Sentencia SC9761-2015 de julio 28 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2011-02669-00

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Fernando García Restrepo

SC9761-2015

(Aprobado en sesión de 28 de abril de dos mil quince)

Bogotá, D. C., veintiocho de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones

1. Si bien el principio de la cosa juzgada se erige como pilar esencial de la seguridad jurídica, el recurso de revisión se concibió como un mecanismo excepcional para remover la inmutabilidad de las decisiones judiciales definitivas, en aras de preservar la supremacía de la justicia cuando se configure alguna de las circunstancias que el Legislador estableció de manera taxativa en el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, que permiten infirmar las sentencias que se hayan pronunciado sin contar con documentos que hubieran modificado el criterio del fallador y que por las razones allí consagradas no pudieron aportarse en la oportunidad legal, así como, las obtenidas fraudulentamente o con quebrantamiento del debido proceso, e incluso, en la hipótesis del numeral 9º ibídem se tutela la seguridad jurídica al impedir la coexistencia de providencias contradictorias.

2. En esa medida, como medio de impugnación extraordinario que es, la revisión no constituye un escenario de instancia en el que puedan exponerse o debatirse las mismas pretensiones o excepciones ventiladas y ya decididas a lo largo del proceso en que se profirió la sentencia enjuiciada, pues en sí mismo, el mencionado recurso es un remedio extremo, concebido para conjurar situaciones irregulares que en su momento distorsionaron la sana y recta administración de justicia, hasta tal punto que, de no subsanarse, se privilegiaría la adopción de decisiones opuestas a dicho valor, en contravía de principios fundamentales del Estado de Derecho.

Al respecto, esta corporación ha sostenido de antaño, que este instrumento procesal “no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna” (CSJ SC, 24 abr. 1980, reiterada en CSJ SC, 1 jul. 1988, CXCII).

3. En lo que concierne a la oportunidad para proponer el recurso de revisión, se precisa que el artículo 381 ibídem dispone que “podrá interponerse dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales, 1º, 6º, 8º y 9º del artículo precedente”, por tanto, como en el caso que ocupa la atención de la Sala, el fallo atacado fue proferido el 23 de junio de 2008, pero solo quedó ejecutoriado hasta el 5 de marzo de 2010, fecha en la que cobró firmeza el auto que negó el recurso de casación instaurado en contra de aquel (fl. 89), se impone concluir que la demanda radicada el 9 de diciembre de 2011 (fl. 102 anverso), fue presentada dentro del término procesal previsto.

4. Frente a los reproches puntuales del inconforme, se establece que al tenor de lo preceptuado en el numeral 6º del artículo 380 ídem, se estructura una causal de revisión por “[h]aber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente”.

Sobre el particular ha reiterado esta Corte, que la situación aludida, solo se consolida si “las partes, o una de ellas, despliega una actividad deliberada, consciente e ilícita, encaminada a falsear la verdad, con miras a inducir en error al juzgador, malogrando los derechos que la ley concede a terceros o a los otros sujetos procesales, comportamiento que, obviamente debe aparecer plenamente probado, pues la presunción de buena fe (…) debe, en todo quebrarse” (CSJ SC, 30 jul. 1997, Exp. 5407, reiterada en CSJ SC, 31 ago. 2011, Rad. 2006-02041, y en CSJ SC, 19 dic. 2012, Rad. 2010-00598).

Se tiene por sentado, también, que la maniobra torticera debe ser “capaz de inducir a error al juzgador a proferir el fallo en virtud de la deformación artificiosa y malintencionada de los hechos o de la ocultación de los mismos parcialmente, por medios ilícitos; es, en síntesis, un artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito fraudulento de obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la justicia” (Sentencia de 30 de junio de 1988, no publicada, citada en pronunciamiento de 11 de agosto de 1997, Exp. 5572).

Adicionalmente, ha señalado la jurisprudencia de esta corporación que “aunque la norma no lo diga expresamente, constituye requisito inherente a dicha causal que las maniobras fraudulentas se hayan conocido con posterioridad al pronunciamiento del fallo impugnado, toda vez que es obvio que de haberse notado su presencia con anterioridad al mismo, ese discernimiento habría permitido la utilización de los medios de impugnación ordinarios que, en modo alguno, pueden ser suplidos por el recurso extraordinario de revisión” (Sent. 182 de 29 de octubre de 2004, Exp. 3001, reiterada en providencia de 31 de agosto de 2011, Exp. 2006-2041, y, en CSJ SC, 7 nov. 2011, Rad. 2009-00770).

5. En el asunto materia de juzgamiento, el actor atribuyó la calidad de maniobras fraudulentas a: i) las diversas peticiones desplegadas por los herederos dentro del proceso de sucesión de Dioselina Zarta de Díaz y Gregorio Díaz Andrade, con el fin de que se incluyera el objeto litigioso en dicha liquidación, pese a que ya se había aprobado la sentencia de adjudicación y aquel no hizo parte del inventario; ii) los hechos que sustentaron la demanda de reconvención presentada por Gilma Díaz Zarta en su contra, y, la certeza que tenía dicha señora de que él era el propietario del inmueble pretendido, y, iii) los supuestos alegados con ocasión de la acción de prescripción adquisitiva de dominio, promovida por Jacinta Díaz Zarta en representación del aludido juicio sucesorio.

No obstante, del análisis de las conductas reseñadas, se advierte que estas atienden a actuaciones procesales desplegadas por los interesados en diversos escenarios, encaminadas al reconocimiento de facultades o prerrogativas, pues corresponde a las partes e intervinientes en los litigios, adelantar las gestiones pertinentes para la prosperidad de sus pretensiones. Así las cosas, las señaladas actividades no implican en sí mismas artificio alguno, sino que resultan ser meras manifestaciones del derecho de acción que le asiste a todo aquel que tenga legitimación para ejercitarlo.

Ahora, si en gracia de discusión, se admitiera que los hechos expuestos por las demandantes son contrarios a la realidad o contradictorios, tal premisa no sería suficiente para determinar que en virtud de dichas manifestaciones se hubiere emitido el fallo en un sentido determinado, pues la labor del juez es decidir con base en lo legalmente probado dentro del proceso y no ceñirse a afirmaciones desprovistas de elementos de convicción, razón por la cual, su cuestionamiento carece de relevancia a propósito del asunto que ocupa la atención de la Sala, y, en lo que atañe a las acciones relacionadas con el aludido litigio, se resalta que fueron conocidas por el recurrente desde el momento en que se instauró la demanda y no de manera posterior al fallo, siendo improcedente una nueva valoración al respecto.

Para concluir y a propósito de la demostración de perjuicios que exige la disposición en cita, basta mencionar que el inconforme se limitó a afirmar la ocurrencia de los mismos, en su especie de morales y económicos, sin aportar medios de prueba, incumpliendo así con la carga procesal que le atribuyó el mencionado precepto normativo.

En este orden de ideas, el motivo de revisión alegado no se encuentra llamado a prosperar, pues además de que los hechos que se adujeron como maniobras fraudulentas no corresponden en su totalidad al proceso en el cual se profirió la sentencia, aquellos que se relacionan con este son solo manifestaciones del derecho de acción y fueron conocidos desde que se inició el asunto, siendo imposible catalogarlos como engañosos o malintencionados, solo porque así los considera el revisionista.

6. La segunda causal en que se cimentó el recurso extraordinario, se encuentra contemplada en el numeral 9º del artículo 380 del ordenamiento adjetivo, a cuyo tenor, procede la revisión cuando la sentencia objetada sea “contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo, no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

De manera que, “solo quien tiene la facultad legal, por ostentar la calidad de demandado principal o en reconvención, de oponerse a las pretensiones dentro del litigio que se le formula y no hubiere intervenido de manera directa en él, por haber sido emplazado, puede atacar la sentencia que le es adversa, cuando se han desconocido los efectos vinculantes de providencia de fondo, definitiva y ejecutoriada” (CSJ SC, 12 Oct. 2012, Rad. 2009-2135, reiterada en SC6958-2014).

7. Retomando el caso analizado y a pesar de la similitud entre los dos procesos de pertenencia tantas veces reseñados, no se estructura la figura de la cosa juzgada prevista en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, en tanto que, en el primero de los casos, la señora Gilma Díaz Zarta reclamó para sí el derecho de dominio sobre el inmueble ubicado en el municipio de Purificación – Tolima, y, en el segundo, la señora Jacinta Díaz Zarta promovió la citada acción sobre el mismo bien, pero en su condición de “heredera de la sucesión” de Gregorio Díaz Andrade y en aras de que se radicara el derecho de dominio en cabeza de este.

Nótese también, que a propósito del primer proceso reseñado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué – Tolima, en sentencia de 3 de abril de 2006, confirmó la providencia según la cual se negaron las pretensiones de la demanda (fls. 247 a 271), y, por el contrario, la misma corporación, frente a las segundas peticiones mencionadas, en pronunciamiento de 23 de junio de 2008, resolvió que el citado inmueble pertenecía a la sucesión del causante Gregorio Díaz Andrade (fls. 17 a 37).

De lo anterior se infiere que, además de que no existe identidad de partes, ni de causa en el asunto estudiado, y por tanto, no confluye la triple identidad que determina la prosperidad de la figura alegada, el segundo proveído no comporta en manera alguna el desconocimiento de lo decidido en el primero de aquellos.

Sumado a lo dicho, y pese a que la anterior conclusión sería suficiente para desestimar la consolidación de la consecuencia jurídica pretendida por el inconforme, no le asistía al revisionista legitimidad para alegar esta causal, pues como se dijo en la parte introductoria del presente pronunciamiento, aquel sí tuvo la oportunidad de proponer como excepción de fondo dentro del proceso, la que denominó “cosa juzgada material”, al punto que la misma fue declarada probada por el juez del conocimiento, aunque posteriormente se revocara por el superior.

8. En consecuencia, como los planteamientos del aquí demandante no guardan correspondencia con las exigencias legales invocadas, ni con las interpretaciones ya referidas, se impone declarar la improsperidad del excepcional mecanismo de impugnación.

V. Decisión

En armonía con las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

1: DECLARAR INFUNDADO el recurso de revisión propuesto por Luis María Díaz Zarta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia.

2: Condenar al recurrente al pago de las costas y perjuicios causados a la contraparte como consecuencia del presente recurso. En la liquidación de aquellas inclúyase como agencias en derecho la suma de $3’000.000.oo; la tasación de los segundos se hará mediante incidente según lo establecido en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil.

3: Cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al juzgado de origen, a excepción de la actuación relativa al recurso de revisión. Por secretaría, ofíciese.

4: Archivar, en su momento, el expediente aquí conformado.

Notifíquese».