Sentencia SC9680-2015 de julio 24 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.:11001-31-03-027-2004-00469-01

SC9680-2015

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Armando Tolosa Villabona

(Aprobado en Sala de mar. 3/2015)

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «4. Consideraciones.

4.1. Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constatación material de los medios de convicción en el expediente o con la fijación de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, “(…) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento (...)”(1).

De ahí, tratándose de yerros distintos a la suposición de pruebas, para establecerlos, es improcedente, a partir de aceptar los medios de convicción obrantes en el informativo, tal como se revelan, anteponer el criterio de la censura a la del tribunal, porque en ese caso, la divergencia estaría en el raciocinio, propio de las instancias y no del recurso de casación, cuyo objeto es la presunción de legalidad y acierto que ampara la sentencia atacada, frente a causales específicas y en las precisas hipótesis normativas.

4.2. Se recaba lo anterior, a propósito de los errores denunciados alrededor de la reconocida falta de legitimación en causa del demandado Milton Reyes Reyes.

4.2.1. Si el juzgador no tuvo por demostrada la cesión de la promesa de compraventa con el acta de conciliación, ni con lo ocurrido a su alrededor, tampoco con la autorización exhibida, en general, “(…) habida cuenta que no se trata de documentos idóneos para probar [su] existencia (…)”, esto descarta por completo la preterición absoluta de pruebas, porque para hablar de la conducencia de los distintos elementos de juicio, necesariamente debe partirse de constatar su existencia material en la foliatura y de fijar en forma correcta su contenido objetivo.

De ser equivocada la conclusión, por lo tanto, se trataría de un error de derecho, de contemplación jurídica de las pruebas, el cual acaece, al decir de la Corte, entre otros eventos, cuando para acreditar determinado hecho o acto, al medio “(…) se le niega el mérito probatorio a pesar de la ley otorgarle esa virtud (…)”, o se “(…) exige (…) una prueba que la ley no requiere para ese efecto (…)”(2).

En orden a desvirtuar la conclusión dicha, entonces, no bastaba, como se hizo, alegar que en el dossier se había demostrado la calidad de cesionario de Milton Reyes Reyes, derivada de concurrir a la conciliación, de exhibir copia de la promesa y de la autorización, y de confesar que recibió el inmueble del promitente comprador, en fin, porque el tribunal fue más allá. La crítica, consiguientemente, debió dirigirse a mostrar cómo esos medios sí eran idóneos para acreditar el hecho o acto investigado.

En el cargo, es cierto, se afirma que la cesión, “(…) frente al deudor, no está sometido a formalidad especial alguna (…)”. Empero, la referencia es netamente marginal, por cuanto si ese en realidad constituye, en el ámbito de las pruebas, el problema jurídico a elucidar, en ninguna parte se citan las normas medio violadas, ni se explican las razones por las cuales, en contra del juzgador de segundo grado, esa precisa materia la gobernaba el principio general de libertad probatoria, cual lo exige el artículo 374, in fine, del Código de Procedimiento Civil.

4.2.2. Con todo, si el demandante extiende las pretensiones también contra Milton Reyes Reyes, esto equivale a tenerlo en la posición contractual del original prometiente comprador José Palmerston Favencio Calvo Guillén, tanto en los derechos como en las obligaciones.

4.2.2.1. Frente a las inmediatas relaciones entre cesión de créditos y de contratos, es necesario entender que a pesar de las similitudes entre las dos figuras, se trata de instituciones diferentes; tampoco puede entenderse como un subcontrato, porque en este se procura ejecutar un contrato principal por intermedio de un tercero, el subcontratista.

Por la cesión de contratos bilaterales o de prestaciones periódicas cualquiera de las partes en él involucradas por vía de un negocio jurídico puede ceder su posición contractual en forma íntegra siempre y cuando el contrato no se haya cumplido enteramente, transfiriendo sus relaciones tanto activas como pasivas en frente del otro contratante cedido. Desde luego, no es cesión autónoma de créditos porque esta institución transfiere exclusivamente un crédito, esto es el aspecto activo de la relación obligatoria como derecho a exigir el cumplimiento de la prestación o de la acreencia por parte del deudor; tampoco es asunción de deudas, porque aquí se transmiten pasivos, se cede una deuda con acuerdo del acreedor cedido. La cesión contractual es la sustitución o transmisión de parte o todo de las relaciones contractuales, tanto en su aspecto activo como en el pasivo, derivadas de un contrato.

De ahí, la cesión contractual tiene por efecto “(…) el subingreso, por un solo acto de un nuevo sujeto en la posición jurídica activa y pasiva de uno de los originales contratantes, sin necesidad de acudir a dos actos separados de cesión en la parte activa y de asunción en la posición pasiva. Como opera una sucesión total en la relación jurídica, la cesión de contrato es un medio técnico de circulación más progresiva que la cesión de crédito y la asunción de deuda”(3).

Se trata, en consecuencia, de la transmisión a favor de un tercero, el cesionario contractual “(…) de toda la posición contractual de uno de los contratantes originarios (cedente), como complejo de derechos y obligaciones interdependientes que existían en cabeza del contratante (…)”(4). Y no simplemente de la transmisión de un bien, sino de la condición de contratante de una las partes a un tercero, como función económico social, en un contrato bilateral.

4.2.2.2. En materia civil, la cesión contractual, en línea general, se encuentra desprovista de regulación positiva, pues únicamente se alude a los “créditos personales”, esto es, al cambio del acreedor (C.C., art. 1959), y no a las obligaciones correlativas, vale decir, a la sustitución del deudor. Esto, desde luego, no significa, en virtud del principio general de negociación, su inviabilidad, siempre y cuando en el reemplazo del solvens medie el consentimiento del accipiens.

En palabras de la Sala, los “(…) contratos bilaterales en que las partes contraen mutuamente obligaciones y prestaciones, no pueden cederse por ninguna de ellas, salvo que el contratante cedente esté autorizado por pacto expreso de hacerla o que habiéndose solicitado el consentimiento del otro contratante (…) lo hubiera consentido (…). En la cesión de derechos y obligaciones procedentes de un pacto bilateral, habría no solo una cesión de derechos sino una sustitución del deudor (Fernando Vélez, Tomo 7, p. 336)”(5).

Como en otra ocasión se señaló, las “(…) obligaciones, y especialmente las que se contraen intuitu personae, no pueden cederse sin el consentimiento de la parte en cuyo favor se contrajeron. Es la falta de consentimiento de esta parte lo que hace ineficaz la cesión (…)”(6).

Por esto, al decir de la Corte, la “(…) cesión del contrato es una forma de sustitución contractual atípica en los convenios civiles que presupone el traspaso que, con el consentimiento del otro —a menos, claro está, que exista disposición legal en contrario—, un contratante hace a un tercero que pasa a ocupar en el contrato la misma situación jurídica del cedente, de los derechos y obligaciones emanados de un contrato bilateral (…)”(7).

La razón de ser de lo anterior estriba en que es distinto sustituir a un acreedor que a un deudor. Respecto del primero, la posición del obligado no sufriría afectación, pues al fin de cuentas, su prestación tendría que solucionarla sin importar el nombre del titular. Con relación al segundo, la cuestión sería trascendente, en cuanto, muy seguramente, la persona del solvens, su capacidad económica, reputación, en fin, se habrían erigido en factores de confianza y de garantía al momento de otorgarse el crédito, por lo tanto, como esas condiciones bien pueden no concurrir en el deudor reemplazante, es natural entender que el consentimiento del accipiens se hace necesario.

4.2.2.3. El Código de Comercio, en cambio, sí posibilita la sustitución parcial o total de los contratos de ejecución periódica o sucesiva, o de cumplimiento instantáneo inejecutados, salvo que la ley o las partes lo limiten o lo prohíban, sin necesidad de la aceptación expresa del contratante cedido, a no ser que se trate de una convención celebrada intuitu personae (art. 887).

El consentimiento dicho, sin embargo, no es un requisito de validez de la cesión entre el cedente y el cesionario, pero sí para medir sus consecuencias (C.Co., art. 894). Como tiene explicado la Corte, “una cosa es la aceptación como condición de validez (…), y otra el rol que ella juega para determinar los efectos de la cesión, pues mientras que estos se producen entre el cedente y el cesionario desde cuando el acto se celebra, tratándose del contratante cedido y de terceros, estos solo se producen ‘desde la notificación o aceptación’”(8).

4.2.2.4. En suma, relativo a la cesión de un contrato de ejecución periódica o sucesiva, ya civil, sin prohibición legal para efectuarla, ora comercial, con regulación positiva, en cuanto hace a las obligaciones correlativas, la salida del contratante cedente se ejecuta sin necesidad de aceptación expresa del extremo cedido, salvo prohibición convencional (C.Co., art. 887).

En el punto, claro está, el cambio de posición contractual difiere sustancialmente de la cesión de una obligación —propiamente denominada, asunción de deuda—, porque en este caso, como antelarmente se advirtió, la salida del deudor cedente se supedita, so pena de inoponibilidad, a la voluntad del acreedor cedido, como mecanismo legal de protección de sus intereses. Como institución autónoma, halla antecedentes conceptuales de los parágrafos 414 a 418 del BGB(9).

Si bien la declaración de voluntad en cuestión, conlleva liberar al primitivo deudor, la cesión del contrato constituye una figura autónoma, distinta de la novación subjetiva, inclusive de la delegación y de la asunción de deuda (C.C., art. 1694). En términos generales, la diferencia estriba, porque estos últimos mecanismos, por sí, implican el pago de la obligación contraída, de ahí que, una vez efectuado, nada habría que transferir; mientras la cesión comporta el tránsito de la prestación de una persona a otra, sin extinguirse.

4.2.3. Las directrices expuestas son aplicables a la cesión de la promesa de compraventa, pues fuera de no encontrar limitación alguna, responde al principio de libertad negocial. En palabras de la Corte:

(…) si el derecho que para cada una de las partes emana de la promesa bilateral de contrato no ejercitada es el de que la otra celebre con la primera el negocio ofrecido, resulta que ese derecho no se concibe desligado del deber correlativo de esta a concurrir por su parte a esa contratación. Es decir que el derecho de cada uno de los mutuos prometientes no es un crédito simple o autónomo, sino un “derecho u obligación”; cuyo sujeto activo lo es al mismo tiempo pasivo en el extremo que le corresponde, de la relación jurídica que la promesa constituye.

Por lo tanto, la cesión a tercera persona de un derecho de esta especie, arrastraría consigo la obligación que lo apareja, esto es que implicaría la sustitución del cedente por el cesionario en la órbita del contrato, o más concretamente la transferencia de este, fenómenos jurídicos no reglados por nuestra ley civil, pero que, sin embargo, por no estar vedados, ni ser contrarios al orden público, ante el principio de la libertad de las convenciones han de considerarse en general como viables, bajo una condición sine qua non, a saber: que la cesión de deuda o de contrato por una de las partes a un tercero, tenga la aceptación ya previa, ya coetánea o posterior de la otra parte(10).

Lo anterior, claro está, sin perder de vista el carácter transitorio del negocio preparatorio, porque así este, en línea de principio, genere obligaciones de hacer, las de dar, anejas al negocio jurídico involucrado, es dable precipitarlas. Acontece, por ejemplo, en sentir de esta corporación, cuando los “(…) contratantes se obligaron a ejecutar, anticipadamente algunas de las prestaciones propias del contrato de compraventa prometido, como la entrega del inmueble objeto del mismo y el pago del precio (…)”(11).

4.2.4. En consecuencia, al ser viable la cesión de la promesa de compraventa, la pregunta obligada es la manera de perfeccionarla. Si es de naturaleza mercantil, como según jurisprudencia de esta corporación, el precontrato no siempre debe aparecer documentado(12), el artículo 888 del Código de Comercio, establece que la “(…) sustitución podrá hacerse por escrito o verbalmente, según que el contrato conste o no por escrito”.

En cambio, en asuntos civiles, la cesión corresponde ajustarse, por vía de principio general, a la solemnidad del documento, porque si el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, impone la formalidad del escrito para la existencia y validez de la promesa de contrato, es claro que como las cosas se deshacen de la misma manera como se hacen, la sustitución de uno de sus extremos, precisamente, en cuanto atañe al precontrato en sí mismo considerado, demanda observar igual procedimiento.

4.2.5. Frente a lo expuesto, si en el proceso, según la censura, existen pruebas “(…) indiciarias (…)” demostrativas del contrato de cesión, derivadas de actuaciones y conductas observadas por Milton Reyes Reyes, verbi gratia, concurrir a la conciliación prejudicial con copia de la promesa y de la autorización, inclusive confesar que recibió el apartamento y el garaje de manos de José Palmerston Calvo Guillén, el tribunal, desde la perspectiva del error de hecho, no pudo equivocarse, porque así todo ello sea cierto, dicho medio de convicción es inconducente para acreditarlo.

Por lo demás, el escrito de 24 de diciembre de 1997, stricto sensu, no es prueba del contrato de cesión, pues allí el prometiente comprador, José Palmerston Calvo Guillén, solo autoriza transferir a Milton Reyes Reyes el dominio de los bienes, cual lo expresa, al haberle “(…) cedido todos los derechos relacionados (…)”. Como se aprecia, el documento anuncia el hecho o acto antecedente, la supuesta cesión, y no la cesión contractual en si misma considerada.

De otra parte, resulta contraevidente sostener que Milton Reyes Reyes, al contestar el libelo, aceptó la existencia de la cesión. Si bien el pretensor afirmó la concurrencia de aquel a la conciliación prejudicial “(…) en calidad de cesionario (…)”, se observa, únicamente admitió la “(…) asistencia (…)” y no lo demás, al echar de menos la respectiva “(…) prueba (…)”. Y esto lo recabó al formular las excepciones de ausencia de legitimación en la causa y de falta de acreditación de la supuesta cesión, entre otras.

Si bien Milton Reyes Reyes, en el interrogatorio, aceptó ostentar los inmuebles y entregarlos en arrendamiento, señaló, según respuesta a la pregunta once, fue por haberlo “(…) adquirido a través de una promesa de compraventa con el señor José Favencio Calvo Guillén (…)”. Por lo mismo, negó enfáticamente la calidad de cesionario.

4.3. Relativo a la resolución de la promesa de compraventa, el sentenciador de segundo grado, como se recuerda, negó su prosperidad, por no haber acreditado el actor que concurrió a la notaría en la fecha preestablecida a otorgar la escritura pública, sin que ese compromiso “(…) estuviere supeditado a una obligación previa del prometiente comprador, aquí demandado (…)”.

Lo anterior, dijo, hacía irrelevante verificar si este último “incumplió su obligación de cubrir las cuotas del crédito hipotecario (…) o llevar a cabo la subrogación ante Davivienda (…)”.

4.3.1. Según el artículo 1546 del Código Civil, para el éxito de la demanda dirigida a obtener la resolución o el cumplimiento de un contrato bilateral válido, en ambos casos con indemnización de perjuicios, se exige que el demandante haya cumplido o se haya allanado a cumplir en la forma y tiempo debidos las obligaciones a su cargo.

El “(…) incumplimiento o renuencia a cumplir de una de las partes y el cumplimiento o disposición a cumplir de la otra, otorga al contratante cumplido o presto al cumplimiento, la acción alternativa para exigir su cumplimiento o su resolución con indemnización de perjuicios (…)”(13).

Por esto, tratándose de obligaciones sucesivas, primero las de un contratante y luego las del otro, el pretensor incumplidor primero en el tiempo, carece de derecho para solicitar la resolución o la ejecución del contrato, así su contradictor también sea reo de incumplimiento posterior, por cuanto si la vida de las prestaciones subsiguientes se supedita al cumplimiento de las anteriores, nadie está obligado a cumplir a quien previamente ha desatendido lo suyo.

Como se tiene dicho, en punto de cargas recíprocas sucesivas, el “(…) contratante que no vio satisfecha la previa obligación solo puede pretender el cumplimiento del contrato si cumplió o se allanó a cumplir. Si no ha cumplido ni se ha allanado a hacerlo, puede pretender la resolución con fundamento en el artículo 1609, es decir, por el incumplimiento de las obligaciones antecedentes del otro contratante”(14).

4.3.2. En el caso, conforme lo estipulado en la cláusula octava de la promesa de compraventa, suscrita el 26 de julio de 1995, inclusive con la modificación introducida el 18 de noviembre de 1999, el pago del saldo del precio pactado debía verificarlo el prometiente comprador, señor José Palmerston Favencio Calvo Guillén, “(…) a partir de la firma del presente documento (…)”, mediante la amortización de las cuotas de un crédito hipotecario otorgado por Davivienda.

Según la cláusula décima primera del documento suscrito el 18 de noviembre de 1999, la “(…) firma de la escritura pública que solemnice el presente documento será el día lunes diez y siete (17) de enero del año dos mil (2000), a las 3:00 p.m. en la Notaría Trece (13) del Círculo de Bogotá, o antes de esa fecha si las partes así lo acuerdan (…)”.

Y en coherencia con el fallo impugnado, el convocado, prometiente comprador, dijo el sentenciador, antes de esta última data, no estaba compelido a cumplir ninguna obligación a su cargo.

Contrastado lo anterior, surge palmar, el tribunal incurrió en el error de hecho imputado, en los términos de la censura, al apreciar el “(…) contrato de promesa aportada con la demanda como prueba (tanto el inicial como el que lo reformó (…)”, porque como el mismo recurrente lo expresa, previo a la firma de la escritura pública, el “(…) demandado debía cumplir sus obligaciones de pagar las cuotas mensuales de amortización del crédito hipotecario a partir de la firma de la promesa, noviembre 18 de 1999 (…)”.

4.3.4. El error de hecho manifiesto, sin embargo, resulta intrascendente, puesto que no habría donde proyectarlo.

La incidencia habría tenido lugar si la promesa de compraventa mantuviera vigencia, pero este requisito se echa de menos, por cuanto de todas formas fue aniquilada en ambas instancias con base en el mutuo disenso tácito, planteado de manera subsidiaria. En posición del tribunal, el juzgado accedió a esa pretensión “(…) por encontrar probados (…) sus presupuestos, determinación que no fue objeto de censura por parte del recurrente y que para la Sala se aviene ajustada a la normatividad y a los lineamientos jurisprudenciales que regulan la materia”.

Si la decisión era equivocada, el censor debió aplicarse a mostrar, por el cauce respectivo, de un lado, que al recabarse en el incumplimiento imputado al demandado, el punto, así fuere aparentemente favorable, pues conllevó negar el pago de perjuicios, quedaba involucrado en la apelación, razón por la cual su revocatoria se imponía, o lo que fuere; y de otro, que el pago de las cuotas del crédito hipotecario por el demandante, prometiente vendedor, no equivalía, cual lo concluyó el a quo, con el aval del superior, a una conducta implícita de distracto contractual.

Como en casación se abandonó el tema, significa, ante todo, la confirmación de la presunción de legalidad y acierto que abriga esas conclusiones; y segundo, si la promesa de compraventa fue extinguida, bien o mal, por el consentimiento tácito de las partes, repulsa a la lógica declarar incumplido lo inexistente.

En ninguna parte del cargo, desde luego, se afirma, o siquiera se insinúa, que el error de hecho en la apreciación del precontrato, igualmente condujo al tribunal a declarar equivocadamente el mutuo disenso.

Por el contrario, ante el eventual éxito de la casación pretende “[s]e acceda a lo pedido en la pretensión primera principal, en el sentido de declarar resuelta la promesa de compraventa por incumplimiento del prometiente comprador y se hagan las declaraciones y condenas consecuenciales de que trata la pretensión segunda principal (….)”.

No se pierda de vista, el mutuo disenso tácito fue pedido en la súplica “segunda subsidiaria” y el recurrente, como colofón del recurso de apelación, deja incólume la decisión así adoptada, pues únicamente solicita, en lo pertinente, se revoque el punto que desestimó la pretensión principal, la resolución por incumplimiento, y sus secuelas. Desde luego, si el tribunal negó prosperidad a este punto de la impugnación, ninguna modificación consecuente tenía que hacer, en los términos del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. La decisión sobre el mutuo disenso, por lo tanto, arribó en firme ante la Corte.

4.3.3. Ahora, en la hipótesis de aparecer demostrado, con los comprobantes de pago o consignación y con la certificación expedida por Davivienda, el incumplimiento del demandado, prometiente comprador, de cubrir las cuotas mencionadas, desde el 18 de noviembre de 1999, hasta la fecha señalada para perfeccionar el contrato de compraventa, lo cual debía ocurrir el 17 de enero de 2000, y las subsiguientes, pues las mismas fueron sufragadas por su contradictor, el ataque en el punto igualmente se torna intrascendente, por las mismas razones antes indicadas.

Con todo, los errores en el punto son inexistentes, porque como se recuerda, el tribunal confirmó la desestimación de la pretensión principal de resolución de la promesa de compraventa, por razones distintas a la falta de prueba del incumplimiento antecedente del demandado. Y si para ese efecto, frente a la conclusión fáctica acerca de la desatención recíproca y simultánea de las partes, por lo demás errada, cual se constató, consideró “(…) irrelevante (…)” adentrarse en esa investigación, resulta contrario alegar que el juzgador omitió, “(…) en términos absolutos (…)”, valorar los anotados documentos.

4.4. Finalmente, relativo a la negativa de condenar frutos generados por los inmuebles objeto de restitución, se observa, el error atribuido al juzgador no es por la falta de constatación material en el proceso de un contrato de arrendamiento del apartamento materia de negociación, menos respecto de la fijación de su contenido objetivo.

Según la censura, el tribunal “(…) desestimó el contrato de arrendamiento sobre el inmueble objeto de negociación (…)”, al creer erradamente que fue “(…) celebrado y aportado por el demandante, cuando el mismo fue aportado por el demandado, al cual adhirió la actora en cuanto a su valor probatorio (…)”; y al “(…) estimar que el actor hizo su propia prueba (…)”.

El sentenciador, es cierto, aludió a esto último, y respecto de lo demás señaló, si bien en el proceso obraba “(…) copia de un contrato de arrendamiento de los inmuebles prometidos en venta (…), el mismo, per se, no acredita el monto de los frutos percibidos por el accionado José Palmerston Favencio Calvo Guillén (…)”.

Frente a ese contraste, surge diáfano, los errores de hecho denunciados alrededor del tema, son inexistentes, puesto que como se observa, no se refieren a ninguna de las hipótesis en que suelen ocurrir. Si lo anterior fuera poco, se enarbolaron sobre bases inexistentes.

En efecto, la eficacia probatoria del contrato de arrendamiento fue negada no por haber sido aportado por el demandante, sino porque al margen de la persona que lo aportó, “(…) el mismo, per se, no acredita el monto de los frutos percibidos (…)”, lo cual es totalmente distinto.

Y cuando se habló del principio según el cual nadie puede crearse su propia prueba, de acuerdo con el texto de la jurisprudencia transcrita, se habla es de las afirmaciones de la parte y no de un contrato. Primero, cuando se indica que “(…) una decisión no puede fundarse exclusivamente en lo que una de las partes afirma a tono con sus aspiraciones (…); y segundo, al decirse que (…) [q]uien afirma un hecho en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo”.

4.5. El cargo, en consecuencia, desde todas sus aristas, no se abre paso, lo cual conlleva a condenar al recurrente a pagar las costas causadas. En la fijación de las agencias en derecho se tendrá en cuenta que la demanda de casación no fue replicada por el extremo pasivo.

5. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 31 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, en el proceso ordinario promovido por Edgar Manrique Méndez contra José Palmerston Favencio Calvo Guillén y Milton Reyes Reyes.

Las costas en casación corren a cargo del demandante recurrente. En la liquidación respectiva, inclúyase la suma de tres millones de pesos ($3.000.000), por concepto de agencias en derecho.

Cópiese, notifíquese y cumplido lo anterior, devuélvase el expediente a la oficina de origen».

1 CSJ, Civil, Sentencia 34 de 10 de agosto de 1999, expediente 4979; reiterada en fallos de 10 de agosto de 2010, expediente 4260, y de 7 de junio de 2013, expediente 00089.

2 CSJ, Civil, sentencia de 17 de mayo de 2011, expediente 00345, reiterando el fallo 034 de 10 de agosto de 1999, expediente 4979.

3 Betti, Emilio. Teoría general de las obligaciones. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado. 1970. p. 224-225. Tomo II.

4 Ibídem, p. 225.

5 CSJ, Civil, sentencia de 29 de mayo de 1942, LIV-114.

6 CSJ, Sala de Negocios Generales, sentencia de 15 de junio de 1943, LV-718.

7 Providencia de 22 de mayo de 1995, CCXXXIV-916, primer semestre.

8 CSJ, Civil, Sentencia 63 de 4 de abril de 2001, expediente 5628.

9 Código Civil Alemán. Traducción dirigida por Albert Lamarca Marqués. Madrid: Marcial Pons; 2008, p. 120.

10 CSJ, Civil, sentencia de 28 de julio de 1960 (XCIII-123).

11 CSJ, Civil, Sentencia 95 de 6 de julio de 2000, expediente 5020.

12 CSJ, Civil. Vid. Sentencias 14 de julio de 1998, expediente 4724, y de 12 de septiembre de 2000, expediente 5397.

13 CSJ, Civil, sentencia de 31 de mayo de 2010, expediente 05178.

14 Sentencia 153 de 4 de septiembre de 2000, expediente 5420, reiterada en fallo de 8 de abril de 2014, expediente 00138.