Sentencia SC8716-2017 de junio 20 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

SC8716-2017

Rad.: 54001-31-03-003-2007-00108-01

(Aprobada en sesión de quince de marzo de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Corte el recurso de casación que Rafael Antonio Sandoval Mantilla interpuso contra la sentencia del 16 de septiembre de 2011, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso ordinario que él promovió contra Aseguradora Colseguros S.A.

ANTECEDENTES

1. El actor solicitó, al amparo de la póliza especial de automóviles contra terrorismo Nº 12371523, se condene a Colseguros S.A., a pagarle $ 217’000.000 como valor del automotor de placas SRE-094; $ 21’700.000 por lucro cesante correspondiente a un bimestre de explotación del vehículo y lo que se pruebe por gastos de grúa; las dos primeras cantidades con intereses comerciales moratorios liquidados desde el 26 de septiembre de 2006 hasta cuando se verifique el pago (fls. 14 y 15, cdno. 1).

2. Las peticiones anteriores fueron sustentadas en lo que a continuación se resume (fls. 12 a 14, ibídem):

2.1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público adquirió la póliza Nº 12371523, expedida por Colseguros S.A., renovada del 2 de octubre de 2005 al 2 de octubre de 2006, por medio de la que fueron asegurados los vehículos automotores terrestres que sufrieran daños provenientes de huelgas, asonadas, amotinamientos, conmociones civiles y/o actos terroristas provenientes, estos últimos, de grupos subversivos.

2.2. Rafael Antonio Sandoval Mantilla es propietario del tractocamión de placas SRE-094, que el 3 de octubre de 2005 fue interceptado e incinerado por sujetos encapuchados y armados, pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional «ELN», cuando cubría la ruta entre Cúcuta – La Florida y San Roque del Municipio de Sardinata, según lo certificó el Grupo de Caballería Nº 5 Maza de la 5ª Brigada del Ejército Nacional.

2.3. La destrucción de ese bien fue total, por lo cual el demandante avisó a la aseguradora y con posterioridad radicó reclamación formal.

2.4. Sin embargo, tal compañía objetó la solicitud con la comunicación GIA Nº 1827 de 26 de septiembre de 2006, invocando una de las exclusiones del contrato según la cual el demandante debía contar con autorización especial para movilizar el camión por alguna vía que estuviera restringida por cualquier autoridad del orden nacional, departamental o local.

Esto porque el Invías restringió el tránsito por el camino que de Cúcuta conduce a Sardinata, debido a la presencia de malas condiciones de estabilidad de los muros en el kilómetro 113 y agrietamiento de la banca, carretera en la que precisamente fue quemado el automotor del demandante, sin que él contara con el permiso aludido.

2.5. Esa objeción, agregó el convocante, es infundada, porque el vehículo incinerado no se dirigía por la vía restringida sino por un sendero terciario que lleva a la mina San Roque, desde el municipio de La Florida.

3. La accionada se opuso a las pretensiones y adujo como excepciones de mérito las de «inexistencia de la prueba del siniestro», «exclusiones de la póliza» y «valor asegurado» (fls. 92 a 95, ejusdem).

4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cúcuta culminó la primera instancia con sentencia en la que declaró probada la excepción de «exclusiones del condicionamiento general» y, por ende, desestimó las pretensiones (fls. 213 a 220, cdno. 1).

5. Apelado ese fallo por el demandante, fue confirmado el 16 de septiembre de 2011 (fls. 31 a 50, cdno. 5), con fundamento en las siguientes reflexiones:

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

1. Tras concluir que estaban cumplidos los presupuestos procesales, que no existía vicio que invalidara lo actuado y al hacer referencia a la regulación legal del seguro, el ad quem afirmó que la existencia de este contrato era tema pacífico porque estaba acreditado con la póliza invocada en el libelo.

2. Seguidamente aseveró que la destrucción del automotor de placas SRE-904 también quedó probada, lo que sucedió porque varios «sujetos encapuchados» le prendieron fuego.

3. Sin embargo, no se demostró que este hecho fuera cometido por grupos subversivos, pues existen constancias del Grupo de Caballería Nº 5 Maza de la 5ª Brigada del Ejército Nacional que da cuenta de la versión plasmada en la demanda; certificación expedida por la estación de Policía de Sardinata que informa del ilícito pero asevera que no se conoce qué grupo ilegal fue el responsable; copia de la denuncia penal del conductor del vehículo quemado en la que tampoco afirma que haya sido el ELN; decisión de la Fiscalía 12 Seccional de Cúcuta que ordenó el archivo de la investigación penal por no determinar quiénes fueron los responsables del delito; por último, comunicación del Grupo de Caballería Nº 5 Maza de la 30ª Brigada del Ejército Nacional con la cual certificó que los autores del incendio no fueron identificados.

Al ser valorados en conjunto esos elementos de convicción, añadió el estrado judicial de segundo grado, quedó al descubierto que no se cumplió con el principio de la carga de la prueba que yacía en el convocante, al no demostrar que el acto delictivo del que fue víctima hubiese sido perpetrado por el grupo subversivo ELN; lo que de contera deja ver que el daño no está amparado en el acuerdo asegurador.

LA DEMANDA DE CASACIÓN

Contenía cinco reproches, de los cuales la Sala únicamente admitió el tercero y quinto, ambos fundados en el motivo primigenio de casación por agravio de la ley sustancial (fls. 11 a 43, cdno. 6).

CARGO TERCERO

1. Aduce la violación indirecta de los artículos 1602 a 1603 del Código Civil, 1053 numeral 3º, 1072, 1077 y 1080 del Código de Comercio, 174, 177, 187 y 258 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia del error de hecho consistente en omitir una prueba documental.

2. El censor hace consistir el quebranto en que el Tribunal cometió «una equivocación evidente al ignorar en su raciocinio el contenido y valor demostrativo de la constancia» expedida por el Grupo de Caballería Nº 5 Maza del Ejército Nacional, instrumento que dice expresamente que el ELN sí fue el grupo ilegal que incineró el automotor del recurrente.

Añadió que el funcionario de última instancia transcribió el contenido del elemento de convicción «pero, a renglón seguido lo ignora inexplicablemente», a pesar de que fue expedido por el segundo comandante del Grupo Mecanizado Maza de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, al mes siguiente de la extinción del tractocamión.

Ese yerro generó que el fallo exonerara a la aseguradora, porque de haber valorado el documento omitido hubiese accedido a las pretensiones, en la medida en que es el único medio que da fe del hecho extrañado por el Tribunal, esto es, que el acto delictivo del que fue víctima el gestor fue cometido por el grupo subversivo ELN.

Adicionalmente, cuando el fallador prescindió de ese instrumento persuasivo, conculcó los artículos 174, 177, 187 y 258 del Código de Procedimiento Civil, comoquiera que era su deber valorar en conjunto e indivisiblemente todos los elementos aducidos al expediente.

Así mismo, ese proceder quebrantó el artículo 1054 del Código de Comercio porque una vez acaecido el riesgo asegurado surge para la compañía de seguros el deber de pagar el siniestro, después de que el beneficiario o asegurado dé noticia del mismo y lo demuestre (arts. 1075 y 1077), lo que fue cumplido en el caso de autos.

CARGO QUINTO

1. Denunció el quebranto indirecto de los artículos 1053 numeral 3º, 1077 y 1080 del Código de Comercio, por falta de aplicación, debido a errores de hecho en la apreciación probatoria.

2. El sustento de la acusación, el recurrente lo consignó en lo siguiente:

2.1. Que el Tribunal «excluye en unos casos y mengua en otros» el valor demostrativo de la constancia del Grupo de Caballería Nº 5 Maza del Ejército Nacional, la copia de la denuncia penal del conductor del vehículo quemado, la decisión de la Fiscalía 12 Seccional de Cúcuta que ordenó archivar la investigación penal y la comunicación de la 30ª Brigada del Ejército Nacional.

En efecto, «el sentenciador supuso el alcance de los diferentes elementos de convicción incorporados al plenario», al «despojar de cualquier mérito demostrativo (...) la constancia del Ejecutivo y Segundo Comandante del Grupo de Caballería Nº 5 Maza de la Quinta Brigada del Ejército Nacional (...)», el que tenía jurisdicción en el lugar del atentado, tal como lo exigía la póliza.

2.2. Igualmente, se equivocó al «...restringir los elementos indicadores con alcance probatorio presente en el oficio Nº 001992 del 18 de marzo de 2008 (...) de la Trigésima Brigada del Ejército...», puesto que en relación con esa comunicación «no hubo ningún elaborado razonamiento por parte del fallador», no obstante los serios y relevantes elementos que indicaban la ocurrencia del hecho dañoso.

Este documento armoniza con el primero que demostró la ocurrencia del riesgo asegurado. Sin embargo, el juzgador se limitó a transcribirlos de modo parcial y a concluir que su estimación en conjunto no demostraba que la quema del automotor del reclamante fue causada por un grupo subversivo, es decir, desfiguró los medios persuasivos porque si realmente los hubiese apreciado plena y objetivamente, el resultado sería el acogimiento de las súplicas de la demanda.

De otro lado, tampoco notó que la 30ª Brigada del Ejército no tenía jurisdicción en el lugar del atentado y que la misiva allí expedida data de dos años y medio posteriores a tal hecho delictivo.

2.3. Además, el tribunal erró al «suponer, que la denuncia en materia penal formulada por el conductor del tracto camión (...) ante la Fiscalía (...) y la constancia emitida por el Fiscal Decimosegundo (sic) Seccional de Cúcuta constituyen plena prueba de la exclusión acogida como excepción», porque lo que allí fue certificado es que no se individualizó al responsable del delito.

Adicionó que la denuncia penal instaurada por el conductor del automotor incinerado, así como la constancia de la Estación de Policía de Sardinata, no constituyen prueba testimonial «como lo prescribe el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época».

Endilgó «ausencia de un auténtico juicio de valor» dado que no se tuvo en cuenta que los terroristas actuaron usando pasamontañas y cachuchas, lo que impidió su individualización; así como la conclusión del funcionario judicial según la cual el conductor del automotor no identificó al grupo subversivo ELN como el que incendió el vehículo, pues esto deja ver que no se cumplió con una apreciación libre y atendiendo los principios de la sana crítica.

2.4. En suma, al no tener por demostrado el siniestro, a pesar de que sí lo estaba, se vulneró el derecho a la igualdad porque la plena prueba del mismo fue «sepultada», dándose credibilidad a otros medios que «no tenían la idoneidad, conducencia, pertinencia, fuerza y vigor demostrativo...»

CONSIDERACIONES

1. Preliminarmente es pertinente señalar que, no obstante haber entrado en vigencia de manera íntegra el Código General del Proceso a partir del 1º de enero de 2016, en el presente caso no resulta aplicable porque los artículos 624 y 625 numeral 5º establecieron que los recursos, entre otras actuaciones, deberán surtirse bajo «las leyes vigentes cuando se interpusieron».

Y como la casación que ahora ocupa la atención de la Sala fue interpuesta estando en vigor el Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento el que siga aplicándose en el sub lite.

2. La conculcación del ordenamiento sustancial por vía indirecta, invocada por el recurrente en la modalidad de error de hecho en la valoración probatoria, sucede ostensiblemente cuando el juzgador supone, omite o altera el contenido de las pruebas, siempre y cuando dicha anomalía influya en la forma en que se desató el debate, de tal manera que de no haber ocurrido otro fuera el resultado, lo que debe aparecer palmario o demostrado con contundencia por el impugnante.

Sobre el punto, en sentencia de 21 de febrero de 2012, rad. Nº 2004-00649, reiterada el 24 de julio siguiente, rad. Nº 2005-00595-01, indicó la Sala:

[E]l error de hecho, que como motivo de casación prevé el inciso segundo, numeral primero, del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendiéndose que incurrirá en la primera hipótesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que sí obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situación cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta última eventualidad, asignarle una significación contraria o diversa. El error ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (G. J., T. LXXVIII, página 313) (...) Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, además, que es trascendente por haber determinado la resolución reprochada, de tal suerte que, de no haberse incurrido en esa sinrazón, otra hubiera sido la resolución adoptada (...) Acorde con la añeja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la corporación, el yerro fáctico será evidente o notorio, ‘cuando su sólo planteamiento haga brotar que el criterio’ del juez ‘está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo que ocurre en aquellos casos en que él ‘está convicto de contraevidencia’ (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es ‘de tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinación adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso’ (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01); dicho en términos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que ‘se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (G. J., T. CCXXXI, página 644).

3. Con base en tales premisas la Corte advierte que no ocurrieron los yerros endilgados al tribunal en los dos cargos admitidos del libelo casacional, los que se analizarán en conjunto porque ambos comparten argumentos y por ende merecen análisis idénticos:

3.1. Aunque el recurrente alega que fue omitido el certificado expedido por el Grupo de Caballería Nº 5 Maza de la 5ª Brigada del Ejército Nacional —en el cual se anotó que el ELN fue el grupo ilegal que incineró el automotor del recurrente— una lectura juiciosa de la providencia cuestionada desdice tal aseveración.

En efecto, el sentenciador de última instancia relacionó los medios de convicción recaudados en aras de establecer los autores de la incineración del automotor de placas SRE-094, transcribió su tenor literal empezando por la constancia del Grupo de Caballería Nº 5 Maza —extrañada por el censor— que da cuenta de que los perpetradores del hecho «se identificaron como integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez de la ONT-ELN».

Posteriormente, hizo referencia a la copia de la denuncia penal del conductor del vehículo quemado, en la que este negó que los incendiarios se identificaran como miembros del ELN, pues al ser cuestionado sobre «a qué grupo al margen de la ley manifestaron pertenecer esos hombres CONTESTO. no, no dijeron nada».

Siguió con el análisis de la certificación expedida por la Estación de Policía de Sardinata, que informa del ilícito, pero aseveró desconocer el grupo responsable del mismo, porque en ella se plasmó que al entrevistar al conductor del vehículo dañado este informó «que en primera instancia la intención de los sujetos era hurtar el automotor, pero debido a que no pudieron conducir el vehículo tomaron la decisión de sacar combustible de uno de los tanques y le prendieron fuego... No manifestaron pertenecer a ningún grupo al margen de la ley».

Continuó con otra constancia emanada de la Fiscalía Seccional 12 de Cúcuta, que da cuenta de la inhibición para abrir investigación por «no estar plenamente identificado o individualizado el responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y daño en bien ajeno».

Y por último aludió a la comunicación del Grupo de Caballería Nº 5 Maza de la 30ª Brigada del Ejército Nacional, con la cual certificó que «consultados los archivos de esta Unidad Operativa Menor registra Acción Terrorista e incineración de vehículo: 0319:30-octubre-2005, en el sitio entrada del Ramal de San Roque, Municipio de Sardinata Departamento Norte de Santander en coordinadas 08º 08’35” – 74º 44’ 08”, por hechos y autores sin establecer fue quemado un cabezote de tracto mula marca Kenworth...» (Resaltó la Sala).

Después de esa relación e individualización de las pruebas recaudadas, el juzgador ad-quem señaló: «(d)e la evaluación en conjunto de todo este acervo probatorio aducido al informativo y debidamente analizado se obtiene como necesario resultado homogéneo y único que el demandante no demostró que el siniestro violento fue realizado ‘UNICAMENTE POR UN GRUPO SUBVERSIVO’ como lo exige la póliza de seguros en su condición primera: ‘AMPAROS Y EXCLUSIONES’ y al dejar desnuda de prueba esta circunstancia la pretensión aducida por el actor se hace impróspera». (Negrilla ajena).

De allí se desprende que el funcionario colegiado sí valoró en conjunto esos elementos de convicción -incluida la constancia extrañada por el recurrente- y coligió que no se cumplió con el principio de la carga de la prueba que yacía en el convocante, porque no demostró que el acto delictivo del que fue víctima, hubiese sido perpetrado por el grupo subversivo ELN.

Por lo tanto, no ocurrió la pretermisión alegada en el cargo tercero; ni la tergiversación argumentada en el reproche final de la demanda de casación, pues expresamente esos medios de convicción indican que no fue establecido el grupo al margen de la ley que causó el incendio al tractocamión del demandante, ni las personas que lo perpetraron.

3.2. Ahora, que el primero de los documentos reseñados indique que el grupo subversivo ELN sí cometió el ilícito a que se ha hecho alusión y que el Tribunal afirmara que no obra prueba de ese hecho, no evidencia una pretermisión de esa pieza probatoria, comoquiera que el último de los instrumentos fue expedido por la misma autoridad que libró el primero y expone una conclusión distinta.

Efectivamente, los dos escritos provienen del Grupo de Caballería Nº 5 Maza, inicialmente adscrito a la 5ª Brigada y posteriormente a la 30ª Brigada del Ejército Nacional. El primero data del 17 de noviembre de 2005 y en él se plasmó que el grupo subversivo ELN fue el que incineró el automotor; el segundo escrito es del 18 de marzo de 2008 y concreta que no están establecidos los autores de esa quema.

Por ende, al provenir los dos de la misma dependencia castrense, el tribunal extractó como conclusión única la plasmada en el segundo de las aludidas constancias, esto es, que no se clarificó a cuál o cuáles grupos ilegales se debía achacar la incineración del automotor de placas SRE094, lo que adicionalmente concordaba con el restante acervo probatorio.

Por lo tanto, la omisión acusada es inexistente porque no se trató de que el juzgador relacionara el escrito para después olvidarlo, sino que lo concordó con las demás piezas acopiadas al plenario probatorio, especialmente, con otra atestación expedida por la misma oficina que había librado la constancia añorada por el recurrente y en la que clarificó la situación inicialmente constatada.

En suma, no se trató de que el funcionario omitiera una pieza probatoria sino que al valorarla en conjunto con las demás extrajo una conclusión diferente a la del demandante.

3.3. El tribunal tampoco supuso ni tergiversó las demás pruebas como pareciera darlo a entender el recurrente en el segundo cargo, en la medida en que una lectura detenida de los documentos estimados por el juez colegiado deja ver que en ellos, expresamente, se anotó que no se pudo individualizar a los autores del delito ni adscribirlos a un determinado grupo delictual.

Esa autoridad judicial también extractó esa conclusión de la versión del mismo conductor del rodante, quien estuvo presente al momento del ilícito y relató, al instaurar la denuncia penal, que los delincuentes no se identificaron como integrantes de un grupo guerrillero. Tampoco lo hizo cuando fue entrevistado en la Estación de Policía de Sardinata, en la que precisó que la intención de esas personas era hurtar el bien y al no lograrlo procedieron a incinerarlo.

3.4. Por último, no es de recibo la afirmación del recurrente según la cual la denuncia penal instaurada por el conductor del automotor así como la constancia de la Estación de Policía de Sardinata no constituyen prueba testimonial, «como lo prescribe el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época».

Tal exposición resulta desenfocada, si en cuenta se tiene que el tribunal en ningún pasaje de su providencia afirmó valorar esos instrumentos como pruebas testimoniales, falencia que de por sí impone desechar esa argumentación.

Se recuerda que, por el carácter eminentemente restringido de esta vía extraordinaria, es necesario que la persona que acude a este mecanismo de defensa oriente acertadamente sus críticas, lo que implica cuestionar las bases de la resolución, centrándose en los aspectos que constituyen su fundamento y sin separarse de ellos.

De allí que si la censura se dirige hacia consideraciones ajenas a la providencia, por una incorrecta o incompleta asunción de lo realmente plasmado en ella, la recriminación no debe acogerse por ser ajena al ámbito de conocimiento de la casación.

Sobre tal tema esta corporación ha establecido lo siguiente:

[C]omo se advirtió en auto de 2 de noviembre de 2011, exp. 2003-00428, ‘la Corte ha señalado que ‘[d]e manera, pues, que en esas condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar’ (auto de 18 de diciembre de 2009, Exp. 6800131030012001-00389 01) o que ‘resulta desenfocado, pues deja de lado la razón toral de la que se valió el ad quem para negar las pretensiones (...) Ignorado fue, entonces, el núcleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisión... (CSJ AC 23 nov. 2012, Rad. 2006-00061-01).

En consecuencia, se tiene que el agravio referido en lo que atañe al último de sus argumentos fue desenfocado, al no dirigirse a enjuiciar las verdaderas bases del fallo de segundo grado.

3.5. Para abundar en razones, pertinente es anotar que de cualquier manera ésta última queja contenida en el cargo quinto también denota insatisfacción de los requisitos formales, comoquiera que se basa en que no debieron ser tenidas como pruebas testimoniales la denuncia penal instaurada por el conductor del automotor ni la certificación expedida por la Estación de Policía de Sardinata.

Tal alegación —en el evento de que el tribunal hubiera estimado esas piezas como testimoniales— comporta una típica denuncia de quebranto de la ley sustancial por error de «derecho», no obstante el recurrente lo calificó «de hecho», desviación que implica falta de precisión y claridad en el planteamiento de su reclamo.

Al respecto, la Sala ha predicado

[Q]ue se incurre en error de derecho cuando el fallador ‘aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. Por cuanto en ninguna de estas hipótesis se trata de que el sentenciador deje de ver las pruebas que obran en el proceso o suponga las que no existen en él, sino de que en la tarea valorativa de ellas infringe las normas legales que regulan su producción, su conducencia o su eficacia, los errores en que incurre no son de hecho sino de derecho’ (G. J., t. CXLVII, pág. 61). (CSJ SC de 22 ago. 2000, Rad. 6047).

3.6. En suma, no ocurrieron los yerros de hecho endilgados al fallador de última instancia en los dos cargos analizados de la demanda de casación, lo que impone la desestimación de esos reproches.

4. Ante la improsperidad del recurso de casación se condenará en costas a la impugnante, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, las cuales deberá liquidar la secretaría, incluyendo por concepto de agencias en derecho el valor que aquí se fijará, para lo que se tiene en cuenta que hubo réplica al libelo extraordinario.

DECISIÓN

Por mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2011 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso ordinario que promovió Rafael Antonio Sandoval Mantilla contra Aseguradora Colseguros S.A.

Se condena en costas del recurso de casación al recurrente. Por concepto de agencias en derecho inclúyase la suma de $ 6.000.000.

Notifíquese y devuélvase.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de la Sala—Margarita Cabello Blanco (comisión de servicios)—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.