Sentencia de junio 27 de 1986 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

PROPOSICIÓN JURÍDICA INCOMPLETA

ERROR DE HECHO NO SE DEMOSTRÓ

RECURSO EXTRAORDINARIO. TÉCNICA

El cargo debe encontrarse revestido de la absoluta precisión que es propia de este recurso extraordinario en el cual el recurrente debe determinar los puntos exactos que han de ser materia de estudio por parte de la Corte

VIÁTICOS. DEBE ESPECIFICARSE EL DESTINO DE LAS SUMAS PAGADAS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS. OBLIGACIÓN A CARGO DEL PATRONO

El numeral segundo del artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, establece la obligación de especificar el destino de las sumas pagadas por concepto de viáticos, obligación que debe entenderse como consagrada a cargo del patrono no sólo porque es él quien hace el pago sino también porque el beneficio de tal discriminación lo va a recibir la parte empleadora que a través de tal aclaración podrá limitar la parte de los viáticos que tienen incidencia laboral

Magistrado Ponente:

Dr. Germán Valdés Sánchez

Reconstrucción Nº 19. Acta Nº 21

Bogotá, D.E., veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y seis.

En el proceso ordinario adelantado por el señor Branly Elifad Ibargüen Lozano en contra del Banco de la República, el Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia fechada el 10 de mayo de 1985 confirmó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá que en su parte resolutiva consignó:

“1. Condénase al Banco de la República, representado por el señor Rafael Gama Quijano, o por quien haga sus veces, a pagar al señor Branly Elifad Ibargüen Lozano, la suma de ocho mil doscientos veintinueve pesos con noventa y tres centavos ($ 8.229.93) moneda corriente, por concepto de pensión de jubilación, cuando cumpla los cincuenta (50) años de edad, es decir desde el veintiséis (26) de diciembre de mil novecientos ochenta y seis (1986), sumas mensuales que no pueden ser inferiores al salario mínimo vigente para entonces de conformidad con lo dicho en la parte motiva de este fallo.

2. Condénase al Banco de la República, representado por el señor Rafael Gama Quijano, o por quien haga sus veces a pagar tres (3) días después de la ejecutoria de esta sentencia la suma de ciento ochenta y dos mil seiscientos tres pesos con noventa y seis centavos ($ 182.603.96), moneda corriente por concepto de indemnización por despido, de conformidad con lo dicho en la parte motiva de esta sentencia, al señor Branly Elifad Ibargüen Lozano.

3. Absuélvese al Banco de la República, representado por el señor Rafael Gama Quijano, o por quien haga sus veces de las demás peticiones incoadas en el escrito demandatorio por el señor Branly Elifad Ibargüen Lozano, a través de apoderado judicial de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

4. Decláranse no probadas las excepciones propuestas, en razón a que prosperaron varias de las peticiones.

5. Las costas de este proceso corren a cargo de la parte demandada. Tásense”.

Interpuesto el recurso de casación por los apoderados de ambas partes fue concedido por el tribunal y admitido por la Corte en donde se encontraba en el momento de presentarse los sucesos del 6 y 7 de noviembre de 1985 durante los cuales resultó destruido el expediente, por lo cual fue necesario adelantar el trámite de reconstrucción que se tuvo por consolidado mediante auto de mayo 16 de 1986.

La parte demandada desistió del recurso que interpuso y en consecuencia sólo se analiza la demanda extraordinaria presentada por el señor apoderado de la parte actora, dentro de la cual se determinó el siguiente alcance para la impugnación:

“Aspiro a que se case parcialmente la sentencia recurrida en cuanto confirmó la de primer grado. Respetuosamente pido que, constituida la honorable Corte Suprema de Justicia en tribunal de instancia, modifique la del a quo en la siguiente forma: a) aumentando el valor de la indemnización por despido, de $ 182.603.96 a $ 225.548.61 que corresponden legal y probatoriamente; b) ordenando el reajuste de cesantía, en suma de $ 41.816.76; c) ordenando la indemnización moratoria en suma de $ 394.18 diarios, desde el 27 de febrero de 1979 hasta cuando se efectúe el pago total de la cesantía, y d) resolviendo lo conducente en cuanto a las costas del proceso”.

El recurrente formula dos cargos que se estudian en su orden conjuntamente con lo expresado por el opositor dentro del escrito de réplica presentado oportunamente.

Ambos cargos se plantean con base en la causal primera de casación laboral, y se expresan en los siguientes términos:

Primer cargo

“Acuso la sentencia por la vía indirecta, al haberse producido evidentes errores de hecho por equivocada apreciación de la demanda y su contestación (5 a 7 y 13 a 16), de los documentos de folios 31 y 32, así como por la falta de apreciación en la inspección ocular (23-29 y 37-38). Lo anterior condujo al honorable Tribunal de Bogotá a la aplicación indebida de los artículos 8º del Decreto 2351 de 1965, 249 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 127, 130 y 253 del mismo código y como norma de medio el artículo 25 del Código Procesal Laboral, en relación con los anteriores.

Los errores evidentes consistieron:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el último salario promedio devengado por mi mandante fue de $ 9.533.06 mensuales.

2. No dar por demostrado, estándolo, que el último salario real promedio devengado por mi mandante fue de $ 11.774.58 mensuales.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que el valor de la indemnización por despido es tan sólo de $ 182.603.96.

4. No dar por demostrado, estándolo, que el valor de la indemnización por despido es de $ 225.548.61.

5. Dar por demostrado, sin estarlo, que a la terminación del contrato, el banco demandado pagó la totalidad de la cesantía a mi poderdante.

6. No dar por demostrado, estándolo, que el Banco de la República aún debe a mi mandante parte de su cesantía.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que el valor total de la cesantía es de tan sólo $ 177.844.62.

8. No dar por demostrado, estándolo, que el valor total de la cesantía es de $ 219.661.32.

9. No dar por demostrado, estándolo, que el banco demandado debe aún a mi mandante la suma de $ 41.816.76.

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que al terminar el contrato, el banco había pagado la totalidad de las prestaciones debidas.

11. No dar por demostrado, estándolo, que el Banco de la República debe a mi mandante parte de su cesantía y por ello está incurso en la sanción moratoria”.

Se considera

Del estudio conjunto de las pruebas que se mencionan en el cargo se deduce:

a) En la demanda se menciona como salario promedio en el último año de servicios y con el cual se produjo la liquidación de los derechos laborales del actor la suma de $ 9.533.06, lo cual se encuentra aceptado por la demandada;

b) Dentro de la audiencia en la cual se había dispuesto la práctica de una inspección judicial, finalmente no se dio lugar a ésta y en cambio se permitió la incorporación al expediente de una serie de documentos dentro de los cuales se encuentran los que el recurrente estima mal apreciados (fls. 31 y 32) y en los que aparece la constancia de unos pagos por viáticos que sirven de base para el argumento de la parte demandante relacionado con la existencia de un salario básico superior al que fue tomado para la liquidación del contrato de trabajo.

Debe anotarse adicionalmente por la incidencia formal que tiene el presente cargo, que el tribunal no apreció ninguna inspección judicial y en ello el cargo resulta inexacto y además, se omitió precisar el aparte del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 que resultó afectado por la decisión del ad quem a juicio del recurrente, obligación formal que la jurisprudencia ha reiterado cuando se incluye dentro de la proposición jurídica una norma que contempla varias situaciones reguladas dentro de apartes o numerales diferentes.

El enfrentamiento de las dos conclusiones iniciales muestra una situación en la cual no puede tenerse por claramente demostrado el salario cuya declaratoria pretende el demandante, pues hay enfrentamiento entre elementos probatorios sin que de ninguno de ellos se puede deducir una prevalencia, lo cual significa que no surge como evidente cualquier posible error toda vez que el documento que obra a folio 31 no cuenta con las explicaciones o precisiones suficientes para superar el efecto demostrativo de lo consignado en la demanda y su contestación y que el tribunal adoptó como base de su decisión de rechazar como probado un mayor salario al determinado por el juzgador de primera instancia.

La observación de carácter formal afecta la formulación del cargo que debe encontrarse revestido de la absoluta precisión que es propia de este recurso extraordinario en el cual el recurrente debe determinar los puntos exactos que han de ser materia de estudio por parte de la Corte.

Significa lo anterior que el cargo, por razones formales y sustanciales no alcanza el efecto pretendido y por tanto no prospera.

Segundo cargo

“La sentencia acusada viola directamente, por interpretación errónea el artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 65, 127, 249 y 253 del mismo código; así como el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.

Dice la sentencia que no puede el juzgador deducir caprichosamente que los viáticos son en su totalidad factor de salario ya que la ley discrimina esos viáticos en los que constituyen salario y en los que no tienen ese carácter. En este aparte, no desconoce el tribunal, que el documento de folio 31 demuestra que mi mandante devengó los viáticos que allí se expresan, durante su último año de servicios. La violación directa, resulta del error, por la interpretación que hace del artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 8º del Decreto 2351 de 1965, 249, 253, 127 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

La violación directa, por errónea interpretación, se produjo al margen de toda cuestión fáctica, pues frente al hecho indiscutible y debidamente demostrado —como lo admiten las sentencias de primera y segunda instancias— que mi poderdante devengó viáticos durante su último año de servicios, el tribunal al aplicar los artículos 127, 130, 249, 253 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, así como el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, lo hizo en forma errónea. Estas disposiciones consagran el concepto de salario, los viáticos como salario, el derecho a la cesantía, la forma de liquidar esta prestación y la indemnización moratoria; así como la indemnización por despido. Ahora bien, al interpretar dichas normas negando los derechos que ellas consagran o no haciéndoles producir todos sus efectos, por errónea interpretación, se infringieron en forma directa. En efecto, el tribunal admite que mi mandante devengó viáticos durante su último año de servicios. Sostiene sin embargo: “Si bien se habla allí de «viáticos...», el juzgador no puede deducir caprichosamente que tales «viáticos zona especial» son en su totalidad factor de salario cuando de una parte la ley discrimina los viáticos en aquéllos que constituye salario y en los que no tienen ese carácter (CST, 130)...”.

Se interpretó erradamente el artículo 130-2 del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto ha sido reiterada la jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia, en cuanto dice que la prueba de lo estipulado en el ordinal 2º del artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo, lógicamente corresponde al patrono y no al trabajador, a quien le basta demostrar que percibió esos viáticos. Y conforme al artículo 127, como retribución de servicios que son, tienen el carácter de salario. Por manera que en recta interpretación y no apareciendo “discriminados” los viáticos son en su totalidad factor de salario.

Si la infracción directa de las normas citadas en e l cargo no se hubiera producido, si al aplicarlas se hubieran interpretado correctamente reconociendo los derechos que ellas consagran y haciéndolas producir todos sus efectos, el tribunal habría condenado el reajuste de cesantía en la forma prevista en los artículos 249 y 253 del Código Sustantivo del Trabajo; a la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del mismo código y a la totalidad de la indemnización por despido, regulada por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965. Por ello reitero a esa honorable corporación, que en sede de instancia modifique la sentencia de primer grado en la forma expresada en el alcance de este recurso”.

Se considera

En el cargo se incurre en la misma imprecisión anotada frente al anterior en el sentido de haber omitido la determinación del numeral o literal del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 que se encuentra vinculado a la violación que denuncia el censor, lo cual es necesario dado que dentro de esta norma se incluyen diversas situaciones de hecho con consecuencias normativas diferentes.

Por otra parte no precisa el censor el concepto de violación frente a las normas diferentes al artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo y si se tiene frente a ellas que el tribunal las violó por interpretación errónea, debe concluirse equivocado el cargo pues realmente el ad quem no realizó ninguna función interpretativa del contenido de los artículos 65, 127, 249 y 253 del Código Sustantivo del Trabajo ni del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965.

Finalmente, dentro del desarrollo del cargo, aparecen confusamente incluidos los conceptos de violación consagrados por la ley pues el censor, además de insistir en que el tribunal interpretó erróneamente todo el conjunto normativo incluido en la proposición jurídica, afirma que la violación se produjo por aplicación de tales disposiciones en “forma errónea”.

Lo anterior impide el estudio del cargo que por tales razones debe rechazarse.

Sin embargo, la denuncia que hace el censor se ajusta a los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la aplicabilidad y entendimiento del artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo y por ello debe aceptarse como cierta la acusación del recurrente en contra de la afirmación del tribunal según la cual “el juzgador no puede deducir caprichosamente que tales “viáticos zona especial” son en su totalidad factor de salario cuanto de uan (sic) parte la ley discrimina los viáticos en aquéllos que constituyen salario y en los que no tienen tal carácter (CST, 130), y de otra, cuando el demandante ni siquiera aludió en su demanda al concepto de viáticos para obtener el reajuste de la cesantía”.

El numeral segundo del artículo 130 del Código Sustantivo del Trabajo establece la obligación de especificar el destino de las sumas pagadas por concepto de viáticos, obligación que debe entenderse como consagrada a cargo del patrono no sólo porque es él quien hace el pago sino también porque el beneficio de tal discriminación lo va a recibir la parte empleadora que a través de tal aclaración podrá limitar la parte de los viáticos que tienen incidencia salarial.

No puede concluirse, como indirectamente lo hace el tribunal que ante la falta de aclaración sobre la imputación de las sumas pagadas por viáticos, éstos pierdan en su totalidad la condición de salario pues ello representaría una interpretación totalmente contraria al sentido de la norma que simplemente pretende que se especifique la condición salarial de aquellos pagos que por su naturaleza lo tienen, porque se trata de sumas que se destinan a cubrir los gastos que normalmente atiende el trabajador con su salario y que pretenden evitar la afectación del peculio del mismo cuando al salir de su sede en cumplimiento de funciones, debe cubrir necesidades cuya atención se encuentra dentro del ámbito de lo que ordinariamente se cubre con el salario.

De modo de concluir que la falta de discriminación frente al pago de los viáticos represente no tener suma alguna de éstos como imputable a salario es contrario no sólo a la equidad y a la naturaleza de los pagos destinados a cubrir alimentación y alojamiento, sino que se opone al entendimiento jurisprudencial según el cual la obligación de precisar los conceptos pagados por viáticos corre a cargo del patrono y por tanto el incumplimiento de tal obligación sólo puede generar consecuencias negativas para el mismo, las cuales sólo pueden ser las de darle a la totalidad de los pagos una incidencia y repercusiones salariales.

El cargo, por las imprecisiones técnicas no puede triunfar, pero el haber permitido la precisión jurisprudencial anterior conduce a que se le libere de la condena en costas.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el día 10 de mayo de 1985 en el juicio seguido por Branly Elifad Ibargüen Lozano contra el Banco de la República.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Germán Valdés Sánchez—Rafael Baquero Herrera—Juan Hernández Sáenz. 

Bertha Salazar Velasco, Secretaria.

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