Sentencia de junio 19 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

COMPRAVENTA DE ORO

CON EL BANCO DE LA REPÚBLICA

EXTRACTOS: «Es oportuno señalar que una cosa son las medidas que adopta el Estado en lo tocante con su política monetaria, cambiaria y crediticia, sometida por entero al régimen de derecho público, y otra muy distinta los acuerdos a que, por delegación o encargo del Estado y en desarrollo o ejecución de esas decisiones suyas de soberanía, llegue a celebrar el Banco de la República con particulares en torno a la compraventa de oro, pacto que no por la sola circunstancia de quedar enmarcado dentro de los esquemas generales fijados por la ley, cae bajo la órbita del derecho público, sino que, por supuesto, se regula teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la mencionada entidad y acorde, además, con las disposiciones especiales que gobiernan su régimen de contratación.

A este respecto es pertinente precisar que el Banco de la República es una sociedad de derecho público económico de naturaleza única, especial o sui géneris, que no puede clasificarse como establecimiento público, ni como empresa industrial y comercial del Estado, ni como sociedad de economía mixta. Así se infiere del artículo 1º del Decreto Autónomo 386 de 1982 al precisar que “es el Banco de la República, entidad de derecho público económico y de naturaleza única. Está organizado como sociedad por acciones y tiene autonomía administrativa especial, personería jurídica y patrimonio independiente. Ejerce con exclusividad el atributo de emisión del Estado, es el guardián de las reservas internacionales del país y el ejecutor de la política monetaria. Tiene, a la vez, funciones de giro, depósito, descuento y redescuento, así como las demás contempladas en el presente reglamento constitucional y en otras leyes”.

Es por virtud de su naturaleza única y especial que el artículo 18 del Decreto 2617 de 1973 prescribe que “el Banco de la República seguirá funcionando de acuerdo con las normas vigentes no modificadas por la Ley 7ª de 1973 y por el presente decreto y, en consecuencia, no le serán aplicables las disposiciones de los decretos 1050 y 3130 de 1968...”.

Pero, algo más: debido a su naturaleza única y especial, el inciso 2º del artículo 2º del Decreto 386 de 1982, dispone que al banco no le es “aplicable el régimen de las entidades descentralizadas del orden nacional, determinado, principalmente, por los decretos extraordinarios 1050, 2400, 3074 y 3130 de 1968; y 128, 130 y 150 de 1976”, y por lo tanto tampoco le resulta aplicable el Decreto 222 de 1983, alusivo a dicho régimen.

¿Cuál es entonces la normatividad jurídica a que se acoge el Banco de la República? La respuesta la suministra el inciso 1º del artículo 2º del Decreto 386 de 1982, al indicar que “El régimen jurídico interno y externo del banco y de sus operaciones está constituido por las leyes 25 de 1923, 82 de 1931 y 7ª de 1973; por el Decreto Extraordinario 1189 de 1940; por los reglamentos constitucionales 2617 y 2618 de 1973, por las disposiciones del presente decreto y por las demás normas legales bancarias y financieras complementarias que le conciernen; por sus estatutos y reglamentos y por los contratos celebrados con el Gobierno Nacional”.

Examinado el anterior cuerpo normativo, se observa, por otra parte, que al tenor del inciso 3º del artículo 2º del Decreto 386 de 1982, las operaciones mercantiles y civiles que desarrolla la entidad están sometidas al derecho privado, cosa que también ocurre, en general, con sus actos que no tengan el carácter de administrativos. En efecto, reza en forma expresa esta norma que “las operaciones mercantiles y civiles y, en general, los actos del banco que no fueren administrativos, se regirán por las disposiciones del derecho privado”. En igual sentido, el artículo 7º del decreto en comento estatuye que los contratos que celebre dicha entidad con terceros “en nombre y por cuenta propios, y aquéllos que celebre con el fin de desarrollar o cumplir otros contratos efectuados con el Gobierno Nacional para la administración de determinados servicios, tales como a los que se refiere el artículo siguiente, se ceñirán al régimen de contratación propio del banco o, en los casos no previstos por éste, a las normas comunes del derecho privado” (se resalta). Dentro del linaje de estos últimos, se ubica el que es materia de este litigio.

No es verdad, entonces, que el contrato de compraventa de oro que se celebra entre el Banco de la República y los mineros o particulares esté encasillado entre las disposiciones del Decreto 222 de 1983, o que se trate de un contrato administrativo sometido a la normatividad que es propia de estos, porque acorde con la naturaleza de dicha entidad y el régimen legal que le es aplicable, éste es un contrato que por no tener regulación específica dentro del esquema legal del banco, se ciñe por entero a la reglamentación del derecho privado. Por modo que la nulidad que el recurrente pide sea declarada sobre la hipótesis de que es la jurisdicción contencioso administrativa la encargada de conocer del presente litigio, no es procedente, pues se trata, en el caso a estudio, de un negocio jurídico regulado por el derecho privado».

(Sentencia de junio 19 de 1991. Magistrado Ponente: Dr. Alberto Ospina Botero).

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