Sentencia de febrero 4 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

NULIDAD DEL MATRIMONIO

DECLARATORIA DE OFICIO

EXTRACTOS: «Fúndase la acusación en que el Tribunal infringió directamente normas materiales, entre ellas el artículo 15 de la Ley 57 de 1887, porque a pesar de ver los hechos que encuentran apoyo en la hipótesis legal, no aplicó la consecuencia que a ellos les estatuyen las normas, pues que no declaró la nulidad del matrimonio civil que Alberto Elías Londoño Montoya contrajo con Myriam Millán Jaramillo subsistiendo el vínculo conyugal del matrimonio canónico del primero con Ruth Yolanda Cardona Guevara.

No obstante que obran en el proceso las pruebas de que Londoño Montoya se casó por lo civil con la demandada sin haberse disuelto el ligamen conyugal con la señora Cardona Guevara y que, por ende, se presenta el supuesto fáctico del citado artículo 15 de la Ley 57 de 1887 en armonía con el artículo 140, número 12, del Código Civil, lo incuestionable es que en este caso el Tribunal no quebrantó por inaplicación estas normas porque, como el propio recurrente lo afirma, al debate no fueron citadas todas las personas que debían serlo de acuerdo con el acto cuya nulidad insubsanable debería pronunciarse. Uno de los derechos fundamentales que la Carta Política consagra para toda persona, es el de ser oído cuando se juzga un acto o un negocio por el cual se halla materialmente vinculado. Si el legislador le impone al juez el deber de proferir determinada decisión al presentarse los supuestos que aquél previó, no lo es autorizando el quebranto de derechos tutelados inclusive por la norma de normas.

Un principio de derecho procesal universalmente acogido por los derechos positivos, con efectos desde luego en derecho material, es la debida citación al proceso de todas las personas que podrían ser afectadas por el fallo que provea sobre un acto jurídico que vincula sustancialmente a aquellas personas o sus causahabientes.

En lo que la jurisprudencia, con base en la norma jurídica por supuesto, denomina integración del contradictorio que, lo prescribe también la norma, es un deber del juzgador de primera instancia estructurarlo en el proceso.

Luego si a este proceso, prescindiendo de si puede demandarse la nulidad de un matrimonio civil ya disuelto, o si debe declararse de oficio, no fueron citados todos los sujetos que respecto de la validez o invalidez del matrimonio de la demandada con el padre del demandante han debido citarse, no podía el ad quem aplicar la consecuencia jurídica que a los hechos le da la norma. No podía aplicar esa consecuencia porque el sentenciador de segundo grado no tiene el poder para integrar el contradictorio, y por consiguiente para hacer actuar el artículo 15 de la Ley 57 de 1887.

De modo que el Tribunal no infringió por inaplicación dicha norma, porque en esas circunstancias no tenía el deber de aplicarla, puesto que si conforme con la jurisprudencia es un deber del juez declarar la nulidad del matrimonio como lo ordena el precitado artículo 15 de la Ley 57 de 1887 (casación del 7 de marzo de 1952, G.J. LXXI, pág. 364) y no hay por qué acudir a la analogía “...porque considerando que las nulidades del matrimonio se gobiernan por normas propias, como antes se insinuó, y no por las reglas generales, es más ajustado a una exégesis científica de la ley no aplicar por analogía aquella disposición, sino hacer actuar preceptos de los que gobiernan la precisa materia de la nulidad del matrimonio” (casación del 9 de diciembre de 1975, G.J. CLI, pág. 316), sin embargo reitérase que no le es dable al juzgador declarar la nulidad insubsanable del matrimonio, ora sea en virtud de pretensión específica, ya sea de oficio, si no han sido citadas al proceso todas las personas que deben serlo conforme a la ley, toda vez que el acto es inválido o nulo para todos los que por él son materialmente ligados. De manera que faltando ese requisito sine qua non para el pronunciamiento que ordena el tantas veces citado artículo 15 de la Ley 57 de 1887, no tenía el Tribunal el deber de aplicarlo».

(Sentencia de febrero 4 de 1992. Magistrado Ponente: Eduardo García Sarmiento).

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