Sentencia de junio 11 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

SIMULACIÓN

PRUEBA POR INDICIOS

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Romero Sierra

Bogotá, once de junio de mil novecientos noventa y uno.

Decídese el recurso de casación interpuesto por las partes contra la sentencia de 3 de diciembre de 1987, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto en este proceso ordinario promovido por Omar Humberto Martínez Narváez y Benigna Cordero de Martínez (en representación del menor Gustavo Martínez Cordero) contra Elisa López de Guerrero y María Teresa Guerrero López (herederas de Alfonso Guerrero Rosero).

I.Antecedentes

1. Por la demanda que originó el proceso en cuestión, cuyo conocimiento correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ipiales, los citados padres del menor de edad Gustavo Martínez Cordero convocaron a proceso ordinario de mayor cuantía a las prenombradas demandadas, en su calidad de herederas del causante Alfonso Guerrero Rosero, para que por sentencia se declarase que la casa de habitación y el fundo rural debidamente especificados en el mismo libelo son de exclusiva propiedad del demandante, que no de la sucesión del sobredicho difunto y, por tanto, deben ser excluidos del inventario confeccionado en la pertinente mortuoria.

2. Los hechos en que tales aspiraciones descansan, resumidamente son como siguen:

a) Por la escritura pública 742 de 6 de noviembre de 1984, de la Notaría Segunda de Ipiales, la cual fue aclarada por la que en la misma notaría se corrió el 12 del mes siguiente y distinguida con el número 838, Omar Humberto Martínez Narváez y Benigna Cordero de Martínez compraron a Alfonso Guerrero Rosero, y para el menor Gustavo Martínez Cordero, los inmuebles objeto del proceso. El vendedor los había adquirido, a su vez, así: la casa, en razón de la compra que hizo a Jorge Azael Mejía, según consta en la escritura 863 de 30 de septiembre de 1960; y, el predio rural, denominado Villalola, “según se desprende de la escritura de división amigable Nº 357 de junio 30 de 1950, sobre bienes de la causante Dolores Rosero Guerrero”.

Los citados Omar y Benigna, poseen en la actualidad y a nombre del menor tales bienes “...en razón precisamente a haberlos adquirido con arreglo a las disposiciones legales vigentes, compraventa que se encuentra debidamente registrada ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos...”. Por lo demás, han cancelado los impuestos correspondientes.

b) Pese a todo, las demandadas, a cuya instancia fue abierto y radicado el proceso de sucesión de Alfonso María Guerrero Rosero y en el que fueron reconocidas como herederas, incluyeron en el inventario aquellos bienes.

3. En oportuna contestación del libelo demandatorio se hizo expresa oposición a las pretensiones; y referente a los hechos aducidos, admitiéndose que existen los actos escriturarios allí mencionados, en términos generales se cuestiona la eficacia jurídica de los mismos, pues a juicio de las demandadas “...se incurrió en vicios que atentan la legalidad del acto”, entre los que se señala el atinente a que, en tratándose de la compra que los padres hacían para su hijo incapaz, era imperioso agregar a las escrituras la prueba de esa representación, según lo establece el artículo 36 del Decreto 2163 de 1970, lo cual no se hizo; los contratos contenidos en ellos —agrégase—, son nulos por ese motivo.

Como excepciones de fondo se alega “ilegitimidad en la personería sustantiva de los demandantes”, “nulidad de los contratos que narran las escrituras públicas esgrimidas por los demandantes” y cualquiera otra que se encontrase demostrada en el proceso.

A la par que así se pronunciaban respecto de la demanda que originó la litis, contrademandaron mediante libelo en que se recaba, principalmente, la declaración de simulación del contrato de compraventa que aduce la parte actora, tratándose en realidad de una donación afectada de nulidad por carencia de insinuación; subsidiariamente se impetra la nulidad del mismo convenio; y, por último, “caso de no resultar viable ninguna de las declaraciones precedentes, decrétese rescindido por causa de lesión enorme”. En cualquier evento, con la cancelación de los instrumentos públicos y su registro.

El aspecto fáctico en que las demandadas apuntalan sus propias pretensiones, bien puede recapitularse así:

a) Cuando Alfonso Guerrero Rosero adquirió los inmuebles objeto de controversia, su estado civil era el de casado, pues el 30 de abril de 1940 contrajo nupcias con Elisa López Coronado e incluso de esa unión nació María Teresa, precisamente una de las dos demandadas en este proceso. Y pese a que al poco tiempo se separaron de hecho, es lo cierto que la sociedad conyugal no se disolvió más que con el óbito de aquél.

b) Desde aproximadamente unos diez años antes de su defunción, el citado Alfonso mantuvo estrecha amistad con Omar Humberto Martínez y Benigna Cordero, pareja ésta casada entre sí desde el 11 de enero de 1965, y de una condición económica modesta. Dentro de esta unión matrimonial se procreó, entre otros, a Gustavo, a quien Alfonso Guerrero, quizá por la soledad en que se hallaba, prodigó un gran afecto y cariño, “...demostrándolo inclusive por el hecho que dormían en una misma alcoba, situación ésta que aprovecharon los padres del menor, para lograr que Don Alfonso les permitiera vivir en la misma residencia con el resto de sus hijos”.

c) A la época en que Alfonso Guerrero corrió las escrituras públicas cuestionadas, Gustavo apenas sí contaba con catorce años de edad, y “...no gozaba de ningún pecunio (sic) propio, no recibía remuneración alguna por relación laboral, no había recibido herencia alguna, ni donación legal alguna y vivía bajo la patria potestad de los padres”, quienes tampoco, como se dijo, disponían de medios económicos y, por tanto, “no es posible, ni estaban en capacidad en los meses finales de 1984, de proteger a uno solo de los hijos con sumas de dinero de diez millones de pesos, ni tampoco de dos millones”. Por su parte, a Alfonso no se le vio, antes ni después de la transferencia de los bienes, “dineros en su poder, ni siquiera para atender a sus más urgentes necesidades”, debiendo incluso, acudir en ocasiones a sus amigos en procura de dinero, y, ya en el ocaso de su vida “al ancianato u hogar de ancianos de San José de esta ciudad en busca de ayuda para subsistir”.

De donde se infiere que la compraventa no fue sino en apariencia, que es simulada. A lo que contribuye tener presente que el extinto Alfonso siguió poseyendo los bienes después de la supuesta enajenación y aun ofreció en donación los mismos bienes a otras personas.

d) Lo que verdaderamente hubo fue una donación, para cuya validez, en cuanto excediere de dos mil pesos, hubiese sido preciso la insinuación que brilla por su ausencia.

e) Está claro, de otro lado, que quienes compraron para el menor Gustavo fueron sus padres, y acudieron por tanto en su representación. Sin embargo, a las escrituras públicas no se adjuntó la prueba de dicha representación, deviniendo la nulidad del acto al tenor del artículo 36 del Decreto 2163 de 1970.

f) Y aun cuando se tuviera por cierta y válida la compraventa, el precio total pactado de $ 2.000.000 lesiona enormemente al vendedor, como que los bienes objeto de ella tenían a la sazón el valor de $ 6.000.000 para la casa y de $ 4.000.000 para el predio rural.

4. Los contrademandados, al descorrer el traslado de rigor, exigieron la prueba de la mayoría de los hechos aducidos en el libelo de mutua petición, al paso que negaron o calificaron de improcedentes los restantes. Por lo demás, se opusieron a las pretensiones, arguyendo como excepciones las de “indebida acumulación de pretensiones”, “carencia de interés para obrar”, “falta de legitimación en la causa”, “prescripción'''' y “la innominada”.

5. Trabada de tal suerte la litis, e impulsada con la observancia del trámite correspondiente, la primera instancia concluyó con sentencia de 24 de agosto de 1987, por la que, declarándose no probadas las excepciones formuladas contra la demanda principal y la de reconvención, así como tampoco las pretensiones de simulación y nulidad del contrato de compraventa recogido en la escritura pública 742 de 6 de noviembre de 1984, y su aclaratoria 838 del 12 de diciembre del mismo año, otorgadas en la Notaría Segunda de Ipiales, se decretó la rescisión del mismo convenio por haber sufrido el vendedor lesión enorme, y se hicieron los pronunciamientos consecuenciales del caso, entre los que se halla el siguiente:

“7. En caso de operarse la RESCISIÓN del contrato de compraventa, por así consentirlo los demandados en reconvención Omar Humberto Martínez Narváez y Benigna Cordero de Martínez, se dispone la cancelación de las escrituras Nº 742 y 838 de 6 de noviembre y 12 de diciembre de 1984, pasadas en la Notaría Segunda de esta ciudad, así como de su registro, caso en el cual no tendrá operancia la “exclusión de los bienes inmuebles” que se han relacionado como de propiedad del causante Guerrero Rosero, dentro del proceso sucesorio intestado que se adelanta en el Juzgado 1º Civil del Circuito de Ipiales. En caso de darse el evento del inciso 2º del numeral 5º de la parte resolutiva de esta sentencia, se consolida la “exclusión de bienes” cuya súplica ha sido deprecada en el libelo demandatorio principal, para lo cual se librarán los oficios respectivos”.

6. Contra lo así decidido interpusieron las partes recurso de apelación, el que les fuera concedido por auto de 18 de septiembre de 1987.

7. El Tribunal Superior de Pasto confirmó la sentencia del a quo mediante la suya de 3 de diciembre siguiente.

8. Contra el fallo de segundo grado interpusieron las partes recurso de casación, el cual, luego de sometido al trámite de rigor, se apresta la Corte a desatar.

II. La sentencia del Tribunal

Hallando procedente la sentencia de mérito, arranca el sentenciador expresando los puntos de vista que descartan una indebida acumulación de pretensiones en la demanda de mutua petición, así como los que demuestran que al cónyuge supérstite y a los herederos les asiste interés jurídico para promover las acciones inherentes al contrato que en vida celebró el fallecido, tales como la nulidad, simulación y lesión enorme, ambos aspectos cuestionados por la parte actora.

Así que aplicándose a examinar el fondo de las pretensiones semejantes, su discurrir jurídico, en esencia, fue el siguiente:

a) Relativamente a la simulación, tras acotar lo que por dicho fenómeno se entiende y cuáles son sus elementos configurativos más destacados, conluye que:

“El conjunto probatorio, si bien deja alguna incertidumbre sobre la realidad de la compraventa, tampoco permite asegurar que se trata de un acto simulado para ocultar una donación. Los escasos indicios, en realidad resultan equívocos. Así por ejemplo: el especial afecto manifestado por el causante para con el menor Gustavo Martínez Cordero, sirve también para explicar el reducido precio de los bienes. En efecto, afirman los señores Martínez Cordero, que el vendedor estableció como condición “que los bienes fueran adquiridos por el citado menor”.

Y para relievar la naturaleza equívoca de otros indicios, enfatizó:

“La falta de compañía, esposa e hijos, antes que un indicio de donación, puede tenerse como un motivo por el cual el señor Guerrero Rosero necesitaba enajenar sus bienes y disponer de dinero para sus necesidades en la senectud, ante la imposibilidad de desempeñar labores agrícolas y frente a la urgencia de prevenir la atención médica, que, en efecto, se hiciera indispensable.

Se deduce, por la declaración de varios testigos, que el señor Alfonso Guerrero Rosero, aun después de la venta efectuada mediante la escritura 742 de 1984, se reservó para sí un bien inmueble contiguo al fundo Villalola, en la sección Santa Fe, colindante con aquél por el occidente “la calle larga por medió'', tal como aparece en la relación de linderos de la mencionada escritura. Esto explica la oferta de donación que hiciera a la comunidad religiosa del Hogar San José, como retribución por las atenciones recibidas durante su permanencia en dicho ancianato.

No existe un principio de prueba por escrito, y menos aún contraescritura que acrediten la simulación. Los contrademandados, llamados a absolver sendos interrogatorios de parte, reafirmaron la efectividad del contrato. Los indicios no reúnen las exigencias de: pluralidad, concurrencia y prueba plena, para deducir de ellos la presencia de una simulación relativa, como lo pretende el contrademandante”.

b) Respecto a la lesión enorme, a la que se refiere en dos partes de su sentencia, en la primera de ellas desestima el Tribunal los reparos que la parte actora le hace al dictamen pericial en que se apuntala la decisión de compraventa lesiva para el vendedor, dado que tal medio de convicción:

“...fue ampliado y aclarado a instancia de las partes sin que se modificara lo relativo a los valores, habiendo quedado en firme el criterio de los auxiliares de la justicia a quienes el juzgado ordenó se les cancelara los honorarios.

Por lo observado —añadió—, resulta sin fundamento la crítica del apoderado demandante (sic), quien en la oportunidad señalada, omitió objetar el concepto de los peritos”.

Sobre ese mismo punto concluyó:

“La relación entre el precio comercial de los bienes al tiempo de celebrarse el contrato, y el precio pagado, según se declara en la escritura No 742 de 1984 por los adquirentes, establece, de manera objetiva, una diferencia de $ 3.065.000 y un perjuicio superior, por lo tanto a la mitad del justo precio ($ 2.037.500)”.

Con estribo en dichas reflexiones aseguró en la segunda de las partes dichas que la lesión enorme alegada se ha configurado en el presente caso, con arreglo a las previsiones de la ley. Torna a decir que ello “se acredita plenamente mediante la escritura pública 742, tantas veces citada, y con el concepto pericial de cuya significación en el proceso se ha hecho mérito. De esta manera, la rescisión del contrato se hace inevitable y debe decretarse en la forma y con las prevenciones hechas por el a quo para que, las personas vencidas en el juicio, puedan evitar la rescisión completando el justo precio, con la deducción autorizada por la ley”.

Finalmente, agregó:

“En caso de rescindirse el contrato, el inmueble reingresará al patrimonio del causante, en beneficio del acervo herencial en cuyo interés actúan los actores de la rescisión. De lo contrario, el mismo bien continúa como activo del patrimonio del comprador, extraño del acervo hereditario del cual deberá excluirse evitando que la partición recaiga sobre bienes ajenos del causante. La anterior decisión acogida por el a quo, responde, adecuadamente, a los efectos normales de la rescisión por lesión enorme, en los términos del artículo 1948 del Código Civil, y resuelve atinadamente la pretensión de la demanda principal, orientada a sacar o excluir de la universalidad ilíquida por muerte del señor Alfonso María Guerrero Rosero, los predios contemplados en la escritura Nº 742”.

III.Las demandas de casación

Contra la sentencia que acaba de compendiarse enfila cuatro cargos la parte actora; el primero por la causal quinta, el segundo por la segunda y los otros dos por la primera.

La parte demandada, a su turno, endereza un solo cargo, montado por la causal primera.

A juicio de la Sala este único cargo prospera; y como tal decisión hace innecesario el estudio de los formulados por la parte actora al amparo de la causal primera, la Corte, a más de él, únicamente despachará los cargos que formulados por la parte actora dicen relación con errores in procedendo.

A. Impugnación de la parte actora

Primer cargo

Con fundamento en la quinta causal de casación prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, combátese la sentencia de segundo grado por considerarse que se incurrió “en la nulidad constitucional del artículo 26 de la Carta, al no haber “observado la plenitud de las formas propias del juicio”.

Explícase al respecto que aunque el a quo concedió la apelación interpuesta por ambas partes, el ad quem, según su proveído de 23 de octubre de 1987, admitió única y exclusivamente la de la parte actora. De donde sostiene el censor que “la inadmisión del recurso interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del juzgado conduce a que el fallo del Tribunal no la favorece ni la perjudica, y por tanto, está inhabilitada para proponer demanda de casación. Se está pues en presencia de un vicio de los llamados in procedendo, que afecta la legalidad del proceso en la segunda instancia, generando una nulidad procesal, que debe ser declarada...”.

La nulidad constitucional así configurada no fue saneada, y “ella implica el desconocimiento de las bases mismas de la organización judicial y la violación del derecho de defensa”.

Consideraciones

1. A poco de haber sido expedido el Código de Procedimiento Civil que aún está vigente, doctrina y jurisprudencia al unísono dieron en señalar que el principio de la especificidad que campeaba en punto de nulidades, según el cual no hay irregularidad de naturaleza tal que no esté concebida en la ley, no había sufrido derogación alguna. Que, antes bien, fue diáfana la intención legislativa de mantenerlo al indicarse en el artículo 152 de ese ordenamiento que “El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos”, y, por si alguna duda quedase, al rematar la disposición diciendo que “las demás irregularidades del proceso se tendrán por saneadas si no se reclaman oportunamente por medio de los recursos que este código establece” (sublínea extraña al texto).

Traduce ello que las nulidades son puramente legales, y aun cuando tienen, es cierto, su quid constitucional, no es dable invocar las nulidades conocidas como supralegales o constitucionales. El apotegma es, pues, palmar: no hay nulidad sin texto legal que la tipifique.

Es el anterior un criterio que la Corte ha repetido en sinnúmero de oportunidades. Así, por ejemplo, en sentencia de 18 de marzo de 1976, expresó:

“En la actualidad, por fuera de las enumeradas en los artículo 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil, no existen otras causas que hagan nulo el proceso, pues allí están contemplados absolutamente todos los hechos o circunstancias que atentan contra los superiores principios del debido proceso, del derecho de defensa y de la organización judicial. Como el mismo texto lo impera, en forma excluyente y tajante, “solamente” en los casos enumerados allí existe nulidad”.

Y la naturaleza estrictamente legal que ostentan las nulidades en materia civil sube de punto, si se quiere, de cara al recurso de casación, pues aparte de lo dicho la causal respectiva hace alusión directa únicamente a los motivos invalidantes previstos en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, y bien averiguado es el postulado dispositivo que informa a dicha impugnación extraordinaria.

En la ocurrencia de autos el impugnador mismo califica la nulidad de constitucional; ni siquiera menciona, entonces, una cualquiera de las causas anulatorias del mentado artículo 152. Adviene, así, como corolario, que el cargo no está llamado a prosperar.

Fracasa, en consecuencia, este cargo.

Segundo cargo

Con apoyo en la segunda causal acúsase la sentencia de inconsonante, habida cuenta que conteniendo la demanda principal dos pretensiones consistentes, la una, en que se declarase de exclusiva propiedad de Gustavo Martínez Cordero las heredades disputadas, y, la otra, en que se ordene subsecuentemente excluirlas de la sucesión de Alfonso Guerrero Rosero,

“...la sentencia del juzgado, de agosto 24 de 1987, no hizo ningún pronunciamiento expreso sobre los pedimentos de la demanda, limitándose apenas a declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada en la demanda principal, y las propuestas por la contrademandada en la reconvención, sin individualizar expresamente cuáles son esas excepciones que se declaran no probadas.

De la confrontación de lo fallado con lo pedido —elucídase— se demuestra la falta de consonancia de la sentencia con las pretensiones de la demanda, en contravención con lo preceptuado en el artículo 305 del C. de P. C....”.

Consideraciones

1. Bien claro ha quedado que la inconsonancia que del fallo acusado se denuncia, la hace consistir el casacionista en que no hubo pronunciamiento expreso, en la parte resolutiva de la sentencia, acerca de las pretensiones deducidas en el libelo genitor del proceso.

Mas, la lectura, aún desprevenida del fallo del Tribunal, conduce ineluctablemente a la ruina de dicho planteamiento, justamente por la inexactitud que comporta. El sentenciador de segundo grado se refirió amplia y expresamente a las susodichas pretensiones, respecto de las cuales agregó que estuvieron despachadas atinadamente por el a quo. Por supuesto que en su parte resolutiva no aparece, comoquiera que confirmó íntegramente el fallo de primer grado, haciendo suyas, de ese modo, las apreciaciones y conclusiones probatorias sobre las que se edificó la decisión apelada.

Memórese, si no, el siguiente pasaje de la sentencia del Tribunal:

“En caso de rescindirse del contrato, el inmueble reingresará al patrimonio del causante... De lo contrario, el mismo bien continúa como activo del patrimonio del comprador, extraño del acervo hereditario del cual deberá excluirse evitando que la partición recaiga sobre bienes ajenos del causante. La anterior decisión acogida por el a quo, responde, adecuadamente, a los efectos normales de la rescisión por lesión enorme, en los términos del artículo 1948 del Código Civil y resuelve atinadamente la pretensión de la demanda principal, orientada a sacar o excluir de la universalidad ilíquida por muerte del señor Alfonso María Guerrero Rosero, los predios contemplados en la escritura Nº 742” (se resalta).

A lo que conviene adicionar que la decisión de primer grado a la que se refiere el ad quem, se encuentra precisamente en la parte resolutiva, tal como se aprecia del extracto pertinente que se hizo al señalarse el resultado de la primera instancia. Y todo aparece en perfecta armonía con las hipótesis que pueden sobrevenir a la rescisión del contrato de compraventa por lesión enorme, y más exactamente según se torne o no definitiva al talante del contratante vencido en el juicio.

Tampoco prospera este otro cargo.

B. Impugnación de la parte demandada

Dentro de la órbita de la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, critícase la sentencia del Tribunal de quebrantar los artículos 740, 1849, 1864, 1880, 1884, 1928 y 1934 del Código Civil, por aplicación indebida, y 1443, 1458, 1501, 1618 y 1766 del mismo cuerpo normativo, así como el 8º de la Ley 153 de 1887, por falta de aplicación, todo por consecuencia de errores de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas que más adelante, y en el desarrollo del cargo, puntualiza.

1. Así, tras citar algunos conceptos doctrinarios y jurisprudenciales acerca de la simulación, comienza el recurrente por enrostrarle al fallador los desatinos probatorios que a su juicio cometió. La primera crítica consiste en el error de hecho en que se incurrió en la apreciación de la confesión hecha por los actores en los interrogatorios que absolvieron, como que su dicho lo tomó el Tribunal para favorecer la posición por ellos defendida, siendo así que al tenor de los artículos 194 y 195 del Código de Procedimiento Civil, la confesión eficaz debe ser ponderada en cuanto se admitan hechos que perjudican al confesante. Indica el casacionista, a este propósito, que el fallador dejó de lado lo que a ellos perjudica, es decir:

“... no miró... lo que sí representaba confesión para el proceso: el afecto de don Alfonso Guerrero hacia el menor Gustavo, quien era su ahijado y lo acompañaba a dormir, la supuesta entrega del dinero en efectivo, en cantidad de un millón de pesos, posteriormente la celebración de la escritura pública Nº 742 en la que ya había manifestado haber recibido el precio, en presencia de ninguna persona, sin dejar ningún recibo o constancia escrita; la explicación de haber diferido el precio en ochocientos mil pesos, o mejor, ochocientos cincuenta mil pesos para el año 1984 que Alfonso les adeudaba a los Martínez Cordero, y ciento cincuenta mil pesos que pagaron por créditos del vendedor habidos con otras personas, suma la última que no concuerda con los recibos aportados para tal, ni con la contestación de la demanda de reconvención, que también es confesión (ibídem art. 197), donde expresa: “Al Décimo: El señor Alfonso Guerrero Rosero, adquirió deudas con mis poderdantes por más de novecientos ochenta mil pesos que se imputaron a parte del precio en el momento de la compraventa”. Todo se encontraba en el afán por parte de los declarantes, de proteger la legalidad de la escritura 742 y su aclaratoria, pues se pusieron los dos interesados conforme para su declaración, pero no estaban precavidos de lo que inicialmente confesaron por apoderado al dar contestación de la reconvención”.

2. También se duele el recurrente de que las versiones testificales suministradas por José Raúl Suárez, Julio César Erazo, Jorge Arnulfo Garrita, Blanca Esther Guerrero, Clara Erazo, Eduardo Javier Paz, Carlos Efraín Mafla, Edelberto Portilla, Marina Villarreal, Julio Alberto López, Pedro Nel Argoti, Sor Natividad Quevedo, Sor María Teresa León, no hubiesen sido apreciadas por el Tribunal, incurriendo con ello en yerros fácticos, pues que de los hechos que dieron cuenta se desprenden los siguientes indicios, los que prueban la causa simulandi de la negociación:

a) El afecto que ligaba al difunto Alfonso con el menor de edad Gustavo.

b) El “conocimiento de toda la situación que tenían los Martínez Cordero”, ya que estos compartían muchas cosas con Alfonso.

c) “El carácter de los contratantes”, traducido en el estado valetudinario de Alfonso, así como por su demencia senil que a ratos presentaba, al paso que los Martínez Cordero eran comerciantes.

d) “La posesión posterior de Alfonso María Guerrero Rosero respecto de sus dos inmuebles”.

e) “La falta de necesidad de comprar en los Martínez Cordero”, dado que su ocupación los hacía ajenos por completo a las faenas agrícolas, actividades que desconocían completamente, prueba elocuente de lo cual es que al poco tiempo optaron por vender el fundo Villalola.

f) “Inversión del precio recibido”, comoquiera que ninguno de los testigos le vio dinero a Alfonso, ni antes ni después de aparente compraventa, e incluso algunos le dieron gratuitamente la alimentación, o le donaron dineros.

g) “La insidia o aprovechamiento” que se nota en toda la etiología negocial por parte de los Martínez Cordero, quienes pergeñaron, calcularon y propiciaron toda la situación orientada a quedar con los bienes, así fuere indirectamente por intermedio de su hijo Gustavo.

h) “Precio exiguo o vil”, como lo refleja el dictamen pericial.

i) “La subfortuna o falta de capacidad económica” de los Martínez Cordero, pues no tuvieron jamás bienes de consideración, ni movimiento bancario alguno según la documentación anexada con tal fin.

j) “El precio diferido”, por lo menos en parte tal como lo admiten los mismos actores.

k) “La insolvencia total del vendedor”, traducida principalmente en el hecho de que Alfonso Guerrero no tuvo durante los años 1984 y 1985 cuenta corriente bancaria alguna, ni de ahorro, ni títulos de depósito o inversión a su favor, pues así se desprende de la documentación expedida por las quince entidades bancarias y crediticias existentes en Ipiales.

l) “La falta de prevención” de los Martínez Cordero, respecto de quienes no hay noticia que hayan “pasado revista” al fundo rural que supuestamente compraron.

m) “Venta total de los bienes”, desde luego que es inexacta la afirmación del Tribunal respecto a que el supuesto vendedor se reservó un predio colindante, falencia en la que cayó porque no reparó la escritura aclaratoria 838 en la que se comprende toda la finca Villalola, y por no haber parado mientes en la inspección judicial y en la prueba pericial que lo corroboran.

n) El haber ofrecido con posterioridad a otras personas la donación de sus bienes, como lo hizo con el ancianato San José, demuestra que “en el ánimo de Guerrero Rosero existía conciencia que sus bienes no habían salido de su patrimonio, y con respecto a sus donatarios tenía el imperio de exigirles que parte de los bienes pasen al ancianato”.

ñ) Y, por último, no es cierta la necesidad de vender que tenía Alfonso, como equivocadamente lo dijo el juzgador, “pues del análisis completo de las pruebas se sabe que Alfonso Guerrero no era de muchos gastos, sus amedieros (sic) le proporcionaban el poco dinero que requería como lo asevera la testigo Sor María Teresa León, poseía casa donde vivir, y aún, admitiendo que la necesidad de venta existía, no tenía por qué vender todos sus bienes, le bastaba negociar una o dos hectáreas del fundo Villalola, para atender sus limitados gastos...”.

En el epílogo del cargo díjose a guisa de resumen:

“Es cierta la dificultad para aclarar la realidad del negocio, cuando se ha simulado, pero no imposible para demostrarla, por eso, la Honorable Corte ha permitido ubicar la prueba dentro de lo posible, con las inferencias y los indicios que en conjunto den diafanidad, el Tribunal encontró incertidumbre ora evaluando pruebas, indicadoras de simulación, a reafirmar la compraventa; ora ignorándolas completamente, ora señalando hechos que no existen, asegurándose en la no existencia de contraescritura o prueba escrita que acredite la simulación; exigiendo pruebas no requeridas por la ley, casi imposible tratándose de simulación, con manifiesta falta de aplicación de los artículos 1766 del Código Civil, de las reglas y principios generales del derecho atinentes a la simulación que las lleva el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, quebrantados de la misma manera los artículos 1501 y 1618 del Código Civil, y, de suyo, para este caso los artículos 1443 y 1458 de la misma obra; que llevaron a la aplicación indebida de los artículo 1934, lo mismo que 740, 1849, 1864, 1880, 1884 y 1929 del Código Civil.

Así, se dio prevalencia a la versión ficticia del negocio antes que a lo real del mismo, sin atención al caudal indiciario que el proceso reporta, siendo estos concordantes, convergentes, graves y relacionados con la pruebas, violándose el principio de libertad probatoria, su apreciación en conjunto y las reglas de la sana crítica”.

Consideraciones

1. El ordenamiento jurídico establece las condiciones con arreglo a las cuales los sujetos de derecho amoldan su voluntad. De manera que cuando estos, en procura de satisfacer sus intereses, deciden intervenir dinámicamente en el mundo de los negocios, y cumplen a cabalidad todos y cada uno de los requisitos que la ley demanda, son acreedores de la recompensa que a guisa de sanción legal define al artículo 6º del Código Civil. Así quedará el acto o contrato revestido de firmeza y validez, y, por tanto, proyectará todo su vigor de ley contractual que es para las partes (pacta sum servanda); a buen seguro, pues, que los individuos que así se conducen, verán satisfechos los intereses que sirvieron de móvil propulsor de su voluntad. Allí, en el convenio, en la expresión de la voluntad, se encontrará el preciso vínculo que ha sido creado, con sus límites y alcances.

Ocurre, empero, que si bien de ordinario la voluntad expresada constituye una respuesta efectiva al deseo de los contratantes, también es verdad que en no pocas veces, infortunadamente, por diversas circunstancias resulta infiel a sus designios. Esto es, que la voluntad querida discrepa de la que resultó declarada. Y es entonces cuando para ver de establecer a cuál de las dos se debe estar, se han visto la doctrina y la jurisprudencia enfrascadas en uno de los más áridos campos del derecho privado, por la enorme controversia que ha suscitado, al punto que difícilmente puede hoy darse por liquidada la discusión.

No viene al caso abordar el estudio de los eventos en que tal desacople sólo se halla en uno de los contratantes.

Lo que aquí interesa es destacar qué ocasiones hay en las que la desarmonía de las voluntades declarada y querida no obedece al estado del conocimiento de una de las partes; antes bien, ninguna padece error; ni tampoco ignorancia o hesitación algunas. Sí, dígase de una vez, eventos en que el desacople es consciente y querido por quienes protagonizan el contrato; las partes, cabalmente sabedoras de que lo que expresan disiente de lo que por sí y ante sí se guardan, lanzan unas palabras falaces, las mismas que están destinadas a llegar al conocimiento de los terceros. Cuando así sucede, se contempla en todo su esplendor el fenómeno de la simulación. Etimológicamente simular significa fingir una cosa; mas jurídicamente requiere que sea fingida mediante concierto de las partes. Pues bien; es natural aquí que, aun cuando el negocio reúna externamente las condiciones de validez, él no constituye ley para las partes; la comedia no es lo que los ata; será entonces la verdadera voluntad, la interna, la llamada a regular sus relaciones. Se ha tomado partido, sin duda, en favor de la voluntad interna.

Pero no por ello ha salido del todo triunfadora la voluntad interna; si así no fuera, valga expresar, que siempre prevaleciera dicha voluntad, de por medio se contarían inmensas dificultades e iniquidades: subestimaríase de tal modo, en grado superlativo, la confianza de quienes han sido ajenos a la pantomima, de quienes han estado al margen de la farsa. Está del todo puesto en razón suponer que un tráfico jurídico normal no desea hallar sino expresiones sinceras de voluntad; la seguridad ante todo. El comercio y la confianza de los demás deben estar a salvo de las palabras proditorias; nada mejor, entonces, que estarse a la voluntad declarada. Esta es, y no ya la interna, la llamada a regular los efectos del negocio frente a terceros.

Del modo dicho se ha creído hallar feliz solución a los intereses encontrados de las partes y los terceros. Si la ley, a despecho de que no debiera tener otra razón de ser que la de tutelar los intereses de quienes actúan seriamente, consciente la simulación so pretexto de la libertad contractual, no podía establecer cosa distinta a la de que frente a las partes triunfara la voluntad interna, y frente a los terceros la declarada.

Es esa la orientación que en el punto predomina en la mayoría de legislaciones, más o menos explícitamente, de la que precisamente participa la colombiana, pues el precepto que se estima medular de toda la teoría patria sobre el particular, expresa, básicamente, lo siguiente:

“ART. 1766.—Las escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efecto contra terceros”.

2. Evidente, así, que en ningún caso pueden los infundiosos contratantes exhibir el pacto secreto contra terceros. Estos no han visto más que la apariencia, y sería entonces injusto criticar que sólo a ella se atengan. Significa, por ventura, que los terceros no pueden aducir sino el acto aparente?; y ello, aun cuando sea la apariencia lo que precisamente los estorba y mengua sus derechos? De ninguna manera. Lo que es inflexible, según la literalidad de la norma transcrita, es que nunca, en ningún supuesto, se les puede aducir, en su contra, lo secreto; en el punto, no hay concesiones. Por exclusión, y más por lógica, sí pueden ellos aprovecharse del pacto subrepticio; lo que traduce que los terceros estarán, a su talante, bien a lo aparente, ora a lo secreto, según sus conveniencias. Sostener que no pueden franquear la valla que separa lo declarado de lo secreto, sería allanarle el camino a los contratantes para que lleven la simulación hasta las últimas consecuencias, incluso lesionando los derechos de los demás. Bien se sabe que la simulación es válida en tanto que, a más de no urdirse contra la ley, no perjudique a los terceros; en la medida que estos descubran la comedia pueden entonces ejercitar de igual modo la acción de prevalencia que en principio se ve como cosa propia de los simuladores. Ya afirmaba Josserand con su perspicuidad poco común:

“Los terceros, a elección suya, restablecerán la verdad, a fin de ampararse en ella y de ella aprovecharse; o bien se atendrán a la mentira, a la ilusión, ...juegan a ambas cartas y ganan de seguro. Se encuentran así colocados en una situación singularmente ventajosa, debido a la simulación, a la mentira cometida por las partes. Estas, al falsificar la verdad, han dado acción contra ellos al público, a los terceros; se han hecho cautivos de su propia estratagema, han quedado prisioneros en las redes que habían tendido y sólo pueden quejarse de sí mismos, puesto que se han causado su propia desgracia. Cuando se sopla a la vez frío y caliente, ...se coloca uno en situación dificultosa; se corren riesgos, se suscita la desconfianza de los demás...” (Del abuso de los derechos y otros ensayos, Monografías jurídicas, Editorial Temis, 1982).

3. Visto está que la acción de prevalencia pueden ejercitarla los terceros que se ven perjudicados por la apariencia, entendida ella como la que propende que caiga el disfraz del acto externo, y se devele por tanto lo oculto. Su ejercicio exitoso, como se comprenderá, en la mayoría de las veces les resultará más difícil que a los propios simulantes; estos, a la par con su cometido, se cuidarán mutuamente, y tomarán las previsiones que estimen adecuadas en orden a impedir que de la situación generada por la mentira se consoliden posiciones ventajosas que no corresponden a la realidad. Generalmente dejarán testimonio de la verdad. Por contraste, dado el sigilo en que están empecinados, procurarán que la luz no invada lo secreto, no dejar huella de su intención, abocando a los terceros a una prueba de difícil obtención, con tintes de proeza. De ahí que acudan, lo más, a la prueba indiciaria, como única vía para satisfacer la carga probatoria que de cualquier manera pesa sobre sus hombros; verdaderamente, con todo y que son terceros están en el deber de aducir la prueba con que pretenden infirmar lo que se presume: la seriedad y sinceridad con que se conducen los sujetos de derechos. Necesidades de interés social así lo reclaman.

Mas cualquiera que sea el aspecto que asuma la cuestión, lo que aquí interesa destacar es que en punto de pruebas, hoy ya no interesa distinguir entre la acción de prevalencia que ejercen las partes y la que ejercen los terceros. A lo sumo, así sucede en la que a nuestro derecho concierne, exactamente desde la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil en el año 1971, el que, como se sabe, trajo consigo el nuevo régimen de libertad probatoria, con las únicas cortapisas expresamente mencionadas en el mismo. Sobre este aspecto se ha señalado que “si en ocasión pasada la doctrina de la Corte, en materia de la prueba de la simulación distinguía si era alegada inter partes o por terceros, para restringirla respecto de los primeros y permitir su establecimiento por todos los medios de convicción con relación a los segundos, actualmente ya no se ofrece esa dificultad que quedó proscrita con la expedición de 1970 del nuevo estatuto procedimental al establecer, como principio general y rector, el de la libertad probatoria...” (sentencias de 26 de marzo de 1985, y 24 de abril de 1986. CLXXXIIV, 47).

Hoy, pues, tanto las partes como los terceros gozan de amplitud probatoria; por eso en casos como éste, las partes contratantes no encuentran limitación en ese campo.

En la especie de esta litis, se observa: Elisa López de Guerrero y María Teresa Guerrero López enjuician de simulado el contrato que en vida celebró Alfonso Guerrero Rosero (hoy muerto), para lo cual invocan la específica condición de cónyuge sobreviviente e hija, respectivamente, tal como se las reconoció en el sucesorio del prenombrado causante. Y como para demostrarlo se han servido principalmente de la prueba por indicios, igual vale hacer las siguientes precisiones.

Conscientes la jurisprudencia y la doctrina universales de la dificultad que implica tal medio probatorio, se han dado a la tarea de estudiar algunos de los hechos indicadores de simulación que con más frecuencia enseña la experiencia. Empero, es de adelantarse, en el punto ha de tomarse el cuidado necesario para no caer en asperezas; éstas se volverán inevitables cuando se pretenda sopesarlos indiscriminadamente, esto es, sin reparar en que los indicios estimados como graves en un caso determinado, pueden no serlo en otro y, por qué no, hasta resultar del todo insignificantes, ya porque de suyo revelan poca causalidad entre el hecho conocido y la inferencia, ora porque su virtualidad probatoria la desmerezcan otros medios probativos. Nada novedoso se dice cuando se afirma que siendo la simulación un pacto deliberado tendiente a producir una desfiguración de la verdad, el designio de la maquinación o engaño hará que las partes elijan con suma sutileza el camino adecuado para ello, y en ello intervendrá el grado de cultura, el nivel intelectual o de instrucción, la proclividad a la impostura, lo imperativo que pueda resultar la causa simulandi, y, en fin, las demás condiciones personales de los autores, que indudablemente hacen de cada litigio una huella digital, con elementos propios que lo hacen inconfundible con otro. La sagacidad de los simulantes no halla así más límite que su propia imaginación, y de por sí resulta imposible aprisionarla en pocas palabras. Cualquier lista de indicios, por exhaustiva que sea, resulta insuficiente.

De no tenerse presente la advertencia comentada, aflora la vigorosidad y vehemencia del pensamiento de Giorgi cuando, tras relatar lo inoportuno de enumerar “los indicios y argumentos designados vulgarmente como prueba de la simulación”, expresa: “...estimamos mejor aprovechar la oportunidad para declarar de una vez para siempre que es esta materia arbitraria que debe regularse según las circunstancias de los hechos, por lo que nos parecen (sic) trabajo casi perdido las generalidades vagas que poco o nada pueden aprovechar en la práctica” (Teoría de las obligaciones, vol. IV, pág. 161). Razón por la que Francisco Ferrara afirma en su magistral obra que en la simulación “habrá de buscarse la luz más en el estudio del corazón humano que en las páginas de los códigos'''' (La simulación de los negocios jurídicos). Desde esa perspectiva, es inobjetable que lo mejor es que el juez se abandone a su propia conciencia, haciendo acopio del sentido común, las máximas de la experiencia y el conocimiento que tenga de la astucia del hombre, aplicando todo a los hechos que rodearon el negocio, así los que lo antecedieron, como los concomitantes y sobrevivientes.

La única regla que de cara a tan complejo análisis probatorio saldría indemne de toda crítica, es la de que los indicios y las conjeturas tengan el suficiente mérito para fundar en el juez la firme convicción de que el negocio es ficticio; lo cual sólo ocurrirá cuando las inferencias o deducciones sean graves, precisas y convergentes. Vale decir, la prueba debe ser completa, segura, plena y convincente; de no, incluso en caso de duda, debe estarse a la sinceridad que se presume en los negocios (In dubio benigna interpretatio adhibenda est ut magis negotium valeat quam pereat).

Sin embargo, con la suficiente alerta sobre el particular no resulta del todo inútil o inoportuno el esfuerzo que, a una, han hecho doctrina y jurisprudencia para sentar algunas pautas demostrativas, de mucha valía para guiar u orientar la tarea investigativa de la simulación; unas derivadas de las condiciones personales de los contratantes, otras cuyo venero está en el objeto del contrato y su ejecución, y otras más de la actitud observada por los simuladores, antes, en y después del convenio.

A dichos se referirá la Sala en el momento mismo de aquilatar las pruebas en el caso concreto que en esta oportunidad es sometido a su consideración.

4. Para proyectar estas liminares explanaciones al caso controvertido, y como quiera que la censura endilga al sentenciador la comisión de varios yerros fácticos, es menester, delanteramente, contemplar objetivamente las diversas probanzas en que los ubica el recurrente.

Empezando por el interrogatorio que absolvieron los actores, se tiene:

a) Benigna del Socorro Cordero de Martínez dijo, entre otras cosas:

— Cuando Alfonso Guerrero les fue a vender los inmuebles relacionados en la escritura que recoge el contrato cuestionado, les manifestó que se los daba baratos “...siempre y cuando en la escritura encabezar (sic) el niño refiriéndose a Gustavo Arturo el ahijado de él”.

— El mencionado Alfonso “...se quedó viviendo en la casa que ya era nuestra...”.

— Con su cónyuge —Omar Humberto Martínez— costearon los gastos de funerales y entierro de Alfonso Guerrero.

b) Omar Humberto Martínez Narváez, por su parte, y en esencia, expresó lo que sigue:

— Alfonso Guerrero, a quien conoció quince años atrás, profesaba mucho cariño a todos sus hijos, pero preferencialmente a Gustavo Martínez Cordero, su ahijado.

— Nunca vio problema en que Gustavo, desde pequeño, acompañara a dormir a su padrino, pues “en vista de que yo crecí con mi abuela y tenía especial cariño por ella, comprendía mucho el cariño que mi hijo le profesaba a don Alfonso...”.

— Junto con su esposa (Benigna Cordero) compró a don Alfonso, y para el menor Gustavo, los inmuebles objeto de litigio, en la suma de $ 2.000.000, “...aclarando que don Alfonso, nos debía a nosotros la suma de ochocientos cincuenta mil pesos, más ciento cincuenta mil pesos que nosotros pagamos de empeños y otros gastos menores que él tenía, y le entregamos a él personalmente la suma de un millón de pesos en efectivo, completándose así la suma de dos millones en que se había hecho el arreglo...”.

— Nadie estaba en el momento de la entrega personal del millón de pesos.

— No sabe qué haría Alfonso la plata que recibió.

— Los gastos de clínica, drogas, funerales y entierro de don Alfonso fueron cancelados por Humberto Martínez y Benigna Cordero.

— “...Cuando nosotros hicimos la compra le preguntamos a don Alfonso que si no teníamos ningún problema y él nos indicó la escritura en que el padre Gutiérrez compraba y debe haber un testamento en el que apareciese que una parte la dejaba a don Alfonso y la otra a una hermana de éste”.

— “...por sugerencia de don Alfonso Guerrero, él dijo que quería dejar en buenas manos sus bienes, que nos daba en el precio de dos millones de pesos, pero siempre y cuando quedaran las dos propiedades a nombre de nuestro hijo Gustavo Arturo...”.

Siguiendo con la prueba testimonial, se examina:

a) Edelberto Portilla Bustos narró que desde el año 1957 se conoció con don Alfonso Guerrero, y trabajaron juntos en la finca Villalola, él como aparcero y éste como patrono; terreno que ocupa, ya no como aparcero, sino “porque el señor Guerrero, había prometido darme una casa aquí en Ipiales, para mí y toda mi familia, por los servicios que le había prestado"; Alfonso, quien decía que era soltero e incluso se enojaba cuando le preguntaban si era casado, andaba siempre con el menor Gustavo, hijo de Humberto y Benigna; los únicos bienes de Alfonso Guerrero eran la casa de Ipiales y la finca premencionada; “...en el último año de vida de don Alfonso Guerrero, yo no le vi ningún dinero... él se encontraba atendido por la familia Martínez, en la última enfermedad de don Alfonso, dicen que gastó el señor Martínez, esto lo decía el señor Raúl Suárez, la misma familia Martínez Cordero, manifestaba que estaban gastando en la enfermedad”''; cuando el señor Guerrero estaba en la clínica, antes de morir, fue y lo visitó el declarante y aprovechó para regalarle quinientos pesos y él se los recibió. Los Martínez nunca poseyeron la finca, “sino que después de la muerte de don Alfonso llegamos a un arreglo con don Humberto Martínez, de que él por tener la escritura y yo tener mi posesión, me lo iba a vender ese lote o sea el que lo ocupo yo...”.

b) José Raúl Suárez Guáquez, citado por los actores del proceso, declaró conocer a Gustavo Martínez Cordero, hijo de aquéllos, “porque él vivía con el finado Alfonso Guerrero aquí en la casa de Ipiales, dormía con el finado Alfonso y cuando yo llegaba a visitarlo al finado lo encontraba allí acostado con él, por este motivo lo conocí, él es hijo de Humberto Martínez y de la señora Benigna Cordero”; Alfonso lo quería mucho, “le decía mijo y daba la vida por él”''; “...sí me consta que el finado Alfonso Guerrero, vendió esos dos inmuebles, pero al menor Gustavo Martínez Cordero, en reconocimiento de que este menor lo había acompañado, como el finado vivía solo, entonces el menor Gustavo lo acompañaba, sea por el día o por la noche, el finado Alfonso Guerrero me contó, pasa que yo trabajaba en la finca del finado Alfonso y me dijo que ya la había vendido la finca y yo le dije a quién, entonces me dijo, yo ya deje asegurando a mijo a Gustavito... También me contaba que la casa y la finca quería dejársela regalando a un sobrino que tenía en Bogotá, le hizo llamadas, le puso marconis, le escribió cartas diciéndole que venga que quería dejarle haciendo escrituras la finca y la casa, eso le puso en la última carta que le escribió, yo vi esa carta hasta me la hizo leer a mí, él escribía en máquina y como le fallaba la vista me dijo démela leyendo yo le oigo, y el sobrino no vino, entonces dijo que ya se había cansado de llamarla (sic), yo sé qué hacer con todos mis teneres...”; Alfonso nunca contó que tenía esposa e hija, “por el contrario, decía que era soltero, o se resentía cuando de esto le hablaban... yo le pregunté... y él se puso furioso y me dijo que de eso no le averigue...”.

Reiteró más adelante que Alfonso quería regalar sus bienes al sobrino de Bogotá “pero como él ya no vino no sucedió nada. En cuanto a esto el año pasado no recuerdo la fecha exacta, fueron las monjas del ancianato allá a la finca Villalola, por cuanto don Alfonso estuvo allí en el ancianato un tiempo...”, y ellas “me contaron que don Alfonso les había dicho que tenía fincas y que les iba a regalar a ellas”.

Expresó, de otro lado, que la casa y la finca dichas eran los únicos bienes de Alfonso, “yo no le conocí nada más”; después de la venta de los inmuebles, don Alfonso “en cuanto al dinero manejaba poco, comprar no compró nada” en las enfermedades de Alfono “quien gastó fue don Humberto Martínez, cuando se enfermaba ellos eran quienes lo llevaban a la clínica y corrían con todos los gastos, aportaban todo lo que era necesario”.

c) Julio César Erazo Castillo, relató que “charlando con don Alfonso, me contaba lo de su vida, que era soltero, que nunca se había casado, y que quería mucho a Gustavo, un hijo de Humberto, y que cuando se muera pensaba venderle a Humberto las cosas que tenía“; Humberto cuidaba mucho a don Alfonso, y cuando éste se enfermó “entonces Humberto, lo llevó a la casa de él al Tutoral, para atenderlo”; yo le pregunté a Alfonso “que si él tenía hijos y él me dijo que no, y me dijo riendo que el único que tenía era el menor Gustavito"; de los hijos de Humberto por el que siempre preguntaba Alfonso era por Gustavo “lo extrañaba y lo trataba con cariño... yo considero esa amistad como anormal, porque don Alfonso lo mandaba a llamar para que le haga los mandados a Gustavo, porque yo siempre los encontraba cuando lo iba a visitar, cogidos del brazo, inclusive como que se quedaba a dormir acompañándolo...”; “yo siempre le oía a don Alfonso que él decía que él únicamente tiene su finquita y su casa, yo de otros bienes no he oído nada”; “a don Alfonso jamás lo vi sacar dinero”; “los gastos del entierro y los del último año de enfermedad fueron costeados por Humberto”.

d) Jorge Arnulfo Garreta, después de expresar que conocía las partes en contienda, dijo haberse enterado que “don Alfonso le vendía esos inmuebles a Humberto, con la condición de que lo haga encabezar a Gustavo, porque don Alfonso quería mucho a este menor”. Con Alberto Polo, quien vivía en la casa de Alfonso, “decíamos cómo será que lo quiere tanto que ese peladito duerme con ese señor que ya es viejo, nos referíamos a Gustavo Martínez, hijo de Humberto Martínez y Benigna Cordero...; don Alfonso decía el único de los niños es mi Gustavo, después de él no hay nadie”. Luego “me enteré que cuando le vendió esos inmuebles a Humberto, le dijo que le vendía pero con la condición que hiciera encabezar a Gustavo. Y lo único que supe fue que él tenía era la casa y la finca, no le conocí ningún otro bien”; no supe si después de ello don Alfonso compraría algo depositaría algún dinero en un banco, nada de eso me consta”; Alfonso estimaba mucho “a una hija mía también cuando él iba a mi casa le decía a la hija mía que cuando se muera le va a dejar una piecita...”.

Humberto Martínez fue quien gastó en la última enfermedad de Alfonso “para todo con persona y con billete...”; cuando se le preguntaba si era casado y tenía una hija, manifestaba Alfonso que eso era una calumnia.

e) Clara Erazo de López aseveró que conoció a Alfonso Guerrero unos 40 ó 50 años atrás, “don Alfonso vivía donde el padre Luis Gutiérrez...”; él “me empeñó” unas piezas; “cuando yo iba donde don Alfonso, a cobrar mi plata, lo encontraba a un niño durmiendo al rincón de la cama de don Alfonso y me decían que era Gustavo”.

f) Carlos Efraín Mafla, enfatizó que vivió en la casa de Alfonso Guerrero, por cuanto éste “nos empeñó” un salón de arriba y la cocina, en cien mil pesos, y el tiempo era por dos años...”. En bienes de fortuna, lo único que le conoció al fallecido Alfonso, fue la finca y la casa. El trato entre Alfonso y Gustavo (hijo de Humberto y Benigna), “el menor le decía papito Alfonso y don Alfonso le decía mijo”; con mis niñas “íbamos a golpear la puerta de don Alfonso y le llevábamos alguna cosita, el cafecito, el almuerzo y la merienda, don Alfonso allí vivía solo”. Yo sabía que Alfonso era casado, pero cuando se le mencionaba se enojaba bastante.

g) Marina Villarreal Fuertes, también acreedora de Alfonso Guerrero, afirmó que “...cuando llegué a vivir a esa casa como tres meses le di la comida gratis (a Alfonso), y así todos los que vivíamos allí le dábamos de comer y cuando él tenía que tomar unas pastillas que sabía tomar, siempre me pedía a mí que le regalara un cafecito para tomarlas, yo viví en esa casa cuatro años, y faltando cuatro meses para morir don Alfonso yo salí de esa casa, y nunca le vi dinero a don Alfonso...”.

“Don Alfonso Guerrero sí sentía mucho aprecio por este muchacho Gustavo Martínez”.

“Hasta cuando yo salí de esa casa o sea el 1º de marzo de 1985, mandaba don Alfonso”.

h) Julio Alberto López declaró que tenía “empeñadas algunas piezas de la casa de Alfonso Guerrero; éste era raro, pues nunca dijo ser casado.

Alfonso mantenía siempre a Gustavo en su casa, “yo sabía que el menor dormía con él y se veía que le tenía cariño... Cuando don Alfonso tenía cualesquier peso, lo llevava a comer”; a don Alfonso “...nunca le he visto dinero, él siempre ha vivido pobre... lo que yo supe que se hizo cargo de él este señor Martínez y la señora”.

i) Sor Natividad Marinero Quevedo señaló que Alfonso Guerrero estuvo en el ancianato San José de Ipiales (del cual ella es Superiora), desde el 28 de marzo de 1985, y “allí estuvo una temporada porque él estaba enfermo y venía el amediero (sic) y entonces le trajo plata, sería que le vendía cosas de la finca o yo no sé y el día 8 de mayo le entregó cuatro mil pesos y me los entregó a mí... y el día 20 de mayo de 1985, entregó quince mil pesos le entregó el amediero a don Alfonso... El nos dijo que nos iba a regalar un terreno y hasta mandó a las hermanas a ver ese terreno, pero después supimos que no era de él sino de esta señora Martínez”.

j) Sor María Teresa León conoció a Alfonso cuando llegó al Hogar San José; “él nos manifestó que nos iba a regalar una finca” y ellas fueron a verla en compañía de monseñor Arévalo; “Durante el tiempo de su permanencia en el ancianato, don Alfonso Guerrero, no pagó ninguna pensión, ni donó absolutamente nada, él no tenía dinero... él no manejaba plata... nosotros le suministramos todo lo necesario gratuitamente...”. En una ocasión “que fue a visitarlo una señora que decía que era hija, pero él se puso totalmente bravo y no quiso recibirla hasta se portó agresivo”; gozaba de buena salud mental, porque cuando llegaba el amediero a visitarlo, hablaban de sus cosechas...”.

Prueba pericial

El dictamen rendido por los expertos designados al efecto (fls. 78 a 81 del cdno. 3), se estimó que los bienes objeto de controversia tenían, para la época de la negociación, los siguientes avalúos: el predio rural $ 3.375.000 y el urbano $ 1.690.000 para un total de $ 5.065.000. Surtida la contradicción del mismo, dentro de la cual se pidió aclaración, tales puntos de vista se mantuvieron (fls. 97 y 98 ibídem).

Documentos

Existen los registros de nacimiento de los hijos de Omar Humberto Martínez y Benigna Cordero, incluido el de Gustavo Arturo (fl. 2 cdno. 2).

Certificaciones expedidas por las siguientes entidades, todas de la ciudad de Ipiales, en las que consta que Alfonso Guerrero no tuvo en ellas dinero alguno: Bancos Angloamericano, Central Hipotecario, de Bogotá, Popular, de Colombia, Cafetero y Comercio; Las Villas, Colpatria, Grancolombiana, Invercrédito y Compañía de Seguros Bolívar (folios 44 a 47 cdno. 3; 27, 29, 38, 39, 40, 41, 67 y 68 del cdno. 4).

Recibos y comprobantes de los gastos que asumió la familia Martínez Cordero en relación con la enfermedad y entierro del señor Guerrero Rosero, así como de los contratos de anticresis que anuncia la censura como celebrados por Alfonso Guerrero (folios 42 a 58, cuaderno 2).

5. De la conjunción de todos estos elementos de prueba se establece con certeza la causa simulandi; esto es, el fundamento, el por qué, la razón de ser de la simulación; en fin, el interés que de por medio se contó para actuar fingidamente. En efecto: teniendo presente que en la ocurrencia de autos se plantea una simulación relativa, tal causa consistió, evidentemente, en el deseo que inspiró a los contratantes —como adelante se verá— de ocultar lo que verdaderamente querían, vale decir, disfrazar de compraventa lo que es apenas una donación, en el interés que tuvo Alfonso Guerrero de dejar “asegurado” a Gustavo Martínez Cordero, según la misma expresión empleada por el enajenante de los inmuebles.

Ciertamente, no hay prueba directa de la simulación. Pero los indicios que eficazmente concurren a hacer verosímil la aserción precedente, son:

a) Relación de afecto entre los contratantes.

Como se recuerda, el contrato que recoge la escritura Nº 742 de 6 de noviembre de 1984, aclarada por la 838 de 12 de diciembre siguiente, corridas en la Notaría Segunda del Círculo de Ipiales, fue celebrado entre Alfonso Guerrero Rosero, como enajenante, y Omar Humberto Martínez y Benigna Cordero, quienes dijeron adquirir para Gustavo Martínez Cordero. Y no obra en el expediente nada más refulgente que lo pródigo que fue Alfonso Guerrero en afecto hacia el menor Gustavo Martínez Cordero, hijo de los citados Humberto y Benigna, precisamente los actores en este proceso en representación de aquél (folios 2 y 7 del cdno. 2).

Alfonso lo trataba incluso como hijo suyo; todos a una, los mismos padres del menor y hasta los declarantes citados por ellos, así lo evidencian; Alfonso y Gustavo se acompañaban permanentemente y hasta pernoctaban juntos en casa del primero. Este último hecho fue tan manifiesto que despertó la curiosidad entre quienes lo conocieron, al punto que el declarante Julio César Erazo Castillo aseveró que “yo considero esa amistad como anormal”; y, otro, Jorge Arnulfo Garreta, se decía: “cómo será que lo quiere tanto que ese peladito duerme con ese señor que ya es viejo...”. Y, en efecto, a la sazón Gustavo era un infante y Alfonso un anciano.

No hay duda; el seudocomprador es persona a quien el seudovendedor amaba entrañablemente, por lo que buscó su protección; pues, como lo admiten Humberto y Benigna, les dijo enajenar bajo la condición de que Gustavo figurara como titular del dominio. Cuando tal aconteció exclamó Alfonso: “yo ya dejé asegurando a mijo a Gustavito” (declaración de José Raúl Suárez).

b) Precio exiguo

Es común que en el evento de encubrirse una donación con la compraventa, los autores de la maquinación se inclinen por consignar un precio muy por debajo del que real y comercialmente tienen los bienes objeto del contrato. Unas veces, porque así eluden ciertas cargas fiscales y tributarias; otras, por cuanto de ese modo procuran hacer verosímil la adquisición por quien quizá no tiene la suficiente capacidad económica, a cuyo propósito es menester recordar que ordinariamente se dona a personas pobres.

La prueba pericial, es cierto, arroja tal indicio en este proceso. Los expertos señalaron como valor comercial de los dos inmuebles integrados (casa y finca), para la época de celebración del contrato enjuiciado, la suma de $ 5.065.000, la cual si se le compara con el que reza la escritura 742, que fue de tan solo $ 2.000.000, hace que éste aparezca como muy bajo, pues que no alcanza siquiera a la mitad del mismo.

c) La inejecución del contrato

De ordinario el comprador celebra contrato de compraventa a efecto de adquirir el dominio o propiedad, con todos los atributos de la cosa. Consecuencia normal es, pues, la de que el vendedor entregue el bien al adquirente, cumpliendo así una de las obligaciones a su cargo, y permitiendo que el comprador pueda poseerlo a su talante. Excepcionalmente se pacta que ello no sea así. En el sub lite, no advirtiéndose dicha excepción, el vendedor continuó sin embargo en posesión de los bienes que dijo vender. Es un hecho indiscutido que Alfonso permaneció luego en la casa dicha, y que la facultad administrativa y dispositiva de la misma no la asumió la familia Martínez Cordero sino después del deceso de aquél. Así lo declara Marina Villarreal cuando sin rasgo de vacilación afirmó que “hasta cuando yo salí de la casa o sea el 1º de marzo de 1985, mandaba don Alfonso"; también lo hace Jorge Arnulfo Garreta al aseverar que Humberto y Benigna “...habitan la casa de habitación de la carrera 7ª ello viven en esa casa, después de que murió don Alfonso...”. Más todavía: Benigna lo aseveró sin ambages.

Y otro tanto ocurrió con la finca. No es sino ver que Edelberto Portilla enfatizó que los Martínez nunca poseyeron la finca “sino que después de la muerte de don Alfonso llegamos a un arreglo con don Humberto Martínez, de que él por tener la escritura y yo tener mi posesión, me lo iba a vender ese lote o sea el que lo ocupo yo”. Por lo demás, narra Sor Natividad Marinero que cuando Alfonso estuvo en el ancianato, allá iba a verlo el “amediero” de la finca y le llevó dinero en varias oportunidades, a lo que elucidó que “sería que le vendía cosas de la finca"; dijo así mismo Sor María Teresa León que Alfonso gozó en el ancianato de buena salud mental “porque cuando llegaba el amediero a visitarlo, hablaban de sus cosechas”.

Probada está, entonces, lo que la doctrina denomina retentio posessionis. De haberse tratado de un verdadero contrato de compraventa ¿cómo explicar tal actitud? No lo dice el expediente.

Y en lo atañadero al precio, nada distinto se colige. La escritura pública habla de que el vendedor declaró haber recibido ya la suma de $ 2.000.000, a entera satisfacción. Resulta, empero, que, a voces de los mismos compradores, allí no recibió Alfonso ni un solo peso.

d. La no justificación de la enajenación a título oneroso.

El mundo de los negocios jurídicos tiene por estímulo principal la especulación en que entran en juego los diversos intereses de los contratantes; la expectativa de obtener resultados económicos hace indispensable contratar. Las gentes venden, compran, arriendan, por ejemplo, bajo la consideración de canalizar esfuerzos económicos y jurídicos que teleológicamente satisfagan sus necesidades.

Hace al caso preguntar entonces: qué interés asistió a Alfonso Guerrero para enajenar a título oneroso? Parece que ninguno; aseveración que se funda en las siguientes consideraciones: si Alfonso, y quizá cualquier persona puesta en las mismas condiciones, frisaba ya los 80 años de edad (véase certificado de defunción del folio 18 del cuaderno 1); y si vivía solo, sin parentela que lo rodeara, sin obligación diversa a la de proveer a su subsistencia, es evidente que en él no se descubre motivo racional alguno que justifique la enajenación que consignada está en la varias veces citada escritura 742. La vida del mismo ya transcurría sin miras de tal corte, y no tenía afán mayúsculo de especular en el mundo negocial; por otro lado, así es difícil creer en un ánimo dispuesto a la inversión; a lo menos ello no se refleja en el sub júdice.

Que, por dicha, pudo necesitar dinero para proveer a la senectud, según supone el tribunal? Es una argumentación que no halla eco en esta litis. Demostrado que si de ello se tratase, vale decir, de la necesidad de recaudar dinero, es de observar que de una mirada retrospectiva brota como improbable que Alfonso Guerrero hubiere cambiado repentinamente su modo de pensar al respecto, pues su habitualidad fue la de proveerse de dinero mediante los negocios anticréticos que anuncian varios declarantes, algunos de los cuales intervinieron en ellos como acreedores (Clara Erazo de López, Carlos Efraín Mafla, Marina Villarreal Fuertes y Julio Alberto López). Con el agregado de que al momento mismo de la celebración del contrato aquí controvertido, tenía destinadas a ello varias habitaciones de la casa. Prefería pues ese medio para su manutención; tanto más si se tiene en mira que con aquel fin tal vez le hubiese sido suficiente vender apenas uno de los bienes, sin necesidad de venderlo todo como luego se verá, a riesgo de quedar sin techo a esa edad. Indudablemente que para él resultaba menos aventurado la explotación económica de la casa, acaso en la forma como lo venía haciendo, que a lo que se hubiera visto precisado con el dinero de la venta.

En cambio, razones hubo para la enajenación a título gratuito, cual se irá comprobando en el desarrollo de estas explicaciones; sin perjuicio de adelantar, desde ya, el propósito que en Alfonso va tomando forma fue el de beneficiar a Gustavo Martínez Cordero. Circunstancia que adviene propicia para poner de relieve que en el ánimo de Alfonso no pudo estar la onerosidad del negocio, dado que cuando esto es lo que prima poco importa a quién se vende, y aquí fue condición sine qua non, impuesta por el enajenante, la de que figurara Gustavo como titular del derecho.

e) La inmodificabilidad del patrimonio activo del enajenante.

Apenas natural que el contrato bilateral produzca la mutación del patrimonio de ambos contratantes. En la compraventa, del uno sale el bien y del otro el dinero; una y otra cosa destinado al patrimonio del contratante en el que no se encontraba.

Y está claro que aquí el patrimonio de Alfonso, por efecto de la venta, únicamente se disminuyó; egresaron la casa y la heredad. El supuesto dinero objeto del precio no ingresó o por lo menos no se probó, desde luego que ni siquiera mantuvo la solvencia económica anterior al contrato, no se le vio dinero en sumas importantes de acuerdo con su nivel social, ni se conoce que lo hubiese depositado en lugar que le hiciese acreedor de réditos o rendimiento alguno. De lo primero dan cuenta varios declarantes, entre ellos Edelberto Portilla, José Raúl Suárez, Julio César Erazo, Marina Villarreal y Julio Alberto López, quienes no pudieron ser más terminantes cuando, en su orden, expresaron: “...yo no le vi ningún dinero... él se encontraba atendido por la familia Martínez...''''; “en cuanto al dinero él manejaba poco, comprar no compró nadá''; “a don Alfonso jamás lo vi sacar dinero"; “faltando cuatro meses para morir don Alfonso yo salí de esa casa, y nunca le vi dinero a don Alfonso"; “a don Alfonso nunca le he visto dinero, él siempre ha vivido pobre... lo que yo supe que se hizo cargo de él este señor Martínez y la señora”. Y de lo segundo dan fe las comunicaciones de las distintas entidades del sector financiero de Ipiales, en las que uniformemente se dice que Alfonso Guerrero no tuvo ninguna relación comercial de ese jaez (fols. 41 a 47 del cuaderno 3, y 27, 29, 38, 39, 40, 41, 67 y 68 del cdno.4).

Por el contrario, brilla del expediente que Alfonso desde entonces, o sea desde la supuesta venta, rozó los dinteles de la indigencia, y por ello debió acudir en las postrimerías de su vida (recuérdese que entre la enajenación y su óbito apenas si se cuentan meses) a gentes bienhechoras como Edelberto Portilla, quien en alguna ocasión le regaló dinero en la clínica; a Marina Villarreal, quien afirmó que “cuando llegué a vivir a esa casa (refiérese a la de Alfonso) como tres meses le di la comida gratis, y así todos los que vivíamos allí le dábamos de comer y cuando él tenía que tomar unas pastillas que sabía tomar, siempre me pedía a mí que le regalara un cafecito”; a Carlos Efraín Mafla, quien igualmente aseveró que con sus niñas “íbamos a golpear la puerta de don Alfonso y le llevábamos alguna cosita, el cafecito, el almuerzo y la merienda, don Alfonso allí vivía solo”. Después acudió a lugares de beneficencia como el Ancianato San José de Ipiales, donde según Sor Natividad Marinero y Sor María Teresa León le mantuvieron gratuitamente. Y, finalmente, fue menester que Humberto Martínez costeara los gastos médicos, y los de entierro de Alfonso, según él mismo lo manifestara y ensayara probar con los documentos que arrimó con dicho cometido.

De otra parte, visto, como quedó, que a poco de la celebración del negocio dejó Alfonso de existir, no se ve asomo de noticia sobre alguna posible malversación o de pérdida cuantiosa de fortuna por parte de Alfonso.

f) Manera singular como se trata de justificar el pago del precio.

Generalmente se sirven los simuladores del socorrido expediente del abono anticipado al precio por deudas que anteladamente contrajo el comprador. En el evento cuya pesquisa viene haciéndose, Omar Humberto y Benigna, los que compraron para el menor, lo aducen; manifiestan que una parte del precio se cubrió de aquella manera. Pero no sólo se ofrece tal, circunstancia ya de suyo singular, sino que, además, agregan que otro tanto del precio quedó de cubrirse mediante la cancelación de otras deudas que el mismo comprador tenía con terceras personas. Y si más, es de anotar que dijo haber pagado el resto, o sea un millón de pesos, mediante la entrega que en dinero en efectivo hizo, no como lo reza la escritura, sino con posterioridad a ésta en la casa vendida, sin que nadie lo hubiera presenciado y sin que hubiese quedado traza cualquiera de haber sido cierto. Todo pese a la cuantía del pago; no cuidó el comprador de extender un recibo cualquiera, del mismo modo que estuvo presto a hacerlo con los recibos que exhibió para justificar los gastos en que incurrió con ocasión de la enfermedad y el sepelio de Alfonso.

g) La ancianidad y enfermedad del enajenante.

La experiencia enseña que cuando ya la vida tiene, como nunca antes, tan contados los días, y se hace inminente la muerte, el ser humano se predispone a distribuir en vida lo que es suyo, naturalmente entre las personas de su predilección. Así pudo haber acontencido con Alfonso Guerrero, persona que a la época de la enajenación era casi octogenaria y no gozaba propiamente de buena salud, a cuya comprobación concurre eficazmente la consideración de que anduvo él ofreciendo en donación sus bienes. Lo hizo, antes del negocio, según lo informa Raúl Suárez, con un sobrino que Alfonso tenía en Bogotá, hecho que con lujo de detalles así relató tal declarante, que, entre otras cosas, citaron los propios actores:

“También me consta que la casa y la finca quería dejársela regalando a un sobrino que tenía en Bogotá, le hizo llamadas, le puso marconis, le escribió cartas diciéndole que venga que quería dejarle haciendo escrituras la finca y la casa, eso le puso en la última carta que le escribió, yo vi esa carta hasta me hizo leer a mí, él escribió en máquina y como le fallaba la vista me dijo démela leyendo yo le oigo, y el sobrino no vino, entonces dijo que ya se había cansado de llamarlo, yo sé qué hacer con todos mis teneres”.

Hecho del mismo corte narró Jorge Arnulfo Garreta al expresar que Alfonso Guerrero estimaba mucho “a una hija mía también y cuando él iba a mi casa le decía a la hija mía que cuando se muera le va a dejar una piecita...”. Y así mismo dijeron Sor Natividad Marinero y Sor María Teresa León que Alfonso había ofrecido, cuando estuvo en el ancianato, donarles un terreno. Incluso a Edelberto Portilla le ofreció la casa por los servicios que le había prestado.

h) Antecedentes personales del enajenante.

Llama poderosamente la atención que Alfonso Guerrero viviera solo y procurando siempre ocultar su verdadero estado civil de casado. Y más lo es aún, si idéntico proceder observó respecto de su hija. Fue tanta la tenacidad con que lo hizo, que ante sus conocidos pasaba por soltero, y hasta se enojaba cuando se le averiguaba si en verdad era casado. Sentimiento que cobró luego ribetes de odio contumaz, del que es manifestación evidentísima el rechazo rotundo de Alfonso para recibir la visita que su hija intentó hacerle en el ancianato. Al extremo que, según Sor María Teresa, “se puso totalmente bravo y no quiso recibirla, hasta se portó agresivo”.

Establecido, pues, que Alfonso malquería a esposa e hija, en ella se ve un motivo nítido del por qué Alfonso prefirió la ficción, dándole ropaje de compraventa lo que así era donación. Sin ambages, en esto encuentra sólido puntal la causa simulatoria.

i) Enajenación en bloque de los bienes.

El desarrollo normal del tráfico jurídico en general, señala que las personas van realizando sus negocios en forma sucesiva, en la medida que se lo imponen las necesidades de la vida, razón por la cual las cosas se adquieren y enajenan por actos diversos. Es raro ver una enajenación o adquisición masiva de bienes; cuando esto ocurre, por lo mismo, la doctrina no vacila en calificarlo de indicio severo de simulación.

Y probado ha quedado, de manera palmaria por demás, que Alfonso Guerrero no tenía al momento de la enajenación más bienes que los en ella mencionados (escritura 742). Así lo afirman Edelberto Portilla, José Raúl Suárez, Jorge Arnulfo Garreta y Julio César Erazo. Por lo que más contundente es que los propios actores afirmaron en el séptimo hecho de su demanda: “el causante Alfonso Guerrero, no ha dejado bienes herenciales y los que se inventariaron o denunciaron como de él en el sucesorio pretendido, no le pertenecieron al tiempo de su muerte...”. Consideración ésta en la que seguramente no reparó el Tribunal para afirmar lo contrario; allí dijo el sentenciador, en efecto, que según varias declaraciones (no dijo cuáles) Alfonso tenía otra heredad; pero de esto no hay prueba con virtualidad para destruir los elementos de convicción acabados de analizar.

j) La conducta procesal de los demandados en reconvención.

Omar Humberto Martínez y Benigna Cordero revelaron, para resistir la demanda de mutua petición, en su afán de justificar el pago efectivo del precio, que la parte que dieron por abonada en virtud de lo que les adeudaba Alfonso Guerrero ascendía a más de $ 980.000, incurriendo en contradicción pues al cuestionario que se les propuso habían dicho que era de $ 850.000. Igual aconteció cuando con el mismo propósito manifestaron respecto al precio exiguo pactado que “existe libertad de la determinación escritural del precio, que por inveterada costumbre no obedece al real, por razones de impuestos” (contestación a la reconvención), al paso que declararon, en el interrogatorio, que tal monto corresponde a la idea que tuvo Alfonso de venderle barato para Gustavo Martínez.

6. Quedan así consignados los indicios que a juicio de la Sala obran en esta especie judicial, todos los cuales están edificados sobre hechos conocidos que no admiten discusión en cuanto su existencia.

Ahora bien; examinados de conjunto, como legalmente corresponde, arrojan la irrecusable conclusión de la simulación que se investiga. Trátase, en efecto, de indicios graves, precisos y concordantes. En su momento se vio el grado de probabilidad y la acentuada causalidad que vincula al hecho establecido con aquél que se trata de inferir; ahí su gravedad. La precisión, en que el análisis global no deja en el ánimo de la Corte ningún género de duda. Y, en fin, la concordancia estriba en que amalgamando unos con otros, todos a una apuntan a darle firmeza a la convicción, como que mutuamente fortalecen la conjetura que cada uno aporta individualmente considerados; amén de observarse que en ningún momento se neutralizan o excluyen; ciertamente, las deducciones que vienen de sentarse revelan, así por su número como por su calidad, un encadenamiento que a más de palmario constituye un juicio dialéctico irrebatible. De modo, pues, que aplicadas aquí la severidad y estrictez que debe guiar al juez para establecer si un negocio es simulado, desaparece el temor a la equivocidad que siempre se ve errar en tan delicada materia.

Ocurre, entonces, que si esos hechos conocidos, indiscutidos, diáfanos, coruscantes y patentes, fueron dejados de lado por el Tribunal; y si, de contera, subestimó las conjeturas que con la fuerza vista emanan de ellas; y si, además, pasó por alto que éstas eran graves, concordantes y convergentes como lo manda el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, no pudo ser sino mediante la comisión de verdaderos yerros fácticos, de aquéllos que ostentan virtualidad para quebrar una sentencia en casación, de lo cual es prueba elocuente el lacónico análisis que hizo para desestimar la simulación. En primer lugar, porque habló de “escasos indicios”, lo que constituye contraevidencia de cara a los diez que aquí se han hallado. En segundo lugar, dado que para encontrar lo equívoco de los pocos a que aludió, los desgajó completamente unos de otros para detener su atención en el estudio aislado que es improcedente a la luz de elementales reglas probatorias. Decir, verbi gratia, que el afecto del finado a Gustavo “sirve también para explicar el reducido precio de los bienes”; o que la soledad de Alfonso puede tomarse “como un motivo por el cual el señor Guerrero Rosero necesitaba enajenar sus bienes y disponer de dinero para sus necesidades en la senectud”, son aseveraciones incontestables por cuanto contienen predicamentos meramente hipotetizados; es decir, obedecen a una simple probabilidad; por lo que mirados individualmente pueden parecer en verdad insignificantes. Pero eso es precisamente todo indicio, excepto el calificado de necesario. El indicio destaca probabilidades. Su fuerza dependerá no sólo de su relación causa a efecto, sino de la comparación que se haga con otros. No es procedimiento correcto en la materia esbozar un análisis aislado para descubrir, como en este caso, una simulación, campo en donde el juez, poniendo a prueba todo su discernimiento, debe rastrear con exhaustividad cualquier detalle, por mínimo que a priori juzgue, en el entendimiento de que en cualquiera de ellos es posible encontrar el hilo conductor de la investigación. Si de otro modo se pensara, sería caer en la exageración de desdeñar la prueba indiciaria, desde luego que los indicios no son más que signos que sirven de brújula al juzgador.

“Porque es apenas obvio que todo indicio —dice la Corte— presuponiendo una labor intelectiva de enlace entre el hecho conocido y el por conocer, enlace que se robustecerá cuando al primero de tales hechos le siga las más de las veces el investigado, y que se debilitará lógicamente en el caso contrario, tienen siempre en su punto de partida un juicio meramente hipotético, que bien podría expresarse con esta proposición, que no por simple resulta inocua: si tal cosa aparece probada, acaso ésta otra” (Sent. jul. 11/90, proceso ordinario de Carlos Alberto Medina y otros contra María Irma Gaviria y otros, aún no publicada oficialmente).

Así las cosas, hácese evidente que el sentenciador de segundo grado se equivocó al ingnorar los indicios que ahora encuentra la Corte, así como también cuando no conjuntó los que a su juicio obraban en el expediente. Errores de apreciación probatoria que, como desde muchas líneas atrás se pudo anticipar, ofrecen el mérito suficiente para casar la sentencia, por supuesto que su notoriedad y trascendencia son cuestiones que de suyo comporta su mera enunciación.

Casándose la sentencia, se impone proferir un fallo sustitutivo; pero advierte la Sala que no es posible hacerlo simultáneamente pues a su juicio es indispensable practicar previamente una prueba de oficio, a cuyo decreto procederá entonces.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida en este proceso el 3 de diciembre de 1987 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto. Y, antes de pronunciar la que debe reemplazarla, decreta la siguiente prueba:

Por peritos determínense los frutos que hayan producido, o podido producir, los inmuebles objeto de este litigio, exceptuando de ellos un derecho cuotativo, en relación con su valor global, equivalente a $ 2.000; y solamente los causados a partir del 10 de abril de 1986, teniendo presente su valor al momento de la percepción.

Para que designe los peritos, los posesione y reciba el dictamen pericial, comisiónase al Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, con el término de veinte (20) días para la evacuación de dicha prueba.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Líbrese el despacho comisorio correspondiente, anexándole copia auténtica de la demanda principal.

Notifíquese.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero—Rafael Romero Sierra. 

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