Sentencia de 15 de enero de 1959

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Vélez García

Bogotá D.E., quince de enero de mil novecientos cincuenta y nueve.

El señor Joaquín Galindo Restrepo demandó, mediante apoderado, a la “Esso Colombiana S.A.”, domiciliada en Bogotá y representada por su Gerente el señor Fernando J. Espinosa, para que por los trámites de un juicio ordinario de trabajo se hicieran las siguientes declaraciones en contra de la Compañía demandada y a favor del demandante:

“a) Que la Esso Colombiana S.A., representada legalmente por su Gerente o por quien haga sus veces, está obligada a cubrir inmediatamente al demandante, señor Joaquín Galindo Restrepo, la suma correspondiente al salario por el tiempo faltante para cumplirse el último semestre del contrato de trabajo, es decir, el que debía vencer el día 31 de agosto del presente año, debido a la violación por parte de la Compañía de dicho contrato al suspender al señor Galindo por término superior a los ocho días que señala como máximo el artículo 112 del Código Sustantivo del Trabajo;

“b) Que la misma empresa demandada está obligada a prestarle inmediatamente al demandante la asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria necesarias hasta por seis meses y a pagarle el correspondiente auxilio de enfermedad por el mismo período, en los términos de los artículos 227 y 277 del mismo Código;

“c) Que si, como consecuencia de la enfermedad del demandante y no obstante el tratamiento a que sea sometido, según lo pedido en el punto anterior, le sobreviniere a este una invalidez que lo incapacite en los términos del artículo 278 del mismo Código, tendrá derecho, además, a las prestaciones señaladas en esta última disposición, previa la correspondiente estimación pericial;

“d) Que por cada día de retardo en la prestación de los servicios asistenciales o en el pago de las prestaciones a que se refieren los artículos 227, 277 y 278 del Código Sustantivo del Trabajo, la Empresa está obligada a pagarle al demandante el valor del salario diario, teniendo en cuenta el promedio mensual de lo devengado en el último año de servicios y con aplicación del artículo 65 del mismo Código;

“e) Que a cargo de la Empresa están las costas y gastos del juicio, en caso de oposición a esta demanda”.

El libelo de demanda relaciona los siguientes hechos:

“Primero. El señor Joaquín Galindo Restrepo entró a prestar servicios en la Tropical Oil Company desde el 31 de agosto de 1945, como empleado de Oficina y los siguió prestando hasta el día.30 de junio de 1950, pues desde el 1º de julio del mismo año, en virtud de sustitución patronal, y sin solución de continuidad, comenzó a trabajar al servicio de la Esso Colombiana S.A.

“Segundo. Al servicio de la Esso Colombiana S.A. y como empleado de Oficina el señor Joaquín Galindo Restrepo estuvo trabajando desde el día 1º de julio de 1950 hasta el día 4 de junio de 1955, fecha en la cual comenzó a surtir sus efectos la sanción de suspensión indefinida que le fue comunicada en la nota del día anterior, que se acompaña a este libelo.

“Tercero. La sanción de suspensión indefinida que se notificó al señor Galindo Restrepo en la comunicación de fecha 3 de junio de 1955, duró hasta el día 20 del mismo mes y año, fecha esta última en la cual se dirigió al mismo demandante la nota que también se acompaña, en la que se le dio cuenta de que la Empresa en ejercicio de la cláusula de reserva de terminación unilateral consignada en el contrato de trabajo suscrito entre las partes y mediante preaviso de 45 días, daba por terminado el contrato de trabajo, por lo que el poderdante debía presentarse al examen médico, con la orden que para tal efecto se agregó a dicha nota.

“Cuarto. Además, en la misma comunicación del 20 de junio de 1955, se le ordenó al demandante presentarse a la Oficina número 904 Departamento de Relaciones Industriales, Sección Personal y Empleo, con el fin de recibir las correspondientes prestaciones sociales.

“Quinto. Cuando se le comunicó al señor Galindo Restrepo, mediante la nota de fecha 20 de junio de 1955, a que se ha hecho referencia en los hechos anteriores, que quedaba terminada la suspensión que como sanción se le había impuesto, habían transcurrido mucho más de diez días, contados desde la fecha en que dicha suspensión se le había hecho saber.

“Sexto. Al ser despedido el señor Galindo Restrepo padecía de esclerosis y eburneación de las placas terminales de los cuerpos vertebrales de C2, C3, C5-6 y C7, con formación de espículas óseas marginales, algunas ‘labiadas’ y algunas fracturadas, según examen radiológico que le había sido practicado por el doctor Francisco Torres León, con fecha 4 de febrero de 1955.

“Séptimo. Además, durante su permanencia al servicio de la Empresa demandada se descubrió que el señor Galindo Restrepo padecía de una artritis en la columna vertebral que obligó a tratamiento transitorio con irradiaciones en el Laboratorio del doctor Mario Gaitán Yanguas.

“Octavo. La enfermedad que venía padeciendo de tiempo atrás el señor Galindo Restrepo, según consta en la historia clínica en poder de la Empresa se agravó últimamente, a punto tal que cuando fue despedido estaba afectado de ‘Espondiloosteorartropatía hipertrófica degeneralizada’ (sic) según los exámenes y radiografías practicados por médicos particulares.

“Noveno. No obstante lo anterior, la Empresa se ha negado a suministrarle al señor Galindo Restrepo la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria y las prestaciones monetarias del caso, como consecuencia de tal enfermedad.

“Decimo. Con fecha 3 de agosto de 1955 ya despedido mi poderdante la Empresa se limitó a hacer en el Juzgado Quinto del Trabajo de Bogotá una consignación que solo comprende lo relativo a cesantía, sueldos y horas extras pendientes, vacaciones y prima de servicios, según la discriminación que se hace en el respectivo memorial, pero sin mencionar siquiera lo concerniente a la grave enfermedad progresiva que padece.

“Undécimo. El señor Galindo Restrepo devengaba un sueldo de seiscientos pesos mensuales ($ 600.00), pero también trabajaba horas extras, por lo cual el promedio de salarios en el último año de servicios fue de $ 736.72.

“Duodécimo. La Compañía Esso Colombiana S.A. no es afiliada al Instituto Colombiano de Seguros Sociales, y tiene un capital muy superior a ochocientos mil pesos ($ 800.00) (sic) moneda corriente”.

Como fundamentos de derecho invocó los artículos 14, 16, 22, 64, 65, 67, 68, 69, 227, 278, 280 y concordantes del Código Sustantivo del Trabajo, lo mismo que las normas de procedimiento aplicables al caso.

La sociedad demandada respondió la demanda por conducto de apoderado, y dijo que era cierto el primer punto de los hechos; expresó que no aceptaba los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto en la forma en que habían sido expuestos en el libelo de demanda; a este respecto aclaró que el día 3 de junio de 1955, “por la causal contemplada en el aparte b) del artículo 17 del Reglamento de Trabajo, que lo hacía acreedor al despido sin previo aviso, la Compañía impuso al demandante una sanción consistente en suspensión”. Dicha suspensión duró cinco días, o sea del 5 al 10 de junio. Agrega que con fecha 20 del mismo mes, la Compañía ejercitó la facultad contenida en la cláusula de reserva del contrato de trabajo, de conformidad con el artículo 48 del Código Sustantivo del Trabajo, y notificó al actor que su contrato quedaría terminado 45 días después de la mencionada fecha. Añade que a Galindo Restrepo se le liquidaron las prestaciones correspondientes al auxilio de cesantía, vacaciones causadas y no disfrutadas (entre agosto 1º de 1954 y agosto 4 de 1955), horas extras y valor de la prima de servicios. Pero que como el demandante rehusó recibir, la Compañía consignó a la orden del Juzgado Quinto del Trabajo de Bogotá.

La demandada dijo que no aceptaba los puntos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Aclaró que después de la notificación al demandante acerca de la terminación del contrato, aún sin que mediara solicitud del actor, la Compañía le hizo practicar examen médico, por el doctor Alfonso Riaño, sin que de este apareciera que el señor Galindo Restrepo padeciera de enfermedad que lo incapacitara par (sic) trabajar o que disminuyera su capacidad laboral. Agrega que “las novedades de salud que registró el demandante durante su permanencia al servicio de la sociedad (...) le fueron oportunamente tratadas de acuerdo con las indicaciones de los facultativos que lo examinaron y atendieron”.

Respecto del punto décimo primero dice que, al terminar su contrato de trabajo y desde el 1º de septiembre de 1954, el demandante devengaba un salario de seiscientos pesos ($ 600.00) mensuales; pero con anterioridad a la mencionada fecha, devengaba un salario inferior. Añade que tampoco el promedio del valor de las horas extras en el último año de servicios fue de ciento treinta y seis pesos con setenta y dos centavos ($ 136.72).

Finalmente, dijo ser cierto el punto décimo segundo. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, la de carencia de acción del demandante y la de todo hecho en virtud del cual la ley desconoce la existencia de obligación o la declara extinguida si alguna vez existió.

Sentencia de primer grado

Correspondióle conocer de la controversia al Juez Sexto del Trabajo de Bogotá, quien hubo de desatarla mediante providencia del 28 de junio de 1956, en la cual se hicieron las siguientes condenaciones a cargo de la “Esso Colombiana S.A.” y a favor del señor Joaquín Galindo Restrepo: a) Por concepto de indemnización de lucro cesante (en un lapso de dos meses y diez días) la cantidad de $ 1.719.04; b) Por auxilio de invalidez, la suma de $ 4.420.32, correspondientes a seis meses de salario; c) La cantidad correspondiente a las dos terceras partes del salario mensual de $ 736.72 a partir del 22 de junio de 1955 hasta el 22 de septiembre del mismo año, y la mitad del mencionado salario a partir del 23 de septiembre hasta el 22 de diciembre del mismo año de 1955; d) Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria durante seis meses, de acuerdo con lo establecido en el artículo 277 del C.S. del T., y e) la cantidad de $ 736.72 mensuales a partir del 23 de junio de 1955 y hasta cuando se verifique el pago de lo debido, y las costas.

Fallo de segundo grado

Contra la providencia de primer grado interpuso recurso de apelación la parte demandada. El Tribunal Seccional del Trabajo de Bogotá lo dedicidió en sentencia proferida el 5 de octubre de 1956, reformatoria de la del a-quo, en el sentido de condenar a la Compañía a pagar al demandante las siguientes prestaciones e indemnizaciones: a) $ 3.600.00 por concepto de auxilio de invalidez consecutiva a enfermedad no profesional; b) $ 600. mensuales desde el 4 de agosto de 1955 hasta cuando se cancele la suma a que se contrae el ordinal anterior por concepto de salarios caídos; se absolvió a la Sociedad de los demás cargos de la demanda y se revocó la condenación en costas en la primera instancia al par que se absolvió de las mismas a la demandada en la segunda instancia.

El recurso de casación

El proveído anterior ha sido objeto del recurso extraordinario de casación interpuesto por ambas partes. Concedido, admitido y legalmente tramitado dicho recurso, corresponde ahora a la Corte Suprema de Justicia, decidirlo, por su Sala Laboral, mediante el estudio de las respectivas demandas y los correspondientes escritos de oposición. En primer término va a realizarse el examen del recurso de la parte demandada-recurrente.

Alcance de la impugnación

El recurso pretende la casación parcial del fallo de segundo grado en cuanto por él se condenó a la “Esso Colombiana S.A.” a pagar al señor Joaquín Galindo Restrepo la suma de $ 600.00 mensuales desde el 4 de agosto de 1955, hasta cuando se pague al actor el auxilio de invalidez decretado por la sentencia recurrida en su literal a), para que en su lugar, previa revocatoria del fallo de primer grado, se absuelve a dicha Compañía de la referida condena.

Con fundamento en la causal primera del artículo 87 del C. de P. del T. formula cuatro cargos que serán examinados en su orden.

Primer cargo. Acusa la sentencia recurrida por infracción directa del artículo 65, numeral 2º del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual, si a la terminación del contrato el trabajador se niega a recibir salarios o prestaciones sociales debidas, el patrono “cumple con sus obligaciones consignando ante el Juez del Trabajo (...) la suma que confiese deber, mientras la justicia decide la controversia”.

Desarrolla el cargo manifestando que la sentencia recurrida infringió directamente esa norma legal (artículo 65, numeral 2º), cuyo texto es absolutamente claro y no permite interpretaciones o distinciones acomodaticias, al haber condenado a la Esso Colombiana S.A. al pago de salarios caídos, no obstante que dicha compañía efectuó ante el Juez Quinto del Trabajo la consignación de las prestaciones que creía deber (resalta el recurrente) al señor Galindo, por haberse este negado a recibirlas. Es decir —añade— que no aplicó habiendo debido aplicarlo, el numeral 2º del artículo 65 del C.S. del T., el cual exonera de la obligación de pagar salarios caídos al patrono que consinga (sic) las prestaciones.

Replica el opositor —con base en reiterada jurisprudencia del extinto Tribunal Supremo del Trabajo, acogida por esta Sala— que no toda consignación puede tomarse como pretexto para exonerar al patrono de la sanción contenida en el referido precepto. Con dicho propósito transcribe varios textos jurisprudenciales —contentivos de la tesis anterior— en los cuales la jurisdicción laboral ha sustentado uniformemente el parecer de que, por ser el artículo 65 (inclusive en su numeral 2º) una institución de derecho sustantivo subordinada a los criterios de la buena o de la mala fe patronal, aquella como exculpativa y esta como determinante de la pena indemnizatoria, son tales criterios, más que el simple hecho de la consignación judicial, los que propician la certidumbre del juzgador acerca de la procedencia o no de la sanción por salarios caídos.

Sobre este particular invoca entre otras excertas jurisprudenciales la que a continuación se reproduce: “Cuando a la terminación del contrato de trabajo, el patrono deposita ante el Juez del Trabajo o, en su defecto, ante la primera autoridad política de lugar, la suma que confiese deber al trabajador, cumple con sus obligaciones mientras la justicia decide el fondo de la controversia. Ello no significa que baste al patrono depositar, a su arbitrio, una suma cualquiera, sino la que de buena fe creyere deber. Y no siempre ha de serle obligatorio depositar una determinada suma, puesto que de buena fe puede andar el patrono en el convencimiento de que no debe nada. En uno y en otro caso, previo el estudio completo de las probanzas que obran en el juicio y el análisis estricto de la conducta procesal observada por los contendientes, el Juez formará su criterio y decidirá concretamente si lo depositado por el deudor o la negativa a depositar suma alguna es o no justificada, se atempera o no a la realidad procesal” (Casación del 19 de julio de 1954).

Si no fuera así, agrega el opositor, el mencionado mandato se convertiría en “rey de burlas”. Seguidamente hace la aserción de que el caso de autos es ejemplo elocuente de la forma como a veces se intenta falsear en su letra y espíritu la citada norma positiva. Porque —explica— puede observarse en dicho caso cómo la Compañía demandada se mostró y se sigue mostrando rehacia al cumplimiento de deberes que no solo le conciernen por simples razones humanitarias, sino, por ineludibles imperativos de orden legal; “no puede decirse que actúa de buena fe quien procede contra los mandatos positivos del derecho y contra los principios elementales de la solidaridad humana’. Hace el opositor referencia a los resultados del proceso en las dos instancias, y afirma que no obstante haberse deducido en ellas prestaciones ora asistenciales ya pecuniarias a cargo de la sociedad demandada, esta “continúa tomando de estribo una consignación manifiestamente inferior a las regulaciones laborales, para resistir al cumplimiento de obligaciones perentorias mientras que el ex-empleado continúa sufriendo las consecuencias de la invalidez a que lo condujo la indolente y condenable conducta de los propios médicos de la Compañía”. Remata su escrito destacando que la propia justicia laboral es la que ha venido reaccionando contra el sistema que una vez más trata de hacerse revivir en el juicio, en el cual una consignación irrisoria pretende tomarse como escudo contra una sanción indubitable. Pide finalmente que por no desprenderse que haya podido incurrirse en el quebrantamiento que arguye el recurrente, la Sala rechace la acusación.

Examen del cargo:

El presente ataque al proveído objeto del recurso, formulado por infracción directa del artículo 65 del C.S. del T. en su ordinal 2º, da asidero a la Sala para hacer la siguiente recapitulación.

a) De antiguo tiene establecido la jurisdicción laboral que la pena ordenada por el precepto antedicho, y que es imponible al patrono renuente al pago de salarios y prestaciones debidos al trabajador al momento de terminarse el contrato de trabajo, debe ser efecto de la mala fe o temeridad del primero en su abstención de solucionar dichos salarios y prestaciones, en tal momento, al segundo.

b) Como corolario lógico de lo anterior, la jurisprudencia del trabajo ha sostenido que la conducta de buena fe asumida por el patrono lo exonera, en igual evento, de la preindicada sanción.

c) Todas las hipótesis del artículo 65 (abstención de pago, desacuerdo, consignación o ausencia de esta) han quedado subordinadas, respecto de la aplicabilidad o no de la sanción por mora, a los elementos preindicados de la mala fe o de la buena fe que, en su orden, para que la pena se aplique o deje de aplicarse, acompañen la postura del patrono en la eventualidad del no pago oportuno de salarios y prestaciones al trabajador.

d) Ha dicho la Corte —Sala Laboral— que las apreciaciones de la mala o de la buena fe del patrono como causantes de la aplicación o inaplicación de la pena indemnizatoria constituyen una deducción del juzgador que se asimila a presunción simple o judicial, y se estructura de acuerdo con la regla de la libre formación del convencimiento (artículo 61 del Código Procesal Laboral). El antiguo Tribunal Supremo había sostenido: “Al trabajador corresponde demostrar solamente que al terminar el contrato no le fueron pagados sus derechos, porque es esta la base objetiva que el artículo 65 señala para que la sanción sea procedente. Será en la defensa que asuma el patrono y en los hechos probados en que la apoye, de donde habrá de decidirse en cada caso por el Juez si aquella falta de pago es imputable o no a mala fe suya y si, de consiguiente, debe o no responder por el valor de los salarios constitutivos de la indemnización moratoria” (Sentencia de junio 1º de 1955, D. del T. Vol. XXII, números 127 a 129, página 62).

Los apartes anteriores son otros tantos hitos de la jurisprudencia en torno al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y en lo que concierne a los tres primeros literales (a, b y c), su origen se remonta a la interpretación del artículo 52 del Decreto 2.127 de 1945 —norma precursora del actual artículo 65 del Código— y fue objeto de meditado estudio por la comisión redactora del estatuto laboral vigente, según se aprecia en la historia fidedigna de su establecimiento (acta del 5 de mayo de 1950).

Por consiguiente, siendo como son la buena o mal fe del patrono, elemento exculpativo y elemento determinante de la sanción, en su orden, los supuestos pre-establecidos por el mencionado mandato quedan obviamente condicionados, para la liberación o la imposición de la pena, a la ponderación de aquellos elementos. Como resultado de lo anterior, no es adecuado, en la mayoría de las ocasiones, alegar el nudo hecho de la consignación para pretender impugnar por violación directa de la ley un proveimiento de segundo grado en que el sentenciador, no obstante haber existido la consignación, decidió condenar al patrono con todo y ser consignante a pagar la indemnización por “salarios caídos”. La jurisprudencia ha dilucidado las dos principales situaciones que en lo pertinente a este punto pueden surgir. Algunas veces la propia falta de consignación no es generadora de la pena moratoria, cuando el patrono nada paga ni consigna, puesto que de buena fe nada cree deber. En otras, aun existiendo la consignación, resulta aplicable la pena, cuando el patrono apenas consigna una parte (afirmando de mala fe que es lo que confiesa creer deber), en tanto que necesariamente tiene que ser mayor la cantidad objeto de su creencia de deber.

En el evento de desacuerdo con el trabajador, la ley le otorgó al patrono un instrumento liberador de la sanción moratoria (la consignación). Al mismo tiempo autorizó una forma subjetiva, de fuero interno, en la utilización por el patrón de aquel instrumento (“consignando... la suma que confiese deber”). Pero cuando en relación con este último aspecto subjetivo de la confesión de deber, al patrono se le descubran trazas de abuso del derecho o de fraude a la ley (vr. gr. consignando 1, cuando su creencia de deber son veinte, o consignando por el concepto A, mientras indudablemente debe y dolosamente niega deber por los conceptos B, C, D, etc.), la jurisprudencia ha considerado írrita la consignación abusiva y fraudulenta, presumido temerario e injusto al consignante y aplicado a este, por tanto, el castigo indemnizatorio.

Es suficiente lo expuesto para repetir que es impropio el ataque en la forma en que se hizo por la sola consideración de que habiendo consignado el patrono resultaba inaplicable la pena. Ya se ha visto cómo, aún pre-existiendo el hecho de la consignación, procede la condena indemnizatoria en el evento de que aquella sea írrita. Y lo es cuando las circunstancias de facto que rodean el acto consignatorio inducen a formar en el juzgador el convencimiento de la mala fe del patrono consignante.

La impugnación sustenta exclusivamente como causa para casar la sentencia, el simple hecho de la consignación, aduciendo tácitamente que esta por sí sola siempre constituye elemento eximente o liberador de la sanción indenmizatoria, lo cual —como se ha visto— no es exacto.

El juzgador tuvo en cuenta la consignación, y al mismo tiempo debió considerar otros aspectos de facto —atinentes a la buena o mala fe del patrono— que prestaban soporte a la condena no obstante existir dicha consignación, de acuerdo con las apreciaciones anteriormente formuladas. Por este aspecto, ha de tenerse por ineficaz el ataque. En consecuencia no prospera la acusación.

Segundo. El recurrente impugna la sentencia por violación directa del numeral 1º del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo a causa de aplicación indebida del mismo, porque se condenó a la Compañía demandada al pago de salarios caídos, como si no hubiese hecho legal y oportunamente la consignación de las prestaciones que creía y confesó deber al señor Galindo, siendo así que dicha consignación sí se efectuó. Por consiguiente —agrega— a una situación de hecho indiscutible, como lo es que la compañía sí hizo la consignación de las prestaciones que de buena fe creía deber al demandante, se le aplicó la sanción establecida por el artículo 65 del C.S. del T. para cuando dicha consignación no se hace.

Dice el opositor que “La segunda impugnación formulada por el libelista es sustancialmente igual a la que acaba de refutarse” (cargo primero). Y añade: “Si el caso planteado, que dicho sea de paso implica una cuestión de hecho, no puede estimarse comprendido entre la excepción establecida en el inciso segundo, porque no se trata de una consignación proporcionada al caso, sino, al contrario, de un menguado depósito que tiene todas las características de una simple estrategia, para seguir resistiendo impunemente al cumplimiento de la ley, tras el burladero de la sedicente ‘consignación’, es indiscutible que la indemnización moratoria consagrada en la primera parte de la disposición en cita tiene que ser aplicada”.

Termina diciendo que ante el nuevo cargo resulta pertinente dar por reiteradas las argumentaciones contra el anterior.

Se considera:

Idénticas razones e iguales motivos a los aducidos para rechazar la primera acusación le sirven a la Sala para desechar la segunda. Existe efectivamente —como lo asevera el impugnador— una situación de hecho indiscutible (cual es el de la consignación), pero ya se ha visto cómo ese solo hecho que nadie osa discutir en el sub-lite no es elemento que por sí solo preste mérito bastante para liberar al patrono de la condena por mora y, en consecuencia, para quebrantar por este extremo el fallo de segundo grado. La cuestión planteada no se refiere exclusivamente a la existencia misma del acto consignatorio —deducido de autos— sino que mira a las circunstancias y modalidades de hecho cualificativas de dicha consignación, a efecto de establecer si esta, —por la buena fe patronal— ostenta el suficiente poder liberatorio de la sanción, o si por el contrario —por causa de la mala fe del patrono— viene a ser un acto írrito que no lo exime de la pena. Por lo cual, la Corte se remite al análisis del cargo anterior, y destaca como valederas para esta segunda acusación las consideraciones que condujeron al rechazo de la primera. En tal virtud, no prospera este cargo.

Tercero. Se acusa la sentencia por infracción directa del artículo 65, a consecuencia de “una errónea interpretación del mismo”, ya que este estatuye —prosigue el recurrente— que el patrono debe efectuar la consignación de todas las prestaciones que de buena fe considere deber al trabajador cuando cesa la relación laboral. Agrega que es claro que dicha consignación, como repetidamente lo ha sostenido la Corte, no debe ser írrita ni fraudulenta en su intención pues en ese caso no producirá los efectos que le señala el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, los de liberar al patrono de la obligación de indemnizar perjuicios moratorios a su antiguo empleado. Añade que la discriminación y las cuantías de las partidas consignadas a favor del demandante por la empresa, demuestran claramente que esta obró de buena fe, y, por tanto, dicha consignación debe producir los efectos liberatorios que la ley señala.

Explica cómo el artículo 65, según la jurisprudencia, no exige para la consignación de que trata los requisitos del capítulo 7º del título XIV del Código Civil, ni las formalidades del título XXXII del Libro Segundo del Código Judicial, sino el simple depósito de lo que el patrono confiese deber, mientras la justicia del trabajo decide la controversia, es decir, mientras se califica por el funcionario competente si la suma consignada cancela el valor de los derechos del trabajador, según lo confesado, o es insuficiente para la solución de las obligaciones patronales (...). Y si del juicio resultare que el patrono es deudor de una cantidad mayor, a pesar de que de buena fe creía deber menos, la condena por el excedente no comprenderá su responsabilidad moratoria en los términos del comentado artículo 65.

En consecuencia —manifiesta— si la compañía no creía deber al señor Galindo prestaciones por concepto de enfermedad y esa creencia era, como lo fue, de buena fe, interpretó erróneamente el Tribunal la norma tantas veces comentada, al haber condenado a la Esso Colombiana S.A. a pagar salarios caídos. En apoyo de sus afirmaciones el recurrente cita y transcribe jurisprudencia del trabajo concorde con aquellas.

Más adelante dice que el Tribunal estimó que la citada creencia de la Compañía de no deber nada al señor Galindo por enfermedad, no fue de buena fe; que la culpa en que pudo haber incurrido el médico que practicó al señor Galindo el examen de retiro, compromete la responsabilidad de la empresa; que no puede tratarse de una equivocación justificable, por cuanto un médico que anteriormente había examinado al mismo señor Galindo por cuenta de la Empresa, había diagnosticado la dolencia que le aquejaba.

Para impugnar esas razones, e insistiendo sobre la buena fe de la Empresa, agrega que es posible una equivocación del médico que practicó el examen de retiro al declarar apto a Galindo; pero que dicha equivocación se produjo sin negligencica de su parte, habida cuenta de que en la historia clínica consta que varios de los trece médicos generales, cirujanos y de diversas especialidades que tuvieron ocasión de examinar y tratar al paciente, “consideraron que sus enfermedades podían ser de orden neurótico o talvez de carácter imaginario; y finalmente, que la posible culpa de ese médico (que no está probada y que el recurrente dice rechazar enfáticamente), no configura ni puede configurar la mala fe de la Compañía”.

Hace un repaso de la historia clínica del señor Galindo, según los documentos pertinentes que obran en los autos, así:

Septiembre 3 de 1954, doctor Roselli: “neurosis profunda”;

Agosto 31 de 1954, doctores Gaitán Yanguas y Vargas Rubiano: “Es aconsejable chequeo psicosomático”;

Agosto 13 de 1954, doctor Vargas Rubiano: “Diagnóstico: Neurosis por desadaptación al trabajo”;

Junio 25 de 1954, doctor Gaitán Yanguas: “(...) con la advertencia de que el temperamento psicópata del enfermó puede hacer fracasar toda terapéutica”;

Junio 7 de 1954, doctor Quintero: “Antecedentes (...) trastornos de carácter-irritabilidad”;

Mayo 8 de 1952, doctor Patiño Camargo: “Dice que su madre ha estado gravemente enferma. Tal situación ha desencadenado otra vez su estado angustioso con larga lista de síntomas subjetivos (...)”;

Enero 11 de 1949: doctor Patiño Camargo: “Se envía en consulta al especialista psiquiatra, doctor B. Otero D’Costa solicitándole concepto”;

Febrero 2 de 1949, doctor Patiño Camargo: “Informa el doctor Otero que no volvió a su consultorio”;

Diciembre 15 de 1949, doctor Patiño Camargo: “Otra vez achaques psiconeuróticos”;

Diciembre 18 de 1948, doctor Riaño: “Nerviosidad”;

Julio 12 de 1947, doctor Patiño: “En los exámenes lo único preciso: ‘Parásitos intestinales. Strongiloides. Lo demás parece ser de orden psico-nervioso”;

De la misma manera debe tenerse en cuenta —dice el recurrente—, que el doctor Torres León, al reconocer bajo juramento (folio 62, cuaderno primero) el concepto que se acompañó a la demanda, manifestó que no había hecho conocer de la Esso Colombiana S.A. el examen que practicó al señor Galindo el 4 de febrero de 1955. Y anota que, además, el doctor Guillermo Sarmiento López hizo idéntica manifestación y agregó (folio 64, cuaderno primero) que sí era posible que “otro médico capacitado y competente y actuando de buena fe al haber examinado al señor Joaquín Galindo Restrepo pudiera aseverar que no padecía de ninguna de las entidades patológicas descubiertas (...) por él y por el doctor Francisco Torres León” (...) “ya que para confirmar un diagnóstico de esta naturaleza se hace necesario el examen radiológico”.

De lo anterior concluye el recurrente que ninguna inculpación se le puede hacer a la Esso Colombiana S.A. por no haber consignado cualquier suma por concepto de una incapacidad del señor Galindo que “hasta entonces le era completamente desconocida”, ni menos aún se le puede atribuir mala fe.

El apoderado de la demandada termina el cargo criticando el aparte del fallo cuyo texto reza:

“Esta negligencia, que es de la Compañía, la condujo, en modo principal, a la abstención que se amerita, la cual, por ello, carece de justificación. Y toda demora injustificada en pagar o consignar la prestación social que se debe hace incurrir al ex-patrono en la sanción establecida en el artículo 65 del C.S. del T.”.

Dice el recurrente que el “varias veces mencionado artículo 65 no establece la sanción de pagar salarios caídos cuando ha habido demora injustificada en satisfacer las prestaciones sociales. No, tal sanción está establecida únicamente para los casos en que el patrono de mala fe no consigna las prestaciones que cree deber”. Termina diciendo que la Compañía no consignó ninguna cantidad por enfermedad o invalidez del señor Galindo, porque de buena fe no creía deberle nada por ese concepto.

Considera la Sala:

En la anterior acusación (violación por vía directa y por concepto de interpretación errónea) se incurre en el defecto formal de plantear cuestiones de hecho cuya evaluación en casación solo podrían efectuarse en un ataque por vía indirecta, es decir, mediante la impugnación del proveído por pretendidos errores evidentes de hecho.

Ha insistido la Corte —en acuerdo con los doctrinantes de casación— que la figura de la transgresión de la norma por incorrecto entendimiento de esta debe configurarse en el plano del estricto derecho —sin referencia a las cuestiones de hecho— o sea por vicio o error in judicando in jure.

“A este respecto ha expresado la Corte en jurisprudencia reciente, en la cual se condensa la antiquísima doctrina de casación sobre este punto: “Cuando se acusa una sentencia por interpretación errónea de una norma sustantiva, debe examinarse si el organismo jurisdiccional, realizó la función primordial de decidir cuál es el pensamiento latente en la norma —como medio único de poder aplicarla con rectitud— y si inquirió su sentido sin desviaciones ni errores, pues cuando ello ocurre, la casación los corrige poniéndolos de relieve y subrayando la insuficiencia del juicio o el exceso cometido al formularlo” (Casación de 15 de noviembre de 1958, juicio de Luis Alberto Amaya vs. “Manrique y Gutiérrez Limitada”). Más, importa repetirlo, la errónea inteligencia del contenido de la norma debe presentarse en forma autónoma, independientemente de las cuestiones de hecho, pues no cabe el análisis de la estimación de facto que, equivocadamente hubiere hecho el sentenciador, para imputarle a su proveimiento violación directa de la ley sustantiva por interpretación errónea.

Aún más, dentro de la realidad procesal, son ineficaces para el propósito buscado las apreciaciones que hace el apoderado de la demandada —sobre piezas que obran en los autos— conducentes a presentar la dolencia del actor en el plano exclusivamente psicopático. Ello tiende a demostrar que la enfermedad fue de carácter mental, y, siéndolo, y habiendo sido conocida por la empresa, debía haber sido atendida por esta conforme a la ley, pues no existe texto legal que exima al patrono de atender las enfermedades mentales, no profesionales, de sus trabajadores. Si por amplitud la Corte le diera al tercer cargo un giro fundamental, y prevalida de las cuestiones de hecho enunciadas por el libelista procediera a verificar el error evidente de hecho en el cual pudiera haber incurrido el ad-quem, la sola deducción de una entidad patológica de naturaleza psiconeurótica haría responsable a la empresa —que tuvo que conocer dicha enfermedad— de las prestaciones específicas y monetarias correspondientes.

Por las razones anteriores no prospera la acusación.

Cuarto. El último cargo de la demandada-recurrente acusa la sentencia por violación indirecta del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a través de notorios errores de hecho en la apreciación de las pruebas, las cuales demuestran que la Compañía sí efectuó oportunamente y en forma legal la consignación de las prestaciones del señor Galindo, al terminar la relación laboral, y en vista de que dicho señor no quiso recibirlas oportunamente. Hace consistir la violación por error de hecho en que el sentenciador: a) No vio lo que es una protuberante realidad procesal, es decir, la consignación efectuada por la Compañía; b) Vio lo que no hay, o sea la mala fe de la Compañía.

Cita como pruebas inapreciadas la consignación efectuada por la Empresa ante el Juzgado Quinto del Trabajo de Bogotá, y la confesión judicial de la parte demandante, contenida en el hecho décimo de su libelo acerca de este mismo hecho.

Afirma (en desarrollo del literal b) que el Tribunal vio lo que no existe, o sea la mala fe de la Compañía. Agrega luego que el fallador supone que la Esso Colombiana procedió de mala fe al efectuar dicha consignación, de lo cual no hay prueba alguna en el proceso. Ni siquiera se atreve a decir que la condenó por mala fe; optó más bien por fundarse en un motivo hasta hoy desconocido por la ley y la jurisprudencia: la culpa extracontractual. Explica la aseveración precedente diciendo que el Tribunal condena a la Compañía porque a su juicio el médico de esta no obró con prudencia y diligencia al practicar el examen de salida del señor Galindo. Pero si ello fuera así, resultaría absurdo deducir de la pretendida culpa de dicho médico, la mala fe de la Compañía que sería el único motivo para imponerle a esta la obligación de pagar salarios caídos. Arguye que una cosa es que la responsabilidad extracontractual de la Compañía pueda estar comprometida por los daños que sus empleados o agentes causen a terceros, y otra muy distinta el concepto de mala fe que por un aspecto puramente contractual sanciona el artículo 65, para cuando no se pagan o se consignan las prestaciones que se deben a un empleado que ha dejado de servirla. Afirma textualmente: “Es norma de derecho universal que la buena fe se presume (artículo 769 del Código Civil) y esta presunción no ha sido desvirtuada en el presente caso. Antes por el contrario, todos los elementos probatorios que obran en el proceso y la conducta misma de la Compañía tienden a corroborar dicha presunción. Si, por ejemplo, el médico que examinó al señor Galindo hubiera diagnosticado la dolencia que le aquejaba y no obstante esto, la Compañía no hubiera consignado cantidad alguna por concepto de las prestaciones correspondientes a tal enfermedad, aquí sí habría habido mala fe de su parte. Pero tal no fue lo que ocurrió. La Compañía no creía deber nada por este concepto al señor Galindo en vista del citado concepto médico y en consecuencia, de buena fe, no consignó cantidad alguna relativa a esa clase de prestaciones”.

De lo anterior se colige la configuración del error de hecho que predica de la sentencia recurrida, e insiste en que se case el proveído.

En una extensa réplica el opositor critica el aspecto formal del recurso, haciendo resaltar las fallas de técnica en que incurre el libelista en la formulación de este cargo y pide que se rechace la acusación.

Consideraciones de la Sala:

Ya se ha establecido cómo el simple acto consignatorio no es, por sí solo, considerado aisladamente, factor que exima de la responsabilidad de indemnización moratoria al patrono que lo ejecuta. Es abundantísima la jurisprudencia que, sobre este particular, mantiene el parecer de que son la buena fe y la mala fe patronales —con consignación o sin ella—, los elementos configuradores, en su orden, de la exoneración de la pena por mora o de la aplicación de esta. Una nueva cuestión se plantea aquí: si igualmente puede tenerse la culpa del patrono como generadora de la sanción indemnizatoria del artículo 65. El recurrente —que resuelve el punto en sentido negativo— ataca el proveimiento recurrido en cuanto el sentenciador se pronunció en él por la afirmativa, en el aparte que reza: “Esta negligencia, que es de la Compañía, la condujo, en modo principal, a la abstención que se amerita, la cual, por ello, carece de justificación etc.”, de donde concluyó la procedencia de la condena por mora.

Ante la imposición de pena moratoria por la sola causa de la culpa o negligencia patronal —de la que fue deducida aquella por el sentenciador en el sub-lite—, es necesario afirmar que una recapitulación de los antecedentes jurisprudenciales del trabajo acerca de este aspecto, demuestra cómo aquellos no han tenido tal alcance ni conseguido tanta amplitud. Hace poco dijo la Corte (en sentencia de septiembre 16 de 1958, juicio de Francisco Gaviria contra Naviera Colombiana S.A.): “La jurisprudencia ha insistido de manera uniforme en punto a predeterminar la causalidad de la sanción moratoria en la mala fe y temeridad del patrono, al par que ha erigido la buena fe, que ampara inclusive los estados de duda razonable, como eximente de la pena. Esta saludable orientación tiene raigambres profundas. Tal así la doctrina universal de derecho que considera el dolo, la torcida intención de causar daño, como precedente por antonomasia para la imposición del castigo, cuando quiera que este por su rigor y gravedad —como lo es en casi todos los casos la pena pecuniaria del artículo 65— no sea graduable por otros factores”.

La no graduación de la pena, y a más de esto su rigor, han propiciado, —como antes se vio por la jurisprudencia transcrita—, que sea la temeridad o dolo (mala fe) el elemento causante de la sanción, mas no otras causas tales como la imprevisión de lo previsible (culpa), desorganización de la empresa patronal (negligencia o descuido) etc., puesto que tal ampliación, por vía meramente jurisprudencial sin la indispensable prefijación legal, procuraría en la práctica el casusismo y alimentaría el semillero de la arbitrariedad. El juzgador deducirá libremente en cada caso la mala fe o la buena fe. Pero los sutiles distingos de negligencia o culpa no pueden tener cabida en una materia que, por su rigor, por su precisión conceptual, es poco propicia a construcciones teórico jurídicas más allá de los elementos fundamentales y evidentes que en derecho universal se tienen como causantes del castigo o liberadores de él, y que ya fueron establecidos por la jurisprudencia. No es, pues, concorde a esta, la tesis de que la mera negligencia patronal se erija también en causal de sanción moratoria, haciendo aún más imprecisa una cuestión que por su importancia exige notable claridad, la que ya le fue dada en lo posible —con extraordinaria amplitud de juicio para el aplicador de la ley— por la jurisprudencia que estableció los dos elementos preindicados como hitos causales de la aplicación o inaplicación de la pena pecuniaria. No obstante lo anterior, que se ubica dentro del plano estrictamente interpretativo del artículo 65, la Corte observa que, inclusive aceptando los reparos del recurrente acerca del amplio alcance que le dio el sentenciador a la norma precitada, la casación de este extremo por salarios caídos en el caso sub-judice no es viable. En efecto: el ataque está edificado sobre la base de demostrar la interpretación equivocada de la disposición antedicha, pero habiendo sido formulado de manera indirecta por errores de hecho en el juicio del sentenciador, pasó por alto la singularización de pruebas que le habrían servido al ad-quem para decretar la condena por mora no solo con base en simple negligencia, sino en mala fe en la actitud de la empresa en frente del actor. El juzgador de segundo grado se apoya para la calificación de “demora injustificada” en la satisfacción y pago de prestaciones específicas y monetarias por enfermedad, y por ende para disponer la sanción, en el dictamen del doctor Gaitán Yanguas, del servicio médico de la empresa patronal, quien aproximadamente un año antes del despido halló en el trabajador Galindo “osteoartritis vertebral” y sometió al paciente a un transitorio tratamiento radiológico. Dice el sentenciador: “Mas a Galindo Restrepo la sociedad demandada, por intermedio de uno de sus médicos, el doctor Gaitán Yanguas, había diagnosticado, a través de datos clínicos y radiológicos, y tratado, además, la existencia de una ‘osteoartritrs vertebral’. Esto aconteció en el mes de junio de 1954”.

Este solo soporte de facto, que no fue tocado y que es invulnerable —en sentir de la Sala— constituye un gravísimo antecedente en contra de la actitud patronal, calificable no solo de negligente sino de francamente temeraria en el caso estudiado, temeridad que se hace más patente dentro de relievantes aspectos procesales como son, a más del conocimiento anterior al juicio que el patrono necesariamente debía tener de la verdadera situación de Galindo, la certidumbre que, ya dentro del juicio, le arrojaban los dictámenes de dos médicos corroborados por la peritación del Departamento de Medicina Industrial, la cual tiene el carácter de obligatorio. No fue atacado, pues, este soporte. Pero en el evento de que lo hubiera sido y que el cargo no padeciera de tal achaque, en presencia de tales hechos la Corte más que una negligencia de grado simple hallaría temeridad o mala fe, que responsabilizaría a la empresa por condena indemnizatoria.

Un brevísimo repaso de la ficha médica del señor Galindo Restrepo demuestra cómo la entidad o entidades patológicas que aquejaban a este eran en extremo complejas. Fuera del recuento hecho por el recurrente en el cargo anterior para relievar el carácter psíquico de los padecimientos del actor (lo cual, por sí solo, haría incursa a la empresa en la obligación de asistir a este por el término legal y de proveer a las prestaciones médico-farmacéuticas que para las enfermedades no profesionales establece el Código), existen datos que muestran cómo la Compañía por medio de su servicio médico necesariamente conoció desde por lo menos un año antes del despido las demás afecciones anatomo-patológicas y fisiológicas (osteo-artritis vertebral) que padecía el trabajador.

En efecto: en su historia clínica aparece:

“Junio 7 de 1954. Ortopedia. (...) E. actual (presumiblemente por estado actual).—Hace cinco años sensación de pesantez sobre la región occipital, nuca y lados del trapecio. El paciente relaciona sus crisis dolorosas a la hiperacidez gástrica y a los momentos de irritabilidad. Anota limitación de los movimientos del cuello.

Examen: Datos positivos: obesidad, “tic” con movimientos de lateralidad del cuello y “rechinamiento” de los dientes, no se aprecia dolor localizado sino sensación de (palabra ilegible) sobre las partes laterales de la región occipital, partes laterales de la nuca y bordes del trapecio. Limitación moderada de los movimientos de lateralidad de la cabeza. (...) Se pide estudio radiológico cráneo y columna cervical”.

“Junio 15 de 1954. Ortopedia.—Radiología: Cambios anatómicos cervicales especialmente sobre la parte anterior de los cuerpos. Gran hipertrofia de las apofisis estiloides de los temporales. Calcificación de la base (?) del cerebro etc. Se envía al doctor Mario Gaitán para roentgenoterapia”.

“Junio 21.—(Doctor Gaitán Yanguas). Con los datos clínicos ya anotados que concuerdan con el diagnóstico de osteo-artritis vertebral se hará tratamiento con rayos X, con la advertencia de que el temperamento psicópata del enfermo puede hacer fracasar toda terapéutica. Se anota además la presencia de unos 3 ganglios de uno a 2 cmts. de diámetro en el lado izquierdo del cuello”.

“Julio 22.—Hasta el 8 de julio se le aplicó dosis total de 750 r en aire, distribuidas en seis sesiones. La movilidad del cuello es casi normal y los dolores han disminuido considerablemente, pero el paciente sigue insistiendo en que ‘cada vez que está malo de la digestión se le presenta el dolor en las regiones laterales del occipucio y la necesidad de mover la cabeza’, etc.”.

Continuando con el examen probatorio de esta acusación por error de hecho, se ve que con posterioridad al tratamiento transitorio de rayos X a que fue sometido el paciente, aparecen diversos dictámenes por los cuales se sitúa prevalentemente el mal padecido por el actor en el campo psico-neurótico, entre agosto 13, y noviembre 15 de 1954; “nada objetivo” es el concepto del médico tratante en esta última fecha. El 9 de diciembre de 1954 aparece una anotación en la ficha, en la cual se expresa que el señor Galindo “consultó un médico particular”, sin que se diga el nombre de este.

Se observa que durante los primeros seis meses de 1955 —que fueron los últimos de su servicio en la Compañía— el actor no fue atendido por los médicos de esta; y que solamente al tiempo del despido, el 22 de junio de 1955, se produce el dictamen sobre el cual la empresa fundamenta su buena fe, y que reza: “Examen de retiro. Físico: apto. Tic de rotación de la nuca”.

Pero ocurre que el paciente, a 4 de febrero de 1955, asistía por su cuenta al consultorio del doctor Francisco Torres León, quien halló en las radiografías de la columna cervical del enfermo “marcados cambio de espondiloosteoartropatía hipertrófica degenerativa: esclerosis y eburneación de las placas terminales de los cuerpos vertebrales del c2, c3, 65-6 y c7, con formación de espículas óseas marginales, algunas ‘labiadas’ y algunas fracturadas” (Folio 12). (El carácter progresivo de la enfermedad se aprecia con el dictamen del mismo doctor Torres León, de 8 de julio de 1955, cuando nuevamente examinado el enfermo, en su “columna dorso-lumbar se observan cambios enteramente similares a los de la columna cervical”, (folio 13).

De donde resulta que, al tiempo del despido, cuando el médico de la Esso Colombiana S.A. conceptuaba sobre la aptitud física del trabajador Galindo Restrepo, y no parecía darle mayor importancia al “tic de rotación de la nuca” que este padecía, el enfermo estaba realmente sufriendo gravísimas afecciones determinantes de cambios estructurales de la columna vertebral (en sus sectores cervical y dorso-lumbar), causante de una consiguiente limitación de su capacidad de trabajo.

Llega un momento en el proceso en el cual la obstinada negativa de la Compañía a satisfacer una de las prestaciones más importantes y más inmediatamente exigibles del derecho laboral acentúa más la evidencia de la mala fe del patrono y conlleva todas las trazas de una postura francamente temeraria. Es aquel en el cual, a la luz del derecho, se configura plena prueba acerca del estado patológico del trabajador a causa de una enfermedad de tipo progresivo que lo aquejaba desde antes del retiro de la empresa, y no obstante ello, la empresa ni consigna el excedente, ni lo paga, ni provee a satisfacer prestaciones específicas que, con el carácter de urgentes, la ley consagra, por la misma naturaleza inaplazable de las necesidades que satisfacen.

En efecto: los dictámenes de los doctores Francisco Torres León y Guillermo Sarmiento López (por desconocer el primero de los cuales, entre otras razones, pretextaba buena fe la demandada), reconocidos en juicio, juntamente con la peritación del Departamento Nacional de Medicina Industrial que por no haber sido tachada ni controvertida por la demandada asumía el carácter de dictamen obligatorio (ordinal 2º del artículo 217 en concordancia con el artículo 280 del Código Sustantivo del Trabajo) respecto de la invalidez permanente parcial derivada de la enfermedad no profesional (literal a) del artículo 271 ibídem) son elementos de la realidad procesal que, sin duda, dan fundamento para mantener la idea de la mal fe asociada a la conducta patronal.

En qué forma, pues, podría la Compañía mantener la aserción de su buena fe, en presencia de un caso clarísimo de responsabilidad patronal que antes decía desconocer, conociéndola, y a partir de hechos tan elocuentes y comprometedores continúa evadiendo sistemáticamente? No existe, ante tales hechos, ningún acto positivo de la demandada consiguiente a precisar aún más el verdadero estado de su trabajador y la responsabilidad que respecto de él le competa; ella solo se limita a escudarse en el por lo menos deficiente concepto de uno de sus médicos y en la falta de conocimiento del grave dictamen del doctor Torres León, mas no se ocupa —en la oportunidad procesal— de pedir aclaración del dictamen del Departamento de Medicina Industrial coincidente con el de los doctores Torres y Sarmiento, y, por el contrario, insiste en su primitiva postura en momentos en que había desaparecido toda base para sustentarla legítimamente. Es sabido que una de las características que la doctrina le atribuye al derecho del trabajo es la inmediatividad con que este busca el cumplimiento de las prestaciones sociales —y que alcanza mayor grado de urgencia en las causadas por enfermedad— debido al común estado de precariedad económica que es propio del sector proletario.

En caso de enfermedad —ya se ha dicho— la inmediatividad de las prestaciones debe ser, si cabe, más exigente, por cuanto en dichas situaciones lo que debe preservarse no son intereses patrimoniales sino intereses vitales, pues lo que en ellas está amenazado es el supremo valor de la vida. Todas estas consideraciones llevan a la Sala a estimar ineficaces las razones aducidas por el libelista en la sustentación del cargo que se ha estudiado, lo cual, en consecuencia, determina que la Corte —no obstante las observaciones formuladas atrás al proveimiento de instancia— rechace la acusación.

El recurso del demandante recurrente

Busca la casación parcial del fallo recurrido para que sea confirmada la sentencia de primera instancia en los puntos en que fue revocada por aquel.

Consta de cuatro cargos, que se estudiarán en su orden, y, los dos últimos, conjuntamente.

Primer cargo

Acusa la sentencia por violar los artículos 64, 108 (ordinal 16), 112 y 115 del C.S. del T., a causa de errores de hecho provenientes de equivocada apreciación de pruebas.

En desarrollo del cargo manifiesta que mientras el a-quo, dentro de la más estricta sujeción a las normas legales, condenó a la demandada al pago del lucro cesante por el término de dos meses y diez días transcurridos entre la fecha en que fue quebrantado el contrato de trabajo existente entre las partes y la fecha en que debía vencerse el semestre en curso el ad-quem absolvió a la parte demandada, con base en el razonamiento siguiente:

“En el caso sub-judice la sociedad demandada produjo, evidentemente, una suspensión ilegal del contrato de trabajo que la ligaba con el demandante. Ello, en gracia, no tanto del carácter indefinido que le imprimió, pues, con posterioridad lo redujo a un término permitido por la ley, cuanto por haberla impuesto sin sujeción al trámite previo establecido en su reglamento interno de trabajo. Mas el trabajador, con vista de ello, no rescindió aquel vínculo jurídico.

Con efecto, finalizada la misma, este continuó en plena vigencia hasta el 4 de agosto siguiente, en que terminó definitivamente por decisión unilateral de la Compañía demandada. Esta terminación, no sobra agregarlo, fue legal, desde luego que se hizo uso de la cláusula de reserva expresamente pactada con el lleno de todos los requisitos formales de rigor. Entonces, solicitar, con causa en aquella suspensión, lucro cesante, como si se hubiera tratado, en verdad, de ruptura ilegal del contrato de trabajo, es pretensión a la que no es dable impartir prosperidad. Lo único pertinente, en el aspecto que se examina, es un decreto que contemple los salarios que se le han debido pagar al demandante por los días corridos entre el 4 y el 10 de junio de 1955. Pero estos salarios no fueron pedidos, y el Tribunal carece de facultad para proveer extra-petita”.

Argumenta que el sentenciador incurrió en los siguientes errores notorios y evidentes:

1) Considerar que después de transcurrido el término máximo de suspensión a la que inicialmente se le dio el carácter legal de indefinida y hasta nueva orden, se pueden retrotraer válidamente los efectos ya consumados de esa suspensión ilegal;

2) No tener en cuenta, estando demostrado en autos, que la nota en la cual se dan por terminados los efectos se dirigió al trabajador después de haberse configurado irreversiblemente “los efectos de la mencionada infracción contractual”.

3) Cree que es necesario, para que una violación patronal del contrato de trabajo produzca sus consecuencias legales, que el trabajador, a su turno, rescinda también el contrato;

4) Suponer, sin respaldo probatorio alguno, que en el caso de autos Galindo Restrepo volvió a prestar servicios a la empresa demandada;

5) No tener en cuenta que en la misma nota de fecha 20 de junio de 1955, en la que se comunicaba al demandante el pretendido levantamiento de la sanción, se le comunicaba el despido;

A todos estos errores llegó el Tribunal por equivocada apreciación de las siguientes probanzas:

a) La nota de suspensión indefinida “hasta nueva orden”, de 3 de junio de 1955, que obra a folio 8 del primer cuaderno.

b) La nota de 20 de junio de 1955 (folio 9) en la que se hace saber al trabajador que su suspensión quedó terminada el día 10 de los mismos, la cual no le fue comunicada oportunamente, es decir, el mismo diez. (La táctica de reconocerle salarios a posteriori —dice— no varía en nada la posición jurídica del problema, pues es claro que ya el hecho estaba consumado, por habérsele impuesto, sin sujeción a procedimiento alguno, una sanción mayor de la que permite la ley para tales casos, es decir, mayor de ocho días, con lo cual se quebrantó la ley laboral. Anota que no puede tal estratagema revestir de validez lo inicialmente inválido).

c) De la confesión contenida en la contestación de la demanda (folio 20), en cuanto al responder el hecho primero del libelo inicial del litigio, la demandada admite que la fecha inicial de la prestación de servicios por Galindo fue el 31 de agosto de 1945, de donde rectamente se colige que el semestre en curso, cuando se violó el contrato, expiraba el 31 de agosto de 1955.

d) La diligencia de inspección ocular (folios 70 a 71) en cuanto se verificó en ella inequívocamente que antes no había sido sancionado el trabajador Galindo, y que para la sanción comunicada el 3 de junio no se siguió trámite previo alguno, contra lo dispuesto por la ley y por el reglamento de la empresa.

e) El reglamento precitado (folios 44 a 46), cuyos artículos 67, 68 y 69 establecen un procedimiento previo para la aplicación de las sanciones, el cual fue deliberadamente omitido;

f) La copia, expedida por el Juzgado Quinto del Trabajo de Bogotá, del memorial de consignaciones de salarios y prestaciones a favor de Galindo Restrepo (folios 44 y 46), en donde aparece claramente que en esa consignación van comprendidos “a última hora” salarios que, según se afirmó inicialmente, se habían cubierto al propio trabajador.

Termina manifestando que la incidencia de esos errores en la parte resolutiva fue evidente, ya que si el Tribunal hubiera estimado en su justo valor aquellas pruebas no habría incurrido en los errores advertidos, y no habría absuelto, cuando debía condenar, como lo hizo el a-quo.

El opositor replíca que no se configuran tales violaciones indirectas porque el patrono hizo uso de la cláusula de reserva, con los 45 días de preaviso, habiéndose terminado el contrato el 4 de agosto y no la suspensión —como dice la demanda—, prueba de lo cual es que se le cubrieron los salarios hasta la fecha últimamente indicada; que no hubo violación legal con motivo de la suspensión, porque el trabajador sí fue oído por sus superiores, y en los autos no está probado ni se ha alegado siquiera que dicho señor formara parte del sindicado, como para que hubiera sido menester oír también a sus representantes; además, dicha suspensión no excedió el término del artículo 112, ni fue la causa de que Galindo hubiera sido separado definitivamente del servicio de la Compañía, sino que lo fue el uso de la cláusula de reserva; que la suspensión solo duró del 3 al 10 de junio de 1955, fecha esta a partir de la cual el trabajador quedó reincorporado a su cargo y continuó percibiendo la remuneración, por lo cual la suspensión no excedió del máximo que autoriza la ley. El opositor completa su réplica mediante una exégesis de la frase “en cualquier tiempo” (artículo 48 del Código Sustantivo del Trabajo) referente al uso de la cláusula de reserva, y anota que la terminación del contrato no obedeció a la causa prevista en el artículo 64, pues igual cosa habría podido alegar la empresa por cuanto el señor Galindo incumplió las obligaciones de obedecer y acatar las órdenes que le fueron impartidas por sus superiores, que expresamente le imponían los artículos 56 y 58, numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo y la cláusula primera del contrato de trabajo. Remata diciendo que “Apenas sí se observa una diferencia de criterio entre el sentenciador y el recurrente, en cuanto a la estimación de esas pruebas y a la interpretación de los indicados textos legales, diferencia que, como es obvio, no es ni puede considerarse como un error manifiesto del Tribunal en la apreciación de los mencionados elementos probatorios”, y transcribe jurisprudencia (sobre la necesaria ostensibilidad del error para la prosperidad del ataque) en apoyo de sus puntos de vista.

La Corte considera:

Si se revisa la transcripción pertinente del proveímiento del ad-quem —que dio base a la liberación de la condena por lucro cesante, y a la revocatoria, por este extremo, de la sentencia del juzgador de primera instancia—, se observa cómo el Tribunal consideró que la terminación del contrato había sido legal, ya que se hizo uso de la cláusula de reserva expresamente pactada, con el lleno de los requisitos formales de rigor. Es decir, dio aplicación al artículo 48 del C.S. del T.

Analizado el acervo probatorio que singulariza el recurrente, se encuentra que hubo, en efecto, una suspensión ilegal. Este incumplimiento del contrato podría haber producido dos clases de efectos: la resolución del contrato con indemnización de perjuicios, que podrían haber sido evaluados a más del daño emergente, en el monto de los salarios de los días de la suspensión. Pero no está suficientemente demostrado que ello se hubiere producido, ni que lo último hubiere sido demandado por el actor.

Porque la suspensión ilegal y la terminación del contrato aparecen en el sub-lite como dos hechos completamente distintos, apreciación que es notablemente propiciada por la insuficiencia del cargo. Desde luego que en el primer hecho —como lo anota el recurrente— se observan irregularidades por parte del patrono. Pero esas irregularidades no se pueden asimilar a “ruptura unilateral e ilegal del contrato”, lo cual daría margen a la indemnización por lucro cesante equivalente al salario de los días faltantes del último semestre en curso en una relación contractual de término indefinido (artículo 64, ordinal 2º); y en caso de que el autor del recurso hubiere asimilado tal irregularidad a ruptura de este tipo, debería haber completado su proposición impugnadora mediante el ataque al proveído por violación del artículo 48 del Código Sustantivo del Trabajo. No habiendo formulado la acusación por este concepto, resulta incompleto el cargo, y, por tanto, ineficaz.

El primer inciso del artículo 64 propone la resolución del contrato con indemnización de perjuicios por incumplimiento de lo pactado y a cargo de la parte incumplida. En otras palabras: el género incumplimiento de lo pactado, se sanciona con la resolución del contrato y con el pago de perjuicios a cargo de quien incumple. Seguidamente el ordinal 2º del mismo artículo propone la especie incumplimiento de lo pactado por “ruptura unilateral e ilegal del contrato”, y específicamente ordena que la indemnización en este caso “consiste en el monto de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplirse el plazo pactado o presuntivo”.

De lo anterior se deduce que no todo incumplimiento de lo pactado a que se refiere el ordinal 1º del artículo 64 debe sancionarse con la indemnización a que se refiere el ordinal 2º de la misma norma. Solo procede esta sanción cuando el incumplimiento consiste en ruptura unilateral e ilegal del contrato.

Por lo cual, para obtener la indemnización del ordinal 2º del artículo 64, el ataque no debió orientarse hacia la demostración de que la suspensión del contrato fue ilegal, como efectivamente lo fue. Debió en cambio dirigirse a demostrar que el despido fue ruptura unilateral e ilegal del contrato, y que por tanto hubo violación del artículo 48 (referente a la cláusula de reserva), sobre el cual se basó el Tribunal para afianzar su decisión.

Es obvio que la suspensión ilegal equivale al incumplimiento patronal de lo pactado. Esta falta daría fundamento a otra clase de perjuicios —que no fueron solicitados ni demostrados en el proceso— distintos a la indemnización de lucro cesante de que trata el tantas veces citado ordinal 2º del artículo 64.

Todo lo anterior conduce a rechazar, por incompletas, las acusaciones tanto principal como subsidiaria que se han venido estudiando.

Segundo cargo. Acusa la sentencia como violatoria, por interpretación errónea, del artículo 127 del C.S. del T., en relación con los artículos 278 y 65 ibídem.

Dice que el Tribunal despachó favorablemente las peticiones relativas a invalidez consecutiva a enfermedad no profesional y a indemnización moratoria o “salarios caídos”, pero tomó como base para el “quantum” de dichas condenas la suma de $ 600.00 equivalente al salario básico mensual del trabajador, sin incluir en el cómputo los factores que determinan legalmente el verdadero promedio de salario devengado por el actor. Agrega que del fallo se deduce inequívocamente cómo la razón que tuvo el ad-quem para justipreciar así la remuneración del demandante, rebajando la cuantía que tuvo en cuenta el Juzgado, fue la de estimar que para estos fines el salario “que se debe calcular es el ordinario y no el que arroje este adicionado con el extraordinario”.

Prosigue más adelante diciendo que el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo define como salario no solo la remuneración fija u ordinaria, sino también todo lo que el trabajador recibe en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales y el valor del trabajo suplementario o de las horas extras laboradas por el trabajador (resalta el recurrente). Por otra parte —añade—, el artículo 278 ibídem, en que se fundó el propio Tribunal para la condenación por concepto de auxilio de invalidez al establecer la cuantía de los diversos auxilios a que, según el caso, tiene derecho el trabajador, no hace referencia a salario ordinario, sino, por el contrario, expresamente menciona en el literal b) el salario promedio mensual del último año de servicios. Y el artículo 65, base de la indemnización por mora, habla de que esta será igual al último salario diario por cada día de retardo, es decir, que tampoco limita la cuantía de la indemnización al salario ordinario, según se pretende en el fallo recurrido. Declara que cuando la ley quiere limitar al salario ordinario la medida de un derecho o prestación así lo dice inequívocamente, y cita jurisprudencia del extinguido Tribunal Supremo del Trabajo en apoyo de su tesis.

Arguye que “(...) el recto entendimiento de estas normas sustantivas de nuestro estatuto laboral indica que la condenación por salarios caídos y por auxilio de invalidez debió hacerla el Tribunal computando tanto el salario básico como el proveniente de los otros factores que sirven para integrar la verdadera remuneración (...). Por lo demás, el Tribunal no remitió a duda el hecho de que esa remuneración, así computada, fue en promedio de $ 762.72 (sic) mensuales; es decir, precisamente la que tomó como base la empresa para liquidar algunas de las prestaciones del ex-trabajador y la que, por otra parte, se evidenció en la inspección ocular practicada a los libros de contabilidad de la Compañía”.

Termina solicitando que las condenas por salarios caídos y auxilio por invalidez, se hagan, conforme al artículo 127, “sobre la base del promedio de $ 736.72 que era el verdadero salario de mi mandante y no sobre la base de $ 600.00 que era tan solo el salario ordinario sencillo”.

Consideraciones de la Sala:

Dice el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo: “Constituye salario no solo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor de trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas, comisiones o participación de utilidades”.

La anterior noción, fijada de forma tan concreta y precisa por el legislador, es la que sirve de base en el cómputo de todas aquellas obligaciones, prestaciones e indemnizaciones para cuya liquidación la ley parte de la base del “salario” o del “salario promedio” en un período determinado. Si la ley no se refiere expresamente a salario ordinario (como por ejemplo en los artículos 173 y 174), y solo habla de salario, el juzgador debe entender que se trata del definido por el precitado artículo 127, en todo su alcance, y debe medir la obligación correspondiente —si los hechos a ello dieren lugar—, en función de las diferentes formas constitutivas de salario que dicho precepto establece.

Estas sucintas observaciones bastan a la Sala para considerar que no existe razón de doctrina, ni de jurisprudencia, ni texto de derecho positivo que propicien la interpretación que hizo el sentenciador, en torno a los artículos 65 y 278 y con respecto a la noción de salarios que dichos textos incluyen. En otras palabras: es equivocado el entendimiento de estas normas, en relación con el artículo 127, cuando como en el caso sub-judice, el juzgador interpreta la noción de salario en forma restringida, refiriéndolo exclusivamente a “salario ordinario”, ya que en dichas normas debe entenderse tal noción dentro del sentido y alcance del pre incluido artículo 127 del Código.

Se configura, pues, la violación directa por interpretación errónea de los artículos 65 y 278 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el 127 ibídem —según lo asevera la impugnación— y, en consecuencia, prosperará el cargo. Por ello la Sala habrá de casar la sentencia recurrida en este extremo, y, como Tribunal de instancia, procederá a confirmar la del a-quo por haber sido recta la interpretación que de dichos textos hizo el Juez de primer grado.

Tercero y cuarto cargos.

Los dos últimos cargos (tercero y cuarto) formulados contra el proveído versan sobre violación indirecta por errores de hecho y, subsidiariamente, violación directa por interpretación errónea de los artículos 227 y 277 del C.S. del T.

Manifiesta el recurrente que el más protuberante error de la sentencia acusada es la revocatoria de la condena que hizo el a-quo sobre prestaciones pecuniarias y asistenciales que ordenan dichas normas. Dicho error procedió —añade— por la consideración del ad-quem acerca de que el dictamen referente a la ineficacia del tratamiento médico a que ahora se sometiera al demandante, liberaba a la empresa demandada de toda obligación al respecto.

En el ataque por vía indirecta manifiesta que fueron equivocadamente apreciadas las siguientes probanzas:

a) El libelo inicial del litigio, especialmente la solicitud del literal c), referente a las prestaciones que se fundan en los artículos 227 y 277.

b) El dictamen del Departamento de Medicina Industrial (folio 68) en cuanto de él se desprende que si el tratamiento adecuado se hubiera hecho al demandante algunos meses antes, al menos se hubiera logrado reducir las dolencias del paciente. “Sin embargo, el ad-quem consideró que ese dictamen, en cuanto habla de la ineficacia de un tratamiento posterior, liberaba a la empresa de una obligación legal ineludible”.

El impugnador destaca que el Tribunal olvidó cómo las prestaciones consagradas por las normas de la referencia no solo establecen prestaciones asistenciales, sino también prestaciones monetarias. “Por manera que, al menos en relación con estas últimas, no es valedera la excusa de la inutilidad del tratamiento tardío”.

Presenta la acusación por concepto de interpretación errónea como subsidiaria, en el evento de que no prospere la anterior por vía indirecta.

El opositor replica, pidiendo que se rechace el cargo, diciendo: a) Hay prestaciones que solo pueden satisfacerse en especie, debido a su naturaleza misma; b) Una obligación cuyo objeto se sabe inútil de antemano, por imposibilidad del mismo, es absolutamente nula. (Artículo 1.502 y 1.518 del Código Civil); c) Dentro del modo de extinguirse las obligaciones existe según la ley, la doctrina y la jurisprudencia la “imposibilidad de ejecución”, cuando esta no se produce dentro de la mora del deudor.

El opositor insiste en que el artículo 284 del C.S. del T. consagra la incompatibilidad de las prestaciones por enfermedad no profesional y por invalidez.

Consideraciones de la Sala:

Dijo el sentenciador sobre este punto de la controversia: “Por lo transcrito bien se ve que de las prestaciones que se estudian, (auxilio por enfermedad no profesional e invalidez) la única merecedora de haber sido acogida por el a-quo es la que recaba auxilio de invalidez. En primer lugar, porque la entidad patológica que sufre el demandante ya no es susceptible de ser tratada ni médica, ni farmacéutica, ni quirúrgicamente, pero tampoco ser atendida hospitalariamente. En segundo lugar, porque el auxilio de invalidez es incompatible con el monetario”.

Esta posición del sentenciador —objeto de los ataques por vía indirecta y por interpretación errónea de los artículos 227 y 277 del Código Sustantivo del Trabajo— es criticada por el recurrente, quien aduce que “resulta francamente absurdo pretender, como parece pretenderse en el fallo, que porque la empresa no suministró en su oportunidad el adecuado tratamiento al trabajador, ya este carece de todo derecho. Y más que absurda esta tesis vendría a ser inmoral, porque resultaría así otorgado un premio para el incumplimiento, estableciéndose un funesto precedente dentro de las relaciones obrero-patronales”.

El opositor dice que la decisión se mantiene dentro de la esfera de la ley, por cuanto el artículo 284 del C.S. del T. establece la incompatibilidad de las prestaciones por enfermedad no profesional y por invalidez.

La Sala advierte, en primer término, que si bien es cierto que el impugnador no citó este texto como violado y —que tácitamente le sirvió al juzgador de segundo grado para fundamentar parcialmente su decisión—, es obvio que en la demostración de los cargos se hace un ataque eficaz contra la incorrecta interpretación de los artículos 227 y 277 del Código, interpretación errónea que consiste en conferirle cierta inadecuada esencia extintiva total a los derechos que aquellas normas consagran en caso de que el patrono negligente o temerariamente deje de satisfacer en la debida oportunidad las obligaciones correlativas. Por sí sola, pues, resulta completa la proposición impugnadora.

En efecto: si por renuencia patronal a atender al trabajador enfermo en el momento oportuno de la evolución patológica, esta deriva a un estado en el cual se hicieren ineficaces dichas atenciones, el patrono podría alegar “imposibilidad de ejecución” de la obligación pertinente (como aquí lo hace), sin perjuicio de que el trabajador tuviere derecho a reclamar indemnización plena (reclamación que ya aquí no procede); pero no existiría base para que el juzgador declarase la extinción total de las obligaciones patronales (como ocurre en el sub-lite), porque las obligaciones monetarias no se han hecho imposibles. Como muy bien lo dice el impugnador, en este caso olvidó el Tribunal “que las prestaciones consagradas (...) no solo establecen prestaciones asistenciales, sino también prestaciones monetarias”.

El opositor, como ya se vio, sustenta el punto de vista de la incompatibilidad de las prestaciones por enfermedad no profesional y las prestaciones por invalidez, basado en el artículo 284 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo contenido reza: “ART. 284.—Al declararse por el médico el estado de invalidez, cesarán las prestaciones por enfermedad y empezarán a pagarse las correspondientes a invalidez”.

La recta inteligencia del texto preinserto indica a las claras que para la cesación de las prestaciones por enfermedad es condición sine qua non que tales prestaciones se vengan satisfaciendo regularmente cuando se declare el estado de invalidez, puesto que cesar significa “suspenderse o acabarse una cosa (...) dejar de hacer lo que se está haciendo” (17º Edición del Diccionario de la Real Academia), y esta noción de terminación o fin de algo que se viene realizando es aún más explícita en el contenido de la norma, la cual a dicha terminación o fin de las prestaciones por enfermedad contrapone sucesivamente la idea de comienzo o principio de la prestación por invalidez, cuando expresa: “Cesarán las prestaciones por enfermedad y comenzarán las correspondientes a invalidez”. Repugnaría a la lógica la idea de que es posible cesar o dejar de hacer lo que nunca se ha hecho (lo cual resultaría de la interpretación del opositor), aberración de juicio que, además, se prestaría a gravar doblemente a los patronos que cumplieran regularmente sus obligaciones para con el trabajador enfermo, y a exonerar del auxilio por enfermedad a los patronos incumplidos que —dejando avanzar la enfermedad de sus servidores sin atender a su asistencia oportuna— alegarían la pretendida incompatibilidad cuando el estado del paciente derivara de invalidez, para cumplir solamente las prestaciones correspondientes a este estado.

El artículo 284 consagra el tránsito de prestaciones (por enfermedad a invalidez), en una sucesión regular en que las primeras se han venido cumpliendo y cesan para dar comienzo a las segundas, cuando por el sobreviniente estado de invalidez hubiere lugar a estas. Pero lo que cesan son las prestaciones, mas no el derecho a ellas cuando este hubiere sido negado, ni la correlativa obligación de satisfacerlas. El artículo regula situaciones ordinarias en las que, vr. gr., un patrono, ante la enfermedad no profesional de su trabajador, procede realmente a satisfacer a favor de este las prestaciones monetarias y específicas de los artículos 227 y 277 que deben procurarse durante un lapso hasta de 180 días; en esta hipótesis, y en el evento de que la situación del enfermo derivara al estado de invalidez, declarado por el médico, cesarían las prestaciones por enfermedad y empezarían a causarse las correspondientes a invalidez.

Mas en el caso de negligencia o temeridad del patrón renuente a atender las primeras prestaciones (por enfermedad), y que en la práctica dejan de satisfacerse, la derivación al estado de invalidez no priva al trabajador del derecho mismo a dichas prestaciones no satisfechas en su hora, en cuanto estas sean físicamente posibles.

Siendo insusceptible de tratamiento médico el mal que aqueja al trabajador, subsisten por lo menos la obligación del patrono y el derecho del trabajador respecto del pago por aquel a este del salario reducido por auxilio de enfermedad, a más de la invalidez, por el término de 180 días, de acuerdo con los artículos 227 y 277 del Código Sustantivo del Trabajo.

En esta forma, y configurada la interpretación errónea de los artículos preindicados, prospera el último cargo en las condiciones examinadas, en cuanto es eficaz para declarar la procedencia del salario restringido correspondiente al auxilio por enfermedad, durante 180 días, al par que el auxilio por invalidez, mas no las prestaciones específicas por “imposibilidad de ejecución”, y en este sentido habrá de casarse la sentencia objeto del presente recurso.

Finalmente, considera la Sala que no es del caso condenar en costas a la parte demandada-recurrente en este recurso, a pesar de no haber prosperado ninguno de sus cargos, ya que su demanda ha propiciado la ampliación y estudio de puntos nuevos en la jurisprudencia del trabajo. Se sigue en este punto el criterio del extinto Tribunal Supremo del Trabajo y de la Corte.

En mérito de lo que se deja expuesto, la Corte Suprema de Justicia, —Sala de Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Seccional del Trabajo de Bogotá, el día 5 de octubre de 1956, en cuanto por dicho fallo se modificó, reduciéndolo el salario que había tomado el a-quo para las liquidaciones por auxilio de invalidez e indemnización moratoria, y en cuanto revocó el de primer grado en el extremo de auxilio monetario, por enfermedad no profesional; y, convertida en Tribunal de instancia, confirmando por estos aspectos la sentencia de primer grado, dispone:

1. Mantiénense las condenaciones a cargo de la “Esso Colombiana S.A.” y a favor del señor Joaquín Galindo Restrepo que fueron decretadas en el primer punto del fallo del a-quo, en las cantidades establecidas por este, por concepto de auxilio por invalidez, auxilio monetario por enfermedad y salarios caídos.

2. No la casa en lo demás.

3. Sin costas en este recurso.

Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Luis Alberto BravoRoberto De Zubiría C.Luis Fernando Paredes A.Jorge Vélez García.

Vicente Mejía Osorio, Secretario.