Sentencia de abril 25 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SOCIEDAD CONYUGAL

VENTA FRAUDULENTA DE BIENES SOCIALES

Magistrado Ponente:

Dr. Héctor Marín Naranjo

Bogotá, D.E., veinticinco de abril de mil novecientos noventa y uno.

Procede la Corte a dictar la sentencia sustitutiva que aquí corresponde, de acuerdo con lo previsto en su propia providencia del catorce (14) de diciembre de mil novecientos noventa (1990) proferida en este proceso ordinario de Alberto Mizrahi Arochas contra Judith Nathan Paulun de Mizrahi.

Antecedentes

Sirven como tales los que ya se consignaron en el mencionado fallo en los siguientes términos:

“Ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali,

las indicadas partes se trabaron en un proceso ordinario dentro del cual el demandante formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se condene a la demandada a perder la porción a la que pudiera tener derecho, sobre un inmueble de carácter social, sito en la ciudad de Cali, descrito por su ubicación y linderos en la propia demanda.

2. Que igualmente se le condene a restituir a la sociedad conyugal formada por demandante y demandada, el doble del valor comercial del inmueble, a 5 de marzo de 1984.

3. Que la respectiva sentencia se comunique al juez del circuito que conoce del proceso de liquidación de la mentada sociedad conyugal; y

4. Que se condene a la demandada a pagar las costas judiciales.

La causa petendi, en lo fundamental, se puede compendiar así:

Alberto Mizrahi Arochas y Judith Nathan Paulun contrajeron matrimonio civil el 28 de noviembre de 1955 y fijaron su residencia en la ciudad de Cali. Ante el Juzgado 9º Civil del Circuito de Cali obtuvieron el decreto judicial de separación de cuerpos por mutuo consentimiento; la demanda respectiva se había admitido el 30 de noviembre de 1981 y la sentencia se profirió el 2 de febrero de 1982.

La sociedad conyugal de bienes quedó disuelta a la sazón y la demandada promovió la correspondiente liquidación, el 29 de abril de 1983, donde presentó una relación de bienes sociales en la que incluyó el inmueble materia de este proceso; la sociedad está aún en liquidación, puesto que no se ha efectuado la partición de bienes.

En ese estado, la demandada vendió el inmueble a Ramón Toro Patiño, por medio de la escritura pública Nº 259 del 5 de marzo de 1984, otorgada en la Notaría Sexta de Cali, debidamente registrada; el precio acordado fue de $ 800.000 y allí se afirmó que la vendedora colocó al comprador en posesión material del mismo.

La vendedora, acá demandada, vendió así un bien que no era suyo, dado que formaba parte del haber de la sociedad conyugal, y si fue ella quien demandó la liquidación de ésta y quien efectuó el inventario de bienes junto con la demanda, conocía ese hecho y no obstante afirmó la vigencia de la sociedad y distrajo un bien importante de la misma; de otra parte, el tiempo largo corrido entre la disolución de la sociedad conyugal y la petición de liquidación era suficiente para que la demandada se percatara de que no podía hacer la venta y prueba el dolo con que procedió para distraer el inmueble, por lo que al demandante lo ampara el art. 1824 del Código Civil.

La demandada, enterada de la demanda, dio oportuna respuesta para manifestar su oposición rotunda a las pretensiones de su cónyuge; en particular, adujo que el inmueble de que dispuso era de su exclusiva propiedad y que no está probado que él haga parte del haber de la sociedad conyugal formada con su esposo, como que los inventarios y avalúos no están aprobados ni se hallan por ninguna parte.

Rituada la primera instancia, el a quo dictó sentencia desestimatoria de las pretensiones. De esa decisión apeló el demandante ...”.

La Corte, antes de dictar sentencia sustitutiva de la del Tribunal, ordenó “la práctica de un dictamen pericial orientado a fijar el valor comercial que el inmueble enajenado por la demandada tenía en la fecha en que se otorgó la escritura de venta, o sea el cinco (5) de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro (1984)”.

La peritación ordenada se allegó en legal forma y se encuentra en firme. Es así como corresponde ahora dictar la sentencia de reemplazo, a lo se pasa con apoyo en estas

Consideraciones

A falta de capitulaciones matrimoniales, el solo hecho del matrimonio se forma entre los contrayentes sociedad de bienes (arts. 180 y 1774 del Código Civil), y, una vez constituida, pasan a formar parte del haber social “los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio a título oneroso” (art. 1781, numeral 5º, ibídem), a menos que se trate de uno de los casos contemplados en el artículo 1792.

Durante la vigencia de la sociedad, cada cónyuge puede ser titular de dos categorías de bienes: los propios exclusivos de cada uno (como los que tenga en el momento del matrimonio, los que adquiera a título gratuito y los que consiga a título oneroso pero para subrogar bienes exclusivamente propios); y los sociales o gananciales, destinados a conformar la masa común partible cuando sobrevenga la disolución de la sociedad.

Desaparecida la incapacidad civil de la mujer casada mayor de edad y la jefatura única de la sociedad conyugal por parte del marido, por virtud de la Ley 28 de 1932, tanto éste como aquélla hállanse facultados para administrar y disponer libremente de sus bienes, entendiendo por tales los de su exclusiva propiedad y los que, a pesar de tener el carácter de gananciales, se radican en cabeza de uno o de otro. Porque, como lo interpretó la Corte desde 1937, “... la sociedad (conyugal) tiene, desde 1933, dos administradores, en vez de uno; pero dos administradores con autonomía propia, cada uno sobre el respectivo conjunto de bienes muebles e inmuebles aportados al matrimonio o adquiridos durante la unión, ya por el marido, ora por la mujer” (J., t. XLV, p. 630 y ss.).

Esta facultad de administrar y de disponer libremente se ve recortada cuando la sociedad se disuelve; a partir de este evento, cada uno de los esposos sólo puede disponer de los bienes que sean suyos exclusivamente, desde luego que en nada los afecta la disolución de la sociedad. Por este hecho, emerge la indivisión o comunidad de gananciales, y mientras perdure este estado, o sea, entretanto se liquide y se realicen la partición y la adjudicación de bienes, cada cónyuge pierde la facultad que tenía de administrar y de disponer libremente de los bienes sociales. El desconocimiento de esta situación, o sea, el que por uno de los cónyuges se venda un bien que tiene la condición social, puede dar lugar al fenómeno de la venta de cosa ajena, como reiteradamente lo ha expuesto la jurisprudencia de la Corte.

Pero también puede desencadenar la sanción contemplada por el artículo 1824 del Código Civil, la cual encuéntrase enderezada a reprimir toda conducta dolosa de uno de los cónyuges que distraiga (es decir, aparte, desvíe o aleje) bienes de la masa partible, con la consecuente defraudación para el otro, que se manifiesta en el hecho de su no participación en ese bien, separado de la manera dicha de la masa social partible.

En el caso sub examine se sabe que la demandada adquirió un bien inmueble, a título oneroso, durante la vigencia de la sociedad conyugal; que, en tal virtud, ese bien ingresó al haber social, a nombre de la adquirente Paulun de Mizrahi. Se sabe, así mismo, que por sentencia del 2 de febrero de 1982 el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali decretó la separación definitiva de cuerpos de los esposos Alberto Mizrahi Arochas y Judith Nathan Paulun, así como la disolución de la sociedad conyugal que hasta entonces tuvo tal matrimonio. Resulta cierto, también, que después de disuelta la sociedad y cuando aún no se había liquidado, la señora Paulun de Mizrahi, prevalida de su condición de titular del dominio del referido bien, lo enajenó a título de venta al señor Ramón María Toro Patiño, según la escritura pública Nº 259, de 5 de marzo de 1984, Notaría Sexta de Cali, enajenación que llevó a cabo a sabiendas de estar disuelta la sociedad conyugal, según ella misma lo admitió, no obstante lo cual dijo en la escritura que ésta se encontraba vigente. Igualmente se tiene conocimiento, pues en el expediente obran pruebas de ello, de que, antes de la enajenación, la demandada había solicitado la liquidación de la sociedad conyugal disuelta y denunciado el bien que luego enajenó, como social.

Todo lo anterior pone en evidencia que, como se dijo en la sentencia de casación, “su participación en la venta fue dolosa, pues al distraer a sabiendas una cosa de la sociedad en desmedro de los intereses del marido, no es posible admitir que su conducta, desarrollada dentro del esquema descrito, sea jurídicamente inocua”.

En consecuencia de todo lo anterior, están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda que, según los términos del escrito introductorio, consisten en que la demandada pierda “la porción a la que pudiera tener derecho, sobre un bien inmueble de carácter social situado en la ciudad de Cali, en la urbanización Ciudad Jardín II Etapa ...”; en que restituya “a la sociedad conyugal formada con el señor Alberto Mizrahi Arochas ..., el doble del valor comercial del inmueble, en el momento de su venta efectuada el 5 de marzo de 1984”, y en que pague el valor de las costas procesales.

La base de las condenaciones respectivas residirá en el dictamen pericial practicado en cumplimiento de lo ordenado por la providencia que casó la sentencia del Tribunal, según el cual el valor del lote objeto de la enajenación, para la época en que ésta se efectuó, era de $ 6.926.470.95 m.l., habida cuenta de que tal pericia no fue motivo de objeción alguna en el momento procesal oportuno.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, actuando como Tribunal de instancia,

RESUELVE:

1. Condénase a la cónyuge Judith Nathan Paulun de Mizrahi a perder la porción a que pudiera tener derecho, sobre un bien inmueble de carácter social, situado en la ciudad de Cali, en la urbanización Ciudad Jardín II Etapa, demarcado, con el Nº 13-B de la Manzana “T”, al que corresponde el folio de matrícula inmobiliaria número 370-003-1977, y que está comprendido dentro de los linderos a que se refiere el punto primero de las pretensiones de la demanda.

2. Condénase a la señora Judith Nathan Paulun de Mizrahi a restituir a la masa de bienes correspondiente a la sociedad conyugal formada con el señor Alberto Mizrahi Arochas, disuelta pero no liquidada aún, la cantidad de trece millones ochocientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y un pesos con noventa centavos moneda legal ($ 13.852.941.90), suma equivalente al doble del valor comercial del inmueble, para la época de su enajenación.

3. Comuníquese la decisión al señor Juez Noveno Civil del Circuito de Cali para efectos de la diligencia de inventario y de la partición dentro del proceso de liquidación de la sociedad conyugal del matrimonio Mizrahi-Nathan, de curso en dicho despacho.

4. Costas de las instancias a cargo de la parte demandada. Liquídense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Rafael Romero Sierra. 

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