Sentencia de marzo 11 de 1992 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ACCIÓN DE TUTELA

COMPETENCIA CUANDO SE EJERCITA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Lafont Pianetta

Santafé de Bogotá, D.C., marzo once de mil novecientos noventa y dos.

Se decide por la Corte la impugnación interpuesta por el ciudadano Hernando Jai Hernández contra el fallo proferido el 19 de febrero de 1992 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, mediante el cual se le decidió la acción de tutela por él promovida contra la sentencia dictada en segunda instancia por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de esta ciudad el 13 de enero de 1992, en el proceso ejecutivo iniciado por el accionante en tutela contra Óscar Alberto Restrepo Castro y otros.

I. Antecedentes

1. Mediante memorial que obra a folios 11 a 16 del cuaderno del Tribunal, el ciudadano Hernando Jai Hernández incoó la acción de tutela “contra la sentencia dictada el 13 de enero del año en curso por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá, mediante la cual confirmó la de primera instancia dictada el 16 de agosto de 1991 por el Juzgado 49 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, en el proceso ejecutivo singular de Hernando Jai Hernández contra Óscar Alberto Restrepo Castro, Luz Doris Restrepo Castro y Jaime Riveros Iriarte”, por haberse incurrido en violación de los derechos al debido proceso y a la propiedad, consagrados en los artículos 29 y 58 de la Constitución Nacional.

2. Funda la acción el peticionario, en síntesis en los siguientes hechos:

2.1. Que inició un proceso ejecutivo singular contra Óscar Alberto Restrepo Castro, Jaime Riveros Iriarte y Luz Doris Restrepo Castro, que por reparto correspondió tramitar al Juzgado 49 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, tramitado el cual se declaró probada, de oficio la excepción que el fallador de primera instancia denominó “inexistencia de título ejecutivo idóneo”, decisión que fue apelada ante el superior jerárquico.

2.2. El Juzgado Treinta Civil del Circuito de Santafé de Bogotá al resolver la apelación, dispuso:

“ 1. Modificar la sentencia apelada respecto de su numeral 1º, el cual quedará así: Ordenar la terminación del presente proceso (sic) por cuanto el título ejecutivo allegado con la demanda no reúne las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia . . .”.

2.3. Expresa el accionante que el Juzgado 49 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, sin facultad legal declaró de oficio probadas excepciones en el proceso ejecutivo, decisión que fue confirmada por el Juzgado 30 Civil del Circuito de la misma ciudad, aduciendo además que es viable verificar la idoneidad legal del título aportado como base de la ejecución, aseveración que apoya en lo dispuesto por el inciso final del artículo 507 del C. P. C., norma ésta que, a juicio del accionante, “sólo es aplicable cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o en un laudo de condena o en otra providencia que conlleve ejecución, y contra ella se haya invocado la excepción de nulidad conforme a lo establecido en los numerales 7 y 9 del artículo 140 del mismo ordenamiento procedimental ...” (fls. 12 y 13 C. Tribunal).

De lo anterior, ha de concluirse—según el peticionario—, que el Juzgado Treinta Civil del Circuito aplicó “indebidamente la parte del artículo 507 y numeral 2º del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil” y, también, transgredió los artículos 1594 y 1608 del Código Civil (fls. 13 y 14 C. Tribunal).

3. El Tribunal, mediante fallo dictado el 19 de febrero de 1992 (fls. 18 y 19, cuaderno citado) decidió rechazar la solicitud de tutela formulada por Hernando Jai Hernández, a que se refieren los antecedentes expuestos en los numerales anteriores, por considerar, que las sentencias de los “jueces del circuito, municipales y laborales” no son susceptibles de la acción de tutela, por cuanto en el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 no se indicó quién es el competente para conocer de ellas, lo que quiere decir que “esta acción quedó limitada a las que provengan de los órganos judiciales que la norma en comento prevé”.

II. Consideraciones

1. Con el propósito de asegurar el respeto, la vigencia permanente y la efectividad de los derechos fundamentales, la Constitución Nacional de 1991 consagró expresamente la acción de tutela (art. 86) cuyo objeto específico es el de asegurar “la protección inmediata” de tales derechos “cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”.

1.1. El artículo 116 de la Constitución Nacional señala cuáles son las autoridades judiciales encargadas de administrar justicia en nombre del Estado, entre las cuales menciona a “los jueces”, sin distingo alguno de las categorías, aun funcional y por especialidad, que entre estos establezca posteriormente el legislador.

1.2. De lo anterior se desprende, forzosamente, que “los jueces” son autoridades públicas y, por consiguiente, si, de acuerdo con los textos y principios constitucionales y legales pertinentes, incurren en actos u omisiones que vulneren o amenacen vulnerar los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional, respecto de ellos podrá ejercerse la acción de tutela en la forma señalada por la Carta Magna y por la ley.

2. Así las cosas, es evidente que el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estableció una competencia especial para conocer de las acciones de tutela contra las sentencias y demás providencias judiciales que pongan término a un proceso, proferidas, entre otras autoridades judiciales por “los jueces superiores”, resulta parcialmente ajustado a la Carta Política:

2.1. Porque mientras el artículo 86 de esta Carta no consagró parámetros a la causa que origina a la acción de tutela, sí lo hizo con relación a la autoridad que lo produce, ya que al referirse a la protección de un derecho fundamental frente a “la acción u omisión de cualquier autoridad pública”, defirió a la ley la determinación de aquella, pero sin excluir, salvo disposición especial, otra autoridad. De allí que si bien se ajusta dicho precepto que, en materia judicial, solamente son atacables en tutela las sentencias y providencias que pongan fin al proceso, y no otras, no es menos cierto que el calificativo “superiores” que trae la expresión “jueces superiores” resulta contrario al artículo 86 de la Carta Política, en cuanto con tal calificación pretende excluir de la acción de tutela las sentencias y demás providencias dictadas por todos los demás jueces no enumerados en el citado art. 40 del Decreto 2591 de 1991. Por lo que ha de entenderse que el recto entendimiento del ordenamiento jurídico vigente, a partir de la Constitución Nacional ha de conducir a la inaplicación de la expresión “superiores” para referirse a una categoría especial de jueces, de suerte tal que la acción de tutela pueda ser aplicable a los actos u omisiones de “los jueces” cuando vulneren o amenacen vulnerar los derechos fundamentales, interpretación ésta que, además de encontrar asidero en el artículo 86 de la C. N., lo encuentra también en el artículo 4º de nuestra Carta Magna que expresamente ordena que “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

2.2. Ahora bien, siendo procedente la acción de tutela sólo contra sentencias y providencias que le pongan fin al proceso, sea que provengan de “cualquier juez” (art. 86 C. N.), el conocimiento de aquellas deberá ajustarse al principio del “superior jerárquico correspondiente”, consagrado por los artículos 40 y 32 del Decreto 2591 de 1991, armónico con el artículo 116 de la C. N. Pero como la concepción y alcance de ese principio no se encuentra precisado expresamente en el citado decreto especial, resulta necesario entenderlo generalmente, salvo las excepciones que resulten pertinentes, como aquellos consagrados y desarrollados en la ley, como son, según el caso, los que se fundan en el carácter funcional y jerárquico de la estructura orgánica de la jurisdicción ordinaria. De allí que de las acciones de tutela contra las sentencias y providencias que pongan fin al proceso (que las admitan), proferidas por los jueces municipales o de igual categoría, conozcan los jueces correspondientes (circuitos, superiores, etc. ) que sean su natural superior funcional, cuyos fallos de tutela podrían impugnarse ante las Salas especializadas (en la Sala de decisión pertinente) del tribunal superior respectivo. Y de las acciones de tutela procedentes contra las citadas actuaciones de los jueces del circuito, superiores, de instrucción, de familia y los de igual categoría, conozcan las Salas especializadas (en la Sala de decisión pertinente) del tribunal respectivo, cuyos fallos de tutela podrán impugnarse ante las Salas especializadas (de casación) correspondientes de la Corte Suprema de Justicia, y, cuando fuere el caso, ante la Sala Plena.

3. Pasa ahora la Corte Suprema de Justicia al estudio de la impugnación sub examine.

3.1. Previamente precisa la Sala que el fallo impugnado, no obstante la expresión de “RECHAZO” en su resolución, se trata, en esencia de una decisión desestimatoria y no inhibitoria de la tutela, que por mandato legal (art. 28 del Decreto 2591 de 1991) debió adoptarse, y que fuera fundamentada en la carencia de acción de tutela contra sentencias proferidas por jueces civiles del circuito.

3.2. En primer lugar, observa la Sala que desacertó el tribunal al denegar la tutela por dichos motivos, pues tal, como arriba quedó expuesto las acciones de tutela contra sentencias o providencias que pongan fin al proceso, siempre que lo admitan, y provengan de cualquier juez (sic). Sin embargo, analizada en el fondo la petición contenida en el memorial que obra a folios 11 a 16 del cuaderno del Tribunal, encuentra la Corte que resulta improcedente por una causa completamente distinta. Porque con ésta, como se dijo en los antecedentes, se pretende controvertir las razones de orden legal esgrimidas por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Santafé de Bogotá en la sentencia de 13 de enero de 1992 dictada en el proceso ejecutivo iniciado por Hernando Jai Hernández contra Óscar Alberto Restrepo Castro y otros, lo cual resulta contrario a lo preceptuado por el último inciso del parágrafo primero del artículo 40 del Decreto 2591 que expresamente señala que “la tutela no procederá por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas”.

3.3. Viene entonces de lo dicho, que habrá de confirmarse, en el sentido arriba expuesto, la denegación de la acción de tutela a que se refiere ésta, pero, repite la Sala, por una razón absolutamente distinta a la expuesta por el Tribunal; que, por lo demás, el acto acusado no vulnera, ni amenaza vulnerar ningún derecho fundamental garantizado en la Constitución Nacional, que requiera protección tutelar.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia—Sala de Casación Civil—administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Confirmar la decisión contenida en el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá fechada el 19 de febrero de 1992, en el sentido, expuesto en la parte motiva, denegatorio de la acción de tutela formulada por el ciudadano Hernando Jai Hernández, contra la sentencia de 13 de enero de 1992 pronunciada por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Santafé de Bogotá en el proceso ejecutivo iniciado por el accionante contra Óscar Alberto Restrepo Castro y otros.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión (D. 2591/91, art. 32).

Notifíquese al accionante en tutela y al Juzgado Treinta Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. Líbrese comunicación telegráfica para el efecto.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss—Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero— Rafael Romero Sierra. 

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