Sentencia de febrero 17 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ACCIÓN DE TUTELA

NO PROCEDE CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Lafont Pianetta

Santafé de Bogotá, D.C., febrero diecisiete de mil novecientos noventa y dos.

Se decide la impugnación interpuesta por el ciudadano Gerardo Solarte Rosero contra el fallo proferido el 23 de enero de 1992 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, mediante el cual se denegó la acción de tutela incoada por el impugnante contra las resoluciones 0719 del Servicio Seccional de Salud de Nariño y 15339 del Ministerio de Salud, que ordenaron el cierre temporal de la Droguería Santa Isabel Nº 1 y la suspensión de la licencia sanitaria de este establecimiento.

Antecedentes

1. Mediante memorial que obra a folios 2 a 5 del cuaderno del Tribunal, el señor Gerardo Solarte Rosero, por conducto de apoderada formuló acción de tutela a efecto de que se suspenda la aplicación del acto administrativo'''' que ordenó cerrar el establecimiento comercial de su propiedad denominado Droguería Santa Isabel Nº 1, ubicada en la calle 19 Nº 19-01 de Pasto, así como para que se deje sin vigor la suspensión de la licencia sanitaria de funcionamiento de la mencionada droguería y se disponga, en su lugar, “ordenar la apertura del mencionado establecimiento en forma inmediata”, mientras en definitiva se decide lo que corresponda por el Tribunal Contencioso Administrativo.

Impetró así mismo condenar al Ministerio de Salud y al Servicio de Salud Pública de Nariño al pago de los perjuicios ocasionados por la expedición de las resoluciones 0719 de 23 de abril de 1991 y 15339 de 16 de diciembre de 1991, mediante las cuales se tomaron las decisiones aludidas.

2. Adujo el accionante que con las decisiones administrativas mencionadas, se violaron los artículos 21, 25, 28 y 29 de la Constitución Nacional y fundó su acción, en los hechos que se sintetizan a continuación.

2.1. El Servicio Seccional de Salud Pública de Nariño, el 18 de julio de 1990 “decomisó unas drogas a la Droguería Santa Isabel Nº 1 situada en la calle 19 Nº 19-01, por carencia de registro del Ministerio de Salud y posteriormente en el mes de noviembre 29 de 1990 decomisó otros productos por la misma razón”.

2.2. Mediante Resolución 0266 se ordenó abrir investigación administrativa por los hechos anteriores y se formularon cargos, “corriéndole traslado por diez días para la contestación”, término durante el cual el señor Gerardo Solarte Rosero manifestó que las drogas decomisadas no eran de su propiedad, “sino del señor José Enrique Rosero, propietario de la Droguería Las Cuadras, quien se las había dejado en depósito”.

2.3. El Servicio Seccional de Salud de Nariño, mediante Resolución 0719 de 23 de abril de 1991 suspendió la “licencia sanitaria de funcionamiento” a la droguería mencionada, acto administrativo contra el cual se interpusieron los recursos de reposición y apelación, que fueron decididos mediante resoluciones 1462 de 28 de junio de 1991 y 15339 de 16 de diciembre del mismo año.

3. Finalmente agrega que acude a la acción de tutela para la protección inmediata de los derechos constitucionales que considera violados para que “se suspenda la ejecución de las resoluciones hasta tanto el Tribunal Contencioso Administrativo decida la controversia en torno a su legalidad”.

4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, mediante providencia que aparece a folios 70 a 79 del cuaderno del Tribunal denegó la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Gerardo Solarte Rosero, por lo que su apoderada judicial impugnó el fallo del Tribunal, impugnación que ahora se decide por esta Corporación.

Consideraciones

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judiciales, a menos que se acuda a ella “como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, lo cual será apreciado en concreto “atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

2. Como quiera que en Colombia la actividad de la administración pública es reglada y no discrecional, como norma general, los actos administrativos como manifestaciones de la voluntad del Estado han de expedirse conforme a la regulación legal y, en virtud de ello, se encuentran sujetos a control interno por parte de la propia administración por la vía gubernativa, dentro de la cual pueden ser objeto de impugnación mediante los recursos de reposición y de apelación cuando a ello hubiere lugar, de un lado; y, de otra parte, también se encuentran sujetos tales actos administrativos a control por la jurisdicción contencioso administrativa, ante la cual, si así se estima pertinente por el interesado, puede controvertirse su legalidad y obtenerse, en caso de ser demostrados los perjuicios ocasionados por una decisión afectada de ilegalidad, la indemnización que fuere del caso.

3. Agrégase a lo anterior que además de los mecanismos de control ya aludidos, el Código Contencioso Administrativo establece también la posibilidad de acudir a la revocatoria directa del acto en cuestión por la propia administración, así como la de solicitar y obtener, cuando a ello hubiere lugar la suspensión provisional en el proceso administrativo.

4. Acorde con lo expuesto en los numerales precedentes, ha de concluirse que, por regla general la acción de tutela como institución creada por el constituyente para obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, no procede contra actos administrativos, como quiera que en la legislación positiva existen medios de defensa judicial contra estos, lo que indica que solamente cabría la acción de tutela en el caso de demostrarse la inexistencia de otro medio de defensa por el interesado, quien en tal caso habrá de demostrarlo.

5. En el caso de autos, como se desprende de la propia solicitud elevada por el accionante en tutela y de la naturaleza misma de los actos administrativos con cuya expedición se afirma que se vulneraron derechos fundamentales del peticionario que, además le causaron y le siguen causando perjuicios, resulta evidente la improcedencia de esta acción, por cuanto tiene el peticionario a su disposición mecanismos judiciales que no sólo le permiten controvertir la legalidad de las resoluciones acusadas, sino reclamar respecto de las mismas medidas cautelares tendientes a obtener la garantía de sus derechos, sobre cuya prosperidad habrá de decidirse por la autoridad competente conforme a la ley.

Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, el 23 de enero de 1992, mediante el cual se denegó la petición formulada por el ciudadano Gerardo Solarte Rosero, en ejercicio de la acción de tutela para que se suspenda el cumplimiento de las resoluciones 0719 del Servicio Seccional de Nariño y 15339 del Ministerio de Salud, que ordenaron el cierre temporal de la Droguería Santa Isabel Nº 1 de Pasto y la suspensión de la licencia sanitaria de ese establecimiento.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión (art. 32, Decreto 2591 de 1991).

Notifíquese a la apoderada del accionante en tutela a la dirección indicada para el efecto. Por secretaría, líbrese comunicación telegráfica.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Rafael Romero Sierra. 

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