Sentencia de febrero 3 de 1992

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ACCIÓN DE TUTELA

ALGUNOS CASOS EN QUE NO PROCEDE

EXTRACTOS: «1. La institución de la acción de tutela quedó consagrada en la nueva Carta Política en el artículo 86, al establecer que dicha acción la tendrá toda persona para reclamar ante los juzgadores, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten cercenados o amenazados por la acción o la omisión de la autoridad pública, cualquiera que fuere, añadiendo que la protección consistirá en una orden para que aquél respecto del que se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, y el fallo que decida la tutela, que será de cumplimiento inmediato, podrá ser impugnado ante el juez competente, quien en cualquier forma como decida, lo enviará a la Corte Constitucional para su eventual revisión. El mismo precepto constitucional agrega que la acción de tutela sólo procederá cuando el agraviado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para precaver un perjuicio irremediable.

2. Al discutirse en la Asamblea Nacional Constituyente la naturaleza, características, alcances de la acción de tutela y otros puntos atinentes a la misma, se dejó sentado, en primer lugar, que es un instrumento jurídico constitucional de naturaleza subsidiaria y residual, en virtud de que sólo se abre paso cuando el afectado carece de otros medios de defensa de sus derechos constitucionales fundamentales que le han sido infringidos o amenazados, ora por la acción, ya por la omisión de una autoridad pública, pues al efecto se afirmó en la ponencia aprobada en la Asamblea que “la tutela se presenta como un instrumento de naturaleza subsidiaria y residual. Sólo procede en ausencia de otros mecanismos adecuados de defensa, con la finalidad de otorgar protección inmediata a los derechos constitucionales fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la autoridad pública...”.

3. También se dejó sentado en dicha corporación que la tutela no constituye un instituto que permita lograr una instancia más respecto de los asuntos o derechos que han quedado definidos judicialmente, como quiera que se dijo que la acción de tutela no tiene, como en ocasiones sí ocurre con el llamado recurso de amparo, el carácter de una instancia adicional para la controversia de unos derechos que ya han sido definidos judicialmente. Precisamente y consecuente con este postulado, ya afirmó la Corte, en decisión de 18 de diciembre de 1991, al pronunciarse sobre una acción de tutela propuesta que “importa tener presente que el instrumento consagrado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, a pesar de lo que pudiera pensarse a primera vista y sin estudio, no es en manera alguna un nuevo recurso mediante el cual puedan tener cabida toda clase de quejas o reclamos frente a determinaciones judiciales que a la postre resultaron contrarias a las aspiraciones de quien invoca tutela”. Y en providencia posterior dijo la Corte Suprema que “es erróneo mirarla (la tutela) como una herramienta más, de rango complementario, para conseguir lo que de otra manera no se consigue o no se intentó conseguir”. (De enero de 1992).

4. No es de subestimar otro punto que se dejó definido en la Asamblea Nacional Constituyente, que ciertamente es de excepcional importancia, y es el de la improcedencia de la acción de tutela respecto de las situaciones consumadas o con relación a los asuntos o controversias en que se haya dictado sentencia con fuerza de cosa juzgada, así no se diga expresamente en el canon constitucional, por cuanto se consideró que el postulado que se acaba de enunciar hace parte de la naturaleza de la institución de tutela y, por ende, superfluo que se enunciara expresamente en el art. 86 de la Constitución. Sobre el particular dijo la Asamblea:

"Con el criterio de simplificar el artículo (el 86) en la Comisión se suprimieron ciertos aspectos. Unos, como la referencia a los derechos colectivos, porque serán protegidos de manera especial mediante la consagración de las acciones populares. Otros, porque se considera que hacen parte de la naturaleza de la institución y no requieren por lo tanto enunciarse expresamente; tal el caso de la no procedencia de la acción (de tutela) frente a las situaciones consumadas o frente a las cuales se haya producido sentencia con fuerza de cosa juzgada”.

Y a continuación se afirmó por la Asamblea:

"En estos últimos casos es evidente que ya no cabe la protección inmediata de los derechos, bien sea porque lo procedente es intentar una acción ordinaria de reparación, o porque ya hay una decisión definitiva de autoridad competente sobre la materia objeto de la controversia, y la acción de tutela no tiene... el carácter de una instancia adicional para la controversia de unos derechos que ya han sido definidos judicialmente. Por esta razón, consideramos conveniente insistir en que este inciso se suprimió simplemente para simplificar el artículo, pero su precepto es parte consustancial de la figura que se propone y se mantiene implícitamente en la norma tal como se aprobó en la Comisión”.

5. Con motivo del antecedente y de la filosofía que inspiró el establecimiento constitucional de la acción de tutela que se acaba de reseñar, la Corte Suprema, al pronunciarse sobre dicha acción, ha sostenido que no procede contra sentencias que han alcanzado firmeza, como puede verse en las providencias de 9 de diciembre de 1991, 17 de enero de 1992 y de 23 de enero del año en curso, criterio éste que igualmente sentó el Consejo de Estado en decisión aprobada en Sala Plena el 21 de enero de 1992.

6. Cuando fuera de las sentencias o concurrentemente con éstas se pide tutela respecto de otras decisiones judiciales, éstas últimas, según lo dispone el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, en la parte que resulta constitucionalmente aplicable, deben tener la característica jurídica procesal de ponerle fin al proceso, providencias que cuando fuesen proferidas por un tribunal de la jurisdicción ordinaria, conocerá el respectivo superior jerárquico, o sea, la Corte Suprema de Justicia, lo cual se traduce en que si la providencia, que no es sentencia, es dictada por el tribunal, pero ella no tiene la virtud de ponerle fin al proceso, no es susceptible de acción de tutela, como tampoco lo es, ante la Corte Suprema, aunque le ponga término al proceso, cuando la decisión judicial de la que se reclama tutela es proferida por un juez, pues es esto lo que se desprende de la ley (art. 40 D. 2591 de 1991).

7. Según la preceptiva procesal, el proceso termina normalmente con sentencia y excepcionalmente también finaliza con providencia diferente del fallo, por ejemplo con la perención, la nulidad de todo lo actuado, por la prosperidad de las excepciones previas que ciertamente tienen ese efecto, por la conciliación, por la aceptación del desistimiento y la transacción, en la reconstrucción del proceso por pérdida total cuando ni los apoderados ni las partes, concurren a la audiencia, por pago total en el proceso de ejecución (arts. 97 y ss., 101, 133, 140, 340, 342, 346 y 537 del CPC.).

Siendo así las cosas, se tiene que cuando se trata de una providencia, que no es fallo, proferida por el Tribunal, respecto de la cual se interpone tutela y dicha decisión no es del linaje de las que le ponen fin al proceso, claramente se infiere que no puede ser materia de tutela ante la Corte, según las reflexiones precedentes y tal como ya lo tiene dicho la Corporación.

8. Aclarado lo anterior, igualmente es del caso poner de presente que, fuera de las causales generales que señala la ley como motivos de improcedencia de la acción de tutela (art. 6º D. 2591 de 1991), en materia de decisiones judiciales no procede la referida acción cuando ésta se apoye en desaciertos cometidos por el fallador en la interpretación de la ley, o se controvierta la apreciación que hubiere hecho del material probatorio, pues establece específicamente el inciso final del parágrafo primero del artículo 40 del Decreto Reglamentario de la tutela, que ésta “no procederá por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas”. De ahí que la Corte Suprema haya afirmado que la tutela nada tiene “que ver con la interpretación judicial de las leyes, tampoco con la estimación de pruebas recaudadas para cimentar la convicción de los juzgadores acerca de la verdad o no de los hechos controvertidos en el curso del proceso, y que no lleven, por no autorizarlo así la naturaleza misma de la institución al tenor de lo dicho sobre el particular en los debates del cuerpo constituyente, a resucitar situaciones litigiosas consumadas o a ignorar la fuerza de sentencias selladas con la autoridad de la cosa juzgada” (sent. de 28 de enero de 1992). De suerte que la tutela no puede promoverse ni venir fundada en reparos a la interpretación que haya hecho de la ley el juzgador, por juiciosos, lógicos y acertados que sean los que propone el actor de la tutela, ni tampoco resulta de recibo que éste controvierta el examen y ponderación que hizo el fallador de los elementos de convicción, así haga un mejor análisis de los mismos, porque como ya lo tiene sentado la Corte, “la intención del constituyente jamás fue la de introducir una figura que paralelamente a procesos que constituyen las vías comunes para hacer valer los derechos, cuya función está genéricamente asignada a la administración de justicia y garantizada por la misma Constitución, viniese a crear una dualidad a todas luces incomprensible y contraproducente...” (Sentencias de 22 y 27 de enero de 1992).

9. Entonces, si la acción de tutela no procede por imputación de desaciertos o errónea interpretación de la ley que haya hecho el juzgador en sus decisiones judiciales, ni tampoco se abre paso para controvertir la prueba, tampoco resulta propio que el fallador de la tutela, cuando se le plantean puntos que tienen que ver o relacionados con dichas hipótesis de improcedencia (errónea interpretación de la ley y controversia de pruebas), se dé a la tarea de hacer incursiones a tales aspectos».

(Sentencia de febrero 3 de 1992. Magistrado Ponente: Alberto Ospina Botero).

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