Sentencia de febrero 18 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

DEPÓSITO EN ALMACENES GENERALES

RESTITUCIÓN DE LAS COSAS

EXTRACTOS: «1. Una de las modalidades del depósito, y más concretamente del depósito mercantil, es el contrato de depósito en almacenes generales de depósito, cuyas notas particularizantes son, de un lado, que el depositario es un profesional exclusivamente dedicado a esta actividad, o sea, empresas comerciales cuyo objetivo único consiste en la explotación de la actividad de depositarios (arts. 3º de la Ley 20 de 1921 y 2º del Decreto 356 de 1957) y de otro, que las cosas que pueden ser depositadas están detalladas por la ley; además, el objeto del contrato de depósito en almacenes generales de depósito no se agota exclusivamente en la custodia y conservación de los bienes depositados, sino que el depositante pretende hacerles cumplir a sus bienes algunos cometidos económicos como: lograr su transferencia o enajenación u obtener créditos dándolos en garantía al acreedor; es decir, que a través de dicho depósito se procura la circulación de la mercancía y su utilización como objeto de garantía de obligaciones contraídas por el depositante o por la persona con poder dispositivo de la misma, lo que se logra a través de la circulación de los documentos representativos de la mercancía.

2. Mas, como se trata de un contrato que indudablemente participa de la naturaleza del depósito en general, es pertinente advertir que como las obligaciones fundamentales del depositario son la guarda y la restitución de la cosa, corresponde exigir el cumplimiento de ellas al titular del derecho correlativo, que es el depositante, independiente de la calidad que éste tenga con relación a la cosa depositada (resalta la Sala), como lo precisó la Corte en sentencia de 2 de septiembre de 1985, cuando dijo:

''''No siendo el depósito acto dispositivo que transfiera el dominio del bien o que lo grave, pues de lo que se trata es de su protección, bien puede versar sobre cosa ajena o sobre aquellas que se tengan con el título más precario que provee nuestro ordenamiento positivo. Siendo pues claro que mediante el contrato de depósito sólo se transfiere la tenencia (arts. 2238, 775 y 786 C.C.), a voluntad del depositante, y que ésta no es nada distinto a la detentación material de la cosa, calidad que evidentemente tiene el depositante, como que la entrega materialmente para que se perfeccione el contrato, nada debe debatirse respecto a la propiedad o a la posesión del bien.

Resulta palmar afirmar que sólo el tenedor de una cosa puede hacer el depósito de ella y que tal calidad queda probada por el solo hecho de la perfección del contrato. Y por lo mismo, también resulta evidente que nada diferente de la mera tenencia restituye el depositario. El titular del dominio o de la posesión, desprovisto de la tenencia material, no puede celebrar el contrato de depósito, como que no está en capacidad de entregar realmente el bien; tampoco puede pretender la restitución de la cosa depositada sin el consentimiento del depositante o sin decreto del juez”. (art. 2208, aquí aplicable por referencia del art. 2257 C.C.). (Excepción art. 2238). (CLXXX, 372 y 373).

3. En cuanto a la obligación de restitución el artículo 1174 del Código de Comercio dispone que “la cosa dada en depósito deberá ser restituida al depositante cuando la reclame, a no ser que se hubiere fijado plazo en interés del depositario"; y que “el depositario podrá, por justa causa, devolver la cosa antes del plazo convenido. Si no se hubiere fijado término, el depositario que quiera restituir la cosa deberá avisar al depositante con una prudencial antelación, según la naturaleza”. Y si bien, hay obligación de restituir la cosa depositada al depositante o a quien éste señale (art. 2251 C.C.), en tratándose del depósito en almacenes generales el sistema para el señalamiento de tal persona cuando han sido expedidos los documentos de que se viene hablando es el siguiente:

”...como el depositante deposita la mercancía con la expectativa de enajenarla posteriormente (a través de la enajenación del documento representativo de ellas) o de pignorarla, bien pudo suceder que efectivamente haya ocurrido uno de esos fenómenos. Como la enajenación o pignoración se hace a través de la enajenación o pignoración de documentos, el almacén general de depósito debe expedir (y esto constituye una obligación específica del almacén) a solicitud del depositante, un documento representativo de las mercaderías (certificado de depósito) con cuya enajenación se transfiere la mercadería y un cupón de bono de prenda que le permite al tenedor del certificado de depósito llenarlo y transferírselo a quien se le concedió el crédito.

A la vez, para garantizarle sus derechos a los tenedores, tanto del certificado de depósito como del bono de prenda, la ley ha establecido mecanismos que no le permiten al solo tenedor del certificado reclamar la mercancía ni al tenedor del bono de prenda la pérdida de su garantía real. Por ello, quien vaya a reclamar la mercancía tiene que ser un tenedor en debida forma del certificado de depósito y a la vez tenedor del bono de prenda y debe entregárselos al almacén, y si no lo es de este último, debe depositar a órdenes del tenedor de dicho bono el valor correspondiente al crédito que está garantizado con la mercancía dada en depósito”. (El depósito. Ramiro Rengifo. Volumen II. Colección Pequeño Foro).

De manera general, en tratándose del contrato de depósito, la cosa no puede ser restituida sino a quien ostente la condición de depositante, situación que también puede predicarse respecto del depósito en almacenes generales, a menos que la mercancía se haya enajenado o pignorado, pues en tales casos solamente la puede reclamar el tenedor en debida forma del certificado de depósito y a la vez tenedor del bono de prenda, y si no lo es de este último, debe depositar a órdenes del tenedor de dicho bono el valor correspondiente al crédito que está garantizando con la mercancía dada en depósito, que no es propiamente el caso contemplado en el presente asunto».

(Sentencia de febrero 18 de 1992. Magistrado Ponente: Rafael Romero Sierra).

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