Sentencia de enero 23 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ACCIÓN DE TUTELA

ES DE NATURALEZA SUBSIDIARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Romero Sierra

Santafé de Bogotá, veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos.

Decídese la solicitud de tutela que ante esta corporación han elevado Melania Arias Lima, Myriam Arias Lima de Ospina y Rosa María Lima Arias, en relación con la sentencia de 31 de octubre de 1991, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia en el proceso que ellas promovieron contra Germán Grajales Santa y Jorge Julio Álvarez Acevedo.

I. Antecedentes

1. Mediante la acción de tutela persiguen las mencionadas señoras que se revoque la sentencia dicha, y en su lugar se confirme la de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, pues consideran que aquella les viola el “derecho a la justicia”, respecto del cual glosan que si bien es cierto no aparece contenido expresamente en un artículo del título II de la Constitución Nacional, “es innegable que toda la normatividad de la Carta Magna tiene como objeto garantizar la justicia a todos y cada uno de los asociados, tal como lo asegura su preámbulo”, así como también estiman vulnerado el derecho de propiedad privada.

2. Sostienen las peticionarias, en compendio que ellas iniciaron ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia un juicio contra Germán Grajales Santa y Jorge Julio Álvarez Acevedo, con el fin de obtener la restitución del inmueble arrendado que identifican debidamente, dado el incumplimiento, por parte de los inquilinos, del contrato de arrendamiento, “consistente principalmente en la cesión del mismo, lo cual no sólo estaba expresamente prohibido por las cláusulas del contrato, sino que no fue producto de la enajenación total del establecimiento de comercio, razón por la cual tampoco estaba permitido por la ley”.

Seguidamente agregan:

“Los hechos anteriores no solo se alegaron, sino que se probaron cabalmente, ya que los documentos y certificaciones presentados reunían los requisitos y tenían según la ley, la capacidad probatoria suficiente; es por ello que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Armenia, Quindío, mediante sentencia fechada el 5 de marzo de 1991, acertadamente acogió las pretensiones de la parte demandante; sin embargo, al ser apelada dicha providencia, la Sala Civil del Tribunal Superior de Armenia, conformada por los Honorables Magistrados Carlos Arturo Gallego Henao (Ponente) y Haydée Valencia de Urina, resolvieron el asunto mediante la sentencia contra la cual se ejerce la acción de tutela”, conteniendo en su parte resolutiva “un claro atentado contra la justicia al revocar en todas sus partes la providencia de primera instancia, mucho mejor motivada y, por sobre todo, fundamentada en las pruebas legalmente aportadas y en las normas del Código de Comercio que regulan el asunto que se debatió” .

Y explanando la transgresión de que dicen fueron víctimas, señalan que se violó el derecho a la justicia porque si un individuo acude ante las autoridades jurisdiccionales, plantea su problema, presenta debidamente la totalidad de las pruebas que lo respaldan, la contraparte no las desvirtúa, y pese a todo el juzgador no aplica las normas que lo amparan, ahí no se hizo justicia.

A su juicio también se quebrantó el derecho de propiedad privada “cuando las propietarias y al mismo tiempo arrendadoras, demostraron hasta la saciedad que habían acaecido los sucesos y condiciones que les permitían ejercer totalmente el derecho de propiedad, incluyendo el uso y tenencia del bien, mientras que los arrendatarios habían perdido su derecho a la renovación del contrato”. La providencia, pues—agregan—, “ no tuvo en cuenta unas normas consagradas en el Código de Comercio, no por errada interpretación, sino por omitir absolutamente su aplicación” .

II. Consideraciones

1. Teniendo en mira el artículo 86 de la Constitución Nacional, que, como se sabe, consagró la acción de tutela, fácilmente se deriva cuál es la naturaleza jurídica de ella, debiéndose subrayar ahora, para los efectos de la decisión que adelante se adoptará, la atinente a que se trata de un mecanismo judicial que tiende a garantizar eficaz y rápidamente los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política, en lo que puede considerarse como el desarrollo particular del anhelo que expresan los pueblos en la declaración universal de los derechos humanos, cuando en su artículo 8º plasman como tal el de que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.

Y fue el propio constituyente colombiano quien se dio a la labor de trazar el perfil y la fisonomía de la tutela, enseñándola como un instrumento de presencia permanente, desde que se puede ejercer “en todo tiempo y lugar”, incluso en días y horas inhábiles; con un trámite no sólo expedito y sumario sino preferente; no sujeto a condición o cortapisa desde el punto de vista del derecho de postulación, por supuesto que la puede intentar el mismo sujeto afectado o por interpuesta persona que actúe a su nombre; con carácter no solo curativo sino preventivo, desde luego que la mera amenaza de violación de sus derechos lo legitiman para incoarla.

Igualmente se guardó de puntualizar que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Con esto se pone al descubierto que la intención del constituyente jamás fue la de introducir una figura que paralelamente a los juicios y a los procesos que constituyen las vías comunes para hacer valer los derechos, cuya función está genéricamente asignada a la administración de justicia y garantizada por la misma Constitución, viniese a crear una dualidad a todas luces incomprensible y contraproducente. Dicho de modo diverso, el mentado instrumento debe entenderse como un remedio excepcional que prestamente ponga coto a la violación o a la amenaza de violación de un derecho fundamental, pero sin ostentar el efecto pernicioso de entorpecer los cauces ordinarios que para ello se tiene; de no, sería admitir, como despropósito claro está, que es un elemento portador del caos, y responsable, por consiguiente, de la inseguridad social y jurídica que a buen seguro generaría, como que, entre otras cosas, haría tabla rasa del postulado de la cosa juzgada.

El apotegma es, pues, bien sencillo: se tendrá tutela en la medida en que se carezca de otro camino judicial; su naturaleza es entonces esencialmente subsidiaria. Y, por lo mismo, es erróneo mirarla como una herramienta más, de rango complementario, para perseguir lo que de otra manera no se consiguió o no se intentó conseguir.

Esa es la regla general. Excepcionalmente se la ofrece como mecanismo alterno de otra vía judicial, entrando entonces a operar con un linaje eminentemente temporario o transitorio, e imbuido de la teleología de impedir un perjuicio que se catalogue de irremediable.

2. Vista, como queda, la genuina inteligencia que de la tutela emana de la constitución misma, sin esfuerzo de mayor consideración se advierte que el decreto que vino a desarrollar la tutela, cuyo número es el 2591 de 1991, con ella pugna en la parte en que hace procedente la tutela frente a sentencias que han ganado el sello de ejecutoria. Pues es palmar entonces que se le estaría otorgando, contra lo que establece la Constitución, el linaje de herramienta de más, precisamente porque el derecho controvertido en el juicio que culminó con la sentencia tuvo que hacerse a la luz de las disposiciones de la Carta Magna, con las garantías inherentes a la materia como la del debido proceso; y allí se contó muy seguramente con los derechos propios de los litigantes, con los recursos y los demás mecanismos que establece la ley en orden a tutelar los derechos de las partes; e incluso han podido estar presentes los medios impugnaticios que precisamente se encuentran establecidos para el cumplimiento de las garantías que se estiman de mayor trascendencia.

Razón que ha llevado a la Corte a asegurar que

“...cuando el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 incluye dentro de su contenido, como susceptibles de objeto posible de reclamación de tutela “las sentencias y las demás providencias que pongan término al proceso” (inciso 1º), incluyendo las que “hubieren agotado todos los recursos en la vía judicial” (inciso 1º del parágrafo primero del citado art. 40), y el artículo 11 que autoriza la tutela de sentencias o providencias que le ponen fin al proceso ya ejecutoriadas, se infringe el mandato constitucional de la no tutelabilidad de dichos actos judiciales excluidos en el art. 86 de la C. N. Y cuando el artículo 8º, inciso 1º, permite el ejercicio de la acción de tutela con independencia del ejercicio del medio de defensa, también resulta inaceptable con aquel precepto constitucional”.

A renglón seguido puso de manifiesto la corporación que no es dable admitir que la tutela desborde el marco constitucional que le dio vida, ni siquiera por vía legal; y que tal entendimiento constitucional, de sustraer de la tutela los fallos ejecutoriados, “en vez de negar defensas, supone, por el contrario, haberlas tenido y haber gozado de ellas (incluyendo los recursos extraordinarios y otras defensas), y garantizar, con sus efectos vinculantes, la seguridad jurídica y la convivencia de los ciudadanos. Además, con esta ausencia de tutela de los fallos ejecutoriados no se desamparan los derechos constitucionales fundamentales, porque ellos quedan bajo la protección judicial ordinaria antes y después de la conclusión del proceso, tal como lo establece la Constitución (art. 89 C.N.)”. (Sentencia de 9 de diciembre de 1991).

3. Ha de memorarse que en el fallo que viene de citarse, se concluyó que era improcedente aplicar en ese caso el Decreto 2591, en las partes cuestionadas, pues prevalece la Constitución.

En esta especie judicial, según se dejó establecido en los antecedentes de este proveído, se solicita la tutela frente a la sentencia que, en segunda instancia, profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, respecto de la cual afirman las petentes que alcanzó ejecutoria desde el 12 de noviembre de 1991. Así que, acorde con lo que se dejó explicado, es una decisión que no es susceptible de tutela, debiéndose adoptar idéntica decisión a la ya comentada.

III. Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, deniega la solicitud de tutela impetrada por Melania Arias Lima, Myriam Arias Lima de Ospina y Rosa María Lima Arias, contra la sentencia de 31 de octubre de 1991, proferida por el Tribunal Superior de Armenia en el proceso que tales personas adelantaron contra Germán Grajales Santa y Jorge Julio Álvarez Acevedo.

Notifíquese por telegrama dirigido a la dirección indicada por los interesados.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Rafael Romero Sierra.

___________________________________