Sentencia SC8708-2017/2014-01582 de junio 20 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC8708-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2014-01582-00

Magistrado Ponente

Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

(Aprobada en sesión de tres de mayo de dos mil diecisiete)

Bogotá, D. C., veinte de junio de dos mil diecisiete.

Se decide la solicitud de exequátur de la providencia de disolución de matrimonio proferida por el Tribunal del Circuito Judicial Nº 11, División de Familia, en y para el Condado de Miami - Dade, Florida, Estados Unidos de América, caso Nº 11-017874 FC (33).

Antecedentes

1. Víctor Ricardo Bruno Restrepo López solicitó la homologación de la sentencia por la que se disolvió su lazo conyugal con Beatriz del Perpetuo Socorro Rocha Camacho, con ocasión de la ruptura de su vínculo, así como del acuerdo conciliatorio firmado por las partes el 21 de abril de 2012.

2. Los hechos relevantes de la demanda pueden compendiarse así:

2.1. Los cónyuges contrajeron matrimonio católico el 29 de junio de 1984, en la Parroquia Santa Mónica de Bogotá, el cual se registró civilmente en la Notaría 36 de la misma ciudad, con el serial 03712613.

2.2. Por la ruptura de la relación desde el año 2010, el convocante solicitó, ante la justicia norteamericana, la disolución del casamiento.

2.3. La súplica se falló favorablemente el 11 de junio de 2011 y se decretó que “los lazos del matrimonio celebrado entre las partes quedan disuelt[o]s” (fl. 10).

2.4. Durante la vida en común, se procrearon tres (3) hijas, quienes actualmente son mayores de edad. Acumularon, entre otros activos, inmuebles ubicados en Estados Unidos de América, España y Colombia, cuya distribución se aprobó por mutuo acuerdo (fls. 59-73).

Trámite del exequátur

1. En aplicación del artículo 695 del Código de Procedimiento Civil, una vez admitida la demanda, se corrió traslado de la misma al Ministerio Público, a través de la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, quien se opuso a la homologación, con el argumento que en Colombia no es posible la disolución vincular de los matrimonios católicos (fls. 113-128).

2. Surtido el traslado del anterior escrito, el demandante puntualizó que en nuestro sistema jurídico se permite la cesación de los efectos civiles del rito católico, por lo que el exequatur debe concederse, como se ha hecho en otros casos (fls. 132-136).

3. Se recabaron las siguientes probanzas en la actuación:

3.1. Documentos aportados con la demanda y su subsanación (fls. 3 a 26 y 42 a 85), que incluyen la sentencia de disolución, su apostilla, los registros civiles de matrimonio y nacimiento, la declaración jurada de Jamie Isicoff y Andrew Leinoff, el acuerdo de separación conyugal, y las traducciones requeridas.

3.2. Declaraciones rendidas por los abogados Gleen G. Kolk, Edith G. Osman, John A. Thornton, y Yale Manoff, trasladas del proceso con Radicación Nº 2004-00053-01, relativas a la ejecución de sentencias extranjeras en el Estado de la Florida (fls. 143-168).

3.3. Legalizaciones de las traducciones realizadas por la experta Gloria María Mejía Ramírez (fls. 201-210).

3.4. Oficio S-GAUC-16-056209 de 15 de junio de 2016, emanado del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual se allegó el memorando de la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales, en el cual se informó que no existen tratados internacionales en materia de reconocimiento recíproco de sentencias extranjeras suscrito, o del cual hagan parte, Colombia y Estados Unidos de América (fls. 214 y 215).

5. Vencido el periodo probatorio, se dio traslado a las partes para alegar (fl. 219), el cual transcurrió sin intervención alguna (fl. 220). El memorial arrimado por el convocante (fls. 221-223), por ser extemporáneo, no será apreciado.

Consideraciones

1. La presente decisión se sujetará al Código de Procedimiento Civil, por ser la norma vigente al momento de la solicitud de reconocimiento, esto es, el 17 de julio de 2014 (fl. 33).

Si bien el 1º de enero de 2016 entró en vigencia el Código General del Proceso, lo cierto es que el numeral 5º del artículo 625 ibídem consagró como regla general que las actuaciones en curso deben culminarse de acuerdo con la normatividad aplicable al momento de su iniciación, regla que es aplicable al reconocimiento.

Así lo ha recocido esta corporación:

Quiere decir que al no existir una referencia concreta al exequátur en la norma referida –numeral 6º del artículo 625–, queda comprendido dentro de la última regla transcrita, por lo que se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inició (CSJ SC8655, 29 jun. 2016, Rad. 2015-01712-00).

2. La homologación es un trámite jurisdiccional que busca otorgar, a una sentencia proveniente del exterior, efectos equivalentes a los de una local, en virtud del principio de colaboración armónica entre los estados y las necesidades connaturales de una sociedad globalizada, con un alto tránsito de personas y de capitales entre los países.

En este caso, la administración de justicia deja de estar en manos de los jueces locales, para admitir que lo resuelto por falladores foráneos tenga pleno valor, a condición que se cumplan las formalidades fijadas en la regulación, las cuales no pretenden un reexamen de la relación jurídica sustancial, sino la verificación de ciertos aspectos extrínsecos al proveído(1), tales como la reciprocidad diplomática o legislativa, la competencia del juzgador, la salvaguardia del orden público interno, la tutela de los derechos de defensa y contradicción, y el cumplimiento de la legalización y autenticación que es exigible a todos los documentos extranjeros(2).

En Colombia, los artículos 693 y 694 del derogado Código de Procedimiento Civil, consagraban estos requerimientos en los siguientes términos:

(i) Entre nuestro país y el de procedencia debe existir reciprocidad diplomática o legislativa, de suerte que exista un compromiso correlativo de reconocer las providencias emitidas en el otro, en virtud de tratados internacionales o de sus ordenamientos jurídicos nacionales(3);

(ii) La decisión debe tener el carácter de sentencia judicial y ser emitida en un proceso contencioso o de jurisdicción voluntaria(4);

(iii) El asunto del cual se ocupa el fallo no puede referirse a derechos reales sobre bienes ubicados en territorio colombiano, pues en este caso se debe aplicar el principio de territorialidad(5);

(iv) La resolución debe estar en armonía con las normas de orden público sustancial patrias, valga decirlo, los principios que disciplinan las diferentes instituciones jurídicas y en cuyo respeto está interesado el país.

La jurisprudencia ha definido el orden público como “los principios esenciales del Estado”(6) o “los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional”(7), esto es, “los principios y valores fundamentales del sistema u ordenamiento jurídico, su noción atañe al núcleo central, medular, básico, cardinal, primario e inmanente de intereses vitales para la persona, la existencia, preservación, armonía y progreso de la sociedad”(8).

(v) El proveído a reconocer debe estar ejecutoriado, según la ley del país de origen, en orden a garantizar que sea inmodificable e intangible, para lo cual deberá acreditarse que frente a lo decidido no proceden recursos, que los mismos ya se agotaron, que precluyó la oportunidad para interponerlos, o que no puede acudirse a otros instrumentos judiciales para controvertir lo resuelto(9);

(vi) Copias de la sentencia y de la constancia de ejecutoria deben estar debidamente autenticadas y legalizadas, con el objeto que pueda certificarse la calidad del funcionario que suscribe el documento público, para lo cual deberá acudirse a la legalización ante consulado o a la apostilla, según el caso(10);

(vii) La competencia para conocer de la materia no debe ser privativa de los jueces colombianos, como sucede en los casos de inmunidades o por la aplicación de los estatutos personal o real reconocidos en el Derecho Internacional Privado;

(viii) Es imperativo observar las reglas de la cosa juzgada y el non bis in idem, por lo que se excluye la homologación de decisiones que se refieran a asuntos sobre los cuales haya un pronunciamiento local o un proceso en curso; y

(ix) Deberá acreditarse que en el trámite adelantado en el otro país se respetó el debido proceso, en particular, las garantías de debida noticia y contradicción.

Lo expuesto, claro está, sin perjuicio de los tratados internacionales suscritos por Colombia y que sean aplicables al caso, los cuales pueden consagrar requisitos adicionales o diferentes.

3. En el caso sub examine encuentra la Corte que deberá accederse el reconocimiento solicitado, en tanto se satisfacen los requisitos antes enunciados.

3.1. Entre Colombia y el Estado de la Florida, existe reciprocidad respecto del exequatur de providencias emanadas de jueces de cada uno de ellos. Y es que, si bien en el oficio S-GTAJI-16-076426 de 30 de agosto de 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que “no reposan tratados bilaterales o multilaterales en materia de reconocimiento recíproco de sentencias en los que la República de Colombia y los Estados Unidos de América sean Estados Parte” (fl. 215), lo que excluye la reciprocidad diplomática; no sucede lo mismo con la legislativa, pues varios profesionales del derecho atestaron sobre su vigencia.

Así, los abogados Glenn G. Kolk (fls. 147-148), Edith G. Osman (fls. 151-152), y John Andrés Thornton (fls. 155-153), habilitados para ejercer en el Estado de la Florida, aseveraron que las cortes de esta localidad “reconocen y hacen cumplir los decretos de divorcio expedidos por las cortes colombianas, siempre y cuando se cumplan ciertas normas mínimas”, en particular, que “los individuos residiera[n] en Colombia durante un período de seis (6) meses inmediatamente antes de comenzar la acción de divorcio, o que haya otros fundamentos razonables para establecer la jurisdicción de la Corte sobre la entidad matrimonial”. En el mismo sentido se pronunció la profesional Yale Manoff, quien adicionalmente precisó que deben satisfacerse “estándares mínimos de justicia procesal” (fls. 161-662).

Por tratarse de conceptos concordantes y convergentes, se entienden satisfechas las condiciones del inciso 3º del artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, para tener por probada la existencia de una regulación, no escrita, que permite a los jueces de la Florida otorgar valor a las sentencias que sean emanadas de nuestra patria, con las únicas exigencias del respeto a las reglas de competencia por el factor personal, y del debido proceso, de lo que se infiere la correspondencia legislativa.

En un caso semejante al presente, la Corte puntualizó:

[O]bra en prueba trasladada del proceso radicado 2004-00053-01, copia auténtica de las declaraciones juradas rendidas por los abogados americanos Gleen G. Kolk, Edith G. Osman, John A. Thornton y Yale Manoff, quienes en lo esencial, coinciden en señalar que ante las Cortes de La Florida se pueden ejecutar las sentencias de divorcio dictadas por los jueces colombianos, con la condición de que el juez sea competente y que una cualquiera de las partes tenga su domicilio en el lugar del divorcio siquiera con antelación de seis (6) meses a la iniciación de éste…

Se concluye, del análisis conjunto de esa prueba testimonial calificada, autorizada por la ley cuando de probar la ley extranjera no escrita se trata, que las autoridades judiciales del Estado de La Florida, han aceptado la ejecución de providencias de naturaleza similar a la que se pretende homologar, por lo que se entiende cumplido el mentado requisito de la reciprocidad, que en este caso es de hecho o de origen jurisprudencial como también se le conoce (SC, 4 nov. 2011, Rad. 2011-01488-00).

Ahora bien, que el Estado de la Florida carezca de una regulación escrita sobre los requerimientos que deben satisfacerse para el exequatur, no impide la demostración de la reciprocidad, pues se suficiente que se encuentre admitida por la práctica judicial, ya que son los falladores quienes deben otorgar la homologación en caso de ser solicitada (Cfr. CSJ, SC071, 25 sep. 1996, Exp. 5724; reiterada en SC12886, 24 sep. 2015, Rad. 2012-02133-00).

3.2. El proveído cuyo reconocimiento se deprecó tiene el alcance de sentencia judicial, y fue emitido en un proceso de naturaleza contenciosa.

Anótese que fue emitido por un órgano judicial, en concreto, el Tribunal del Circuito Judicial Nº 11 en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, quien actuó con base en la demanda de disolución matrimonial presentada por Víctor Ricardo Restrepo, y el falló se emitió después de “escuchado el testimonio y plenamente informado de los antecedentes” (fl. 9). Significa que, primero se agotó un debate probatorio orientado a demostrar los supuestos de hecho de la pretensión, y después se decidió con base en el derecho aplicable a la materia.

Con todo, en la parte resolutiva se manifestó que el “Tribunal conservará la jurisdicción sobre las partes de este proceso y los asuntos en él referidos para ejecutar los términos y disposiciones específicas conforme a lo establecido en el Acuerdo de Conciliación Mediado” (fl. 10), de lo cual se infiere su carácter judicial, al consagrar el ejercicio de la facultad de imperio para de garantizar el cumplimiento de lo decidido.

3.3. La resolución de disolución matrimonial es homologable en nuestro país, por referirse al estado civil de los contrayentes y, en sí misma, ser ajena a derechos reales sobre bienes ubicados en Colombia.

Sin embargo, no sucede lo mismo con la aprobación del acuerdo de separación, por incluir la disposición del dominio sobre un inmueble localizado en territorio nacional. Y es que, en la sentencia de 11 de junio de 2012, expresamente se dispuso que el “Acuerdo Conciliatorio original, previamente presentado ante el tribunal es adoptado y ratificado por este Tribunal y tendrá la misma validez de esta Sentencia Definitiva”. Empero, al revisar su contenido se advirtió que, contrario a lo señalado por el actor en su demanda, en el acápite denominado Distribución Equitativa, se incluyó el siguiente activo:

Apartamento en Colombia: la Esposa conservará como única dueña el apartamento en Colombia. En caso que las leyes colombianas requieran que el esposo elabore algún documento para demostrar que la esposa es la propietaria, el Esposo deberá elaborarlo razonablemente durante los siguientes 15 días de la fecha en que los recibe y devolverlos a la esposa. La esposa preservará y mantendrá al Esposo ajeno de toda obligación (fl. 61).

Colíjase que, con la aprobación de la citada convención por parte del juzgador, se afectó un derecho real sobre un bien radicado en nuestro país, cuya homologación se encuentra proscrita por el numeral 1º del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil. Corresponderá a los interesados, en razón a la extinción de su vínculo marital, hacer uso de los procedimientos locales para lograr la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, en cuanto se refiere a los bienes aquí localizados.

3.4. El fallo a homologar es armónico con las normas de orden público nacional, pues la causal que sirvió de base para el pedimento, se encuentra reconocida en el Código Civil, como una que permite la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso.

En efecto, la sentencia del Estado de la Florida y el acuerdo de separación conyugal, señalan que la voluntad común de los contrayentes, con ocasión de la ruptura de la vida en pareja desde el año 2010 (fl. 59), fueron la causa de la disolución del vínculo.

Tales motivos están expresamente previstos, como causales de divorcio, en los numerales 8º y 9º del artículo 154 del Código Civil, a saber: “8. La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años. 9. El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia”.

De otro lado, contrario a lo señalado por la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, en Colombia se permite, a partir de la Ley 25 de 1992(11), que los matrimonios religiosos extingan sus efectos civiles, incluso disolviendo el vínculo personal entre los contrayentes, siempre que se demuestre la ocurrencia de alguna de las causales de divorcio.

En este contexto, es claro que la sentencia de disolución del matrimonio católico contraído entre Víctor Ricardo Bruno Restrepo López y Beatriz del Perpetuo Socorro Rocha Camacho, puede ser reconocida en nuestro país, con los mismos efectos civiles que los establecidos para los fallos nacionales sobre la materia.

Tal es la postura de esta Corte sobre la materia:

[S]e verifica que la aplicación de la sentencia extranjera no compromete el orden público colombiano, toda vez que de su texto fluye que la decisión se adoptó en torno al divorcio del matrimonio contraído por las partes, pronunciamiento que se ajusta sin ambages a lo que sobre el particular dispone la ley de este país aunque exclusivamente en cuanto a la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico de que trata el artículo 11 de la Ley 25 de 1992 (SC119, 5 jul. 2001, Exp. 0092).

3.5. El proveído estadounidense se encuentra debidamente ejecutoriado, como se indica expresamente en el cuerpo de la providencia, denominada “última sentencia ejecutoriada para la disolución de matrimonio” (fls. 9). Más aún, el juzgador manifestó que lo resuelto quedó “EJECUTORIADO en la Sala de Audiencias en el Condado de Miami-Dade, Florida este día 11 del mes de junio de 2012” (fl. 10).

En adición, las atestaciones de los abogados Jamie N. Isicoff (fls. 18-19) y Andrew M. Leinoff (fls. 79 y 80), son convergentes en concluir que, la sentencia a homologar, es “vinculante en todos los aspectos y no tuvo apelación”. Esto es, se trata de un fallo definitivo, no susceptible de recursos por no haberse interpuesto, lo que hace viable la homologación.

3.6. La decisión se arrimó en copia auténtica tomada de los archivos judiciales, según la certificación emitida por Harvey Ruvin, Secretario de los Tribunales del Circuito y del Condado (fl. 10).

La rúbrica de este funcionario fue certificada por el Secretario de Estado de la Florida, señor Ken Detzner (fl. 8), cuya firma, a su vez, fue apostillada según la convención de la Haya de 1961 (fl. 7), de la cual son parte Estados Unidos de América y Colombia(12).

3.7. En atención al lugar de residencia de la demandada, que corresponde al último común de los cónyuges (301 Hampton Lane, Key Biscayne, Fl. 33149), el Tribunal del Circuito Judicial Nº 11 en y para el Condado de Miami-Dade, Florida, era competente para conocer del asunto.

Más aún, las partes convinieron que el Acuerdo de Separación Conyugal sería ejecutado en dicha localidad (fl. 72), por lo que los jueces de la misma eran competentes para su aprobación.

3.8. No existe evidencia de que en Colombia se haya adelantado, o se encuentre en curso, proceso judicial entre las mismas partes, por hechos similares a los que motivaron la decisión objeto de reconocimiento.

Por el contrario, en los registros civiles de matrimonio (fl. 21) y de nacimiento de Víctor Ricardo Bruno Restrepo López (fl. 22), no hay anotaciones sobre la extinción de la relación marital con Beatriz del Perpetuo Socorro Rocha Camacho, lo que permite inferir la ausencia de pronunciamientos en Colombia sobre la materia.

3.9. Por último, el proceso adelantado ante los jueces del Estado de la Florida garantizó el debido proceso de los cónyuges, como se presume de la ejecutoria de la decisión, según lo prescribe el numeral 6º del artículo 694 del Código de Procedimiento Civil.

Además, el Acuerdo de Separación Conyugal, que sirvió de base para la disolución matrimonial, “se llevó de forma libre y voluntaria”, sin “influencia indebida o llevada por coacción de alguna de las partes”, según fue afirmado por los suscriptores del mismo (fl. 69), lo que permite descartar la vulneración de los derechos de defensa o contradicción de los contrayentes.

4. Acreditados, como están, los requisitos señalados en la legislación para el exequatur, se accederá al mismo, salvo lo relativo a los efectos patrimoniales del acuerdo de divorcio, por las razones explicadas en precedencia.

Consecuentemente, en cumplimiento a las exigencias del artículo 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordenará la inscripción del fallo de 11 de junio de 2012 del Tribunal del Circuito Judicial Nº 11 en y para el Condado Miami-Dade, Florida, y de la presente sentencia, tanto en el correspondiente registro civil de matrimonio, como en el de nacimiento de los contrayentes, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970.

5. No habrá lugar a la condena en costas, por la naturaleza del trámite y por no estar demostrada su causación.

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

1. Conceder el exequátur de la sentencia proferida por el Tribunal del Circuito Judicial Nº 11, División de Familia, en y para el Condado de Miami - Dade, Florida, Estados Unidos de América, caso Nº 11-017874 FC (33), únicamente en cuanto se refiere a los efectos personales de la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico celebrado entre Víctor Ricardo Bruno Restrepo López y Beatriz del Perpetuo Socorro Rocha Camacho.

2. Se ordena la inscripción de esta providencia, junto con la sentencia reconocida, en el folio registro civil de matrimonio serial 03712613, y en el de nacimiento de los interesados.

3. Librar, por conducto de la Secretaría, la comunicaciones con ese propósito.

4. Sin costas en el trámite.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 CSJ, SC10089, 25 jul. 2016, Rad. 2013-02702-00.

2 Lino Enrique Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, Lexis-Nexis y Abeledo-Perrot, Argentina, 2003, 17ª Ed., p. 693.

3 CSJ sentencia 18 dic. 2009, Rad. 2008-00315-00; 11 ene. 2011, Rad. 2007-00499-00; 8 nov. 2011, Rad. 2009-00219-00; 19 dic. 2012, Rad. 2011-00579-00 y 21 feb. 2014, Rad. 2008-01175-00.

4 Cfr. CSJ, AC5678, 31 ago. 2016, Rad. 2016-00540-00.

5 CSJ, AC4909, 2 ago. 2016, Rad. 2016-01537-00.

6 CSJ, SC10089, 25 jul. 2016, Rad. 2013-02702-00.

7 CSJ, 27 jul. 2011, Rad. 2007-01956-00.

8 CSJ, 8 nov. 2011, Rad. 2009-00219-00.

9 CSJ, AC7288, 27 oct. 2016, Rad. 2016-03016-00.

10 CSJ, AC7244, 25 oct. 2016, Rad. 2016-02791-00.

11 El artículo 5º de la Ley 25 de 1992, que subrogó el precepto 152 del Código Civil, señaló que: “[l]os efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio decretado por el juez de familia o promiscuo de familia”.

12 Cfr. https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=41