Sentencia SC9706-2016 de julio 18 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SC9706-2016

Radicación: 68001-31-10-004-2005-00493-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

(Aprobada en sesión de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil dieciséis.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por los opositores frente a la sentencia de 18 de septiembre de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso de filiación extramatrimonial y petición de herencia de Gilberto Naranjo Jaimes, cuyos sucesores procesales son María del Carmen Bastilla, Claudia Patricia y Sonia Stella Naranjo Bastilla, contra María Omaira Cala Cala, María Cristina, Clara Inés, Beatriz y Eduardo Naranjo Cala, en calidad de cónyuge supérstite y herederos determinados de Abraham Naranjo Argüello.

I. El litigio

1. Gilberto Naranjo Jaimes pidió que se le declarara hijo, con vocación hereditaria, del difunto Abraham Naranjo Argüello. Igualmente que la esposa que lo sobrevivió y los hijos comunes de ellos deben reconocerle la décima parte de los bienes pertenecientes a la sucesión, con sus frutos naturales y civiles desde la muerte del causante (fl. 3, cdno. 1).

2. Sustentó sus reclamos en los hechos que a continuación se resumen (fls. 26 al 30, cdno. 1):

a) Abraham Naranjo Argüello falleció el 25 de enero de 2004 en Bucaramanga.

b) El difunto estuvo casado con María Omaira Cala Cala (mayo 23/59), con quien procreó a María Cristina, Claudia Inés, Beatriz y Eduardo Naranjo Cala.

c) Gilberto Naranjo nació el 12 de febrero de 1956 en Socorro, momento desde el cual Abraham lo reconoció como hijo suyo, tratándolo públicamente de esa manera hasta su deceso, costeándole los gastos personales y de estudio. Incluso establecieron juntos una compañía de venta de leche.

d) Como el progenitor no suscribió el registro civil, sus hermanos le desconocen sus derechos.

3. Todos los demandados, luego de su notificación, se opusieron (fls. 31, 32 y 41 al 43, cdno. 1).

Adicionalmente, Omaira Cala, María Cristina, Claudia Inés y Beatriz Naranjo Cala, plantearon la excepción previa de «caducidad» que desestimó el a quo, sin que ellas impugnaran (fls. 1 al 15, cdno. 3).

4. Gilberto Naranjo Jaimes murió estando en curso el litigio (dic. 29/2006), por lo que continuó con su esposa María del Carmen Bastilla Mendoza y las hijas de ambos, Claudia Patricia y Sonia Stella Naranjo Bastilla, en calidad de sucesoras procesales del accionante (fls. 48 al 55, cdno. 1).

5. La sentencia del Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga tuvo como infundada la objeción por error grave al dictamen genético de ADN, declaró la paternidad pretendida, reconoció el derecho de herencia «en la misma proporción que los demás hijos del causante» e impartió las instrucciones para corregir el registro civil de nacimiento del promotor (fls. 158 al 169, cdno. 1).

6. El superior confirmó lo resuelto, al desatar la alzada de los contradictores (fls. 64 al 75, cdno. 7).

II. Fundamentos del fallo impugnado

1. La nulidad por falta de competencia del juzgador de primer grado, en virtud del vencimiento del plazo que señala el artículo 121 del Código General del Proceso, no se configuró porque la norma es aplicable en un sistema de oralidad que está pendiente de implementarse en el Distrito de Bucaramanga.

Además, varias «vicisitudes», constitutivas de caso fortuito, impidieron «cumplir humanamente dentro del término» que fija la norma, como fueron la interposición de recursos, un cese de actividades, las vacaciones colectivas y la práctica del examen de ADN.

A pesar de que los apelantes aducen que el «proceso fue prorrogado en dos oportunidades», solo fue una, «en providencia del 26 de julio de 2012, habiéndose expedido la Ley 1564 de 2012». Ya «al resolver el incidente de nulidad, dadas las eventualidades surgidas en el trámite del proceso, indicó la fecha probable que tenía para dictar sentencia de mérito, sin que en parte alguna hubiera prorrogado la competencia nuevamente».

2. La prueba de ADN, por su naturaleza científica, es inobjetable y como se hizo con las muestras tomadas de la exhumación del cadáver de Gilberto Naranjo Jaimes, no era necesario que se contara con la participación de la madre de éste, Carmen Jaimes. Si se hizo el examen a todos los opositores fue por la incineración de Abraham Naranjo y valga anotar que el resultado arrojado fue del 99.999% de probabilidad de paternidad, lo que imponía su declaratoria.

3. Obra un pronunciamiento en firme sobre la caducidad desde que se desechó la excepción previa en ese sentido, lo que no fue objeto de reparo por los recurrentes, «configurándose el principio de preclusión procesal e impidiendo que se someta a consideración» nuevamente.

De todas maneras, al estudiar esa figura extintiva tampoco procede porque «si bien el causante falleció el 25 de enero de 2004 y la notificación a los accionados debía cumplirse dentro de dos años siguientes, lo cierto es que la demanda se presentó el 6 de julio de 2005, interrumpiéndose el término conforme a las previsiones del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil». Como el enteramiento de Eduardo Naranjo Cala (abr. 21/2006) fue antes del año, cuando se notificaron las demás convocadas (feb. 8/2007) aún no estaba precluida la oportunidad.

III. La demanda de casación

De los tres ataques formulados se inadmitió el tercero en AC6995-2014, dándosele curso a los dos iniciales por vicios de procedimiento, que se despacharan en el orden propuesto, empezando por el que alega un motivo de invalidez, para culminar con el de incongruencia del fallo.

Primer cargo

Con base en la causal quinta del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, esgrimen que «la sentencia acusada [fue] dictada por funcionario que carece de competencia».

Radica el descontento en que:

1. El a quo, en auto de 26 de julio de 2012, prorrogó su competencia para conocer del pleito hasta el 12 de enero de 2013.

2. Al pedir la nulidad de lo actuado luego de esa fecha, en el proveído que la negó (abr. 16/2013), dispuso una nueva ampliación hasta el 17 de mayo.

3. En los alegatos que allegó el 20 siguiente se «llamó la atención al despacho porque había perdido competencia» y al proferirse el fallo el 21 ya no lo podía hacer.

4. Con ese proceder contravino los artículos 121 y 627 numeral 2º de la Ley 1564 de 2012, sobre la duración del proceso y la extensión del término a criterio del juez, siendo que la sanción por su desconocimiento es la «nulidad» de la actuación posterior a la pérdida de «competencia para emitir la respectiva providencia».

Consideraciones

1. Gilberto Naranjo Jaimes buscó establecer su filiación paterna con Abraham Naranjo Argüello, con las consecuencias económicas que lo benefician, derivadas del fallecimiento de éste.

2. El Tribunal confirmó el fallo que accedió a las pretensiones del promotor, al no observar irregularidades en la tramitación que lo impidieran.

3. Los impugnantes discuten que como la primera instancia culminó por fuera del tiempo que había fijado el mismo despacho en auto, tal irregularidad afecta todo lo adelantado luego del vencimiento, por expresa disposición de la ley.

4. La causal quinta del artículo 368 numeral 5º Código de Procedimiento Civil, se configura de incurrir el juzgador «en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado».

Por eso no basta con que la formulación encaje en alguna de las situaciones allí previstas, pues, su éxito lo condiciona que la denuncia la haga quien esté legitimado; que la irregularidad sea relevante e insuperable y que, de ser saneable, eso no ocurrió por inactividad o asentimiento.

Al respecto la Corte en SC15746-2014 señaló que

[l]a ley procesal habilita en el numeral 5º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, como razón de censura por esta vía extraordinaria, la incursión en una de las causales de nulidad a que se refiere el artículo 140 ibídem, siempre y cuando quien la alegue cuente con legitimación y el vicio aducido no haya sido saneado (…) Su formulación está condicionada por los principios de taxatividad, convalidación y trascendencia, en la medida que no cualquier irregularidad es susceptible de alterar la actuación. Sólo aquella anormalidad que genera un grave traumatismo para el pleito, por su relevancia, expresa consagración legal y falta de regularización, justifica que se reconsidere lo que ya se encuentra finiquitado (…) La Sala, en sentencia de 5 de diciembre de 2008, expediente 1999-02197-01, reiterada el 20 de agosto de 2013, expediente 2003-0071601, recordó que (..) la procedencia de la causal 5ª de casación, por haberse incurrido en alguno de los vicios invalidantes consagrados en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, supone las siguientes condiciones: “a) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que además de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades estén contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido artículo 140; y por último, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades así en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o tácito de la persona legitimada para hacerlas valer”. (Sent. abr. 22/93. n.p. que sintetizó lo dicho en las publicadas en G. J. Tomos XLI bis pág.132, CXXXVI, pág. 143 y CLII, pág. 219).

5. Tiene trascendencia en la resolución a tomar:

a) Que se inició acción de filiación de Gilberto Naranjo Jaimes contra los herederos determinados y la cónyuge supérstite de Abraham Naranjo Agüello, ante el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga (fls. 16 y 17, cdno. 1).

b) Que el 8 de febrero de 2007 se notificó el auto admisorio al último de los demandados (fl. 37, cdno. 1).

c) Que el artículo 9º de la Ley 1395 de 12 de julio de 2010, adicionó un parágrafo al 124 del Código de Procedimiento Civil, fijando un plazo máximo de un año para fallar los pleitos en primera instancia, «a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda (…) a la parte demandada», vencido el cual se perdería «automáticamente competencia para conocer del proceso».

d) Que los artículos 200 y 276 de la Ley 1450 de 2011 postergaron el inicio del anterior cómputo al 16 de junio de esa anualidad, cuando entró en vigencia, en los procesos notificados a la fecha de su promulgación.

e) Que por medio de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 se expidió el Código General del Proceso, que en el artículo 121 reprodujo el anterior término, pero incluyendo la facultad de prorrogarlo justificadamente hasta por seis (6) meses y agregando que «[s]erá nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia».

f) Que en el numeral 2º del artículo 627 ibídem se dispuso que «[l]a prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este código, será aplicable, por decisión de juez o magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta ley».

g) Que el a quo, en auto de 26 de julio de 2012, prorrogó la competencia para conocer el proceso por seis (6) meses, a partir del 12 de julio de 2012, «dada la dificultad para obtener la prueba de ADN» (fl. 110, cdno. 1).

h) Que los opositores allegaron memorial (13 feb. 13) en el sentido de que la oportunidad para resolver el litigio estaba vencida y «existe nulidad de los determinado por fuera de la competencia» (fl. 139, cdno. 1).

i) Que se negó esa petición (16 abr. 2013) porque se produjeron dos «suspensiones de términos», una por paro judicial del 11 de octubre al 7 de diciembre de 2012 y la otra por vacancia judicial del 20 de diciembre de 2012 al 10 de enero de 2013, por lo que la facultad para resolver se extendía al 17 de mayo (fls. 144 al 146, cdno. 1).

j) Que en los alegatos de los demandados, allegados el 13 de ese mes, recordaron lo anterior por la preocupación de «rigidez de las normas legales sobre el particular (…) para que su despacho las estudie y se evite una posible nulidad», pero sin que con ello insinuaran «siquiera una posible nulidad» (fl. 157, cdno. 1).

k) Que se profirió sentencia el 21, favorable a los sucesores procesales del accionante (fls. 158 al 169, cdno. 1).

l) Que los contradictores apelaron y se les concedió el recurso (fls. 172 al 176, cdno. 1).

m) Que la actuación de los impugnantes ante el ad quem se limitó a sustentar la alzada y formular casación contra el fallo confirmatorio (fls. 7 al 11 y 77, cdno. 7).

n) Que de conformidad con el artículo 1º del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1º de enero de 2016, íntegramente».

6. Fracasa el cuestionamiento por estas razones:

a) El principio de taxatividad que rige las nulidades procesales exige que las conductas constitutivas de vicios o irregularidades que afecten gravemente el acontecer litigioso estén expresamente contempladas en una norma o precepto vigente al momento de su ocurrencia, esto es, no se extiende a situaciones que en algún momento tuvieron tal entidad, pero en virtud de alguna reforma perdieron dicha connotación, o que si bien constan en el ordenamiento no han empezado a regir.

Los opugnadores señalan como motivo de disenso que el Juzgado Cuarto de Familia de Bucaramanga carecía de competencia para definir el conflicto, por haberla perdido cuatro días antes de que profiriera sentencia.

Si bien el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil señala como segundo caso de nulidad «cuando el juez carece de competencia», lo cierto es que el sustento normativo de los inconformes es el artículo 121 del Código General del Proceso que fijó un plazo de duración máxima al debate judicial, estimado en un (1) año para la primera instancia, contado a partir de la notificación a los demandados del auto admisorio, con la advertencia en el inciso segundo de que

[v]encido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia dentro del término máximo de seis (6) meses.

Por su parte en el quinto inciso autorizó al juez de conocimiento para «prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva, hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso».

Y en el sexto se complementó con que «[s]erá nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia».

A pesar de que el Código General del Proceso se expidió por Ley 1564 de 12 de julio de 2012, su vigencia no fue inmediata y entró a regir de manera gradual, en los términos del artículo 627, tomando en cuenta estas directrices:

1. <Numeral corregido por el artículo 18 del Decreto 1736 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Los artículos 24, 31 numeral 2º, 33 numeral 2º, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de esta ley.

2. La prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este código, será aplicable, por decisión de juez o magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta ley.

3. El Consejo Superior de la Judicatura dispondrá lo necesario para que los expedientes de procesos o asuntos en los que no se haya producido actuación alguna en los últimos dos (2) años anteriores a la promulgación de este código, no sean registrados dentro del inventario de procesos en trámite. En consecuencia, estos procesos o asuntos no podrán, en ningún caso, ser considerados para efectos de análisis de carga de trabajo, o congestión judicial.

4. Los artículos 17 numeral 1º, 18 numeral 1º, 20 numeral 1º, 25, 30 numeral 8º y parágrafo, 31 numeral 6º y parágrafo, 32 numeral 5º y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012).

5. A partir del primero (1º) de julio de dos mil trece (2013) corresponderá a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la expedición de las licencias provisionales y temporales previstas en el Decreto 196 de 1971, así como la aprobación para la constitución de consultorios jurídicos prevista en el artículo 30 de dicho Decreto.

6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país.

Como puede verse, la única referencia a que el artículo 121 de esa compilación empezara a regir antes que la mayoría de los preceptos que lo conforman, únicamente se refiere al inciso quinto sobre la «prórroga del plazo de duración del proceso», de lo que se concluye que en lo demás quedaba amparado por la regla general, esto es, dados los presupuestos para que empezara a operar la oralidad y precedido de un acto administrativo del Consejo Superior de la Judicatura que así lo dispusiera.

En otros palabras, la nulidad «de pleno derecho» de todo lo actuado en un proceso cuando se vencen los plazos mínimos de duración en el Despacho que lo viene impulsando, solo aplica a partir del 1º de enero de 2016, cuando empezó la «vigencia en todos los distritos judiciales del país» del Código General del Proceso, como lo dispuso la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA15-10392.

Con antelación a ese marco temporal no podía pregonarse como fundamento expreso de invalidación dicho supuesto, por lo que los planteamientos del embate no encajan dentro de la quinta causal de esta impugnación extraordinaria, quedando sin piso.

En ese sentido la CSJ SC16426-2015 recalcó que

[e]n lo concerniente a la vigencia de esta norma [artículo 121 del Código General del Proceso], el artículo 627 fija dos reglas: (…) Según lo previsto en el numeral 2º, la «prórroga del plazo de duración del proceso prevista en el artículo 121 de este Código, será aplicable, por decisión de juez o magistrado, a los procesos en curso, al momento de promulgarse esta Ley»; (…) Y en virtud de lo establecido en el numeral 6º, los demás artículos de la Ley 1564 de 2012 «entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país» (…) En consecuencia, si el numeral 2º del citado canon hizo referencia únicamente a la prórroga del término para resolver la instancia que, por una sola vez, puede disponer el juez o el magistrado «hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo…», en sana lógica se infiere que las demás previsiones contenidas en el artículo 121 quedaron excluidas de esa regla de vigencia y, por lo tanto, se sujetan a lo previsto en el numeral 6º del artículo 627 (…) Significa lo anterior que con la promulgación del Código General del Proceso, que tuvo lugar el 12 de julio de 2012, solo entró en vigor el inciso 5º del artículo 121, y los restantes (1º a 4º y 6º a 8º) así como el parágrafo de esa norma comenzaban a regir, en forma gradual, a partir del 1º de enero de 2014, debiéndose cumplir los requerimientos establecidos en el numeral 6º del artículo 627 (…) 3.4. En ese orden de ideas, para el 16 de noviembre de 2012, fecha en la que se profirió la sentencia impugnada, no se encontraba vigente la sanción prevista en el inciso 6º del artículo 121 de la Ley 1564, conforme al cual será «nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia».

b) De todas maneras, así se admitiera que para la época en que el a quo dictó el fallo (mayo 21/2013) éste había perdido «competencia», ese inconveniente se superó, como pasa a verse:

(i) De conformidad con el inciso final del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, son insaneables la falta de jurisdicción o de competencia funcional, entendida esta última como la «asignación de facultades para atender cuestiones de cierta relevancia, como corresponde a los recursos extraordinarios de revisión y casación, así como las solicitudes de exequátur, o fungir como superior jerárquico dentro de una misma especialidad» (SC16484-2015).

(ii) La intromisión de un funcionario en los deberes de otro de igual rango y naturaleza, de ninguna manera encaja dentro del supuesto de «competencia funcional» y, por ende, de presentarse se regularizaba con la ocurrencia de cualquiera de los casos de que trata el citado artículo 144, entre los cuales están:

1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente.

2. Cuando todas las partes, o la que tenía interés en alegarla, la convalidaron en forma expresa antes de haber sido renovada la actuación anulada.

(…).

4. Cuando a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.

5. Cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepción previa. Saneada esta nulidad, el juez seguirá conociendo del proceso.

Eso obedece a la primacía del derecho sustancial sobre las formalidades, siempre y cuando no se incurran en vulneraciones al debido proceso, como lo mandan los artículos 29 y 228 de la Constitución Política.

De ahí que la relevancia de la irregularidad advertida es la que incide en sus consecuencias permanentes o transitorias, puesto que cuando se han respetado a plenitud las garantías de las partes y se cumple con el deber de administrar pronta y cumplida justicia, pierde peso cualquier otra nimiedad que entorpezca el resultado del litigio.

Como se precisó en SC 20 febrero de 2002, radicación 5838, y reiteró la Sala en SC 10 de abril de 2012, radicación 2003-03026,

(…) es apenas obvio que las nulidades procesales no pueden corresponder a un concepto netamente formalista, sino que al encontrarse revestidas de un carácter preponderantemente preventivo para evitar trámites inocuos, indudablemente deben gobernarse por principios básicos, como el de especificidad o taxatividad, trascendencia, protección y convalidación. (…) Así, siguiendo la orientación de restringir en lo posible las causales de invalidez procesal, el Código de Procedimiento Civil consagró todo un sistema a dicho propósito, en cuanto consignó reglas en relación con la legitimación y la oportunidad para alegarlas, dejando al juez la potestad de rechazarlas de plano cuando la solicitud de nulidad se funde en causal distinta de las determinadas en el capítulo 2º, título XI, del libro segundo, o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro incidente de la misma índole, o cuando se propone después de allanada (art. 143), coligiéndose que las causales que ponen en entredicho la validez de un proceso, no pueden alegarse por cualquier persona, ni en el momento que discrecionalmente quiera.

(iii) La fijación de un margen temporal preciso para que un pleito permanezca en el Despacho al que se asigna su solución, es un aspecto relativamente nuevo en la legislación procesal.

La redacción del artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación del 16 de la Ley 794 de 2003, se refiere exclusivamente a los «términos para dictar las resoluciones judiciales», ya sea de tres (3), diez (10) o cuarenta (40) días si se trata, en su orden, de autos de sustanciación, interlocutorios o sentencias.

Fue la Ley 1395 de 2010 la que en su artículo 9º adicionó un parágrafo al anterior precepto, según el cual

[e]n todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera instancia, contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada, ni a seis (6) meses para dictar sentencia en segunda instancia, contados a partir de la recepción del expediente en la Secretaría del Juzgado o Tribunal (…) Vencido el respectivo término sin haberse dictado la sentencia, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al Juez o Magistrado que le sigue en turno, quien proferirá la sentencia dentro del término máximo de dos (2) meses. Sin embargo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá asignar el proceso a otro Juez o Magistrado si lo considera pertinente. El Juez o Magistrado que recibe el proceso deberá informar a la misma Corporación la recepción del expediente y la emisión de la sentencia (…) Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará a un juez itinerante o al de un municipio o circuito cercano que señale la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (…) Para la observancia de los términos señalados en el presente parágrafo, el Juez o Magistrado ejercerá los poderes de ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.

El añadido introdujo una nueva forma de asignación de «competencia», diferente de los fueros que contemplaban originalmente las normas adjetivas, ya que no está sujeta a la cuantía, la naturaleza del asunto, el domicilio de las partes, la ubicación de los bienes en discusión, el lugar de ocurrencia de los hechos, el sitio de cumplimiento de obligaciones, ni por factores de conexidad, naturaleza de la función y economía o unicidad procesal.

Se refiere esta situación particular al traslado de un asunto que está adelantando un juez, en vista de la imposibilidad de cumplir con los plazos para ponerle punto final, a un fallador homólogo.

No se trata así de la intromisión grosera de una autoridad en un campo de acción que le es ajeno. Por el contrario, se parte del principio que la demora proviene de quien era idóneo para destrabar la disputa y se traslada a uno de idénticas condiciones, surtiéndose un cambio de sede únicamente en caso de que «no haya otro juez de la misma categoría y especialidad».

(iv) A pesar de que en el artículo 122 de la Ley 1395 de 2010 se dijo que la misma regía a partir de su promulgación el 12 de julio, al expedirse el Plan de Desarrollo 2010-2014, por medio de la Ley 1450 de 2011, se precisó en su artículo 200 que

[p]ara todos los efectos legales, en los procesos en los que la parte demandada ya se hubiere notificado del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, el plazo de duración de la primera instancia previsto en el artículo 9º de la Ley 1395 de 2010, comenzará a contarse a partir del día siguiente a la vigencia de esta ley.

Quiere decir que como, en los términos del artículo 267 de esa última ley, entró a regir a partir de su publicación el 16 de junio de 2011, el cómputo del año para los asuntos donde estuviera trabada la contienda a cabalidad se cumplió el 16 de junio de 2012, sin que se presentara continuidad entre esa fecha y la expedición del Código General del Proceso el 12 de julio de 2012 y la entrada en vigencia inmediata del inciso 5º del artículo 121 que dispuso la prórroga excepcional y única «para resolver la instancia respectiva, hasta por seis meses más».

(v) En el caso bajo estudio la primer notificación del admisorio se realizó el 21 de abril de 2006 a Eduardo Naranjo Cala (fl. 29 vto., cdno. 1), compareciendo luego con ese mismo propósito María Omaira Cala Cala, María Cristina, Clara Inés y Beatriz Naranjo Cala, el 8 de febrero de 2007 (fls. 36 y 37, cdno. 1).

Para el 16 de junio de 2011, cuando empezó a operar la «pérdida de competencia» por vencimiento de términos en los términos de las Leyes 1395 de 2010 y 1450 de 2011, estaban interviniendo todos los opositores y reconocidos los sucesores procesales de Gilberto Naranjo, se había realizado la exhumación del cadáver de éste y faltaba el resultado de la prueba de ADN, por lo que desde ese instante empezaba la cuenta regresiva de un (1) año para ponerle fin a la primera instancia.

Como el año venció el 16 de junio de 2012 y no se había proferido sentencia, quiere decir que en ese mismo momento se perdió la competencia y era deber del juzgador enviar las actuaciones a quien le siguiera en turno, en el estado en que estuvieran, comunicando lo pertinente a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Sin embargo, los demandados con posterioridad a esa fecha guardaron silencio sobre el acaecimiento de la situación privativa e interpusieron reposición el 25 de junio de 2012, contra un auto de decreto de pruebas, convalidando el que no se hubieran cumplido las cargas de rigor.

Tampoco impugnaron el proveído de 26 de julio siguiente prorrogando una competencia que ya se había perdido, en aplicación del inciso 5º del artículo 121 del Código General del Proceso, por seis (6) meses más «contados a partir del 12 de julio de 2012» (fl. 110, cdno. 1).

Y aunque en escrito de 13 de febrero de 2013 los opositores adujeron el vencimiento de dicha extensión y que por ello «existe nulidad de lo determinado por fuera de la competencia» (fl. 139, cdno. 1), se mostraron conformes con la providencia que denegó la «nulidad propuesta» y descontó dos «suspensiones de términos», una por cese de actividades y la otra por vacancia judicial, para entender que conservaba la competencia hasta el 17 de mayo (fl. 144 al 146, cdno. 1).

Incluso cuando presentaron alegatos de conclusión el 20 de mayo de 2013, si bien recordaron que «el término de prórroga de competencia se entiende ampliado hasta el 17 de mayo del presente año, fecha que pasó el viernes pasado» y se preocuparon por la «rigidez de las normas legales sobre el particular», fueron enfáticos en que no estaban «insinuando siquiera una posible nulidad» (fl. 157, cdno. 1).

En respuesta, el sentenciador de primer grado falló al día siguiente (mayo 21) y, a pesar de que los apelantes dejaron el ejercicio de esa potestad al criterio del funcionario, en vista del resultado adverso incluyeron en la parte final de su recurso que «no hubo el estudio serio que debe hacer el despacho a normas jurídicas que mencionan que lo actuado con posterioridad carece de fuerza por ser incompetente el fallador, esto es que se genera nulidad».

El comportamiento de los impugnantes revela una completa avenencia con el proceder del a quo al continuar impulsando el diligenciamiento después del 16 de junio de 2012, cuando se cumplió el año de que hablaba la Ley 1395 de 2010, cuyo cómputo empezó el 16 de junio de 2011 al tenor de la Ley 1450 de 2011. Máxime cuando el ejercicio de la facultad de prorrogar el término para resolver con amparo en el artículo 121 del Código General del Proceso, promulgado el 12 de julio de 2012, se hizo cuando ya estaban dados los supuestos para enviarlo a un par con tal fin.

Los contradictores en vez de procurar que el traslado del expediente para dar pleno cumplimiento a la ley fuera efectivo, optaron por acoger el criterio del funcionario al no censurar sus decisiones y esbozaron la insatisfacción por la «carencia de fuerza» de la decisión como un argumento complementario de la alzada, prescindiendo de formular un incidente que diera lugar a la producción de una nueva sentencia de primer grado.

Eso era lo indicado al tenor del artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, según el cual las «nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte la sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella», de lo que se desprende que la función de enderezamiento que caracteriza las «nulidades» obliga a su tramitación accidental.

Así que, si de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1285 de 2009, «[a]gotada cada etapa del proceso, el Juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades dentro del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes en aras de evitar dilaciones injustificadas», desde el instante mismo en que se enteraron los intervinientes de la irregularidad invalidante debieron propender por su regularización, de lo que prescindieron para apelar la sentencia, convalidando así cualquier inconformidad.

Refuerza lo anterior lo que ordena al ad quem el inciso cuarto del artículo 358 ibídem, según el cual en la «apelación de sentencias, el superior (…) si advierte que en la primera instancia se incurrió en causal de nulidad, de oficio la pondrá en conocimiento de la parte afectada, o la declarará, y devolverá el expediente al inferior para que renueve la actuación anulada, según las circunstancias», constituyéndose en una labor preliminar que habilita la producción de una decisión de fondo, por lo que la quietud de los impugnantes ante la admisión del ataque redunda en su asentimiento de que se había agotado a cabalidad la primera instancia.

La actitud permisiva de ambas partes, si se tiene en cuenta que las sucesoras del accionante fueron mudas sobre esos acontecimientos, no tiene otra lectura que estaban satisfechas con el impulso dado por el juzgado cognoscente y era allí donde debía proferirse la determinación definitoria del conflicto, entendiéndose solucionada cualquier vulneración al rito.

(vi) Además, como se insiste es en la «falta de competencia» del Juzgado y no del Tribunal, sin que para entonces rigiera el aparte del artículo 121 del Código General del Proceso en el sentido de que «[s]erá nula de pleno derecho la actuación posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia», quiere decir que mientras dicha prohibición cobraba plenos efectos, estaba amparada por los patrones del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, según el cual en materia de «competencia» solo es insubsanable la «funcional».

Ninguna hermenéutica a la «pérdida de competencia» para fallar que se impuso a partir de la Ley 1395 de 2010 daría para encajarla en dicha categoría, puesto que, como se especificó en SC16484-2015,

[l]a «competencia», que define el DRAE como la «atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un asunto», es la respuesta a la necesidad de los asociados de saber dónde encontrarán solución sus conflictos, ya sea en consideración a su naturaleza, localización geográfica, cuantía u otros factores determinantes, así terminen concurriendo o excluyéndose entre ellos (…) Si está vinculada al campo funcional, de que tratan los artículos 25 al 28 ejusdem, se circunscribe a la asignación de facultades para atender cuestiones de cierta relevancia, como corresponde a los recursos extraordinarios de revisión y casación, así como las solicitudes de exequátur, o fungir como superior jerárquico dentro de una misma especialidad.

(vii) De todas maneras, si para la época de los hechos era admisible el saneamiento al dictarse fallo en segunda instancia vencido del término de duración de los pleitos, en los términos de la Ley 1395 de 2010, como estimó la Corporación en la referida SC16426-2015, con mayor razón sería predicable frente al de primera, siendo que

[s]i en gracia de discusión se considerara que tal circunstancia puede configurar un motivo de anulación, aunque aún no haya entrado en vigor el inciso 6º del artículo 121 del Código General del Proceso, habría que concluir necesariamente que no es de aquellos insubsanables, porque el único vicio relacionado con la falta de competencia del juez que por mandato legal reviste tal carácter es el derivado del factor funcional según lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, de ahí que la determinada por ese criterio «temporal» en función de los plazos establecidos para resolver las instancias del proceso es susceptible de saneamiento (…) En el sub judice, la supuesta causa de nulidad habría sido convalidada por el recurrente, quien no la alegó en oportunidad, esto es, inmediatamente feneció el término para decidir la segunda instancia, y ni siquiera recurrió el auto de 25 de septiembre de 2012, mediante el cual el Tribunal prorrogó, hasta por seis meses más, su competencia para proferir el fallo.

c) Ahora bien, como el reparo se refiere a la producción del fallo de primer grado y no a los motivos que expuso el Tribunal para entender superada la «pérdida de competencia», que por demás sería propio de la causal primera de casación al tratarse de un error in judicando, se exceden los fines de esta vía extraordinaria.

Valga recordar, como se hizo en CSJ SC 5 de diciembre 2008, radicación 2004-00032, que «parte del cargo viene orientado contra la sentencia de la a quo, desbordando con ello la procedencia del recurso en los términos del primer inciso del artículo 366 ejusdem, al no corresponder el asunto con una “casación per saltum”».

7. El cargo, en consecuencia, no prospera.

Segundo cargo

Se apoya en el numeral 2º de los motivos de impugnación extraordinaria, porque la «sentencia no está en consonancia con la excepción propuesta».

Desarrollan la censura de esta manera:

1. Propusieron como defensa de mérito la caducidad de los efectos patrimoniales, a la luz del artículo 10, inciso final, de la Ley 75 de 1968, que modificó el 7 de la Ley 45 de 1936.

2. El sentenciador de primer grado en el fallo dijo que ya se había pronunciado sobre el particular al «desatar la excepción previa» y su superior se apoyó «en el principio de preclusión», citando una jurisprudencia «que hace alusión a una nulidad propuesta, la cual ya había sido decidida, por lo cual este principio tiene aplicación a ese caso, más no al presente caso», sin que hicieran un estudio minucioso.

3. Existen precedentes en el sentido de que el «auto que resuelve negativamente la excepción previa no tiene fuerza vinculante ante la sentencia», como CSJ SC 26 de octubre 2000, radicación 5462.

4. En el litigio uno de los demandados se notificó el 21 de abril de 2006 y las demás el 8 de febrero de 2007, cuando habían transcurrido tres (3) años y catorce (14) días desde la muerte del causante.

5. El precepto invocado sanciona con la pérdida de efectos patrimoniales, si se notifica el reclamo después de los dos años siguientes a la defunción, como se precisó en CSJ SC 034 de 29 de marzo de 1993, radicación 3340.

6. Como se desconoció la «excepción de fondo» al no analizarla «a la luz de las normas legales y la jurisprudencia» para centrarse en lo que dijo en la «excepción previa» se desbordó la función jurisdiccional, siendo incongruente la sentencia.

Consideraciones

1. El accionante Gilberto Naranjo Jaimes pidió que, como consecuencia de tenérsele como hijo de Abraham Naranjo Argüello, se le debía reconocer su vocación hereditaria en igualdad de condiciones a las de los otros descendientes.

2. La sentencia del ad quem mantuvo lo decidido por el Juzgado de Familia, que accedió a las pretensiones de filiación, con la posibilidad de percibir una legítima en la misma proporción que los demás hijos del causante.

3. Cuestionan los recurrentes que faltó por definir lo relativo a la caducidad que expusieron como defensa de mérito cuatro demandadas, lo que resta concordancia al fallo del Tribunal frente a los puntos que se debían abordar.

4. La incongruencia a que se refiere la causal segunda de esta vía extraordinaria, no es otra cosa que el incumplimiento del deber que le impone al juzgador el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que

[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (…) No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente de la invocada en ésta.

Es así como son los involucrados en el conflicto, con sus escritos, quienes delimitan el contorno del debate, fijando las pautas a tener en cuenta al momento de desatar la litis y restringiendo, por ende, la labor del funcionario encargado de resolverla. De esa forma, el desconocimiento del querer explicitado se convierte en una irregularidad en la producción del fallo, ya sea por referirse a puntos no sometidos a discusión, acceder a menos de lo pedido o desbordando los alcances esbozados.

Al respecto la Sala en SC 9 de diciembre de 2011, radicación 1992-05900, citada en SC4574-2015 dijo que

[e]l principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petición de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a que éste, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de hecho que hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso (…) Sobre el particular, la Sala ha sido insistente en que “(…) son las partes quienes están en posesión de los elementos de juicio necesarios para estimar la dimensión del agravio que padecen, con el fin de que sobre esa premisa restringente intervenga el órgano jurisdiccional, a quien le está vedado por tanto, sustituir a la víctima en la definición de los contornos a los que ha de circunscribirse el reclamo y por tanto ceñirse la sentencia, salvo que la ley expresamente abra un espacio a la oficiosidad (…) Al fin y al cabo, la tarea judicial es reglada y, por contera, limitada, no sólo por obra de la ley, sino también con arreglo al pedimento de las partes” (Cas. Civ., sent. ene. 22/2007, exp. 11001-3103-017-1998-04851-01) … En este escenario, el principio de congruencia establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil impide el desbordamiento de la competencia del juez para resolver la contienda más allá de lo pedido por las partes (ultra petita), o por asuntos ajenos a lo solicitado (extra petita) o con olvido de lo que ellas han planteado (citra petita). En caso de presentarse tal descarrío, su ocurrencia puede denunciarse en casación a través de la causal segunda prevista en el artículo 368 ibídem, pues, valga decirlo, una sentencia judicial de esos contornos agravia súbitamente a la parte que actuó confiada en los límites trazados durante el litigio, toda vez que al ser soslayados por el juez al momento de definirlo, le impiden ejercer a plenitud su derecho a la defensa.

5. Incide en el despacho del ataque:

a) Que Abraham Naranjo Argüello falleció el 25 de enero de 2004 (fl. 6, cdno. 1).

b) Que la acción de filiación con petición de herencia de Gilberto Naranjo Jaimes contra la cónyuge supérstite del difunto y los hijos comunes de la pareja se promovió el 24 de junio de 2005 (fl. 5, cdno. 1).

c) Que se profirió auto admisorio el 6 de julio de 2005 (fl. 16, cdno. 1).

d) Que Eduardo Naranjo Cala se notificó el 21 de abril de 2006 y se ciñó a pedir que se desestimaran las pretensiones (fls. 30 al 32, cdno. 1).

e) Que María Omaira Cala de Naranjo, María Cristina, Beatriz y Claudia Inés Naranjo Cala fueron enteradas (feb. 8/2007) y se opusieron, manifestando como una de las razones que desde el fallecimiento de Abraham Naranjo a cuando se les puso al tanto de la existencia del pleito pasaron más de dos (2) años «por lo que se ha de alegar la caducidad de los efectos patrimoniales», sin que se diera la interrupción por incoar la acción (fls. 36 al 43, cdno. 1).

f) Que las hermanas Naranjo Cala y su madre también acudieron a la excepción previa de caducidad (fls. 1 y 2, cdno. 3).

g) Que se declaró probada esa defensa preliminar (jun. 25/2007, fls. 4 a 6, cdno. 3).

h) Que la parte afectada interpuso reposición, sustentada en que la dirección de sus oponentes informada desde un comienzo coincidía con la de la contestación, por lo que estos se negaron a recibir las comunicaciones a sabiendas de que sí residían en ese lugar, obrando «en forma desleal, entorpeciendo de tal forma el desarrollo del proceso» (fl. 7, cdno. 3).

i) Que se revocó la providencia cuestionada (feb. 23/2009), al tomar en cuenta que «al menos uno de los demandados (el señor Eduardo Naranjo Cala) oportunamente se notificó del auto admisorio de la demanda el 21 de abril de 2006, esto es, antes de vencerse el plazo máximo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil», impidiendo que operara la caducidad ya que «todos ellos forman un litis consorcio voluntario o facultativo» (fls. 10 al 15, cdno. 3).

j) Que los contradictores no impugnaron esa determinación.

k) Que en la sentencia del a quo (mayo 21/2013), se dijo que no se pronunciaba sobre la «caducidad alegada dentro de la contestación de la demanda, toda vez que fue igualmente propuesta como excepción previa, y como tal, ya fue objeto de decisión en providencia de febrero 23 de 2009 que se encuentra ejecutoriada, no siendo procedente retrotraer la actuación» (fl. 168, cdno. 1).

l) Que los demandados en la apelación insistieron en la «caducidad de los derechos patrimoniales» (fls. 172 al 175, cdno. 1 y 7 al 11, cdno. 7).

m) Que el Tribunal estimó que se configuró el principio de preclusión procesal al no formularse reparo frente a la resolución de la excepción previa de caducidad, pero que de estudiarlo de fondo tampoco se daban los supuestos para reconocer la figura extintiva (fls. 73 y 74, cdno. 1).

6. No encuentra soporte la acusación en vista de que ningún exceso o defecto se advierte en la providencia del ad quem, en relación con la delimitación que los litigantes trazaron con sus escritos, siendo que, por el contrario, realizó una labor complementaria para llegar a la misma conclusión del inferior, por estos motivos:

a) María Omaira Cala de Naranjo, María Cristina, Beatriz y Claudia Inés Naranjo Cala al contradecir el libelo dijeron que «se ha de alegar la caducidad de los efectos patrimoniales» porque «han pasado más de dos años del fallecimiento del pretendido padre» como uno de las «breves razones de la defensa», sin darle el alcance de excepción de mérito. Tal aparte obedece más al anuncio de su formulación como previa, lo que en efecto hicieron simultáneamente por separado.

Vistos con estrictez ambos escritos, la «caducidad» de que se habla en ellos no se traduce en que se esgrimieran dos medios de contradicción aislados y disímiles, sino el aviso en uno de lo que se haría en el otro para poner fin anticipado al debate.

De ahí que la posición de que «habiéndose resuelto la excepción de caducidad al resolver las excepciones previas, nada queda por acotar en esta instancia» no deriva en una omisión deliberada del fallador, sino que se dejó claro que estaba superado ese tema, pues, de no haber sido discutido con antelación de todas formas sería objeto de un análisis oficioso que ya no era necesario.

Tampoco es descabellado que se llamara la atención por la pasividad de los contradictores frente al auto que desestimó la pérdida del derecho a las aspiraciones patrimoniales del accionante, desperdiciando así la revisión por el superior de las conclusiones que llevaron a cambiar lo que al inicio los favorecía, como si se avinieran al resultado final adverso.

b) No obstante lo anterior, si se concluyera que la «caducidad» se adujo simultáneamente como excepción previa y de fondo, lo que ameritaba un estudio de la misma por separado en las diferentes etapas procesales en que debía ser resuelta cada defensa, sin que opere el «principio de preclusión procesal» por no apelar el auto que desato adversamente la dilatoria, como desacertadamente anunció el sentenciador de segundo grado, lo cierto es que de todas maneras entró a reexaminar la situación concreta, que los censores insisten fue obviada, al precisar que

(…) aún en gracia de discusión aceptándose que deba estudiarse de fondo la excepción de caducidad, si bien el causante falleció el 25 de enero de 2004 y la notificación a los accionados debía cumplirse dentro de dos años siguientes, lo cierto es que la demanda se presentó el 6 de julio de 2005, interrumpiéndose el término conforme a las previsiones del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, por lo que antes de su vencimiento esto es, el 21 de abril de 2006 se notificó el señor Eduardo Naranjo Cala, por lo que para el 8 de febrero de 2007 cuando se notificaron las restantes demandadas, aún no había precluido la oportunidad. En estas condiciones tampoco le asiste razón al recurrente.

Independientemente de que se comparta o no dicho raciocinio, lo cierto es que constituye un pronunciamiento claro y concreto sobre la vigencia de los alcances económicos si prosperaban las expectativas de filiación, en contra de lo que manifestaban los demandados, sin que fuera necesaria una denegatoria expresa en la parte resolutiva.

Las providencias judiciales deben ser vistas como un todo en el que los aspectos puntuales tratados en su contenido y plenamente esclarecidos, se dan por agotados en la solución del problema, sin que existan reglas preestablecidas cuya inobservancia les reste valor o peso definitorio. Por ende, la labor del juzgador que no deja dudas sobre un ejercicio evaluativo y concluyente de los diferentes puntos de vista de los pleitistas, queda por fuera de cualquier ataque por inconsonancia so pretexto de que faltó incluirlo en una sección específica del fallo.

La Corte en SC9167-2014 insistió en que

[l]a «congruencia» entonces, se erige en uno de los principios que gobiernan el derecho procesal civil, por cuya virtud, el fallo debe emitirse de modo concreto respecto de la materia disputada que los litigantes han sometido a conocimiento del juzgador, al formular sus peticiones o plantear sus defensas (…) No obstante dicha exigencia, cabe precisar que la ley no compele al fallador a realizar la aludida labor de una determinada forma, por lo que entonces, no siempre que omita un pronunciamiento expreso al respecto en la parte resolutiva, incurre en el vicio procesal previsto en el segundo motivo de casación, dado que su resolución puede hallarse implícita y ser suficiente para desatender los argumentos sobre los que se edifican las aspiraciones litigiosas.

Allí mismo se refirió la Corporación a la CSJ SC 24 de agosto de 2000, radicado 5636, donde se insistió en que

(…) para evaluar si la sentencia es congruente, sencillamente se la debe cotejar, por una parte con las pretensiones y los hechos consignados en la demanda, y por la otra, con las excepciones del demandado. Empero, dicho postulado no obliga a que exista estricta simetría entre la sentencia y las dichas pretensiones y excepciones, es decir, que aquélla guarde con éstas conformidad literal, por cuanto “...lo imprescindible es que la decisión recaiga sobre la totalidad de la materia litigada, respetando en absoluto, como lo ha dicho la Corte, los hechos procesales y no alterando la causa petendi”. (G.J. tomo CXLVIII, pág. 80), razón por la cual ni aun en el caso de fallo estimativo, la circunstancia de que el Tribunal no se refiera expresamente, en la parte resolutiva de su sentencia, a las excepciones propuestas, no implica que éstas hayan dejado de considerarse, si en la parte motiva se encuentra referencia explícita o implícita a ellas, doctrina que se funda en las siguientes apreciaciones: (…) “Y aunque el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil impera que la parte resolutiva de la sentencia, entre otras cosas, “deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda y de las excepciones”, el quebranto de este deber por el juez no constituye per se, causal de incongruencia, pues lo que podría configurar la disonancia por mínima petita, no sería el hecho de que una determinada decisión no fuera incluida en la parte resolutiva del fallo, sino la circunstancia de que efectivamente la sentencia hubiera dejado de resolver un extremo de la controversia” (...) “Ahora bien, como la sentencia no está constituida únicamente por la parte resolutiva, sino que se integra también con la motiva, síguese que una resolución contenida en ésta obliga asimismo, como parte del fallo, como decisión jurisdiccional. Por tal motivo, seguramente, al erigir la disonancia como causal de casación en el artículo 368, numeral 2º, del Código de Procedimiento Civil, el legislador dijo que ella ocurría cuando “la sentencia” no era armónica con las pretensiones o las excepciones. Habló entonces de “la sentencia” en general y no específicamente de “la parte resolutiva”, como sí lo hizo en la causal tercera de casación, que se da cuando “la sentencia en su parte resolutiva contiene disposiciones contradictorias” (G.J. tomo CXLVIII, pág. 76).

c) Por otra parte, cualquier discordancia frente a la deducción del sentenciador, de que en el asunto bajo análisis no caducaron las expectativas hereditarias del gestor de tenérsele por descendiente del difunto Abraham, es ajeno a la causal segunda de esta vía extraordinaria, por tratarse de un yerro de juicio en la interpretación de las normas que regulan el tema, propio de la senda directa, ya que como se resaltó en CSJ SC 8 ago. 2002, rad. 6644,

(…) la diferencia radical entre los errores de juzgamiento y los que se presentan en la actividad procesal del fallador, estriba en que en los primeros recaen sobre el raciocinio del juez al paso que el segundo recae en el comportamiento en el trámite del asunto. En la categoría de los primeros (error in judicando) , se ubica la causal primera y en la de los errores in procedendo se ubica la segunda pues al paso que en la causal primera se persigue que la Corte reconozca en la sentencia impugnada la violación directa de la ley sustancial o como consecuencia de errores cometidos en el campo de las pruebas, en la segunda lo que se busca es que se realice un parangón entre lo pedido o excepcionado y lo decidido, de modo que resalte la incoherencia de lo resuelto según las pautas a que aluden los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, no se trata en la causal segunda de un defecto consistente en la disconformidad del recurrente con las razones de la decisión sino en la disconformidad con lo pedido o excepcionado.

7. El ataque, por lo expuesto, decae.

8. Teniendo en cuenta que la decisión es desfavorable a los recurrentes, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el 19 de la Ley 1395 de 2010, se les condenará en costas.

9. Se fijarán en esta misma providencia las agencias en derecho. Para su cuantificación se tendrá en cuenta que los sucesores del promotor no replicaron (fl. 18).

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 18 de septiembre de 2013, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso de filiación extramatrimonial y petición de herencia de Gilberto Naranjo Jaimes, cuyos continuadores procesales son María del Carmen Bastilla, Claudia Patricia y Sonia Stella Naranjo Bastilla, contra María Omaira Cala Cala, María Cristina, Clara Inés, Beatriz y Eduardo Naranjo Cala, en calidad de cónyuge supérstite y herederos determinados de Abraham Naranjo Argüello.

Costas a cargo de los impugnantes y a favor de la cónyuge y los herederos del demandante, que serán liquidadas por la Secretaría, e incluirá en estas la suma de tres millones de pesos ($ 3’000.000) por concepto de agencias en derecho.

Notifíquese y devuélvase.

Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Fernando Giraldo Gutiérrez—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.