por espacio de nueve meses; y, por el otro, que la promotora del pleito no podía pedir la ruptura porque había desacatado sus responsabilidades.

El defecto consistió en que ese convenio no contiene obligación pues carece de objeto determinado o determinable; alude a la devolución de un bien pero sin nombre, dirección, ubicación, área, extensión, linderos, cédula catastral ni folio de matrícula inmobiliaria que permitiera su identificación, y ello el juzgador no lo reparó. Es decir, dejó de observar su inutilidad desde el punto de vista probatorio, en cuanto no concreta el objeto materia de restitución; de este modo, lo tergiversó, pues al padecer de indeterminación, no podía hablarse de ese deber jurídico por inexistente, y como secuela del incumplimiento.

Bodega —dice— es un vocablo genérico y ambiguo en cuanto exige especificación para precisarlo, que produzca efectos, por lo menos, en los aspectos atrás referidos, y así predicar cosa determinada que pudiera ser objeto de declaración según el artículo 1518 del Código Civil, el cual quebrantó.

Luego de aludir a la doctrina sobre el último particular y de afirmar, con invocación de la jurisprudencia, que cuando se involucra un inmueble, este debe singularizarse en el libelo y en el documento que lo cite, advierte que como no hay “objeto en la obligación” que el sentenciador vio, reitera esta es inexistente, y al serlo, no puede predicarse su incumplimiento; le dio así alcance demostrativo a una convención inocua.

3.2. Como no dijo qué fue lo confesado, entiende que el tribunal encontró probada la no restitución de la bodega dentro de los 9 meses siguientes al convenio de 21 de diciembre de 2004, pero en ello hay dislate fáctico, en primer lugar, por lo ya demostrado y, en segundo, por cuanto en las súplicas se aludió genéricamente a un inmueble sin dato que lo identificara, lo cual torna estéril esa manifestación; por tanto, se equivocó al ver en la pretensión cuarta una aparente confesión. Supuso que el bien allí referido era el mismo del documento modificatorio, sin existir evidencia al respecto; y como era inviable afirmar identidad entre lo uno y lo otro, tampoco podía colegirse que cuando en el petitum se mencionó la cosa, se estuviera confesando su no restitución o su incumplimiento.

3.3. Como el representante legal de la demandada no asistió al interrogatorio de parte ni justificó la ausencia, implicaba tener por ciertos los hechos susceptibles de confesión según el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil; empero, el ad quem no observó esa realidad, dejando de admitir por tales, los atañaderos al incumplimiento en ellos atribuido.

Esa omisión condujo a no ver que en el hecho 4 se imputa a la opositora incumplimiento a las obligaciones de: (i) restituirle el cliente L......... N.......... L........... a más tardar el 12 de septiembre de 2003; (ii) producir y abastecerla de por lo menos 12 ediciones de títulos nuevos por año y de la reedición de los faltantes considerados “de venta comercial”; (iii) y la distribución exclusiva de todos sus libros para Centro América, el Caribe y Brasil.

El fallador no cuestionó esas obligaciones, “(...) pero sí consideró que la parte demandante no había demostrado su incumplimiento (...)”(1), cayendo en falencia fáctica, porque la accionada no compareció al interrogatorio ni justificó su inasistencia; por tanto, cuanto, se le enrostró en el hecho 4 quedó probado con la confesión ficta. “(...) Y si bien el tribunal (...) quiso desvirtuar el incumplimiento relativo a la obligación de la editora de restituir el cliente (...)”(2) (L........ N.........) por tarde en la fecha atrás identificada, debe tenerse en cuenta que en precedencia se demostró la sinrazón al respecto; además, si se aceptara, en gracia de discusión, que se refirió a uno de los tres incumplimientos, subsistirían los restantes.

Pese a estar probados tales desacatos, el juez de segundo grado creyó que al haber desvirtuado el relacionado con la L......... N......., los otros dos corrían la misma suerte, pretermitiendo la confesión presunta. De haberla ponderado no habría caído en el error de inferir que la actora no demostró los incumplimientos endilgados a la contraparte. La circunstancia de que esta no haya traspasado los derechos para atender a la citada librería “quedó latente” porque el numeral 11 del escrito modificatorio “no envuelve obligación” de la actora de restituir cosa alguna; así se prescindiera de esa supuesta tarea, la contravención de las dos restantes subsiste, ya que no hay prueba demostrativa de lo contrario.

3.4. A vuelta de citar el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, sostiene que el juzgador ignoró indicios a partir de la conducta procesal de la “parte demandada” pues de haber apreciado la contestación al libelo habría advertido que la opositora no alegó el “incumplimiento” de la accionante de “(...) restituir una bodega (...)”, ni basó su defensa en la estipulación 11; motivo por el cual, la deducción lógica es la inexistencia de tal obligación; y al no fundar su defensa en ese pacto es porque “(...) esta es inocua”. Este aserto cobra fuerza si no se pierde de vista que el contrato del 12 de septiembre de 2000 no involucra predio alguno.

3.5. El sentenciador tampoco apreció la certificación que con base en los libros contables emitieron el representante legal y el revisor fiscal de la promotora del proceso, conforme a la cual a 31 de diciembre de 2006 el saldo adeudado por la opositara era de $ 215.728.155; ni la proyección de pagos de facturación obrantes a folios 32 a 35; de haberlas ponderado habría inferido que los perjuicios reclamados estaban sustentados.

3.6. En el mismo orden no vio que el auxiliar, M..... A....... G........ U........ conceptuó que lo adeudado por aquella ascendía a $ 283.928.754 por anticipos y pagos a terceros, $ 123.032.426 por no restituir el cliente, $ 2.176.102.096 por violación de la exclusividad y $ 749.731.739 por daños causados a raíz de la frustración del proyecto: “Cómo comprender y disfrutar la música clásica”; dictamen que al no haber sido objeto de contradicción, debió tener en cuenta como indicio, al lado de aquellas certificación y proyección de facturas, emitidas por el representante legal de la demandante.

4. Consideraciones.

4.1. Como la decisión impugnada a través del recurso extraordinario de casación llega a la Corte amparada por la presunción de verdad y acierto, cuando se enfila el ataque por la vía indirecta de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, enrostrándole la comisión de desatinos fácticos, se impone al acusador probar el yerro notorio, amén de trascendente, en el que haya incurrido el tribunal. Expresado con palabras del legislador, en las situaciones donde se “(...) alegue la violación de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de la demanda o de su contestación, o de determinada prueba, es necesario que el recurrente lo demuestre”(3).

Como lo tiene sentado la jurisprudencia, en vista de la discreta autonomía de que goza el sentenciador en la valoración probatoria para resolver, “(...) en tratándose de establecer los desaciertos (...)” que ha cometido, “la tarea del impugnador necesariamente debe estar dirigida a demostrar que el yerro que le achaca al juzgador es notorio y trascendente”(4).

4.2. El casacionista combate al ad quem por haber desacertado al valorar los elementos de juicio; no empece, aquella tarea en procura de demostrar defectos palmarios sobre el particular no la honra cabalmente. En lugar de combatir frontalmente el fundamento toral que adoptó el fallador para definir el asunto, transita por la senda de su conveniencia, dejando de atender la carga que en la materia gobierna la preceptiva casacional.

4.3. En el declarativo que le inició la distribuidora a la editorial, el tribunal negó las pretensiones tendientes a obtener el pago de unas sumas de dinero, la indemnización de perjuicios y el ejercicio del derecho de retención de un bien inmueble como consecuencia del incumplimiento contractual de la promotora del litigio de la obligación de restituir una bodega a la convocada, a cambio de que el cliente, L....... N......., fuera atendido por la actora.

El censor en el cargo cuestiona frontalmente la obligación restitutoria, tildándola de inexistente por indeterminada e indeterminable, al no haberse identificado la cosa objeto de devolución.

El ataque así propuesto, debe enunciarse sin reticencia, hállase desenfocado, por cuanto si el ad quem encontró demostrado que el demandante incumplió aquella obligación, la tarea del casacionista debió dirigirse en un todo, en procura de desvirtuar esa conclusión, demostrando que efectivamente hubo entrega. No obstante, la acusación se enfiló a poner de presente que no existía tal deber jurídico; que por tanto, tampoco la obligación de restituir, y como colofón, no era dable exigirle demostrar que cumplió una exigencia inexistente.

Al no dirigir el reproche al punto basilar de la sentencia, muestra una total asimetría y carencia de completud entre lo resuelto por el tribunal y lo fustigado por el recurrente. En esa circunstancia, debió remover y enfrentar con prelación en su trabajo argumentativo la ratio decidendi central del sentenciador en torno al comportamiento obligacional de la actora, y como este aspecto no lo cuestionó, ni procuró derruirlo por parte alguna, dejándolo por fuera en el cargo, el fundamento toral de la decisión permanece enhiesto, porque su desquiciamiento no es ni puede ser tarea oficiosa de esta Corte, en sede del iudicium rescindens, por el carácter eminentemente dispositivo del recurso por cuanto “(...) lo que está al margen de la acusación es intangible para la Corte”(5).

Siendo disonante y desorientado el embate, en pie queda el incumplimiento de la actora, mucho más si la prueba demostraba el de la demandada; además, para completar, debió dirigir la impugnación a poner de presente, que la infracción contractual de esta neutralizaba el de aquella, empero, como nada de ello aconteció, ni así se planteó, indemne resulta el fallo recurrido.

4.4. Al margen de lo expuesto, la Corte encuentra que el fallador dio por probado que en la estipulación 11 del documento de 21 de diciembre de 2004 la demandante aceptó que la L........ N.......... siguiera siendo atendida por la demandada, a quien debía devolverle la bodega en un plazo máximo de nueve meses contado a partir de esa fecha, y la editorial, en compensación por seguir con la librería, autorizaba a la distribuidora para continuar con el bien durante el reseñado lapso. Con esta base, aseguró, entonces, que como la finalización pedida estaba condicionada a la demostración de la restitución del bien al cumplirse ese período, el pedimento no salía airoso. Al no actuar de esa manera —continuó diciendo— en el acto introductorio pidió se le concediera el derecho para retenerlo, como garantía del pago de los saldos alegados en su favor, con lo cual confesó que inclusive al 5 de mayo de 2006, cuando acudió a la jurisdicción, aún tenía en su poder el bien, pese a haber transcurrido con exceso aquel término; en fin, que esas pruebas y “las demás que obran en el expediente” no controvertían su comportamiento frente al compromiso que contrajo de entregarlo, “destacándose (...) por el contrario (...) lo confesado en su demanda” (fl. 29).

Es decir —recalca la Corte—, a partir de los medios demostrativos reseñados el juez de segundo grado encontró que el predio, cuya restitución debió hacer dentro de los nueve meses siguientes al 21 de diciembre de 2004, seguía en poder de la actora, inclusive para el año 2006 cuando promovió la acción; circunstancia que entrañaba la inobservancia del especificado débito, y a la vez, la imposibilitaba para deprecar el rompimiento contractual.

La censora, por su lado, en lugar de combatir ese cardinal fundamento, alegando y demostrando que había regresado la cosa a la esfera de la accionada en el tiempo debido y que, por ende, no la tenía en su poder, por haberla restituido, caminando una vía distinta, le atribuye al juzgador haberse equivocado al no ver que la dicha convención no contenía la obligación restitutoria, al carecer de “objeto” determinado o determinable, pues, aunque alude al reintegro de un inmueble, no plasmó elementos que facilitaran su identificación, como el nombre, dirección, ubicación, área, extensión, linderos, cédula catastral, ni folio de matrícula. Añade que al ostentar esa irregularidad, era inútil en el campo probatorio hablar de esa prestación; en suma, que por faltar aquella puntualización, la prestación era inexistente, motivo por el cual no podría predicarse su desatención, porque si se involucraba una especie de las referidas, debía singularizársela en el libelo y en el documento que la invocaba.

El contraste entre aquello y esto muestra sin mayor dificultad que con notorio desenfoque la impugnadora prefirió plantear una crítica en el escenario que estimó desde su particular criterio, en lugar de enfrentar al sentenciador en su basilar motivación y de arremeter contra la decisión, demostrando los errores, tal como el carácter enteramente dispositivo de este recurso lo impone.

Habiendo seleccionado la vía indirecta no denunció ni demostró dónde radicaba el dislate mayúsculo del ad quem al resolver la apelación, no en derredor de lo que en sano juicio creyese, sino en el campo propio de la estructura de la casación. Adviértase, por centrar su propuesta en la ausencia de “objeto” obligacional, no adujo una sola línea en donde controvirtiera el aserto extraído por el tribunal, consistente, itérase, en que como el predio seguía en su poder, inclusive para el 5 de mayo de 2006 cuando presentó la demanda, había desobedecido la labor que contractualmente, motu proprio, asumió de devolverlo a más tardar al cumplirse nueve meses contados a partir de la aludida modificación; por tal desorientación en el ataque, el razonamiento del fallador sigue indemne, respaldando, por sí solo, la resolución denegatoria de las pretensiones.

La Sala, en forma reiterada y uniforme, ha adoctrinado, cómo la crítica casacional debe estar dirigida a combatir los fundamentos del fallo de segunda instancia, y no otros, pues al fin de cuentas son ellos, y no nada distinto, los que sustentan la decisión adoptada; por tanto, si la censura se despliega con base en la causal primera, al opugnador no le es dable soslayar la mirada de esos motivos. Es en torno de ellos como debe describir y poner de presente las equivocaciones que ha de develar, de tal modo que si plantea la crítica en un ámbito diverso, deja incólume el respectivo soporte.

Con razón la doctrina de esta Corte ha señalado “(...) que la debida consonancia que debe existir entre el embate planteado con las motivaciones que se pretendan descalificar, no se cumple a cabalidad cuando, como lo ha dicho la corporación, ‘el recurrente se limita a exponer una fundamentación por completo desligada de dicho fallo’, como tampoco en aquellas hipótesis en que ‘se basa en un supuesto que nunca ha sido considerado por el sentenciador, puesto que en tales eventos se mantienen intactos los pilares de la sentencia recurrida, los que, en esa medida, no solo siguen en pie sino excluidos de cualquier examen’ (Sent. 47, mar. 29/2001, Exp. 6541)”(6).

4.5. El incumplimiento contractual es la columna en donde se apoya la determinación de la instancia, y como ella, en realidad, a la postre se dejó por fuera de toda objeción en el extenso cargo, lo reflexionado es suficiente para desestimarlo, ante el carácter totalizador de la argumentación del tribunal; cualquier reparo carente del propósito de neutralizarla, como el que se discurre, no pasa de ser inane.

4.6. El artículo 1546 del Código Civil señala que en los pactos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, evento en el cual el otro podrá optar, a su elección, por la resolución o por el cumplimiento, en uno y otro caso, con indemnización de perjuicios.

El comportamiento indebido de uno de los convencionistas, reclama del otro contratante para legitimarlo en su acción en la esfera del 1546 una conducta leal con la que negocialmente se comprometió; de tal manera que si quien demanda igualmente abandona el programa contractual, por esa sola razón carece de la acción resolutoria, prevista en ese precepto.

El postulado acompasa, con la idea que comunica el artículo 1609 ejusdem, el cual de modo lapidario prevé que en los acuerdos de aquella índole ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro por su lado no cumpla, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos; por supuesto, no se puede hablar de mora en la ejecución de los actos comprometidos, si de otro lado quien aspire a deducir efectos de ello no hizo lo propio con los deberes jurídicos que estaban en la esfera de su responsabilidad.

En este sentido la doctrina de la Sala tiene sentado, de vieja data, que la prerrogativa que la primera de las normas traídas “(...) le concede a los contratantes para solicitar la resolución derivada del incumplimiento, está deferida a favor de aquella parte que haya observado fidelidad en los compromisos que surgen del pacto (...)”, habida cuenta que su “(...) contenido literal (...) pone de manifiesto que esa facultad legal no está al alcance del contratante incumplido para liberarse de sus obligaciones”. Por tanto, “(...) luego de que sea establecida la existencia de un contrato válido que ligue a los contratantes, la labor del juzgador deberá estar dirigida a determinar, a la luz del citado precepto legal, la legitimación del actor, esto es, a escudriñar si su conducta contractual evidencia que puede beneficiarse de la facultad para pedir la resolución del contrato o su cumplimiento, con indemnización de perjuicios, porque tal derecho le asiste únicamente a quien ha cumplido o se ha allanado a hacerlo, lo que visto en sentido contrario indica que cualquiera de ellas se frustra cuando quien la demanda a su vez ha incumplido de manera jurídicamente relevante, porque en tal caso, ante la presencia de obligaciones recíprocas, el deudor demandado podrá justificar su resistencia a cumplir la suyas, lo que significa que quien promueva la correspondiente acción debe estar libre de culpa por haber atendido a cabalidad, como que una conducta así es la que le confiere legitimación al actor.

“Con arreglo a lo expuesto, es claro que la viabilidad de la acción resolutoria de que trata el precepto legal en cuestión depende no solo de la cabal demostración del incumplimiento del demandado sino de que, de igual modo, logre evidenciarse que el actor efectivamente satisfizo las obligaciones anteriores o simultáneas que tenía a su cargo o que se allanó a cumplirlas, pues, como lo tiene dicho la corporación, ‘solamente el contratante cumplidor de las obligaciones a su cargo, nacidas de un acuerdo de voluntades, o por lo menos que se haya allanado a cumplirlas en la forma o tiempo debidos, puede pedir la resolución del contrato y el retorno de las cosas al estado anterior con indemnización de perjuicios, cuando la otra parte no ha cumplido las suyas’, lo cual traduce ‘que si el demandante de la resolución de un contrato se halla en mora de cumplir alguno de los compromisos que del pacto surgieron para él, carece de derecho para obtenerla, puesto que precisamente la ley autoriza el ejercicio de esta acción resolutoria a la parte que ha cumplido contra el contratante moroso’ (G. J., t. CXLVIII, 1ª parte, pág. 202)”(7).

Por consiguiente, como el basamento y la médula de la decisión objeto de este recurso radicó en que la accionante quebrantó el negocio jurídico, en tanto no restituyó la bodega en el período convenido ni aun después, consideración que anduvo pacífica en esta senda extraordinaria, los planteamientos de la censora carecen de la fortaleza suficiente para provocar el quiebre pretendido, puesto que el embate únicamente se dirige a cuestionar situaciones distintas de aquella, razón suficiente para que el fallo permanezca firme.

4.7. Con todo, si se hiciera de lado lo recalcado en precedencia, en pos de abrir espacio para auscultar lo alegado en la arremetida, la corporación no llegaría a conclusión distinta de la sentenciada como pasa a verse:

4.7.1. El casacionista asevera que la falencia radicó en que el ad quem omitió reparar que la estipulación 11 de la modificación contractual de 21 de diciembre de 2004 no contiene obligación alguna al carecer de “objeto” “determinado” o “determinable”, porque, aunque alude a la devolución de un bien, no brinda elementos que permitan su identificación; como corolario, al padecer de ello, devendría inútil en el campo probatorio y sustancial hablar de esa obligación; de suerte que siendo inexistente, no podría predicarse inobservancia contractual; y con mayor razón, cuando al involucrar un inmueble, debería singularizárselo en el libelo y en el escrito que lo refiera.

4.7.2. El reproche así formulado carece de fundamento porque el contenido negocial en rigor alude a un inmueble; claro, no peculiarizado por su ubicación, linderos y demás características, pero cuya restitución, sí era indiscutida misión a cargo de la actora dentro de los nueve (9) meses contados a partir del 21 de diciembre de 2004; por consiguiente, la cuestión “determinada” o “determinable” de la prestación echada de menos, sí la encontró el ad quem tras el análisis conjunto de los elementos de juicio que acopió.

A vuelta de sostener que en la mentada mutación del contrato, la demandante se obligó a restituir una bodega en el término de nueve (9) meses, el juez de segundo grado, por lo menos, implícitamente y en sana lógica entendió que la misma era aquella cuya retención pidió en la pieza inicial, solicitud que al mismo tiempo le sirvió para deducir la confesión de su autora, tocante con la entrega oportuna, al extremo —prosiguió— que las anteriores probanzas y “(...) las demás que obran en el expediente (...)” no controvertían ese aserto, “(...) destacándose (...) por el contrario (...) lo confesado en su demanda” (fl. 29).

El predio no se determinó en forma precisa en la estipulación 11, con el comportamiento procesal de la actora, el juzgador halló elementos serios para saber de cuál cosa se trataba, y para concluir, a partir de la lectura de la reseñada actitud, del citado documento que modificó el contrato, del texto del acto introductorio del litigio y de las restantes pruebas arrimadas a la actuación, que el bien inmueble allí referido era el mismo al cual se contraía la retención deprecada. Del solo hecho de haber demandado esa medida sobre el bien, emergía que la accionante no solamente lo conocía sino que también para mayo de 2006 lo retenía. De suerte que su existencia y contenido no era posible poner en duda, y por el contrario en rigor, podía extraerse confesión de que el mismo inmueble aún lo poseía la accionante.

De modo que el sentenciador no desacertó al ver la prueba, pues fue con base en el ponderado estudio de su estructura objetiva como advirtió que la referida bodega era aquella cuya retención se pedía en el libelo, conclusión frente a la cual el cargo es elocuentemente silencioso.

4.7.3. Por otra parte, cual quedó visto, la promotora de la contienda no infirma la detentación de la heredad a que se refiere el fallo, apenas especula acerca de que no se sabe que la del pacto sea la misma anunciada en el libelo. En posterior alusión, luego de citar el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, sostiene que como el tribunal no sacó indicios del hecho de que en la contestación la demandada no alegó que aquélla se haya sustraído a devolver la cosa, ni basó su defensa en la mencionada estipulación 11, debió deducirse la inexistencia de tal obligación, y al no fundar su resguardo en ese pacto, el mismo era inocuo, lo cual cobra fuerza, dice, porque el convenio de 12 de diciembre de 2000 no involucraba bien alguno.

4.7.4. Como se aprecia, en tales segmentos no hace más que exponer dudas y proponer conjeturas por vía de la suposición, ajenas al rigor lógico y epistemológico de un cargo en casación, y en casos como el presente, sin enfrentar y demostrar cuál era el yerro mayúsculo de la sentencia al dar por demostrado el incumplimiento contractual por la no restitución de la bodega por parte de su agenciada.

Ha de recordar la Sala, una vez más, que tan solo cuando el ad quem cae en una equivocación protuberante y trascendente, es dable abrir el sendero de la casación, por cuanto “(...) la acusación que no se dirija a enrostrarle vicios de esa envergadura no pasará de ser inane, como también lo será (...) la que se apoya en fundamentos dubitativos, por cuanto al no corresponder ninguno de estos supuestos a los que caracterizan la equivocación palmaria que lleve sin asomo de duda a suprimir la sentencia del tribunal, ha de otorgarse prevalencia a los razonamientos que este expresó en la providencia”(8), pues es apenas “(...) obvio que la ruptura del fallo acusado solo podría fundarse en la certeza y no en la duda”(9), habida cuenta que esta “(...) jamás sería apoyo razonable para desconocer los poderes discrecionales del sentenciador”(10).

4.7.5. Además, el censor imputa al tribunal haber omitido observar que la contestación de la demanda no se ancló en el escrito del 21 de diciembre de 2004 ni en la falta de entrega del bien; empero se sustrae de la demostración de cuáles son los errores palmarios alrededor de las probanzas y, por lo mismo, de realizar el paralelo entre lo que tales elementos muestran con los argumentos de la decisión; de haber realizado el ejercicio, seguramente habría hallado que la sentencia impugnada hace expreso reconocimiento de ese elemento cuando aseguró que la demandante carecía de legitimación para deprecar la terminación, ya que “(...) desde el albor de su actuación se evidencia su propio incumplimiento, circunstancia que expuso en su defensa la pasiva, sin que la actora hubiere desvirtuado la afirmación relativa a que la retiene ilegalmente, destacándose que por el contrario, se reitera, lo confesó en su demanda”(11).

4.7.6. Si la impugnadora creía que aquella inferencia del ad quem era errada, debió argumentar, y demostrar desde luego, que de la materialidad objetiva del documento de folios 25 a 29, de la pieza inicial y de “las demás que obran en el expediente”, no era dable extraer lo que aquel dedujo de ellas; pero no solo no lo hizo, sino que adicionalmente las dejó por fuera de toda crítica, tanto que ni las menciona, omisión que de igual modo da al traste con la acusación.

Así se admitiera, en vía de hipótesis, equivocación en la lectura de los dos primeros elementos de convicción, la resolución cuestionada sigue firme apoyada en esos otros medios de certeza, en los cuales, reitérase, también se funda lo juzgado. Cuando la providencia combatida se soporta en diversas pruebas, como sucede en la ahora enjuiciada, según viene de reseñarse, es carga del opugnador presentar un ataque “(...) que comprenda todos los soportes probatorios que fincan la decisión, porque si esta es parcial, así se demuestren los errores denunciados, los fundamentos no controvertidos y determinantes de ella, la siguen manteniendo y por ende el cargo fracasa, porque la presunción de acierto continuaría vigente”(12).

4.7.7. En lo restante del cargo, el recurrente enjuicia al fallador por no haber apreciado “(...) los incumplimientos en que incurrió la demandada de sus obligaciones (...)”, señalados en el hecho cuarto del acto introductorio, que debió dar por confesados a raíz de la inasistencia injustificada de su representante legal al interrogatorio; ni de haber valorado la certificación que con base en los libros contables expidieron el representante legal y el revisor fiscal de la actora y el dictamen pericial emitido por A......... G........ U........ En este ámbito la censura se dirige a connotar que se omitió apreciar unas evidencias que, de haberlas evaluado, lo habrían llevado a tener por probado el desobedecimiento de la demandada a las tres obligaciones descritas.

4.7.8. Si se aceptara el anterior planteamiento, aun así, la Corte no podría llegar a conclusión distinta de la ya advertida, precisamente porque, cual se expuso en la parte pertinente de esta sentencia, la circunstancia de que llegase a quedar demostrado a partir de aquella propuesta de la acusadora, de que la opositora desacató sus obligaciones, absolutamente en nada cambiaría el norte del asunto, estando, como en efecto ha quedado, firme el fundamento a través del cual el juez de segundo grado definió que la accionante por su lado no observó in radice las que eran de su incumbencia.

Sin hesitación de ninguna especie se conoce, que la pretensión resolutoria del negocio únicamente puede tener eco en la medida en que su promotor demuestre fidelidad a los compromisos y a los deberes de conducta contraídos; de donde, tal resonancia no se debe esperar de quien se comprueba sustracción protagónica en atenderlos.

4.8. El cargo no prospera.

5. Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 22 de marzo de 2011, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario identificado en esta providencia.

Condénase a la parte recurrente a pagar las costas causadas en el recurso extraordinario, las cuales se fijan en seis millones de pesos ($ 6.000.000).

Cópiese, notifíquese y oportunamente devuélvase al tribunal de origen».

(1) Folio 23 demanda de casación.

(2) Folio 23 demanda de casación.

(3) Artículo 374, numeral 3º, Código de Procedimiento Civil.

(4) Sentencia 184 de 3 de noviembre de 2004, Expediente 7327.

(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 27 de febrero de 2001, Expediente 5987.

(6) Sentencia 133 de 5 de octubre de 2006, Expediente 30782-01.

(7) Sentencia 80 de 16 de junio de 2006, Expediente 7786.

(8) Sentencia 184 de 3 de noviembre de 2004, Expediente 7327.

(9) G.J., t. CVII, página 289.

(10) G.J., t. XLVI, página 649.

(11 Folio 29 del cuaderno del tribunal.

(12) G.J., t. CCLXI, página 882; criterio reiterado, entre otras, en sentencia 357 de 16 de diciembre de 2005, Expediente 19997-2016-01.