Sentencia de febrero 1º de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

RESPONSABILIDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTE

DAÑOS CAUSADOS CON VEHÍCULOS AFILIADOS

EXTRACTOS: «2. De conformidad con la regulación legal existente al respecto, el servicio público de transporte es prestado por empresas legalmente constituidas y debidamente autorizadas por el Instituto Nacional de Transporte, previo el cumplimiento de los requisitos determinados en el estatuto legal respectivo (art. 8º Decreto 1393 de 1970, vigente a la sazón; art. 10, Decreto 1066 de 1988, que lo reitera), las que pueden ser de servicio público o privado (art. 983 del C. de Co.); según esa misma reglamentación, las empresas de transporte de servicio público “... someterán sus reglamentos a la aprobación oficial y, si no prestan el servicio en vehículos de su propiedad, celebrarán con los dueños de estos el respectivo contrato de vinculación, conforme a las normas reglamentarias del transporte”.

Por tanto, la afiliación en materia de transporte no es otra cosa que la relación jurídica por medio de la cual se vinculan los vehículos automotores a las empresas de transporte, para la prestación del servicio público respectivo, cuando ésta no es propietaria de todos los vehículos necesarios para la adecuada prestación del transporte, o para que los vehículos de ésta puedan prestarlo, o “... el modo contractual en virtud del cual un vehículo de servicio público se incorpora a una empresa como elemento físico de transporte” tal como la describe el artículo 16 del Decreto 1552 de 1987, relación jurídica que puede revestir cualquier forma contractual legalmente establecida.

3. Y esta afiliación o vinculación de un automotor a una empresa de servicio público de transporte, legitima suficientemente a la empresa afiliadora para responder por los perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que entraña la movilización de vehículos automotores para la satisfacción del aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo “... es acertado, ha dicho esta Corporación, que se le repute culpable de todo detrimento ocasionado por su obrar y que del mismo modo es equitativo que sólo pueda enervar esa presunción de culpa demostrando fuerza mayor, caso fortuito, intervención de un elemento extraño o culpa exclusiva de la víctima(...)”. (CLII, 73)».

(Sentencia de febrero 1º de 1991. Magistrado Ponente: Dr. Rafael Romero Sierra).

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