Sentencia SIN NÚMERO de agosto 22 de 1924

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN

Magistrado Ponente:

Dr. Tancredo Naanetti

Bogotá. Agosto veintidós de mil novecientos veinticuatro

Juan N. Méndez Arango—Pulido R.—Tancredo Naanetti—Trujillo Arroyo Teófilo Noriega, Secretario en propiedad.

El señor León F. Villaveces demandó ante el Juez del Circuito Civil al Municipio de Bogotá para que por sentencia definitiva se le condenase:

“Primero. A que entregue dentro de tres días de notificada la sentencia que ponga fin al juicio que promuevo por esta demanda, la bóveda marcada con el número ciento dos (102), del cementerio nuevo oriental de esta ciudad, barrio de Las Nieves, comprendida dentro de estos linderos por encima, con la bóveda marcada con el número 101; por la derecha, con la bóveda marcada con el número 98, y por la izquierda, con la bóveda marcada con el número 106.

Segundo. A que me entregue, también dentro de los tres días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva que ponga fin a este juicio que promuevo por la presente demanda, los restos, lápida de mármol y el ataúd, y en una palabra, todo lo que se contenía en la bóveda cuya entrega o restitución demando en el punto anterior, restos que eran de la señora Emilia Santamaría de Villaveces, y el ataúd que los contenía, además de la lápida de mármol; y

Tercero. A que me pague dentro de seis días de notificada la sentencia definitiva que ponga fin al presente juicio que promuevo por esta demanda, todos los daños y perjuicios que he sufrido por haber extraído indebidamente de dicha bóveda, determinada en el punto primero, los referidos restos, la lápida de mármol y el ataúd que los contenía; y además, todos los frutos civiles de la dicha bóveda, determinados en el punto primero, desde que la desocupó el Municipio sacando de allí dichos restos y el ataúd que los contenía, hasta que se haga la restitución de la misma bóveda”.

Fundó esta demanda en los hechos siguientes:

“I. Murió en esta ciudad mi esposa la señora doña Emilia Santamaría de Villaveces el trece de noviembre de mil ochocientos noventa y tres.

II. Su cadáver fue sepultado el catorce del mis mes y año en la referida bóveda número ciento dos (102) del cementerio nuevo oriental externo.

III. Habiéndose pagado el arrendamiento de dicha bóveda con las formalidades legales, al Municipio de Bogotá, por escritura pública número 1942, otorgada el veintidós de diciembre de mil novecientos en la Notaría 2ª de Bogotá, y registrada en Bogotá, libro número [1º], el tres de enero de mil novecientos uno, página 4, número [16].

IV. En el mes de marzo de este año de mil novecientos catorce fueron exhumados los restos de mi citada esposa y el ataúd que los contenía, por los empleados del cementerio, sin [__] para nada conmigo, sin mi anuencia ni consentimiento.

V. No sé qué hayan hecho de los referidos queridos restos, ni del ataúd que los contenía ni de la lápida de mármol que cubría la bóveda; no me han entregado nada de lo relacionado.

VI. El municipio dio en arrendamiento la misma bóveda de mi propiedad, sin mi anuencia ni mi consentimiento, para sepultar alló, como en efecto se sepultó, el cadáver del señor Jorge Lazcano.

VII. Me han causado graves perjucios y graves injurias los atentados cometidos por los empleados o agentes municipales que han cometido el hecho culpable de haber exhumado los preciosos y queridos restos de mi esposa, de haber dispuesto de ellos y del ataúd que los contenía; de haber retirado la lápida que cubría la bóveda, y de haber colocado allí otro cavader sin anuencia ni conocimiento, ni consentimiento de mi parte”.

El juez falló así el pleito en primera instancia:

“1. Condénase al Municipio de Bogotá a entregar dentro de tres días de notificada esta sentencia, al señor León F. Villaveces, la bóveda número 102 del cementerio nuevo oriental de esta ciudad, barrio de Las Nieves, comprendida dentro de estos linderos por encima, con la bóveda marcada con el número 103; por debajo, con la bóveda marcada con el número 101; por la derecha, con la bóveda marcada con el número 98, y por la izquierda, con la bóveda marcada con el número 106, y los frutos civiles de esta bóveda percibido desde el quince de marzo de mil novecientos catorce, hasta el día de las restitución, a razón de tres pesos oro anuales, y los restos que la misma bóveda contenía de la señora Emilia Santamaría de Villaveces.

2. Se absuelve ni Municipio de Bogotá de los demás cargos de la demanda.

No hay condenación especial en costas“.

Apelado este proveido por ambas partes, fue confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá.

El apoderado del actor interpuso contra el fallo del tribunal recurso de casación en lo desfavorable, y esta Corte lo informó parcialmente en cuanto absolvió al Municipio de Bogotá de la obligación de entregar la lápida que cerraba la bóveda donde estaban los restos de la señor Martina Emilia Santamaría de Villaveces, y en cuanto al mismo señor Villaveces los perjuicios morales que sufrió por la indebida extracción de dichos restos.

Debía pues la Corte dictar la sentencia de segunda instancia en reemplazo de la parte casada de la sentencia del tribunal; pero hallando que no estaba comprobando el monto de los perjuicios, dictó un auto para mejor proveer con el objeto de que por medio de peritos se fijase.

Fueron nombrados para el efecto los doctores Manuel José Barón y Luis Felipe Latorre, quienes rindieron su dictamen y señalaron como cuantía detales perjuicios la suma de tres mil pesos moneda corriente.

Puesto el dictamen en conocimiento de las partes por el término de tres días, no se hizo objeción alguna.

Cumplido pues el auto para mejor proveer, proceda la Corte a dictar la sentencia que le corresponde, teniendo en cuenta que la responsabilidad del Municipio fue punto fallado que no compete a esta superioridad revisar.

Conforme al artículo 492 del Código Judicial, numeral 5º, debe incorporarse en este fallo la parte no casada de la sentencia del tribunal, a fin de que forme un todo armónico la que profiera la Corte, y así se hará.

Para ordenar la entrega de la lápida la Corte tiene en cuenta las mismas razones que expuso en la sentencia de casación, o sea el hecho de que al exhumar los restos de la señora de Villaveces, fue desprendida de la bóveda una lápida de mármol, hecho que está comprobado con la certificación del administrador del cementerio y con la declaración del señor Alejandro Pardo.

Cuanto al derecho del señor Villaveces a ser compensado por los perjuicios morales que le infirió el acto de la extracción indebida de los restos mortales de su esposa, doña Emilia Santamaría de Villaveces, la Corte se funda en las siguientes razones de la sentencia de casación, la cual va a ser complementada por la presente:

“La Corte para resolver considera: los artículos 2341 y 2356 del Código Civil dicen:

‘2341. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido’.

‘2356. Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por esta’.

“Este último artículo extiende la reparación a todo daño inferido a una persona por malicia o negligencia de otra, de manera que no puede limitarse su ordenamiento únicamente al daño patrimonial, o sea en lo que mira al derecho es solo una parte del conjunto de los elementos que integran la persona humana como sujeto de derecho. Tanto se puede dañar a un individuo menoscabando su hacienda, como infiriéndole ofensa en su honra o en su dignidad personal o causándole dolor o molestia por obra de malicia o negligencia en el agente. En el caso que se estudia el demandante Villaveces, por el solo hecho de la extracción indebida de los restos de su esposa que él tenía depositados en una bóveda de su propiedad, se le infirió por culpa de los empleados del Municipio un daño moral que debe ser reparado a la luz de los artículos 2341 y 2356 del Código Civil, artículos que el tribunal infringió por haber restringido su alcance, e interpretado por tanto erróneamente.

“Esta interpretación de las disposiciones anotadas del Código Civil está de acuerdo con los principios de una sana jurisprudencia, desde luego que todo derecho lesionado requiere una reparación, a fin de que se conserve la armonía en la convivencia social, pues aparte de las sanciones penales que se refieren a la seguridad pública, es preciso que la persona ofendida sea en lo posible indemnizada por quien menoscabó sus derechos; y si en muchos casos es difícil determinar el quatum de la reparación, esa circunstancia no puede ser óbice para fijarlo aunque sea aproximadamente, ya que de otro modo habría que concluir que derechos de alta importancia quedaban desamparados por las leyes civiles, cuandoquiera que su infracción escapara a la acción de las leyes penales. En el caso que se estudia se impone la sanción civil”.

Los expertos nombrados por la Corte han sorteado de modo inteligente al escollo de la indeterminación de la cuantía, que es uno de los más serios reparos que se le hacen a la indemnización de los perjuicios morales, por la falta de unidad de medida para su apreciación. Ellos han buscado una reparación que pueda reemplazar de alguna manera el bien perdido para el deudo que fue lastimado en sus más íntimos afectos, por el acto imputable a negligencia o descuido de los empleados de la entidad demandada.

Se transcriben en seguida los considerandos del dictamen que sustentan su conclusión:

“Pues bien, en el presente caso podemos afirmar que no obstante la falta de intención dolosa del Municipio o sus agentes, quienes al extraer indebiamente los restos de la señora de Villaveces y arrojarlos a la fosa común, no pudieron tener el propósito de agraviar al demandante, lo que sin duda debe tenerse en cuenta para regular con espíritu de benevolencia a favor del demandado la indemnización que debe abonar, es lo cierto que el daño moral a Villaveces fue positivo, porque hay datos elocuentes que revelan la profunda estimación, el gran valor de afecto, que él cultivaba por las cenizas de su esposa, ya que se preocupó no solamente por adquirir en propiedad la bóveda en que reposaban , sino hasta por pedir a Europa la lápida. Si a esto se agrega la buna posición social de Villaveces y su señora, su educación y espíritu cultivado, fácilmente se comprende que el pesar sufrido por aquél, al privársele de los referidos restos, tuvo que ser intensísimo. Ese dolor, traducido en los desvelos y demás alteraciones, en un viejo, sin duda reclama y admite un valor que indemnice el daño causado.

“Ahora bien, observadas las cosas desde el punto de vista práctico, puede decirse que la conservación de los restos en un lugar determinado, no responde al deseo de poseer eso como una [finca] o una joya, por su propio valor intrínseco, sino por el mérito simbólico, representativo de la persona extinta. Los restos óseos de una cadáver no valen más que la carne, mas nadie se preocupa por conservar esta que se destruye; si aquellos se corrompieran también, nada se perdería tampoco, materialmente, pero el deudo no tendría un símbolo al cual rendir idealmente el homenaje que impone el culto de los muertos. Y tan cierto es que los restos carecen de valor material, que donde se acostumbra la cremación, los deudos se conforman con un puñado de cenizas que cabe en un cofrecito minúsculo. Esto satisface el anhelo espiritual, pero de todas maneras queda algo en que se encarna el recuerdo. De este y del lugar donde se guarda hace el hombre un santuario adonde puede ir a desahogar sus sentimientos. Si un caso fortuito, como una guerra, un terremoto, un naufragio, o un hecho ajeno priva a alguien de ese bien de valor simbólico, procura sustituirlo con otro símbolo. Por eso Francia ha erigido un monumento al soldado desconocido y Colombia otro a los héroes ignotos, que representan la tumba de los millares de seres que parecieron sin que sus restos pudieran ser identificados ni recogidos por sus familias, mas estas han hecho de aquel monumento el sepulcro de cada uno de esos seres y les basta la ilusión de que allí reposan sus despojos.

“La consideraciones que proceden nos hacen pensar que la indemnización materia de nuestro dictamen debe tener por objeto repararle a Villaveces el dolor sufrido, reemplazando con otra cosa que sirva de homenaje y evocación a la memoria de su esposa muerta, la propia tumba de ella. Esa cosa no puede ser otra que un monumento artístico, que por sí solo, o con los restos si se pueden restituir, colme el vacío que produjo el quebranto moral del demandante.

“Ahora bien, dadas la posición social de los intereasados, su cultura, la magnitud del pesar causado, etc., asumimos que el mausoleo o monumento en referencia tiene que ser de un costo no menor de tres mil pesos ($ 3.000)”.

De este modo los peritos han dado a la indemnización en dinero la alta significación que tiene en la vida social, donde todos los derechos de los asociados deben quedar amparados por la tutela jurídica, y donde todo perjuicio inferido a la persona o a la propiedad de otro, debe ser en lo posible reparado.

Tratando del doble objeto que tiene la indemnización en dinero, dice el profesor Nocolesco:

“Hoy el dinero constituye casi el único medio de reparación. Pero si bien es cierto que tiene siempre por objeto procurar al lesionado una satisfacción, su acción no es la misma en todos los casos. Al lado de la penal, de la cual no se trata aquí por ser del dominio del derecho público, el dinero llena otras dos funciones en el dominio del derecho civil: una función de equivalencia (‘verum praetium, rei extimatio, quanti ea res est, id quod interest’) cuando se trata de reconstruir un patrimonio menoscabado, y una función puramente satisfactoria, cuando se trata de un perjuicio no patrimonial.

“¿Cómo llenará esta última función? Bien entendido que no será reemplazando el dolor experimentado, los fectos perdidos, pero sí, haciéndolos menos sensibles, borrando, si ello es posible, las consecuencias de esas sensaciones; no colocando al damnificado en condiciones de rehacerse de los bienes que ha perdido, pero sí, abriéndole una nueva fuente de alivio y de bienestar.

“Gracias al dinero podrá procurarse sensaciones agradables que vendrán a contrarrestar, a compensar las sensaciones dolorosas o desagradables que ha experimentado. En la vida ordinaria también en el dinero tiene no solamente la función de proveer a las necesidades materiales del hombre, sino que con él se satisfacen también las necesidades morales, intelectuales y artísticas”.

1. Condénase al Municipio de Bogotá a entregar dentro de tres días de notificada esta sentencia, al señor León F. Villaveces, la bóveda 102 del cementerio nuevo oriental de esta ciudad, barrio de Las Nieves, comprendida dentro de estos linderos: por encima, con la bóveda marcada con el número 103; por debajo, con la bóveda marcada con el número 101; por la derecha, con la bóveda marcada con el número 98, y por la izquierda con la bóveda marcada con el número 106, y los frutos civiles de esta bóveda percibidos desde el quince de esta bóveda percibidos desde el quince de marzo de mil novecientos catorce, hasta el día de la restitución, a razón de tres pesos oro anuales, y la lápida de mármol que cerraba dicha bóveda, de la señora Emilia Santamaría de Villaveces.

2.Condénase al mismo Municipio a pagar al expresado señor León F. Villaveces, tres días después de ejecutoriado el auto en que se mande cumplir esta sentencia, la suma de tres mil pesos ($ 3.000) moneda corriente.

3. Absuélvase al Municipio de los demás cargos de la demanda.

En estos términos queda reformada la sentencia de primera instancia.

Sin costas.

Notifíquese, cópiese, publíquese esta sentencia en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al tribunal de su origen.

Magistrados: Tancredo Nannettti—José Miguel Arango—Alberto Goenaga—Juan N. Méndez—Marceliano Pulido R.—Juan C. Trujillo Arroyo.

Teófilo Noriega, Secretario en propiedad.