Sentencia SC8644-2016/2015-00300 de junio 28 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC8644-2016

Rad.: 11001-02-03-000-2015-00300-00

(Aprobado en sesión de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis)

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá, D.C., veintiocho de junio de dos mil dieciséis

Se decide la solicitud de exequátur presentada por Luz Gladys Ramírez Hernández, respecto de la sentencia de 10 de diciembre de 2008, proferida por el Juzgado Municipal de Ludwigshafen del Rhin, Alemania, mediante la cual decretó, por mutuo acuerdo, el divorcio del matrimonio civil celebrado entre ella y Stauder Wolfgang.

1. Antecedentes.

1.1. La actora solicitó se conceda el exequátur para que aquella sentencia surta efecto en Colombia, y se ordene inscribirla en el registro civil de dicho matrimonio y de nacimiento.

1.2. Fundamentó las pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian.

a) La actora, de nacionalidad colombiana, contrajo matrimonio con Stauder Wolfgang el 14 de marzo de 2003 en Rheinlandpfalz - Ludwigshafen am Rhein, Alemania, inscrito en la Registraduría Nacional del Estado Civil; el contrayente es de Alemania, país donde establecieron su domicilio habitual.

b) Solicitó el divorcio ante las autoridades alemanas; en ese trámite de común acuerdo manifestaron las partes su decisión de terminar el vínculo; el Juzgado Municipal de Ludwigshafen del Rhin declaró la ruptura. “La sentencia (…) quedó en firme en ese momento, (…) queda (…) ejecutoriada”.

c) Al no tener hijos comunes, la decisión legalizó lo concerniente a la vida patrimonial de la pareja.

1.3. Actuación ante esta Sala. Admitida la demanda, de ella y sus anexos se dio traslado a las Procuradoras Delegadas para asuntos Civiles y para la Defensa del Menor y la Familia.

La segunda de esas funcionarias manifestó no oponerse a lo pedido porque, en su sentir, se reunían los presupuestos para otorgar el exequátur. La primera de ellas expresó que el pase deprecado solo sería viable de demostrarse que la sentencia no versa sobre derechos reales constituidos en bienes existentes en Colombia.

1.4. Concluido el período probatorio, el 24 de mayo de 2015 (fl. 64) se dio traslado a los interesados para que presentaran sus alegaciones, dentro del cual la actora allegó lo suyo (fls. 65-68).

1.5. Ante la ausencia de prueba demostrativa de los hechos, el 8 de septiembre de 2015 la Sala, apoyada en los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, dispuso oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y la República Federal de Alemania existía convenio vigente sobre el reconocimiento recíproco de fallos pronunciados por autoridades jurisdiccionales en divorcios y, de ser así, remitiera las copias autenticadas, y de la ley existente en 2008 sobre la materia. También ordenó oficiar al Cónsul General de Colombia en Berlín para que obtuviera, legalizara y despachara copias certificadas, con indicación de su vigencia, de los textos legales de conformidad con los cuales allí fuese permitida la ejecución de sentencias proferidas en el mismo campo por jueces colombianos.

1.6. Como la relación procesal se trabó sin incurrir en causal de nulidad que obligara a aplicar el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, corresponde resolver sobre el fundamento de la solicitud.

2. Consideraciones.

2.1. Aun cuando una de las características de la soberanía, predicable de todo Estado, radica en que son sus propios jueces quienes imparten justicia en el respectivo territorio, el postulado ha adquirido nueva dimensión como consecuencia de la creciente interrelación de los distintos países, por el flujo que se genera en el tráfico de bienes y servicios habidos entre ellos o sus nacionales y la agilidad que se percibe en todo tipo de comunicaciones, al punto de permitir, algunos, que decisiones de jueces de otros Estados surtan efectos en su territorio y frente a sus nacionales o a quienes se encuentren domiciliados en él, a condición de que se observen determinados principios.

En Colombia se reconocen efectos a las decisiones adoptadas en otros países, siempre y cuanto aquel donde se profirieron conceda igual fuerza las emitidas por los jueces nacionales, ya en virtud de tratados internacionales, sistema conocido como el de la reciprocidad diplomática, ora porque la ley del territorio de donde emana igual alcance confiera a las providencias nacionales, en desarrollo del principio de la reciprocidad legislativa.

Lo expuesto se infiere del artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, según el cual las sentencias y otras providencias que revistan tal carácter, pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”. Como se ve, este precepto combina los dos sistemas de reciprocidad, pues, por un lado, “(…) se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país (…)” y, por el otro, a falta de aquéllos, “(…) se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (…)”(1).

2.2. Establecida una u otra reciprocidad, para que la resolución foránea produzca efectos en el ámbito interno ha de acreditarse, además, cual lo impone el artículo 694 ibídem: (i) la inexistencia en Colombia de proceso en curso y de sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto; (ii) si se dictó en proceso contencioso, la debida citación y contradicción del opositor, conforme a la ley del país de origen, cuestión que se presume por la ejecutoria; (iii) que no verse sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el proceso donde se profirió la sentencia; (iv) no se oponga la providencia a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento; (v) que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos; (vi) se encuentre la decisión ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen; y (vii) se presente en copia debidamente autenticada y legalizada.

2.3. La actora pretende se conceda autorización para la ejecución en Colombia de la sentencia que decretó el divorcio del matrimonio que la unió con Stauder Wolfgang, proferida por un juez de la República Federal de Alemania.

2.4. A fin de establecer la viabilidad de ese pedimento, pasa la Sala a auscultar los elementos de juicio acopiados.

2.4.1. De acuerdo con la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, no existen “(…) tratados bilaterales o multilaterales en materia de reconocimiento recíproco de sentencias civiles, en los que la República de Colombia y la República Federal de Alemania sean Estados Parte” (fl. 79).

2.4.2. En cambio, sí existe reciprocidad legislativa entre los dos Estados, como se deduce de las comunicaciones suscritas por la Segunda Secretaria de Relaciones Exteriores, la Cónsul Consejera del Consulado de Colombia en Berlín y de la misma Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores (fls. 87 a 89), las cuales están soportadas, en términos generales, en la información suministrada por el Ministerio Federal, quien “(…) atendiendo otros casos, ha respondido con nota verbal en la que indica las normas que rigen el reconocimiento de sentencias extranjeras en asuntos de familia y jurisdicción voluntaria y divorcio (Anexo 2), con dicha información se procedió a buscar las normas en comento y por lo tanto, adjuntamos copia en alemán con la correspondiente traducción oficial al español” (fl. 88).

Las probanzas a las cuales alude la última parte de la precedente transcripción refieren que en ese país está regulado legalmente el procedimiento para hacer cumplir o ejecutar fallos emitidos por jueces foráneos.

Además, en la resolución de otros asuntos similares, la Corporación ha verificado el cumplimiento de este presupuesto, adoctrinando:

“Específicamente dentro de las aludidas disposiciones se halla el artículo 107 de la ‘ley sobre procesos en asuntos de familia y en materia de jurisdicción voluntaria’, que en lo pertinente reza: las ‘[r]esoluciones por medio de las cuales en el extranjero (…), se decreta el divorcio según el vínculo matrimonial (…), solamente se reconocen si la Administración Regional de Justicia ha comprobado, que existen los requisitos para el reconocimiento’; infiriéndose paladinamente que está consagrada la ‘reciprocidad legislativa’ para la ejecución de fallos emitidos por jueces foráneos”(2).

“Sin embargo, de los textos legales obtenidos del Ministerio Federal de Justicia de Alemania por el Consulado de Colombia en Berlín y remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, emerge que el ordenamiento jurídico alemán reconoce fuerza a los fallos extranjeros y, por ende, existe reciprocidad legislativa. En efecto, de acuerdo con la traducción oficial de las normas del Código Procesal Civil de Alemania traídas al expediente debidamente apostilladas, éstas prevén el reconocimiento de efectos a los fallos foráneos siempre que se cumplan los requisitos allí señalados, los que son similares a los requeridos por la legislación nacional. (…)”(3).

“La reciprocidad legislativa se encuentra demostrada cabalmente, (…) porque con la misma demanda se allegó copia auténtica de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil de la República Federal Alemana, traducidas al castellano y debidamente legalizadas, que reconocen y hacen cumplir en dicho Estado las sentencias de divorcio proferidas por las autoridades judiciales de Colombia, normas que en términos generales contienen principios similares a los que sobre el particular exige la legislación nacional”(4).

2.4.3. También concurren los restantes requisitos exigidos para la autorización demandada.

a) En el plenario no obra el menor rastro indicativo de que en Colombia exista proceso en curso o sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto, o providencia en firme que haya decidido sobre el divorcio del matrimonio de la solicitante con Stauder Wolfgang.

b) Si bien el divorcio fue concedido por estar los cónyuges de acuerdo, cierto es, dentro del respectivo trámite la demandada, acá actora, tuvo la ocasión de intervenir para hacer valer su legítimo derecho de defensa, y lo ejerció de modo activo, como lo muestra la propia resolución en cuestión; es decir, a las partes no les fueron violadas las garantías procesales.

c) La determinación en rigor no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentren en territorio patrio en el momento de iniciarse el proceso donde se emitió; solo se refiere a la ruptura del vínculo matrimonial y a cuestiones patrimoniales de la pareja sobre derechos situados en Alemania.

d) El fallo tampoco es contrario al ordenamiento interno en materia de divorcio, ya que éste se halla autorizado en Colombia con base en las causales del artículo 154 del Código Civil, modificado por el 6º de la Ley 25 de 1992, en las cuales se prevé el “consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia”, supuesto en el cual se sustentó la providencia alemana, al expresar que: “[e]l esposo es de nacionalidad alemana. La esposa es de nacionalidad de la República de Colombia. Los esposos no tuvieron una nacionalidad extranjera común durante su matrimonio. Ambos esposos tenían su domicilio habitual en Alemania al momento de recibir la solicitud de divorcio. El esposo solicita que se decrete el divorcio en el matrimonio. La esposa está de acuerdo con el divorcio. La audiencia arrojó como resultado, que los esposos viven separados desde hace por lo menos un año, pero aún no desde hace tres años” (fl. 12).

e) El asunto mucho menos es de competencia exclusiva de los jueces de Colombia; desde luego, al estar residenciada la pareja en la República Federal de Alemania, las competentes autoridades de ese territorio tenían jurisdicción para pronunciarse sobre la materia, como en efecto se hizo a través de la providencia invocada.

f) La misma alcanzó ejecutoria desde el 13 de enero de 2009, como se advierte de la respectiva constancia, donde se expresa: “ejecutoriada desde el 13 de enero de 2009”.

g) La providencia extranjera allegada satisface las formalidades previstas en la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en lo relativo al apostillaje, y fue suministrada debidamente traducida al castellano por experto habilitado ante las autoridades colombianas.

2.5. Se impone, entonces, acceder a lo deprecado y ordenar la inscripción tanto del fallo foráneo, como de esta resolución, para los efectos de los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y 13 del Decreto 1873 de 1971.

2.6. Como no se configura ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, no se condenará en costas.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve:

1. Conceder el exequátur a la sentencia de 10 de diciembre de 2008, proferida por el Juzgado Municipal de Ludwigshafen del Rhin, Alemania, mediante la cual se decretó el divorcio de Luz Gladys Ramírez Hernández y Stauder Wolfgang, respecto del matrimonio contraído el 14 de marzo de 2003 en Rheinlandpfalz - Ludwigshafen am Rhein, República Federal de Alemania.

2. Para los efectos legales a que haya lugar, en especial los previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970, 13 del Decreto 1873 de 1971 y 9º de la Ley 25 de 1992, ordenar la inscripción de la presente providencia, junto con la sentencia autorizada, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio y de nacimiento de la solicitante. Líbrense las respectivas comunicaciones.

3. No imponer condena en costas.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco, con excusa—Fernando Giraldo Gutiérrez—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

(1) CSJ SC. G. J., ts. LXXX, página 464, CLI, página 69, CLVIII, página. 78, y CLXXVI, página 309, entre otras.

(2) CSJ SC. Sentencia de 12 de marzo de 2012, Radicación 2001-01019-00.

(3) CSJ SC. Sentencia de 28 de mayo de 2010, Radicación 2008-00596-00.

(4) CSJ SC. Sentencia de 25 de julio de 2005, Radicación 2003-00228-00.