Sentencia de febrero 21 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

POSESIÓN NOTORIA DEL ESTADO DE HIJO

ELEMENTOS CONFIGURATIVOS

EXTRACTOS: «La posesión notoria del estado de hijo natural consiste, según afirma el artículo 6º de la Ley 45 de 1936, “En que el respectivo padre o madre haya tratado al hijo como tal, proveyendo a su subsistencia, educación, establecimiento, y en que sus deudos y amigos o el vecindario del domicilio en general, lo hayan reputado como hijo de dicho padre o madre, a virtud de aquel tratamiento”. Para poder ser declarada judicialmente esta posesión debe probarse por un conjunto de testimonios fidedignos que la establezcan de modo irrefragable (C.C., art. 399), y haber durado cinco años continuos por lo menos (L. 75/68, art. 9º); debiéndose aclarar, como también lo ha expuesto la doctrina de la Corte, que por “testimonio” es pertinente entender que no sólo la declaración de testigos, sino todo medio de prueba capaz de dar fe de los hechos constitutivos del estado civil (G.J. XCII, 962; CXXXIV, 03). A tres se reducen, pues, los elementos configurativos de este estado, a saber: trato, fama y tiempo.

El primero de ellos tiene que ver directamente con la actitud del padre o de la madre frente al hijo, valorada desde luego a la luz de una cualquiera de las siguientes conductas: proveer o haber provisto a su subsistencia, educación y establecimiento. De consiguiente, “cualquiera otras manifestaciones distintas, indicativas como admisibles de vinculaciones familiares entre tales sujetos, pueden servir para comprobar el tratamiento jurídico contemplado por la ley par el efecto expresado, pero jamás lo suplen...”. (G. J. LXXVIII, pág. 500).

Dimana de lo anterior que, para establecer el trato, no es suficiente que el progenitor y el hijo se den mutuamente el calificativo de tal, como quiera que esta circunstancia no está prevista en el artículo 6º de la Ley 45 de 1936 entre los hechos posesorios de este estado por él determinados. Con todo, como la presentación que se haga en forma reiterada del hijo natural a deudos y amigos es sin duda la aceptación pública de la existencia del vínculo paterno-filial, apenas resulta acertado concluir que, aun cuando esta forma de confesar el hecho carezca del poder autónomo para generar legalmente el reconocimiento, la prueba demostrativa de este episodio si “fortifica la convicción que se deriva de que también proveyó a su subsistencia, educación y establecimiento en los términos del artículo 6º de la Ley 45 de 1936”. (G.J. CVI, pág. 140). Entonces las manifestaciones públicas de reconocimiento hechas al hijo natural o las presentaciones que en esa calidad haga de él su presunto padre o madre, cumplen al menos la función de prueba complementaria del trato, en los eventos en que se hallan debidamente acreditadas. Por eso aun cuando esta corporación ha reiterado, con base en el artículo 6º de la Ley 75 de 1968, que atender los gastos de subsistencia, educación y establecimiento es comportamiento insustituible para demostrar el trato, ella tampoco le resta valor como prueba corroborante de la paternidad, por la causa de posesión notoria, a hechos “como la presentación del hijo como tal, las declaraciones del mismo padre al respecto, y hasta hechos tangentes de otras causales, que sin ser suficientes para fundar por sí solos la declaración de filiación natural, indirectamente coadyuvan a la formación del convencimiento acerca de la posesión notoria, como lo serían las relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre coetáneas al nacimiento del hijo pero sin que se pueda decir con certeza que tales relaciones existieron o no en la época precisa en que legalmente se presume la concepción”. (Cas. de 1º de agosto de 1969, tomo CXXXI, págs. 113 y 114).

La FAMA, es, por su parte, la conciencia que, en torno a la existencia de la relación familiar, despierta en los deudos, amigos y el vecindario en general el hecho de que el pretenso padre o madre haya atendido la subsistencia o educación o establecimiento del hijo extramatrimonial, que por no ser comportamiento oculto sino notorio se vuelve del conocimiento de todo el vecindario, que en esta forma no puede menos que inferir la presencia de una vinculación paternofilial. Dicho elemento resulta así condicionado al acaecimiento del trato, como quiera que la concepción normativa de éste es la que determina ciertamente su contenido material.

Adicionalmente, la doble situación del trato y fama ya comentados debe haber tenido una duración mínima de cinco años continuos, porque bien puede suceder que, aun cuando los hechos correspondientes se encuentren plenamente probados, la no acreditación de la vigencia de ellos en el tiempo, impide la declaración judicial de la paternidad.

Sin embargo, es necesario precisar que la Corte ha expresado reiteradamente la necesidad de morigerar el rigor interpretativo que ha de dársele a la prueba de estado de hijo extramatrimonial, por cuanto ha entendido que, en el preciso ámbito de la contemplación objetiva de los medios de convicción, nuestro sistema legal y especialmente la Ley 75 de 1968 no ha implantado un régimen de tan extremada exigencia que haga imposible su demostración y, por ende, nugatoria la procedencia de la declaración judicial de paternidad que sobre dicho estado se edifique. Basta entonces, que el presunto padre o madre natural no haya eludido la satisfacción de las necesidades de subsistencia o educación o establecimiento del hijo o que las haya atendido en la medida de sus posibilidades, para que se forme en el ánimo del fallador la convicción de que el vínculo unitivo no puede ser otro que el de la filiación.

A este respecto ha puntualizado con toda claridad la doctrina de esta Corporación, que “Una declaración no puede ser en manera alguna de precisión matemática, estereotipada y precisa en todos sus mínimos detalles. Ello sería contrario a la naturaleza humana, y si tal apreciación objetiva hubiera de exigirse al testigo ninguna declaración podría ser utilizada por la justicia”. (Cas. de 2 de junio de 1958, LXXXVIII, 121; 21 de febrero de 1964, CVI, 141). Precisando aún más el criterio precedente ha dicho la Corte que:

"Si el testigo ha de dar la razón de su dicho y si, en principio esta razón ha de ser explícita en los términos de la exposición misma, tomada en su conjunto; y si tratándose de una declaración cuyos varios puntos, por razón de la materia, están íntimamente enlazados entre sí, la razón de una de las respuestas podría encontrarse en la contestación dada a otro de los puntos de la misma exposición. Como lo enseña la doctrina, “cuando se trata de la prueba testimonial no se pueden analizar aisladamente unos pasajes de la declaración, si no que debe serlo en su conjunto para deducir su verdadera significación"”. (Cas. Civil de 21 de febrero de 1964, CVI, 140; Sent. de 27 de marzo de 1981, no publicada).

En este mismo orden de ideas ha señalado la Corte que:

” No es lo mismo apreciar un testimonio cuyo objetivo es el relato de hechos acaecidos recientemente, que otro cuya versión se refiere a sucesos ocurridos hace muchos años; ni se puede tratar con igual medida la forma de la narración, la manera de expresarse de un humilde campesino y la de una persona de alta cultura; ni se puede pedir igual precisión para el recuerdo de los hechos fundamentales, que para los que son simplemente casos accidentales, ni se puede desechar la declaración que incurre en pequeñas contradicciones para acatar solamente las que coinciden plenamente como si hubieran sido vertidas en un mismo molde; ni se puede exigir que persona de exigua cultura refiera los acontecimientos con las mismas palabras que usaría quien goza de fogosidad verbal”. (Sent. del 14 de julio de 1975; 6 de mayo de 1977; 30 de septiembre de 1977; 30 de julio de 1980; y 27 de marzo de 1981, no publicadas).

Ha dicho adicionalmente la Corte que:

"No es jurídico exigir que cada uno de los testigos se refiera siempre a actos posesorios que hayan durado por más de cinco años, pues, en el punto, basta que sumados los períodos menores a que ellos digan relación, el total comprenda un lapso mayor y continuo de cinco años. Tampoco se exige que los testimonios fidedignos expresen, explícitamente, que la duración de la posesión fue mayor de cinco años, pues es suficiente que de ellos surjan datos ciertos que permitan llegar, aunque sea por la vía de la inferencia, a la conclusión de que la posesión se prolongó por más del quinquenio. Del mismo modo, no se requiere, en todos los casos, que la prueba demuestre que el demandado ha atendido a la subsistencia, a la educación y al establecimiento del hijo, pues es claro que, por ejemplo, al cumplir cinco años de edad el hijo que después de su nacimiento haya sido asistido por su padre, puede ejercitar la acción de investigación con apoyo en la existencia de hechos constitutivos de posesión notoria, aunque no se haya iniciado su etapa escolar y menos de su establecimiento. Basta en el particular que el padre, según las circunstancias, no haya eludido la satisfacción de esos primordiales deberes y, antes bien, los haya prestado en la medida de sus fuerzas y dentro de las condiciones especiales que cada caso pueda ostentar, de tal manera que si sirven para fundar en el ánimo del fallador la convicción sólida, como lo ha dicho la Corte, de que el vínculo unitivo de tales personas no puede ser otro que el de la paternidad o la filiación. Y sobre la notoriedad de la posesión, la doctrina jurisprudencial tiene sentado que “Basta que los hechos se exterioricen ante un conjunto de personas por signos inequívocos, para que la filiación, por dejar de ser oculta, se haga notoria y prospere la inferencia de que así como ese grupo de personas tuvo al demandante como hijo de tal padre, no había secreto para todo el vecindario, aunque otros no se preocuparan de averiguarlo o de saberlo, o prefirieran ignorar todas esas cosas"”. (Cas. Civil 26 de septiembre de 1973. CXLVII-77 y 78; y 28 de septiembre de 1978, aún no publicada).

Ha sido igualmente criterio de la Corte el de que por “La naturaleza misma de los hechos que configuran la posesión notoria, es lógico que la ley se haya referido de modo especial a la prueba de testigos, la cual, sin embargo, no excluye de manera alguna otra clase de pruebas, que sean pertinentes y legalmente eficaces para demostrar el trato y la fama y, por ende, para constituir el conjunto de testimonios a que se refiere el artículo 399 del Código Civil, antes por el contrario, lo deseable es que la convicción del juez pueda formarse no sólo a través de la prueba testimonial que reúna los requisitos indicados, sino también por otros medios corroborantes del dicho de los testigos...”. Y añade la Corte: “De esta suerte, se repite, son de recibo para probar el trato y la fama que configuran la posesión notoria, todos los elementos de convicción que autoriza la ley. Así, se reitera lo dispuesto por la Corte en sentencia de 21 de febrero de 1964, de que “Todo medio legal conducente a formar parte de ese conjunto de testimonios es susceptible de ser recibido como prueba de la posesión notoria”. (Cas. Civil de 1971, T. CXXXVIII, págs. 217 y 218)».

(Sentencia de febrero 21 de 1992. Magistrado Ponente: Alberto Ospina Botero).

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