Sentencia de marzo 11 de 1958

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Vélez García

Bogotá, D.E., marzo once de mil novecientos cincuenta y ocho.

La señorita Soledad Vásquez Cadavid, mayor y vecina de Medellín, demandó por conducto de apoderado al Departamento de Antioquia, representado por el Gobernador, quien a su turno nombró apoderado, a efecto de que esta entidad le resarza los perjuicios padecidos por la actora como secuela de un accidente de trabajo del cual ella fue una de las víctimas —junto con el ingeniero químico doctor Octavio Trujillo— cuando trabajaba como mecanógrafa de la Fábrica de Licores, sacatín que, por monopolio de origen constitucional, es explotado por dicho Departamento. Antes de introducir la demanda en juicio ordinario laboral, que cursó en el Juzgado 3º del Trabajo de Medellín, la actora había solicitado y obtenido del Departamento el reconocimiento y pago de las indemnizaciones correspondientes al simple riesgo profesional y, además, un auxilio de $ 4.000- que para viajar a los Estados Unidos en vía de restablecimiento le fue otorgado mediante Decreto de la Gobernación de Antioquia Nº 514 expedido el 15 de septiembre de 1953. Del proceso laboral se colige que la demandante insistió —y continúa insistiendo— en una indemnización con alcance plenario al tenor de lo establecido por el inciso final del literal b), artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, en razón de que, como se verá seguidamente, de los hechos y de las dos instancias del juicio se ha deducido culpa por parte del patrón en el desgraciado evento que motiva este debate.

Relación de los hechos

Dijo la actora:

“Primero. El Departamento de Antioquia es propietario de la ‘Fábrica de Licores’, que explota en un establecimiento situado en la Fracción América de este Distrito, empresa que tiene carácter industrial y comercial;

“Segundo. En dicha empresa presté mis servicios como mecanógrafa, del primero (1º) del mes de junio de mil novecientos cincuenta (1950), hasta el veintiséis (26) de febrero de mil novecientos cincuenta y tres (1953), siendo mi última asignación de doscientos ochenta pesos ($ 280.00) mensuales;

“Tercero. Estando al servicio de dicha empresa y cuando me encontraba desempeñando mis funciones en el local de la Fábrica de Licores, en las horas de la mañana del citado veintiséis (26) de febrero de mil novecientos cincuenta y tres fui atropellada conjuntamente con el doctor Octavio Trujillo, también trabajador de la empresa, por un camión de propiedad de esta, manejado por el empleado señor Francisco Giraldo, cuando maniobraba para reversar el carro y salir del establecimiento con un cargamento de licores;

“Cuarto. El accidente ocurrió como pudo establecerse en el juicio penal respectivo, por desperfectos en los frenos de vehículo (sic) y por culpa e imprevisión del operario, quien sabía de la deficiencia de los frenos, desde varios días atrás; cuando un empleado de la empresa le ordenó que llevara el viaje y luego arreglara el carro siempre que no existiera mucho peligro, de donde resulta una clara responsabilidad de la empresa en el accidente;

“Quinto. Al no funcionar correctamente los frenos del carro, este tumbó una columna y se estrelló contra la pared, en donde fuimos aprisionados el doctor Trujillo y la suscrita, recibiendo lesiones mucha gravedad (sic);

“Sexto. A consecuencia de tan doloroso y grave accidente el doctor Trujillo perdió una pierna y la suscrita después de larguísimo tratamiento en esta ciudad y en los Estados Unidos, siempre quedé con una incapacidad permanente y definitiva en la función de la rodilla derecha y con desfiguraciones también permanentes y definitivas en ambas piernas, que me obligan a llevar aditamentos de medias elásticas para oculartarlas (sic) a la vista de las demás personas por el terrible aspecto que presentan;

“Séptimo. Los dolores y padecimientos sufridos en tan largo período de incapacidad, que aún no ha cesado, resultan incalculables;

“Octavo. Entre los perjuicios morales se cuentan los siguientes: Los dolores y padecimientos en el tratamiento tanto en Medellín como en los Estados Unidos, completamente reducida al lecho; las múltiples intervenciones quirúrgicas, injertos, etc.; el tratamiento de fisioterapia durante más de dos años; los problemas de la familia por tales motivos; el sufrimiento interior por la dificultad para caminar y para cumplir debidamente con las funciones y relaciones sociales; el sufrimiento por las deformidades y desfiguraciones de las piernas;

“Noveno. Entre los perjuicios materiales se cuentan los siguientes: la pérdida del empleo de donde se derivaba mi sustento personal y el de mi familia; la incapacidad permanente que me quedó y que me impide caminar correctamente; las desfiguraciones de las piernas; y, finalmente, los siguientes gastos en el tratamiento en los Estados Unidos y en esta ciudad: Pagado a la Clínica Medellín por acompañante, $ 454.10; retratos pasaporte, $ 15.00, estampillas pasaporte, $ 20.00; pasaje de ida y regreso a San Francisco, $ 1.525.85. Estas partidas suman la cantidad de dos mil catorce pesos con noventa y cinco centacos (sic) ($ 2.014.95) y fueron cubiertas en moneda colombiana. Gastos en dólares: Tratamientos médicos pagados al Maimonides Health Center por tratamiento de fisioterapia, US. $ 130-; pagado a Many T. Morrison Center por rehabilitation por tratamiento de fisioterapia, US. $ 323.44; al doctor S. Malvern Dorinson por servicio médico, US. $ 80; al doctor Calvin K. Terwillinger, US. $ 25.00; al doctor Mar W. MacGregor (id) US. $ 10.00; al doctor Paul H. Jacobson (id) US. $ 60.00; a la Clínica Mayo Rochester, Minn. (id) US. $ 400.00; Hotel Panamá en viaje a San Francisco, US. $ 6.00; Gaylord San Francisco, US. $ 4.80; Shaw Sran (sic) Francisco, US. $ 34.00; Warfield San Francisco, US. $ 121.42; Zumbro Rochester Minn., US. $ 9.00; Reiter Rochester Minn., US. $ 120.00; alquiler de carro en San Francisco mientras fue necesario, US. $ 189.28; excedente de pasaje en vuelo a Rochester, US. $ 50.00; medias elásticas, US. $ 22.78; v. de dermassage (crema para masajes de piel cicatricial) US. $ 10.00; lámpara para tratamiento de calor, US. $ 11.70; alimentación en cuatro meses y medio de tratamiento en Estados Unidos, a un promedio de US. $ 6.00 diarios, US. $ 810.00.

“Suma total en dólares: US. $ 2.416.98. Pagado en Medellín a la señorita Dolly Vélez M. por servicios de fisioterapia en moneda colombiana, $ 1.620.00.

“Resumen:

“Gastos en pesos colombianos2.014.95
“V. de US. $ 1.500.00 (Control de Cambios)4.040.33
“V. de US. $ 500.00 al 3.141.570.00
“V. de US. $ 416.98 al 3.091.288.47
“Suma (moneda colombiana)8.913.75
“Pagado a la señorita Dolly Vélez M.1.620.00
“Total de gastos$ 10.533.75

“Décimo. Al ser insuficiente el tratamiento que recibí en la Clínica Medellín en esta ciudad, la Junta de Rentas que administra la Fábrica de Licores del Departamento, ordenó un auxilio en favor de la suscrita y del doctor Trujillo, de cuatro mil pesos ($ 4.000.00), para cada uno, a fin de que se hicieran el tratamiento adecuado en los Estados Unidos, lo que se legalizó por medio de Decreto número 514, de fecha quince (15) de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953), en donde se reconoce la ocurrencia del accidente por parte de un vehículo de propiedad de la Fábrica de Licores, empresa del Departamento que tiene patrimonio propio, que se maneja con fines comerciales y con la finalidad de mermar las consecuencias de la incapacidad permanente que nos quedó. También se reconoce que fuimos atropellados en momentos en que nos encontrábamos desempeñando nuestras funciones de empleados de esa empresa.

“Undécimo. La indemnización o auxilio voluntario de la empresa fue insuficiente para cubrir los gastos de viaje y tratamiento, como se desprende de la relación de gastos anteriormente hecha;

“Duodécimo. Reclamé por ante la Junta de Rentas la correspondiente indemnización de perjuicios, pero no fui atendida; pues el negocio se pasó a la oficina de personal y finalmente, después de un trámite de muchos meses, el Departamento solamente reconoció una indemnización por un total de catorce (14) meses de sueldo, por un valor de tres mil novecientos veinte pesos ($ 3.920.00), pero negó tanto los gastos de viaje como de tratamiento, alegando que el Distrito (sic) solamente estaba obligado a cubrirlos dentro de los seis meses siguientes al accidente, conforme a las ordenanzas vigentes, olvidando las disposiciones legales de ineludible cumplimiento;

“Décimo tercero. El señor médico departamental dio concepto sobre los gastos de tratamiento, diciendo que los encontraba absolutamente correctos, pero su opinión fue de que no debía reconocerse por cuanto se causó el gasto después de ciento ochenta días de ocurrencia del accidente;

“Décimo cuarto. Vencido el trámite administrativo, procedo a reclamar la indemnización completa del accidente, ante la justicia laboral, por no haber sido atendida por el Departametno (sic) en tan justa reclamación”.

La parte demandada contestó la demanda en los siguientes términos:

“Al hecho primero. Que se pruebe.

“Al hecho segundo. No me consta.

“Al hecho tercero. No me consta, que se pruebe.

“Al hecho cuarto. Lo niego (...)

“Al hecho quinto. No me consta, que se pruebe.

“Al hecho sexto. Lo ignoro, que lo pruebe la parte demandante.

“Al hecho séptimo. Son situaciones personales de la demandante que no me constan.

“Al hecho octavo. Lo niego.

“Al hecho noveno. Que se pruebe, no me consta.

“Al hecho décimo. Es cierto en cuanto a la expedición del Decreto Departamental número 514, lo demás lo niega por no constarle.

“Al hecho undécimo. No me consta.

“Al hecho duodécimo. Lo niega por ser simple apreciación de la parte actora.

“Al hecho decimotercero. No me consta.

“Al hecho decimocuarto. Son consideraciones de la parte demandante, que no estoy en la obligación de contestar en ningún sentido”.

Propuso las excepciones de declinatoria de jurisdicción, inexistencia de la obligación y pago.

El litigio laboral

Trabada la litis, correspondió el conocimiento de la controversia al Juzgado 3º del Trabajo de Medellín. En el curso del juicio, y para dar evasión a una de las solicitudes de la demandante, se produjo un exhaustivo dictamen pericial acerca de los perjuicios padecidos por la señorita Vásquez, y, en su oportunidad procesal, el juzgador de primera instancia desató la controversia declarando civilmente responsable al Departamento de Antioquia del daño sufrido por la señorita Soledad Vásquez Cadavid, en el accidente de trabajo relatado, causado por Francisco Giraldo, empleado de la entidad demandada. En razón de lo anterior, se condenó al Departamento de Antioquia a pagar a la demandante señorita Vásquez Cadavid la suma de $ 39.565.66 por concepto de perjuicios materiales y $ 2.000.00 por perjuicios morales. Ambas partes apelaron de la decisión anterior, y realizada la tramitación de segunda instancia, el Tribunal Seccional del Trabajo de Medellín confirmó parcialmente la sentencia de su inferior, en el sentido de aprobar la condenación declarada, pero tasar el valor de los perjuicios materiales y morales, con desechamiento de la partida de $ 10.533.75 correspondiente a gastos de viaje y tratamiento en Estados Unidos (daño emergente), en una suma neta de $ 41.565 66 - $ 10.533.75) $ 31.031.91. El rechazo de la partida preindicada obedeció, según el razonamiento del Tribunal, a que no se había hallado en el expediente un firme apoyo para su reconocimiento, y a este respecto formuló varias consideraciones de índole jurídica acerca de la fidedignidad probatoria de los documentos en que se basa dicha partida, cuya validez será justipreciada por la Corte en su debido momento.

La casación

Contra la providencia de que se ha hablado (y que fue proferida por el Tribunal Seccional del Trabajo de Medellín el 11 de febrero de 1956), ambas partes interpusieron recurso de casación por intermedio de apoderados; y como tal recurso les ha sido concedido, admitido y tramitado en la forma de rigor, le corresponde ahora a la Corte —Sala de Casación Laboral— desatar la litis y hacer los pronunciamientos de derecho mediante el estudio de las demandas.

Por razones de método, será examinado en primer lugar el libelo del demandado-recurrente.

El recurso del demandado

No ostenta la demanda del señor apoderado de la parte demandada los requisitos que el artículo 90 del C. de P.L. exige para que aquella pieza se tenga como tal. Sin embargo será examinada, hecha abstracción de sus defectos jurídico-formales, en razón de que algunos de los motivos aducidos para la casación son de interés en el terreno de la unificación jurisprudencial que es la primordial misión legal de la Corte. De los cuatro cargos formulados y de una referencia final se deduce que el alcance de la impugnación versa sobre la casación total de la sentencia del Tribunal que decidió, en segundo grado de jurisdicción, la controversia planteada. Los dos primeros cargos por referirse a una misma materia, pueden acumularse para su examen, así:

Primero y segundo

Acusa la sentencia del Tribunal Seccional del Trabajo de Medellín por aplicación indebida del artículo 4º del Decreto 2127 de 1945, disposición única en la cual el Tribunal fundamenta la competencia de la jurisdicción del trabajo para conocer de la materia de autos, y por violación directa de los artículos 63, 66, 71, 77, 82 y 84 del Código Contencioso Administrativo (Ley 167 de 1941).

Sustenta este cargo así:

Ciertamente, tanto en la primera como en la segunda instancia, se echó mano de aquel artículo 4º que la sentencia del Tribunal reproduce, “texto trasnochado, sin aplicación para el caso”, que el recurrente reproduce en su integridad y que analiza de la manera siguiente: de él se deduce una regla general, a saber: las relaciones entre los empleados públicos y la administración no constituyen contratos de trabajo. También se encuentran en él algunas excepciones. Repite que la Fábrica de Licores no tiene, no puede tener ánimo de lucro. “Es preciso manifestar de una vez —agrega— que este texto legal, que hace parte de un Decreto Reglamentario de la Ley 6ª de 1945, nada tiene que ver con la ley, ni tiene que ver su última parte sobre excepciones con la materia a que el Decreto ha debido concretarse, pues dice: Decreto reglamentario de la Ley 6ª, ‘en lo relativo al contrato individual del trabajo’. Las excepciones guardan alguna relación con el contrato de trabajo? Ninguna”. Añade que sin duda para precisar el contenido de aquel artículo 4º, fue expedido el año siguiente el Decreto 2313 de 1946, cuyo artículo 55 —que transcribe— reza así: “Por cuanto las relaciones entre la administración y los empleados son de derecho público y no hay entre estos y aquella contratos de trabajo, es entendido que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni pretender celebrar convenciones colectivas. Por el contrario, los sindicatos de trabajadores asalariados en las obras públicas o en las empresas oficiales lucrativas o en las instituciones susceptibles de ser fundadas y manejadas en la misma forma por los particulares, tendrán todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás”. Repite que la fábrica oficial de licores no es “empresa lucrativa”, y manifiesta que este artículo se dictó para reafirmar el principio de que tratándose de empleados públicos no hay contrato de trabajo, y para fijar el alcance de las llamadas empresas. Por esta razón —añade— una vez expedido tal artículo y al estudiarse un caso relacionado con miembros del ejército “quienes también prestan juramento”, el Tribunal de Bogotá decidió que entre los cuerpos armados y el Estado no hay, ni puede haber contrato de trabajo, sino una pura y simple relación o vínculo de derecho público; y, en consecuencia la jurisdicción del trabajo carece de competencia para conocer de las controversias entre los miembros de los cuerpos armados y el Estado. Cita un concepto del Departamento Nacional del Trabajo según el cual las disposiciones sobre contrato de trabajo no regulan las relaciones entre el Estado y los empleados públicos.

Dice que la noción de inexistencia de contrato de trabajo entre los empleados públicos y la Administración fue reafirmada por los artículos 3º, 4º y 492 del C.S. del T. Y remata el cargo textualmente:

“De tal suerte que si a la demandante se le ha estado considerando, no como empleado público sino como un trabajador común de empresa, cobijado por el artículo 4º citado, es preciso afirmar que esta disposición quedó sin vigencia hace largo tiempo. Y no se le podía invocar para sacar avante el criterio de los juzgadores de instancia en el sentido de que este negocio se rige por disposiciones de la justicia del trabajo.

“Pero yo voy a aceptar por un momento que el artículo 4º comentado está en pie prestándole apoyo a la tesis del Tribunal, para decir:

“‘El citado artículo es completamente inarmónico dentro de la Ley 6ª de que se dice reglamentario. Esta ley versa sobre ‘convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo’, y su Capítulo I se refiere al contrato individual, que aquí se define y reglamenta; y el Decreto 2127 de 1945, del cual hace parte el artículo 4º que los falladores de instancia proclaman en sus decisiones, se dice reglamentario de la ley, ‘en lo relativo al contrato individual de trabajo’.

“Yo insisto con el mayor respeto a los señores Magistrados a que se muestre un artículo de aquel capítulo de la ley, el cual pueda considerarse como reglamentado por el artículo 4º del Decreto. No hay ninguno. Lo que quiere decir que este artículo es extraño absolutamente al sistema general de aquel Capítulo I, y constituye una adición inaceptable de la ley, ya que por un decreto reglamentario no se pueden modificar los términos de un estatuto legal.

“Por vía de doctrina enuncio ante los señores Magistrados para pedirles respetuosamente que en ningún caso sea aplicado aquel artículo 4º, que viene a ser como un injerto dentro de esa Ley 6ª de 1945.

“Es claro entonces que el caso en discusión es simplemente administrativo, porque no hay de por medio un contrato de trabajo, como se estudiará más en extenso en otro capítulo, y entonces, casada la sentencia por incompetencia de jurisdicción, se debe declarar esta excepción que fue propuesta por la parte demandada, a no ser que se opte por declarar la nulidad de acuerdo con el artículo 448 del C. Judicial, que es doctrina de la Corte Suprema”.

Formula el segundo cargo expresando que, dentro del anterior orden de ideas, acusa la sentencia recurrida por aplicación indebida de los artículos 22 y 23 del C.S. del T. y 1º del mismo Código, lo cual llevó “al desconocimiento” de los artículos 63, 67, 71, 74, 76, 81, 82, 83 del Código Contencioso Administrativo, y 5º, 6º, 250 y 251 del C.P. y M.

Sustenta el cargo diciendo que los artículos 22 y 23 citados definen lo que es contrato de trabajo, para afirmar, entre paréntesis, que “Cuando la demanda en este juicio fue presentada, ya regía el actual Código del Trabajo, y no se ha debido entonces citar en la sentencia recurrida —dando el mismo paso de la demanda— los artículos 12 de la Ley 6ª de 1945 y 2º del Decreto 2127 del mismo año para proclamar la existencia de un contrato de trabajo”.

Agrega que el artículo 1º citado dice que el fin primordial del estatuto del trabajo es buscar la justicia en las relaciones que surjan entre patronos y trabajadores, lo cual —agrega— está corroborado por el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo cuando declara que la justicia laboral “está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo”.

Esto quiere decir —arguye— que la justicia laboral actúa donde hay contrato de trabajo entre patronos y asalariados, no entre empleados públicos y la administración. Dice que trabajador es un término genérico, mientras que empleado público es específico, y que ambas nociones son inconfundibles; por ello se puede decir, con fundamento legal, que el trabajador es término de la justicia laboral, mientras que empleado público es término administrativo. Expresa: “Patrono es la persona que tiene a su cuidado y a su servicio un grupo de trabajadores a quienes manda y dirige con los reglamentos que él dicta, y paga con sus fondos propios. Es el jefe en el trabajo. Un Departamento o Municipio, o la misma Nación, tiene a su servicio, por regla general, no trabajadores, sino empleados públicos obligados a cumplir las leyes, o las ‘ordenanzas o los acuerdos municipales, y a quienes se paga con los fondos públicos (...). Aquellas entidades de derecho no son patronos. En el primer caso hay una materia que se rige absolutamente por la justicia laboral; en el segundo caso la materia se rige por el Código Contencioso Administrativo”.

El recurrente cita los artículos 63 de la C.N., concordante con el 6º del C.P. y M. y expresa que según el artículo 5º de esta obra son empleados públicos los que desempeñan puestos creados por las leyes, por las ordenanzas o por los acuerdos. Y se pregunta: “¿Un simple trabajador, un asalariado está sometido a estas normas, No. A las que dicten los patronos”.

Agrega que la voz empleado público tiene su acepción técnico - administrativa inconfundible. Aclara que pueden las entidades de derecho público tener por excepción algunos trabajadores a su servicio, como en el caso de que un Municipio se sirva de las aptitudes de un abogado, pero sin que este sea empleado público, porque para serlo se requieren tres condiciones que el abogado no tiene: nombramiento, posesión y juramento, actos que vinculan al individuo con la administración pública. Cita en su apoyo a Krotoschin. Se refiere al juramento que prestan los empleados públicos que es a modo de tatuaje que los individualiza en todo momento —al cual juramento no pueden ser sometidos los trabajadores particulares por su patrón— y reitera que, respecto de sus deberes y derechos, tienen los empleados públicos un estatuto de protección y amparo: el Código Contencioso Administrativo y a su turno, “también tienen los extraños, los trabajadores que sirven a un patrón, su estatuto: el Código del Trabajo. “En el primer caso, dice, el juramento impera, en el segundo caso no hay juramento, que no rige sino para los empleados públicos de acuerdo con los artículos 65 de la C.N. y 251 del C.P. y M. Y finalmente remata su segundo cargo diciendo: “Si a la señorita Vásquez Cadavid se le negó por la Gobernación de Antioquia un derecho, en su reclamo ha debido seguir los pasos, muy claros, que señala el código de los empleados públicos, y no otro.

“Aquí no hubo contrato de trabajo, porque él no existe entre empleados públicos’. Estos firman un acta de posesión y se obligan bajo juramento, mientras que los asalariados firman un contrato de fórmulas civiles.

“Quiere esto decir, de otro lado, que la jurisdicción del trabajo no puede conocer del presente negocio”.

Se examinan los cargos

Es indudable que las relaciones entre la administración y los empleados públicos no constituyen contratos de trabajo. Sin embargo como ya había tenido oportunidad de advertirlo esta corporación —con base en una apreciación de Krotoschin— “el hecho sociológico que determinó el movimiento en favor de los trabajadores en general, surte efecto también ahora con respecto a los empleados públicos que prestan sus servicios en aquellas actividades que desbordan los linderos tradicionales del Estado” (G. del T. VII, pág. 415) . Este, en la búsqueda de sus fines de bienestar y progreso social, realiza a diario nuevas incursiones dentro de ámbitos que en antes pertenecieron al dominio privado, introduce en su órbita administrativa actividades que anteriormente fueron realizadas por el sector particular, crea agencias semejantes a las nacidas de la iniciativa ciudadana, y, ora como monopolizador excluyente, ora como competidor poderoso, cumple actos con todas las trazas y apariencia de los que, en el rango de la producción y distribución económicas, efectúan los individuos de la comunidad. Esta ampliación de fines estatales obedece a las necesidades del servicio público, o corresponde a una noción de justicia distributiva de la riqueza, o a una lucha contra los oligopolios o formas de competencia imperfecta del sector privado, o a exigencias del fomento productivo, etc., causas que no son del caso analizar. Solo importa establecer el fenómeno. Y este fenómeno ha sido la causa de que surja, a veces como efecto de la presión ejercida por los trabajadores de esas agencias estatales sustitutivas de la actividad privada, a veces como cuerpo de doctrina estructurado por los estudiosos del derecho, un nuevo planteamiento en cuanto a las relaciones entre la administración y los empleados oficiales, en el sentido de establecer una subdivisión para su tratamiento jurídico, así:

a) Los empleados públicos, ubicados en aquellas ramas del poder ostensiblemente vedadas a los particulares (la ejecutiva, la legislativa, la jurisdiccional) cuyas relaciones con el Estado son de derecho público; y

b) Los empleados oficiales, ubicados en aquellas agencias de la administración que entrañan actividades susceptibles de ser realizadas por los particulares, cuyas relaciones con el Estado son de derecho social. Adviértase que dos elementos configuran esta doctrina: la trascendencia del Estado a la órbita particular, y la locación o ubicación o no del empleado en esa órbita. Estos elementos sirven de patrón para medir hasta qué punto se trata de una relación de derecho público o de derecho social, sin que sea necesario ocurrir a otras pautas.

El primer antecedente de esta doctrina en nuestra legislación fue producido en 1944, mediante el Decreto 2.350 de ese año, cuyo artículo 14 dijo: “La Nación, los Departamentos, Intendencias y Comisarías y los Municipios se consideran patronos para los efectos del presente Decreto, y en general, de la legislación del trabajo, en relación con los trabajadores de construcción y sostenimiento de las obras públicas y con los de las empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que dichas entidades exploten con ánimo de lucro. En cambio, sus relaciones con los empleados administrativos y con los de los órganos legislativos y judiciales, no estarán regidas por las normas sobre contrato de trabajo sino por las reglas de derecho público que determinen las respectivas leyes”.

El Decreto 2350 de 1944 fue sustituido por la Ley 6ª de 1945; y está, reglamentada en lo tocante al contrato individual de trabajo en general por el Decreto 2127 de 1945, cuyo artículo 4º —que se va a analizar— ha sido objeto de áspero ataque por parte del representante del demandado. La Sala empieza por manifestar que dicho reglamento no constituye norma desueta, ni disposición intrusa dentro de la materia legal reglamentada, a la cual no se ve claramente que exceda ni sobrepase (como lo afirma el recurrente), sino que, a más de tener el hondo raigambre doctrinario antes indicado y el antecedente legal dicho, se refiere concretamente al contrato individual, en sus reglas y excepciones, sin que jamás hasta ahora en nuestro foro se le haya tenido como exorbitante de la ley, ni se le haya demandado ante la jurisdicción contenciosa por tal extremo. Discrepando en este punto de las respetables apreciaciones del recurrente, procede su examen. El mencionado artículo 4º del Decreto 2127 de 1945, reza: “No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las relaciones entre los empleados públicos y la administración nacional, departamental o municipal no constituyen contrato de trabajo, y se rigen por leyes especiales, a menos que se trate de la construcción o sostenimiento de las obras públicas, o de empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por estos en la misma forma”.

Si se opta por los dos criterios —que son los únicos adecuados— de la trascendencia del Estado a actividades propias de las personas privadas (o simplemente cuyo manejo se realice como las de estas), y de la locación del trabajador en tales actividades, el texto no se presta, no puede prestarse a la perplejidad que para algunos —por razones diversas— ha causado. En otras palabras: la ley quiere, es su voluntad nítida, que cuando un trabajador oficial se encuentre colocado dentro de las obras públicas, o dentro de empresas industriales, comerciales, agrícolas o ganaderas que se exploten con fines de lucro, o de instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas o manejadas por estos en la misma forma, se presuma la existencia de un ficto contrato de trabajo, sin atender (como dice el artículo 3º del mismo decreto), a “otras circunstancias cualesquiera”. Es esta una típica presunción legal que solo se desbarata demostrando que, en el caso que se analice, no se cumplan los referidos factores de trascendencia y locación.

Por tanto, si el trabajador no cabe dentro de las casillas de la rama ejecutiva, ni legislativa, ni jurisdiccional, ni dentro de la administración en su sentido neto —que es la ejecutiva en ejercicio de actos jurídicos propios, no realizables nunca por los particulares— necesariamente debe el trabajador comprenderse en la esfera delimitada expresamente por la parte final del artículo 4º del Decreto 2127 de 1945, y, provenga de donde proviniere su estatu, surge entre el empleado y su empleador un ficto contrato de trabajo, por mandato de la ley, y no una relación susceptible de enmarcarse dentro del derecho público.

La más sana interpretación por vía de doctrina conduce a la idea de que no se trata de signar esa ficcionada relación de trabajo por su origen o su fuente. Sea este origen o fuente un acto administrativo o no, sea un contrato escrito o verbal, en fin, sea cual fuere su punto de partida, lo que el legislador quiere y ordena es que dadas las condiciones de actividad en que el Estado suplanta la iniciativa privada (y por amplitud las obras públicas), o de actividad estatal en instituciones idénticas a las de los particulares, etc., el vínculo con sus empleados se presume contrato de trabajo y el tratamiento jurídico, con todas sus secuelas, es el que debe darse a este.

Considera esta Sala que la Fábrica de Licores de Antioquia, así provenga de monopolio, es una actividad no esencial del Estado, puesto que se trata de una empresa industrial y comercial cuyo manejo es idéntico al de las empresas promovidas por los particulares. Y afianza este criterio, en consideración a que el acto económico de destilar y distribuir licores no puede comprenderse dentro de la legislación, ni dentro de la jurisdicción ni esencialmente dentro de la administración pública, porque el ejecutivo necesariamente no tiene que ser, por esencia, productor de alcoholes. Lo mismo ocurriría en el caso de la nacionalización, v. gr., de las drogas. Todos los empleados de un laboratorio nacional de drogas, se verían —no obstante el monopolio producido por el Estado— dentro de la situación legal que venimos contemplando.

Respecto de la no persecución de lucro de la Fábrica de Licores —sobre lo cual recalca el recurrente— es necesario afirmar que la administración nunca busca ganancias. Todo lo que en un momento dado pudiere parecer rendimiento tiene en ella una finalidad social. Pero es natural que en un primer momento, con un fin próximo, ni la Fábrica de Licores de Medellín, ni otra agencia oficial de esta índole pueden operar económicamente de espaldas a las utilidades inmediatas, aunque en forma mediata o remota esas utilidades tengan por fin el bien común. Algunas de las instituciones del Estado, de aquellas a que se refiere la fracción legal glosada, como la producción y expendio de licores, está inicialmente promovida por un ánimo de utilidad y provecho que secundariamente desaparece por la finalidad social de la administración. La única comprensión posible del texto analizado es la de que “el fin de lucro” se refiere a ese primer momento y no al segundo. Por ello el Tribunal Supremo del Trabajo había expresado en un caso semejante: “si la administración pública funda una empresa, es para destinar las posibles ganancias a los fines propios de aquella. Pero si adopta los procedimientos que usan los particulares en la explotación de sus negocios, por esa sola circunstancia, el personal que ocupa la administración queda bajo el amparo de las instituciones del derecho laboral, de igual manera que si se tratara del que presta servicios en desarrollo de verdaderos contratos de trabajo” (G. del Tomo VII, pág. 416).

Visto que se trata de un contrato de trabajo ficcionado o de una relación de trabajo erigida en contrato por presunción de la ley, y que tal contrato surge entre la administración y un empleado oficial, es necesario concluir que la jurisdicción del trabajo era y es competente para conocer de este asunto. Su competencia surge claramente del artículo 2º del C. de P.L., y, por tratarse de empleado oficial, son aplicables la Ley 6º de 1945 y el Decreto 2127 de 1945 tantas veces citados, según lo dispuesto por el artículo 492 del C.S. del T.

Finalmente: es obvio que está vigente el artículo 4º del Decreto 2127 de 1945, en razón de que no se han expedido los estatutos previstos en el artículo 4º del C.S. del T.

En razón de las consideraciones precedentes, no prospera el cargo.

Tercero

Pide que se infirme la sentencia del juzgador ad-quem por aplicación indebida del artículo 199 del Código Sustantivo del Trabajo.

Sustenta este cargo afirmando:

Entre las condiciones que exige aquel artículo para que exista “contrtao” (sic) (lapsus calami por accidente) de trabajo, está sin duda como principal, la de que el accidente sobrevenga “por causa o con ocasión del trabajo”. Agrega que esto no es una fórmula. Es condición esencial, “porque si el actor no está sobre la brecha, en su tarea, el acto personal no puede realizarse”. Se refiere al hecho tercero de la demanda en que la actora manifiesta que fue atropellada por el camión cuando se encontraba desempeñando sus funciones en el local de la Fábrica de Licores, para replicar que las cosas no fueron así, pues si es verdad que se hallaba en “el local de la Fábrica”, no se hallaba en el local (oficina) destinado a sus funciones. Aclara que en la Fábrica hay varios locales u oficinas. Expresa seguidamente que el trabajo de mecanógrafa ni dio ocasión ni fue la causa del accidente. Después de proponer ejemplos ilustrativos concluye en que “en todo caso es necesario que haya un ajuste de causalidad entre la función o actividad propia del sujeto y el hecho que ocasionó el perjuicio”.

Y termina su cargo textualmente:

“Es preciso tener presente que la actora no estaba ocupada en su oficio cuando el accidente se produjo. Ni siquiera estaba en la oficina que se le tenía señalada, donde se encontraban su máquina y sus útiles de tarea. Estaba a distancia de su oficina en sano separcimiento (sic). No está dentro de sus actividades propias. Conversaba en un corredor con un amigo (...) Si por mi trabajo yo muero, la Administración tiene que hacer un pago a mis herederos. Como tiene que hacerlo si muero dentro de mi oficina de trabajo. Si muero paseándome o charlando en un corredor que no es mi trabajadero ordinario, a nada tienen derecho mis herederos por concepto de accidente de trabajo.

‘Estas son nociones intrascendentes y nimias, pero que tienen sentido para colocar dentro de límites inconfundibles la noción de accidente de trabajo. Aquí no lo hubo”.

Se considera:

La forma que imprime el recurrente a este cargo es inadecuada. En efecto: arguye la “aplicación indebida” del artículo 199 del C.S. del T., o lo que es lo mismo la violación directa de dicho texto por aplicación indebida, pero en el desarrollo de su tesis hace referencia a los hechos configurativos del accidente y asevera que este no se produjo “por causa o con ocasión del trabajo”, sino cuando la señorita Vásquez se hallaba, fuera de su oficina, en sano esparcimiento, conversando con un amigo. Al aducir este hecho como medio de la aplicación indebida deltexto, pierde aptitud jurídica el cargo en la forma en que fue enunciado, porque —la involucración de tal hecho— exigía que la sentencia hubiese sido atacada en razón de la violación indirecta del artículo 199 por indebida aplicación a consecuencia de error de hecho.

Esta sola consideración jurídico-formal es causa suficiente para la desestimación del cargo. Empero, obrando con criterio amplio, la Sala entra a considerar brevemente el fondo mismo de aquel, por cuanto la existencia o inexistencia del accidente de trabajo es uno de los puntos medulares del litigio.

La sentencia del ad-quem, después del relatar los hechos, dice a este respecto: “No hay duda de que el hecho, para la víctima, fue imprevisto y repentino, ya que ella no podía prever, encontrándose en una zona donde podía experimentar sensación de seguridad, que un camión accionado en el patio de la Fábrica, a considerable distancia de la puerta de la oficina, pudiera moverse en forma descontrolada y ocasionar el accidente”.

Y continúa: “Y es obvio que el hecho ocurrió con ocasión del trabajo. La señorita Vásquez salió a la puerta de su oficina, porque así lo demandaba en ese momento el cumplimiento de las funciones que le habían sido encomendadas, y el camión la atropelló porque se encontraba en ese lugar. Luego es lógica la conclusión de que el trabajo en este caso constituyó la ocasión para que el hecho se produjera” (resalta la Sala).

Cabe observar la disyuntiva de la figura jurídica, “por causa o con ocasión del trabajo” (resalta la Sala), significa que hay dos elementos, cada cual estructurador por sí solo del accidente: la causa y la ocasión. Para que aquel ocurra, es necesario que, por lo menos uno de ellos, se realice”. Es por tanto conforme a derecho el análisis efectuado por el sentenciador de uno solo de los términos, la ocasión, para configurar el accidente de trabajo. Pero en el supuesto de que el cargo hubiese sido propuesto correctamente de acuerdo con el desarrollo de la impugnación (o sea, en rigor, violación indirecta del artículo 199 por aplicación indebida a consecuencia de error de hecho), y que, en consecuencia se hubieran citado las pruebas mal apreciadas relativas al accidente, la incidencia del cargo versaría sobre aquella fracción del proveído que antes se subraya.

La Sala se permite, para realizar el análisis de fondo, asumir la hipótesis de que el cargo fue formulado correctamente y es formalmente admisible. “Con ocasión del trabajo”, significa en síntesis —dice el tantas veces citado Krotoschin—: “trabajando”. Se deduce del acervo probatorio que la señorita Vásquez estaba trabajando en el momento de sobrevenir el hecho que le causó el agravio?

La actora afirma en la demanda y en la prueba confesoria que estaba desempeñando sus funciones en ese momento, y el recurrente lo niega. Pero la aseveración de la actora está comprobada unánimemente por los testimonios, de los cuales se colige incontrastablemente que después del accidente se comprobó que la víctima portaba en la mano un dinero de la caja de “inservibles” que ella manejaba, y de su confesión y de la declaración de Trujillo se deduce que, en ese instante no solo trataba de cuadrar dicha caja sino que casi simultáneamente atendía a la entrega de unos oficios a este; y que sus funciones eran diversas y no las de simple mecanógrafa —como se dijo antes— e implicaban no necesariamente su ubicación exclusiva al lado de la máquina de escribir, sino una inevitable movilidad y tránsito hacia varias dependencias de la Fábrica, (testimonios de Guillermo Galindo, Guillermo Posada, Octavio Trujillo, fol. 149 a 150)), (posiciones de la víctima, fol. 159), testimonios de León Arango Mesa y Gustavo Montes S., fols. 113 vto. y 114). En cambio, la negativa del recurrente no ostenta ningún dato probatorio en el expediente. De lo cual necesariamente se deduce que, aun intentando un análisis de fondo, el cargo resultaría inepto.

Finalmente, no se puede pedir el quebrantamiento de una sentencia por “la aplicación indebida” de una norma que el sentenciador no aplicó. En efecto: el Tribunal no aplicó el artículo 199 del C.S. del T., sino el inciso final del aparte a) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945.

En consecuencia, no prospera el cargo.

Cuarto

Ataca la sentencia por “aplicación indebida del artículo 64 del C.S. del T. y del artículo 2349 del C.C.”

Sustenta el cargo expresando que el camión causante del accidente era manejado por el chofer Francisco Giraldo, contra quien se siguió acción penal y fue condenado por sentencia dictada por el juez tercero penal del circuito, confirmada por el Tribunal Superior de Medellín, a una pena corporal de dos años y a pagar a la señorita demandante los perjuicios que esta sufrió por el accidente. Argumenta que si ya existe, por sentencia ejecutoriada, una condena por perjuicios a favor de la actora, es inaceptable que por otra sentencia se condene al Departamento a igual pena en favor de la misma actora. El recurrente sustenta su cargo reproduciendo textualmente buena parte de la extensa alegación formulada por el apoderado del Departamento durante la segunda instancia. En dicha alegación se trae una cita de la obra “Principios Fundamentales del Derecho Administrativo” —escrita por el doctor Diego Tobón Arbeláez— cuyo texto reza: “De las faltas de servicio es de las únicas que debe responder la administración pública; las otras constituyen casos en que la responsabilidad puede y debe ser imputada a un individuo determinado, que ha actuado en ejercicio de su actividad partitular, aunque lo haya hecho en momentos en que estaba consagrado al ejercicio de su función”. Para concluir —en la alegación traída a cuento por el recurrente— que las lesiones de la señorita Vásquez fueron consecuencia no de una falta de servicio sino de una falta personal del conductor Giraldo.

Se considera:

El presente cargo adolece de las mismas fallas de forma advertidas en el anterior. El prohijamiento de una alegación de instancia como la acogida por el recurrente, a más de contrariar el mandato legal (artículo 91 del C. de P.L.), entraña referencia a hechos que, por lo expresado antes, exigían un planteamiento formal completamente distinto al que aquí presenta el apoderado del demandado.

Se afirma, en síntesis, que el agravio a la señorita Vásquez corresponde a una falta personal del conductor Giraldo, mas no a una falta del servicio, y que por consiguiente se violó por aplicación indebida el artículo 2349 del C.C. que dice: “Los amos responderán del daño causado por sus criados o sirvientes, con ocasión del servicio prestado por estos a aquellos; pero no responderán si se probare o apareciere que en tal ocasión se han comportado de un modo impropio que los amos no tenían medio de prever o impedir empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente; en este caso recaerá toda responsabilidad del daño sobre criados o sirvientes”.

La materia emparentada con este texto, que no era del caso aplicar —y que esta Sala considera no haber sido aplicado—, es tratada por el ad quem así: “Entre el Departamento de Antioquia y el chofer Francisco Giraldo había una relación de subordinación que otorgaba a la entidad el poder de vigilar, controlar y dirigir el correcto desempeño del oficio que le había encomendado a su agente. Este ejercitaba en el momento del accidente precisamente las funciones que le habían sido encomendadas de cargar el vehículo, manejarlo y transportar la carga. Luego el hecho culposo es atribuible a la entidad departamental para fundamentar en él la responsabilidad civil que traiga como consecuencia la reparación del daño causado a Soledad Vásquez”. Antes el mismo Tribunal había citado la declaración del Gerente de la Fábrica, Guillermo Posada, que obra a fol. 149. Dijo Posada: “El vehículo que produjo el accidente fue un camión de carga, de propiedad de la empresa, un camión de carga Ford, tipo F-8, manejado en ese momento por Francisco Giraldo. El vehículo tenía freno de aire. Ese día por la mañana, antes del accidente, Giraldo me manifestó que había notado deficiencia en el freno, algún escape de aire. A mí me correspondía ordenar la reparación. Como yo había visto el camión trabajando en buenas condiciones, lo dije que si no consideraba peligroso hacer el viaje que estaba cargando, reclamara la orden para llevarlo al taller, y después de llevar ese viaje de licores, lo llevara a la reparación” (resaltó la Sala).

Ante hechos tan claros es inepto afirmar que la falta del conductor Giraldo fue suya propia y no del servicio. Giraldo estaba efectuando operaciones de cargue, en un vehículo de la Fábrica, con productos de esta, para distribuirlos por cuenta de lo empresa; es decir, estaba realizando actos del servicio cuando sobrevino el accidente. A esta misma conclusión habría tenido que llegarse en un análisis de fondo, si el cargo hubiera sido formulado correctamente. Si de conformidad con lo preceptuado por el artículo 2347 del C. Civil, toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieron a su cuidado, nada se opone a que en el caso sub-lite pueda presentarse la concurrencia de las dos condenas, pues para el Departamento de Antioquia subsistirá el derecho de repetir lo pagado —respecto del conductor Giraldo— en desarrollo del artículo 2352 de la misma obra.

Y, finalmente, no encuentra la Sala qué relación tenga este aspecto de la litis con el artículo 64 del C.S. del T., cuya violación por aplicación indebida se arguye. Dicho artículo se refiere a la condición resolutoria por incumplimiento del contrato con las indemnizaciones a cargo del incumplido. Ni fue aplicado por el sentenciador, ni esta Sala ha podido encontrar que tal texto tenga relación alguna con el asunto examinado.

Por las razones expuestas no prospera el presente cargo.

El recurso de la demandante

Persigue lo siguiente: a) la afirmación del fallo de segunda instancia en lo que respecta a la parte condenatoria por concepto de lucro cesante y perjuicios morales subjetivos (que ascendieron a un total de $ 31.031.91) en que fue confirmada la sentencia de primer grado; b) la reforma del fallo del Tribunal en cuanto excluyó del monto de los perjuicios la suma de $ 10.533.75, valor de los gastos de viaje a los Estados Unidos y de los tratamientos costeados por la demandante en dicho país, que constituyen el daño emergente, el cual había sido reconocido en dicha cantidad y decretado por el juez de instancia. Este punto tiene dos solicitudes subsidiarias, así: 1. Que se haga la condenación en abstracto, de que trata el artículo 840 del C.J., regulable en la forma prevista por el artículo 553 ibídem, en caso de que la prueba resultare insuficiente, o 2. Que se exima a la demandante de la obligación de devolver al Departamento el auxilio de $ 4.000.00 que esta entidad le había concedido para viajar a los Estados Unidos, en caso de que se estime bien denegada la petición por concepto de daño emergente, y c) Que se adicione la condenación en cuanto a los intereses causados y que se causen desde el día del fallo de primera instancia hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia final, puesto que es de equidad producir la compensación con los intereses que se le descuentan a la demandante de la suma que se le pague por perjuicios futuros.

Primero:

Dice la demanda que el sentenciador incurre en error de derecho cuando niega valor a la prueba presentada para acreditar el daño emergente, al exigir “una solemnidad especial que no corresponde”, error que determina una violación de la ley sustantiva, ya que esta ordena la reparación ordinaria y completa de perjuicios cuando el accidente de trabajo ha ocurrido por culpa del patrón. Agrega que, concedido el auxilio de $ 4.000 por el Departamento con la destinación ya sabida, la señorita Vásquez recogió los comprobantes de gastos que hizo visar de cónsul colombiano en los Estados Unidos, y presentó tales comprobantes conjuntamente con los causados en la Clínica Medellín por gastos de acompañante y tratamiento fisioterápico al rendir cuentas a la Junta de Rentas del Departamento, como se había ordenado que las rindiera al concederle el auxilio. Que este organismo se declaró incompetente y hubo de pasarlas a la Oficina de Personal del Departamento, entidad que pidió concepto sobre las mismas al médico departamental, quien hubo de rendirlo en el sentido de considerarlas “concientes” (sic), o sea reales, lo cual equivale a un reconocimiento expreso de las mismas. Pero que en resolución administrativa (la número 404 de 1955 que aparece a fls. 11 a 12, cuaderno 1º), tales gastos fueron negados porque se causaron después de los primeros seis meses de incapacidad, pero no por falta de autenticidad de los recibos, ni por motivo alguno de falsedad de los comprobantes aducidos, lo cual equivale a una aceptación tácita. El apoderado de la demandante trae apartes del texto de la providencia proferida por el Tribunal Seccional del Trabajo de Medellín, relativos al rechazo de dichas cuentas (por $ 10.533.75), por no haber encontrado que el reconocimiento de esta suma tuviera un firme apoyo en los autos, con fundamento en la valoración de tarifa legal que hizo dicho Tribunal de los documentos respectivos a la luz de los artículos 637 y 645 del C.J. En razón de lo anterior —agrega— el juzgador ad-quem se apartó del principio que informa el artículo 61 del C. de P.L. sobre libertad para la formación del convencimiento, sin sujeción a la tarifa probatoria de rigor en materia civil. “El error de derecho en la apreciación de esas probanzas —añade— se originó en equivocada interpretación de la ley procesal, lo que llevó al Tribunal sentenciador a la violación de la ley sustantiva que surge de manifiesto en los autos, por cuatro razones —según el libelista— que corresponden a otros tantos ordinales así:

1º Porque había habido aceptación expresa y tácita de los comprobantes de gastos en la vía administrativa, como se colige del oficio número 158 (fol. 16 del cuaderno 1º) de julio 1º de 1953, procedente de la Junta de Rentas Departamentales, en que se reconoció el auxilio, para el viaje de recuperación y tratamiento en los Estados Unidos, con la obligación de rendir cuentas. El apoderado de la demandante hace un amplio razonamiento acerca de lo que en jurisprudencia se ha entendido por rendir cuentas. Dice que la “aprobación tanto judicial como extrajudicial sobreviene de la aceptación expresa o tácita, pues siempre el silencio se estima como un reconocimiento. El artículo 1128 del C.J., por ejemplo, ordena la aprobación de las cuentas cuando no se hace objeción alguna, aun cuando los documentos presentados provengan de terceros. Esto es claro, porque conociéndolos la parte en contra de la cual se exhiben, esta debe manifestar, en fuerza de la lealtad procesal, las objeciones o tachas que encuentre y su silencio equivale a una aceptación o reconocimiento, limitándose así el litigio a la verdadera controversia”. Manifiesta que la Junta de Rentas Departamentales había ordenado a la señorita Vásquez la rendición de las cuentas, pero que una vez presentadas con todos los documentos, como aparece en el proceso, se declaró incompetente para aceptarlas, según oficio número 100 J., de mayo 13 de 1954 (folio 110 del cuaderno 1º), mas sin que se hubiera formulado reparo alguno, puesto que su rechazo obedeció a razones diferentes, las cuales ya se han dicho en el enunciamiento general del cargo. Cita apartes de la Resolución 404, para deducir que la negativa del reconocimiento obedeció a motivos completamente diferentes de la tacha de falsedad de los recibos y comprobantes, aceptando implícitamente el reconocimiento expreso dado por el señor médico departamental sobre su autenticidad. Por las razones anteriores —afirma—, ante la ausencia de objeciones a una cuenta documentada, no era necesaria solemnidad alguna especial como lo estimó el ad-quem en la parte motiva del fallo que originó el rechazo del daño emergente en la parte resolutiva.

2º Porque hubo reconocimiento tácito de los recibos en el juicio laboral; a este efecto expresa que el artículo 645 del C.J. se refiere en términos generales al reconocimiento tácito o ficcionado de documentos privados, cuando han obrado en los autos con conocimiento de la parte contraria, sin que hubiesen sido objetados o redargüidos de falsos, para que la parte que los presentó pruebe su legitimidad. Agrega que el Tribunal solamente admite en su proveído el reconocimiento tácito cuando se trata de documentos que contienen obligaciones a cargo de las partes, negándolo en cuanto se refiere a documentos suscritos por terceros. Como dicho texto legal no hace tal distinción —hecha motu proprio por el sentenciador— el demandante colige que hubo error de derecho por apreciación equivocada de la ley procesal que redundó en la negación del daño emergente.

3º Porque existe un dictamen pericial rendido por persona idónea acerca del monto de la indemnización por culpa del patrón, el cual no fue objetado por las partes; la demandada —añade— limitó su defensa a otras cuestiones diferentes, por cuyo motivo esta prueba, abstracción hecha de las demás, ha debido servir al fallador para la condenación, según lo dispuesto por los artículos 705, 721 y concordantes del C.J., y artículo 51 del C. de P.L. y,

4º Porque de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61 del C. de P.L., el juez no está sujeto a la tarifa legal de pruebas, que sí obliga en materia civil y por el contrario puede formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito, etc., de lo cual solo quedan excluidos los casos cuya prueba exige determinada solemnidad “ad sustantiam actus”. Insiste el apoderado de la demandante en que estos cuatro aspectos implican “error de derecho”, lo que equivale “sencillamente a la apreciación errónea del sistema probatorio”, con lo cual fueron mal apreciadas las siguientes disposiciones de orden procesal: el artículo 645 del C.J. sobre reconocimiento tácito de los documentos; artículos 705 y 721 ibídem y el 51 del C. de P.L., acerca del dictamen pericial; el artículo 61 ibídem, todo lo cual entraña la violación parcial de las siguientes disposiciones sustantivas: el aparte final de la letra b) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 y el 216 del C.S. del T., que ordena reparación total y ordinaria de perjuicios en los accidentes de trabajo en que ha habido culpa comprobada del patrón; los artículos 2341 y 2347 del C.C. que ordenan al que ha cometido un delito o culpa, por sí o por sus subordinados, el pago de la respectiva indemnización de perjuicios, y los artículos 1613 y 1614 ibídem que contempla el daño emergente dentro de los extremos de la indemnización.

Se considera:

La configuración de error de derecho está estrictamente circunscrita por el artículo 87 del C. de P.L., cuando establece que “Solo habrá lugar a error de derecho en la casación del trabajo, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio, y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo”. Del texto precluído se desprende que el error de derecho solo surge en dos casos precisos: a) Aquel en que el juzgador ha valorado como apta una prueba cualquiera, cuando el legislador exige que para la demostración del hecho correspondiente solo se admita y valore la prueba “ad sustantiam actus” también denominada “ad solemnitatem”, y b) Aquel en que el juzgador no ha apreciado o ha dejado de valorar, debiendo hacerlo, una prueba de tal naturaleza, es decir uno o varios de aquellos medios probatorios que la ley reviste de solemnidades para la validez misma de la sustancia del acto.

Como se ve, resulta harto delimitada y precisa la órbita de cuyo seno pueden emerger los errores de derecho, y no existen ni en el esricto (sic) campo legal, ni en el más amplio de la jurisprudencia, fuente de derecho o antecedente doctrinario que permitan una ampliación de esta restringidísima esfera. Por constreñirse de manera tan notable el ámbito en que tales errores pueden surgir, es quizás la causa de que en el foro laboral exista una equivocada presión tendiente a imputar como errores de derecho los que no lo son, sí que también a darle una interpretación tan elástica como inadecuada a un texto legal, que, por fuerza de su concisión y exactitud, carece de cualesquiera otras posibilidades exegéticas distintas de las que su clarísima letra embarga. Tal parece ocurrir en el cargo examinado. El apoderado de la demandante empieza por decir que el sentenciador incurrió en “error de derecho, al negar valor a la prueba presentada para acreditar el daño emergente, debiendo hacerlo, exigiendo una solemnidad especial que no corresponde”. Sobre tal afirmación, y reiterando que a las pruebas de su poderdante les exigió el sentenciador solemnidades que la ley no establece, constituye su cargo de “error de derecho” determinante de las violaciones indirectas de la ley que ya se advirtieron en los cuatro puntos atrás condensados.

Es menester declarar de una vez que tal imputación al proveído, cuya anulación en ese aspecto se impetra, es equivocada si el motivo argüido es, como lo es efectivamente, “error de derecho”, puesto que tal error se constriñe en su configuración a los dos únicos casos enunciados antes, mas no al caso aducido para respaldar el cargo, de que el juzgador de segundo grado exigió solemnidad especial a la prueba que se produjo, no siendo tal solemnidad legalmente exigible. Gravar determinado acervo probatorio con solemnidades extra-legales, o que la ley no ordena, no es error de derecho.

La sustentación del cargo fue, por consiguiente, formulada sobre una base equivocada. Pero no siéndole dable al fallador de casación enmendar la plana de los demandantes, y debiendo atenerse dentro del rigor formal de este recurso extraordinario a la forma, correcta o errónea, que le impriman los litigantes a esa importantísima pieza que es la demanda, tal fallador está atado a la obligación ineludible de impedir que prosperen aquellos cargos que, como el que se examina, han sido formulados equivocadamente. Esto sobraría para, de una vez, rechazar el cargo por causa de la forma jurídicamente fallido en que fue presentado. Es sin embargo oportuno observar anticipadamente que en el proveído no se advierte la exigencia de solemnidades extralegales con las cuales hubiese pretendido gravar la prueba el sentenciador de segundo grado, puesto que no aparece ni expresa ni tácitamente en el texto de la providencia ninguna manifestación ni signo que evidencien ni por asomo que el Tribunal hubiere ocurrido a tal extremo. Lo que se anota es haber el sentenciador aplicado un patrón de tarifa legal en la evaluación probatoria, cuando la ley les ordena expresamente a los juzgadores de derecho social valorar la prueba mediante una empresa subjetiva de inteligencia, razón y conciencia, que no otra cosa es la libre formación del convencimiento, sin atenerse a ningún instrumento distinto de la sana crítica (artículo 61 del C. de P.L.), cuando no se trate de pruebas solemnes. Resulta por tanto inadecuado y erróneo el sometimiento a tarifa en la apreciación de documentos que, por expreso mandato de la ley, estaban exentosde un tratamiento valorativo como el utilizado en el proceso civil. Tal fue el método seguido por el Tribunal (el cual sometió la prueba a la medida jurídica de los artículos 637 y 645 del C.J.). Pero como el demandante en casación se equivocó al formular el cargo, argumentando error de derecho, esta Sala se ve en la necesidad de desecharlo en la forma en que fue planteado. Por consiguiente no prospera el presente cargo.

Segundo:

Dice que incurrió el sentenciador en “error de derecho” el cual surge de manifiesto en los autos al no apreciar, como ha debido hacerlo, las siguientes pruebas:

a) El oficio número 159-J de julio 1º de 1953 (fol. 16), en el cual se ordenó a la señorita Vásquez C. rendir cuentas sobre la inversión del auxilio por $ 4.000.00 entregados para el viaje a los Estados Unidos en vía de tratamiento y recuperación;

b) El oficio número 100-J de mayo 13 de 1954 (fol. 110) en que la misma Junta se declaró incompetente para aceptar las cuentas, no obstante haber exigido que se le rindieran;

c) El oficio número 2065 de abril 4 de 1955 (fol. 10 vto.) suscrito por el médico departamental, en que reconoce la realidad de los gastos de que dan cuenta los recibos de viaje y de tratamiento, reconocimiento expreso que sirvió para que el Departamento no objetara los comprobantes;

c) (sic) La Resolución 404 de julio 2 de 1955 (fols. 10 vto. a 12), en que se niega el reconocimiento de la indemnización por motivos diferentes, y que acepta en forma ficcionada la autenticidad de los recibos;

e) El Decreto Departamental 514 de 1953, en que el señor gobernador legalizó el auxilio voluntario de $ 4.000.00 en favor de la lesionada, para su viaje a los Estados Unidos y para los gastos de tratamiento, cuya vinculación directa con los comprobantes de las erogaciones aparece ostensible;

f) El dictamen pericial, en que el perito computó dentro del daño emergente las sumas que reputó procedentes, y

g) Los propios recibos y comprobantes acompañados a la demanda, sobre viaje a los Estados Unidos, gastos de servicio médico, tratamiento de fisioterapia, adquisición de aparatos de ortopedia, etc., visados por el cónsul de Colombia.

Añade que el error de hecho se produjo “al no apreciar dichas probanzas y no tenerlas en cuenta, por su valor legal, en las consideraciones de la parte motiva, con incidencia real en la parte resolutiva, por cuanto fue rechazada parte integrante de la indemnización por valor de $ 10.533.75, que se acreditaba por ese medio. El error de hecho resulta de mayor entidad si se tiene en cuenta que el propio Tribunal ordenó la deducción del auxilio por $ 4.000.00 entregado precisamente para la realización del viaje y tratamiento relacionados”.

Añade que por consiguiente el Tribunal de segunda instancia cometió error de hecho por apreciación errónea de unas pruebas y falta de apreciación de otras, y esto lo llevó a la violación parcial de la ley sustantiva, a saber: inciso final de la letra b) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 y artículo 216 del C.S. del T., que obligan a la reparación total y ordinaria de perjuicios; artículos 2341 y 2347 del C.C. sobre reparación por daños causados por delitos o culpas, y artículos 1613 y 1614 ibídem que contemplan el daño emergente dentro de la indemnización por perjuicios.

Se examina el cargo

Apreciar algo, en el sentido natural y obvio que le es atribuible a tal expresión, es reconocer y estimar el mérito de ese algo (2ª acepción del Diccionario de la Real Academia, pág. 103, décima séptima edición, 1947). Dícese también que apreciar “es percibir debidamente” (ibídem).

Apreciar una prueba será, por tanto, reconocer y estimar el mérito de esa prueba, o en otras palabras, valorar esa prueba como merecedora o no de tenérsela como signo demostrativo del hecho a ella vinculado. También se entiende por apreciarla, percibirla debidamente. El reconocimiento y estimación de los valores de algo resulta de un proceso del conocimiento, al tiempo que la percepción debida de algo es el fruto de un proceso sensorial. Este segundo proceso es antecedente necesario del primero, según el principio de que nada está en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos.

La falta de apreciación o la apreciación errónea de una prueba puede obedecer, por ende, a las siguientes causas: 1. A que el juzgador no la haya percibido sensorialmente; 2. A que la haya percibido indebidamente, por error; 3. A que, percibida debida o indebidamente, deje de reconocer y estimar sus méritos o los reconozca y estime de manera errónea. El primer caso es aquel en que el juez ni siquiera se percata de la existencia objetiva de la prueba. El segundo es aquel en que se percata de ella, pero v. gr. por error, donde el testigo afirma, el juez entiende que el testigo niega; y, finalmente, el tercer caso comprende la variada gama de los juicios errados por fallas críticas o por inadecuada aplicación de las reglas lógicas o principios científicos que guían al intelecto en la búsqueda y alcance de la verdad.

Lo anterior cabe afirmarlo respecto del aspecto probatorio de hechos en la materia del trabajo, ya que el libre convencimiento con el auxilio de la sana crítica de la prueba y de la observación de los aspectos relevantes del asunto como de la conducta de las partes, entraña que la actitud del juez, excepto en lo que respecta a la aducción de las probanzas y a las pruebas solemnes, se asimile a un nudo juicio de razón. Lo cual implica que siendo los juicios de razón simples contenidos síquicos, los errores que de ellos surjan pueden proceder de fallas de percepción o de fallas de valoración, o padecer de ambos achaques. No ocurre lo mismo en materia civil. Su régimen procedimental, con categorías valorativas de la prueba preconcebidas y tarifadas por el legislador, hace que en la apreciación de esa prueba entre a más de la razón el mandato legal, con la ley evaluadora de la probanza como premisa menor. Entonces el juez, a más de poner en juego su razón, se formula una proposición silogística así: ha sido bien aducida la prueba X para demostrar el hecho Y. Es así que la ley le confiere valor demostrativo a la preindicada prueba X, luego debe considerarse demostrado el hecho Y. En materia laboral los silogismos son igualmente rigurosos, pero la premisa menor no es la ley. El juez del trabajo razonaría de la siguiente manera: ha sido bien aducida la prueba A para demostrar el hecho B. Como a la luz de la sana crítica, y a juzgar por los aspectos relevantes de la controversia y de la actitud de las partes en su desarrollo, etc. (todo ello con la razón de su dicho), resulta que la prueba A es convincente (“me convence”) del hecho B, luego este hecho es verdadero. Mas si el juzgador laboral propone como premisa menor solamente la ley —como en el caso de autos— su apreciación deja de ser libre para subordinarse al patrón legal. Si en el proceso civil se busca la verdad formal, en el juicio laboral se busca la verdad real. En este campo —como en el orden penal—, el legislador defirió a la capacidad dialéctica de los jueces, a su aptitud crítica, a su bondad intelectual, la estimación de los medios de prueba, su valoración autónoma por la vía del libre convencimiento, con miras al hallazgo de la verdad real. El juez laboral no solamente debe acoger esa deferencia sino que no puede desecharla. Su inteligencia, primordialmente y no la ley, tiene que ser el instrumento creador de la premisa menor en la apreciación de la prueba. Más adelante se verá cómo la tarifa legal apenas puede ser un complemento del convencimiento.

La “errónea apreciación de la prueba” y el “no apreciar, como ha debido hacerlo” las pruebas precitadas —que el apoderado de la demandante arguye para sustentar este motivo de casación— tienen un vigoroso asidero en la realidad del proceso. Tanto más palmaria es esta realidad cuanto que el juzgador de segundo grado echó por el atajo de la evaluación tarifaria respecto de probanzas que la parte interesada había aducido en legal forma, y que —como se advierte prima faciae— constituyen un acervo de tal manera indiciario y significativo del hecho que se prueba y estructuran de forma tan evidente el tema probandum, que ninguna persona en uso de su mediana lógica puede negarle eficacia a una serie de datos conexos, armónicos y fehacientes, los cuales indican como es cierto de toda certeza que la señorita Soledad Vásquez Cadavid recibió un auxilio departamental de $ 4.000.00 para viajar a los Estados Unidos en busca de recuperación física; que efectivamente viajó a ese país en cumplimiento de dicho propósito; que estuvo sometida a tratamiento en la Clínica Mayo, de Rochester, Minnetosa, en el Maimonides Health Center and Hebrem Nursing Center y en el May T. Morrison Center de San Francisco, California; que fue tratada entre otros médicos por los doctores Kalvin K. Terwillinger y S. Malvern Dorinson de la misma ciudad; que durante su viaje se cuidó de exigir recibos de las clínicas, centros de salud, hoteles, empresas de transporte, médicos tratantes, etc., y que los recibos otorgados en el exterior fueron visados por cónsul de Colombia; que a su regreso al país rindió las cuentas que se le exigían (aunque los gastos habían sido superiores al auxilio), sin que la Junta Departamental de Rentas, ni el Departamento de Antioquia las hubieran objetado, ni por su cantidad ni por su calidad o autenticidad; que tales cuentas han resistido dos procesos sin objeción: el de la reclamación administrativa y el del juicio ordinario laboral; que sirvieron de base, en el dictamen pericial, para el avalúo del daño emergente, sin objeción; que constituyen, por su forma y su contenido, documentos de la mayor fidedignidad por lo específico de sus impresos y los detalles concordantes de su contenido; que tales comprobantes fueron aducidos en forma legal y obran en el cuaderno primero de los folios 28 al 106, algunos de ellos tanto en original como en fotocopia. Estos datos son otros tanto hitos que, por el hecho de concordar armónicamente, llevan la mente al convencimiento de su certidumbre; mas esos datos son los que, al ser medidos con el rigor de la tarifa, condujeron al Tribunal al desechamiento del valor que entrañaban, y que alcanza a la suma de $ 10.533.75, equivalente a lo que se dedujo por daño emergente.

En efecto, el sentenciador de segundo grado consideró que los documentos aducidos no constituían prueba suficiente, en razón de que hubo de medir su alcance probatorio mediante la aplicación de los artículos 637 y 645 del C.J., dos reglas típicas de tarifa legal, cuando dichos documentos no eran susceptibles de semejante mensura. La apreciación hecha por el Tribunal de dichos documentos, aun siendo admisible la aplicación de tarifa legal, resulta demasiado limitada en sus conclusiones. El Tribunal razona así. “Pero ocurre que tales documentos están suscritos, unos por los médios (sic) tratantes, otros por las personas que intervinieron en el tratamiento, y otros, son los informes suministrados sobre valor de hoteles y pasajes. Ninguno de ellos emana de las partes, y siendo esto así resulta inaceptable pensar en su autenticidad por el simple hecho de que hayan obrado en autos sin que el Departamento de Antioquia los hubiese tachado o redargüido de falsos.

“El artículo 645 del C.J. dice: ‘Un documento privado se tiene por reconocido cuando habiendo obrado en los autos con conocimiento de la parte obligada o de su apoderado, no se ha objetado o redargüido de falso para que la parte que lo presenta pruebe su legitimidad’.

“Naturalmente esta norma —dice el Tribunal— hay que relacionarla con el artículo 637 de la misma obra, según el cual los documentos privados ‘que contengan obligaciones a cargo de los otorgantes o de su sucesores, tienen la fuerza de confesión judicial acerca de sus estipulaciones cuando han sido extendidos y registrados o reconocidos en la forma legal por las personas que deban cumplirlos’.

“Como en el caso de autos —concluye el Tribunal— se trata de documentos provenientes de terceras personas, no pueden apreciarse como auténticos aun cuando hayan obrado en el proceso con el consentimiento de las partes”.

Esta interpretación es limitada, porque todo lleva a pensar que el artículo 645 del C.J. configura subjetivamente una hipótesis jurídica distinta de la planteada por el artículo 637 ibídem. En efecto: el artículo 637 dice relación a la parte obligada otorgante o a sus sucesores. El primer caso hace referencia a la parte obligada, sea otorgante o no; el segundo caso a la parte obligada cuando es otorgante.

El término parte obligada debe relacionarse con la teoría general del nacimiento de las obligaciones (artículo 1.494 del C.C.), según el cual las obligaciones nacen ya del concurso real de voluntades como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y las culpas, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. La expresión parte obligada no puede confundirse completamente con la parte obligada otorgante, mucho menos en el caso de que la obligación provenga de una culpa —como en la litis de que conocía el sentenciador— puesto que el artículo 2341 del C.C. ordena que “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, etc.”. La ley dice que “es obligado” o sea que, en el evento de la controversia, es parte obligada. Los documentos demostrativos del daño subsiguiente a la culpa, sean o no otorgados por el culpable, hacen de este, en juicio, parte obligada en relación con las obligaciones que de ellos se derivan. Una interpretación distinta sería antijurídica, pugnaría abiertamente contra la equidad. De suerte que a la luz de la crítica más rigurosa, el artículo 645 debe interpretarse tanto respecto de la parte obligada, como de la parte obligada otorgante, si es que se quiere armonizar el principio consagrado con el origen de las obligaciones. Las pruebas sometidas a una interpretación de tarifa —con los achaques previstos— ya habían obrado en dos procesos sin objeción: en la reclamación administrativa y en la primera instancia del ordinario laboral. Por tanto, en el caso de ser adecuada la medida legal de la prueba, debería haberse tenido como reconocida fictamente por la parte obligada al tenor del artículo analizado de la ley de procedimiento. Aún más: habían sido reconocidas expresamente por el Departamento en la primera oportunidad, puesto que la manifestación del médico de que son “concientes” forma parte de un texto de decisión administrativa (la Resolución 404 de 1955, fol. 10 vto. a 12), lo cual implica que la administración departamental se atuvo al concepto de su auxiliar médico y lo hizo suyo.

Todo lo hasta aquí expresado sobre el libre convencimiento debe ser ampliado complementariamente. Ello no implica que el juzgador esté absolutamente inhibido para referirse a reglas de valoración probatoria, establecidas por el procedimiento civil. Pero esto solo puede ocurrir a Posteriori de la formación libre de su convencimiento, como una manera adicional de afianzar la razón de su convicción, ya formada, con miras a establecer cómo no solo su análisis autónomo sino también las normas más universales del derecho, la equidad y la sabiduría regladas, son concordantes con su convicción. De suerte que la tarifa no es estrictamente un tabú para el juzgador laboral, si se la utiliza como mero aditamento de su convicción como simple verificación de su aprehensión de conciencia. En tal evento el juez deberá razonar en un orden de ideas como este o similar: “La prueba A me convence de la verdad real del hecho B. Aún más: igualmente descubro que la prueba A, que a mí ya me ha convencido, es valedera según la regla C de la tarifa legal, etc.”. Esta forma de razonar representará una objetivación del convencimiento. De todas maneras la tarifa será un cotejo con su previa convicción, pero en ningún caso aquella podrá ser una causa de esta; y en todo momento en que surja pugna entre la convicción y la tarifa, prevalecerá la convicción. Porque el sistema de la libre formación del convencimiento no es otra cosa que la aprehensión de la realidad efectuada autónomamente por el juez respecto de probanzas legalmente aducidas, con el auxilio de su razón y de los principios que informan la crítica de la prueba, para alcanzar plenitud de justicia, mediante decisiones prudentes que sean a la vez trasunto de la verdad real —que no formal— de los hechos, y aplicación adecuada de los derechos.

Por las consideraciones anteriores, y en virtud del error en que incurrió el sentenciador en la apreciación de las pruebas indicadas, la Sala, erigida para tal efecto en tribunal de instancia, y al declarar la prosperidad de este cargo, anuncia decidir en su oportunidad acerca del reajuste de la condenación en $ 10.533.75 que es el valor derivable de las probanzas erróneamente apreciadas.

Tercero y cuarto

Por sustracción de materia se desechan los cargos tercero y cuarto, visto que fueron formulados en subsidio del segundo, el cual prosperó.

Quinto

Dice este cargo que por aplicación indebida o mala aplicación se violaron la parte final de la letra b) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945, el artículo 216 del C.S. del T. y los artículos 2341, 2347, 1614 y 1615 del C.C. El apoderado de la demandante se refiere a la advertencia final del perito que avalúa los perjuicios; y que dice así: “En caso de una condenación, la autoridad que la profiera deberá cargar a los valores respectivos los intereses del 6% anual por el tiempo transcurrido entre la fecha de la audiencia (14 de noviembre de 1955) y el día de la ejecución del fallo, toda vez que por ese lapso fueron descontados al aplicarse la tabla de Garuffa, esto con relación a la partida de $ 31.046.40”. Agrega que el perito al hacer el cómputo sobre los “perjuicios futuros” y aplicar la tabla de Garuffa tuvo en cuenta la fecha del dictamen (el 14 de noviembre de 1955). Añade que el señor juez en la sentencia de instancia liquidó los “perjuicios futuros” a partir de la fecha del fallo: 12 de diciembre de 1955, regulando por este concepto la cifra de $ 31.298.71, pero no tuvo en cuenta los intereses que necesariamente habrían de corresponder desde esa fecha y hasta la ejecutoria, en lo que guardo silencio, que se estima lógicamente como una negativa. El Tribunal —dice— confirmó esta parte de la sentencia, sin hacer comentario alguno, no obstante haberle sido planteado este punto en la alegación escrita y oral. Manifiesta que tal omisión constituye aplicación indebida de la ley sustantiva, porque esta se ha dejado de aplicar a un hecho existente, regulado en forma clara, puesto que, al trascender al fallo, en este se descuentan del lucro cesante intereses de anticipo sin haber recibido la prestación. Expresa que el lucro cesante se divide en dos partes: período consolidado y período futuro. El primero se refiere al tiempo que transcurre desde el accidente hasta la fecha del fallo; el segundo al tiempo que corre entre la fecha del fallo y la fecha probable del fallecimiento, que se regula conforme a las tablas del ingeniero Garuffa, con el descuento por el pago anticipado. Y concluye: “Al período que corra entre el fallo y la ejecutoria final, liquidado como perjuicio futuro, deben cargarse los intereses legales a la rata del seis por ciento anual, para hacer su compensación, porque dichos intereses aparecen deducidos previamente en el cálculo”.

Se estudia el cargo:

Existe violación de la ley por aplicación indebida, entre otros casos, cuando siendo clara la ley se aplica haciéndole producir efectos que dicha ley no contempla, o viceversa, no haciéndole producir los efectos que contempla. Lo dicho se vincula a este aspecto del asunto sub judice en cuanto a que el resarcimiento de perjuicios de que aquí se trata es plenario, con base especialmente en los textos del literal b) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 y artículo 2341 del Código Civil (este último en concordancia con el 1613 ibídem), y esa plenitud se debe cumplir según el rigor legal, o sea de acuerdo con los efectos plenos que la ley quiere que se produzcan. Es por tanto indebida aplicación de la ley todo lo que mengüe este efecto, o —en otras palabras— todo lo que recorte o cercene de alguna manera la susodicha plenitud.

En materia de pago de perjuicios (y más concretamente de la parte de perjuicios correspondiente al lucro cesante futuro), el sistema establecido por el ingeniero y actuario italiano Egidio Garuffa, que fue el seguido en este negocio y que ha sido ampliamente acogido por la jurisprudencia de esta Sala, indica cómo en estos casos si desde un principio se va a pagar una cantidad total que pudiera haberse pagado por cuotas periódicas, es de equidad que se haga el descuento de los intereses correspondientes al tiempo o período por el cual se anticipa cada cuota. Este punto de vista equitativo lo resuelve el análisis actuarial, después de las operaciones matemáticas correspondientes, mediante el enunciado práctico de que el “cuantum” de los perjuicios es igual a aquella cantidad que el obligado tendría que depositar en un banco para que con esa cantidad más los intereses que produjera al 6% anual durante la vida probable del agraviado, se fueran pagando a este cuotas periódicas por todo el término de dicha vida probable. Transcurrida esta, esa cantidad y los intereses que hubiese producido quedarían reducidos a cero.

Con la vida probable de 31 años de la lesionada, contados entre la fecha del fallo y el término de aquella, y con base en el perjuicio anual ($ 184.80 x 12) $ 2.217.60, deducido, el juez de primera instancia utilizó la tabla de Garuffa que produce el dato numérico de $ 13.911 (para una vida probable de 31 años), y se formuló tácitamente el siguiente raciocinio: Si para que se produzca una renta de $ 1.00 anual durante 31 años, y el capital y los intereses se agoten en ese término (vida probable), se requiere la suma de $ 13.911 al 6% anual; para que se produzca una renta anual de $ 2.217.60, en las mismas condiciones de tiempo interés y agotamiento, se requieren esas veces más o sea:

$ 2.217.60 x $ 13.911 = $ 30.875 coma 1226 diezmilésimas de peso. (Véase nota bene, infra).

Como se ve, efectivamente existe un descuento por dentro del 6% anual en razón del pago en un solo instalamento. El apoderado de la demandante dice que, en razón de tal deducción de intereses, al período que corre entre el fallo y el pago efectivo o cumplimiento de aquel, deben cargarse los intereses legales a la rata del 6% anual, para hacer su compensación, porque dichos intereses fueron previamente deducidos en el cálculo del lucro cesante futuro. Esta Sala observa que es equitativa esa pretensión, pero al mismo tiempo considera que no ve motivo suficiente para el quebrantamiento del proveído del Tribunal por tal causa, con base en las siguientes razones: ninguno de los fallos anteriores —de primero y de segundo grado— han conseguido firmeza jurídica. En tal virtud no puede impugnarse el fallo del Tribunal por este extremo, puesto que la obligación de resarcir los daños que contempla dicho proveído solo tendría existencia jurídica a partir de la ejecutoria de la providencia que profiera esta Sala. En acuerdo con el artículo 549 del C.J., la ejecución de las resoluciones judiciales puede exigirse desde que estas queden ejecutoriadas, si en ellas mismas no se fija el plazo para el cumplimiento de las obligaciones que declaren. Esta Sala —contrariamente a la apreciación del recurrente— considera que su sentencia definitiva deberá cumplirse desde el momento de su ejecutoria; pero si ello no ocurriere así, el titular del derecho tiene a su disposición el uso de las acciones que la ley le franquea para hacer efectivos sus derechos y obtener el pago de las indemnizaciones (intereses) que la mora acarrea, todo ello en concordancia con el artículo 1617 del C.C.

En consecuencia, no prospera el cargo.

En mérito de lo que se deja expuesto, la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Laboral—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 11 de febrero de 1956 por el Tribunal Seccional del Trabajo de Medellín, en cuanto modificó el fallo del a-quo, y en su lugar confirma la sentencia de primer grado proferida por el Juez 3º del Trabajo de Medellín, de fecha 12 de diciembre de 1955, por la cual se condenó al Departamento de Antioquia a pagar a la señorita Soledad Vásquez Cadavid las siguientes sumas: treinta y nueve mil quinientos sesenta y cinco pesos, con sesenta y seis centavos ($ 39.565.66) por concepto de perjuicios materiales y dos mil pesos ($ 2.000.00) por perjuicios morales, o sea un total de cuarenta y un mil quinientos sesenta y cinco pesos con sesenta y seis centavos ($ 41.565.66).

Sin costas.

Cópiese, publíquese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrado: Luis Alberto BravoRoberto de Zubiría C.Luis Fernando Paredes A.Jorge Vélez García.

Vicente Mejía Osorio, Secretario.

NOTA BENE. Esta multiplicación le produjo equivocadamente al juez la suma de $ 31.298.71. Es este un error aritmético que ha prosperado al través del juicio, y que inclusive no fue advertido por el sentenciador de segundo grado. Pero como la parte interesada no hizo uso del derecho consagrado por el artículo 483 del C.J., la Corte no puede corregirlo ex-oficio. Es esta su reiterada jurisprudencia, por lo cual debe atenerse a la cantidad de $ 31.298.71 erróneamente establecida por el juez de instancia.