Sentencia SC8655-2016/2015-01712 de junio 29 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

SC8655-2016

Rad.11001-02-03-000-2015-01712-00

(Aprobado en sesión de ocho de junio de dos mil dieciséis)

Bogotá D.C., veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

Se decide la solicitud de exequátur presentada por Juan Carlos Acero Gualdrón y Natalia Evnitskaya, frente a la sentencia de 17 de septiembre de 2013, proferida por el Juzgado de Primera Instancia Nº 29 de Madrid, España, declarando la “disolución del matrimonio por divorcio” entre ellos.

I. Antecedentes

1. Los demandantes buscan homologar la citada providencia, para proceder a su inscripción en el registro civil.

2. Apoyan sus pretensiones en los hechos que a continuación se compendian:

a) Juan Carlos Aceros Gualdrón es ciudadano Colombiano, nacido en Bucaramanga (jul. 24/79), y Natalia Evnitskaya es de nacionalidad Rusa.

b) Contrajeron matrimonio en el Ayuntamiento de Rubí, Barcelona (sep. 29/2012) que registraron conforme a la leyes de España y en el Consulado de Colombia en Barcelona al indicativo serial 5765097.

c) Promovieron el divorcio de consuno, que les fue concedido, cumpliendo la providencia con todos los requisitos del exequátur y existiendo coincidencia de causal con lo que contempla la “Ley 1 de 1976, modificada por la Ley 25 de 1992, numeral 9º del artículo 154 del Código Civil Colombiano”.

d) Durante la unión no procrearon hijos ni adoptaron. Tampoco adquirieron bienes.

3. Admitida la petición, se corrió traslado a las autoridades públicas correspondientes, quienes se pronunciaron así:

a) La representante del Ministerio Público en Asuntos Civiles no se opuso, siempre y cuando se cumplieran las exigencias de rigor (fls. 51 al 55).

b) La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, señaló que “el divorcio decretado disolvió el vínculo matrimonial, lo que abre paso a que sea procedente otorgar efecto jurídico a la sentencia” (fls. 59 al 61).

3. Como ambos contrayentes comparecen ante la Corte, no había a quien más poner al tanto del trámite.

4. Los interesados en los alegatos, aportados una vez surtida la etapa probatoria, persisten en sus aspiraciones porque se cumplieron las exigencias de rigor (fls. 85 al 87).

5. Perfeccionada la instrucción, procede resolver lo que en derecho corresponda.

II. Consideraciones

1. De conformidad con el artículo 1º del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró “en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1º de enero de 2016, íntegramente.

Sin embargo, en este caso en particular se tendrán en cuenta las reglas que sobre el tránsito de legislación contempla el artículo 625 de la Ley 1564 de 2012, que en los numerales 1 a 4 fija patrones especiales para los procesos ordinarios, abreviados, verbales de mayor y menor cuantía, verbales sumarios y ejecutivos. Ya en lo que respecta a otros asuntos en los numerales 5 y 6 se precisó que

5. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

6. En los demás procesos, se aplicará la regla general prevista en el numeral anterior.

Quiere decir que al no existir una referencia concreta al exequátur en la norma referida, queda comprendido dentro de la última regla transcrita, por lo que se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inició.

2. La constante migración de la población mundial con el propósito de consolidar un proyecto de vida, ya sea por lazos de afecto, motivos laborales o vínculos comerciales, incide en la internacionalización de los litigios. De allí que las decisiones de las autoridades judiciales pueden repercutir en un Estado diferente de donde se toman, justificándose el esfuerzo global para que no sean nugatorios esos efectos.

En Colombia, de conformidad con el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, se aceptan con fuerza vinculante aquellas sentencias o laudos pronunciados en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, por “reciprocidad diplomática”, esto es, cuando cumplan con los requisitos establecidos en los tratados existentes con él, o en su defecto acudiendo a la “reciprocidad legislativa», basada en la aceptación que allí se reconozca a las acá proferidas.

La Corte al respecto ha reiterado que

(…) en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia (G. 3. t. LXXX, pág. 464; CLI, pág. 69; CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309; citada en SC15751-2014).

3. Se encuentra acreditado, con relevancia en la decisión a adoptar, lo siguiente:

a) Que Juan Carlos Acero Gualdrón y Natalia Evnitskaya, se casaron por lo civil el 29 de septiembre de 2012, en Castell Ecomuseu Urba en la población de Rubí, provincia de Barcelona, España (fl. 9).

b) Que el Juzgado de 1ª Instancia Nº 29 de Madrid, declaró la “disolución del matrimonio por divorcio”» entre dichos cónyuges (17 sep. 2013), folios 31 al 37.

c) Que la Subdirectora General Adjunta de Cooperación Jurídica Internacional de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones de España, certificó la firmeza del fallo (fl. 8).

d) Que la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Cancillería informó sobre la existencia del “Convenio sobre ejecución de sentencias entre la República de Colombia y el Reino de España», aprobado mediante Ley 7 de 1908 y que entró en vigor el 16 de abril del año siguiente (fl. 70).

4. Con la existencia del acuerdo suscrito entre Colombia y España el 30 de mayo de 1908, que tiene plena vigencia, se acreditó la reciprocidad diplomática en el reconocimiento de efectos a las providencias civiles de los funcionarios ordinarios.

Es así como en el artículo primero se advierte que las sentencias pronunciadas por “los tribunales comunes de una de las Altas Partes” serán ejecutables en la otra, si son definitivas y están ejecutoriadas conforme al país de origen. Además, si no se oponen a las leyes vigentes en el otro Estado.

Adicionalmente, se exige que el requisito inicial lo certifique “el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de estos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores y la de éste a su vez por el agente diplomático respectivo acreditado en el lugar de la legalización”, y que antes de ejecutarse “deberá oírse al Ministerio Público o Fiscal de acuerdo con las leyes de cada uno de los dos países contratantes”.

5. Fuera de dichas circunstancias, debe verificarse también si se reúnen las exigencias del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, pues, como se dijo en CSJ SC 20 mar. 2014, rad. 2012-02652-00,

[e]n el presente asunto […] aparece certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores dando cuenta de la existencia de un convenio bilateral entre Colombia y España alrededor del cumplimiento de fallos extranjeros, celebrado el 30 de mayo de 1908, que entró a regir a partir del 16 de abril del siguiente año. No obstante, el cumplimiento de esa exigencia, por sí misma, resulta insuficiente, pues la misma convención y el artículo 694 del Código de Procedimiento Civil, establecen que la autorización pretendida (exequátur) está supeditada al cumplimiento de otros requisitos, como son, la constancia de ejecutoria del fallo extranjero; que no se oponga a las leyes del Estado destinatario; que la copia de la sentencia, de ser el caso, esté traducida y legalizada conforme a las leyes del país en donde se pretende que surta efectos; que no contravenga las normas internas de orden público, ni verse sobre derechos reales respecto de bienes situados en territorio nacional; que no recaiga sobre asuntos de resorte exclusivo de los jueces nacionales o respecto de los cuales exista proceso en curso o sentencia en firme. Además, si el fallo fue contencioso, se haya cumplido la debida citación y contradicción del demandado.

6. Del examen del material demostrativo aportado y recaudado se concluye que:

a) La decisión no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encuentran en territorio colombiano, toda vez que concierne, exclusivamente, al estado civil de los peticionarios.

b) No es contraria a las leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, pues, el mutuo acuerdo corresponde a la causal novena de divorcio consagrada en el artículo 154 del Código Civil, como se constató en CSJ SC 15 ago. 2007, rad. 2006-00857; SC 14 nov. 2008, rad. 2007-01237; SC 13 mayo de 2009, rad. 2007-01236; SC 5 agos. 2013, rad. 2011-00104-00; y SC9530-2014, entre otras.

c) Se aportó copia del fallo debidamente legalizada, atendiendo las reglas de los artículos 3º y 4º de la Ley 455 de 1998, que incorporó al derecho interno la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961.

d) La providencia está ejecutoriada y así lo constató la autoridad idónea, en los términos del tratado bilateral convenido entre Colombia y España.

e) El asunto no es de competencia exclusiva de los jueces de este país, toda vez que no hay norma que así lo señale, ni se aduce la existencia de proceso ante ellas o sentencia ejecutoriada sobre la misma materia.

f) Se contó con la participación de dos representantes del Ministerio Público, esto es, una Delegada en lo Civil y la otra en Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, sin que se opusieran a la prosperidad de lo pedido.

7. Consecuentemente, se otorgará efecto jurídico a la mencionada resolución de divorcio, y, en cumplimiento a las exigencias del artículo 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordenará la inscripción de ese proveído y de la presente sentencia, tanto en el correspondiente registro civil de matrimonio, como en el de nacimiento del connacional, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970.

8. No se impondrá condena en costas por tratarse de un asunto producto de la libre voluntad de los intervinientes.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Conceder el exequátur a la sentencia de diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), proferida por el Juzgado de Primera Instancia Nº 29 de Madrid, España, que declaró la disolución del matrimonio por divorcio entre Juan Carlos Acero Gualdrón y Natalia Evnitskaya.

2. Inscribir este fallo, junto con el que es objeto de homologación, en el registro civil de matrimonio serial 5765097 del Consulado de Barcelona y en el de nacimiento de Juan Carlos Aceros Gualdrón, con indicativo 4340349 de la Notaría Cuarta de Bucaramanga.

3. Librar, por conducto de la Secretaría, la comunicaciones con ese propósito.

4. No condenar en costas.

5. Archivar el expediente.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.