Sentencia SC8712-2017 de junio 20 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

SC8712-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2013-02995-00

(Aprobado en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete)

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Decídese el recurso extraordinario de revisión interpuesto por María Sildana Beltrán y José Prisciliano Méndez Beltrán frente a la sentencia de 10 de abril de 2013, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ejecutivo hipotecario que en su contra promovió Granahorrar Banco Comercial, hoy Guillermo Felipe Sánchez Melo por cesión de los créditos.

ANTECEDENTES

1. Granahorrar propuso ejecución para que sus convocados fueran conminados a pagar las sumas de dinero representadas en 2 pagarés, garantizados con hipoteca (fls. 30 a 33, cdno. 1).

2. Después de varias incidencias procesales y una vez los deudores fueron notificados del mandamiento de pago, propusieron las excepciones de mérito que denominaron prescripción de las acciones cambiarias directas de los títulos valores, inexistencia de retardo o mora en la obligación hipotecaria y nulidad absoluta por objeto ilícito en el cobro ejecutivo de sumas de dinero ilegales (fls. 242 a 267, ibídem).

3. El Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá, el 24 de septiembre de 2012, desechó tales defensas, declaró probada oficiosamente la falta de legitimación por activa respecto de uno de los pagarés base del recaudo y ordenó continuar la ejecución en relación con el otro (fls. 585 a 597, cdno. 2).

4. Los ejecutados apelaron y, el 10 de abril de 2013, la Sala Civil del Tribunal Superior del distrito judicial de Bogotá confirmó la decisión del a quo (fls. 35 a 45, cdno. 5).

5. Los enjuiciados formularon recurso de revisión para que se deje sin efecto la determinación final, fundados en la causal sexta del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que sustentaron así (fls. 34 a 47, cdno. de la Corte):

5.1. Inicialmente relataron el trámite dado a la ejecución, transcribieron la providencia cuestionada de forma parcial y endilgaron al tribunal «yerros de interpretación fáctica y jurídica... los cuales no son conducentes o propios aludir a ellos, dada la índole particular del presente recurso extraordinario», aunque citaron jurisprudencia supuestamente no observada en la sentencia.

5.2. A continuación señalaron que sólo ellos apelaron el fallo de primera instancia, con el fin de que fuera declarada próspera la prescripción excepcionada respecto del pagaré sobre el que se ordenó seguir la acción, alzada que hallo infundada el tribunal porque los demandados reconocieron la deuda ante el Banco acreedor, según se desprende de una misiva a ellos remitida por la entidad financiera, en la que no aceptó la propuesta de pago que aquellos enviaron.

5.3. Ese documento, afirmaron los recurrentes, apareció legajado junto a los demás que aportaron con el escrito de excepciones, a pesar de que en ninguna de las etapas del proceso lo arrimaron al plenario, ni lo hizo la ejecutante, al punto que no aparece anunciado en ninguno de sus memoriales, menos existe auto que lo haya agregado al expediente o con el cual se corriera traslado del instrumento.

5.4. Esto traduce que el aludido escrito «fue plantado ilícitamente o, en su defecto, fue allegado extemporáneamente sin memorial a los autos por la parte Actora» (sic).

5.5. Entonces, el medio de convicción criticado «fue plantado ilícita y espuriamente» por la ejecutante o «su ilegítima incorporación al expediente se debió a una superchería o maniobra fraudulenta pergeñada entre la parte a quién beneficia (la parte actora) y empleados del juzgado».

5.6. Por ende, al tenerlo en cuenta el juez ad quem, conculcó las reglas contenidas en los artículos 174, 177 y 183 del Código de Procedimiento Civil, en favor del extremo ejecutante, por ser a quien correspondía la carga de la prueba.

5.7. Además, los ejecutados estaban en imposibilidad de tacharlo, al no estar suscrito por ellos sino por el Banco, motivo por el cual, aplicando las normas aludidas, en concordancia con los preceptos 251, 258 y 289 de la misma obra, debe prescindirse de tal medio de convicción.

6. Una vez el actual ejecutante fue vinculado a este trámite extraordinario, manifestó oponerse y propuso los medios de defensa de inexistencia de la causal de revisión invocada y cosa juzgada.

7. Agotada la instrucción, se pasa a decidir lo que conforme al ordenamiento corresponde.

CONSIDERACIONES

1. Cuestión de primer orden es indicar que, no obstante haber entrado en vigencia de manera total el Código General del Proceso a partir del 1º de enero de 2016, al sub lite no resulta aplicable porque consagró, en el artículo 624 y en el numeral 5º de su artículo 625, que los recursos ya radicados, entre otras actuaciones, deberán surtirse empleando «las leyes vigentes cuando se interpusieron».

Y como el que ahora ocupa la atención de la Sala fue iniciado bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga rigiéndolo, por el principio de ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo.

2. La inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas no es absoluta, toda vez que el artículo 379 de esta obra prevé la posibilidad de que sean revisadas si se presentan dificultades e irregularidades en la obtención de la prueba, fraude procesal, indebida representación o nulidades que afectan la actuación (art. 380, ibídem).

A pesar de constituir una oportunidad adicional para quien estime lesionado su derecho al debido proceso, no consiste en una tercera instancia, por lo que es inviable el planteamiento de posiciones jurídicas o exposición de soluciones alternas al conflicto, por muy convincentes que sean. Tampoco habilita el reforzamiento de argumentos ya examinados por los juzgadores.

En otros términos, se trata de un remedio excepcional frente a graves anomalías que ensombrecen el deber de administrar justicia, para que se regularicen siempre y cuando hayan sido advertidas con posterioridad a la producción del fallo. De allí que su prosperidad está subordinada a que se trate de un aspecto novedoso y, por ende, que no fue materia de debate en el curso del pleito.

Como lo dijo la Sala,

El Código de Procedimiento Civil contempla en su artículo 379 la posibilidad de que las sentencias de los tribunales, una vez ejecutoriadas, puedan ser sometidas a escrutinio frente a la ocurrencia de una o varias de las causales del 380 ibídem, relacionadas con dificultades e irregularidades en la obtención de la prueba, fraude procesal, indebida representación o nulidades que afecten la actuación (...) Tal figura es una expresión del deber de administrar cumplida justicia evitando las decisiones contrarias a ella, con el fin de solventar situaciones que afecten las garantías procesales de las partes, para, de ser necesario y acreditado uno o varios de los motivos esgrimidos, invalidar lo inadecuadamente tramitado o proferir un nuevo fallo en el que se protejan sus derechos, tanto adjetivos como sustanciales (...) No obstante, el recurso de revisión por su connotación extraordinaria debe reunir determinados supuestos, de un lado encajando dentro de las situaciones que para el efecto consagra la ley procesal y del otro correspondiendo a verdaderos descubrimientos o hechos nuevos que patenticen la irregularidad alegada, ajena a la desidia o descuido de los deberes propios de quienes estuvieron involucrados en la litis, toda vez que si existió campo para su discusión dentro del curso normal del debate no es este el escenario propicio para hacerlo, ya que se convertiría en una nueva instancia o la oportunidad de reabrir etapas debidamente precluidas con amparo en la normatividad vigente. (CSJ SC de 15 nov. 2012, Rad. 2010-00754).

3. La impugnante invocó la causal 6ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, consistente en «haber existido colusión o maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente», argumentando que la sentencia de segunda instancia se basó en un escrito que no fue aportado por ninguno de los intervinientes en la ejecución.

4. Para que se configure la causal sexta de revisión se exige: «a) que exista colusión de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con entidad suficiente para determinar el pronunciamiento de una sentencia inicua; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; y, c) que tales circunstancias no hayan podido alegarse en el proceso». (CSJ SC de 30 oct. 2007, Rad. 2005-00791-00).

Con base en tales premisas concluye la Corte que en el sub judice no se cumplen los presupuestos referidos, por lo que se declarará impróspero el recurso extraordinario, como pasa a verse:

4.1. El primero de ellos, esto es, que exista colusión de las partes o maniobra fraudulenta de una de ellas, es asunto que no fue acreditado, porque con tal fin sólo se aportó la denuncia penal incoada por los recurrentes, la cual no constituye prueba de que al proceso ejecutivo fue insertada, de forma irregular, la comunicación con la que Granahorrar manifestó desechar la propuesta de pago que radicaron los deudores (fl. 110, cdno. 1).

Si bien es cierto que dentro del legajo que da cuenta del trámite compulsivo obra esa misiva, anexa a los documentos aportados con el escrito de excepciones, y que en ninguno de los diversos memoriales allegados por las partes aparece enunciado ese medio de convicción, tal vacío no implica que esa pieza procesal haya sido incorporada de manera ilegítima.

Esto es asunto que no puede suponerse tan solo porque carezca de proclamación, en la medida en que bien pudo suceder que esta fuese la omitida, aunque su presentación se hiciera oportuna y legalmente.

Con otras palabras, para tener por colmado el primero de los requisitos de la causal de revisión invocada, es insuficiente aseverar que el documento reseñado nunca fue invocado por las partes en los distintos estadios procesales, sino que era de rigor demostrar plenamente que fue arrimado de forma contraria a derecho, lo que no se probó.

A ese propósito, recuérdese que:

Para la configuración de esta causal urge, pues, que “los hechos aceptados por el juzgador para adoptar la decisión impugnada, no se ajusten a la realidad porque fueron falseados, a propósito, por alguna de las partes intervinientes en el proceso, mediante una actividad ilícita y positiva que persigue causar un perjuicio a la otra o a terceros; hechos fraudulentos que deben quedar plenamente probados en el recurso, por cuanto, en desarrollo del principio de la buena fe, se presume que el comportamiento adoptado por las personas está exento de vicio” (Sentencia del 3 de octubre de 1999). (CSJ SC de 14 dic. 2000, Rad. 7269, resaltó la Sala).

4.2. La segunda exigencia, es decir, que se le haya causado un perjuicio a los recurrentes, aparece desvirtuada con la misma sentencia atacada, porque, para desechar la prescripción alegada por los deudores, el tribunal refirió que la notificación del mandamiento de pago librado fue hecha a ellos dentro del lapso previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, lo que generó la interrupción civil del fenómeno extintivo excepcionado.

En efecto, ese estrado judicial razonó de la siguiente forma:

...tenemos que la exigibilidad del capital acelerado se produjo el 10 de abril de 2002, (fecha de presentación de la demanda fl. 34 cdno. 1), lo que significa que la prescripción de esta obligación operaba el 10 de abril de 2005, y como los ejecutados después de haberse dejado sin valor ni efecto jurídico el auto que libró el mandamiento de pago, se notificaron de la nueva orden de pago (—14 de octubre de 2005—), por conducto de apoderado judicial de manera personal el día 21 de abril de 2006, conforme lo dispone el artículo 555 del Código de Procedimiento Civil, tendríamos, en principio, que la acción cambiaria derivada del pagaré allegado junto con la demanda se encuentra prescrita, en razón a que transcurrieron los tres años de que trata la norma sin que se trabara la litis, empero, nótese, en este especial caso que ocupa la atención de la Sala, se encuentra abonado el presupuesto señalado en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la orden de apremio declarada en este asunto tiene la virtualidad de interrumpir el término prescriptivo, ya que los convocados se notificaron en el término de que trata el artículo precitado, esto es, dentro del año siguiente a librarse la orden de pago, lo que permite concluir que a partir del momento de presentación de la demanda se interrumpió el conteo de la prescripción del título cobrado, sin que para dicha época hubiere vencido el plazo contemplado en el artículo 789 Código de Comercio para que prescribiera el derecho incorporado en el pagaré aludido. (fl. 42, cdno. 5).

Añadió el juez ad-quem que también hubo interrupción natural de la prescripción, porque los ejecutados presentaron una propuesta de pago al Banco Granahorrar, de la cual da cuenta la comunicación que sirve de soporte al recurso extraordinario que ahora ocupa la atención de la Sala.

Si ello es así, como en efecto lo es, al rompe se nota que está desvirtuado el eventual perjuicio que la supuesta maniobra fraudulenta de la parte actora le hubiera causado a los ejecutados -ahora recurrentes-, porque al margen de la interrupción natural de la prescripción establecida con base en el instrumento que aducen aportado irregularmente; lo cierto es que la prescripción excepcionada de ninguna manera estaba llamada a prosperar, porque también quedó interrumpida civilmente.

En otros términos, de estar acreditada la maniobra fraudulenta alegada -lo que no se hizo-, de todas maneras sería infundada la causal de revisión invocada, comoquiera que esa anomalía no le generó daño a los ejecutados.

4.3. Como si lo anterior fuera poco, tampoco aparece cumplido el tercer presupuesto de la causal sexta de revisión, a cuyo tenor es indispensable que las circunstancias constitutivas del fraude o la colusión invocada no hubieran podido alegarse en el proceso.

Ciertamente, los recurrentes omitieron argumentar porqué se vieron imposibilitados de exponer, ante el juez de última instancia, las circunstancias que relatan, a través del recurso extraordinario de revisión.

Tan solo acataron en afirmar que, como el escrito supuestamente aparecido en el expediente no fue signado por ellos, era inviable tacharlo de falso.

Sin embargo, esta situación no les imposibilitaba implorar a sus juzgadores, a más tardar en sus alegatos, que menospreciaran el aludido medio de convicción, con base en similares motivaciones a las expuestas ante la Corte, porque tenían duda sobre la forma en que ese elemento fue agregado a los autos, máxime si los reclamantes exteriorizaron que esa supuesta anómala agregación se pudo haber dado con la participación de «empleados del juzgado», es decir, desde la primera instancia del proceso.

Es que, en relación con este presupuesto, la Corte ha dicho que:

... no alcanzan a tener el carácter de maniobras engañosas las actuaciones propias del devenir del proceso promovidas por las partes en su transcurso y sin ninguna ocultación que, por lo mismo, fueron sometidas a consideración de los jueces y estuvieron sujetas a controversia, independientemente de cómo hayan sido finalmente tratadas o resueltas; ni las que resultan de procedimientos supuestamente irregulares, los cuales justamente por haber estado sometidos al escrutinio judicial excluyen la maquinación de las partes. (CSJ SC 242 de 13 dic. 2001, Rad. 0160).

En suma, ninguno de los requisitos necesarios para la prosperidad de la revisión fue cumplido en el presente recurso extraordinario.

5. Se concluye de lo expuesto que no prospera el mecanismo de defensa examinado, por lo que así se declarará, con condena en costas en contra de los recurrentes al tenor del inciso final del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por María Sildana Beltrán y José Prisciliano Méndez Beltrán frente a la sentencia de 10 de abril de 2013, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ejecutivo hipotecario que en su contra promovió Granahorrar Banco Comercial, hoy Guillermo Felipe Sánchez Melo por cesión de los créditos.

2. Condenar a los impugnantes a pagar las costas y perjuicios. En la liquidación de aquellas inclúyase por concepto de agencias en derecho $ 3’000.000 y, en cuanto a los últimos podrán establecerse y cuantificarse previo trámite incidental.

3. Hacer efectiva la caución constituida para cancelar los valores provenientes de los rubros señalados. Para tal efecto, en su oportunidad la secretaría librará los oficios que se requieran, así mismo expedirá las copias pertinentes, debiendo sufragar las expensas quien las requiera.

4. Devolver el proceso al juzgado de origen, agregando copia de esta providencia, y en su oportunidad archívese el expediente que recoge la actuación surtida ante esta Corporación.

Notifíquese.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala (ausencia justificada)—Margarita Cabello Blanco—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.