Sentencia de febrero 24 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CARTA DE CRÉDITO

POSICIÓN DEL BENEFICIARIO FRENTE AL BANCO

EXTRACTOS: «El beneficiario de una carta de crédito no es parte en el contrato de crédito documentado que suscriben el ordenador y el banco emisor, pues ella sólo “constituye la formalización del compromiso de pagar que el banco estime frente al beneficiario. La carta de crédito es un documento probatorio y de legitimación, expedido en ejecución del contrato de apertura de crédito documentado, y enviada por el banco emisor al vendedor de la mercancía (beneficiario del crédito), en donde se avisa que ha abierto un crédito a su favor, por equis cantidad de dinero, utilizable en cierto tiempo y contra entrega de los documentos requeridos'''' (Ramiro Rengifo, Crédito Documentado-Las cartas de crédito, ed. Temis, 2ª ed., pág. 10). De suerte que la apertura de crédito documentario es un acuerdo negocial entre el ordenante y el emisor respecto al cual el beneficiario de la carta de crédito podría calificarse como la persona en cuyo favor aquellos estipulan, lo cual le da derecho a exigir al banco el pago del crédito, pero sin que esté el banco facultado para alegar en su defensa, frente a la pretensión del beneficiario, hechos o circunstancias que podrían discutir las partes del contrato de apertura del crédito documentado.

En este orden de ideas, el beneficiario no es, frente al banco emisor, el extremo de un contrato, sino el titular de un derecho de crédito. Por el mismo motivo, cuando este último decide traspasar su derecho, lo que cede es un crédito contra el banco pero en manera alguna un contrato que nunca ha celebrado con el emisor. Algo más si el beneficiario de la carta de crédito, no obstante la cesión que de ella hace, sigue obligado contractualmente con el comprador —ordenante, como en efecto sucede—, no es entonces un contrato el que él cede, sino un derecho de crédito personal, que sólo es reclamable frente al banco emisor, quien adquiere una responsabilidad autónoma con la apertura de dicha carta (art. 1415 del C. Co.). Esto quiere decir “que el beneficiario no recibe el compromiso del banco como liberatorio de la obligación del comprador de pagar el precio, sino como un compromiso más que concurre con el original del comprador” (Ramiro Rengifo, ob. cit. pág. 53). El banco deudor tiene entonces ante el beneficiario o, el cesionario si es el caso, una responsabilidad autónoma que no le otorga facultad para oponerle al beneficiario, o su cesionario, hechos que las partes del contrato podrían oponerse entre sí. Es, pues, en este entendimiento como asume el banco una responsabilidad autónoma.

Esta viene siendo la doctrina interpretativa de la Corte.

"El principio de la autonomía de la carta de crédito consagrado en el artículo 1514 (sic) del Código de Comercio “...dice más con la independencia entre el documento y su causa, con la de cada una de las relaciones que nacen en el proceso de creación y circulación de un título respecto de los demás. Aplicando este principio al caso de la carta de crédito podemos decir que es válido en cuanto, como ya lo afirmamos, las relaciones entre comprador y vendedor generan unas consecuencias que no son oponibles a las relaciones entre el banco pagador y el beneficiario. A su turno, las relaciones entre ordenante y banco emisor son independientes y este último no podría relevarse de pagar frente al beneficiario por la presencia de hechos o circunstancias vinculadas con el contrato de compraventa celebrado entre ordenante y beneficiario. Podemos, pues, afirmar que cada relación entre las partes vincula en forma exclusiva y que los demás son terceros respecto a ella, de manera que no se afectan directamente por las resultas de la misma” (Contratos Bancarios, tercera edición, Sergio Rodríguez Azuero, pág. 423).

Así las cosas, una vez cumplidas por el beneficiario las condiciones establecidas en el texto mismo de la carta (principio de literalidad), “...su posición frente al emisor será autónoma y en consecuencia no podrá el banco, como ya lo anotamos, oponerle excepciones que se deriven de las relaciones entre las otras partes. La anterior afirmación obedece precisamente a que la autonomía es la que constituye la esencia y mayor seguridad de pago al beneficiario” (Circular DB-013 de 16 de febrero de 1982).

3. No obstante las precedentes exigencias y precisiones legales, en el presente caso son los mismos demandantes quienes advierten que la expedición de las cartas de crédito cuyo pago recaban por este proceso, no tienen como antecedente la apertura de un crédito documentario solicitado por el cliente al banco ordenado para pagarle a los demandantes (beneficiarios y cesionarios) las sumas de dinero en ellas consignadas ni los contratos de compraventa de mercancías que allí se describen, sino “... varios contratos de mutuo comercial con intereses”, “que a sabiendas del banco no reflejaban el verdadero contrato celebrado, pues el banco sabía y conocía la existencia y vigencia del Decreto 2756 de 1976, que dispone que esta clase de documentos sirve únicamente para reflejar un verdadero contrato de compraventa de mercancías, el cual nunca se realizó con las operaciones cumplidas de dar, por una parte, y de recibir, por otra, dineros a interés”, planteamientos que determinaron que el ad quem se viese obligado a indagar por la existencia de dichos antecedentes contractuales(...).

4. En tales circunstancias, aunque pudiese asistirle razón a la censura en los planteamientos jurídicos que desembocan en la autonomía e independencia de las cartas de crédito, en el sentido de que el banco ordenado no puede negarse a su pago, proponiendo excepciones que se deriven de las relaciones entre las otras partes, y, por ende, en la ausencia de necesidad de averiguar por los motivos negociales que antecedieron la expedición de tales cartas, lo cierto es que los demandantes recurrentes subestiman los fundamentos fácticos de la demanda, en los cuales se dijo que las aludidas cartas de crédito se habían originado en varios contratos de mutuo celebrados con el banco demandado, argumento que de atenderlo ahora conllevaría alteración o modificación sustancial de los planteamientos iniciales de la controversia y sobre los cuales el banco demandado levantó su gestión defensiva, pues indudablemente la cuestión primigenia planteada por los demandantes no giraba en torno a la expedición de las cartas de crédito, sino en rededor de la demostración de los presupuestos negociales que habían determinado su expedición, y por los cuales se exigía su pago, variación que como es bien sabido no es de recibo en este medio extraordinario de impugnación”. (Sentencia de 22 de marzo de 1991, sin publicar).

Viene así de lo dicho, que los cargos no prosperan”.

(Sentencia de febrero 24 de 1992. Magistrado Ponente: Eduardo García Sarmiento).

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