Sentencia SC9493-2014/2006-00122 de julio 18 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad: 11001-31-03-020-2006-00122-01

Magistrado Ponente

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Según el artículo 368, numeral 5º del Código de Procedimiento Civil, en casación es viable invocar las causales de nulidad procesal insaneables y las saneables que no se hayan convalidado expresa o tácitamente.

1.1. La derivada de la falta o indebida notificación al convocado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago (artículo 140, numeral 8º del Código de Procedimiento Civil), admite, por mirar el interés particular de la parte, saneamiento, y ocurre cuando el agraviado con la irregularidad actúa en el proceso sin alegarla (artículo 144, numeral 3º, ibídem), pues en ese caso se entiende que acepta sus consecuencias nocivas.

Contrario sensu, invocada la causal de nulidad en comento en forma oportuna, significa que el afectado no la convalida, seguramente, debido a la trascendencia del hecho, en cuanto resulta injusto adelantar un proceso a sus espaldas, sin brindarle la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Y el resultado infructuoso del incidente en instancia, no obsta para alegar el vicio a través de los recursos extraordinarios, más bien, se erige en un requisito para el efecto, pues como es conocido, para acudir a ellos es indispensable agotar los cauces ordinarios.

Por esto, la protesta de la parte perjudicada sobre el particular en oportunidad, traduce, simplemente, en el no asentimiento de la falta. De otro modo, al decir de la Corte:

“(…) sería castigar, con grave menoscabo del derecho de defensa que envuelto va en tan determinante aspecto como es el de la vinculación a un proceso, no más que por ejercer con ahínco los derechos, aunque ese ejercicio haya sido infructuoso. Sería obligar a que la parte se resigne en la adversidad, y no lleve el caso más allá de las instancias, cosa insólita dentro de la teoría general del derecho de impugnación. Si no, cabría preguntarse, cómo es que en el recurso de casación, que igualmente es extraordinario y no constituye una tercera instancia, está autorizado expresamente que el afectado con una nulidad pueda plantearla en ese escenario, así y todo la haya discutido en las instancias; antes bien, esto último es condición necesaria, so pena de saneamiento”(1).

1.2. En consecuencia, como alegar sin éxito en instancia nulidades procesales saneables no subsanadas, expresa o tácitamente, y las insaneables, no implica caducidad ni agotamiento anticipado de un recurso extraordinario, los argumentos del extremo demandante para solicitar el rechazo del cargo, relativos a que el vicio procesal, fundado en los mismos hechos, ya fue negado de modo ordinario, no pueden ser de recibo.

2. Las implicaciones que, en relación con los derechos fundamentaleEditor XML Exclusivos a un debido proceso y de defensa, tiene la vinculación de quien debe afrontar un litigio, imponen, por regla general, hacerla personalmente (artículo 314 del Código de Procedimiento Civil), por cuanto es la única de donde puede seguirse con certeza que el notificado ha sido avisado de la actuación judicial promovida en su contra.

La relevancia de ese acto procesal es tal que el legislador ha reglado la forma de obtenerla. Primero, citando al interesado para efectuarla en el recinto del despacho judicial, mediante comunicación enviada a través del servicio postal autorizado, con el lleno de los requisitos legales, al lugar de habitación o de trabajo denunciado por el demandante (artículo 315 del Código de Procedimiento). Luego, si el requerido no comparece en el término previsto y se demuestra la entrega de la citación en el lugar de destino, con la “anotación” de residir o trabajar allí, la notificación se surte por aviso, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 320 del mismo ordenamiento.

2.1. En el caso, como la notificación no fue realizada personalmente, lo primero que habría de examinar es si los citatorios previos y los avisos intimatorios fueron efectivamente materializados y enviados con sujeción a las normas adjetivas citadas, bien en la calle 12 No. 9-86 y/o carrera 10 No. 12-04/34, local 101, ya en la calle 31G No.18A-10 sur, todas de la ciudad de Bogotá. La Corte, sin embargo, se releva de estudiar esos tópicos, en consideración a que nadie los discute.

Según el contenido del cargo, el ataque se dirige, primero, al hecho de no haberse llevado a cabo, conforme se evidencia en la actuación, “(…) diligencia alguna para intentar (…)”, “(…) como mínimo (…)”, la notificación en la carrera 10 No. 12-34, locales 120 y 121, correspondiente a los inmuebles materia de reivindicación, a la sazón, “(…) sitios donde laboraba (…)” la recurrente.

De otra parte, a demostrar, contrario a las constancias insertadas por la empresa de servicio postal, que la “(…) demandada no habita ni labora (…)” en los sitios donde se “adelantaron las labores de notificación (…)”.

2.2. Lo primero que se advierte es que si la recurrente protesta por no haberse intentado la notificación en los locales objeto del proceso, hecho que evidentemente es cierto, para nada cuenta demostrar con la confesión de la parte actora y con los testimonios de Julián Gregorio Murillo, Leidi Yohana Valencia y Ana Elisa Artunduaga, cual se enfatiza en el cargo, que allí permanecía y laboraba la recurrente.

La irregularidad, desde luego, se habría presentado si la ley exige intentar y practicar la notificación privativamente en el lugar donde el demandado ejerce la posesión. Esto no es así, entre otras cosas, porque al tenor del artículo 762 del Código Civil, es viable detentar un bien a nombre del poseedor, como cuando éste lo entrega a título de mera tenencia, en arrendamiento, por ejemplo. Desde esa arista, el vicio alegado no se estructura.

2.3. El problema, entonces, se reduce a establecer si en esos otros lugares denunciados por la parte actora con fines de notificación, era dable enterar a la recurrente de la existencia del proceso incoado en su contra. Para elucidarlo, resulta menester evocar las incidencias.

2.3.1. Las pruebas aportadas, relativas al derecho de dominio controvertido, ponen de presente que el centro comercial “La Candelaria”, precisamente donde se ubican los inmuebles reclamados, tiene como nomenclatura la “calle 12 No. 9-86/9-98 y carrera 10 No. 12-04/12-34”.

Según comunicación de 31 de agosto de 2005, dirigida a Gilma Pulido Artunduaga, a la “calle 12 No. 9-86, local 101”, “Centro Comercial La Candelaria”, notificando la cesión de un contrato de arrendamiento de los locales 120 y 121, éstos integran el inmueble de la “calle 12 No. 9-86”.

Conforme a la certificación de la Administración Postal Nacional, Oficina Murillo Toro, y la planilla de entrega, la anterior nota fue recibida en el lugar de destino, el 2 de septiembre de 2005, por la “(…) señora Carmen Corredor, quien se identificó con número 51’710.046 (…)”.

La testigo María Esperanza López Clavijo, administradora del aludido centro comercial “(…) desde septiembre de 1999 hasta diciembre de 2007 (…)”, indicó, el 24 de abril de 2008, que hace “(…) aproximadamente 9 años (…)” conoce a la mentada Gilma Pulido Artunduaga, quien “(…) es propietaria también de los locales 101, de dos o tres más pero no me acuerdo de los números (…)”.

En el interrogatorio de parte anticipado absuelto por la demandada, el 27 de enero de 2006, en el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogotá, aquella dijo conocer a María Esperanza López Clavijo, quien “(…) se desempeña actualmente como la administradora del Centro Comercial La Candelaria (…)”.

Una de las notificaciones para llevar a cabo la anterior diligencia, también, conforme a la guía o certificación expedida por la oficina de correos, fue realizada el 17 de noviembre de 2005, en la “CL 12 N 9-86/CR 10 N 12-04/34 LC 101”, según aviso recibido por “Carmen Corredor”, donde se insertó que Gilma Pulido Artunduaga “sí trabaja ahí-anexa auto que señala fecha”.

En las citaciones del proceso, dejadas por el servicio postal en la calle 12 No. 9-86, local 101, surtida el 31 de marzo de 2006, se consignó: “Carmen Corredor empleada de la destinataria informa que tiene orden de no recibir correspondencia (…)”; y en la carrera 10 No. 12-04/34, local 101, llevada el 27 de marzo de 2006: “se rehúsan a recibir y a suministrar información”.

Con relación a los avisos de notificación, entregados en la calle 12 No. 9-86, local 101, el 3 de mayo de 2006, la misma oficina de mensajería señaló: “La destinataria sí trabaja ahí y se negó y rehusó a recibir (…)”; y en la misma data, en la carrera 10 No. 12-04/34, local 101: “La destinataria sí trabaja ahí pero se negó y rehusó recibir (…)”.

2.3.2. Por lo demás, en el mentado interrogatorio de parte anticipado, la señora Gilma Pulido Artunduaga, confesó como sitio de residencia la “(…) calle 31 G No. 18A-10 sur barrio Quiroga de esta ciudad (…)”.

Relativo a la citación en el anterior lugar, recibida por “Ana Artunduaga”, teléfono “2722464”, el 8 de abril de 2006, el empleado de la empresa de mensajería anotó que la demandada “sí vive ahí”. Y los mismos hechos sucedieron y se dejaron documentados con el posterior aviso de intimación llevado a cabo el día 2 de mayo de 2006.

2.4. La recurrente insiste en que su lugar de trabajo se encontraba ubicado en unos locales distintos al 101, en todo caso del mismo centro comercial, y que residía en otro sitio. No obstante, según pasa a verse, lo acaecido con las citaciones y con los avisos de notificación, en casación no se desvirtuó, entendiendo, desde luego, que los hechos arriba expuestos fueron avalados por el Tribunal, implícitamente, pues el sentido del fallo impugnado, estimatorio, supone la validez del proceso, lo cual, por supuesto, incluye la debida vinculación de la parte demandada.

2.4.1. Común a ambos lugares, confrontado lo expuesto, no es cierto, como se sostiene en el cargo, que quienes atendieron las diligencias, rehusaron las respectivas comunicaciones, aduciendo que la “(…) demandada no habita ni labora en las direcciones antes anotadas (…)”. Según se observó, las razones que esgrimieron fueron totalmente distintas.

2.4.2. La confesión dicha, acerca del sitio de residencia de la demandada, permanece enhiesta, dado que, de cara a los específicos reproches expuestos al respecto en la acusación, no aparece infirmada.

Para empezar, aceptando en gracia de discusión que la señora Gilma Pulido Artunduaga, vive hace más de quince años en la calle 17 sur No. 12-10 de Bogotá, cual se sostiene, sigue sin explicación la razón por la cual ella misma, el 27 de enero de 2006, en el interrogatorio anticipado, manifestó que residía en la “(…) calle 31 G No. 18A-10 sur barrio Quiroga de esta ciudad”.

El hecho se mantiene frente al testimonio de Ana Elisa Artunduaga, progenitora de la demandada, así inclusive se admita, al decir del cargo, que ésta “(…) habitó en ese lugar (…) de manera temporal, por razones de enfermedad de su señora madre (…)”. Esto, por la asimetría en las posiciones, pues la misma declarante afirmó que su hija “(…) nunca ha vivido ahí (…)”, y porque si en la versión señaló que “(…) en diciembre de 2005 y en enero de 2006 (…) Gilma me llevó a la casa de ella a vivir (…)”, tampoco se encuentra justificación al hecho confesado.

El mensajero de la empresa de correos, señor Arturo Arenas, quien adelantó lo relacionado con la citación y el aviso de notificaciones en la calle 31 G No. 18A-10 sur, nunca declaró que Ana Artunduga firmó el recibido de la correspondencia, simplemente preguntó el nombre y número de teléfono, y lo “(…) anot[ó] en la guía (…)”; tampoco afirmó que la conociera, dado que lo atendieron “(…) con la puerta cerrada (…)”.

Los hechos expuestos en el cargo para refutar el testimonio, por lo tanto, son ajenos a la realidad. Fuera de esto, no se dice el porqué, en una relación de comunicación, es prohibido indagar el nombre del interlocutor, pero no, inquirir, según la censura, el “(…) documento de identificación de la citada señora (…)”.

El señor Orlando González Agudelo, quien dijo ser inquilino de la casa ubicada en la calle 31 G No. 18A-10 sur, desde el 1º de marzo de 2006, siendo arrendadora Ana Elisa Artunduaga, se relaciona en el ataque para mostrar que la “(…) demandada nunca residió en el barrio Quiroga (…)”. El testigo, con todo, ni en el escrito que presentó al juzgado informando la relación de tenencia, además de que no conocía a la demandada, ni en su declaración, sostuvo tajantemente ese hecho. En el desarrollo de la acusación, por el contrario, la recurrente afirma que “(…) habitó en ese lugar (…) de manera temporal, por razones de enfermedad de su señora madre (…)”, e igualmente confesó, el 27 de enero de 2006, que residía en ese lugar.

2.4.3. Relacionado con el citatorio y el aviso de notificación en el Centro Comercial La Candelaria, llevado a cabo en el local 101, la manifestación del empleado del servicio postal, señor José Alfredo Hernández, no es dable desmentirla afirmando, sin más, que asumió un rol ajeno a sus funciones, pues si el emplazamiento procede cuando la “(…) comunicación es devuelta con la anotación de que la persona no reside o no trabaja en el lugar (…)” (artículo 315, numeral 4º del Código de Procedimiento Civil), historiar o consignar los hechos ocurridos es una exigencia legal.

Aunque el testigo señaló que conocía a la señora Gilma Pulido Artunduaga, “(…) por otras notificación (sic.) que yo le había entregado a ella personalmente (…)”, ocasión en la cual “(…) no hubo problema (…)”, para contradecir su dicho debió ponerse de presente, probatoriamente, que el declarante no realizó ninguna otra notificación, pero nada se informa en el cargo. Y el número de notificaciones diarias, 40 a 60, es insuficiente para calificar de inverosímil el conocimiento que dice tener de la citada señora.

2.5. Corolario de lo expuesto, las irregularidades procesales que en la acusación se predican alrededor de la vinculación de la demandada al proceso, no existen.

3. El cargo, en consecuencia, no se abre paso.

Cargo Primero

1. Denuncia la violación directa de los artículos 665, 669, 778, 950 y 1757 del Código Civil.

2. Lo anterior, según la convocada recurrente, al no desvirtuarse la presunción de propietaria que la beneficiaba, derivada de la condición reconocida de poseedora material de los bienes controvertidos.

En lo esencial, puesto que “(…) no procedía sumar el título exhibido por la sociedad demandante al de sus antecesores, simple y llanamente, por cuanto tal postulado jamás se reclamó por la parte actora, como fácilmente se evidencia de la literalidad del líbelo introductorio, y que brilla por su ausencia en los demás actos procesales (…)”.

De esa suerte, dice, el Tribunal erró al dar por cierto que el título de dominio del demandante era anterior a la posesión del extremo pasivo, lo cual condujo a desconocer las normas citadas, en cuanto la suma de títulos, siendo tarea exclusiva de la sociedad pretensora, no podía ser suplida por el juzgador de instancia, “(…) ni siquiera, so pretexto de la facultad oficiosa para el decreto de pruebas, como a la postre sucedió (…)”, cuestión que se “(…) propondrá adicionalmente en un cargo ulterior, como violación de norma sustancial por vía indirecta (…)”.

3. En sentir de la recurrente, lo expuesto es suficiente para casar el fallo impugnado.

Consideraciones

1. Acusada la violación directa de la ley sustancial, se supone que la censura acepta las conclusiones fácticas y probatorias fijadas por el Tribunal en la sentencia atacada, puesto que por esa senda la actividad del juez de casación se reduce a verificar si, respecto de las circunstancias establecidas, la subsunción normativa es adecuada.

De ahí que, en ese evento, al decir de esta Sala, el recurrente no debe “(…) separarse, un ápice siquiera, de la quaestio facti, cual y como fue apreciada por el sentenciador, so pena de resultar inidónea la acusación en caso de que ello ocurra (…)”(2), toda vez que en esa hipótesis, la Corte “(…) trabaja [es] con los textos legales sustantivos únicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos están probados o no están probados, parte de la base de una u otra cosa, y sólo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos”(3).

Por esto, en el preciso ámbito dicho, resulta incorrecto acusar errores iuris in iudicando, sobre la base de discrepar de la apreciación del escrito genitor, de su contestación o de determinada prueba, porque para el efecto el legislador instituyó un camino distinto. Así que, tratándose de yerros estrictamente jurídicos, la censura debe limitar el análisis a los preceptos sustanciales que considere inaplicados, indebidamente aplicados o interpretados erróneamente.

2. El tema nodal planteado en el cargo, gira alrededor de la cadena de títulos del derecho de dominio del demandante. Mas, el problema no traspasa el campo de los hechos y de las pruebas, pues para que lo fuera, el recurrente debía aceptar, sin reparo de ninguna especie, que en el proceso se encontraba fijada y demostrada la cuestión, sólo que fue subsumida equivocadamente en las hipótesis normativas respectivas.

El ejercicio intelectual no aparece en el contenido de la acusación. Si bien la recurrente no critica la materialidad ni el contenido intrínseco de la prueba del hecho investigado, adosada una parte por el demandante y otra de oficio por el ad quem, sí pone en tela de juicio su regularidad, cuando exige como requisito invocar la suma de títulos, primero, con el fin de habilitar su estudio, y segundo, para legitimar la aplicación del principio inquisitivo, lo cual, en su sentir, “(…) jamás se reclamó por la parte actora, como fácilmente se evidencia de la literalidad del líbelo introductorio (…)”.

Los errores enrostrados, entonces, lejos de ser estrictamente jurídicos, son de otra clase, como así, inclusive, lo entrevé la censura, al indicar que la protesta la “(…) propondrá adicionalmente en un cargo ulterior, como violación de norma sustancial por vía indirecta (…)”.

3. En ese orden, la acusación está llamada al fracaso.

Cargo Segundo

1. Denuncia la transgresión de los artículos 230 de la Constitución Política, 665, 669, 762, 778, 950 y 1757 del Código Civil, 37, numeral 4º, 174, 175, 177, 178 y 180 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de la comisión de errores de derecho probatorios.

2. Sostiene la censura que el ad quem, al suplir la actividad probatoria de la parte actora cuando no le correspondía, dado que era exclusiva e inherente a ésta, lo llevó a tener por demostrada la cadena de títulos del dominio y a acceder a la reivindicación.

2.1. En efecto, acreditado que el derecho de propiedad invocado en la demanda, databa del 7 de julio de 2005, en tanto la convocada ejercía la posesión desde septiembre de 1999, resultaba claro que el título del adversario era superior al de la sociedad actora.

Y no se diga que procedía sumar el título de los antecesores, “(…) de un lado, por cuanto tal postulado jamás se reclamó en el escrito demandatorio, y de otro, en razón a que, en gracia de discusión, tal situación no tiene lugar en esta controversia (…)”, considerando, acorde con la jurisprudencia de la Corte, que el certificado del registrador arrimado, demuestra únicamente tradición.

2.2. Agrega que al derivar su posesión de la promesa verbal de compraventa que celebró con Tiendas Mitad de Precio, según se “(…) extracta de las declaraciones recaudadas en el subexámine (…)”, significa que su vinculación con la cosa tiene “(…) cimiento contractual (…)”, y que como dicho contrato no ha sido aniquilado judicial ni extrajudicialmente, las pretensiones deben ser negadas.

3. De otra parte, sostiene la impugnante que si bien oficiosamente se ordenó allegar copia auténtica de las escrituras públicas, también es cierto, por lo dicho, que la entidad demandante no demostró que obtuvo su derecho de un título registrado y que éste a su turno lo hubo de otros en idénticas condiciones.

Acota que acreditar la cadena de títulos, recaía exclusivamente en cabeza de la sociedad demandante, lo cual no cumplió, y esa actividad no podía suplirla el ad quem mediante su decreto oficioso, puesto que el deber poder en esa materia, se necesita articularlo con el concepto de carga de la prueba, como regla de juicio, en cuanto no procede, cual sucede en el caso, para mejorar la situación de la parte.

3. Solicita, en consecuencia, se case la sentencia recurrida y se proceda de conformidad.

Consideraciones

1. Pese a enarbolarse el ataque bajo la égida de errores de derecho probatorios, órbita dentro de la cual clasifica lo relacionado con la conducencia del certificado de tradición para demostrar la cadena de títulos de dominio, así como el alcance en ese preciso ámbito de la actividad oficiosa del juzgador, también se pone de presente, para enervar las pretensiones, la posesión material contractual.

2. Concerniente con la promesa verbal de compraventa que afirma la recurrente suscribió con Tiendas Mitad de Precio, se precisa que el Tribunal no espetó ninguna decisión, debido a que, al margen de la ineficacia del negocio jurídico, el alegato sobre el particular carecía de “(…) respaldo demostrativo (…)”.

En el cargo se dice, sin más, que la posesión derivada del precontrato dicho se “(…) extracta de las declaraciones recaudadas en el subexámine (…)”.

Como lo anterior toca con el contenido material de la prueba testimonial, lo cual atañe a un típico error de hecho, interpretando con amplitud en ese sentido el ataque, la Corte se ve relevada de estudiar su fondo, porque como condición necesaria se requería identificar los testimonios mal apreciados, cual se exige en los artículos 368, numeral 1º, inciso 2º, y 374, in fine, del Código de Procedimiento Civil. Por esto, cuando las normas entroncan los yerros de que se trata con “(…) determinada prueba (…)”, al sustentarse el recurso de casación, tiene explicado esta Corporación:

«(…) no es de recibo ‘hacer referencia genérica e indeterminada al conjunto de unas pruebas, o a todas ellas’, porque ‘siendo improcedente acusar la sentencia a través del planteamiento global del problema probatorio, es deber inexcusable del recurrente singularizar cada uno de los medios que se pretenden no considerados o erróneamente apreciados por el sentenciador’»(4).

De ahí que con independencia de cualquier otra deficiencia técnica, desde el punto de vista formal, no era suficiente afirmar simple y llanamente que la promesa de compraventa de marras se extractaba de las “(…) declaraciones recaudadas en el subexámine (…), pues singularizar una prueba implica identificarla, determinarla, para luego encararla críticamente, demostrando su yerro superlativo y su trascendencia en la resolución definitoria del litigio, como tarea del censor, por contraste a su referencia genérica o indeterminada.

El carácter excepcional y dispositivo del medio extraordinario, no autoriza adelantar pesquisas oficiosas, ni interpretaciones que impliquen la alteración del contenido objetivo de la acusación, bien para superar vacíos, ya para replantear cargos deficientes, porque esto implicaría sorprender al opositor del recurso y dejar en entredicho los derechos fundamentales de defensa y contradicción.

3. Bajo el supuesto de ser improcedente sumar al título de dominio exhibido por la demandante el de su antecesor, por haber sido este último allegado con violación de las reglas que gobiernan el decreto y práctica de pruebas de oficio, en otro apartado del cargo se sostiene que para contrarrestar la posesión anterior de la demandada, no podía blandirse únicamente el certificado del registrador.

3.1. Al margen de si las normas probatorias denunciadas fueron transgredidas, lo cual se elucidará adelante, es cierto que para considerar a determinada persona dueña de un inmueble no sólo debe demostrarse el título de adquisición, sino también la tradición. Como se trata de prueba solemne, ambas cosas, conforme al estado actual de la jurisprudencia, deben enarbolarse a la vez, así y todo en el folio inmobiliario aparezca inscrito el negocio jurídico de que se trate y de ahí se adquiera certeza plena sobre su celebración, porque el acto o contrato no muta la propiedad, simplemente sirve de fuente de la obligación de transferirla, como sí la tradición, según el artículo 673 del Código Civil. En palabras de esta Corporación:

“(…) el vendedor, el mero contratante, no hace que el dominio se radique desde ya en cabeza del comprador, porque hasta allí no han realizado más que el simple título. Ese algo más, que de menos se echa, es que el vendedor cumpla la obligación de transferir el dominio; lo que acontecido válidamente, toma el nombre de tradición, que es precisamente el modo que hasta entonces se echaba de menos. Por manera que solamente cuando a la realización del título se suma la del modo, prodúcense ahí sí consecuencias jurídicas en punto de los derechos reales. El propietario anterior, quien entre tanto era apenas vendedor, al realizar el modo de la tradición, deja de serlo, porque tal derecho real de dominio se ubica entonces en cabeza del adquiriente, quien, correlativamente, en el entretanto, no fue más que un mero comprador o simple contratante” (cas. civ. de. 20 junio de 2000. Cfme: Sentencias Nos. 031 de 6 de mayo/98; 084 de 29 de septiembre/98; 020 de 9 de junio/99 y 029 de julio 29/99).

“Desde esta perspectiva, fácilmente se comprende que para acreditar la propiedad sea necesaria la prueba idónea del respectivo título, aparejada de la constancia —o certificación— de haberse materializado el correspondiente modo. No el uno o el otro, sino los dos, pues cada cual da fe de fenómenos jurídicos diferentes, lo que se hace más incontestable cuando ambos son solemnes, como acontece tratándose de inmuebles, dado que la prueba de haberse hecho la tradición no da cuenta del título, que necesariamente debe constar en escritura pública (inc. 2, art. 1857 C.C. y 12 Dec. 960/70), ni la exhibición de dicho instrumento público, sin registrar, puede acreditar aquel modo, que reclama la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (art. 756 C.C. y 2º Dec. 1250/70) (…)”(5).

Por lo mismo, cuando se trata de acreditar los antecedentes del derecho de dominio, se impone como necesario allegar los títulos contentivos de los negocios jurídicos respectivos y no solamente el certificado de tradición, porque como se observa en la explicación, éste es idóneo para demostrar las sucesivas tradiciones efectuadas, pero no la existencia de los negocios jurídicos allí referidos.

3.2. En esa línea, el error de derecho denunciado no se estructura, puesto que si el Tribunal ordenó de oficio allegar el título antecedente de la propiedad, para aunarlo al actual, resulta bien claro que el hecho no lo tuvo por demostrado con el certificado de tradición únicamente.

En efecto, expresamente señaló, a efectos de establecer la preeminencia investigada, que el “(…) folio de matrícula inmobiliaria (…) no es idóneo para probar (…)” el mejor derecho de la sociedad actora; en todo caso, que aunado a ello, “(…) como resultado de la prueba oficiosa decretada en esta instancia (…)”, se demostró la cadena ininterrumpida de títulos antes y después de la posesión de la demandada, quedando así esa situación material de hecho, también acreditada, debidamente contrarrestada.

4. En cuanto al decreto y práctica de pruebas de oficio, el yerro de derecho denunciado, en realidad no deviene autónomo, sino consecuencial, porque en los términos del cargo, la facultad del juzgador para allegar los negocios jurídicos antecedentes, procedía en la hipótesis de que la parte demandante efectivamente hubiere postulado el hecho, cosa que, en palabras de la propia recurrente, “(…) jamás se reclamó en el escrito demandatorio (…)”.

4.1. En la lógica del ataque, entonces, la violación de las normas probatorias al respecto denunciadas, implica como paso antecedente, la comisión de un error de hecho en la apreciación del libelo genitor, por cuanto si, para obrar en forma inquisitiva, la cadena interrumpida de títulos ha debido invocarse, hacer uso de esa facultad, sin postulación alguna de la sociedad pretensora, conlleva a concluir de manera obligada que esa circunstancia fue supuesta.

Interpretando con amplitud el marco conceptual de este segmento de la acusación, la censura tiene razón al sostener que no cualquier cuestión puede ser comprobable de oficio, pues de ser así, se sorprendería al otro extremo de la relación procesal, en desmedro de las garantías mínimas de defensa y contradicción. Por esto, al tenor de los artículos 37, numeral 4º y 179 del Código de Procedimiento Civil, los “(…) hechos alegados por las partes (…)” o “(…) relacionados con las alegaciones de las partes (…)”, son los únicos que, en línea de principio, ameritan, cuando el juez los considere útiles, su verificación oficiosa.

La recurrente, sin embargo, se equivoca en la constatación material de la mentada exigencia, porque como se aprecia en el contenido literal del libelo introductor, la sociedad actora, además de blandir su título de dominio, hizo alusión al requisito que en el cargo se echa de menos, al afirmar en el hecho segundo que el “Banco de Bogota y la Corporación Financiera Colombia S.A., a su vez adquirieron en común y proindiviso los inmuebles en referencia, por tradición que les hizo Fiduciaria del Comercio, Fidcomercio S.A., mediante escritura pública No. 3222 del 26 de agosto de 1998, corrida en la Notaría 40 del Círculo de Bogotá D. C.”.

Así que no resulta desacertada la conclusión probatoria del juzgador de segundo grado, según la cual en el proceso se encuentra “(…) demostrado que el título que aduce el demandante data del 26 de agosto de 1998, mientras que la posesión de la señora Pulido inició en septiembre de 1999, de tal manera que, en confrontación de esos supuestos, se desprende que Tecniavalúos demostró un mejor derecho frente a la demandada (…)”.

4.2. En consecuencia, ante la inexistencia del error de facto en la apreciación de la demanda, esto conduce a negar, en la actuación inquisitiva del Tribunal, la transgresión de una regla de eficacia demostrativa.

Si se interpreta, a partir de la aducción del hecho transcrito, cuya carga de acreditarlo le incumbía, por regla general, a quien lo expuso, que el yerro de derecho consistió en haberse suplido, sin más, la actividad probatoria de quien perseguía consecuencias favorables, se infiere que con ese propósito el ad quem no actuó inopinadamente.

Obsérvese cómo, primero constató la existencia en el informativo del “(…) folio de matrícula inmobiliaria (…)”, y luego dejó sentado que si bien dicho certificado no era “(…) idóneo para probar (…)”, per sé, el mejor derecho del demandante, sí constituía un “(…) indicio serio de los antecedentes dominicales del inmueble, circunstancias que justificaban ordenar su incorporación al contradictorio, como en efecto así se hizo, cuestión que las Cortes no han dudado en calificar como un auténtico deber del juzgador (...)”.

Como en ninguna parte del cargo se combate lo anterior, significa que la queja en el punto se muestra desenfocada, de suyo suficiente para que en este otro apartado, la acusación no sea de recibo. Desde luego, para que la protesta en ese específico tema fuera, desde el punto de vista formal, idónea en el recurso extraordinario, la recurrente debió enderezar su actividad no tanto a protestar por la inaplicación del principio de la carga de la prueba, sino a poner de presente el porqué, en el caso, las razones esgrimidas por el sentenciador para darle eficacia a la prueba documental, no permitían interactuar el sistema dispositivo con el poder deber oficioso probatorio, propio del paradigma inquisitivo.

4.3. Con todo, suficientemente es conocido, el sistema mixto que impera en el proceso civil en materia de pruebas, propuesto como de carácter híbrido, en cuanto se estructura con elementos dispositivos e inquisitivos, el cual no permite aplicar, sin más, ante la falta de pruebas, fríamente las consecuencias inherentes, porque de ser así ninguna explicación tendrían las facultades en esa precisa materia concedidas a los jueces por los artículos 37, numeral 4º y 179 del Código de Procedimiento Civil, entre otros.

Tales normativas, por el contrario, otorgan al juez el poder y el derecho de investigar todo lo que considere útil para formar su juicio, obvio, sobre verdades o realidades objetivas. Por esto, frente a la incertidumbre de un hecho, en cuanto las pruebas existentes no lo disipan, el funcionario judicial no rebasa sus facultades, cuando para superar la duda razonable actúa de manera oficiosa, porque en esos eventos, como tiene explicado esta Sala:

“(…) la ley, con algunas justificadas cortapisas, le otorga los poderes suficientes para utilizar, en procura de formar su conciencia y adquirir el grado de convicción necesario, otros instrumentos de verificación distintos o complementarios que surjan de las alegaciones formuladas, de la conexión interna entre las varias fases del proceso o de la lógica misma de la controversia jurídica planteada (…)”(6).

En efecto, el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 37, 179 y 180 le otorga poderes al fallador para decretar pruebas de oficio, en aras de obtener elementos de juicio idóneos y suficientes que le permitan escrutar la realidad y la veracidad de los hechos sometidos a su consideración. Este poder, más que una facultad, es un auténtico deber en cabeza del juez, tal y como lo ha puntualizado esta Corporación:

“La atribución que la ley le otorga al juez para decretar pruebas de oficio por el interés público del proceso, no constituye una facultad sino un deber establecido para garantizar la búsqueda de la verdad. Si en un proceso, después de la presentación de la demanda, sobreviene un hecho que de manera esencial altera o extingue la pretensión inicial y extemporáneamente se aporta la prueba de dicho hecho, el juez debe incorporarla de oficio al proceso, para evitar una decisión contraria a la realidad”(7).

Por tanto, la prueba de oficio como un deber – poder de instrucción del juez, no es una potestad arbitraria sino un medio para destruir la incertidumbre y procurar mayor grado de convicción, esto es, para aumentar el estándar probatorio(8), porque el juez valora que no existe suficiente prueba para obtener convicción, y por tanto acude a esta herramienta que le brinda el ordenamiento, no en forma antojadiza o arbitraria, sino como medio para acopiar evidencia suficiente y dar por establecida la verdad sobre los hechos, evitando la decisión inhibitoria o la prevalencia de la regla de inexcusabilidad para fallar (non liquet).

En nuestro derecho esta opción halla venero también en el art. 37 del C. de P. C., que otorga poderes oficiosos al juez como director del proceso y en materia probatoria para verificar los hechos alegados en pos de cumplir con los fines del Estado en el itinerario de la verdad procesal hacia la verdad real. Si halla insuficiencia demostrativa, decreta la prueba, al margen de que sea por el incumplimiento de las cargas que incumben a las partes o por su culpa o irresponsabilidad, como búsqueda de mayor idoneidad y eficacia probatoria para obtener la certeza y hacer que resplandezca la verdad e impere la justicia, de conformidad con las reglas 2 y 228 de la C. N. De ese modo, el decreto no debe entenderse como expresión inquisitiva o autoritaria sino como materialización del Estado constitucional. Con tal cometido aumenta el grado de convicción frente al suceso investigado y el grado de certeza, que desde la perspectiva de los estándares probatorios se conoce como probabilidad prevaleciente o preponderante, de suerte que permita fundamentar con mayor rigor y vigor la decisión.

En el caso, si para el Tribunal, la cuestión antecedente del derecho de dominio, además de invocarse el hecho en la demanda, se había demostrado a medias, pues únicamente en el informativo aparecían pruebas que la indicaban, como el certificado de tradición, la actuación guiada por esas circunstancias, respecto de las cuales no era dado cerrar los ojos, dirigida a complementar y a confirmar una verdad del proceso, con independencia de los efectos en relación con las partes, no puede calificarse de extralimitada. La conquista de la verdad también es un fin de la justicia.

Cuando el juez ordena oficiosamente incorporar una prueba, materializa el derecho fundamental a la prueba como exigencia de la investigación judicial y ejerce una potestad - deber, que no puede ser interpretada como parcialización, máxime, cuando con su decreto procura hallar la verdad, cometido trascendental de la justicia en el Estado constitucional

5.- El cargo, en consecuencia, tampoco se abre paso.

4. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 3 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por Tecniavalúos & Cía. Ltda. contra Gilma Pulido Artunduaga.

Las costas del recurso corren a cargo de la demandada recurrente. En la liquidación respectiva, inclúyase la suma de Seis millones de pesos ($6’000.000), por concepto de agencias en derecho, teniendo en cuenta que la demanda de casación fue replicada.

Cópiese, notifíquese y en su oportunidad devuélvase el expediente al Tribunal de origen»

1. Sentencia de revisión 135 de 2 de diciembre de 2002, expediente 0004-00.

2. Sentencia de 10 de octubre de 2006, expediente 26099, reiterando CCXLIII-51.

3. Sentencia 040 de 25 de abril de 2000, expediente 5212, reiterando LXXXVIII-504.

4. Sentencia 147 de 12 de agosto de 2002, citando doctrina anterior, reiterada en sentencia de 30 de julio de 2009, expediente 00085, entre otras.

5. Sentencia 234 de 16 de diciembre de 2004, expediente 7870.

6. Sentencia 205 de 29 de noviembre de 2004, expediente 7880, reiterando doctrina anterior.

7. CSJ. cas. civ. del 12 de septiembre de 1994, M.P. Pedro Lafont Pianetta.

8. Cuando se mencionan los “estándares probatorios” o los grados de convicción no se está haciendo una transpolación mecanicista propiamente tal de los modelos de probabilidad de la tradición jurídica del common law —ante todo, norteamericana—, cuyo sistema Law of evidence ha aumentado la reflexión sobre la prueba, a fin de procurar minimizar el error en el juzgamiento. Nuestra tradición jurídica, muy distintamente, ha utilizado como baremos para obtener convicción los sistemas de la íntima convicción, la tarifa probatoria, y actualmente el más extendido y asimilado por nuestros códigos, el de la sana crítica o persuasión racional, que se construye con apoyo en las reglas de la lógica, de la experiencia y de la ciencia; aun cuando, últimamente, los derechos argentino y colombiano, adoptan para algunos eventos la carga dinámica de la prueba. Nuestro sistema de la sana crítica se funda en la libertad de medios y en la valoración cualitativa, mientras que el sistema de la probabilidad prevaleciente o de los estándares de probabilidad pretende un margen cuantitativo en los grados de convicción preguntándose ¿Cuánta prueba necesito, o cuál umbral probatorio es el suficiente para dar por establecido un hecho en el juicio?
Se conocen como estándares de probabilidad los parámetros, los umbrales de suficiencia o las herramientas que utiliza el juez, para dar por establecidos los hechos objeto de prueba en procura de encontrar la verdad a fin de construir la decisión judicial, de tal modo que le permitan estimar si las evidencias o las pruebas recaudadas son suficientes para obtener convicción; y son los principales: 1. Certeza más allá de toda duda razonable (beyond a reasonable doubt) —que acogió el sistema acusatorio penal latinoamericano—; también están los estándares aplicables con énfasis en materia civil: 1. Preponderancia o prevalencia de evidencia (PDE) (preponderance of evidence, o, preponderance of probability), y, 2. El de la prueba clara y convincente o clear and convincing evidence que pretende un mayor umbral de evidencia mucho más posible, procurando obtener medios de convicción claros y evidentes. Coloma, Eduardo. Estándares de prueba y juicios por violaciones a los derechos humanos, en Revista de Derecho no. XII, no 2, 2009, Universidad Austral, pp. 205-229; Taruffo, Michele. Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos,Traducc. de Daniela Accatino. , Madrid-Barcelona-Buenos Aires: Marcial Pons, 2010, 299 pp.; Bierschbach, Richard y Stein, Alex. Deterrence, retributivism, and the law of evidence, Virginia Law Review, vol. 93, 2007, pp. 173-182; STEIN, Alex. Foundations of Evidence Law Oxford University Press, Reimpresión 2008, 248 pp.; Clermont, Kevin Y Sherwin, Emil. "A Comparative View of Standards of Proof", American Journal of Comparative Law, vol. 50. 2002, pp. 243-275.
Algunos jueces han introducido en materia de valoración probatoria, algunos de los estándares señalados, porque según ellos, ante la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos el juez puede dar por establecida la relación causal con fundamento en el cálculo de probabilidades que estudia y trata la ciencia matemática. Precisamente, en sentencia del 10 de julio de 2004, la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado colombiano, expresó: “(…) en algunos eventos no se requerirá que la prueba aportada por el demandante genere certeza sobre la existencia de la relación causal, pues en consideración a la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos en ella involucrados, el juez puede darla por establecida con la probabilidad preponderante de su existencia”. Sin embargo, este principio, halla asiento en las reglas de la valoración de la prueba de acuerdo a la sana crítica que manda tener en cuenta las reglas de la lógica, de la epistemología, de las ciencias, del sentido común o de la experiencia.