Sentencia 2007-00601 de julio 11 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-31-03-035-2007-00601-01

Magistrado Ponente

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

SC9072-2014

(Aprobada en sesión de doce de mayo de dos mil catorce)

Bogotá, D. C., once de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Los impugnantes pretendieron, de manera principal, declarar que el verdadero sentido de la escritura 1631 de 30 de agosto de 2004, otorgada en la Notaría 46 de Bogotá, así como la puesta en marcha de los establecimientos de comercio PP y PP 1, era el de donar varios activos a su hija CMCN, lo que estaba viciado de nulidad por falta de insinuación.

En defecto de lo anterior, solicitaron la resolución de la venta de parte de un terreno y una edificación, de que trata el instrumento público discutido, por el incumplimiento de la adquirente en el pago del precio, y, de igual manera, tener a los padres de ésta como los verdaderos propietarios de los establecimientos de comercio.

La última opción propuesta, de fracasar las otras, fue que se completara el justo precio en la enajenación de la cuota del inmueble y la construcción, por estar viciada de lesión enorme.

2. El tribunal confirmó la sentencia desestimatoria de primer grado, en vista de que no se logró desvirtuar la certidumbre de la negociación del bien raíz, ni mucho menos el incumplimiento de las obligaciones contractuales por la compradora. Tampoco encontró mérito a las expectativas vinculadas a los negocios mercantiles, por carencias probatorias.

En lo que respecta al ajuste del valor del lote y las mejoras allí levantadas, quedó huérfana de demostración la diferencia entre lo consignado y el estimativo de mercado, por el desinterés de los gestores en la práctica del avalúo.

3. Acuden en casación los recurrentes porque, en su parecer, quedó plenamente acreditado que los demandados no hicieron pago alguno por concepto de la compraventa del predio y sus adecuaciones. Además, no se tuvieron en cuenta los restantes indicios de que esa transacción fue ficticia.

4. Una de las variantes de la causal primera de casación, contemplada en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, consiste en la transgresión de la ley sustancial en forma indirecta, por la ocurrencia de errores de hecho al apreciar indebidamente la demanda, su contestación o determinada prueba.

Estos desaciertos deben ser de tal magnitud que incidan adversamente en la forma como se desató el conflicto, produciéndose un resultado contrario a la realidad procesal, lo que deja por fuera los replanteamientos del debate o las fórmulas alternas de solución del mismo, que no alcanzan a derrumbar lo resuelto por el fallador y que llega amparado del principio de acierto.

Cuando la configuración del ataque se centra en la comisión de un error de facto manifiesto en la apreciación de las pruebas, requiere de una labor argumentativa encaminada a develar la relevancia de la equivocación, por existir disparidad evidente entre las conclusiones del fallo, con lo que arrojan los elementos recaudados para acreditar lo planteado por las partes en litigio.

La Corte sobre esta variable tiene dicho que

(…) al denunciarse en el punto la comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto (SCC de ago. 9/ 2010, Rad. 2004-00524).

5. A pesar de que los impugnantes citan como vulnerado el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, correspondiente a la apreciación conjunta de las pruebas, cuya infracción corresponde a un yerro de jure, como lo señala el replicante, lo cierto es que esa enunciación no alcanza a desfigurar la propuesta del escrito de sustentación, que encasilla y desarrolla el ataque por la vía indirecta derivada de una indebida valoración de los medios de convicción, que individualizó, constitutivos de indicios. Además, cualquier disconformidad del opositor sobre el particular la debió discutir mediante reposición contra el auto admisorio del libelo de casación, lo que no hizo.

6. Lo usual en los contratos escritos es que lo consignado en ellos corresponda al querer de los pactantes, sirviendo como un registro de los deberes y derechos recíprocos convenidos, a más de un medio idóneo para hacerlos valer.

No obstante lo anterior, casos hay en que las estipulaciones expresadas disfrazan la voluntad de los intervinientes. Es así como la Corte ha desarrollado la figura de la simulación, con base en el artículo 1766 del Código Civil, diferenciándola en dos clases: De un lado la relativa, que sucede cuando a un acuerdo se le da un aspecto contrario al real, por ejemplo si se hace pasar por una venta lo que es una donación. Por otra parte la absoluta, en el evento de que no exista ningún ánimo obligacional entre los actores, verbi gratia si se aparenta una insolvencia para afrontar reveses económicos.

La Sala sobre el tema tiene dicho que

En el cosmos contractual, de ordinario, acontece que la voluntad expresada —o exteriorizada— por las partes, es el corolario fidedigno del querer de las mismas, el reflejo de su intentio, de suerte que en tales circunstancias converge la voluntas y su declaración. Sin embargo, ello no resulta ser siempre así, habida cuenta de que en algunas ocasiones aquellas, impulsadas por diferentes móviles, se confabulan para engañar a terceros, ya sea realizando tan solo en apariencia un acto cuyos efectos no desean, ora ocultando, detrás de la declaración que se pone de presente al público —por ello tildada de ostensible—, otra intención real y seria que es la que los agentes verdaderamente tienen, pero la cual mantienen encubierta frente a los demás. Situaciones como las anteriores, dan lugar a lo que, de antaño, se conoce como simulación absoluta y relativa, respectivamente (…). Por lo tanto, pese a que el negocio reúna externamente las condiciones de validez, este no constituye ley para las partes (lex contractu), ya que la actuación realizada no las ata, sino que la verdadera voluntad, la denominada interna, es la llamada a disciplinar sus relaciones, razón por la cual la jurisprudencia de la Corte, desentrañando el contenido del artículo 1766 del Código Civil, habilitó en el ordenamiento patrio la acción declarativa de simulación, a fin de permitir que los terceros, o las partes que se vean afectadas desfavorablemente por el acto aparente, puedan desenmascarar tal anomalía en defensa de sus intereses, y obtener el reconocimiento jurisdiccional de la realidad oculta, en pos de combatir el prenotado acuerdo simulatorio, de factura mentirosa o tramposa, tal y como lo tilda un importante sector de la doctrina patria y comparada (…). De lo que se viene diciendo, cuando de la absoluta se trata, se sabe que el accionante persigue la declaración de carencia o ausencia de efectos del acto aparente, mientras que en la relativa, que la justicia defina o precise, in casu, el negocio realmente celebrado, en cuanto a su naturaleza, a sus alcances, a las condiciones del mismo o a las personas a quienes realmente vincula (SCC de feb. 15/2000, Rad. 5438).

Si bien el precepto citado contempla los efectos interpartes de los documentos privados que alteran el contenido de un instrumento público, la carencia de un medio de convicción en esos términos exige escudriñar todos los factores circunstanciales relevantes para la época en que se perfeccionó, para hacer surgir a la luz lo que está oculto.

La corporación sobre el particular en la SCC de 13 de octubre de 2011, Radicado 2002-00083-01, recalcó que

Enorme es la importancia que reviste la prueba indirecta en el escrutinio de la voluntad negocial cuando se le impugna por falta de contenido real, dado que ante la habitual falta de prueba escrita emanada de los contratantes que dé cuenta de su apariencia, lo mismo que de otra prueba directa que la saque a la luz, las más de las veces es el celoso rastreo del negocio, de sus circunstancias y las de sus agentes, el que proporciona los datos a partir de los cuales es factible desentrañar la disconformidad, consciente e intencionada, entre la voluntad expresada y el genuino querer que animó a quienes dijeron concertar el negocio atacado. De ordinario, dice Ferrara, la simulación “se induce, se infiere del ambiente en que ha nacido el contrato, de las relaciones entre las partes, del contenido de aquél, y circunstancias que lo acompañan. La prueba de la simulación es indirecta, de indicios, de conjeturas (per coniecturas, signa et urgentes suspiciones) y es la que verdaderamente hiere a fondo a la simulación, porque la combate en el mismo terreno” (La simulación de los negocios jurídicos, Editorial Revista de Derecho privado, Madrid, pág. 384).

La labor exhaustiva de averiguación deben impulsarla quienes atacan el ropaje de validez que se cuestiona, pues, si el esfuerzo es exiguo o no alcanza a reconstruir el escenario de la supuesta componenda que afecta sus intereses, de tal manera que se brinde un cierto grado de certeza al sentenciador, el resultado solo puede ser adverso.

Como expuso la Sala en la SCC de 19 de diciembre de 2005, Radicado 00503,

(…) de tiempo atrás se tiene claro que tildar un contrato de aparente es asunto que compromete al demandante en la tarea de probar, más allá de toda duda, que es otra la realidad tras la máscara, pues de no hacerlo, de quedarse en las meras conjeturas, pero sin allegar al proceso medios probatorios irrefragablemente convincentes sobre la denunciada simulación, el juez debe hacer operar a plenitud la presunción de seriedad que acompaña la celebración de todo negocio jurídico, la cual no puede quebrarse con la sola prueba de hechos que generen recelo o simple vacilación. “No bastan, entonces, las meras sospechas o especulaciones que nacen de la aprehensión maliciosa del acto dubitado o de la consideración aislada —o insular— de los diferentes medios de prueba, específicamente de los indicios, tomados en abstracto —o incluso en forma fragmentada— sin la necesaria contextualización en el ámbito propio del negocio censurado y en las particularidades —ello es neurálgico— que ofrece el caso in concreto, insuficientes y anodinas para desvirtuar la arraigada presunción de sinceridad que lo abriga” (cas. civ. de feb. 15/2000; Exp. 5438).

7. Tienen trascendencia en la decisión los hechos que a continuación se enuncian:

a) Que EBJBR y CMCN contrajeron matrimonio el 22 de marzo de 1991 y convinieron la cesación del vínculo el 10 de febrero de 2007 (fl. 11).

b) Que la liquidación de la sociedad conyugal de los demandados se inició ante el Juzgado 16 de Familia de Bogotá.

c) Que CHC y MN son los padres de CMCN.

d) Que por medio de la Escritura Pública 1631 de 30 de agosto de 2005, otorgada en la Notaría 46 de Bogotá, CHCE y MMN de C, transfirieron a “título de venta real y efectiva” a CMCN, “los derechos de cuota parte del cincuenta por ciento (50%) de dominio y posesión” en el lote 1-4 denominado el Paraíso en el municipio de Tenjo y el ciento por ciento (100%) “de la vivienda unifamiliar en él construida” (fls. 2 al 9, cdno. 1).

e) Que en la cláusula tercera hicieron constar como precio sesenta y tres millones de pesos ($63’000.000) que los vendedores “declaran recibidos en la presente fecha a entera satisfacción” (fl. 6, cdno. 1).

f) Que en el mismo instrumento la compradora manifestó estar casada y con sociedad conyugal vigente “y que no poseen otro inmueble afectado a vivienda familiar”, en virtud de lo cual “el suscrito notario deja constancia de la afectación a vivienda familiar, por ministerio de la ley” (fl. 7, cdno. 1).

g) Que se aportaron los certificados de tradición 50N-20215957 y 50N-20215894, en los que figura la venta que los esposos BC hicieron del apartamento 501 y el garaje 44 del Conjunto Residencial Mirador de Niza, por sesenta millones de pesos ($60’000.000), según escritura 3471 de 15 de julio de 1998, de la Notaría 42 de Bogotá (fls. 54 al 57, cdno. 1).

h) Que se practicó interrogatorio de parte a CMCN, CHCE y EBJBR, el segundo de los cuales aportó en la diligencia contrato de trabajo a término indefinido de fecha 15 de enero de 1986 entre EAL y CC (fls. 108 al 111, 117 al 121 y 196 al 200, cdno. 1).

i) Que comparecieron a rendir testimonio CPUP y GF (fls. 112 al 114, 115 y 116, cdno. 1).

j) Que Davivienda remitió los extractos de cuenta de ahorros de que fue titular CMC, desde su apertura en junio de 2003 hasta su cierre en diciembre de 2007 (fls. 131 al 181, cdno. 1).

8. No encuentran respaldo las objeciones de los recurrentes en la estimación de los medios de convicción, por las razones que pasan a exponerse:

a) En relación con la acción de simulación concluyó el ad quem, para desecharla, que:

(i) La cláusula tercera del acto discutido consagra el pago a entera satisfacción del precio acordado en la venta.

(ii) Si bien CMC guardó silencio cuando fue vinculada y en su declaración afirmó no haber cubierto la suma señalada, por tratarse de un regalo, ningún alcance de confesión tenía por favorecer a sus intereses en la liquidación de la sociedad conyugal.

(iii) En la escritura se consignó la intensión de transferir el dominio, sin que lo infirme las respuestas dadas por E.

(iv) No se probó la incapacidad económica del matrimonio BC.

(v) Tampoco se demuestra la donación en los términos del artículo 1443 del Código Civil.

(vi) El relato de CPUP y GFR se refieren a los establecimientos de comercio y nada aportan a lo perseguido.

(vii) Los extractos de cuenta, por sí solos, no indican los verdaderos ingresos de CM y el dicho de ésta tampoco es prueba idónea sobre el particular.

b) Como se ve, no es cierto que el tribunal estimara que el pago del precio quedó demostrado únicamente con la cláusula tercera de la escritura pública, sin que lo tuviera desvirtuado con “la demanda, la contestación de la demanda y los interrogatorios de parte recepcionados”.

La verdadera trascendencia de lo expuesto por el fallador de segundo grado es que, ante dos posiciones contrarias de los contratantes, esto es, afirmar sin ambages en el instrumento público que se recibió el monto acordado y, posteriormente, negar tal entrega de dineros, la simple manifestación de las partes no era suficiente medio de convicción para darle más peso a lo último frente a lo primero, que por constar en un documento solemne estaba amparado por una presunción de veracidad.

Además, las revelaciones de EBBR en relación con la negociación, que más que desecharla la convalidan, ninguna incidencia tienen respecto de un arreglo en el cual no intervino. Si bien la acción se dirige en su contra, lo cierto es que solo fueron otorgantes de la escritura su exesposa y suegros, lo que lo convierte en un tercero afectado por los resultados del pleito.

Ningún reproche le cabe, en consecuencia, al razonamiento de que el silencio de la adquirente “en relación con la demanda que se le promovió”, a pesar de que en condiciones normales constituiría un indicio grave, “no sustenta el petitum actor, ni siquiera acompañado de lo que manifestó en el interrogatorio de parte, pues lo allí mencionado no le produce consecuencias adversas; por el contrario, le favorecen a juzgar por la situación en que se encuentra frente al proceso liquidatorio de la sociedad conyugal”.

Esa conclusión le es extensiva a los actores, quienes al ser padres de la compradora, no estarían interesados en que se le menguara el patrimonio a ésta como consecuencia de la partición de los bienes sociales.

Por tanto las afirmaciones absolutas y negaciones de los enajenantes y la adquirente, que constan en sus escritos o en las respuestas dadas al absolver los cuestionarios que se les formularon, al serles completamente favorables para sus intereses familiares, sólo podían ser valoradas como declaraciones de parte, sin el peso de la confesión, para ser corroborados con los demás medios de convicción obrantes, como lo anunció el juzgador, sin que les hallare respaldo.

Como lo recordó la Corte en SCC de 25 de marzo de 2009, Radicado 2002-00079-01,

(…) no puede confundirse la confesión con la declaración de parte, habida cuenta que “la confesión es un medio de prueba por el cual la parte capacitada para ello relata en forma expresa, consciente y libre hechos personales o que conoce, y que a ella le son perjudiciales, o por lo menos resultan favorables a la contraparte. La última es la versión, rendida a petición de la contraparte o por mandato judicial oficioso, por medio del cual se intenta provocar la confesión judicial… En consecuencia, la declaración de parte solo adquiere relevancia probatoria en la medida en que el declarante admita hechos que le perjudiquen o, simplemente, favorezcan al contrario o, lo que es lo mismo, si el declarante meramente narra hechos que le favorecen, no existe prueba, por una obvia aplicación del principio conforme al cual a nadie le es lícito crearse su propia prueba” (sents. de sep. 13/94, jul. 27/99 y oct. 31/2002, entre otras).

c) Los testimonios de CPUP y GFR, ninguna información reportan sobre la titulación de la cuota del inmueble en 2005, para ocuparse en el relato, como se resaltó en el fallo, de “la forma como el demandante adquirió los establecimientos de comercio y su puesta en funcionamiento”. Y, a pesar de que las pizzerías fueron materia de simulación, quedaron por fuera de debate por limitación implícita, pero inequívoca de los impugnantes, toda vez que, tal como ya se destacó, frente a las mismas no formularon ningún cargo.

Si de los alcances de los nexos comerciales entre C y C se trata, PU enfatizó que en una sociedad que tuvo con el progenitor “C obraba como hija de don C, si mal no recuerdo ganaba una comisión por el manejo de la parte económica, después de mi salida de la sociedad no sé cómo quedaría la vinculación de ella”. Por su parte GF dijo que “conozco a la señora CC como representante o administradora de las pizzerías”.

En cualquiera de los dos casos, esas versiones dan fe de que la actividad desarrollada por C no era de poca monta y estaba presente en los establecimientos de comercio a su nombre, lo que de lógica le reportaba ingresos y desdicen de la supuesta carencia de recursos.

d) Los nexos familiares entre CHC, MMN y CMCN, no han sido objeto de discusión y, por el contrario, fueron admitidos por todos los intervinientes, lo que relevaba de cualquier formalidad demostrativa para los fines del caso, en el que se les quieren dar alcances indiciarios y sin que el debate central se circunscriba al estado civil de las partes.

En un asunto de igual naturaleza dijo la Corte que

Está probado que entre los contratantes existe parentesco, pues el vendedor (…), es el padre de los adquirentes (…), así mismo hermano de (…) y cuñado de (…), lo cual hicieron saber éstos en los interrogatorios que absolvieron y dado que esa manifestación favorece a la parte contraria, de conformidad con el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, es admisible acogerla como confesión (SCC de ago. 4/2010, Rad. 2002-00623).

Esa cercanía no pasó desapercibida para el fallador, sólo que no la consideró suficiente para entender fraguado el darle a una donación la apariencia de una transacción onerosa. Por el contrario, la tuvo en cuenta para revisar con mayor cautela el comportamiento de los litigantes, luego de encontrar que estaban legitimados para intervenir en el conflicto.

Los lazos de sangre no son óbice para que se desarrollen actividades lucrativas, es más, en muchos casos el apoyo y ayuda mutuos que se profesan padres, hijos y hermanos, es fundamental para el progreso del grupo. Es la exaltación del espíritu asociativo de cuerpo y de clan en la mejor y más transparente de las acepciones. Por esto, el parentesco, visto de manera aislada, no es indicio suficiente para tener por fingidos los pactos o acuerdos, ni mucho menos para dar por sentada su gratuidad.

Esta corporación en SCC de 15 de febrero de 2000, Expediente 5438, expuso sobre el particular que

(…) en la actualidad, por fuerza de novísimos mandatos constitucionales (arts. 42 y 83), el parentesco entre los contratantes no puede convertirse, por sí solo, esto es, ayuno de otro soporte adecuado de estirpe probatorio, en un indicio eficaz para deducir simulación, pues ello equivaldría, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-068 del 10 de febrero de 1999, por medio de la cual fueron separadas del ordenamiento jurídico patrio las disposiciones que sancionaban con nulidad la venta entre cónyuges, a “dar por preestablecida la falta de rectitud, lealtad y probidad de quien así contrata, es decir su mala fe, lo que resulta contrario a la norma constitucional consagrada en el artículo 83 de la Carta Política que, precisamente, dispone lo contrario cuando en ella se instituye como deber proceder conforme a los postulados de la buena fe, sin que existan razones valederas para que pueda subsistir en la ley la presunción de que los contratantes, por ser casados entre sí, actúan de mala fe, como igualmente tampoco resulta admisible la suposición implícita de que, en tal caso, los cónyuges dejan de lado el cumplimiento del mandato constitucional consagrado en el artículo 95, numeral 1º, que impone como deberes de la persona y del ciudadano, entre otros, el de ‘respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios’”.

e) En cuanto a la prueba documental se tiene:

(i) El contrato de trabajo aportado por CC en la audiencia de interrogatorio, en el que figura como empleador EA Ltda. y empleada CC, carece de peso para los fines del litigio, pues, no existe constancia de su vigencia en la época que se perfeccionó la mutación del dominio sobre el bien raíz y, de ser así, cuáles eran las condiciones para ese entonces.

Si mucho daría crédito de que para el 15 de enero 1986, esto es, cinco años antes de contraer matrimonio, la demandada CN estaba laborando y recibía ingresos.

Eso sin reparar en que la incorporación al plenario estuvo precedida de la pregunta de si su hija, durante la vigencia del matrimonio, “trabajó a su servicio, en caso afirmativo describa las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, a lo que contestó que “sí, trabajaba por un tiempo mínimo con un horario superflexible y con un contrato de trabajo que le hicimos para su seguridad social y lo aporto en esta diligencia porque quería que mi hija estuviera asegurada”.

Tal exposición y el escrito que entregó en respaldo, son una demostración irrefutable de los cercanos nexos laborales y comerciales que unían a C con su padre, ya fuera directamente o por intermedio de sociedades en las que el absolvente tenía participación, lo que le restaba mérito para los fines buscados y no merecía pronunciamiento expreso del sentenciador.

(ii) Los certificados de tradición 50N-20215957 y 50N-20215894, en los que aparecen CM y E comprando un apartamento con su garaje el 24 de agosto de 1995 y enajenándolos el 15 de julio de 1998, simplemente informan del ingreso y salida de activos en el haber común. De ellos no se extraen las razones de la venta ni mucho menos las condiciones económicas en que quedaron los esposos o el uso que le dieron al dinero recibido.

Si en gracia de discusión se tomaran los folios como sustento de una difícil situación económica afrontada por la familia BC, solo sería para el momento en que se materializó la venta el 15 de julio de 1998, o sea, siete años antes de que se firmara el instrumento que se rebate, lapso suficiente para que las condiciones hubieran cambiado.

(iii) Los extractos de la cuenta de ahorros de que fue titular CMC en Davivienda, al contrario de lo que pregonan los opugnadores, reportan que desde la apertura de la cuenta, el 17 de junio de 2003, al 30 de agosto de 2005, fecha de la escritura que se dice aparente, mantuvo saldos variables que oscilaron entre doscientos sesenta y tres mil quinientos noventa y un pesos con setenta y nueve centavos ($263.591,79) y ocho millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos con setenta y tres centavos (8’734.420,73).

Es más, durante el periodo del 1º al 30 de abril de 2004, a solo dieciséis (16) meses de la venta, se presentaron créditos por sesenta y tres millones quinientos doce mil doscientos veintisiete pesos ($63’512.227) y débitos por cincuenta y ocho millones ciento dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos con sesenta y un centavos ($58’116.675,61), sumas estas que no se alejan mucho del precio que se le dio a la casa de habitación.

Los registros y movimientos señalados no desvirtúan el que “ni siquiera puede respaldarse el petitum actor, con los extractos de cuenta de los folios 131 a 180 en la medida en que por sí solos no indican los verdaderos ingresos de la demandada” y por el contrario refuerzan el convencimiento de que “ni siquiera se probó por el extremo actor lo de la “incapacidad económica” del matrimonio BC”.

Vale agregar que, ni siquiera el que se establecieran dificultades económicas afrontadas por EB en 2005 sería suficiente para tomarlo como un indicador de la simulación, si, como se insiste, él no tuvo participación en ese contrato. Como allí solo figura adquirir CM, era sobre ella que se debía enfocar la labor de desvirtuar sus ingresos, produciéndose el efecto contrario, porque surge indiscutible que desde antaño ha estado vinculada al ejercicio del comercio, ya a título personal o en apoyo a su progenitor.

(iv) La afectación a vivienda de destinación familiar en la anotación 16 del folio de matrícula 50N-20162084, a favor del esposo e hijos de la adquirente demandada, surge por ministerio de las leyes 258 de 1996 y 854 de 2003, tal como lo advirtió el notario en el instrumento público, y opera para proteger la “habitación de la familia”, sin diferenciación socieconómica alguna.

Mal puede decirse que su consagración sea determinante de carencias o necesidades, cuando responde a un principio superior de garantía a la vivienda digna, contemplado en el artículo 51 de la Constitución Nacional.

f) Ninguna de las propuestas valorativas de los medios de convicción que proclaman los censores, logra derrumbar los mesurados planteamientos del tribunal, que en resumen, se duele de la carencia de elementos que soporten los hechos narrados en el libelo y cuya admisión a rajatabla sería lesivo de los intereses de un tercero ajeno al pacto, pero contra el cual se dirige la acción.

El considerable margen de duda a favor de la validez de una negociación que se perfeccionó, sin tropiezos, en vigencia de la sociedad conyugal, pero se pretende dejar sin valor al momento de su liquidación, no encontraba una salida distinta a la que llego el ad quem al confirmar el fallo adverso a las pretensiones principales.

g) Como se resalta en SCC de 13 de diciembre de 2006, Radicado 1996 14559 01,

(…) en forma repetida y uniforme la Sala “en punto de la labor investigadora de la simulación, ha puesto de presente cómo pueden surgir hechos de todas las especies, unos que refuerzan la apariencia demandada y otros que la develan, de tal forma que si el fallador, tras sopesar todas esas eventualidades, en uso de la autonomía que le asiste opta por alguna de las soluciones que se le ofrecen, no es extraño que ‘una vez tomada la decisión, queden entonces, por lo general, algunos cabos sueltos, algunas circunstancias que se contraponen a lo decidido, pero sin que tales aspectos puedan constituir por sí mismos motivo bastante para quebrantar la conclusión del juzgador, el cual, precisamente, elaborando un juicio lógico-crítico desprecia las señales que le envían algunos hechos, para rendirse ante la evidencia que en su criterio arroja la contundencia de los demás (Cas. Civ. 26 de feb. de 2001, Exp. 6048)’” (sent. de abr. 15/2005, Exp. 9062. Cnfme. Sents. de nov. 24/2003, Exp. 7458 y de sep. 12/2005, Exp. 2194, entre otras), de manera que no puede esperarse siempre una solución que responda completa e incuestionablemente todas las expectativas del recurrente.

9. El ataque, en consecuencia, no prospera.

Segundo cargo

Señala vulnerados los artículos 1546, 1864, 1828, 1929 y 1930 del Código Civil; 177 inciso 2º y 187 del Código de Procedimiento Civil, “al no haberlos aplicado”; así como los artículos 1626, 1849, 1864 y 1928 del Código Civil y 177 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, “al haberlos aplicado indebidamente”, como producto de yerros de facto en la estimación de las probanzas.

Fundamenta la inconformidad en similares razonamientos de la anterior censura y respecto de los medios de convencimiento allí citados, pero cuestionando que “el tribunal concluyó que efectivamente había mediado pago del precio lo que le permitió desestimar la pretensión relativa a la resolución del contrato por no pago del precio”.

Resume la acusación en que “al valorar la demanda sin observación de las negaciones indefinidas, aplicó indebidamente el inciso 1º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, al determinar que el demandante ha debido demostrar los hechos afirmados, dejando de aplicar la regla contenida en el inciso 2º del mismo texto legal”, y que “comoquiera que el demandante afirmó en su demanda que jamás le pagaron suma alguna por concepto del precio del inmueble, el tribunal erró en la valoración probatoria de la demanda y no la apreció en conjunto” con la contestación de BR, el interrogatorio de CC, el contrato de trabajo celebrado con EA Ltda. y la versión de CC de que la intención fue donar el inmueble.

Consideraciones

1. Los accionantes formularon como pretensión subsidiaria la resolución del contrato de venta de la mitad de un lote de terreno y la totalidad de la casa de habitación que entró a ocupar la familia BC, alegando el incumplimiento en el pago del precio por la compradora.

2. El sentenciador de segundo grado, al confirmar lo resuelto por el a quo, dedujo que al no desvirtuarse la cláusula tercera de la escritura, relacionada con el pago del precio en la forma convenida, fracasaba esa aspiración secundaria.

3. Refutan la anterior apreciación los promotores, con el argumento principal de que se desconoció su insistencia y la de la contraparte en la falta de satisfacción de la obligación dineraria convenida.

4. A pesar de que se insinúa la falta de valoración en conjunto de los diferentes elementos de convicción, que corresponde a una acusación de jure, lo cierto es que el ataque se enfila y sustenta por la vía indirecta como consecuencia de yerros de facto en la valoración de las probanzas.

De su planteamiento se observa que, en esencia, se ataca la aplicación que se le dio al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por haberse exigido a los demandantes demostrar los supuestos de hecho en que se originan sus peticiones, obviando las reiteradas afirmaciones y negaciones indefinidas que las sustentan, lo que requiere de un estudio sobre la calificación que los recurrentes le dan a sus manifestaciones.

La corporación, en SCC de 20 de febrero de 2002, Expediente 6824, al referirse a las discusiones de este tipo, dijo que

(…) el cargo primero, que, como se vio, enfila su reparo contra un inexistente soporte probatorio de la sentencia, describe no propiamente un yerro de iure, que supone que el juzgador ha contemplado materialmente la prueba y que en esa fase objetiva no hay reconvención por hacerle, sino uno de facto, que es lo que precisamente se configura cuando, como acá, se entabla una contienda en torno a establecer si una afirmación tiene el carácter de indefinido, o no, por supuesto que las riñas en el punto solamente es posible zanjarlas auscultando la estructura material u objetiva de la respectiva afirmación, lo que pone al descubierto que el asunto cae indudablemente en el aspecto fáctico, ajeno por completo a cualquier contemplación jurídica de pruebas: de lo cual da cuenta elocuente este caso, como que, adicionalmente, en procura de la demostración del yerro acude el recurrente al contenido mismo de la contestación de la demanda.

5. Son relevantes para desatar este ataque los aspectos fácticos que se indican:

a) Que CHC y MN enajenaron a CMCN, “los derechos de cuota parte del cincuenta por ciento (50%) de dominio y posesión” en el lote 1-4 denominado el Paraíso en el municipio de Tenjo y el ciento por ciento (100%) “de la vivienda unifamiliar en él construida”, según escritura pública 1631 de 30 de agosto de 2005, otorgada en la Notaría 46 de Bogotá (fls. 2 al 9, cdno. 1).

b) Que el precio de la venta fue de sesenta y tres millones de pesos ($63’000.000) y los enajenantes declararon recibirlos “en la presente fecha a entera satisfacción” (fl. 6, cdno. 1).

c) Que en el expediente obran estas pruebas:

(i) Interrogatorio de parte a CMCN, CHCE y EBJBR (fls. 108 al 111, 117 al 121 y 196 al 200, cdno. 1).

(ii) Contrato de trabajo a término indefinido de fecha 15 de enero de 1986 entre EAL y CC, aportado por CE en la declaración de parte absuelta.

(iii) Testimonio de CPUP y GF (fls. 112 al 114, 115 y 116, cdno. 1).

(iv) Extractos de cuenta de ahorros de CMC en Davivienda, por el periodo comprendido entre junio de 2003 y diciembre de 2007 (fls. 131 al 181, cdno. 1).

6. No se demostró la acusación planteada, como pasa a verse:

a) El artículo 1934 del Código Civil establece que “[s]i en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario sino la nulidad o falsificación de la escritura, y solo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores”, lo que constituye una presunción legal cuyos alcances se han atemperado jurisprudencialmente.

Es así como, si el pleito se traba entre los contratantes que dejaron expresa constancia de la satisfacción del valor pactado, no hay obstáculo para que, con las limitaciones de valoración contenidas en los artículos 258 y 264 del Código de Procedimiento Civil y haciendo uso de todos los medios de convicción a su mano, se demuestre lo contrario; eso sí, tomando en consideración que de estos debe emerger, sin lugar a dudas, el incumplimiento que puede derivar en la resolución del acuerdo.

Esto implica un esfuerzo superior del litigante interesado en demostrar la mentira de lo que se expresó en el instrumento público, pues, es ir en contra de una manifestación de voluntad libre y espontánea.

La restricción del precepto opera es en favor de los terceros adquirentes de buena fe, que puedan resultar afectados por reclamaciones posteriores al inicio de su posesión.

Sobre ese punto la Sala, en SCC de 21 de octubre de 2010, Radicado 2003-00527-01, se pronunció en estos términos:

Refiriéndose a la interpretación del citado precepto ha dicho la jurisprudencia de esta corporación, en la Sentencia 64 de 25 de abril de 2005, Expediente 0989, que el “valor real del precio es aspecto que no tiene cortapisa probatoria y puede por tanto establecerse con cualquiera de los medios legalmente admisibles, aún contra lo consignado en el instrumento público, por tratarse de un debate entre las mismas partes contratantes, ya que “... el artículo 187 ibídem, establece el principio de la “persuasión racional de la prueba”, sin otras restricciones que las provenientes de 'las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos'. Por manera que al juez le es permisible (...) dejar de lado lo que en el instrumento público han consignado las partes para otorgarle el mérito a medios diferentes, cualquiera sea su naturaleza, si es que estos racionalmente lo persuaden por su mayor fuerza de convicción” (CLXXXIV, pág. 46)” (…) Es claro que la limitación probatoria se presenta cuando el debate enfrenta a terceros que de buena fe adquirieron los derechos relacionados con los bienes disputados. Así lo tiene definido esta corporación, en Sentencia de Casación 036 de 15 de marzo de 2001, Expediente 6142, al establecer que “es de anotar, ante todo, que convocando el presente litigio a las partes contratantes, no existe restricción probatoria alguna para ellas frente al texto del artículo 1934 del Código Civil y la circunstancia de que en la respectiva escritura pública de compraventa conste haberse pagado el precio, comoquiera que la limitación contenida en dicha norma, cual lo tiene definido de antaño la jurisprudencia, está referida al accionar frente a terceros”.

b) En cuanto al alcance de las negaciones de las partes, en sus escritos y declaraciones en el curso del proceso, la sola atestación de falta de ocurrencia de una determinada situación, no implica que se configuren los efectos del inciso segundo del artículo 177 del Estatuto Procesal Civil.

Los mismos dependen de la imposibilidad práctica de acreditar ciertas circunstancias que son indefinidas en el tiempo y no se contraponen a afirmaciones previas que se pretenden desvirtuar.

Así las cosas, no es suficiente con que se diga que algo dejó de pasar para que se releve al interesado de las cargas que le imponen las normas adjetivas, cuando con tal proceder se cuestionan posiciones contrarias asumidas con antelación, ya que con ello se estaría patrocinando el desconocimiento del principio básico del derecho de la validez de los actos jurídicos.

c) Bajo los precitados parámetros, la constancia expresa que dejaron MMN de C, CHCE y CMCN, en la escritura pública de compra cuya resolución se pidió de forma subsidiaria, en el sentido de que la totalidad del precio lo recibieron los vendedores “en la presente fecha a entera satisfacción”, era susceptible de controversia entre ellos.

Sin embargo, para rebatirla, no era suficiente con que al unísono dijeran que ningún desembolso se hizo por parte de la adquirente, ni que aquella tramitó créditos con los enajenantes o con terceros, para satisfacer el monto con que se comprometió.

Ese desconocimiento de una aserción tajante, dejada sin presiones de alguna índole en un escrito solemne, requería que se desplegaran con arrojo todos los medios a disposición de quienes pedían restarle valor.

d) Dicho razonamiento fue el que quedó plasmado en la providencia del ad quem, al precisar que fracasaba la resolución del acuerdo “dado que, tal como se ha expuesto en precedencia, no se desvirtuó el contenido de la cláusula 3ª de la escritura de venta, relacionado con el pago del precio en la forma convenida”, haciendo hincapié en las debilidades probatorias que encontró al revisar la simulación fallida, lo que no se contradice con la realidad procesal, como quedó reseñado al despachar el anterior cargo.

Y es que, salvo el desconocimiento que hacen los pactantes de la solución que se dejó estipulada en el título de adquisición, ninguno de los documentos que se dicen dejados de apreciar en conjunto con las negaciones soporta esa disconformidad.

Como ya se dejó dicho, el contrato de trabajo aportado por CC en la audiencia de interrogatorio, solo verificaría que CM inició una relación laboral el 15 de enero 1986, pero nada comprueba sobre su continuidad hacia futuro, las condiciones del vínculo para cuando se firmó la escritura o la incidencia que tendría en la ausencia de pago.

Los extractos, a su vez, sólo reportan los movimientos que se dieron con regularidad, tanto en consignaciones como retiros, en una cuenta de ahorros de la compradora, desde su apertura en junio de 2003 hasta el 31 de agosto de 2005, con saldos que promediaron los cuatro millones de pesos mensuales ($4’000.000). Adicionalmente, que pocos meses antes de la transferencia, en el mes de abril de 2004, se presentaron créditos por sesenta y tres millones quinientos doce mil doscientos veintisiete pesos ($63’512.227) y débitos por cincuenta y ocho millones ciento dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos con sesenta y un centavos ($58’116.675,61), con lo que antes que insolvencia de la cuentahabiente, se establece la capacidad para comprometerse.

7. Si las aseveraciones de los accionantes no constituían afirmaciones ni negaciones de carácter indefinido, nada obstaba para que se confrontara su contenido con los restantes medios de convicción y, en vista de la pobreza demostrativa, se desestimaran las pretensiones, como en efecto ocurrió.

8. Consecuentemente, la acusación no prospera.

9. Teniendo en cuenta que la decisión es desfavorable a los recurrentes, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se les condenará en costas, pero sólo a favor del demandado opositor.

Se fijarán en esta misma providencia las agencias en derecho. Para su cuantificación se tendrá en cuenta que el contradictor replicó (fls. 44 al 52).

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 26 de marzo de 2012, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de CHCE y MMN de C contra CMCN y EBJBR.

Costas a cargo de los recurrentes y a favor de EBJBR, que serán liquidadas por la Secretaría, e incluirá en estas la suma de seis millones de pesos ($6’000.000) por concepto de agencias en derecho.

Notifíquese y devuélvase».