Sentencia SC8435-2014/SC8435-2014 de julio 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 76001-31-03-013-2002-00098-01

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

(Aprobado en sesión de seis de mayo de dos mil catorce)

Bogotá D. C., dos de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. En la generalidad de los contratos de seguro, la obligación contraída por el asegurador de pagar al asegurado o al beneficiario, según el caso, la prestación acordada, está sometida al cumplimiento de una condición suspensiva, cual es la ocurrencia del siniestro.

Aquel evento, de acuerdo con la definición que proporciona el artículo 1072 del estatuto mercantil corresponde a la realización del riesgo asegurado y de este indica el artículo 1054 ejusdem que es el “suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del asegurador” y constituye uno de los elementos esenciales del contrato de seguro(5), cuya prueba ha de suministrarla el asegurado o el beneficiario, si este último es el que está en posibilidad de hacerlo(6).

Requisito ineludible para dotar de eficacia a cualquier póliza expedida en el marco de una relación asegurativa, es el de individualizar los riesgos cuya cobertura se obligan en virtud de la misma, por lo que en dicha materia se reconoce plena autonomía al asegurador, a quien el artículo 1056 ejusdem, norma aplicable a los seguros de daños y de personas, le otorgó la potestad de delimitar espacial, temporal, causal y objetivamente los eventos por cuya ocurrencia se obligaría condicionalmente a indemnizar al beneficiario, pues estatuyó que podía asumir, con las restricciones legales, “todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”.

En ese orden de ideas, es claro que a efectos de identificar el alcance de la protección otorgada por la compañía de seguros, el juez necesariamente debe acudir a las cláusulas de la póliza y a los documentos que se consideran integrantes de la misma, que definan lo atinente a los riesgos amparados u objeto del aseguramiento además de las exclusiones y límites pecuniarios y temporales pactados, sin que —tal como lo ha sostenido esta Corporación— le esté permitido “interpretar aparentemente el contrato de seguro para inferir riesgos que no se han convenido, ni para excluir los realmente convenidos; ni tampoco hacer interpretaciones de tales cláusulas que conlleven a resultados extensivos de amparo de riesgos a otros casos que no sólo se encuentren expresamente excluidos sino que por su carácter limitativo y excluyente, son de interpretación restringida” (CSJ SC, may. 23/88).

2. A partir de esas premisas, es necesario reparar en que el Tribunal, en el asunto que es materia del recurso extraordinario, estimó que las pérdidas sufridas por la demandante ocurrieron por una conducta fraudulenta de sus empleados y no por acciones u omisiones de los dependientes o subordinados de la asegurada F, por lo cual concluyó que se trataba de un riesgo no amparado por la compañía de seguros llamada a juicio.

Tal conclusión la derivó el ad quem de la ponderación material de la denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación y su ampliación, de la documentación remitida por la contadora de la sociedad demandante donde figura la relación de las consignaciones espurias y de los vendedores de D S.A. respecto de los cuales se promovió la investigación penal por el hecho delictivo de sustracción de los dineros correspondientes al recaudo de las ventas de contado, así como del mismo clausulado de la póliza de responsabilidad civil que la aseguradora C de C. expidió a favor de F del V S.A.

3. El casacionista alegó que el sentenciador de segunda instancia cometió yerros fácticos que consistieron en la falta de análisis y ponderación de unos documentos y de dos testimonios, además del cercenamiento del contenido objetivo de una declaración y de la denuncia penal presentada con ocasión de la pérdida de recursos que originó el reclamo a la aseguradora.

A través de las probanzas presuntamente preteridas y de aquellas que resultaron reducidas en su alcance demostrativo -según la demandante- se dejaba en evidencia que la asegurada, esto es, F, ocasionó el fraude en relación con los recursos económicos que debían ingresar a las cuentas corrientes y de ahorro del Fideicomiso por causa del incumplimiento de sus obligaciones, entre ellas la de omitir la vigilancia y control sobre la efectiva transferencia de los dineros recaudados, y la de realizar en forma oportuna las conciliaciones bancarias que le hubieran permitido contrastar los saldos existentes en la institución financiera receptora de los depósitos con los reportes de consignación suministrados por la fideicomitente.

Incluso, de uno de los medios de convicción reseñados en la censura (testimonio del representante legal de la sociedad fiduciaria), según sostuvo, era posible extraer la prueba de que la aseguradora estaba llamada a indemnizar el daño ocasionado por la conducta culposa de la sociedad fiduciaria, en razón a que tal evento se hallaba previsto dentro de la cobertura del contrato de seguro con anexo de responsabilidad civil, pues corresponde a uno de los riesgos que la demandada asumió.

3.1. La Ley 45 de 1990, al modificar el artículo 1133 del Código de Comercio, otorgó a la víctima la posibilidad de accionar directamente contra la entidad aseguradora que amparó la responsabilidad del causante del daño, pues a la primera se le considera destinataria de la prestación emanada del contrato de seguro (C.Co., art. 1127), de ahí que, por ministerio de la ley, la obligación condicional del asegurador tiene como derecho correlativo el del damnificado, dado que el seguro de responsabilidad tiene como propósito el resarcimiento de aquel.

El éxito de la acción directa —ha puntualizado la jurisprudencia— está supeditado, entonces, a la demostración de “la existencia de un contrato cuya cobertura abarque la responsabilidad civil en que pueda incurrir el asegurado, acompañada, en segundo término, de la acreditación de la ‘responsabilidad del asegurado’ frente a la víctima, así como la de su cuantía, esto es, del hecho que a aquél sea atribuible la lesión producida” (CJS SC, 10 Feb. 2005, Rad. 7173).

En ese orden de ideas, a quien ejercita el mecanismo legal previsto en la norma citada, le corresponde “acreditar de manera simultánea la existencia de póliza que cubra dicho amparo y la obligación de indemnizar, debidamente cuantificada, como consecuencia de situaciones constitutivas de ‘responsabilidad civil’, las cuales determinan la ocurrencia del suceso incierto que origina su derecho” (CSJ SC, 5 Jul. 2012, Rad. 2005-00425-01).

3.2. En razón de que el recurrente censuró el análisis de las pruebas que efectuó el ad quem sobre la cobertura del amparo y la responsabilidad de la asegurada F, lo primero que dilucidará la Corte es si aquel cometió yerro fáctico protuberante y trascendente al concluir que la pérdida de los dineros que debían transferirse a las cuentas bancarias del fideicomiso no dio lugar a la realización del riesgo que se aseguró.

La demandante —en relación con lo dicho— denunció la equivocada apreciación del testimonio rendido por el señor JMPA, quien para la época de los hechos invocados en la reclamación presentada ante la compañía aseguradora, era el representante legal de F del V SA, pues sobre tal medio de convicción refirió que le fue cercenado su alcance demostrativo, al no repararse en la manifestación que hizo acerca de que con la pérdida de los dineros objeto de consignación, había tenido lugar el hecho con el que se hacía exigible la obligación de la demandada de indemnizar el daño.

Al cotejar la aludida prueba con lo que de ella se aseveró en la providencia impugnada, no se advierte configurado el yerro fáctico atribuido al sentenciador, pues aunque aquel no consignó en la indicada decisión, las atestaciones del declarante relativas a que la póliza se adquirió para la protección de F ante errores y omisiones de sus directivos que ocasionaran perjuicios a terceros, y que presentó reclamo a C de C S.A. por el monto de los daños cuya reparación le había exigido D S.A., bajo el convencimiento de que el siniestro se hallaba contemplado dentro de la cobertura del contrato de seguro, es necesario destacar que por cuanto el señor P A no ejercía funciones de representación legal de la demandada, su dicho no servía al propósito de demostrar de manera irrefutable, como si de una confesión se tratara, que un determinado hecho se encontraba amparado o no en dicho convenio.

En ese orden de ideas, el testimonio se limitó a reflejar una versión que, por sí sola, no tenía la fuerza necesaria para concluir que la sustracción de los dineros llevada a cabo por empleados de la sociedad demandante, era uno de los riesgos asegurados por C de C S.A., lo que necesariamente debía ser establecido con fundamento en otros medios probatorios, entre ellos las estipulaciones contractuales de las partes que también fueron auscultadas en el fallo recurrido.

3.3. Las condiciones generales de la póliza 6239910003, vigente entre el 7 de julio de 1999 y el 7 de agosto de 2000(7), describieron que la obligación asumida por la aseguradora estaba sujeta a “los términos, exclusiones, limitaciones y condiciones” previstas en el contrato, el cual amparaba al asegurado “por la responsabilidad frente a terceros, derivada de las demandas que terceras partes” presentaran, siempre que tales reclamos cumplieran con lo siguiente:

i) ser por compensación de perjuicios, entendiéndose incluidos los costos de la reclamación y los gastos de defensa que se hubieren aprobado.

ii) haber sido formulada por primera vez al asegurado durante la vigencia de la póliza.

iii) ser por pérdidas económicas causadas por acciones, errores u omisiones culposos de un ejecutivo o un empleado del asegurado;

iv) surgir del curso ordinario de prestación de servicios por el asegurado de servicios financieros descritos en el formulario de solicitud;

v) presentarse íntegramente o parcialmente en cualquier sitio diferente de los Estados Unidos de América o Canadá,

vi) derivarse de acciones, errores u omisiones culposas ocurridos o que puedan haber ocurrido o que se alegue que ocurrieron o se han cometido, según corresponda total o parcialmente en un sitio diferente de los Estados Unidos de América o Canadá; y

(vii) referirse a acciones, errores u omisiones culposos ocurridos o que puedan haber ocurrido o que se alegue que ocurrieron o se han cometido, según sea el caso, después de la fecha de retroactividad señalada en la carátula.

El riesgo asumido por C de C C de S. S.A. —según se anotó— tenía varias limitaciones, una de las cuales, que fue subrayada o enfatizada por el ad quem, prescribía que las pérdidas económicas hubieren sido causadas por acciones, errores u omisiones culposas de un “ejecutivo o un empleado del asegurado(8) (subrayado propio).

Ahora bien, con el fin de resolver cualquier discusión que pudiere presentarse entre el beneficiario y el asegurador al tratar de discernir lo que debía entenderse por las destacadas expresiones, o incluso, impedir que tal interrogante quedara sujeto a una interpretación posterior, en la condición 14 de la referida póliza, se expresó que por asegurado debía tenerse a la “entidad primeramente nombrada en la carátula (para el caso corresponde a F e incluirá cualquier subsidiaria de propiedad mayoritaria y controlada por el Asegurado”, siempre que se les incluyera en el formulario de solicitud y en la carátula de la póliza.

Dentro de la categoría de ejecutivos y empleados de la entidad asegurada —según se dijo— debían entenderse comprendidos: a) aquellos de “tiempo completo o de medio tiempo (incluyendo miembros de junta directiva del Asegurado que estén Empleados como Ejecutivos o Empleados asalariados) mientras estén actuando en el curso ordinario de su empleo por el Asegurado”; y b) los miembros “de la junta directiva (diferentes al que esté empleado como un Ejecutivo u otro Empleado asalariado) pero únicamente cuando esté desarrollando actos dentro del alcance de los deberes comunes de un Ejecutivo o Empleado, y no mientras estén actuando en otras tareas, y para evitar cualquier duda no se incluyen, agentes consultores, subcontratistas o consejeros profesionales independientes”(9) (negrillas son del texto).

Idéntica redacción a la transcrita se consignó en las condiciones generales de la póliza que estuvo vigente por el término de un año a partir del 7 de agosto de 2000, en la que también se incluyó el anexo de responsabilidad NMA 2273.(10)

Las referidas pruebas documentales revelaban, entonces, que las manifestaciones de la voluntad del tomador y de la aseguradora confluyeron en que las únicas pérdidas económicas objeto de indemnización serían aquellas ocurridas dentro de los límites temporal y espacial señalados expresamente en la póliza, causadas —en lo que interesa al proceso— por acciones u omisiones culposas de ejecutivos o empleados del primero, lo que naturalmente excluye aquellas que provinieran de acciones u omisiones de terceros o del mismo beneficiario.

3.4. Similar conclusión puede extraerse del documento contentivo de la denuncia penal instaurada por la sociedad demandante después de que se detectó la pérdida de dineros producto de sus ventas, pues el entonces gerente regional de la D E de C S.A. - D S.A. relató los hechos en los cuales tuvo lugar el detrimento patrimonial cuya indemnización fue objeto del reclamo judicial, narración de la que puede extractarse lo siguiente:

(…) una de las funciones que desarrolla la sociedad es la distribución a nivel local de G y para esto se cuenta con un grupo de personas que son las encargadas de efectuar las ventas y otros que se encargan de llevar el producto, entregarlo y recibir el dinero producto de la venta (…) cada vez que esa persona que entrega y recibe el dinero tenga en su poder una suma de trescientos mil pesos debe entonces acudir a consignarlo en la cuentas de la empresa que tiene en bancos y corporaciones y al final de la tarde se traslada a la oficina y hace cuadre de las ventas diarias haciendo entrega de los recibos de consignación debidamente timbrados por el banco o corporación que deben cuadrar totalmente con el valor de las entregas efectuadas en el día. El día de ayer septiembre veinticinco la persona que revisa los cuadros encontró unas irregularidades en las consignaciones entregadas por el señor N B G ya que las consignaciones de los días 20, 21, 22 y 24 de septiembre de este año traían fecha de timbre de agosto y no de septiembre por lo que acudimos a la corporación C agencia calle 80 carrera 68 que es donde habitualmente efectuaba las consignaciones diarias dicho señor encontrando que dichos timbres no correspondían a los efectuados por las máquinas de dicha agencia(11).

Al ampliar la querella, la denunciante agregó:

Desde agosto de 1999, la Compañía celebró un contrato de Fiducia con la F DEL V, esto quiere decir que las consignaciones son efectuadas en cuentas cuyo titular es la F del V S. A. (Fiedeicomiso F - D S.A.). De acuerdo a una primera investigación realizada por nosotros pudimos determinar que algunos vendedores de reparto de la Compañía aparentemente conectados con una banda de delincuentes venían entregando a la Caja de la Compañía consignaciones cuyo timbre no corresponde al auténtico de la Corporación C Por información telefónica obtenida por nuestro jefe de bodega Sr. FD y suministrada por uno de los involucrados en el ilícito Sr. MO quien se desempeñó como Vendedor Entregador hasta el día 20 de agosto nos comento cómo operaban, cuanto era la comisión que les correspondía y quienes estaban involucrados; la forma de operar era la siguiente: La noche anterior llaman al Vendedor de reparto y le preguntan la disponibilidad para realizar “la vuelta” si este accede debe llamar al día siguiente entre 3:45 p.m. y 4:00 p.m. a un teléfono X que ellos le asignan para informar cuánto efectivo tienen para consignar, en su momento el interlocutor le informa en qué oficina de C se deben encontrar y a qué hora, una vez se produce el encuentro el vendedor de reparto entrega el dinero al delincuente previa retención de su comisión y recibe la consignación de la mano del delincuente, luego entrega dicha consignación al conductor para finalmente este último entregarla al auxiliar administrativo para realizar el cuadre correspondiente(12).

La valoración que de tales documentos y de la póliza expedida por la aseguradora demandada efectuó el juzgador de la segunda instancia, probanzas de las que infirió que el hurto de los dineros fue cometido por empleados de la D E de C S.A. y no por funcionarios de la F del V, riesgo que -concluyó- no se encontraba amparado por las pólizas expedidas en las vigencias mencionadas anteriormente, no se advierte afectada por un error protuberante y trascendente como el que es requerido para desvirtuar las bases esenciales del fallo impugnado, con independencia de que a esos medios de convicción pudiera dárseles otra lectura como la que planteó el recurso.

En ese mismo sentido, contrario a la tesis expuesta por el casacionista, en cuyo criterio se incurrió en yerro fáctico por soslayar que la denuncia penal colocó en evidencia la relación causal del ilícito con la demora de la fiduciaria en verificar la efectiva consignación de las cantidades que debían depositarse en las cuentas bancarias del patrimonio autónomo, la conclusión a la que arribó el Tribunal no puede considerarse fruto de un desacierto del talante señalado, pues no se distancia de manera irreflexiva y protuberante de la materialidad de ese elemento demostrativo.

Se incurre en error de facto —ha dicho la jurisprudencia— cuando se extrae “una conclusión probatoria que no se aviene a los elementos de persuasión y que se aleja sin mediar explicación razonable y en forma ostensible del significado que aquellos ofrecen en realidad, pues no encaja lógicamente dentro del marco de las alternativas probatorias posibles” (CCXXVIII, 1267).

Luego, si la apreciación que efectuó el sentenciador revela una contemplación material que no se encuentra disonante con el contenido objetivo de las pruebas referenciadas, en tanto —en forma razonable— coligió que la póliza contratada por la sociedad fiduciaria no cubría el suceso generador del daño, es decir, la sustracción de dineros por trabajadores de la beneficiaria del seguro (D S.A.), no encuentra la Sala que se hubiere configurado el defecto de valoración que adujo la censura, pues las conclusiones del ad quem no pueden tildarse de arbitrarias en la medida en que no riñen con los elementos fácticos objeto de ponderación.

3.5. Resultan indemnes, por lo tanto, las motivaciones del juzgador referentes a la falta de cobertura de la póliza expedida por la aseguradora respecto del hecho que se alegó como causa del perjuicio sufrido por la demandante, circunstancia que torna innecesario el análisis de los demás ataques contenidos en el cargo relacionados con la falta de apreciación de las comunicaciones de 28 de septiembre de 2000 y 21 de noviembre de 2001, dirigida la primera por el Gerente Financiero de D S.A. a F del V y la segunda por esta última a la distribuidora de comestibles, los testimonios de G P G y M M P, amén de la comunicación de 30 de septiembre de 2000, cruzada entre dependencias administrativas de la beneficiaria del seguro.

Lo anterior por cuanto aun cuando se hubiera demostrado que la F del V incurrió en la responsabilidad contractual que le endilgó la demandante, ello no permitiría abrirle paso al recurso y casar la sentencia censurada, dado que si el hecho aducido como base del reclamo judicial no correspondía al riesgo asegurado, no era posible imponer condena en contra de la parte demandada.

En consecuencia, no prospera el cargo.

4. Ante el fracaso del recurso, se condenará a la impugnante al pago de las costas causadas con ocasión del mismo.

III. Decisión

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 10 de julio de 2012 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro del proceso ordinario de la referencia.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Tásense por Secretaría, incluyendo la suma de $6.000.000 como agencias en derecho a favor de la parte demandada, dado que formuló réplica a la demanda de casación.

En su oportunidad, devuélvase el expediente a la Corporación de origen.

Notifíquese».

5 De acuerdo con el artículo 1045 del Código de Comercio, son elementos del contrato de seguro los siguientes: a) El interés asegurable: b) El riesgo asegurable; c) La prima o precio del seguro y d) La obligación condicional del asegurador.

6 Artículos 1041 y 1077 del Código de Comercio.

7 Folios 6 a 30, c. 2.

8 Anexo de responsabilidad civil NMA 2273.

9 Fl 30, cdno, 2.

10 Fl 105, cdno. 1.

11 Fl 56, cdno. 2.

12 Folio 60, c. 2.