Sentencia SC9199-2017/2013-01105 de junio 28 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

SC9199-2017

Rad.: 11001-02-03-000-2013-01105-00

(Aprobado en sesión de diecinueve de abril de dos mil diecisiete)

Bogotá D.C., veinte ocho de junio de dos mil diecisiete.

Decide la Corte sobre la solicitud de exequátur promovida por Gloria Patricia Muñoz Santamaría, respecto de las sentencias dictadas el 3 de febrero de 2012, por la Corte de Familia del Estado de New York, Estados Unidos de América.

I. Antecedentes

A. La pretensión

La demandante solicita homologar los fallos que se vienen de referenciar, mediante las cuales se aprobó la adopción que ella realizó en relación a dos de sus sobrinos bilógicos; con el fin de que esas providencias surtan efectos en Colombia.

B. Los hechos

1. Natalia Andrea y Santiago Muñoz Pérez, nacieron en Cali, Colombia, el 16 de octubre de 1996 y 22 de octubre de 1998, respectivamente.

2. Sus padres bilógicos, Francia Elena Pérez Córdoba y Julio César Muñoz Santamaría, se trasladaron junto con ellos a New York, Estados Unidos, lugar donde se domiciliaron en la casa de la solicitante, hermana del señor.

3. No obstante, en el año 2004, la madre de los niños comenzó a tener graves problemas de salud y, finalmente, el 22 de mayo de 2005 falleció.

4. Ante la muerte de la progenitora, el cónyuge supérstite cayó en una profunda depresión y también comenzó a desmejorar su estado físico, razón por la que le pidió a la demandante, que adoptara a los menores, para que éstos no quedaran desamparados.

5. En virtud a lo anterior, la peticionaria promovió y adelantó proceso de adopción conjunta de los referidos menores en el estado de Nueva York, el cual concluyó con sentencias de 3 de febrero de 2012, por medio del cual el juzgador foráneo concedió la petición.

C. El trámite del exequátur

1. En auto de 4 de junio de 2015, se admitió la demanda, y se corrió a los agentes del Ministerio Público. [Fl. 68, cdno.1]

2. La Procuradora Delegada para Asuntos Civiles se pronunció sobre los hechos afirmados e indicó que no se oponía a la petición de exequátur, siempre que se aporten la totalidad de las pruebas exigidas legalmente, en consideración a que no se desconocería el ordenamiento jurídico nacional, sin que haya lugar a examinar el contenido de las decisiones adoptadas en la sentencia cuyo reconocimiento se demanda, por cuanto la validez material debe presumirse a priori. [Fl. 83, cdno.1]

3. La funcionaria del ente de control, encargada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, luego de discurrir sobre las normas relativas a la homologación, manifestó que era indispensable para que las providencias judiciales extranjero produjeran efectos en el territorio patrio, que reunieran las exigencias contempladas en la legislación interna, establecidas principalmente para impedir que con la decisión foránea así lesionen el orden público o la jurisdicción nacional, requisito que en el presente no se encontraba acreditado, toda vez que no aparecía que el padre hubiese otorgado el consentimiento expreso y además los menores mantenían sus apellidos originales y no asumían los de la adoptante. [Fl. 94, cdno.1]

4. En la debida oportunidad se admitieron las pruebas presentadas con la demanda, y se ordenó librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y el Estado de New York, Estados unidos de América, existían convenios internacionales vigentes, sobre la reciprocidad en el reconocimiento de sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales de ambos países; así como al Cónsul de nuestro país en New York, para que enviara con destino al proceso, copia total o parcial, de la Ley vigente en ese territorio, referida a la materia de derechos laborales. [Fl. 75]

5. Finalmente se corrió traslado para alegar, conforme lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 695 del Código de Procedimiento Civil. [Fl. 247, cdno1]

II. Consideraciones

1. El artículo 625 del Código General del Proceso, establece las reglas para la transición de legislación de aquellas controversias que se iniciaron bajo el anterior estatuto procesal, en su numerales 1 a 4 fija patrones especiales para los procesos ordinarios, abreviados, verbales de mayor y menor cuantía, verbales sumarios y ejecutivos. Y respecto a otros asuntos en los numerales 5 y 6 se precisó que:

5. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

6. En los demás procesos, se aplicará la regla general prevista en el numeral anterior. (Resaltado fuera del texto).

De lo que se colige, que al no existir una referencia concreta al exequátur en los numerales 1 a 5, queda inmerso dentro de la última regla transcrita, por lo que en aquellos trámites de homologación que iniciaron antes de la entrada en vigencia de del Código General del Proceso, se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil, por ser las aplicables al momento en que se inició.

En ese orden, como en el caso bajo estudio la demanda se presentó el 16 de mayo de 2013, cuando aún no se encontraba vigente la nueva legislación, se resolverá de acuerdo a las normas del anterior estatuto procesal.

2. En virtud del postulado de la exclusividad de la jurisdicción, los jueces de cada Estado son los únicos que, en principio, pueden proferir decisiones judiciales obligatorias al interior de sus respectivos países, pues de no ser ello así se violaría la soberanía nacional. De ahí que ninguna providencia dictada por jueces extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que según la Carta Política es la Corte Suprema de Justicia.

Esa excepción a la regla general se justifica en virtud de los principios de cooperación internacional y reciprocidad, en atención a los cuales es posible que a las sentencias dictadas en otras naciones se les otorgue validez en la nuestra siempre y cuando en aquéllas se le reconozca valor al mismo tipo de providencias emanadas del poder judicial colombiano.

La reciprocidad diplomática se puede verificar con la existencia de tratados celebrados entre nuestro país y la nación donde se profirió el fallo, de modo que en su territorio se le otorgue valor a las decisiones pronunciadas por la jurisdicción colombiana. A falta de esos convenios, debe acreditarse que hay reciprocidad legislativa, la cual consiste, al tenor del artículo 693 del Código de Procedimiento Civil, en la consagración en ambas naciones de disposiciones legales con igual sentido.

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que “[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia”. (G.J. T. LXXX, p. 464, CLI, p. 909, ClVIII, p. 78 y CLXXVI, p. 309; CSJ, 4 May 2012, Rad. 2008-02100-00)

Además del anterior requisito, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere que se cumplan los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Libro V del Título XXXVI del Código de Procedimiento Civil.

El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 695 ejusdem, y la providencia que se pretende se reconozca, deberá cumplir con os requerimientos previstos en el artículo 694 del mismo ordenamiento, cuyo numeral segundo señala que para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en nuestro país no se debe oponer “a leyes u otras disposiciones colombianas de orden público, exceptuadas las de procedimiento”.

3. En el asunto que se analiza, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que “una vez consultado el Archivo del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, no se encontró tratado bilateral o multilateral vigente entre la república de Colombia y los Estados Unidos de América en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales”, [fl. 112].

De manera, que sobre la homologación de sentencias entre Colombia y el Estado de New York, estados Unidos de América, en temas de adopción, no existe evidencia de la reciprocidad diplomática entre ambas naciones. No obstante, de las pruebas recaudadas en el expediente se desprende la de orden legislativo.

Así, a instancia del interesado se obtuvo copia debidamente legalizada y traducida de la normatividad que regula el reconocimiento de las sentencias definitivas de adopción extranjeras en el territorio del Estado de New York, Estados Unidos de América, Ley de relaciones Domesticas, que en su artículo 111-C. indica, “una sentencia judicial, definitiva de adopción pronunciada por un ente judicial, administrativo o ejecutivo de una jurisdicción o país diferente a los Estados unidos tendrá la misma fuerza y efecto en este estado que aquella que tiene una sentencia de adopción dictada por una corte de3 jurisdicción competente del estado de Nueva York”.

Por consiguiente, se considera que son ejecutables en Colombia las sentencias pronunciadas por los jueces del Estado de New York, Estados Unidos de América, en virtud de la aludida reciprocidad.

4. Ahora bien, para la procedencia de la homologación de la sentencia extranjera no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad legislativa, sino que es necesario corroborar que la decisión que se somete al exequátur no contravenga el orden público, concepto sobre el que esta Corporación ha tenido la oportunidad de precisar que “no es más que la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que está cimentado el esquema institucional e ideológico del Estado en aras de Salvaguardarlo”. (CSJ SC, 8 Jul 2013, Rad. 2008-2099-00)

De ahí que la noción que se impone acoger es la de “orden público internacional”, el cual habrá de ser atendido por el juez estatal cuando se trata del reconocimiento y la ejecución de un fallo “sólo para evitar que una sentencia o ley extranjera tenga que ser acogida cuando contradice los principios fundamentales”. (Ibídem)

Sobre ese instituto, en la providencia CSJ SC, 5 Nov. 1996, Rad. 6130, la Sala expuso lo siguiente:

“(…) de entre las distintas concepciones doctrinarias que se preocupan por explicar el tema en procura de reducir la noción de ‘orden público’ a límites razonables y evitar que su empleo pueda llevar al sistemático destierro del derecho extranjero aun ocasionándole inútil agravio a los propios nacionales inmersos también en la sociedad universal, la que hoy en día predomina al menos en el entorno continental americano… es aquella que entiende y define al ‘orden público’ como una cláusula de reserva destinada en cuanto tal a evitar que una ley extranjera, calificada normalmente como la competente para regir determinado asunto, tenga que ser acogida no obstante que la aplicación que de ella se hizo contradice en forma manifiesta los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jurídico nacional. Pero no debe olvidarse que… lo que en este plano le concierne al ‘orden público’ es, en último análisis, un problema de justicia que obliga a advertir la evolución de ese concepto en el espacio y en el tiempo, examen que por lo tanto ha de adecuarse siempre a criterios jurídicos actualmente en vigor y no a la consulta literal de disposiciones que cual ocurre por ejemplo con los Arts. 19 y 20 del C. Civil colombiano, al tomarlas de manera aislada traen como resultado el hacer prevalecer un ‘orden público’ defensivo y destructivo, no así el ‘orden público’ dinámico, tolerante y constructivo que reclama la comunidad internacional en el mundo contemporáneo (el resaltado es propio).

Posteriormente, el fallo CSJ SC, 30 Ene. 2004, Rad. 2002-00008-01 reiteró que la excepción de “orden público” frente a la homologación de una providencia judicial extranjera puede acogerse únicamente en caso de contradicción con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. Otorgarle mayor amplitud —sostuvo la Corte— implicaría aceptarla como “‘un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos’ que conducirían al ‘absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su país’”“.

Y en la sentencia CSJ SC, 27 Jul. 2011, Rad. 2007-01956-01, se indicó:

c. La noción de “orden público” en el “Derecho Internacional Privado”, concuerda con el criterio de la doctrina, al señalar, que es diferente a la concebida en áreas como el “Constitucional” y el “Privado Interno”, pues en el ámbito de aquel, en el evento de llegar a contrariar principios fundamentales del ordenamiento jurídico, se erige como una excepción a la aplicación de la ley extranjera cuando se demanda el “reconocimiento y ejecución de un fallo foráneo”.

d. En procura de generar alguna ilustración al respecto, se tiene por ejemplo, que en Alemania el "orden público internacional", también denominado "orden público absoluto", o "cláusula de reserva", se ha explicado esquemáticamente de la siguiente manera: “En una comunidad internacional existen principios básicos comunes, que reflejan el tipo de civilización o de formación jurídica a que pertenece ese grupo de países. Por ello no existe inconveniente para un país aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios básicos de sus instituciones. Sin embargo, cuando una ley extranjera o la sentencia que la aplica se basan en principios no sólo diferentes sino contrarios a las instituciones fundamentales del país en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces de este Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios”(1).

Por su lado el Tribunal Supremo de España consideró que el “orden público internacional” es posible entenderlo como “(…) el conjunto de principios jurídicos, públicos y privados, políticos, económicos, morales e incluso religiosos, que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada(2).

En suma, el concepto que acoge el “Derecho Internacional Privado” es el de "orden público internacional" que difiere de la noción de “orden público interno”, que en palabras de Werner Goldschmidt "constituye la barrera de la autonomía de las partes y abarca la totalidad del derecho civil coactivo”.(3)

La distinción a la que se ha hecho mención tiene profunda significación, pues de ello se desprende que en la jurisprudencia de muchos países una norma obligatoria de derecho interno no necesariamente prevalece en asuntos internacionales (se resalta).

Del anterior estudio de derecho comparado y de la jurisprudencia de la Sala, se concluye que el concepto de orden público, que puede evitar el reconocimiento de sentencias extranjeras, hace referencia a los postulados básicos o fundamentales de las instituciones y por ende, en principio, el desconocimiento de una norma imperativa dentro del derecho interno, per se, no conlleva al reconocimiento del referido concepto, lo será, si ello trae como consecuencia el resquebrajamiento de garantías de linaje superior, tales como el ejercicio abusivo de los derechos, la buena fe y el respeto al debido proceso.

En la doctrina del derecho internacional privado, el concepto de orden público internacional ha ocasionado variados debates, pero la mayoría se sitúa en una corriente restrictiva o minimalista que lo identifica con los principios fundamentales relativos a justicia y moralidad que el Estado desee proteger, los cuales pueden ser tanto de naturaleza sustantiva como de orden procesal.

Dentro de la categoría de “orden público internacional sustantivo” se encuentran los principios de “no abuso de los derechos”, “buena fe”, “fuerza obligatoria del contrato”, “prohibición de discriminación y expropiación sin indemnización” y “prohibición de actividades contrarias a las buenas costumbres, como la proscripción de la piratería, el terrorismo, el genocidio, la esclavitud, el contrabando, el tráfico de drogas y la pedofilia”.(4)

Y en la de “orden público internacional procesal” se incluyen las garantías fundamentales que permitan asegurar la defensa y un juicio ecuánime, como el derecho a recibir una adecuada notificación, una oportunidad razonable de defensa, igualdad entre las partes y un procedimiento justo ante un juzgador imparcial.(5)

4.1. En el caso bajo estudio, la Corte no encuentra que se hayan desconocido disposiciones pertenecientes al denominado “orden público internacional”, dado que se acreditó que dentro del trámite de adopción de los jóvenes, no se faltó a los principios de orden sustancial, así como los procesales.

A ese propósito, se corrobora que los procedimientos de adopción fueron promovidos por la tía de los menores, esto es un pariente dentro del tercer grado de consanguineidad, previo el asentimiento del padre, cuya prueba se menciona en los proveídos dictados dentro de dichas causas, consentimiento que el juzgador extranjero consideró reunía los requisitos legales, de ahí que lo aceptó en el juicio de adopción, lo que, de contera, hace suponer que se cumplió debidamente el requisito de contar con la aquiescencia del padre biológico, persona que tiene la patria potestad sobre los adolescentes Natalia Andrea y Santiago Muñoz Santamaría, nacidos en Cali, sin que fuera el de la madre, como quiera que falleció antes de la iniciación del juicio. [Fls. 42 y 43]

De igual forma, el referido consentimiento del progenitor de los adolescentes se ratificó en la declaración que otorgó ante el Cónsul de Colombia en New York, en la que señaló que él y su hermana empezaron los trámites y que tales procedimientos se llevaron a cabo sin mentiras ni engaños, así como que no se arrepentía de su determinación. [Fl. 52]

En las providencias objeto de convalidación, se hizo referencia a que la solicitante había convivido con los menores desde 1999, que se había cumplió con el periodo de tres meses comprendido entre la recepción de la solicitud por parte del Tribunal y la expedición de la orden de adopción; así como que revisado el registro central estatal sobre abuso y maltrato de menores se encontraba que la madre adoptiva había sido objeto de denuncia alguna y que la adopción “será en pro de los mejores intereses del menor adoptivo y que no existe objeción razonable al cambio propuesto de nombre del menor adoptivo” (Artículo [Fls. 28 a 30 y 11 a 13]

Finalmente, se dispuso que en adelante, los adolescentes, se debían considerar y tratar en todo respecto, como hijos legítimos de la madre adoptante.

Todo lo guarda plena consonancia con la regulación de ese vínculo filial en el derecho colombiano, así como la finalidad de la adopción y el requisitos tales como del consentimiento, dispuesto en los artículos 61, 63, 64 y 66 de la Ley 1098 de 2006, de la Infancia y Adolescencia.

Lo expuesto deja en evidencia que la providencia objeto de homologación no quebrantó los principios fundamentales del derecho internacional en su aspecto procesal, ni quebrantó garantías procesales.

4.2. Ahora, contrario a lo afirmado por la Procuradora Delegada de los asuntos de Familia, existe prueba de que el padre biológico dio su consentimiento, porque si bien no aparece referido de manera expresa, lo cierto es que en los fallos objetos de homologación se señaló que previa comparecencia de las personas cuyos consentimientos son requisito para el interrogatorio formal.

Lo cual se encuentra respaldado, con el testimonio que éste rindió en el Consulado Colombiano, en el que claramente dio a conocer que él también había participado en el procedimiento de adopción.

4.3. Finalmente, tampoco se encuentra que las decisiones desconozcan el orden público internacional sustantivo por no haberse cambiado los dos apellidos de los menores, de conformidad con establecido por la ley colombiana, sino que se mantuvieron los que tenían de acuerdo con la normatividad que regula la adopción en el Estado de New York, Estados Unidos de América, tal como lo expuso la Procuradora Delegada para Asuntos para la Defensa de los derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia, porque dicha circunstancia no compromete un interés que trascienda el particular de las partes y sea susceptible de protección bajo la cláusula de “orden público”.

En especial, porque se encuentra que la madre adoptante era la tía paterna de los adolescentes, por tanto, tenía idéntico apellido a éstos, y era innecesario ordenar el cambio al respecto, en especial, cuando se encuentra que en la solicitud de adopción se solicitud de adopción se pidió no se cambiara su nombre, sin que el Tribunal foráneo, encontrara objeción razonable al “cambio de nombre que se había peticionado”.

Ahora bien, es preciso aclarar que el concepto de “orden público internacional” de un país no puede ser confundido con el de “orden público interno” de ese Estado, noción que según se ha explicado en la doctrina nacional “se refiere a las leyes imperativas en el derecho privado, las cuales no pueden ser desconocidas o derogadas por convenciones entre particulares, como lo dice, impropiamente, el artículo 16 del Código Civil”.(6)

Ha distinguido la doctrina que existen dos tipos de normas imperativas, aquellas que se consideran de “orden público de dirección” y las de “orden público de protección”. Mientras en las primeras, cuyo contenido puede ser político, económico o social, se condensan los principios fundamentales de las instituciones y la estructura básica del Estado o de la comunidad, las segundas fueron destinadas por el legislador a proteger un determinado sector o grupo, y por ende, no representan los valores y principios fundantes o esenciales del Estado, en los cuales se inspira su ordenamiento jurídico.

Solamente las de “orden público de dirección” interesan al derecho internacional privado para integrar el concepto de “orden público internacional” del Estado en que se pide la homologación de sentencias judiciales.

En esa perspectiva deben entenderse las precisiones efectuadas por esta Corte en uno de los pronunciamientos antes citados, referentes a que “en principio, el desconocimiento de una norma imperativa propia del “foro” del juez del exequátur, per se, no conlleva un ataque al mencionado instituto [orden público internacional], lo será, si ello trae como consecuencia el resquebrajamiento de garantías de linaje superior…”, y a que en la jurisprudencia de diversos países se ha admitido que “una norma obligatoria de derecho interno no necesariamente prevalece en asuntos internacionales” (CSJ SC, 27 Jul. 2011, Rad. 2007-01956-01).

El numeral 2 del artículo 64 del de la Ley 1098 de 2006, a cuyo tenor “3. El adoptivo llevará como apellidos los de los adoptantes. En cuanto al nombre, sólo podrá ser modificado cuando el adoptado sea menor de tres (3) años, o consienta en ello, o el Juez encontrare justificadas las razones de su cambio”, es del segundo grupo mencionado de las normas de orden público interno.

En efecto, el aludido precepto, que consagra el cambio de apellidos, no corresponde a una disposición que involucre los intereses, principios y valores fundamentales del Estado colombiano, en especial, cuando porque lo cierto es que si se estableció la relación de filiación en la sentencia y porque el primero de los apellidos de la madre adoptante y sus hijos adoptivos coincide, como en el caso.

Por esa razón no puede considerársele como parte del “orden público internacional” que puede aducirse como causal para denegar el exequátur de la sentencia cuya copia debidamente legalizada se aportó con la demanda, el cual, como también se exige de la ley o de una decisión judicial extranjera, no introduce “un elemento de intolerable desequilibrio en el seno del ordenamiento jurídico del foro” (CSJ SC, 19 Jul. 1994, Rad. 3894).

5. Finalmente, en lo que respecta al requisito dispuesto en el numeral 3º de la norma precitada, impone destacarse que al plenario se allegó copias debidamente ejecutoriadas y legalizadas de las aludidas providencias, como enseguida se explica.

Se cumplen los requisitos de apostilla y traducción por intérprete oficial, como lo reglan, en su orden, la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, y el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil. Además, la decisión está en firme, de conformidad con las leyes del Estado de New York, tal y como puede extraerse de las pruebas allegadas al expediente.

Sobre ese aspecto, la Sala sostuvo que:

En el año 1998 a través de la ley 455, se aprobó la ‘Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros’, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, mediante la cual se introdujeron modificaciones que consistieron, esencialmente, en sustituir la autenticación Diplomática o a través de Cónsul, por la colocación de un sello de apostilla, rigiendo en los términos previstos en ella y respecto de los países suscriptores.

Luego, en la actualidad, la legalización de documentos públicos —incluidos los que emanan de autoridad o funcionario relacionado con las cortes o tribunales de un Estado—, provenientes del extranjero y a que alude la mentada convención de la Haya, se surte agotando ese sencillo procedimiento, dejando reservadas las exigencias a que se contrae el artículo 259 del C. de P. C., para los documentos que no reúnen las condiciones que allí se mencionan.

6. Así las cosas, de lo consignado se colige que las sentencias respecto de las cuales la parte actora pretende que surta efectos en el país, alcanzó ejecutoria de conformidad con la ley de la nación de origen y se presentó ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, y no compromete el orden público internacional, pues la decisión contenida en dicho proveído no es contraria a los principios fundamentales del Estado.

Adicional a lo anterior, constata esta instancia que el objeto del referido pronunciamiento no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso.

7. Con fundamento en las precedentes motivaciones, procede el reconocimiento de efectos jurídicos a la determinación jurisdiccional sometida al presente trámite.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve:

1. Conceder el exequátur de las sentencias de 3 de febrero de 2012, proferidas por la Corte de Familia del Estado de New York, Estados Unidos de América, por medio de las cuales se aprobó la adopción de los menores Natalia Andrea y Santiago Muñoz Pérez.

2. Para los efectos previstos en los artículos 6º, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los artículos 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil de nacimiento de los mencionados jóvenes. Por secretaría, líbrense los oficios a que haya lugar.

Sin costas en el trámite.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de la Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1. Bartin, citado por Marco Gerardo Monroy Cabra, en “Liber Amicorum”, homenaje al profesor Carlos Holguín Holguín, Bogotá, 1ª ed., Ed. Rosaristas, 1996.

2. Sentencia de 5 de abril de 1966, citada por Luis Fernando Alvarez Londoño y otros. Derecho Internacional Privado - Estudios de Derecho Internacional 4. Bogotá, Unijaveriana.

3. Werner Goldschmidt. Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado. 2ª ed., Buenos Aires, Ed. Jurídicas Europa América, 1952, pp. 441 y ss.

4. Asociación de Derecho Internacional: Informe Provisional, Conferencia de Londres, junio de 2000, y LXX Conferencia Bienal, Nueva Delhi, 2 a 6 de abril de 2002, recuperado de www.ila-hq.org.

5. Ibídem.

6. Holguín Holguín, Carlos. La noción de orden público en el campo internacional, en: Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Bogotá, núm. 290-29 (agosto de 1990 a febrero de 1991), p. 9 y ss.