Sentencia de febrero 11 de 1992

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CONDENA EN CONCRETO

EXCEPCIÓN EN CASO DE MEJORAS

EXTRACTOS: «1. Mediante el Decreto-Ley 2282 de 1989 se introdujeron reformas al Decreto 1400 de 1970, conocido como Código de Procedimiento Civil. Reformas con vigencia a partir del 1º de junio de 1990 y derogatoria de las disposiciones contrarias.

Entre las disposiciones reformadas se cuenta el artículo 307 del código, que regula la forma como el juzgador debe hacer la condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante.

Establecía dicho artículo, antes de su enmienda, la condena en forma genérica, cuando no aparecieran demostradas las cuantías, con lo cual el juez quedaba autorizado para proferir condenas en abstracto. Pero su reforma introdujo el principio contrario, la condena en concreto: “La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados. Cuando el juez considere que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, decretará de oficio, por una sola vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin”. Se estableció, en consecuencia, como regla general, la condena en concreto por los conceptos mencionados.

2. La sentencia del Tribunal, objeto del recurso de casación, se dictó el 19 de junio de 1990, encontrándose en vigencia el Decreto 2282 de 1989, pues según se dijo anteriormente éste entró a regir a partir del 1º de junio de 1990, por haberlo dispuesto así su artículo 2º. Se encontraba entonces, para esa fecha, ya reformado el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.

3. No obstante, si bien la regla general, al dictarse la sentencia del Tribunal, era la condena en concreto en virtud de la reforma mencionada, en materia de mejoras rige un principio de excepción.

Establece el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, regulando el derecho de retención reconocido en sentencia, que:

"Si el valor de las mejoras no hubiere sido regulado en la sentencia se liquidará mediante incidente, el cual deberá promoverse dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de aquélla o del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso”.

Como la situación aquí controvertida, en punto de mejoras, se enmarca precisamente en la transcripción hecha, fácilmente se advierte que el Tribunal no desacertó al decidir como lo hizo y, por ende, no quebrantó la ley sustancial que se señala en el cargo, en la materia dicha».

(Sentencia de febrero 11 de 1992. Magistrado Ponente: Alberto Ospina Botero).

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