Sentencia SC9228-2017 junio 29 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

SC9228-2017

Exp.: 11001-02-03-000-2009-02177-00

(Aprobado en sesión de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete)

Bogotá D.C., veintinueve de junio de dos mil diecisiete.

Se resuelve el recurso extraordinario de revisión que formuló Ana Beatriz Barbosa de Herrera contra la sentencia de segunda instancia proferida el diecinueve de junio de dos mil ocho por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil.

I. Antecedentes

A. La pretensión.

Con fundamento en la causal octava del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, el impugnante pretende se anule la sentencia objeto de revisión y en su lugar, proferir fallo que confirme el proferido en la primera instancia.

B. Los hechos.

1. Ana Beatriz Barbosa de Herrera formuló demanda ordinaria contra Luis Emilio Herrera para que se le declarara responsable del ocultamiento de veinticuatro cabezas de ganado de propiedad de la sociedad conyugal y de la venta ficticia de cinco animales más encontrados en la diligencia de secuestro practicada dentro del proceso de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal promovido por el cónyuge, amén de declararlo responsable del deterioro y pérdida rentable de los diez semovientes restantes que fueron secuestrados, de los cuales fallecieron dos.

En consecuencia, pidió que se declarara que el demandado había perdido su porción en las cabezas de ganado de la sociedad conyugal y que se le condenara a restituir doblada dicha cantidad o su equivalente en dinero, además de recompensar el daño ocasionado a los otros diez vacunos mencionados.

2. Afirmó que el demandado promovió en su contra un proceso de divorcio dentro del cual omitió denunciar la totalidad de los bienes sociales, por lo cual ella procedió a denunciarlos, incluidos los semovientes que se encontraban en el predio “El Brazil” de propiedad de los esposos, respecto de los cuales solicitó su secuestro.

3. Dos días antes de la diligencia y en compañía de dos acompañantes, la demandante verificó la existencia de treinta y tres cabezas de ganado en el indicado inmueble, pero en la víspera del acto judicial, el demandado y su amigo Plinio Manuel Useche sacaron del fundo la mayor parte de los vacunos.

4. Por lo anterior, solicitó realizar el secuestro en la finca “Bella Vista” de propiedad de un tercero, donde presumiblemente se hallaban los animales y en el predio “El Brazil”, encontrándose solo nueve, de los cuales fue designada como depositaria.

5. Luis Emilio Herrera impidió el ejercicio del depósito mediante agresiones físicas y amenazas contra su ex cónyuge y sus dos hijas para que no volvieran a la finca, además de sacar los semovientes cautelados de los potreros en que pastaban y dejarlos a la deriva, obrando de consuno con el secuestre nombrado por el juzgado de conocimiento.

6. Respecto de cinco de los nueve vacunos secuestrados, un tercero promovió incidente de levantamiento de embargo aduciendo la compra de los mismos, el cual no prosperó.

7. Posteriormente, el demandado y el secuestre, sin avisarle al juez ni a ella, sacaron los nueve semovientes y dos crías del predio al cual habían sido llevadas por la demandante para su estadía, para su posterior venta por el auxiliar de la justicia por un precio muy inferior al que les correspondía en condiciones normales del mercado.

8. Sin embargo, después de la venta, dichos animales fueron llevados a la finca “El Brazil” para ser manejados por Luis Emilio Herrera.

9. Con anterioridad, el demandado ya había acudido a la simulación de ventas con Plinio Manuel Useche como medio para distraer bienes de la sociedad conyugal, lo que ocurrió con el predio “El Brazil” y con una casa de habitación ubicada en el municipio de Velez, Santander, hechos por los cuales se promovieron dos juicios; en uno de ellos se declaró la nulidad absoluta del contrato, y en el otro Luis Emilio Herrera se allanó a las pretensiones de la demanda.

(sic)9. Los semovientes sustraídos del predio “El Brazil” no quedaron dentro del inventario de bienes del haber social en razón de su desaparición.

10. Al contestar la demanda, Luis Emilio Herrera se opuso a las pretensiones y negó la mayor parte de los hechos aducidos. Como única excepción de mérito, formuló la de “cosa juzgada”, argumentando que entre las partes cursó un proceso de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal, en el que se aprobaron los inventarios y avalúos que sirvieron de fundamento para decretar la partición y adjudicación de bienes.

11. El a quo declaró al demandado responsable de la ocultación dolosa de veinticuatro cabezas de ganado de propiedad de la sociedad conyugal y lo condenó a la pérdida de su porción en las mismas y a restituir a la sociedad conyugal la suma de $35.100.000, correspondiente al doble del valor de los bienes ocultados.

12. El demandado interpuso recurso de apelación con sustento en que el a quo omitió el decreto de pruebas solicitadas en la contestación de la demanda y en que dio por probado que el demandado obró de manera fraudulenta en complicidad con un tercero para ocultar semovientes de propiedad de la sociedad conyugal a pesar de encontrarse demostrado que no eran bienes sociales.

13. Mediante sentencia de 19 de junio de 2008, el Tribunal revocó el fallo de primera instancia porque las pruebas recaudadas no demostraban que los vacunos incluidos por la actora en el inventario adicional hayan hecho parte del haber común, pues no se acreditó plenamente su existencia y la titularidad del dominio en cabeza del demandado.

14. La demandante recurrió en casación, que no fue concedida por el ad quem en proveído de 30 de octubre de 2008, habiéndose declarado bien denegada en sede de queja ante esta corporación mediante auto de 26 de agosto de 2009.

C. El recurso extraordinario de revisión.

La impugnante invocó, en su orden, las causales 8ª, 1ª y 6ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en lo siguiente:

1. Existió nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso, toda vez que el juzgador de segunda instancia fundó su decisión en la determinación adoptada sobre el inventario adicional, aceptando la tesis del demandado sobre la existencia de una sociedad con Plinio Manuel Useche respecto de 33 cabezas de ganado, de la cual negó que hubiera obtenido ganancias, comportamiento doloso que fue tomado como probanza en contra de la demandante “desnaturalizando el fin de la prueba, que es aportar certeza acerca de la verdad, el derecho y la justicia para fallar”(1), con lo que se incurrió en nulidad constitucional y legal.

2. Posterior a la sentencia se encontraron documentos provenientes de la Caja de Crédito Agrario que acreditan los préstamos que realizaba Luis Emilio Herrera como ganadero desde 1994; las sentencias judiciales proferidas por el Juez Primero Civil del Circuito de Vélez dentro de un proceso de simulación; la declaración extraprocesal rendida por Luis Emilio Herrera; un préstamo por $5.000.000 que el demandado otorgó por la época de la liquidación de la compañía de ganado con Plinio Useche, y el pago de una indemnización de perjuicios por accidente de tránsito pagada por el señor Herrera en el Juzgado de Cimitarra, Santander.

Las primeras documentales desvirtúan el testimonio de Plinio Useche y el interrogatorio del demandado con los que se pretendió demostrar que el último tenía necesidad de recibir ganado en aumento para subsistir por la época en que se ordenó su secuestro, pues gozaba de buen crédito y tenía ingresos permanentes que le permitían ejercer su oficio de ganadero de manera independiente sin recurrir a la figura de “compañías”, en tanto las providencias judiciales dejan establecido que Plinio Useche y Emilio Herrera se han unido para realizar contratos simulados.

Por otra parte, al cotejar la declaración extraprocesal del demandado y la jurada que rindió en el juicio, se evidencian las contradicciones en que incurrió sobre la persona a favor de la cual se realizaron, porque en la primera indicó que había enajenado los vacunos a favor de Rafael Ortiz y en la otra manifestó que fueron vendidos a Plinio Useche. Por último, el préstamo contradice la versión de que por la liquidación de la compañía de ganado, Luis Emilio Herrera solo recibió $1.500.000 por los 33 semovientes, mientras que el pago del resarcimiento al perjudicado en el accidente de tránsito es prueba de su solvencia económica.

Los documentos no fueron aportados porque se encontraron en la casa que fue de la pareja Barbosa-Herrera que fue dejada por la demandante debido a las amenazas de muerte que recibió de su esposo y la violencia física que él ejerció en su contra y no conocía los datos precisos de la prueba referente a la reparación extracontractual.

3. El demandado incurrió en maniobras fraudulentas con el fin de defraudar los gananciales de su cónyuge, pues retiró “por las vías de hecho y en horas de la madrugada” 24 cabezas de ganado de la finca “El Brazil” de propiedad de la sociedad conyugal sobre las cuales existía decreto de medida precautelativa incurriendo en fraude procesal y omitiendo acudir a vías de derecho como la oposición al secuestro; celebró ventas ficticias sobre 9 vacunos; ejerció violencia y amenazó a la demandante para impedirle ejercer su función de depositaria; sacó los animales secuestrados de la finca “El Brazil”, después los vendió de manera soterrada obrando de consuno con el secuestre y los retornó al predio, lo que hace presumir que no salieron de su propiedad y por último, a través de un tercero, presentó un incidente de levantamiento de la cautela de los semovientes.

D. Trámite del recurso extraordinario

1. Admitida la demanda, se ordenó correr el traslado de rigor al demandado, a quien se le designó curador ad litem (fls. 159 y 180, c. Corte).

2. El auxiliar de la justicia contestó la demanda sin oponerse a las pretensiones (fl. 185).

3. En el auto de apertura a pruebas, se tuvieron como tales las documentales aportadas y fueron decretadas algunas de las pedidas (fls. 190-191).

4. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión, la recurrente insistió en los fundamentos fácticos y jurídicos que adujo en apoyo de las causales de revisión invocadas (fls. 207-214).

II. Consideraciones

1. A pesar de hallarse vigente desde el 1º de enero de 2016 el Código General del Proceso, este asunto se rige por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y con base en estas será resuelto, dado que el recurso extraordinario fue presentado en vigencia suya.

En ese sentido, el artículo 624 del primer estatuto citado, el cual modificó el precepto 40 de la Ley 153 de 1887 estatuyó que “los recursos interpuestos (…), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron…”.

El recurso de revisión ha sido concebido como un medio de impugnación de naturaleza excepcional, extraordinaria y taxativa, de ahí que su procedencia se concreta a los casos en los que la controversia fue dirimida por medios injustos, los cuales constituyen hechos nuevos y distintos a los que debieron ser expuestos y analizados en las instancias.

Se trata de una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias cuya finalidad es hacer prevalecer la justicia, y dispensar protección al derecho de defensa de los intervinientes y a la cosa juzgada material producida por un fallo anterior.

De ahí que en tales eventos —explica Chiovenda— “Nada ofende en sí a la razón, que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada; pues la autoridad misma de la cosa juzgada no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad; de tal suerte que esas mismas consideraciones pueden a veces aconsejar que sea sacrificada, para evitar la perturbación y el daño mayores que se producirían de conservarse una sentencia intolerablemente injusta”.(2)

Mas, precisamente por ser excepcional, requiere la delimitación precisa de su ejercicio, pues de otro modo se desfiguraría su naturaleza extraordinaria y la seguridad jurídica de los fallos legalmente en firme, sufriría un grave menoscabo.

Es por eso que en sede de revisión resulta inadmisible —según lo tiene aceptado la jurisprudencia—, plantear “temas ya litigados y decididos en proceso anterior”, ni es la vía regular “para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente”, como tampoco un mecanismo al alcance de las litigantes que les permita “mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar” o “encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi” (CSJ SR, 3 Sep. 1996, Rad. 5231; CSJ SR, 8 Jun. 2011, Rad. 2006-00545-00).

Además, en virtud de las características del aludido recurso, el juez no puede ocuparse oficiosamente de la acreditación de los hechos alegados para fundarlo; como se ha explicado “corre por cuenta del recurrente la carga de la prueba, de modo que le corresponde demostrar que efectivamente se presenta el supuesto de hecho que autoriza la revisión de la sentencia, compromiso que sube de tono si se tiene en cuenta que el presente es un recurso extraordinario y que, con su auxilio, se pretende socavar el principio de la cosa juzgada formal” (CSJ SR, 2 Feb. 2009. Rad. 2000-00814-00).

El artículo 380 del Código de Procedimiento Civil(3) consagra los únicos motivos por los que es posible reclamar la revisión de una sentencia. Dentro de estas se encuentran las que alegó la demandante, correspondientes a la “nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso” (num. 8º); “haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria” (num. 1º) y “haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente” (num. 6º), las cuales se resolverán por el despacho en el orden de su formulación, que además se aviene a la lógica de resolución atendiendo las consecuencias que acarrearía su eventual prosperidad.

2. Primera causal.

2.1. El motivo de revisión consagrado en el numeral octavo del artículo 380 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelación o de casación, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deberá alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnación no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio.

Respecto de esta causal, ha reiterado la Corte que “…no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en éste el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esta oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso”. (CXLVIII, 1985).

De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisión se dirige a “abolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasión de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa.” (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421).

Es decir que ha de tratarse de “una irregularidad que pueda caber en los casos específicamente señalados por el legislador como motivos de anulación, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que ‘los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que —a más de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil— …se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes”. (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001).

Este tipo de nulidad puede originarse según la doctrina “con la sentencia firmada con menor número de magistrados o adoptada con un número de votos diversos al previsto por la ley, o la pronunciada en proceso legalmente terminado por desistimiento, transacción, perención, o suspendido o interrumpido” (Hernando Morales Molina. Curso de derecho procesal civil. Parte general. 8ª ed. Bogotá: ABC, 1983. P. 652).

Y otros eventos adicionales que destaca la jurisprudencia de esta corporación radican en la condena a quien no ha figurado en el proceso como parte, o si al resolver la solicitud de aclaración del fallo se termina modificándolo, y cuando se dicta sentencia “sin haberse abierto el proceso a pruebas o sin que se hayan corrido los traslados para alegar cuando el procedimiento así lo exija”. (CSJ SC, 29 Ago. 2008. Rad. 2004-00729).

2.2. La nulidad originada en la sentencia no puede confundirse con las deficiencias o excesos que pueda tener el contenido de la sentencia, y que dicen relación a su fundamentación jurídica o probatoria, a la razonabilidad de sus conclusiones o, en fin, a cualquier tema relacionado con el fondo de la controversia.

2.3. El supuesto fáctico descrito por la recurrente como fundamento de la causal no corresponde a ninguno de los motivos de nulidad taxativamente señalados en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil ni el específico instituido en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política.

En efecto, además de que la impugnante no indicó una específica causa de invalidación, la circunstancia que refirió como generadora de “nulidad constitucional y legal”(4), esto es, la de haber fundado su decisión de revocar la sentencia proferida por el a quo en los inventarios y avalúos adicionales que se presentaron dentro del proceso de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal formada entre Ana Beatriz Barbosa y Luis Emilio Herrera, no está prevista en el ordenamiento adjetivo como motivo que dé lugar a la anulación de la indicada providencia.

Ciertamente, las providencias judiciales deben fundarse “en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso” (CPC, art. 174) y sirven como medios de prueba los mencionados en el artículo 175 de la codificación procesal civil e incluso los no previstos en ella, que el juez practicará atendiendo las disposiciones que regulen probanzas semejantes o de acuerdo a su prudente juicio, pero la supuesta violación de tales preceptos que repercute en la valoración que haga el juzgador de los medios probatorios y de los hechos aducidos por las partes, no constituye un vicio procedimental inmanente a la sentencia que conlleve la prosperidad de la causal octava por haberse incurrido en una nulidad establecida expresamente por el legislador.

Por eso, si la censura se funda en que el Tribunal, para juzgar improcedente la imposición al demandado de la sanción contemplada en el artículo 1824 del Código Civil, se basó en que, ni los semovientes ni la rentabilidad que la demandante denunció en los inventarios y avalúos adicionales dentro del procedimiento liquidatorio del haber social, fueron tenidos en cuenta por el sentenciador de esa causa para integrar el patrimonio común a efectos de su liquidación, y ese proceder quebranta los artículos 174 y 175 del estatuto procesal, pues no podía tenerse “como prueba en contra de la cónyuge Ana Beatriz Barbosa” por no corresponder a ninguno de los medios probatorios contemplados en la ley, ni podía el ad quem desconocer los principios de “valoración de la prueba y de la sana crítica y análisis conjunto”(5), es claro que tales inconformidades no tienen ínsito el planteamiento de una eventual nulidad del fallo, sino que encierran un cuestionamiento sobre la apreciación de los medios probatorios (error in iudicando) que no puede oponerse por vía de la revisión.

El aducido, entonces, no es un vicio de naturaleza procesal que se adecúe a alguna de las hipótesis consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil como “nulidades procesales” o aquella prevista en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, carácter que se reclama de los motivos que válidamente pueden invocarse bajo el amparo de la previsión contenida en el numeral 8º del artículo 380 ejusdem.

Ese requisito no lo satisface la mera enunciación de la incidencia de las deficiencias reseñadas en “el mandato constitucional del debido proceso”(6) impuesto por el artículo 29 de la Carta Política, dado que la causal de nulidad de linaje constitucional admitida para estructurar el motivo de revisión es únicamente la de pleno derecho que recae sobre la “prueba obtenida con violación del debido proceso”, hipótesis diferente de la argüida por la recurrente.

Adicionalmente, recuérdese que en el recurso de revisión no procede la aducción de vicios in iudicando, lo que cobra especial relevancia tratándose del motivo que se comenta, el cual consagra un típico vicio in procedendo, de ahí que la jurisprudencia haya desestimado como fundamento de ese motivo la alegación de “errores de juicio atañaderos con la aplicación del derecho sustancial, la interpretación de las normas y la apreciación de los hechos y de las pruebas que puedan ser imputadas al sentenciador', pues su ámbito de aplicación reposa en la denuncia de vicios de estricto orden procesal’” (CSJ SR, 10 Dic. 2010, Rad. 11001-0203-000-2005-00951-00; se destaca).

En ese mismo sentido, la Corte en oportunidad pretérita, precisó que “la razón u origen de la nulidad, como de sus mismos vocablos se desprende, tiene que estar ínsita en la sentencia. Esto es, debe ser el fallo en sí, el que contenga una causa de ineficacia. Por ello, invocar como motivo de nulidad originado en la sentencia, el que en esta se hubiesen hecho apreciaciones erradas al valorar las pruebas, o no se hubiese aplicado una determinada regla de derecho, o se hubiere hecho indebidamente, o interpretada torcidamente, no constituyen, en verdad, circunstancias que autoricen la revisión por la causal invocada” (CSJ SR038, 29 Jul. 1997).

Por lo discurrido, la causal analizada en este apartado no prospera.

3. Segunda causal.

3.1. La aparición de documentos que de haberse apreciado por el juzgador hubieran conducido a una decisión en sentido diverso al que contiene el pronunciamiento, ha sido ampliamente estudiada por la jurisprudencia de esta corporación, la cual ha sostenido que para la cabal estructuración de dicho motivo de revisión es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que las pruebas documentales se hubieren hallado ulteriormente al momento en que fue proferida la sentencia impugnada pero no creado después de ella, de ahí que se autoriza la aducción de documentos que tengan preexistencia material, pues no se trata de producir un nuevo medio de prueba que logre cambiar la decisión de la administración de justicia, como tampoco procede aportar los que estuvieron en poder del recurrente cuando en el proceso era posible allegarlos para que integraran el acervo probatorio.

b) Tales medios probatorios, por su contenido u otra circunstancia, deben constituir una verdadera e innegable novedad frente al material probatorio recaudado y acopiado en el proceso, de modo que la alegada injusticia de la resolución adoptada en la providencia pueda “vincularse causalmente con la ausencia del documento aparecido” (CSJ SR237, 1º jul. 1988), esto es, que el sentenciador dirimió la litis en el sentido reprochado, precisamente porque desconocía esa prueba literal que se aduce en revisión.

c) El alcance del valor persuasivo de esas pruebas debe ser suficiente para transformar la decisión cuestionada, es decir, el documento “debe ser decisivo y por tanto tener la suficiente fuerza como para determinar un cambio sustancial de la sentencia recurrida” (CSJ SR, 1º Mar. 2001, Rad. 2009-00068) al punto de evidenciar que lo resuelto es manifiestamente contrario a la verdad que emana de los hechos, por lo que las piezas documentales “encontradas” deben ser capaces de demostrar plenamente hechos que el juzgador tuvo por no probados.

d) Ha de constatarse que las documentales no se aportaron tempestivamente sin culpa del recurrente porque le fue imposible aducirlas. Acepta el legislador que tal impedimento es únicamente el que proviene de fuerza mayor o caso fortuito (hecho externo, imprevisto e irresistible), o de obra de la parte favorecida con el fallo (conducta dolosa imputable a la contraparte) (CSJ SR, 5 Dic. 2012, Rad. 2003-00164-01), de modo que si la falta de aportación se debió a negligencia inexcusable del impugnante o por otra causa que no coincida con las señaladas por la codificación adjetiva, no existe un “documento recobrado” en que sea admisible apoyar la causal.

3.2. La impugnante alegó en sustento de sus súplicas, que con posterioridad a la sentencia encontró una serie de documentos, los cuales obran a folios 3 a 68 de este cuaderno y son: (i) un pagaré otorgado a favor de la Caja Agraria; un contrato de mutuo celebrado con dicha entidad; tres comprobantes de depósito en cuenta bancaria del demandado; cinco formatos de liquidación de abonos y obligaciones con la Caja Agraria; certificado individual de seguro de vida relacionado con obligación crediticia con la entidad citada; copia de folio de matrícula inmobiliaria del predio “El Brazil”; copia de las sentencias proferidas en los procesos de simulación adelantados uno por la recurrente contra su ex esposo y Plinio Manuel Useche y el otro por Luis Emilio Herrera contra la impugnante, su hija y Plinio Useche; acta de audiencia de conciliación y constancia de no acuerdo; copia de una letra de cambio otorgada por Pedro Castellanos a la orden de Luis Emilio Herrera; copia de piezas documentales del proceso ejecutivo promovido por el último contra el otorgante del título valor y Guillermo Quiroga, y copia de actuaciones surtidas en trámite de prueba anticipada de interrogatorio de parte del cónyuge demandado.

En la demanda se indicó que las pruebas documentales aducidas no se allegaron en oportunidad al proceso en que se profirió la sentencia recurrida, porque fueron hallados posteriormente en la finca “El Brazil” de propiedad de la sociedad conyugal que la recurrente debió abandonar por amenazas y agresiones físicas del demandado que recibió luego de iniciarse el proceso liquidatorio de la sociedad conyugal.

Con tales piezas que, según afirmó, eran suficientes para cambiar el criterio del Tribunal en la cuestión litigiosa, se demuestra que: 1. Luis Emilio Herrera “fue ganadero de profesión… que no tenía necesidad de entablar compañías con otra persona”, o de recibir ganado “en aumento” para subsistir para la época en que se decretó el secuestro de los vacunos existentes en la finca “El Brazil”, pues solicitaba créditos para invertir el dinero en la compra de dichos animales, gozaba de buen crédito bancario, manejaba ingresos permanentes y era una persona solvente; 2. Que recurría a la simulación de negocios jurídicos para evadir sus responsabilidades y para ello obraba de consuno con Plinio Useche; 3. Sus versiones carecen de veracidad, lo que se deduce de las contradicciones sobre el comprador de los vacunos que enajenó, las cuales se aprecian entre su declaración de parte extraprocesal y la que rindió en el juicio y de la letra de cambio a su favor que desmiente que solo hubiera recibido la suma de $1.500.000 por la venta de 33 cabezas de ganado en compañía.

3.3. La Corte, con base en lo anterior, procederá a analizar si concurren los requisitos para la prosperidad de la causal invocada, a saber:

a) Que la nueva prueba encontrada sea de índole documental: Para el efecto, el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil establece que “son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública”. En el caso presente, no cabe duda de que las pruebas aducidas son de tipo documental.

b) Que los documentos preexistieran a la sentencia impugnada, pero se hubieran hallado posteriormente: Son preexistentes a la sentencia, los relacionados con las obligaciones crediticias del demandado con la Caja Agraria, los depósitos en cuenta de aquel, la letra de cambio otorgada por Pedro Castellanos a la orden de Luis Emilio Herrera y las actuaciones del proceso de ejecución a excepción de la providencia que ordenó suspenderlo. También el acta de conciliación y la constancia de inexistencia de acuerdo; las sentencias proferidas dentro de las acciones de prevalencia y el interrogatorio procesal.

c) Que no se hayan podido aportar al proceso por “fuerza mayor o caso fortuito” o por “obra de la parte contraria”: Aunque la recurrente sostuvo que no le fue posible aportar al proceso ninguno de los documentos que allegó con la demanda de revisión por “obra de la parte contraria”, la Sala no encuentra acreditada la conducta dolosa del demandado Luis Emilio Herrera en virtud de la cual a la demandante le hubiera sido imposible aportar los documentos que adujo en esta sede extraordinaria.

Respecto de la imposibilidad de aportación causada por “obra de la parte contraria”, esta corporación precisó que son dos sus presupuestos: (i) La “presencia del documento que hubiera podido servir de medio de prueba en manos o bajo el dominio de la parte contraria durante o antes de la tramitación del proceso revisado” y (ii) la “participación de dicha parte en la retención de dicha prueba” (CSJ SR, 2 Dic. 1987, G.J. t. CLXXXVIII, p. 332, citada en CSJ SC17719, 7 Dic. 2016, Rad. 2012-02692-00).

Si bien la impugnante adujo que halló algunos de esos documentos en la que fue residencia de los esposos (finca “El Brazil”), la cual debió abandonar luego de adelantarse el proceso de divorcio y liquidación del haber social por amenazas y agresiones físicas de su esposo, según lo denunció en el proceso de violencia intrafamiliar que obra en el expediente como prueba trasladada —el segundo de esa clase que promovió contra Luis Emilio Herrera—, ese proceder del demandado contra su ex cónyuge, no obstante ser merecedor de total reproche como violencia de género, fenómeno social que “se fundamenta en la discriminación de la mujer y tiene serias consecuencias para el goce de sus derechos fundamentales” (CC, C-297-16), en tanto vulnera los derechos de las mujeres a vivir libre de todo tipo de violencia, a la seguridad personal, a la integridad, a la salud, a la vida y a la dignidad humana, no evidencia la intención del demandado, como detentador de las piezas documentales, de impedir que su contraparte las aportara al proceso con el que se pretendía la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 1824 del Código Civil.

Tal agresión injustificada pudo tener otros motivos como no querer compartir el inmueble, la existencia de otra pareja, impedir el uso y goce del bien a la demandante, sentimientos de odio o animadversión, entre muchos otros, y no única e inequívocamente el de impedir la aportación de esas pruebas documentales.

Adicionalmente, algunas pruebas pudieron ser aducidas dentro de las oportunidades probatorias o efectivamente fueron allegadas, como a continuación se detalla:

El folio de matrícula inmobiliaria correspondiente a la finca “El Brazil” pudo ser aportado al juicio por tratarse de un documento público que reposa en oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente al lugar de ubicación del predio, el cual podía obtenerse suministrando solamente el nombre del propietario.

De las copias de las sentencias proferidas en los juicios de simulación, la referente a la acción promovida por Luis Emilio Herrera contra la recurrente y otras personas fue allegada al proceso y obra a folios 6 a 20 del cuaderno primero del expediente, en tanto en relación con la correspondiente al juicio que adelantó la impugnante contra su ex cónyuge y Plinio Useche, no existió obra del demandado Luis Emilio Herrera que le impidiera aportarla; por el contrario, conocedora de esa decisión como quiera que fue parte demandante en esa litis, la recurrente en revisión solicitó su decreto en oportunidad para solicitar pruebas (fl. 67, cdno. 1 exp.) y fue denegado por el juez por considerarla improcedente (fl. 70) y aunque tal determinación fue recurrida en reposición (fl. 73), el juzgador resolvió prescindir de esa prueba (fl. 76), decisión que no fue apelada.

En la audiencia de conciliación extrajudicial aducida, participó la hija de la recurrente representada por quien fue apoderada judicial de la última en el proceso en que se profirió la sentencia cuestionada, lo que también ocurrió en el trámite de prueba anticipada de interrogatorio de parte del demandado Luis Emilio Herrera, de ahí que, contrario a lo que se argumentó en la demanda de revisión, la impugnante tuvo la posibilidad de aportar tales documentos dentro de las oportunidades probatorias establecidas por el legislador, a fin de que fueran ameritadas en su valor demostrativo, porque se presume que debió tener conocimiento de tales actuaciones.

Por último, respecto de las copias del proceso ejecutivo de Luis Emilio Herrera contra Pedro Castellanos, la demandante en revisión no manifestó específicamente en qué consistió la maniobra fraudulenta del demandado que le imposibilitó aportarlas oportunamente, y la razón de encontrarse en el fundo “El Brazil” que tuvo que abandonar, solo se adujo en relación con los documentos relativos a los préstamos bancarios, el folio de matrícula de ese inmueble y el interrogatorio de parte del demandado que se practicó como prueba anticipada.

“No basta —ha sostenido la jurisprudencia— con que se haya encontrado los documentos a ultranza, si el recurrente no demuestra que “no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”; es él quien debe asumir la carga probatoria de que se presentó alguna de estas circunstancias; de allí que la causal de revisión tampoco puede alcanzar éxito si, por el contrario, ellos no se adujeron por falta de diligencia del interesado o por no averiguar dónde reposaban, o porque no se aprovecharon debidamente las oportunidades probatorias propias de las instancias” (CSJ SR, 22 Sep. 1999, Rad. 6946).

d) Que los documentos aducidos sean decisivos para el caso: De este requisito se indicó en precedente acápite que corresponde a la eficacia demostrativa de la probanza, la cual debe ser de tal entidad que de haber obrado el documento en el proceso, habría determinado un fallo en sentido contrario a como fue resuelto el litigio, pero dado que las exigencias que estructuran la causal de revisión tienen el carácter de concurrentes, no habiéndose satisfecho el concerniente a la imposibilidad de aducción tempestiva de los medios documentales, no hay lugar a discurrir sobre la eventual influencia de los documentos invocados por la demandante en la sentencia de segunda instancia que es objeto del recurso extraordinario.

En todo caso, aun si se tuviera por superado el requisito anterior, lo cierto es que las documentales aducidas en esta sede no tienen entidad para variar lo decidido por el ad quem, porque con ellos si acaso podría estructurarse un indicio sobre la conducta del demandado y del testigo Plinio Useche que obraría en contra de sus atestaciones en el proceso, pero que no resulta suficiente para eliminar la posibilidad de ser contrariado por otras pruebas, ni es prueba contundente del hecho esencial que motiva la inconformidad de la recurrente y en el que se apoyó la sentencia cuestionada, esto es, la existencia de los 24 semovientes cuyo ocultamiento se endilgó al demandado, de modo que por sí mismos los documentos aducidos no tienen capacidad para desvirtuar el resultado probatorio al que se llegó en el litigio.

Lo anterior determina que no prospere el analizado motivo de revisión.

4. Causal tercera.

4.1. El sexto motivo de revisión consiste en una discrepancia entre la verdad material y la que fue acreditada en el proceso, en razón de las maniobras fraudulentas realizadas por uno o varios sujetos procesales a fin de perjudicar los intereses de su contraparte.

Se estructura —tiene dicho esta Corte—

“cuando ha existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en el cual se profirió la sentencia impugnada, así los actos constitutivos de tal proceder no configuren un ilícito penal, siempre que de él haya recibido perjuicios el recurrente. La referida causal, como las que le anteceden, ‘…presupone que los hechos tenidos en cuenta por el juzgador para tomar la decisión correspondiente, no se ajustan a la realidad, y por ello su finalidad es subsanar esa deficiencia y por añadidura remediar así una notoria injusticia’ (G.J. t. CCXII, pág. 311). La discrepancia en cuestión, en tratándose del motivo alegado, debe provenir de las maquinaciones o ardides fraguados bien por una de las partes, o de consuno por ambas, con el propósito de obtener un resultado dañino (CSJ SR, 5 Jul. 2000, Rad. 7422).

4.2. El fraude o la maquinación engañosa para causar perjuicios a terceros y para quebrantar la ley o los derechos que de ella se derivan, se erige en la razón de esta causal, el cual comporta “un elemento antecedente, que es el engaño como medio de llegar al fraude, que es el fin u objeto a que da base el engaño. Engaño y fraude no son sinónimos puesto que el primero es sólo la falta de verdad en lo que se dice, se cree o se piensa. Lo que sucede es que en el fraude el concepto de engaño va unido, como atributo que le pertenece por esencia” (G. J. T. LV. 533).

Es preciso, con todo, no olvidar que en desarrollo de la presunción de licitud y buena fe en el comportamiento de las personas, la causal de revisión que se funda en las maniobras dolosas en el proceso “además de excepcional y restringida en su sentido, debe encontrarse plenamente probada para su prosperidad (CPC, art. 177 y 384), so pena de que, en caso contrario, especialmente de duda, racionalmente seria que merezca credibilidad sobre las maniobras alegadas, se declare infundado el recurso”.(7)

4.3. Al amparo de esta causal, la recurrente alegó que con el fin de defraudar sus gananciales, su cónyuge retiró “por las vías de hecho” 24 cabezas de ganado de la finca “El Brazil” de propiedad de la sociedad conyugal sobre las cuales pesaba el decreto de una medida cautelar de secuestro; omitió acudir a la oposición a la cautela como vía de derecho idónea para hacer valer los derechos de la supuesta compañía de ganado existente con el señor Plinio Useche; celebró ventas ficticias sobre los 9 vacunos que pudieron secuestrarse; agredió y amenazó a la demandante para impedirle ejercer el depósito de los animales; sacó estos de la finca, los vendió obrando de consuno con el secuestre y luego los retornó al predio. Finalmente, a través de un tercero, presentó un incidente de levantamiento del secuestro de 5 semovientes.

4.4. Las maniobras fraudulentas, como lo ha dicho la Sala, implican “todo proyecto o asechanza oculta, engañosa y falaz que va dirigida ordinariamente a mal fin” y existe “en todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una apariencia de verdad procesal con la intención de derivar un provecho judicial o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo fin” (CSJ, SR-243, 7 Dic. 2000, rad. 007643), lo que indica que los actos invocados como engañosos y fraudulentos no fueron objeto de juicio, es decir, el juzgador no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ellos.

Distinto es cuando esas conductas dolosas y falaces presuntamente provenientes de una de las partes, fueron puestas de presente al juez por la otra, o constituían objeto de juzgamiento, porque en tales casos la ley no autoriza la revisión, pues lo que revelaría el reproche es un cuestionamiento a la valoración de los hechos aducidos, de las pruebas recaudadas o al criterio jurídico del sentenciador, vicios in iudicando, que como atrás se indicó, no son susceptibles de alegarse en revisión.

En ese sentido, esta corporación precisó:

… requisito para que determinada situación pueda calificarse de maniobra fraudulenta, como causa eficiente para dar lugar a la revisión…, que la misma resulte de hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de él, pues si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, o que pudieron serlo, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir, que al juez de revisión se le pueda reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo el litigio (CSJ SR-208, 18 DIC. 2006, Rad. 2003-00159-01; se resalta).

4.5. En el presente caso, el reclamo de la impugnante ya fue discutido en el proceso en que se profirió la sentencia cuya revisión se demandó, pues, precisamente, fueron las acciones que se calificaron de fraudulentas de evasión de la medida cautelar de secuestro a través del retiro de los semovientes y las demás conductas mencionadas en la causal, las que dieron lugar a iniciar ese juicio por ocultamiento de bienes sociales, tendiente a la aplicación de las medidas sancionatorias previstas en el artículo 1824 de la codificación civil de pérdida de la porción en los semovientes presuntamente ocultados y restitución doblada de aquella.

En ese orden de ideas, no se trata de una conducta desconocida por el juzgador, sino que era precisamente la que constituía el objeto del debate y, por lo tanto, no se trata de una cuestión novedosa. Los aducidos son hechos que, por ser tema del litigio, fueron alegados y decididos en el proceso, y la demandante tuvo la oportunidad de exponer su visión de la controversia y de las pruebas.

La decisión del Tribunal en el asunto obedeció a que no encontró acreditada la preexistencia de los bienes sociales. Frente a ese particular, luego de apreciar los medios probatorios, concluyó que “las pruebas practicadas al interior del proceso objeto de alzada y las que fueron trasladadas del trámite de liquidación de la sociedad conyugal, no permiten demostrar lo que se afirma en la demanda, pues de ellas no se vislumbra que los semovientes a los que hace alusión hayan hecho parte del haber social”, de ahí que no pudiera predicarse “que hubo por parte del Sr. Luis Emilio Herrera, ocultamiento de bienes sociales”.

Si tal conclusión no es la que emana verdaderamente de las pruebas, el yerro que podría atribuirse al ad quem es in iudicando, porque pertenece al ámbito de la apreciación de las pruebas, la aplicación del derecho sustancial o incluso puede derivar de la interpretación de las normas aplicables, aspectos cuya alegación es inadmisible en revisión, porque con ellos se pretende reabrir la discusión jurídica ya zanjada por el juez.

Sobre lo anterior ha dicho la jurisprudencia que se debe “evitar que el debate pueda ser reabierto de cualquier manera, so pretexto de volver la mirada a la prueba para intentar un nuevo y mejor escrutinio de ella, o para reclamar una más aguda o perspicaz interpretación de la ley, cosa que siempre será posible como hipótesis, pero que es insuficiente por sí, para desquiciar el valor de una solución hallada con la genuina participación de todos los sujetos del proceso, decisión que repítese, es por regla general inexpugnable” (CSJ SC, 29 Ago. 2008, Rad. 2004-00729).

Por las motivaciones expuestas, la causal no prospera.

5. Ante el fracaso del recurso, se impone condenar a la impugnante al pago de las costas y perjuicios, para cuyo pago se hará efectiva la caución prestada. Las costas se tasarán por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $3.000.000. Los eventuales perjuicios se liquidarán mediante incidente.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión que formuló Ana Beatriz Barbosa contra la sentencia de segunda instancia proferida el diecinueve de junio de dos mil ocho por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro del asunto referenciado.

2. Condenar a la recurrente a pagar las costas y perjuicios a favor de la parte opositora. Las costas se tasarán por Secretaría, incluyendo como agencias en derecho la suma de $2.000.000. Los eventuales perjuicios se liquidarán mediante incidente. Para el pago de aquéllas y de éstos se hará efectiva la caución prestada.

Oportunamente, devuélvase el expediente.

Notifíquese.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, presidente de Sala (con ausencia justificada)—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 Folio 92, c. Corte.

2 Instituciones de derecho procesal civil. Vol. III, Madrid: 1940, p. 406.

3 Este es el estatuto adjetivo aplicable por ser el vigente a la interposición del recurso extraordinario.

4 Folio 92, c. Corte.

5 Folio 73, c. Corte.

6 Ibídem.

7 Ibídem.