Sentencia de septiembre 21 de 1976 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

REIVINDICACIÓN

Transmisión por herencia

Posesión efectiva de la herencia

Confesión del demandado

Magistrado Ponente:

Dr.Ricardo Uribe Holguín

Bogotá, D.E., veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta y seis.

Se decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de segundo grado pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el proceso ordinario de Julia Rita Montoya vda. de Díez, Horacio Díez Montoya, Camilo Mejía Díez y los menores Federico, Juan Ignacio y Rosa Helena Clara Mejía Díez contra la sociedad Samuel Moreno Restrepo & Cía. Comandita por acciones.

I. Antecedentes

1. En la demanda que dio origen al proceso se pide:

a) Que se declare que los demandantes son los propietarios del predio denominado “La Playita”, cuya situación y linderos indican;

b) Que se condene a la sociedad demandada a restituirlo a los demandantes, y

c) Que se la obligue a pagarles los frutos naturales y civiles, como poseedora de mala fe.

2. Estas súplicas se apoyan en hechos que cabe resumir así:

a) El 12 de noviembre de 1952, en el proceso de sucesión de Santiago Díez Díez se dictó decreto de posesión efectiva de la herencia a favor de los hijos del causante, Alfredo, Horacio, Jorge, Alberto, Alicia y Lucila Díez Montoya y de la cónyuge sobreviviente, Julia Rita Montoya vda. de Díez, decreto que fue inscrito en la Oficina de Registro del Circuito de Medellín;

b) Entre los bienes comprendidos por ese decreto está el predio denominado “La Playita”, que el causante había adquirido por permuta celebrada mediante la Escritura 1847, otorgada en la Notaría Cuarta de Medellín el 30 de octubre de 1924;

c) Alicia Díez Montoya falleció en 1959, y en su causa mortuoria se adjudicaron a sus cuatro hijos legítimos los derechos que la causante tenía en “La Playita”;

d) En virtud de sucesivas ventas que algunos de los herederos de Santiago Díez Díez hicieron de sus derechos en ese predio a favor de otros asignatarios, hoy son dueños de éste las siguientes personas: Julia Rita Montoya vda. de Díez, con 8/12 partes; Horacio Díez Montoya, con 3/12 partes; y Camilo Mejía Díez, junto con sus menores hermanos Federico, Juan Ignacio y Rosa Helena Clara, con 1/12 parte;

e) Cuando el municipio de Medellín ocupó, para ampliar el aeropuerto, una faja de terreno que pertenecía entre otros a los demandantes y a la sociedad demandada, se practicó un avalúo pericial del terreno ocupado y de los perjuicios sufridos por los propietarios afectados, en el cual los peritos separaron claramente una de otra la finca de la sociedad demandada y la que los demandantes ahora reivindican;

f) Tanto Santiago Díez Díez, desde 1924 hasta cuando falleció, como Julia Rita Montoya vda. de Díez y sus hijos, desde la muerte de aquél, poseyeron pacíficamente “La Playita”, como sucesivos propietarios pero hace unos meses fueron despojados de esa posesión “en forma arbitraria, audaz, temeraria y violenta” por la sociedad demandada, mediante la destrucción de los cercos que separaban ese predio de uno limítrofe que a ésta pertenece, y

g) Santiago Díez Díez y Julia Rita Montoya de Díez desde tiempo atrás “liquidaron la sociedad conyugal creada entre ellos, como consecuencia de su matrimonio”, sin embargo, en esa liquidación no se incluyó el predio “La Playita”, que forma parte del activo social.

3. La compañía demandada contestó el libelo negando algunos de los hechos, exigiendo prueba de otros y declarando que los inmuebles “La Playita” y “La Mota”, este último de propiedad de aquélla “están bien determinados y definidos desde la última década del siglo pasado”. Propuso “la excepción de prescripción adquisitiva, fundada en el hecho de que si por cualquier circunstancia poseemos terreno que pudo pertenecer a la finca “La Playita”, lo que ciertamente no creemos, lo adquirió la sociedad demandada”, por “posesión material, en un tiempo mayor a 75 años”. Manifestó finalmente oponerse a todas las pretensiones de la demanda.

4. El Juez Sexto Civil del Circuito de Medellín, quien conoció del proceso en la primera instancia, pronunció extenso fallo por el cual acoge favorablemente todas las súplicas de la demanda y declara no probada la excepción de prescripción adquisitiva.

5. Apelada esta sentencia por la sociedad demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín la confirmó en todas sus partes, con costas a cargo de la entidad recurrente.

II. Motivación del fallo impugnado

1. Comienza el tribunal señalando las diversas cuestiones relacionadas con la pretensión reivindicatoria, que enumera así:

“1. Legitimación activa. Quiénes la pueden ejercitar y cómo prueban que son propietarios o que tienen un mejor derecho a poseer la cosa.

2. Legitimación pasiva. Contra quién puede ejercitarse.

3. Qué cosas pueden reivindicarse.

4. Naturaleza y objeto de la acción”.

2. En lo tocante con el dominio del predio que se reivindica en el proceso, el sentenciador encuentra que tal extremo fue debidamente demostrado merced a la Escritura 1847 del 30 de octubre de 1924, por la cual Santiago Díez adquirió “La Playita”, y al decreto de posesión efectiva de la herencia dictado en su causa mortuoria a favor de la cónyuge sobreviviente y de los hijos legítimos del de cujus, decreto que comprende, entre otros, el mencionado predio.

3. Por lo que atañe a la posesión material del inmueble por la sociedad demandada, advierte el tribunal que si ésta al contestar la demanda, negó en principio estar ocupando el predio reivindicado, formuló sin embargo “un contradictorio reclamo de prescripción adquisitiva”, por lo cual “es dable inferir que la entidad demandada acepta, en el fondo estar poseyendo el inmueble en litigio”.

Sin embargo, anota, la verdadera prueba de la posesión emerge de las declaraciones testimoniales de Vitalino Muñoz López, José Benito Betancur, Fidel A. Restrepo Saldarriaga y Samuel Gutiérrez, quienes afirmaron que “La Playita” y “La Mota” son predios distintos e independientes y que la sociedad demandada derribó los cercos divisorios de las dos propiedades.

Estos testimonios, agrega, están confirmados y reforzados “con las diligencias de protección policiva obrantes en folios 12 a 21 del cuaderno 4”.

4. En cuanto al bien objeto de la pretensión reivindicatoria, el tribunal se detiene especialmente en el estudio de las pruebas que acreditan su identificación.

Sobre este particular observa que la propia sociedad demandada, en su contestación de la demanda, confiesa que “los linderos de la heredad “La Playita” y de la finca “La Mota” están bien determinados y definidos desde la última década del siglo pasado...”.

Además, dice, en la inspección judicial que se practicó en la primera instancia, el juez logró identificar el lindero oriental, que es el limítrofe entre “La Playita” y “La Mota”; “según la diligencia —advierte—, dicho lindero oriental carece de cercos visibles, mas allí se observan numerosos vestigios de cercos anteriores, como pedazos de alambre reventado, de árboles y estacones diseminados en su extensión”.

En el acto de la diligencia, agrega, depusieron los testigos Joaquín Emilio y Luis Alfonso Restrepo, cuyas declaraciones confirman que los cercos de “La Playita” fueron destruidos por los vecinos de “La Mota”.

Finalmente se refiere el tribunal a los dictámenes de los peritos y a las objeciones de que fueron objeto, para concluir que la identificación del predio reivindicado quedó plenamente establecida en el proceso por todos los medios de prueba examinados.

5. En el último aparte de la sentencia impugnada, se examina lo concerniente a la naturaleza y al objeto de la acción de dominio, sentándose la conclusión de que este último requisito también quedó establecido en el proceso, quedando así cumplidos, a cabalidad, todos los presupuestos de la súplica reivindicatoria. Confirmó, finalmente, el rechazo de la excepción de prescripción adquisitiva.

III. La demanda de casación

Con fundamento en la primera causal, la parte recurrente propone tres cargos, el primero de los cuales está dividido en tres partes diferentes. Para mayor claridad, tales cargos serán estudiados y decididos en el siguiente orden: primero los contentivos de impugnaciones referentes a la propiedad del predio reivindicado; luego, el que atañe a su identificación, y finalmente, el que toca con la posesión material por parte de la sociedad demandada.

A) Dominio del predio reivindicado

Los tres cargos formulados en la demanda conciernen por igual a este presupuesto de la pretensión reivindicatoria:

Primer cargo

(Primera parte)

Aplicación indebida de los artículos 203, 669, 673, 740, 745, 749, 752, 756, 757, 759, 762, 764, 770, 778, 946, 947, 950, 952, 963, 964, 966, 2521, 2526 y 2652 del Código Civil, así como del 85 de la Ley 153 de 1887 y del 18 de la Ley 45 de 1936, a “consecuencia de los errores de hecho evidentes en que incurrió el fallador de segunda instancia en la apreciación de las pruebas que se identificarán los errores cometidos en la valoración de otras, y por haber dejado de apreciar algunas de las aportadas al proceso. Así mismo, y como violación medio, deben señalarse los artículos 174, 177, 187, 241, 256, 262 y 264 del Código de Procedimiento Civil”.

Para puntualizar los errores que por este cargo imputa al tribunal la parte recurrente indica como pruebas erróneamente apreciadas: a) La Escritura 1847 del 30 de octubre de 1924; b) El decreto de posesión efectiva de la herencia; c) La hijuela número 4 en la sucesión de la señora Alicia Díez de Mejía”; y como pruebas no apreciadas: “d) La Escritura 705 del 5 de marzo de 1969 de la Notaría Cuarta de Medellín y la copia de la audiencia de transacción”.

Segundo cargo

Aplicación indebida de los artículos 203, 673, 740, 745, 749, 756, 757, 759, 946, 950 y 2652 del Código Civil, así como de los artículos 85 de la Ley 153 de 1887 y 18 de la Ley 45 de 1936, a consecuencia del “error de derecho en que incurrió el tribunal al valorar algunas pruebas que se encuentran en el proceso. Se señalan como violación medio los artículos 187, 251, 252, 256, 258, 262 y 264 del Código de Procedimiento Civil”.

Las pruebas que se estiman mal valoradas son: “a) La Escritura 1847 del 30 de octubre de 1924; b) El decreto de posesión efectiva a favor de la herencia; c) La hijuela número 4 en la sucesión de la señora Alicia Díez de Mejía”.

Tercer cargo

Aplicación indebida de los artículos 203, 673, 740, 745, 749, 750, 756, 757, 759, 946 y 950 del Código Civil y, además de los artículos 85 de la Ley 153 y 18 de la 45, quebrantos todos provenientes del “error de hecho evidente en que incurrió el tribunal al apreciar algunas de las pruebas aportadas al proceso y al suponer la existencia de otras. Se indican también, como violación medio, los artículos 187, 251, 252, 256, 259, 262, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil”.

Como pruebas indebidamente apreciadas, indica el impugnador las siguientes: a) El decreto de posesión efectiva a favor de la herencia; b) La hijuela número 4 en la sucesión de la señora Alicia Díez de Mejía; c) El certificado del registrador de Medellín; d) Las escrituras 2733 del 14 de junio de 1963, 1914 del 10 de junio de 1970, 2279 y 2280 del 12 de agosto de 1971, todas de la Notaría Segunda de Medellín.

En sustentación de estos tres cargos, la censura razona de esta manera:

1. El decreto de posesión efectiva de la herencia, invocado por la parte demandante y aceptado por el tribunal como título de dominio del predio que se reclama, no demuestra este presupuesto de la pretensión reivindicatoria, como quiera que el título de propiedad del causante, o sea la Escritura 1847 del 30 de octubre de 1924, no fue nuevamente registrado, contra lo prescrito por el artículo 757 del Código Civil. Al tener dicho decreto como prueba de dominio, el sentenciador violó no sólo esta disposición sustancial, sino además de los artículos 740, 749, 750, 752, 756 y 759 del mismo código.

2. Es el acto de partición, no el decreto de posesión efectiva de la herencia, lo que confiere a los herederos el dominio de los bienes que dejó el causante. “Solamente cuando se inscribe la respectiva partición puede cada heredero disponer de los inmuebles respecto de los cuales se le haya adjudicado el dominio”.

3. El decreto de posesión efectiva en la sucesión de Santiago Díez Díez no podía expedirse a favor de la cónyuge sobreviviente, Julia Rita Montoya viuda de Díez, porque ella no es heredera del causante (L. 45/36, art. 18; L. 153/887, art. 85) y, además, porque entre ella y su marido hubo separación de bienes, o partición extrajudicial de gananciales, y no está demostrado en el proceso que el inmueble reivindicado no hubiera quedado comprendido en esa separación patrimonial. A la muerte del causante, dicho inmueble figuraba totalmente a nombre suyo; luego debe concluirse, a falta de prueba en contrario, que la cónyuge sobreviviente no tiene derecho alguno sobre él. Por ello resulta “arbitraria la asignación a la esposa del causante de la mitad o de las 6/12 partes en el derecho de dominio del referido inmueble...”. A lo cual debe agregarse que, ni en la “audiencia de transacción”, ni en la Escritura 705 del 5 de marzo de 1969 “se menciona como propietaria a la señora Julia Rita Montoya viuda de Díez, hecho éste de importancia en cuanto contribuye a demostrar que los títulos de la cónyuge supérstite sobre tal predio no tienen valor alguno”.

4. Las ventas que de su derecho a 1/12 parte en el dominio del inmueble reivindicado hizo a favor de la cónyuge sobreviviente y del heredero Horacio Díez cada uno de los demás herederos, no tuvieron el efecto de hacer dueños a los compradores, “porque quienes vendieron no podían disponer de tal inmueble, ni de cuotas proindiviso sobre el mismo, porque no hubo partición en la sucesión ni se registró ninguna adjudicación en la oficina de registro”.

Consideraciones de la Corte

Se examinarán uno por uno los cuatro argumentos de fondo en que se sustenta la impugnación.

Primer argumento

Lo apoya el censor en el artículo 757 del Código Civil, que a la letra dice: “En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no lo habilita para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no preceda: 1. El decreto judicial que da la posesión efectiva. 2. El registro del mismo decreto judicial y de los títulos que confieren el dominio”.

En concepto del recurrente, la disposición transcrita debe entenderse en el sentido de que, además de registrarse el decreto de posesión efectiva, es preciso registrar también nuevamente los títulos que conferían el dominio al causante.

¿Registrarse por segunda vez a favor de quién? No lo dice el impugnador, mas es claro que no puede referirse sino a nuevo registro a favor de los causahabientes favorecidos con el decreto, puesto que carecería de todo sentido registrarlos otra vez a nombre del de cujus, ya fallecido.

Ciertamente se equivoca la censura al interpretar el ordinal 2º del artículo 757 en el sentido de que los títulos del causante deben registrarse a nombre de sus causahabientes, para que el decreto de posesión efectiva pueda producir sus consecuencias legales. Un mismo título jamás puede inscribirse en el registro por primera vez a favor de una persona y luego a favor de otra u otras. Conforme al artículo 15 de la Ley 40 de 1942, el registro de cada acto o contrato es uno solo, aunque se haga en diversos libros, y debe indicar entre otras cosas los “nombres de las partes”, “sin que en esa materia se puedan hacer cambios, supresiones o adiciones”.

El registro de los títulos que confieren el dominio, a que se refiere el citado ordinal 2º, es formalidad que, a juicio de la Corte, debe entenderse de otro modo. El Código Civil ordenaba registrar todo título “que cause mutación o translación de la propiedad de bienes raíces” (ord. 1º, art. 2652). Mas ocurre que esta prescripción legal, por descuido de los interesados, no se cumplía en la práctica algunas veces. ¿Cómo efectuar entonces el registro de un nuevo título a favor de nuevo dueño?

Conforme al artículo 16 de la Ley 40 de 1932, “en todo acto, instrumento y sentencia, sobre traspaso o transferencia del dominio de un inmueble, se relacionará el título del tradente o causante o se hará la declaración expresa de que carece el título. Sin el cumplimiento de este requisito no se hará el registro del acto o título. En la inscripción o registro respectivo se relacionará siempre el título anterior” (resalta la Corte). De esta disposición era complemento la del artículo 2667 del Código Civil, que rezaba así: “Siempre que se transfiera un derecho que ha sido antes registrado, se mencionará el precedente registro en el nuevo. Para facilitar la operación, el respectivo interesado presentará al registrador la copia o testimonio del título en que deba estar, consignada la nota del anterior registro” (resalta nuevamente la Corte).

De estas dos disposiciones legales se desprende la conclusión de que el registro de un nuevo título no podía hacerse: a) Si existiendo título anterior a favor del tradente o causante, carecía de registro; b) Si no existiendo tal título, se omitía la declaración expresa de que se carecía de él.

Infiérese de lo expuesto que lo establecido por el ordinal 2º del artículo 757 es que, cuando existe título de dominio a favor del causante, debe estar registrado, y si no lo está, es necesario registrarlo, porque de otro modo no puede el registrador inscribir el decreto de posesión efectiva de la herencia, con la secuela de que la titularidad del dominio de los bienes inmuebles relictos no se radica en cabeza de los miembros de la comunidad sucesoral y estos no pueden disponer válidamente de aquéllos.

En punto de bienes raíces, dada la estructura del sistema colombiano de registro de la propiedad de ese linaje, el dominio de los que pertenecieron a un causante no pasa a sus causahabientes por el solo hecho del fallecimiento de éste. Se requiere que la transmisión de la propiedad del uno a los otros sea registrada a nombre de los últimos; y para poderse cumplir esta formalidad es necesario, no sólo un acto o título, debidamente registrado, en que conste que el derecho real ya no radica en cabeza del causante sino en la de todos sus causahabientes (decreto de posesión efectiva o partición en su caso), sino además constancia en el registro de que los inmuebles pertenecían al difunto, o de que éste carecía de título sobre tales bienes.

Segundo argumento

Sostiene el recurrente que el acto que autoriza a los sucesores para disponer de los bienes relictos no es el decreto de posesión efectiva de la herencia, sino la partición por la cual se les adjudiquen esos bienes.

Esta tesis, que sería verdadera cuando no ha habido decreto de posesión efectiva, pugna, cuando sí lo ha habido, con lo que por el artículo 757 del Código Civil se dispone, porque desconoce lo que en nuestro régimen legal se entiende por ese decreto y los antecedentes históricos que tuvo.

El artículo 688 del Código Civil chileno es del siguiente tenor: “En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no preceda: 1. El decreto judicial que da la posesión efectiva: este decreto se inscribirá en el registro del departamento en que haya sido pronunciado; y si la sucesión es testamentaria, se inscribirá al mismo tiempo el testamento; 2. Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del artículo precedente: en virtud de ellas podrán los herederos disponer de consuno de los inmuebles hereditarios; 3. La inscripción especial prevenida en el inciso tercero: sin ésta no podrá el heredero disponer por sí solo de los inmuebles hereditarios que en la participación le hayan cabido”.

Las inscripciones especiales que se exigen por los incisos primero y segundo del artículo 687 de ese código, al cual se remite el 688 transcrito, son las mismas que por el 2653 del colombiano se establecían para el caso en que el título que fuera a registrarse se refiera a un inmueble cuya situación comprendiera varios circuitos de registro o a varios inmuebles situados en diferentes circuitos, respectivamente; y la inscripción de que trata el inciso tercero del mismo artículo 687, es idéntica a la prevista por el 2654 de nuestro código para el registro de los actos de partición.

Porque se dispuso en el artículo 688 del código chileno que el decreto de posesión efectiva de la herencia, debidamente registrado con arreglo a los ordinales 1º y 2º de ese artículo, permite a los herederos “disponer de consuno de los inmuebles hereditarios”. Sencillamente porque la comunidad sucesoral es una comunidad universal en que todos los herederos son dueños de todos los bienes que la forman; por manera que si aquéllos, obrando de consuno —y con apoyo en el decreto de posesión efectiva, que se expide a favor de la totalidad de ellos—, enajenan uno o más bienes raíces que fueron del causante, transfieren cosa o cosas que les pertenecen en propiedad, sin el riesgo previsto por el inciso final del artículo 1344 de ese mismo código (1401 del colombiano). Y es claro que, como lo ha dicho la Corte, quienes pueden disponer de un bien pueden también reivindicarlo.

Tercer argumento

En concepto del impugnador, el decreto de posesión efectiva no podía cobijar a la cónyuge sobreviviente, por dos razones: a) Porque entre marido y mujer hubo separación de bienes y, por lo tanto, esta última no puede tener derecho alguno en los que al fallecer dejó aquél; y b) Porque la cónyuge sobreviviente no es heredera, puesto que hay hijos legítimos del causante.

a) En el hecho décimo de la demanda que dio origen al proceso, se afirmó que Santiago Díez y Julia Rita Montoya de Díez “liquidaron la sociedad conyugal creada entre ellos como consecuencia de su matrimonio”. Y en el decreto de posesión efectiva se expresa que la cónyuge supérstite está “separada de bienes en forma definitiva, según ella misma lo expresa en el memorial poder”.

No hay prueba en el proceso, o a lo menos el recurrente no la invoca, de que dicha separación de bienes fuera decretada judicialmente, lo que sólo hubiera podido demostrarse con copia auténtica de la correspondiente sentencia. Tampoco la hay de que los cónyuges la hubieran hecho extrajudicialmente con arreglo al artículo 7º de la Ley 28 de 1932, caso en el cual habría sido necesario allegar al proceso la correspondiente escritura pública. La mera confesión de la cónyuge sobreviviente no es eficaz para establecer lo uno ni lo otro.

De modo que en el proceso sucesorio del marido era indispensable que su mujer se apersonara, como lo hizo, y proceder en su debida oportunidad a dar aplicación al artículo 1398 del propio código, que reza así: “Si el patrimonio del difunto estuviere confundido con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del cónyuge..., se procederá en primer lugar a la separación de patrimonios, dividiendo las especies comunes según las reglas precedentes”;

b) Es verdad que el decreto de posesión efectiva de la herencia no puede comprender al cónyuge sobreviviente cuando éste no es heredero. En tal caso, el origen del derecho de la mujer o el marido supérstite es la sociedad conyugal, no la sucesión del que ha fallecido. De aquí que, con arreglo al artículo 757 del Código Civil, dicho decreto no proceda sino en favor de los herederos, disposición que confirmaba el antiguo Código Judicial y confirma el artículo 607 del nuevo de Procedimiento Civil.

Mas ocurre que en este proceso se adujo copia auténtica de la Escritura 1847, otorgada en la Notaría Cuarta de Medellín el 30 de octubre de 1924, contentiva del contrato de permuta mediante el cual el causante Santiago Díez Díez adquirió “La Playita” (fls. 1 y ss. cuad. 2). Este bien, cuyo dominio fue transferido al de cujus durante su matrimonio y a título oneroso, ingresó al haber de la sociedad conyugal formada entre él y Julia Rita Montoya (ord. 5º, art. 1781 del código). Tal escritura, por lo tanto, sirve de título a la cónyuge sobreviviente para fundar su pretensión reivindicatoria.

Acaso se arguye que Julia Rita Montoya no demandó para la sociedad conyugal ilíquida que existió entre ella y su difunto marido, sino actuó en su propio nombre. Sin embargo, las demandas deben ser interpretadas. Y pues esa demandante invocó en el libelo la calidad que el decreto de posesión efectiva le reconoció, o sea la de cónyuge sobreviviente, ha de entenderse que no pidió para sí, sino para la sociedad conyugal ilíquida formada con su marido. Su pretensión reivindicatoria no se endereza a que el bien se le entregue a ella, independientemente de su calidad de cónyuge supérstite, sino a que dicho bien vuelva a una masa patrimonial ilíquida, formada por los haberes de la sociedad conyugal y los de la herencia, confundidos a la sazón uno con otro (art. 1398, atrás citado).

Que el decreto de posesión efectiva no sirva de título a la cónyuge sobreviviente, en circunstancia que no desvirtúa su pretensión reivindicatoria, como quiera que ella exhibió un título idóneo —la escritura de permuta por la cual su marido adquirió el inmueble reclamado en la demanda—, y puesto que dicha pretensión fue formulada de consuno por todos los comuneros de la masa de bienes, sin exclusión de ninguno.

Finalmente, que ni en la “audiencia de transacción” para arreglar divergencias que ocurrieron con el municipio de Medellín, ni en la Escritura 705 del 5 de marzo de 1969, se mencionara a Julia Rita Montoya de Díez como copropietaria del inmueble reivindicado, es hecho que se explica claramente en la circunstancia de que ese bien sólo figuraba en cabeza del cónyuge Santiago Díez, a pesar de haber sido adquirido a título oneroso durante el matrimonio. Por lo tanto, dichos instrumentos nada prueban en contra de las conclusiones que ha sentado la Corte.

Cuarto argumento

Reiterando su opinión de que el dominio de los bienes relictos no lo adquieren los causahabientes sino en virtud del acto de partición, no del decreto de posesión efectiva, el recurrente sostiene que las ventas de sus derechos de 1/12 parte en el dominio del inmueble reivindicado, hechas por varios de los herederos a favor de la cónyuge sobreviviente y de otro heredero, no transfirieron el dominio de tales cuotas, porque los vendedores tradentes no eran titulares de los derechos que vendieron, ya que no existe partición debidamente registrada.

El decreto de posesión efectiva, como ya se dijo, radica en la totalidad de los herederos el dominio de todos los bienes raíces comprendidos en la comunidad sucesoral, facultándolos para disponer de consuno de cualquiera de estos. Pero ello no significa que el derecho de libre disposición quede limitado al caso en que todos en conjunto enajenen. También pueden disponer del derecho que cada uno de ellos tiene, el cual, conforme al artículo 2323 del Código Civil, en armonía con el 2322 de la misma obra, “es el mismo que el de los socios en el haber social”.

No impugna la censura el valor de cada cuota vendida, sino niega el derecho que cada uno de los causahabientes pudiera tener para efectuar la venta. Habiéndose promovido la demanda reivindicatoria de consuno por todos los herederos favorecidos con el decreto de posesión efectiva (tomados en consideración los transpasos legalmente efectuados a título universal y singular con posterioridad a éste), y no tratándose en consecuencia de reivindicación de cuotas, carece de todo interés examinar el monto de la de cada demandante: la condena a restituir fue pedida y pronunciada a favor de todos ellos en conjunto.

Por las razones expuestas, se rechazan estos tres cargos.

B) Identificación del predio reivindicado

A este presupuesto de la pretensión reivindicatoria se refiere la segunda parte del primer cargo, así:

Primer cargo

(Segunda parte)

Aplicación indebida de los artículos 946 y 950 del Código Civil, a consecuencia de error evidente de hecho en la apreciación de determinadas pruebas, yerro que llevó al tribunal a tener por identificado el inmueble cuya restitución piden los demandantes, a pesar de que conforme a esas pruebas no se identificó.

Los elementos probatorios que el censor señala como mal apreciados son:

a) La inspección judicial practicada por el juez del conocimiento el 28 de septiembre de 1972 y continuada el 15 de noviembre siguiente; b) El dictamen pericial de Gabriel Arenas Sánchez y Teodomiro Fernández Correa; c) El dictamen pericial de Julio González Velásquez y Gildardo Rueda Jaramillo; d) “La prueba testimonial, y en particular las declaraciones de aquellos testigos a que se refiere el tribunal en su fallo”.

La acusación se apoya en los siguientes argumentos:

1. En la inspección judicial practicada en la primera instancia, el juez declaró que le era “imposible identificar el lindero oriental del lote “La Playita”, porque no existen cercos visibles; al parecer sólo huellas que se procede a constatar...”.

2. Los peritos Arenas y Fernández afirman que “el lote “La Playita” está dentro de los alambrados de “La Mota”, actualmente”, y que “los linderos de “La Playita”, descritos antes, se pueden relacionar exactamente hoy, como desde la quebrada La Guayabala o la línea sinuosa que la circunda, en la parte oriental, hasta el actual alambrado de La Mota...”, lo que a juicio del impugnador indica notable imprecisión.

3. Los peritos González y Rueda sientan, entre otras, las siguientes conclusiones: a) “No se dispone de base en orden a sostener que el inmueble La Playita se extienda sobre la margen derecha de la quebrada denominada Guayabala”; b) “Pero en las escrituras 218 y 219 del 19 de febrero de 1914, confeccionadas (sic) en la Notaría Segunda de Medellín, sobre compraventa de unos derechos en el mencionado bien (La Playita), sí se alude a linderos por tal quebrada”; c) “Al expediente no se trajo copia completa de la partición de la finca Guayabal, realizada el 9 de julio de 1895..., la que reviste interés ya que partes litigantes, en el encadenamiento de sus titulaciones, hacen referencia a ella. Tampoco se aportó por los interesados copia de un acto de “... aclaración hecha el treinta de mayo de mil ochocientos noventa y seis (1896)...”; d) “La cuestión sometida a nuestro examen se dificulta por la ausencia de medidas anteriores sobre extensión de los inmuebles, de actualización de linderos en los diferentes títulos, de variedad de puntos arcifinios, de copia completa de una partición y acto aclaratorio...”.

4. La prueba testimonial recibida en el proceso nada demuestra ni aclara en relación con el lindero oriental del predio reivindicado, que es el carente de identificación.

Consideraciones de la Corte

1. En su respuesta a la demanda, la sociedad demandada expresó que La Playita “es bien raíz plenamente conocido por sus linderos” (contestación al hecho tercero); que ese predio, “delimitado como aparece en la Escritura 1847 de 30 de octubre de 1924 y como se relacionó con el hecho tercero de la demanda, por sus puntos cardinales, es bien fácil de identificar y lo será en su oportunidad” (contestación al hecho duodécimo); y que “Los linderos de la heredad “La Playita” de la finca “La Mota” están bien determinados y definidos desde la última década del siglo pasado; son inconfundibles y siempre los hemos respetado” (contestación al mismo hecho undécimo).

Fue precisamente esta prueba la que el tribunal tuvo por confesión de identificación del predio reclamado, fundándose en ella para tener por demostrado tal requisito. Luego de transcribir la confesión contenida en la respuesta a la demanda, dijo en efecto el sentenciador: “es pues, la misma entidad demandada quien allí admite una clara identificación del inmueble “La Playita” para, posteriormente en forma contradictoria expresar: “Queda evidenciado que no es posible afirmar que se ha identificado el terreno La Playita, que está dentro de los actuales linderos de “La Mota”... (cuad. 6, fl. 22 vto.)”.

2. Por lo demás, ha expresado la Corte en numerosas sentencias que cuando el demandado en proceso reivindicatorio propone la excepción de prescripción adquisitiva, confiesa no sólo la posesión material de la cosa reivindicada, sino también su identidad.

3. No obstante, para mayor abundamiento, se hará breve examen de las restantes pruebas en cuya apreciación encuentra la censura yerros de orden fáctico:

a) Refiriéndose a la inspección judicial, el fallador afirma que “según la diligencia, dicho lindero oriental carece de cercos visibles, mas allí se observaron numerosos vestigios de cercos anteriores, como pedazos de alambre reventado, de árboles y estacones diseminados en su extensión”. Todo ello es exacto, como puede comprobarse en la lectura del acta correspondiente. El juez sí identificó el lindero oriental del predio, advirtiendo que no está formado por “cercos visibles”, sino por “huellas” que en la inspección fueron comprobadas. No existe pues el error evidente de hecho que sobre el particular invoca la censura;

b) En la sentencia impugnada se transcribe extensa parte del dictamen de los peritos Arenas y Fernández, particularmente la que se refiere al lindero oriental del terreno reclamado. Advierten estos que en la inspección judicial “se vio cómo existe una línea muy sinuosa (que describimos en el plano), que se aleja o se acerca a la quebrada, aunque poco, pero en donde se ve claramente que hubo alambrados, árboles, piñuela, etc., suficientes para delimitar los predios”; y concluyen que “el lindero oriental de La Playita es la quebrada La Guayabala, con las sinuosidades del alambrado, que la separa del predio que fue de Apolinar Villa... Si alguna duda quedaba sobre el lindero oriental de La Playita y occidental de La Mota, aquí queda despejada, confirmando con toda claridad el plano de 1898 de la partición de la finca Guayabala”. El tribunal no hizo otra cosa sino atenerse a este concepto pericial, cuyo contenido no alteró en absoluto y cuyas claras conclusiones confirman lo que el propio juez observó en la inspección judicial;

c) Es cierto que en el segundo dictamen, rendido por los peritos González y Rueda, se dice que no hay base para firmar que La Playita “se extiende sobre la margen derecha de la quebrada denominada Guayabala”. Pero luego se lee allí mismo que en títulos que datan de 1914 “sí se alude al lindero por tal quebrada”. No encuentra la Corte que estas conclusiones, de poca firmeza por parecer contradictorias, demuestran que el lindero oriental de la Playita no fue identificado, ni, por tanto, que el tribunal incurriera en error de hecho al apreciarlas, menos aún manifiesto, y

d) Finalmente, las declaraciones testimoniales que el sentenciador tuvo en cuenta por lo que toca con la identificación del lindero oriental del bien reivindicado, que fueron las rendidas por Joaquín Emilio y Luis Alfonso Restrepo —quienes depusieron en la diligencia de inspección judicial—, sirven de apoyo, junto con las otras cuatro que en el fallo se citan, tanto a las conclusiones sentadas en la inspección judicial como a las de los peritos, sin que pueda observarse que por parte del tribunal haya habido la menor alteración del contenido de esas pruebas, ni suposición de hechos que los deponentes no afirmaron.

El cargo, por lo tanto, no puede acogerse favorablemente.

C) Posesión del predio reivindicado

Contra este último requisito legal de la pretensión de los demandantes se endereza la tercera parte del primer cargo, de esta manera:

Primer cargo

(Tercera parte)

Infracción de los artículos 174, 176, 187, 233, 251, 252, 254, 256, 258, 262, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil, y quebranto, por aplicación indebida, de los artículos 669, 745, 756, 762, 765, 778, 946, 950 y 952 del Código Civil, a consecuencia de error evidente de hecho en la apreciación de algunas pruebas y falta de apreciación de otras.

Como mal apreciadas, la censura indica:

a) Las declaraciones testimoniales de Vitalino Muñoz López, José Benito Betancur, Fidel A. Restrepo Saldarriaga, Samuel Gutiérrez y Joaquín Emilio Restrepo; b) Las diligencias de protección policiva. Invoca unas y otras en relación con los títulos de propiedad de los demandantes, la inspección judicial y los dictámenes periciales.

Como pruebas no apreciadas, señala los títulos de propiedad de la sociedad demandada, en comparación con los aportados por los actores.

Se apoya la acusación en dos argumentos centrales: 1. Puesto que el predio cuya restitución se pide no fue identificado, “los actos de posesión que se pretenden no pueden estar vinculados con un inmueble no identificado de manera cierta. 2. En vez de omitir el examen de los títulos de las partes demandante y demandada, el tribunal “debió estudiarlos y compararlos, para deducir cuáles tienen mayor valor frente a las normas legales”. De tales estudio y comparación resulta que aquéllos son deficientes e incompletos, en tanto que los segundos carecen de lagunas y soluciones de continuidad, por lo cual deben primar sobre los otros.

Consideraciones de la Corte

1. El primer argumento que esgrime el impugnador reposa sobre la falsa premisa de que el predio reclamado no se identificó en el proceso, y por lo tanto, las pruebas atinentes a su posesión por la sociedad demandada fueron erróneamente apreciadas. Mas habiéndose visto ya cómo la identificación del inmueble fue debidamente demostrada, el yerro de facto que con base en esa premisa se imputa al tribunal no pudo ser cometido por éste.

A lo cual cabe agregar, repitiendo lo ya dicho, que la posesión material del bien reivindicado fue demostrada, entre otras pruebas por confesión de los demandados al invocar como excepción la prescripción adquisitiva, prueba que se sostiene por sí sola.

2. Respecto del segundo argumento, advierte la Corte que en este proceso no se trata de comparar entre sí dos titulaciones coexistentes sobre un mismo inmueble, en orden a sentar la conclusión de a cuál de las dos debe dársele prevalencia: ni tampoco de deslindar dos predios colindantes, como parece entenderlo el impugnador. El litigio ha sido planteado y encarado sobre otra base: los demandantes reivindican la finca “La Playita”, y aportaron titulación que los acredita como propietarios de ella; la sociedad demandada es dueña del fundo “La Mota”, y a los autos trajo títulos que comprueban ese derecho; pero se trata de bienes raíces distintos, circunstancias que hacía ociosa e impertinente una comparación de titulaciones. Es la propia entidad demandada la que así lo ha reconocido, cuando en la contestación de la demanda afirmó: “Los linderos de la heredad “La Playita” y de la finca “La Mota” están bien determinados y definidos desde la última década del siglo pasado; son inconfundibles y siempre los hemos respetado”.

Se rechaza en consecuencia el cargo.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia objeto del recurso extraordinario, dictada en este proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

Las costas del recurso son de cargo de la parte que lo interpuso.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase.

Aurelio Camacho Rueda—José María Esguerra Samper—Germán Giraldo Zuluaga—Humberto Murcia Ballén—Alberto Ospina Botero—Ricardo Uribe Holguín. 

Alfonso Guarín Ariza, Secretario general.

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